20221005

El aumento del precio de las materias primas y la energía siguen siendo una pesada losa que está afectando de forma determinante a la actividad empresarial en el Territorio Histórico. Como consecuencia, los márgenes vuelven a verse directamente afectados y caen para tres de cada cuatro empresas por encima del 16%. Este factor es capital en el estancamiento del mercado que han detectado más de la mitad de las empresas (53%), un porcentaje que se ve incrementado hasta el (62%) al cuestionarles por las previsiones de los próximos meses. Así lo pone de manifiesto el último Observatorio realizado por SEA Empresas Alavesas en el periodo comprendido entre junio y septiembre del presente ejercicio. Las dos principales demandas que desde el tejido empresarial se trasladan a la Administración son la bonificación de los costes energéticos y la reducción de la fiscalidad, además de la puesta en marcha de nuevos programas de ayudas para hacer frente a las necesidades de las empresas que más se están viendo afectadas por la situación actual. Ver más en SEA Empresas Alavesas. 

En declaraciones a diferentes medios de comunicación, el responsable de economía de Confebask, Pablo Martín, ha destacado que “se ha dado una bajada del paro en todos los sectores de 2.000 personas respecto al mes anterior y 8.000 menos en un año. Sin embargo, también es cierto que este descenso ha sido algo menor que en septiembre del año pasado”. En todo caso, Pablo Martín también ha querido subrayar “el aumento de los afiliados en más de 6.500 personas, una cifra que, en este caso sí, mejora el dato de septiembre del año pasado y que permite que en un año se cuente con 17.000 ocupados más. Además, el incremento de los cotizantes ha sido generalizada en todos los sectores, salvo una pequeña bajada en Construcción”. Así las cosas, el responsable de economía de Confebask ha concluido que “septiembre ha sido un buen mes en términos de empleo, aunque se aprecia en los últimos meses un menor vigor en el mercado laboral respecto a la primera parte del año. Algo lógico si se tiene en cuenta que la evolución del crecimiento económico está siendo menos dinámica que en los meses iniciales del año". A su juicio, “es de esperar que se mantenga esa tendencia de menor vigor y, aunque va a ser un año de creación de empleo y de reducción del paro, será inferior a lo que se había previsto, porque está directamente relacionada con la actividad económica. Ver más en Confebask.

El mercado laboral vasco dio claras muestras de resistencia en el recién concluido septiembre pese a los embates de la crisis por la guerra, la escalada de la inflación, el alza de tipos y la rebaja del crecimiento. Como acostumbra a ocurrir ese mes por el impulso del inicio escolar, la evolución fue positiva y el empleo se recuperó en parte del bache sufrido en julio y agosto. Así, el paro descendió en 2.078 personas, con lo que la suma total quedó en 111.680 desempleados. Por el lado de la Seguridad Social, el sistema incorporó 6.596 afiliados, una de las cifras más altas de los últimos años y que elevó la base total de cotizantes hasta los 975.890. Todo ello con un nuevo récord de la contratación indefinida. En ambos casos la evolución en Euskadi fue mejor que la del conjunto de España, donde el paro repuntó por tercer mes consecutivo. De hecho, la comunidad vasca fue la segunda que más redujo el desempleo, con un recorte del 1,8%, solo por detrás de La Rioja, favorecida por la vendimia. En cuando a la afiliación, el incremento en el País Vasco fue del 0,68% frente al minúsculo 0,15% nacional. Este mejor comportamiento de Euskadi es algo habitual en esta etapa del año porque la comunidad siempre sufre menos por el fin de la campaña turística. Es más, la hostelería lideró el crecimiento de cotizantes, al sumar casi 3.500 afiliados. Llama la atención que educación apenas generó nuevos afiliados cuando fue el motor del empleo a escala nacional.

