20221201

Ante los cinco días de huelga convocados para esta semana por los sindicatos del Metal de Bizkaia, la Confederación Empresarial vasca Confebask pide a las organizaciones sindicales que actúen con responsabilidad y valoren en su justa medida la última oferta de FVEM. Confebask entiende que esa última propuesta de las empresas vizcaínas del metal ofrece una actualización importante del poder adquisitivo para las personas que trabajan en el sector, a pesar de que para las empresas supone un esfuerzo muy relevante en un contexto de importantes aumentos de costes y reducción de márgenes, que ya sitúa a muchas de ellas en una situación comprometida.  Confebask quiere hacer un llamamiento expreso a las organizaciones sindicales convocantes del paro para que reconsideren su actitud y ajusten sus demandas a la realidad económica y del sector. Unas demandas que permitan compatibilizar una actualización de los salarios con el mantenimiento de las empresas y del empleo. Lo contrario perjudica a las personas que dicen defender y a las empresas que crean el empleo. Ver más en Confebask. 

El conflicto del Metal de Bizkaia por la negociación del convenio colectivo se recrudece. Ayer, durante la tercera jornada de huelga de esta ronda –la novena en el año– se registraron enfrentamientos entre piquetes y la Ertzaintza en la localidad de Artea. Los sindicatos CC OO, LAB y UGT, que negocian con una plataforma conjunta en la que no está ELA, se concentraron por la tarde ante Sabin Etxea, la sede del PNV en Bilbao, para denunciar que varios trabajadores habían resultado heridos en los altercados, mientras que el Departamento de Seguridad informó de un agente agredido en el transcurso de la protesta. Según explicaron fuentes de esta área, los incidentes se produjeron a las 8.20 horas de la mañana en el marco de una concentración en la que participaron alrededor de 300 personas. La Ertzaintza indicó que en el momento en que fueron a identificar a varias de ellas, algunos de los concentrados se «echaron encima» de los policías y empezaron a increpar e insultar a los agentes. Los sindicatos discrepan. «Sin que mediara ningún tipo de provocación o acto violento, decidieron cargar contra los huelguistas», denunciaron en la concentración de la tarde, cuando interpelaron al PNV y el PSE por la actuación de la Ertzaintza y exigieron a Urkullu que deje de ser «el lehendakari de la patronal». Mientras tanto, el conflicto encara hoy su cuarto día de huelga y todo apunta a que se completarán las cinco jornadas convocadas en esta ronda. No hay por ahora prevista reunión alguna entre las partes después de la ruptura que se produjo el pasado viernes. Por su parte, Confebask instó a las centrales a reconsiderar la huelga y «actuar con responsabilidad, valorando en su justa medida la última oferta de la FVEM».

«Con el ‘stock’ que tenemos a día de hoy no será posible abastecer a Mercedes». En estos términos Gestamp ha trasladado a la dirección de la planta alavesa que va a tener que interrumpir sus suministros de chapa y otros componentes metálicos para el montaje de furgonetas a partir de hoy. Un efecto de las mermas de producción que está sufriendo la planta vizcaína como consecuencia de las huelgas del Metal y que condenará a la automovilística a nuevas paradas en sus líneas si la huelga no se revierte. «La situación es muy grave ya que nos lleva inevitablemente a parar la actividad de nuestro principal cliente Mercedes Vitoria», se recoge en una comunicación que Gestamp dirigió al comité de empresa y la plantilla de Bizkaia y que fue distribuida a su vez a los trabajadores de la planta automovilística. Aviso a Vitoria, pero también a la central del grupo en Alemania, de que ya no tiene mercancía que entregar. Una interrupción de suministros que, al mismo tiempo, «abre un camino de riesgo e incertidumbre ante nuestro principal cliente en un momento tan importante como este», asume la dirección de Gestamp. Porque la firma vizcaína opta a la adjudicación del nuevo proyecto, vinculado a la plataforma VAN.EA, que meterá a Mercedes-Benz Vitoria en la era de los vehículos totalmente eléctricos. La anterior oleada de huelgas en el Metal de Bizkaia ya arrastró a la empresa de la Avenida de Los Huetos el pasado 29 de octubre, cuando tuvo que parar sus talleres por falta de componentes. 

