20221021

El director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, ha afirmado que "sin cualificación" será "difícil" encontrar en Euskadi "un buen empleo" y ha añadido que la juventud que estudie "lo que más demandan las empresas tendrá las mejores condiciones laborales". El responsable de Confebask ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha participado, junto a la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, en una mesa redonda dentro de la jornada organizada por la Fundación Sabino Arana sobre 'El futuro del trabajo', .En su intervención, el director general de Confebask ha destacado que "sin cualificación, será difícil encontrar en Euskadi un buen empleo". "Y cuanto más cualificación, mejor: los jóvenes en paro registrados en Lanbide, el 80% sólo tiene estudios obligatorios o básicos", ha afirmado. "Deberíamos alinear mejor las vocaciones profesionales con esa demanda empresarial para disminuir el actual desajuste y poder aprovechar mejor todo el talento juvenil disponible en Euskadi", ha asegurado. Eduardo Aretxaga ha asegurado que "escuchar y cuidar a las empresas será la mejor garantía para aumentar el empleo en Euskadi", y ha recordado la calidad de empleo que ofrecen. "Euskadi destaca por tener un salario medio por trabajador de 28.000 euros brutos al año, sólo superado por Madrid, y una jornada efectiva por trabajador reducida. Las empresas vascas son, después de las de Madrid, las que más trabajadores emplean con contrato indefinido, un 81%", ha añadido. El director general de Confebask también ha recordado que las empresas vascas son los principales agentes empleadores del país. Ver más en Confebask. 

Fabrika, el centro de alto rendimiento para la transformación cultural de las empresas, ha reunido hoy a 700 estudiantes universitarios y de Formación Profesional para transmitirles los fundamentos de la nueva cultura de empresa que impulsa, en la que la participación, la información transparente y los valores compartidos son la clave. Responsables de 20 firmas del territorio han intervenido en este encuentro donde han explicado su experiencia ante el público estudiantil. Adegi considera estos encuentros estratégicos para consolidar el futuro del tejido empresarial de Gipuzkoa. Los estudiantes de los últimos cursos de Universidad y FP se han dividido en grupos para atender las exposiciones de las empresas Alkorta, GKN, Hre Automation, Grupo Wec, Zerbimek, Bellota, Cadinox, Egile, Plastigaur, Spanset, Marie Brizard, Irisbond, Salto Systems, Telesonic, VIVEBiotech, Zuchetti Software, Ameztoi, Comercial Hostelera, Frigolan y Okin en la ya cuarta edición del New Culturers Gunea. Ver más en Adegi. 

Una fábrica conectada, inteligente, virtualizada y escalable. Un paso que va más allá de la Industria 4.0 y que trata de priorizar los criterios de flexibilidad y cercanía en la elaboración de componentes de automoción para los principales fabricantes. Es uno de los grandes proyectos de investigación de Gestamp, el gigante vasco del sector que cuenta con 100 plantas repartidas en 24 países. Lo va a estrenar con esta fábrica que instalará en Álava, en el polígono de Subillabide –a las afueras de Vitoria–, en unos terrenos de la sociedad pública Sprilur donde hay una nave que en su día alojó las instalaciones de la empresa de mobiliario de oficina Ofitta. Fuentes de Gestamp han confirmado que la fábrica ocupará una nave de 10.000 metros y su ampliación en una parcela total de 30.000 metros cuadrados. Será el primer centro de producción con esta tecnología de ‘fábrica inteligente’, que realizará y suministrará varios productos para diferentes fabricantes de vehículos. La apuesta por Vitoria tiene que ver, entre otras cosas, con la conectividad del polígono con la autovía A1, la cercanía al aeropuerto de carga de Foronda y al apeadero ferroviario de Júndiz. Además, la factoría de Mercedes, el principal cliente de las plantas vascas de Gestamp, está a unos cinco kilómetros y la fábrica navarra de Volkswagen, a menos de una hora de viaje. En cualquier caso, la prioridad de la empresa presidida por Francisco Riberas es «validar en un entorno de producción real el concepto ‘Smart Factory’ diseñado por Gestamp». Se trata de un proceso que se ha ideado desde los equipos de I+D de Boroa (Bizkaia), que seguirán pilotando el diseño y desarrollo de esta tecnología. La inversión, de 18 millones de euros, está soportada en un 50% por el Gobierno vasco, y busca primar la flexibilidad en la fabricación gracias a la automatización y digitalización de los procesos en celdas o islas de trabajo en las que los robots actúan sincronizados entre sí. Estas plantas pueden crecer por módulos e, incluso, ser trasladadas en camiones.