La evolución del empleo este verano continúa demostrando síntomas de flaqueza. Igual que sucedió en agosto, el paro subió también en septiembre, esta vez en casi 18.000 personas, hasta 2,94 millones de desempleados. A pesar de este aumento, se trata del cómputo de parados más bajo para este mes desde 2008. Del otro lado, la afiliación se mantuvo estable y creció en 29.000 trabajadores, tras registrarse, por sexto mes consecutivo, más de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social (20.180.287). Son, nuevamente, apuntes que ilustran el impasse del mercado laboral durante el periodo estival, sostenido por la tradicional finalización de los contratos. Los datos facilitados ayer por los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social evidencian una mala digestión del desempleo durante el verano. Si julio emborronó inesperadamente la pizarra laboral, agosto no levantó lo suficiente la cabeza, y septiembre ha seguido la senda. “Estamos en un mes de septiembre que se mueve en la moderación y cuyos datos se producen en un contexto económico influenciado por una guerra en Europa, un aumento de los costes de la energía y la incertidumbre que deriva de la subida de los tipos determinada por las autoridades europeas”, indicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Al mismo tiempo, negó que se esté produciendo un freno en la creación de empleo, puesto que el aumento del paro a lo largo del verano (61.337 personas entre julio, agosto y septiembre) se enmarca dentro de las “pautas estacionales habituales” y que estos aumentos se dan con “menor intensidad” en un contexto de “extrema complejidad económica”.

El ajuste será en las oficinas, mientras que las fábricas salvarán su plantilla estructural para hacer frente a la construcción de molinos en una cartera de pedidos de Siemens Gamesa que supera por primera vez los 34.000 millones de euros. Es la principal conclusión de la primera reunión que la empresa tuvo ayer con los sindicatos en España tras anunciar que aquí se rescindirán 475 contratos, en un plan que contempla 2.900 despidos en toda la compañía. La firma no detalló las sedes en las que se realizarán los ajustes, sino las secciones o departamentos en los que acometerá ese «redimensionamiento» en un proceso que arranca ahora, pero que se va a ir concretando en los próximos dos años. La gran mayoría de los afectados, 352, trabajan en las oficinas de Zamudio (Bizkaia), Madrid y Pamplona. Son los cuarteles principales de Siemens Gamesa. Y es que esos son los tres centros de trabajo que reúnen servicios administrativos, corporativos, de ingeniería y de dirección. Las áreas que el consejero delegado de la firma, Jochen Eickholt, ha decidido recortar para desarrollar una nueva estructura que estará en marcha el próximo mes de enero y que, ahora sí, cuatro años después de la fusión de Siemens con Gamesa, buscará el ahorro de costes evitando duplicidades. Así, entre los 700 trabajadores de Zamudio, los 500 de Madrid y los 1.700 de Pamplona será donde se dé el mayor ajuste de personal en un proceso que, según explican fuentes sindicales y conocedoras de la situación, se desarrollará durante dos años «buscando ser lo menos traumático posible». 

Los sindicatos CC OO, LAB y UGT, que representan a una mayoría del 59,95% en la mesa negociadora del convenio del Metal de Bizkaia, anunciaron ayer la convocatoria de tres nuevas jornadas de huelga para los días 27 y 28 de octubre y 2 de noviembre. Estas tres centrales explicaron que han decidido convocar estas movilizaciones «ante la falta de voluntad negociadora y el bloqueo por parte de la FVEM», la patronal sel sector, uno de los más importantes de la economía vasca. Los firmantes precisaron que están trabajando en la adhesión de más sindicatos a esta nueva convocatoria, ya que hasta ahora las movilizaciones en el Metal de Bizkaia eran suscritas por estas tres formaciones y ELA. En el metal de Álava se ha alcanzado recientente un pacto, no avalado por ELA, con un incremento progresivo del 15% hasta el 2025.