LAB quiere marcar ya perfil en la próxima negociación del convenio del Metal de Gipuzkoa, el acuerdo sectorial más importante del territorio, que arrancará en enero. De hecho, el sindicato abertzale, el segundo en representación tras ELA, se concentró ayer ante Adegi y entregó a la patronal guipuzcoana la que será su plataforma reivindicativa. La responsable del Metal, Usua Lasa, y el delegado de CAF del sindicato, Aitor Martínez, dieron a conocer los principales puntos de dicha plataforma, que se ha elaborado tras realizar asambleas con delegados y trabajadores del sector. La plataforma incluye la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores con subidas que garanticen el IPC y una reducción de jornada que la fije en 1.592 horas». Asimismo, exige complementar las incapacidades temporales; mejorar la prevención en materia de siniestralidad laboral, así como los permisos y licencias; acotar la disponibilidad de horas; que la aportación a Geroa sea voluntaria; acordar un protocolo contra el acoso sexual y realizar un diagnóstico específico para aumentar la presencia de las mujeres. Usua Lasa criticó la postura de ELA en el anterior convenio «al aprobar de forma unilateral el acuerdo sin contar con la mayoría absoluta».

La inmensa mayoría de los más de 140.000 empleados de las administraciones públicas locales –con la excepción de algunos municipios que la pagarán en diciembre–, autonómica y central en Euskadi, así como los de sus entes y organismos dependientes han recibido en sus nóminas de noviembre el 1,5% de subida adicional acordada por el Gobierno central y los sindicatos CC OO y UGT. Un extra que con carácter retroactivo viene a sumarse al alza salarial del 2% ya aprobada para este año, y con el que se pretende paliar en parte el impacto de una elevada inflación, que en 2021 cerró el año en el 6,5% y en este 2022 se sitúa actualmente en el 6,8%. En total, el salario de los empleados públicos se habrá incrementado un 3,5% este año después de percibir esta paga adicional, que ha supuesto aproximadamente entre 250 y 800 euros, en función del sueldo correspondiente a la categoría laboral de cada empleado.

La nueva ley de la RGI está cada vez más cerca de hacerse realidad después de dar un nuevo paso en el Parlamento Vasco. La Comisión de Trabajo aprobó ayer el dictamen del Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que se espera que entre en vigor en abril. Tras superar este trámite el texto, acordado por el PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, únicamente está pendiente de su aprobación definitiva por parte del pleno de la Cámara, que si no hay novedades tendrá lugar a mediados de este mes de diciembre. La ley, según fuentes del departamento de Trabajo y Empleo, entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Se espera que sea en el mes de abril. La aprobación de este proyecto, que entre otras cosas incluye la rebaja de la edad de acceso a la prestación de los 23 a los 18 años o la ampliación de las cuantías, estaba garantizada desde el principio. A diferencia de lo que ocurrió anteriormente, en esta ocasión los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, suman mayoría parlamentaria. Sin embargo, el grueso del dictamen se ha aprobado con el voto no solo de PNV y PSE-EE, sino también se Elkarrekin Podemos-IU. EH Bildu se abstuvo y PP+Cs votaron en contra. En el nuevo texto se recoge la eliminación del requisito de empadronamiento previo a las personas vulnerables. También se bajará a un año esa condición para las familias con hijos menores a cargo o mayores dependientes o con discapacidad. Asimismo, las cuantías aumentarán, entre otras cosas debido al acuerdo alcanzado por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, en relación al mecanismo de actualización de las mismas dependiendo de la tasa de riesgo de pobreza calculada en la ‘Encuesta de Condiciones de Vida’ del Instituto Nacional de Estadística INE para el conjunto del Estado o la ‘Encuesta Oficial de Pobreza y Desigualdad de Euskadi’. De este modo, la RGI contará con un nuevo indicador que permitirá mejorar las cuantías.