Seat y su matriz Volkswagen comienzan a perder la paciencia en el mayor proyecto industrial de los últimos lustros en España, el de la megafactoría de baterías para coches eléctricos de Sagunto (Valencia), con una inversión de 3.000 millones de euros. Las dos empresas solo tienen asignados por ahora apenas 160 millones en fondos públicos y llevan semanas esperando a que el Ministerio de Industria publique la resolución definitiva del Perte Vec de automoción para repartir los fondos europeos. Advierten de que en ese momento tomarán una decisión definitiva, y no descartan renunciar a un proyecto transformador para España y la Comunidad Valenciana si no llegan recursos suficientes. Está en juego el proyecto estrella de un programa de inversiones de 10.000 millones de euros para la automoción con fondos europeos. El Grupo Volkswagen dice ahora que la inversión depende de “una resolución positiva” del Perte Vec y alerta de que debe publicarse de manera “urgente y favorable”. La megafactoría depende de que se destine a ella “una cantidad suficiente de dinero”. Desde el Ministerio de Industria “no comentamos informaciones sobre los planteamientos de la empresa” y señalan que, al no haberse publicado aún la resolución del Perte, “es prematuro hablar sobre cantidades de ayudas”. Otras fuentes cercanas al departamento de Reyes Maroto señalan que la resolución llegará “en los próximos días”. Atribuyen el retraso a las exigencias del procedimiento administrativo, en el que las ayudas públicas deben tramitarse con el máximo rigor. La demora se estaría produciendo por discrepancias en los importes concedidos y por la complejidad de las garantías y avales exigidos en los pliegos a las pymes acompañantes, según fuentes empresariales. El anuncio de Maroto de una posible segunda convocatoria del Perte Vec tampoco estaría ayudando a cerrar los flecos de la primera.

El ‘modelo Kutxabank’ –en que la propiedad del banco se mantiene al 100% en manos de las tres excajas vascas– se ha revelado en sus 10 años de vida “solvente y de futuro”, pese a las críticas iniciales por la negativa de los accionistas a sacar su filial a Bolsa. Así lo señala Xabier Sagredo, presidente de la fundación bancaria BBK, que controla el 57% del banco: “Ya estamos en un camino estable, sanos y líderes”. Kutxa y Vital son los otros socios, con el 32% y el 11%, respectivamente. A su juicio, con el tiempo, las excajas vascas han demostrado que sí era posible, pese a las reticencias del supervisor, mantener el control del banco fusionado sin salir a cotizar o vender a inversores terceros a fin de reducir la participación de control. “Era realizable, y ha resultado una decisión óptima”, remacha. Gracias a ella, las tres excajas han gestionado de manera eficiente su patrimonio, algo que se exige a las fundaciones bancarias y que, según Sagredo, estaría en cuestión si hubieran bajado su presencia en Kutxabank. El presidente de BBK hace suyo un reciente estudio de Deusto Business School, según el cual si la fundación hubiera sacado a bolsa el 17% de Kutxabank para quedarse con un 40% –porcentaje por encima del cual el supervisor considera que hay posición de control, según el informe– habría asumido pérdidas de valor de casi 2.000 millones de euros. Este volumen incluye minusvalías en el precio de venta y deterioro del valor contable de las acciones que siguieran en manos de BBK. “No sabemos si tendríamos ahora banco”, concluye. “Yo nunca he dicho que no a la Bolsa, pero salir a cotizar es una decisión que debe ser buena para la empresa, los accionistas y los stakeholders. Y sigue sin ser el momento”.

