20220514

Newsletter de Confebask. El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social fue en abril de 58.143. En términos interanuales hay 439 empresas más que en abril de 2021, un 0,8% más, aunque con respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), se registran todavía 750 empresas menos, un 1,3% menos. De hecho, desde el mínimo de abril de 2020, se ha recuperado el 64% de las 2.107 empresas perdidas durante el peor momento de la pandemia. Por sectores, sólo la construcción ha conseguido equiparar el mismo número de compañías que había antes de la pandemia, mientras que Industria registra 203 empresas menos (-3’1%) y Servicios, 523 menos (-1’1%). Comparando la evolución del número de empresas en Euskadi y en el Estado, en abril creció el número de empresas tanto en Euskadi como en el Estado, y comparando los datos de abril con el nivel pre-pandemia (febrero de 2020), se registra una reducción del número de empresas en Euskadi del -1,3%, mientras que en el Estado se produce un aumento del 0,5%. Finalmente, en el primer trimestre de 2022 el número de empresas concursadas ha descendido un 37% respecto al mismo trimestre de 2021. Leer informe Confebask. 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, detalló que la medida supondrá reducir el precio promedio de la electricidad de los 210 euros/MWh que marcó en el primer trimestre, a 130. Es decir, casi un 40%. «Es una reducción que notarán todos los consumidores en sus facturas, que no tienen que hacer nada para verse beneficiados», explicó. Así, el precio de la luz en el mercado mayorista bajará más de un 30%, lo que se reflejará directamente en la factura de los consumidores. Este límite estará vigente doce meses, cubriendo el próximo invierno y garantizando un precio medio de la luz mucho más reducido que los extremos a los que ha llegado, como los 203 euros/MWh de media que alcanzó ayer. El precio del gas tendrá un tope de 40 euros/MWh los primeros seis meses (ayer marcó 79 euros) y después irá subiendo progresivamente hasta llegar a los 48,8 euros de media este año. La medida se publicará ya hoy en el BOE y a la Comisión Europea le llevará unos días estudiar y validar formalmente el texto, por lo que su entrada en vigor podría retrasarse «unos diez días o dos semanas», precisó Ribera.

«Falta conocer la letra pequeña», advirtió ayer Fernando Soto, el director general de AEGE, la asociación que agrupa a la industria gran consumidora de electricidad en España, después de que el Consejo de Ministros aprobase la nueva regulación que limita el precio del gas en las plantas de ciclo combinado. Una medida controvertida que va a provocar como efecto inducido la reducción en el entorno del 30% sobre los actuales precios de la electricidad. En opinión de la gran industria, muy presente en el tejido industrial de Euskadi al contar con siderúrgicas, cementeras y papeleras, «aún es necesario esperar al Boletín Oficial del Estado, leer la letra pequeña y analizar las consecuencias de todo. Siempre te puedes esperar sorpresas», puntualizó Soto. En concreto, esta organización prefiere ser prudente porque «el Gobierno no ha desvelado todavía la forma en que se va a financiar el diferencial entre el precio real del gas y el precio político. Esperemos que esa parte no genere un problema nuevo», apuntó. La asociación que dirige representa a las 26 empresas con mayor consumo eléctrico de España y solo ellas protagonizan casi el 10% de la demanda total de electricidad en el país. En principio, la industria ha recibido con alivio la iniciativa, aunque aún tardará algún tiempo en materializarse y en provocar una rebaja efectiva de sus costes eléctricos. «Es una decisión que parece buena y que incluso el conjunto de Europa se está planteando ahora para aplicarla en el resto de países». 

Teresa Ribera explica que el efecto claro de la reforma es que se “va a pagar menos” por parte de los usuarios en el recibo de la luz, aunque desde las eléctricas se haya aireado la idea del “sobrecoste” que va a suponer tener que pagar por separado a las centrales de gas. Es difícil establecer una cifra exacta de cuanto menos, porque “depende de la evolución futura de la demanda, los precios del gas y otros factores”. Pero “en todos los escenarios que hemos manejado hay un beneficio para los usuarios de, como mínimo, el 15%”. Dependiendo del momento y del mix energético, “el beneficio puede llegar a ser del 25% o del 30%”, añade la ministra. De momento, la medida permite que el precio del megavatio hora en el mercado mayorista, que hoy está “en 201 euros, pase a 130 euros”. Todo eso “son beneficios extra que no recibirán las eléctricas”, comenta Ribera, especialmente preocupada por este asunto. “Estamos ante una transformación de nuestro sistema eléctrico” y es lo que “deben de entender” todas las compañías. Los cambios afectan desde “cómo generamos la electricidad, a cómo como regulamos los precios”. En ese sentido, “hemos tenido que redoblar los esfuerzos para proteger a los usuarios vulnerables” en la situación actual de volatilidad de precios. “Las eléctricas tienen una holgura de beneficios de hasta 40 euros por megavatio en la tarificación al consumidor final”, dice. Y “tienen posibilidad de hacer ofertas distintas y más afines a la situación actual del mercado”, añade.