La junta de accionistas de Kutxabank aprobó ayer el nombramiento de Antón Arriola como nuevo presidente de Kutxabank, en sustitución de Gregorio Villalabeitia, que llegó al cargo en noviembre de 2014 y tras la dimisión de Mario Fernández. Arriola, un exdirectivo de Goldman Sachs, ha permanecido trece años apartado de la primera línea en el sector financiero y pertenecía hasta ahora al patronato de BBK, socio mayoritario del banco. La designación de Arriola es fruto de un proceso largamente cocinado, que arrancó cuando Villalabeitia comunicó al consejo del banco su deseo de no optar a un tercer mandato de cuatro años. A partir de ahí una empresa de selección de personal presentó varios candidatos, si bien Arriola, además de su currículum profesional, contaba con un claro respaldo por parte del socio mayoritario, BBK. El Banco Central Europeo aceptó la propuesta tras un proceso de evaluación que ahora es imprescindible para acceder al consejo de administración de un banco de la zona euro, lo que ha conducido hasta el nombramiento formal acordado ayer. El nuevo presidente llega a la entidad financiera con una larga lista de encargos por parte de las tres fundaciones accionistas, con quienes ha mantenido ya varios encuentros desde que se anunció su nominación para el cargo. Uno de ellos será analizar y avanzar en la unificación de las marcas que actualmente usa el banco en su faceta comercial. Y es que además de Kutxabank, el banco aún retiene el uso en lagunas sucursales de las marcas BBK, Kutxa y Vital, heredadas de las antiguas cajas de ahorros. En el momento de la fusión la tres cajas, ahora fundaciones bancarias, acordaron ceder el uso comercial de sus enseñas al banco que estaba a punto de nacer. Ese proceso de unificación de marcas, apuntan en el entorno del banco, puede alcanzar también a Cajasur, filial que tiene su sede en Córdoba y por el momento mantiene una operativa separada. 

El euríbor continuó su tendencia alcista en noviembre hasta cerrar el mes en el 2,83%, un nivel que no se veía desde 2008. Aunque su espectacular escalada se ha ralentizado, el dato contrasta con el 2,6% de agosto y, sobre todo, con el valor negativo, cercano al mínimo histórico, que marcaba hace un año (-0,487%). Para la hipoteca media de Euskadi, de 166.000 euros y una referencia del euríbor más un punto, la cuota mensual se encarece en la revisión anual desde los 590 euros hasta los 860. Es decir, 270 euros. Esta fuerte subida ha frenado en seco el mercado hipotecario vasco, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, el número de hipotecas firmadas en septiembre fue de 2.097, un 1,4% menos que en el mismo mes del año anterior. El descenso contrasta con el aumento del 18% registrado en agosto. En el conjunto nacional se registró un incremento del 4%, si bien se observa también una ralentización. La escalada del euríbor viene impulsada por las subidas aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) a los tipos de interés para frenar la inflación y no hay ninguna duda de que el organismo liderado por Christine Lagarde, volverá a subirlos en diciembre desde el 2% actual, pero sí las hay sobre si la cuantía de este nuevo incremento será de un 0,5% o del 0,75%.