En 2016 la Comisión Europea vetó la venta de la filial británica de Telefónica, O2, al grupo asiático Hutchison, pero tras las apelaciones de las operadoras el Tribunal General de la UE anuló ese veto al considerar que no estaba demostrada la supuesta subida de precios que conllevaría. Sin embargo, ahora las fusiones entre las telecos quedan en el aire porque la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha propuesto que se anule la sentencia que rechazaba el veto de Bruselas. De ser así, las grandes operadoras tendrían problemas para llevar a cabo más fusiones. La posición de la Comisión Europea es contraria a estas uniones argumentando que es negativo para los consumidores porque el mercado de la telefonía queda reducido, lo que incide en los precios, la competencia y la innovación. Las operadoras, por su parte, aseguran que el mercado europeo está demasiado fragmentado y no tienen suficiente margen para ganar rentabilidad. El caso se considera de especial relevancia para el mercado español, ya que este veto podría obstaculizar las condiciones de la fusión entre Orange España y MásMóvil. Pero en caso contrario podría desencadenar una oleada de fusiones a nivel europeo. La intención de ambas compañías de unirse se anunció en julio con objeto de crear la mayor teleco española en número de clientes de telefonía móvil, con 31 millones de líneas, por delante de Telefónica, que conservaría el liderazgo en volumen de ingresos. La propuesta de la abogada general del TJUE, Juliane Kokott, no es vinculante para el tribunal, pero este suele acatarla la mayoría de las ocasiones. 

El Tribunal Supremo ha enmendado la plana al Superior del País Vasco por el polémico criterio que adoptó en 2021 de declarar nulos los despidos que vulnerasen lo que se conocía como la prohibición de despedir por causas coyunturales ligadas al impacto del covid. Cabe recordar que esta posición la adoptó la Sala de lo Social, presidida por Garbiñe Biurrun, por una mayoría estrecha y fue duramente censurada en medios empresariales y jurídicos puesto que contradecía la línea general de los demás tribunales superiores, que se limitaban a declarar improcedentes esos ceses. Ese criterio condicionó los juicios de EREs tan importantes como el de Aernnova, PCB o Tubacex. Ahora el Supremo se pronuncia y da la razón a toda esa censura. Establece que los despidos deben considerarse improcedentes, con lo cual se resolverían con una indemnización y no con la readmisión del trabajador. Aunque hacen falta dos fallos para sentar jurispudencia, este es el criterio que imperará a partir de ahora y con el que se responderá a los recursos. Uno de los grandes problemas es que no concretaba qué ocurría si el juez estimaba que las causas del cese venían del impacto coyuntural del covid. ¿El despido era nulo o solo improcedente? El Superior vasco se desmarcó del resto y optó por la primera vía, la más radical, la que obliga a readmitir al trabajador. Biurrun arguyó en una entrevista que era la única forma de respetar la voluntad de la ley, pese a su indefinición, una posición que Díaz aplaudió públicamente. «Este tribunal ha hecho interpretaciones que han sido ridiculizadas y luego validadas por el Supremo», defendió Biurrun entonces. Pero en esta ocasión, el Alto Tribunal no lo ha hecho.