La multinacional fundada por Jeff Bezos renunció este pasado miércoles al centro logístico proyectado en el polígono Lanbarren de Oiartzun al aducir que se está «replanteando» su organización a nivel estatal y que no tiene «necesidad de poner en marcha este centro». La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, aseguró ayer que para las empresas pequeñas del País Vasco, puede traer «el mismo perjuicio o beneficio» que Amazon tenga o no un centro logístico en Euskadi. Tapia afirmó que «ellos sabrán y deberán explicar por qué» han renunciado al solar situado en Lanbarren. Tener actividad en el territorio y que Euskadi sea un «lugar importante para la logística es bueno de por sí», pero, «a partir de ahí, que Amazon haga aquí su centro de logística o lo haga en otro lugar, no va a cambiar su modelo, y puede traer el mismo perjuicio o beneficio a nuestras empresas pequeñas».

Amazon emplea a 18.000 personas en España, 6.000 de estos contratos fijos incorporados el año pasado y 5.000 en 2020, con lo que durante la pandemia la plantilla del gigante del comercio electrónico se incrementó en más de un 60%. «Somos parte integral del tejido empresarial del país y de las comunidades donde operamos y vivimos, nos hemos convertido en un relevante motor para la economía española y su gente. Desde que lanzamos amazon.es en 2011, hemos invertido más de 10.500 millones de euros en el país», manifestaba Mariangela Marseglia, vicepresidenta y directora general de Amazon para España e Italia: «Nos hemos comprometido a llegar a 25.000 empleados fijos y a formar a 50.000 pymes y emprendedores para que vendan online en España antes de que finalice 2025». Amazon estaría ya en el top 15 de los empleadores del país, con una edad media de esos trabajadores de 34 años. De los 10.500 millones de euros invertidos en 10 años, se contabilizan infraestructuras como sus centros logísticos y también los salarios de su creciente plantilla. Ya hay 40 instalaciones del gigante estadounidense en España.

El Rey Felipe VI inauguró ayer la planta de hidrógeno verde de Iberdrola en Puertollano, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. La instalación, que podrá producir hasta 3.000 toneladas de hidrógeno renovable anuales, es la mayor de este tipo para uso industrial en Europa e iguala además a la planta más grande en funcionamiento en la actualidad en todo el mundo.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, subrayó ayer que Euskadi «sigue en marcha a pesar de las tormentas que estamos sufriendo». Lo hizo en el acto de clausura, en Vitoria, de la asamblea de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, ASLE, en la que defendió el papel de las instituciones a la hora de combatir la crisis con un mensaje muy similar al que lanzó el pasado miércoles durante el encuentro de las empresas vizcaínas y en el que negó que actúe con autocomplacencia. «Las instituciones vascas hemos actuado y hemos respondido como entendíamos que debíamos hacer: con cercanía, tratando de mantener el equilibrio en las decisiones, a veces con incertidumbre y deficiencias, pero siempre con una actitud proactiva». En el acto también intervino la vicelehendakari, Idoia Mendia.

La Hacienda foral alavesa acumula una recaudación en los cuatro primeros meses del año que asciende a 608,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% (88,1 millones más que entre enero y abril de 2021). Parte de este incremento se debe, como en periodos anteriores, al hecho de que en 2021 la actividad económica estaba ralentizada como consecuencia de la pandemia. Y, además, se aplazaron los pagos de algunos impuestos. «Es un aumento positivo», destacó la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo (PNV), quien reconoció que en este balance ha podido influir que se pospusieron algunos impuestos. «Y los ajustes por los indirectos –IVA e hidrocarburos– han tenido una incidencia grande en la subida de la recaudación». Aunque siguen siendo los impuestos directos –IRPF o Sociedades– los que registran un mejor comportamiento y crecen hasta abril un 19%. También la Diputación de Gipuzkoa ofreció ayer datos de la recaudación acumulada en el territorio y que asciende, en estos primeros cuatro meses, hasta los 1.234,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 20,4% (208,9 millones más). El «significativo incremento de los ingresos de ajustes por IVA, tanto por ajustes interterritoriales como los del Estado», propicia esta subida.