La contratación de hipotecas variables resucita de la mano del desplome del precio medio en esta modalidad y de la subida imparable del coste de los préstamos a tipo fijo. La recuperación se está produciendo a máxima velocidad: en septiembre, el 31,8% de la nueva contratación fue a tipo variable, frente al 28,1% de agosto y el 24,6% de julio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El de septiembre es el porcentaje mensual más alto desde diciembre de 2021, cuando las hipotecas variables ligadas a los movimientos del euribor representaron el 32,3% del total. Es decir, el mercado está en pleno punto de inflexión. Aunque el tipo fijo sigue siendo la elección mayoritaria de quienes compran una vivienda en España, su peso en la contratación total cayó en septiembre por debajo del 70% por primera vez este año, en el 68,2%. Se va alejando del máximo histórico del 75,4% del pasado mes de julio. Para explicar este cambio de tendencia, hay que atender a la evolución de los precios en ambas modalidades de préstamos, que van en dirección totalmente opuesta. A tipo fijo, el grueso de las grandes entidades financieras está elevando los precios por encima ya del nivel del 4% TAE (tasa anual equivalente, que recoge todos los gastos). Porcentajes muy superiores a la horquilla entre el 1% y el 1,5% que se estaban aplicando la pasada primavera, cuando los compradores de casas disfrutaban de los préstamos fijos más baratos de la historia.

La Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) inicia hoy la construcción de un centro logístico en Laguardia desde el que tiene previsto centralizar una gran parte de la distribución de botellas de todo el grupo. El nuevo recinto tendrá una superficie de 9.000 metros cuadrados, deberá estar operativo en el plazo de un año y en la ejecución de la obra se invertirán 4,8 millones de euros. El edificio se emplazará en las inmediaciones de la bodega Viña Real, que el grupo CVNE inauguró en la localidad riojanoalavesa en 2004 y que tiene la singularidad de estar anclada en el Cerro de la Mesa, desde el que brota una enorme tina de 30.000 metros. Aquí se realiza hoy el proceso completo de tratamiento y producción, desde la entrada de la uva hasta la expedición del vino embotellado. Pero ese enclave especial, prácticamente copado por la bodega, impide su expansión. Así que el futuro almacén absorberá el grueso de esta última fase desde el entorno de la carretera N-232a, a escasa distancia, lo que permitirá ganar «un amplio espacio» en bodega. Será una nueva referencia para el polígono Casablanca. El mismo espacio empresarial en el que se espera ese Centro de Inteligencia Artificial promovido por Aeternal Mentis que lleva más de un año de retraso y que empieza a desvanecerse ante el «extraño» silencio de sus promotores, como reconocían recientemente a este periódico desde las instituciones alavesas.

El reto es muy ambicioso y, quizá por eso, se haga necesario lograr el mayor compromiso posible de todas las partes implicadas. Ese es uno de los grandes objetivos del Pacto Social por la Vivienda en Euskadi que 88 instituciones públicas y organizaciones sociales, colectivos profesionales y empresas firmaron ayer en el Palacio Euskalduna. El documento fija los hitos a conseguir hasta 2036 y, entre ellos, el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, destacó el de aumentar el parque de protección oficial en 42.000 inmuebles para llegar hasta los 116.000. También se duplicarán los pisos de alquiler público «asequible» para alcanzar los 50.000, «un 5% de las viviendas principales que hay en Euskadi». Según subrayó el responsable socialista, otra de las obligaciones que se autoimponen los firmantes es acelerar la regeneración de viviendas en Euskadi, que, con 46 años de media, tiene «uno de los parques más viejos del sur de Europa». Por eso se plantea duplicar las rehabilitaciones facilitando recursos públicos para reformar 350.000 inmuebles, uno de cada tres de todos los existentes. Euskadi alcanzará así, afirma Arriola, «los objetivos europeos para 2030 y 2050». Por último, el acuerdo incluye un «indicador orientativo» sobre la vivienda nueva que, en estos tres lustros, debería incrementar su oferta al menos en 42.000 inmuebles. El Pacto Social de la Vivienda en Euskadi se firmó por primera vez en 2010. En el actual están representadas desde organizaciones sociales o cooperativas de viviendas hasta sindicatos, empresas privadas, colegios profesionales, universidades, centros tecnológicos y clústeres, además de Confebask. Entre ellos figuran desde la Asociación de Constructores de Bizkaia, las inmobiliarias, entidades financieras, la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia Fekoor, Cáritas y el Colegio vasco-navarro de Arquitectos.