Javier Roquero, cofundador y CEO de Salto Systems, empresa que recibe hoy el premio de la Fundación Arizmendiarrieta, repasa para DV la cultura que impregna al grupo (con 1.500 trabajadores) y algunos de los últimos éxitos de la firma. – Reciben el II Premio Arizmendiarrieta, que reconoce el modelo inclusivo participativo y distingue a las empresas que concilian el desarrollo de las personas y la competitividad... – Estamos muy agradecidos a la Fundación Arizmendiarrieta. "Cuando te dan un reconocimiento por aspectos más humanistas y menos empresariales, más alejados de la cuenta de resultados, te hace muchísima ilusión porque conectan directamente con la empresa que queremos ser. Hemos tenido la gran ventaja de que cuando creamos la empresa, hace veintitantos años, nos enfrentábamos a una hoja en blanco y pudimos hacerla a nuestra imagen y semejanza. Así le puedes imbuir unos valores. Ladrillo a ladrillo para construir una cultura. La Fundación tiene su modelo inclusivo participativo y te evalúan con mucha seriedad...En Salto hay 35 nacionalidades, lo que es maravilloso. Solo en Oiartzun, con 400 personas, hay ocho distintas. Piense que el 97% de las ventas las hacemos en todo el mundo. En el grupo somos ya treinta empresas. Nuestra filosofía siempre ha sido tremendamente descentralizada...Tenemos en Oiartzun la mayor fábrica de cerraduras electrónicas del mundo, pero eso está completamente superado. No hay más que ver la cantidad de ingenieros de software y electrónicos que tenemos. Nuestros últimos desarrollos nos permiten, por ejemplo, ser de las pocas cerraduras del mundo que estamos certificados y homologados por Apple para meter nuestras llaves en el Apple Wallet. Estamos muy contentos porque acabamos de firmar con Amazon un contrato para el suministro en todo el mundo de cerraduras electrónicas para las taquillas de sus trabajadores. Un proyecto de unas 300.000 unidades en el que todo estará en la nube..."

El acuerdo para los Presupuestos de 2023 llegó de madrugada, a tiempo para el Consejo de Ministros de ayer, y se oficializó con la foto previa de rigor entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el Palacio de la Moncloa. Ambos con aire satisfecho. En sus manos tienen ya el instrumento con el que intentarán navegar no solo económica, sino también políticamente, la crisis inflacionista que sacude el país y que reducirá a la mitad el crecimiento del país (hasta el 2,1% del PIB). Un manguerazo de gasto social de 266.189 millones –seis de cada diez euros del Presupuesto–, sin contar los fondos europeos. «La mayor cifra –defendió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero– nunca registrada para esta partida». Sánchez ha decidido disparar el gasto para afrontar la carrera electoral de 2023 con medidas estrella como la subida de las pensiones en un 8,5%, lo que hará que el gasto para cubrir esta partida ya suponga un histórico 42% de las Cuentas. El propósito del presidente es claro: confrontar con los populares como ya hizo ayer mismo Montero y como vienen haciendo ambos en las últimas semanas a raíz de la política fiscal ya contemplada en las próximas Cuentas; impuesto a las grandes fortunas incluido. La ministra de Hacienda alegó que sus Presupuestos son la prueba de que la «justicia social» que propugna el Ejecutivo es, además, la mejor manera de garantizar la «eficiencia económica».

El margen del Estado para gastar se verá comprimido en 2023 por el dinero dedicado a tres áreas: pensiones, funcionarios y deuda pública. Juntas suman el 49,89% del desembolso previsto en los Presupuestos, fondos europeos incluidos. Concretamente, el pago de las pensiones supondrá 190.687 millones de euros (39,2% del total), la deuda pública 31.275 millones (6,4%) y los gastos de personal 20.502 millones (4,2%). Es decir, acapararán 242.464 millones de los 485.986 millones de euros aprobados ayer por el Ejecutivo. Sobre todas ellas destaca la partida de pensiones, la más amplia con diferencia. El escenario económico ha influido con fuerza en el reparto, aunque en pleno debate sobre equidad intergeneracional, la última palabra sobre hasta qué punto proteger a uno u otro colectivo la ha tenido el Gobierno. En un contexto de elevada inflación —el índice de precios al consumo (IPC) cerró septiembre en el 9%—, el Ejecutivo ha elegido revalorizar las pensiones al mismo ritmo al que suben los precios para que este segmento de la población no pierda poder adquisitivo. Para 2023, el proyecto calcula un 8,5% de aumentos en lo que perciben, aunque esa cantidad es todavía una estimación, puesto que la ley contempla que la revalorización se lleve a cabo de acuerdo con la inflación media que se registre entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Será cuando el INE desvele el dato definitivo ese último mes, por lo tanto, cuando se cierre el incremento exacto. Por ahora, en los 10 meses de cómputo ya conocidos, la media es del 8,75%. Esa inyección extra, unida al crecimiento del número de beneficiarios, hará repuntar el gasto en pensiones un 11,4%, lo que se traducirá en una salida de 19.547 millones más de las arcas públicas, según los datos presentados por La Moncloa.