¿Y ahora qué? Es la pregunta que cabe hacerse, tras la sentencia del Supremo. Según explica José Ramón Mínguez, director de la división laboral de Barrilero, «el Alto Tribunal se ha reunido en pleno para dictar este fallo y unificar doctrina, con lo que lo lógico es que ahora el Superior vasco modifique su criterio». Es decir, que declare improcedentes y no nulos los despidos ligados al impacto del covid. El giro servirá para las nuevas demandas o para los recursos pendientes, no para revisar sentencias ya firmes. Otra cuestión clave, añade, son los salarios de tramitación consignados por la empresa desde el despido hasta el fallo del Superior vasco. La ley establece que los debe devolver el Estado. La sentencia, casi dos años después de que el Superior vasco fijara su criterio, llega tarde para Jesda, aquel taller de Galdakao sobre el que recayó el primer fallo. La pyme, que fabricaba utillaje para grupos aeronáuticos, entró en concurso de acreedores unos meses después de la sentencia de febrero de 2021, que declaró nulo el despido de un trabajador. «Ya está en liquidación», explica su administrador concursal. La firma readmitió al operario que le había demandado, pero unos meses después hubo un ERE para toda la plantilla. En cuanto a los grandes despidos colectivos que se resolvieron con el polémico criterio del Tribunal Superior vasco vigente, los resultados han sido dispares. En el caso del fabricante aeronáutico Aernnova, la sala liderada por Pablo Sesma consideró procedente el ERE, al entender que había causas estructurales que lo justificaban, al margen de que el covid hubiese aumentado las dificultades. En PCB, perteneciente a ITP Aero, el Superior vasco aplicó su criterio y declaró nulos los despidos al estimar que los problemas derivaban de la pandemia. El Supremo avaló la decisión, pero no por esta razón sino por considerar que el ERE había sido una represalia por recurrir el comité un ERTE anterior. En cuanto a Tubacex, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la empresa, tras una dura huelga, y evitaron así que el recurso llegara al Supremo.

El proceso electoral para renovar los órganos de gobierno de las tres Cámaras de Comercio vascas completó ayer uno de sus últimos hitos, antes de que el próximo 15 de noviembre se culmine con la constitución de sus respectivos nuevos plenos y la elección de sus presidentes. En realidad, ayer solo estaban en liza cinco vocalías para la Cámara de Bilbao y una para la de Álava, puesto que el resto de las 60 que com- ponen el pleno de la vizcaína y de las 36 de la alavesa, así como las 55 de la guipuzcoana, ya habían sido previamente proclamadas electas al haberse presentado igual número de candidaturas que puestos vacantes en sus correspondientes grupos y categorías. Una vez completada ayer la elección de todos sus vocales, y tras sus tomas de posesión –para lo que tienen de plazo hasta el 11 de noviembre–, las Cámaras de Comercio vascas celebrarán el día 15 del próximo mes la constitución de sus respectivos plenos. Y serán estos los que de entre sus miembros y en esas mismas sesiones elijan a sus correspondientes presidentes y comités ejecutivos. No obstante, salvo improbables sorpresas de última hora, los nombres de quienes dirigirán los destinos de las instituciones camerales de los tres territorios durante los próximos cuatro años son ya conocidos, puesto que se prevé que solo se presente un candidato a presidir cada una de ellas. Así, mientras habrá relevo al frente de las cámaras de Bilbao y Gipuzkoa, en Álava se da por hecha la continuidad de su actual presidente, Gregorio Rojo. En el caso de la de Bilbao, José Ángel Corres será sustituido por José Ignacio Zudaire, actual responsable de Recursos Humanos de Petronor. En Gipuzkoa, Pedro Esnaola dará paso a Mauricio Arregui, consejero delegado del Grupo Ormak.

El consejo de administración del Servicio Público Vasco de Empleo, Lanbide, acordó en su reunión de ayer un presupuesto de 1.091 millones de euros para el ejercicio 2023, lo que supone un 20,2% más que el del presente año. A propuesta de la presidenta de Lanbide y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, el órgano de dirección decidió este incremento derivado de las previsiones relacionadas con la entrada en vigor de la nueva ley del Sistema de Garantía de Ingresos y por el reforzamiento de los programas de formación y empleo, cuyos detalles se conocerán cuando se remitan al Parlamento vasco, según informó ayer el departamento. Por otra parte, el consejo aprobó el Plan Estratégico 202226, documento en el que se define la misión, visión, objetivos, ejes y líneas estratégicas de Lanbide, y que se articularán a través de 30 proyectos hasta 2026. Para su redacción se realizó un análisis inicial sobre el contexto socioeconómico, así como del marco normativo y estratégico, además de otro más profundo sobre el servicio prestado por Lanbide centrado en sus usuarios potenciales y en la cartera de servicios que debe ofrecer.