El absentismo laboral continúa en niveles elevados. Es cierto que el impacto de este fenómeno se ha moderado con respecto al primer trimestre del año, que alcanzó su mayor cota desde la pandemia de coronavirus, pero el dato del segundo trimestre es superior a cualquiera de los registrados en el pasado año. Así, entre abril y junio de este 2022, el absentismo fue el responsable de la pérdida del 6,2% de las horas pactadas, según datos de Randstad Research. En líneas generales, son las regiones del norte donde esta gravedad es mayor, aunque también hay excepciones en el sur. Así, las dos comunidades más afectadas son País Vasco, con un 8,4%; y Canarias y Cantabria, ambas con un 7,3%. Por contra, Madrid, con un 5,3%; Baleares, con un 5,5% y Comunidad Valenciana, con un 5,6%, son las menos afectadas. Más allá de que estén por encima o por debajo de la media del 6,2%, en todas las regiones el fenómeno ha empeorado con respecto al segundo trimestre del año pasado. En cuanto a las ramas de actividad, la afectación es mayor en la de los servicios, con un 6,3%. Le sigue la industria con un 6,2% y a mayor distancia se encuentra la construcción, donde el absentismo sólo provoca la pérdida del 4,7% de las horas pactadas. 

La primera de las dos jornadas de huelga en la enseñanza pública de Euskadi contra el borrador de la ley educativa se dejó sentir ayer en los colegios y en la red de Haurreskolak. Muchas familias se inclinaron por dejar a sus hijos en casa ante la previsión de que faltara un número importante de profesores en las aulas. Otras, en cambio, no tuvieron más remedio que llevarlos por no poder echar mano de aitites o de otros allegados para su cuidado. Como es habitual, los sindicatos y el Gobierno vasco ofrecieron porcentajes dispares. Las centrales convocantes, ELA, LAB y Steilas, aseguraron que el seguimiento fue «alto» y alcanzó el 60%. El Departamento de Educación, en cambio, lo rebajó al 35,2%, según los datos recabados por Inspección en el 92% de los centros públicos de la comunidad. O lo que es lo mismo, al menos 8.700 profesores no acudieron a trabajar. El paro se repetirá el próximo día 14. Ninguna de las partes quiso entrar en una guerra de cifras. Las centrales y el consejero Jokin Bildarratz se limitaron a reafirmar sus posiciones y repetir sus discursos de los últimos días. En la manifestación de Bilbao, la portavoz de ELA, Miren Zubizarreta, se congratuló por el impacto de la huelga. Los representantes de los trabajadores indicaron que la marcha congregó a unas 8.000 personas en defensa a ultranza de la escuela pública como «eje» del sistema educativo vasco. «Ha quedado patente el desacuerdo con el anteproyecto –resumió–. Perpetúa el actual modelo dual y no abre vías para su superación».

La propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ampliar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de las pensiones, con la posibilidad de eliminar las 24 peores mensualidades, ha encontrado por ahora el rechazo frontal de los sindicatos. Los máximos líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, dejaron claro ayer que no se sentarán a negociar la medida si no existen garantías de acuerdo político en el arco parlamentario. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige el ministro José Luis Escrivá, ha vuelto a convocar hoy a patronal y sindicatos para seguir negociando la segunda fase de la reforma de pensiones. Pero, tras la reunión del lunes, el Gobierno lo tiene un poco más difícil para lograr el respaldo de los agentes sociales a la reforma, debido al rechazo frontal que ha despertado la propuesta de Escrivá de ampliar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión con la posibilidad de eliminar las 24 peores mensualidades. De hecho, los máximos líderes de CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez, se apresuraron ayer a negar rotundamente que vayan siquiera a sentarse a negociar esta propuesta con el Gobierno si antes no existen garantías de acuerdo político que permita aprobar esta propuesta en el Parlamento. Y algo parecido indicaron desde el flanco empresarial a pesar de que la patronal nunca ha visto con malos ojos la ampliación del periodo de cómputo de la pensión, una propuesta que llegó a presentar uno de los últimos Gobiernos del PP.