La ayuda de 100 euros al mes para las familias con menores de 0 a 3 años fue otra de las novedades anunciadas ayer por el Gobierno central. Pese a la «alegría» inicial de muchas familias guipuzcoanas con hijos pequeños a cargo, aún está pendiente de confirmarse si se sumará a las prestaciones previstas en Euskadi. El Gobierno Vasco aprobó a comienzos de verano su plan para impulsar la natalidad que incluye el cheque mensual de 200 euros por cada hijo hasta los 3 años de edad a partir de enero de 2023. La duda ahora es si a esos 200 euros mensuales se les va a sumar los 100 euros para la crianza anunciados ayer por el Gobierno central. En caso de que fuera así, las familias vascas con hijos de entre 0 a 3 años pasarían a tener una ayuda de 300 euros mensuales. En estos momentos, el Gobierno Vasco está a la espera de conocer finalmente en qué se concreta la medida recién anunciada mientras trabaja en su propia normativa. Desde el Ejecutivo autonómico aseguran a este periódico que, antes de tomar una decisión, «habrá que conocer los detalles de la iniciativa, no se sabe cómo se redactará. Mientras, continuamos con la tramitación de nuestro decreto». De hecho, según aseguran estas mismas fuentes, «hoy mismo (por ayer) hemos mantenido una reunión con Hacienda para la gestión de los pagos». Así, los beneficiarios tendrán derecho a percibir este dinero desde el 1 de enero de 2023. Aunque la tramitación se retrase por motivos burocráticos, podrán cobrar ese dinero con efecto retroactivo. Esta ayuda la podrán cobrar las familias que tengan una renta inferior a 100.000 euros anuales y se verían beneficiadas unas 43.000 familias en Euskadi.

La relación entre los empresarios y el Gobierno de coalición nunca ha sido un camino de rosas, pero ahora atraviesa sus horas más bajas por una controvertida batería de subidas fiscales, entre ellas un nuevo impuesto a las grandes fortunas que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ve “inconstitucional” además de “confiscatorio”. Así se pronunció ayer el presidente de la patronal durante su intervención en Citas con El Mundo, encuentro informativo organizado por el diario de Unidad Editorial, en el que mostró su preocupación por el enrarecimiento de la política española y, sobre todo, porque se quiera “romper y buscar las dos Españas, que se hable de pobres y ricos”, señalando que es “un gran error querer culpar a las empresas”. Garamendi, arropado por la cúpula de CEOE, entre ellos Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme; Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos ATA, o Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM, y que entre los asistentes contó con la presencia del líder de UGT, Pepe Álvarez, advirtió de que el nuevo tributo a grandes fortunas, al que el Gobierno llama de “solidaridad”, “es una mala señal para el país”. Un tributo que, a juicio del presidente de la patronal, “invade competencias de las comunidades autónomas”, por lo que “esto no es armonización, es centralización”. “Nos hemos dado un país autonómico, pero solo cuando nos interesa”, afirmó. El presidente de CEOE y candidato a la reelección al frente de la patronal el próximo mes de noviembre, también rechazó de forma rotunda los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, medidas que “no podemos compartir” y que, además, son también “malas señales” para la economía española en referencia al mensaje negativo que se lanza a la inversión.

Con un mensaje claro a Pedro Sánchez. Este es el hilo conductor que utilizó ayer el empresario vasco Andrés Sendagorta en la clausura del congreso anual que ha celebrado este año en Cáceres el Instituto de Empresa Familiar (IEF) que preside. «No nos han podido echar las pandemias, no podrá con nosotros la inflación ni la crisis energética y espero que tampoco lo hará la marejada fiscal que vivimos estos días», señaló en alusión a las últimas decisiones del Ejecutivo, que han redoblado la presión tributaria sobre las empresas y también sobre los patrimonios más elevados. «Nosotros somos de aquí y no nos vamos a ir», agregó en alusión al temor que existe a que una parte significativa de las grandes fortunas españolas cambie de residencia hacia países con mejor tratamiento fiscal –Portugal, con un Gobierno socialista, se ha convertido en el principal foco de atracción fuera de las fronteras nacionales–, lo que puede significar asimismo un hipotético desplazamiento de inversiones. En un breve encuentro con los medios de comunicación, Sendagorta reiteró el compromiso de estas empresas con su territorio porque, enfatizó, «el arraigo a la tierra es precisamente una diferencia que caracteriza a la empresa familiar». En relación con la capacidad de resistencia a las dificultades y al compromiso de no deslocalizarse, Sendagorta recordó que el empresariado vasco es un claro ejemplo de ello «habiendo resistido a momentos muy complejos en el País Vasco».