El conflicto de la empresa constructora de autobuses eléctricos Irizar E-Mobility avanza hacia la solución. El Comité de empresa y la dirección alcanzaron ayer por la tarde un preacuerdo después de 19 jornadas de huelga, según anunciaron los trabajadores. La plantilla seguirá con el paro, que hoy suma veinte jornadas, hasta que se firme totalmente el pacto de empresa, aunque fuentes próximas a los trabajadores ven más cerca el fin de la movilización. De momento, el comité no quiere dar detalles, a la espera de la firma el documento. Tras hacer una valoración «muy positiva de lo conseguido hasta ahora», el comunicado del Comité precisa que aunque «el conflicto se ha desbloqueado, hasta que se clarifique y se firma totalmente el Pacto de Empresa los trabajadores hemos decidido seguir en huelga». La empresa, como avanzó este periódico el miércoles, ofrecía una propuesta que superaba con creces el pacto del Metal de Gipuzkoa, según un documento interno de la firma al que tuvo acceso este medio. En concreto, la compañía de autobuses eléctricos ha ofrecido a los trabajadores para la renovación del convenio un incremento de las bases salariales del 11,3% (IPC más 4,8%) para este año y del IPC más el 1% para el siguiente.

José Pérez Berdud fue ayer elegido como el nuevo presidente de la Asociación de Fabricantes de Máquinas-Herramienta, Componentes, Herramientas y Accesorios (AFM Ad- vanced Manufacturing Technologies) por un periodo de dos años. El director general de Fagor Automation sustituye así en el cargo a César Garbalena, que acababa su mandato. La designación la realizó la asamblea anual de la asociación, celebrada en el parque tecnológico de Miramón, en San Sebastián. José Pérez Berdud, de 55 años de edad y natural de Zumarraga (Gipuzkoa), es ingeniero técnico electrónico y MBA por la Mondragon Unibertsitatea. Ha desempeñado toda su actividad laboral en Fagor Automation desde que comenzó a trabajar en 1993 como técnico en el departamento de Investigación y Desarrollo; la empresa emplea hoy a casi 700 personas.

La inflación cae en abril en Euskadi al 7,8%. La razón es una moderación en los precios de la electricidad y los carburantes. Los alimentos, en cambio, continuaron su ascenso. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa interanual del mes pasado supone un descenso de dos puntos respecto a la de marzo, que se situó en el 9,8%, una de las caídas más importantes del Estado. De hecho, solo Canarias, Madrid y Ceuta tienen tasas más bajas en el mes de abril que Euskadi. Baleares, por su parte, está al mismo nivel. En el conjunto del Estado, el IPC se situó en el 8,3%, una décima menos del dato adelantado por INE y un punto y medio menos que en marzo de este año, debido también a la bajada de los precios de la electricidad y de los carburantes. La tasa general no caía tanto en un solo mes desde enero de 1987, hace más de 35 años.

El Gobierno está abierto a ampliar la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante más allá del 30 de junio, fecha en la que expira la subvención que puso en marcha en el decreto anticrisis aprobado el pasado 1 de abril. Pero, en caso de que considere que se dan las condiciones para mantenerla, esta ayuda dejará de ser para todos los conductores y se acotará a los usuarios que más lo necesiten. Así lo confirmó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de que en estas últimas semanas se haya avivado el debate en torno a la eficacia de esta medida. Las alarmas saltaron tras advertirse que las petroleras han ido elevando el precio del combustible y, en cierta medida, absorbiendo el descuento establecido. «Nuestra intención es estar muy pendientes y, si hay que seguir acompañando a los consumidores para poder afrontar la factura de los combustibles, habrá que ir perfilando sistemas lo más precisos posibles para los usuarios que más lo necesiten». Es previsible que la medida, aun restringida a los consumidores más vulnerables, se extienda tres meses más. 

Bruselas cierra el grifo. El pasado jueves la Comisión Europea avisó a los Estados miembros de que el 30 de junio acabará la flexibilización de la norma de ayudas públicas que permitió a los países salvar compañías castigadas por la pandemia. Esto obliga a España a acelerar en la concesión —o rechazo— de las solicitudes remitidas al fondo de rescate: en 48 días el Gobierno debe resolver las peticiones de 29 empresas. Entre ellas están Celsa (550 millones), Abengoa (249 millones) y Air Nostrum (unos 100). En total hay solicitudes pendientes por 2.436 millones, según fuentes cercanas al organismo. Para poner en contexto esta cantidad y, sobre todo, entender el desafío al que se enfrenta el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), basta con repasar lo aprobado desde julio de 2020. Entonces se creó el fondo, con un presupuesto de 10.000 millones, y el bagaje es de solo 21 ayudas aprobadas por un valor de 2.191 millones y 20 peticiones rechazadas (solicitaban 667 millones). Es decir, la SEPI tiene que resolver más rescates a empresas en un mes y medio de lo que ha aprobado en casi dos años.