Los trabajadores de los centros de la red educativa pública vasca están convocados a dos jornadas de huelga antes de que finalice el año. Los sindicatos Steilas, ELA y LAB harán público esta mañana un llamamiento a secundar un paro en noviembre y otro en diciembre para mostrar su posición contraria a la futura ley de Educación cuyo segundo, y definitivo, borrador está siendo redactado en estos momentos por el Departamento de Educación. La primera de las jornadas de huelga será el 29 de noviembre, y la segunda, el 14 de diciembre. Según ha podido saber este periódico, los paros estarán acompañados de movilizaciones. El mes que viene se invitará a participar, además, en manifestaciones que tendrán carácter territorial. El último mes del año se convocará una gran manifestación en Bilbao en torno a la fecha de huelga, hacia el día 14. La disconformidad de los tres sindicatos con lo que quedará reflejado en la futura norma educativa vasca se ha producido desde el comienzo del proceso de su redacción. De hecho, antes de que se firmara el pacto educativo, en la gestión del borrador del acuerdo firmado por PNV, EH Bildu, La disconformidad de los tres sindicatos ha sido constante durante el proceso de redacción de la ley de Educación. 

Tanto la vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, emplazaron a la patronal a que se sume al acuerdo que el Gobierno cerró el pasado martes con los sindicatos sobre el estatuto de los empleados en prácticas. El objetivo de Díaz es llevar este proyecto al Congreso de los Diputados antes de que acabe el año. De hecho, Díaz dijo que está convencida de que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, comparte con ella la necesidad de erradicar el abuso que muchas empresas están haciendo de este tipo de contrato y de los falsos autónomos. “Estoy convencida de que Garamendi coincide en que hay que erradicar los falsos autónomos, coincide con nosotros en que unas prácticas sin las debidas garantías no son correctas”. El estatuto del trabajador en prácticas restringe notablemente las posibilidades que tienen las empresas de utilizar a esta persona como si fuera un trabajador normal de la plantilla, pero con menos salario, o ninguno, sin otros derechos. Además, las empresas tienen que abonar todos los gastos que tenga el trabajador por su labor ordinaria. Y no pueden cobrarle por su formación en la empresa. En este contexto, Díaz afirmó que “más allá de la decisión final que tome, la patronal nos ha dicho que deben quedar fuera las prácticas profesionalizantes (Sic), y hemos entendido que era correcto. Hablo por ejemplo de los estudios de marina mercante, que tienen sus peculiaridades”. La vicepresidenta añadió que tanto patronales como sindicatos “han dicho con claridad que no se podía sustituir un puesto de trabajo con las mal entendidas prácticas en las empresas”. Pérez Rey se mostró terminante sobre la necesidad de regular el trabajo en prácticas. Así, dijo que “las becas [de formación en las empresas] no han servido nunca para este objetivo entre los jóvenes. Sólo han servido para sustituir trabajo productivo por trabajo precario. Sería un enorme hito en nuestro país” que se regulase esta actividad. Es más, añadió que “se ha acabado la impunidad para las empresas que defrauden con el contrato temporal". 