La inflación sigue espoleando con fuerza la recaudación tributaria pese a la ralentización de la economía. Al cierre del mes de octubre, las arcas públicas habían ingresado 223.694 millones de euros, un 16,9% más que en los 10 primeros meses de 2021, según los datos publicados ayer por la Agencia Tributaria. La cifra supone una recaudación extra de 32.300 millones frente al mismo periodo del año anterior, frente a los 20.000 millones de sobrerrecaudación para 2022 que el Ministerio de Hacienda ha estimado oficialmente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. El resultado, especialmente alimentado por el efecto del alza de los precios en la recaudación de IRPF e IVA, permite enjugar con fuerza el déficit público, que se encamina a cerrar el año en tasas inferiores al objetivo que se había marcado el Gobierno. El extraordinario incremento de los ingresos públicos registrados está fuertemente relacionado con el episodio inflacionista que atraviesa el país en el marco de la crisis energética que agravó la invasión de Rusia sobre Ucrania. El Índice de Precios de Consumo (INE) llegó a dispararse al 10,8% en verano, y si bien se ha ido moderando al 7,3% en octubre y el 6,8% en noviembre, según el dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sus efectos sobre la recaudación siguen siendo notables. Así lo viene subrayando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que estima que el 50% de la sobrerrecaudación de este año –esto es 16.000 millones hasta la fecha– son achacables al efecto de la inflación, cifra que se elevaría al 75% en 2023, advierte. En la misma línea, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, expuso esta semana ante el Senado que “el 70% del dinamismo de los ingresos tributarios tiene que ver con la evolución de las bases imponibles nominales, y dos tercios de ese 70% con la inflación”.

La presión fiscal, entendida como el peso que representan los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el producto interior bruto (PIB), creció en España durante 2021 tres veces más que en el promedio de la OCDE. Según los datos dados a conocer ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el aumento de los ingresos tributarios y de las cotizaciones sociales disparó la presión fiscal en España hasta el 38,4% del PIB, 1,7 puntos porcentuales más que el dato registrado un ejercicio antes. Es el triple que la media de la OCDE (0,5 puntos de crecimiento), cuya presión tributaria asciende al 34,1%. Con todo, la OCDE recalca en su informe Revenue Statistics 2022 que el aumento de esta variable no implica necesariamente que se hayan subido los impuestos. De hecho, la subida suele estar asociada a que la recaudación tributaria ha avanzado más que el crecimiento económico. Cabe recordar que en 2021 los ingresos tributarios repuntaron un 15% anual, hasta los 223.000 millones de euros. Con estas cifras, España se situó durante el pasado año como el sexto país del club de los países ricos donde más creció el peso de los impuestos en relación con la riqueza. Noruega y Chile se situaron en cabeza, con sendos aumentos de 3,4 y 2,8 puntos porcentuales, hasta el 42,2% y el 22,2% del PIB, respectivamente. 

Cara y cruz en las estimaciones del Consejo General de Economistas (CGE) sobre la evolución de la economía española. La entidad actualizó ayer las previsiones macroeconómicas de su Observatorio Financiero, en el que aumentó en tres décimas su estimación de crecimiento del PIB de España para 2022, hasta el 4,1%, pero redujo en una décima la de 2023, situándola en el 0,8%. Para explicar la mejora en la estimación de 2022 el CGE alude al incremento del PIB en el segundo trimestre del año (+1,5%) por encima de lo previsto y la leve subida del 0,2% en el tercero; y “el comportamiento positivo de la inflación en los últimos meses”, por debajo de lo esperado (6,8% para noviembre según el dato de IPC avanzado por el INE), lejos del 10,8% registrado en julio. Además, destaca también que el consumo “aún no se ha visto fuertemente afectado por esta contracción del poder adquisitivo” gracias al ahorro embalsado durante la pandemia y a las ayudas aplicadas para minorar la subida de los precios y de los tipos de interés. Otros factores positivos son el “buen comportamiento” del empleo, que incentiva la demanda interna; y las exportaciones, sobre las que el CGE resalta que “tampoco se están viendo perjudicadas a pesar de que nuestro principal mercado es Europa que, por otra parte, ya se está viendo afectado por la contracción de la economía”. En cuanto a la rebaja de la estimación de 2023 en una décima, hasta el 0,8%, el CGE apunta a “una contracción de la demanda interna y de las exportaciones, sobre todo en el primer trimestre”, pese a que espera un aumento del consumo público. 