En pleno debate sobre una eventual armonización fiscal en España y con la polémica sobre las subidas y bajadas en tributos como el de Patrimonio, con las consabidas acusaciones de ‘dumping fiscal’ entre comunidades, llega el tradicional Índice Autonómico sobre Competitividad Fiscal (IACF), que cada año realiza la economista Cristina Enache, de la Fundación para el Avance de la Libertad. En esta ocasión, y en lo que a Gipuzkoa respecta, no hay cambios sobre la edición anterior, ya que el territorio mantiene el cuarto puesto –por detrás de los vecinos Bizkaia y Álava– en esa clasificación de lugares atractivos o, lo que es lo mismo, con una fiscalidad realmente capaz de atraer y retener a distintos tipos de contribuyentes. Concretamente, la Comunidad de Madrid alcanza 7,43 puntos sobre diez en competitividad fiscal, seguida de Bizkaia (7,11), Álava (7,07), Gipuzkoa (6,91) y Canarias (6,29). Cierran el ranking de 2022 Aragón con 5,08 puntos sobre diez, la Comunidad Valenciana con 5,02 puntos y Cataluña. Esta última comunidad autónoma apenas alcanza 4,57 puntos sobre diez y queda última, posición que mantiene desde 2018. El trabajo, que no tiene en cuenta Sociedades, tributo importante en Euskadi, analiza en concreto cinco tributos: el IRPF, Patrimonio, Sucesiones, el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD) y tributos autonómicos. Bajando al análisis de impuesto por impuesto, en lo concerniente al índice de competitividad en el controvertido Impuesto de Patrimonio, Gipuzkoa tampoco varía su posición pero se mantiene en mitad de tabla, en el puesto número 13, con un índice del 5,52. La comunidad de Madrid sigue primera en este ranking también, con un índice de 10 sobre 10, debido a que bonifica en su totalidad este tributo, eliminándolo de facto, en su intento de atraer grandes fortunas. Galicia, que ha aumentado su bonificación al 50% es la segunda (7,98), con Bizkaia (7,05) y Álava (6,55) a continuación.

La banca vela armas ante un esperado repunte de la morosidad este otoño. Tras una primera mitad de 2022 en la que el sector ha contenido y rebajado la tasa de impagos, las entidades ya admiten un impacto en los próximos meses. Los bancos venían esquivando un primer golpe por la pandemia el Covid-19 que se ha pospuesto por las moratorias aplicadas a los créditos avalados por el ICO, pero asumían que tarde o temprano la mora tenía que aflorar. En ese sentido, el deterioro de la economía, debido a la desbocada inflación y la acelerada subida de tipos para intentar contenerla, ha provocado que el sector se prepare para un otoño caliente. “En el contexto de una ralentización del crecimiento económico y el efecto combinado de inflación y tipos de intereses más elevados es probable que exista un cierto incremento de la morosidad que ya se esperaba. Pero estamos convencidos de que los bancos españoles están preparados para afrontar ese potencial deterioro”, explica Francisco Uría, socio responsable global de Banca de KPMG. Otras fuentes financieras consultadas van un paso más allá. Explican que además del repunte de la mora (que se considera será manejable) lo que tiene en vilo al sector es el ritmo al que se consumirá el ahorro generado durante la pandemia del Covid-19. Y es que, durante los meses de confinamiento y restricción a la movilidad los depósitos de empresas y hogares se han disparado por encima de los 1,3 billones (200.000 millones más que antes de la crisis sanitaria) según los últimos datos del Banco de España. En el escenario actual de altos precios que obliga a gastar más dinero, el sector está preocupado por la velocidad a la que ese capital se volatilizará y comenzarán los impagos. 