Para evitar posibles discriminaciones laborales o falta de colaboración por parte de las empresas, el nuevo texto legal recoge que los días de baja por incapacidad temporal de estas mujeres serán sufragados por completo por las arcas del Estado a través de la Seguridad Social, aunque lo habitual en el resto de bajas médicas es que las primeras jornadas de cualquier convalecencia corran a cargo del empleador. Fuentes oficiales calculan que podría tener un coste anual de entre 40 y 45 millones de euros. La fórmula pactada no fija un número de días concreto para la baja (en la propuesta de Igualdad eran entre 3 y 5 cada mes). Será el médico que valide la situación de incapacidad temporal quien determine cuántas jornadas laborales durará el permiso a la vista de las circunstancias concretas de cada caso. Para facilitar que la medida llegue a todas las mujeres que lo necesiten, el Estado no exigirá para tener derecho a esta baja un mínimo de tiempo cotizado a la Seguridad Social, como sí que ocurre con otras situaciones de incapacidad temporal de las trabajadoras.

La conciliación y la ubicación de las oficinas son dos de los valores más importantes. Tampoco perdonan no tener una retribución digna y un plan de carrera bien definido. El 62% de los jóvenes cree que es un buen momento para cambiar de trabajo a pesar de la continuidad de la pandemia. Es la principal conclusión del informe Empleo y jóvenes 2022, elaborado por la consultora de recursos humanos AdQualis. “Ven que el mercado laboral se empieza a recuperar, que están surgiendo proyectos nuevos y que es el momento de buscar unas mejores condiciones de las que tienen”, apunta el director de ventas corporativas y marketing de la consultora, Jordi Berenguer. Un movimiento que también responde a que las compañías no han hecho bien los deberes con esta generación. “Las empresas no se están volcando con los empleados, así que no hay un sentimiento de compromiso fuerte ni lo va a haber”, señala Guido Stein, profesor de Dirección de Personas del IESE. Así lo ve también el fundador del Future for Work Institute (FFW), Santiago García: “Todos los que dicen que les cuesta encontrar talento deberían tener en cuenta los reclamos de la gente joven porque si no se los das, buscarán trabajo en otra parte”.

La guerra del gas entre el Kremlin y Europa se amplía en varios frentes, mientras las bombas siguen destruyendo Ucrania en el día 79 de la ofensiva rusa. Por un lado, Kiev acusa a Moscú de haber forzado una reducción en el tránsito de gas hacia el bloque comunitario a través de su territorio. Por otro, el monopolio estatal Gazprom ha sellado las válvulas del gasoducto que alimentaba a Alemania a través de Polonia. El Yamal-Europa y el Nord Stream 2, dos grandes proyectos de la época en la que Rusia era la reserva gasista de Europa, son ahora un elemento más del paisaje. Y en paralelo, el Kremlin niega que vaya a cortar el gas a Finlandia por entrar en la OTAN mientras envía un ultimátum a Moldavia, también dependiente del gas ruso, para que pague las deudas que le perdonó cuando tenía un Gobierno prorruso. La Unión Europea planea reducir en dos tercios su importación de gas ruso para finales de año, pero el Kremlin ha comenzado a poner trabas a una transición que no será suave. El Operador del Sistema de Transmisión de Gas de Ucrania (GTSOU, por sus siglas oficiales en inglés) denuncia que Gazprom no quiere suministrar por su territorio los volúmenes de gas contratados con Europa. 

La ministra de Educación de Finlandia, Li Andersson, ha estado estos días en Valencia participando en la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente, donde se han reunido 14 gobiernos para mejorar la calidad de las escuelas. La también presidenta del partido Alianza de la Izquierda (una coalición que sería el equivalente a Unidas Podemos) defiende el meritocrático modelo finlandés de acceso a la docencia. «No cualquiera puede convertirse en profesor. Hay una competición por acceder a las plazas. Los candidatos tienen que tener muy buenos resultados en Secundaria o hacerlo muy bien en el examen de entrada a la universidad», explica. "La clave del éxito del sistema educativo finlandés son nuestros profesores, que tienen mucho nivel. Todos los docentes hacen prácticas en los colegios mientras estudian en la universidad. Además, invertimos en su formación permanente y en su desarrollo profesional. Es una profesión muy atractiva en Finlandia, así que la universidad puede hacer una selección de entre los estudiantes más motivados. P.- ¿Quién puede ser profesor? R.– No cualquiera. Hay una competición por acceder a las plazas universitarias. Los candidatos tienen que tener muy buenos resultados en los exámenes de Secundaria superior [Bachillerato] o hacerlo muy bien en el examen de entrada a la universidad. Hay que ser aceptado..."