El departamento de Díaz ha sacado a consulta pública el texto previo del proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social y Solidaria, que pretende aunar y modernizar bajo una sola norma las tres leyes que ahora regulan el sector: la ley de cooperativas, que data de 1999; la de empresas de inserción (2007), y la de economía social (2011). La ley dotará de un marco de contenidos mínimos, común para todo el Estado, en materia de economía social. Esta nueva normativa que tras pasar por consulta pública deberá llegar al Consejo de Ministros y ser remitida al Parlamento para su tramitación durante los próximos meses, tendrá repercusiones legales en la formación, actividad y control de las cooperativas. Concretamente, la futura norma perseguirá convertir esta fórmula empresarial en “entidades de referencia de la economía social”, para lo que Trabajo pretende reformular los “principios y valores” de las cooperativas, “excluyendo de estos principios cualquier uso fraudulento del modelo cooperativo, por lo que se establecerá un marco de certezas para prevenir el intrusismo y la competencia desleal”, indica el texto sometido a consulta pública desde hoy por parte del ministerio de Díaz. En otras palabras, Trabajo pretende reformular los requisitos de estas entidades para evitar, por ejemplo, los casos de empresas que se conforman en cooperativas para, entre otras cosas, obligar a los trabajadores a convertirse en cooperativistas de forma fraudulenta para evitar la relación laboral asalariada. Este ha sido el caso de numerosas investigaciones de la Inspección de Trabajo sobre la industria cárnica, que ha utilizado en reiteradas ocasiones la constitución de cooperativas de trabajo asociado para desarrollar su actividad, lo que ha comportado cuantiosas multas a quienes han incurrido en este tipo de fraudes.

El descenso brusco en el precio del gas natural en los últimos días, que está abriendo una veta de optimismo inesperado a estas alturas del año, tiene muchas raíces. La mayor de todas ellas es el cartel de lleno colgado en los depósitos subterráneos, repletos de cara al invierno o las temperaturas, más benignas de lo habitual en otoño. Pero hay una raíz más: el hundimiento súbito en el consumo convencional de gas, tanto por la cotización disparatada de los últimos meses como por los constantes llamamientos al ahorro y el incipiente enfriamiento de la economía. No hay precedentes de algo similar: el desplome es incluso superior que al de las semanas más duras de la pandemia. La demanda de gas de hogares, industria y empresas en general se hundió un 37% en agosto y un 38% en septiembre frente a la caída del 17% registrada en abril de 2020, con la economía española cerrada por el confinamiento. En lo que va de octubre, el consumo va por los mismos derroteros: cae más de un 33% hasta el miércoles, según los datos móviles del operador del sistema gasista (Enagás). El desplome de los últimos meses está siendo especialmente acusado en el sector secundario, muy sensible a los costes energéticos y donde el brutal aumento de la cotización del gas ha provocado un frenazo en seco en la producción de algunas empresas, incapaces de asumirlo. En septiembre, la demanda en la industria se hundió casi un 41%, con la metalurgia y la siderurgia como sectores más golpeados, y ERTE en gigantes como ArcelorMittal hasta que la tormenta de precios amaine.

España, Francia y Portugal llegaron ayer a un acuerdo para impulsar las interconexiones energéticas de la Península Ibérica con el resto de la Unión Europea (UE). Los tres países pactaron sustituir el proyecto del gasoducto MidCat, por la construcción de un «corredor de energía verde» que unirá Barcelona y Marsella y servirá para transportar gas e hidrógeno. «Este proyecto acelerará las interconexiones, es coherente con la transición verde y hace frente a la demanda de una mayor solidaridad europea ante el chantaje de Putin», aseguró el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a su entrada a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. Antes, se reunió con el presidente galo, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, António Costa, en un encuentro que sirvió para definir el proyecto del hidroducto que conectará Barcelona y Marsella, bautizado como BarMar, y que acaba con la anterior iniciativa para conectar la Ciudad Condal con Livorno (Italia). Se espera que la nueva solución esté plenamente operativa en un plazo de 4 ó 5 años y tendrá un trazado aproximado de 360 kilómetros. El tubo submarino estará preparado para transportar gas e hidrógeno verde, según detalló Sánchez, y se espera que, en paralelo, discurra un cable eléctrico que conecte a España y Portugal con el resto de Europa. Además, los tres países ven prioritario impulsar la conexión con Francia a través del Golfo de Bizkaia. El proyecto tendrá así una longitud total de 400 kilómetros y aumentará la capacidad de intercambio desde 2.800 hasta 5.000 megavatios (MW). Esto, en términos absolutos, mejoraría la interconexión ibérica en un 5%. En un principio, la previsión era que esta infraestructura estuviera lista para 2026 ó 2027, pero el acuerdo de ayer se compromete a acelerar los plazos.