Los concursos de acreedores registrados hasta septiembre vuelven a anotarse un nuevo récord con 4.983 procedimientos, un 15% más con respecto al mismo periodo del año pasado, según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por Informa D&B. En el mismo periodo, el número de disoluciones asciende a 22.313, un 11% más. “Después del descenso vacacional de agosto los concursos se elevan por encima de los 800 en septiembre, algo que no sucedía desde 2013, para quedar en 865, un 113% más que el mismo mes en 2021”, señala Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B. Las disoluciones en septiembre alcanzan las 1.660, un 14% por encima del año pasado aunque por debajo de las 1.779 de agosto. Un mes más, los datos acreditan el aumento de los llamados concursos exprés, aquellos en los que se presenta la solicitud conjunta de concurso y extinción. El 2020 terminó con un 54% de media, en 2021 alcanzó el 65% y durante los nueve primeros meses del 2022 no ha bajado del 65,5%. En el mes de septiembre supera ya el 76%, siendo la cifra más alta desde enero de 2020, cuando no llegaba al 48%. “Los concursos han aumentado hasta alcanzar cifras no vistas desde hace casi 10 años. Ahora bien, este aumento probablemente no se deba en exclusiva a los desafíos económicos del contexto actual”. 

Al menos seis meses más. Esa es la previsión que están trasladando los fabricantes de vehículos en España a los sindicatos acerca de la duración de la escasez de chips, que viene trastocando el sector desde hace ya casi dos años. El momento es de total incertidumbre, pero las fábricas confían en normalizar la actividad en 2023. La falta de semiconductores ha dado un vuelco al negocio: se ha ralentizado la producción en pleno auge de demanda y los chips se han dedicado a los modelos prémium. Como resultado, los precios de los coches han subido, al tiempo que las matriculaciones caían, los márgenes se disparaban y los fabricantes lograban beneficios récord. Toda una chipflación que se adelantó en el tiempo a la inflación del conjunto de la economía y que ha afectado de manera considerable a las plantas españolas, con un acusado retroceso de producción y ERTE generalizados. Las fuentes del sector destacan los indicios de recuperación, pero avisan de que aún no se atisba de manera clara la salida a esta particular crisis, que mantiene los niveles de producción un 26% por debajo de los anteriores a la pandemia. Reconocen que los problemas de suministro que empezaron a manifestarse a finales de 2020 son ahora menos acuciantes, aunque sigan sin remitir. La incertidumbre está en las fábricas y también en el mercado debido a las amenazas de recesión económica. Los precios no caerán, indican las fuentes, aunque parecen haber interrumpido su escalada. En agosto, según los últimos datos del INE, los coches nuevos se encarecieron un 9,2% interanual, ya en línea con la inflación. Los grandes fabricantes –VW, Stellantis, Renault y Ford– seguirán aplicando medidas excepcionales hasta normalizar la producción, pese a la mejora en julio y en agosto, cuando la actividad creció a doble dígito.

Los ministros comunitarios de Economía y Finanzas llegaron ayer a un acuerdo sobre el programa REPower EU, diseñado para frenar los precios de la energía y avanzar en la transición verde de Europa. Este plan pondrá a disposición de los Estados de la Unión Europea (UE) 20.000 millones de euros en ayudas directas para reforzar las inversiones en tecnologías renovables y acabar con la dependencia energética europea. España será uno de los países más beneficiados y recibirá 2.586 millones de esta iniciativa, siendo el tercer Estado miembro que contará con más ayudas. Bruselas presentó el plan REPower EU en mayo, como alternativa para mejorar la soberanía energética del continente tras la agresión rusa a Ucrania. Los ministros de Economía de los Veintisiete modificaron ayer la propuesta que se incorporará a la financiación del Plan de Recuperación y Resiliencia, una vez reciba el visto bueno de los Estados miembro y del Parlamento Europeo. Según apuntó el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se espera que todo el proceso legislativo esté acabado para final de este año. Los principales cambios impulsados por los ministros europeos tienen que ver con el origen y con la distribución de las ayudas. Así, decidieron que el 25% de los fondos de este plan procederán de la distribución anticipada del régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 de la UE y el otro 75% estará a cargo del Fondo de Innovación.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el cese de la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, que estaba a punto de cumplir una década al frente del Instituto vasco de la Mujer. El relevo se produce a petición de su superiora directa, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Beatriz Artolazabal considera que Landaida, pese a su trayectoria, «no da el perfil» para liderar el organismo en una nueva etapa. Su sustituta será Miren Elgarresta, hasta ahora directora de Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa. La salida de Landaida ha generado sorpresa hasta en el seno del propio Ejecutivo autonómico, ya que se trataba de uno de sus altos cargos más longevos y reconocibles. Llegó con el lehendakari Urkullu en su primer mandato. La ya exdirectora de Emakunde declinó ayer hacer declaraciones, pero las fuentes consultadas confirman que se marcha «obligada». Artolazabal defendió que busca dar «un nuevo impulso» a la institución de la mano de la nueva responsable, que tiene «un perfil diferente, ni mejor, ni peor» al de su predecesora. Pese al cambio de rumbo decretado en el Instituto de la Mujer, uno de los principales cometidos que va a tener Emakunde durante la segunda parte de la legislatura va a estar muy vinculado a los años previos: le tocará desarrollar la nueva ley vasca de igualdad, que fue aprobada el pasado 8 de marzo en el Parlamento tras una laboriosa y larga redacción... en la que el equipo de Landaida tuvo un papel destacado.