El mercado petrolero parece estar volviendo a una cierta normalidad debido a que la ralentización económica ha lastrado unos precios que, de otra forma, estarían muy tensionados por las sanciones a Rusia y la rebaja del suministro por parte de los grandes exportadores, pero esta situación no se está trasladando al mercado de derivados, especialmente al diésel. De hecho, el precio del gasóleo sigue todavía rozando los máximos históricos a pesar de que el crudo ya ha vuelto a niveles previos a la invasión de Ucrania en los mercados internacionales, y la gasolina también está bastante cerca de estos máximos, si bien los precios se han reducido ligeramente en las últimas semanas. En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, que alcanzaba los 98 dólares antes de que Rusia invadiera Ucrania, se disparó hasta los 137 dólares por barril en marzo para posteriormente estabilizarse en torno a los 110 dólares por barril e ir retrocediendo de forma contundente a partir de junio, conforme los temores a una recesión global se hacían cada vez más justificados. Así, entre junio y septiembre el barril de crudo llegó a caer un 32%, y solo la respuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) pudieron revertir ligeramente esta tendencia. Sin embargo, el gasóleo se ha quedado anclado cerca de los dos euros por litro y la gasolina ha sufrido una rebaja menor.

BBVA e Iberdrola han llegado a un acuerdo para ofrecer a particulares y empresas en España soluciones energéticas sostenibles que les permitan ahorrar en sus facturas y mejorar su eficiencia energética, según informaron ayer ambas compañías. A través de esta alianza, los clientes del banco podrán acceder desde las oficinas de BBVA o desde su aplicación móvil a propuestas de ahorro de energía personalizadas que incluyen, entre otros, soluciones de autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos y medidas de eficiencia energética como la aerotermia. La oferta de estos productos incluirá la tramitación de todas las ayudas públicas existentes, y además la entidad presidida por Carlos Torres ofrece financiación en todas las ofertas de productos sostenibles de Iberdrola. Las empresas y los particulares que estén interesados en contratar productos ‘Smart’ de Iberdrola, podrán hacerlo de principio a fin directamente a través de los canales del banco. Gracias a este acuerdo de colaboración con la compañía dirigida por Ignacio Galán, BBVA ofrecerá inicialmente asesoramiento y diagnóstico personalizado, con un servicio ‘llave en mano’, para la contratación e instalación de ‘Smart Solar’, el producto de autoconsumo de la energética. A esta solución de ahorro energético se irán incorporando posteriormente otras como la aerotermia.

El Banco Central Europeo (BCE) estudia la creación de un nuevo tipo de interés, aparte de los tres grandes lanzados en 1998 cuando echó a andar la autoridad monetaria. Según fuentes conocedoras de la situación, la plantilla del organismo está valorando establecer un mecanismo de control del precio del dinero en los préstamos garantizados a un día (mercado de repos), después de que el exceso de liquidez esté haciendo que los intereses fijados en estas operaciones se alejen mucho de las referencias marcadas. Hasta ahora, la institución con sede en Fráncfort ha fijado el precio del dinero a través de tres referencias: 1. La tasa de depósito (en el 0,75%), es el nivel al que remunera a los bancos la liquidez que dejan en la hucha del banco central. 2. El tipo principal de refinanciación (en el 1,25%) es el interés al que presta liquidez en sus subastas semanales. 3. La tasa de crédito (en el 1,5%) es la rentabilidad que exige a cambio de prestar de forma extraordinaria. El nuevo tipo conviviría con los tres anteriores, y sería inferior a la tasa de depósito.

La primera ministra británica, Liz Truss, presentó ayer la dimisión tras solo 45 días en el cargo, y agravó el caos político que afecta al Reino Unido. La premier de más corta trayectoria en la historia del país, y la cuarta en los seis años transcurridos desde el referéndum del Brexit, anunció que seguirá en el puesto hasta que el Partido Conservador elija al sustituto la semana que viene. “No puedo cumplir el mandato para el que me eligieron. He anunciado al rey mi decisión de dimitir”, declaró. Los tories afrontan la elección rápida de un líder, para que ocupe el cargo el próximo viernes, a pesar de que los laboristas, los liberal-demócratas y los nacionalistas escoceses exigieron nuevas elecciones. Graham Brady, el diputado responsable de convocar las primarias, prometió reglas claras para una decisión en la que participarán los parlamentarios y los afiliados. Solo en el caso de que el grupo parlamentario sea capaz de consensuar un único candidato podrá eludirse la votación entre los militantes. En su mes y medio en el cargo, Truss había logrado tener en su contra a la mayoría de sus diputados —incluso los que la apoyaron en las primarias—, a los mercados, al Banco de Inglaterra y a las principales instituciones económicas del país y a la mayor parte de la opinión pública. El fiasco de la votación del miércoles de una moción laborista sobre la prohibición del fracking derivó en una caótica sesión, en la que algunos diputados acabaron a empujones, lo que terminó de persuadir a Truss de su renuncia.

Tres cosas hay seguras en el turbulento entorno de los conservadores británicos. Nadie desea un adelanto electoral. Si hay que cambiar las reglas para elegir a un sustituto o sustituta de Liz Truss lo más pronto posible, para estabilizar cuanto antes la situación, se cambian. Y tercero: cada vez que Boris Johnson se asoma, está garantizado que va a ser el centro de la conversación. El entorno del ex primer ministro hizo correr la idea, apenas una hora después de la dimisión de su sucesora, de que estaba planteándose volver a ser primer ministro. A fin de cuentas, nadie estaba en mejores condiciones que él para reivindicar la legitimidad del mandato de diciembre de 2019, cuando arrasó en las elecciones generales, han argumentado sus fieles. En los cálculos internos que realizan algunos miembros del partido, Johnson tendría ya asegurado el aval de casi 40 diputados. Pero el Comité 1922, el organismo encargado de organizar las primarias, ha puesto el listón muy alto. Deben ser 100 los parlamentarios que respalden a un candidato para que pueda optar a la contienda. El grupo parlamentario conservador lo componen 357 diputados. Johnson tiene aún muchos partidarios entre las bases del partido, pero muy pocos entre el grupo parlamentario. “Tenemos que recordar que el señor Johnson sigue sometido a una investigación de la Comisión de Ética del Parlamento por haber cometido perjurio en la Cámara. Mientras siga abierta, o hasta que no sea absuelto, no debería ser posible que regresara al Gobierno”. 

El secuestro del recién nacido Aimar en la maternidad de Basurto desencadenó once angustiosas horas para unos padres desesperados. Da vértigo ponerse en el lugar de los padres de Aimar, imaginar esa sensación de vacío y terror al darse cuenta de que una desconocida acababa de llevarse a su hijo recién nacido. El secuestro de un bebé atenta de tal modo contra nuestra humanidad más esencial que, en cierta medida, todos compartimos ayer una parte de esa congoja: primero fueron los propios sanitarios que ayudaron a los progenitores en su frenética búsqueda por el hospital de Basurto; después, por la noche, los policías entregados a un desesperante rastreo de las calles vacías; y ayer, ya por la mañana, todos los vizcaínos que iban enterándose de lo ocurrido y, con el corazón en un puño, escrutaban la foto borrosa de la autora que había difundido la Ertzaintza, con la esperanza de servir de ayuda para enderezar algo tan inconcebible, tan atroz. Cuando se supo que habían encontrado a Aimar sano y salvo, fue como si un enorme suspiro de alivio brotase de Bilbao entero. Esta es la historia de esas once horas de pesadilla, el repaso ordenado a unos hechos que, por mucho que los vayamos conociendo ya con bastante detalle, nos siguen sumiendo en un hondo desconcierto.