Entre el covid y la guerra de Ucrania, hace casi tres años que nadie le presta atención a Kim Jong-un. Para volver a captar el interés del mundo, y sobre todo de EE UU, Corea del Norte escaló ayer un grado en su ya tradicional «diplomacia de los misiles». Tras disparar siete proyectiles de corto alcance desde el 25 de septiembre, Pyongyang subió su apuesta con un misil que atravesó Japón y voló 4.600 kilómetros antes de caer en el océano Pacífico. De todos los proyectiles lanzados hasta ahora, es el que ha recorrido la mayor distancia y, si hubiera sido disparado en otra dirección, podría haber llegado hasta la isla de Guam, importante enclave militar estadounidense en el Pacífico. Todo ello sin contar el miedo que sintieron los japoneses. En Hokkaido, la isla más al norte del archipiélago nipón y fronteriza con Rusia, se despertaron con el sonido de las alarmas antiaéreas y mensajes en los móviles apremiando a cobijarse en los refugios. Según la agencia Kyodo, un proyectil balístico de rango intermedio atravesó el norte del país durante un minuto a las 7.30 de la mañana (0.30, hora peninsular española), desatando el miedo en Hokkaido y Aomori, la prefectura más septentrional en la isla principal de Honshu. Tal y como detectó el Alto Mando Conjunto de Corea del Sur y EE UU, el misil fue lanzado desde Mupyong-ri, en la provincia nororiental de Jagang, a las 7.23 de la mañana. Veintiún minutos más tarde, y tras cruzar los cielos de Japón, caía al océano Pacífico después de recorrer unos 4.600 kilómetros y elevarse 970 kilómetros sobre la atmósfera a una velocidad máxima de Mach 17 por encima de la barrera del sonido.

 El cargador único será una realidad en la Unión Europea (UE) a partir de 2024 y los usuarios podrán decir adiós a las decenas de cables que acumulan en la actualidad para recargar sus dispositivos electrónicos. El Parlamento Europeo resolvió ayer de forma definitiva esta propuesta que llevaba una década bloqueada en fase de negociaciones y que da respuesta a una de las principales demandas de los consumidores europeos. Bruselas y los Veintisiete lograron un acuerdo en esta materia en mayo y, ayer, la Eurocámara en pleno dio su visto bueno a la norma con 602 votos a favor, 13 en contra y 8 abstenciones. De este modo, a partir de otoño de 2024, todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, libros electrónicos, teclados y los ratones; así como las consolas de videojuegos, altavoces, sistemas de navegación y ordenadores portátiles deberán contar con un puerto de carga USB-C, el tipo más común entre los móviles actuales. El texto final incluye, además, productos que no fueron contemplados por Bruselas como ebooks, auriculares inalámbricos, teclados y dispositivos de navegación. Los ordenadores portátiles también deberán adaptarse a esta norma, aunque contarán con un mayor margen –hasta 2026– para que el sector pueda prepararse para el cambio. El cargador único será obligatorio para todos los dispositivos independientemente de su fabricante, por lo que la compañía Apple también deberá cambiar su cargador ‘Lighting’ para sus productos europeos. El gigante tecnológico ha sido uno de los principales opositores a esta ley, ya que asegura que «perjudicará la innovación y creará una montaña de residuos electrónicos». Las instituciones europeas, sin embargo, opinan lo contrario y defienden que servirá para reducir la basura electrónica.