Aunque en julio se alcanzó el pico anual del IPC en el 10,8%, la inflación lleva desde agosto moderándose. Son niveles que no se observaban desde hacía décadas, sin embargo, el presidente del Consejo Económico Social (CES), Antón Costas, afirmó ayer durante la jornada de Perspectivas de la economía española, organizada por el propio CES, que lo peor de la inflación puede haber pasado. La moderación de los precios de la energía y las medidas promovidas para aplacar los encarecimientos de precios hacen pensar a Costas que la inflación ha tocado techo. Pese al optimismo con respecto a la inflación general, Costas recordó que la subyacente, aquella que no incluye los productos más afectados por la volatilidad de precios, sigue escalando, lo que se puede traducir en pérdidas de poder adquisitivo de los ciudadanos. Pérdidas económicas que se representan en los bolsillos españoles. El consejero y presidente de la comisión de trabajo de la memoria anual del CES, Raymond Torres, afirmó que, merced a la subida del IPC, los españoles son más pobres: “La renta disponible ha aumentado un 3,5%, pero la inflación ha subido en torno al 8%. Lo que nos deja una pérdida de riqueza de la ciudadanía del 4%”.

Los productos típicos de una cesta navideña han subido en conjunto un 12,45%, aunque podrían encarecerse hasta un 10% más en la recta final antes de las fechas clave de las fiestas. El Mundo ha hecho una selección de varios productos habituales en estas comidas, como cordero, mariscos, ahumados, vinos, espumosos, dulces navideños, frutas frescas y quesos. Todos estos productos se han encarecido en el último año, según el último dato disponible del INE (octubre), y en conjunto lo hacen un 12,45%. El IPC de alimentación ese mes era del 15,8%. La carne de vacuno, por ejemplo, sube casi un 15%; la de ave lo hace un 18%, la de ovino (cordero) se encarece casi un 10% y el marisco tiene un alza del 9%. Los quesos crecen un 18% y los ahumados, un 13%. En la cesta se han incluido también otros de uso habitual, como el aceite (un 15,7% más caro), las legumbres y hortalizas (un 25%) y las frutas frescas, por las que pagamos un 13% más. En cuanto a los postres, los chocolates crecen un 5,6% y los productos de confitería (aquí se incluyen los turrones y mazapanes), un 9,5%. Las bebidas espirituosas son las que menos suben y aún así lo hacen un 4,6%. No hay ningún producto que sea más barato que hace un año. Estos son los precios de octubre, aunque las compras para las fiestas suelen concentrarse en las dos semanas previas a Nochebuena y Nochevieja. Ya el año pasado OCU detectó un incremento del 10% de media en la cesta de la compra para los menús navideños en esas fechas con respecto a finales de noviembre.

La Reserva Federal está lista para frenar el ritmo de subida de los tipos de interés en su lucha contra la inflación. Su presidente, Jerome Powell, señaló ayer en una conferencia en Washington que la moderación “podría llegar tan pronto como en la reunión de diciembre”. Tras cuatro subidas consecutivas de 0,75 puntos en los tipos de interés, esas palabras dan a entender que la próxima alza será de 0,50 puntos porcentuales. Wall Street reaccionó con repuntes cercanos al 2% en el S&P 500. “Los efectos plenos de un endurecimiento rápido hasta ahora aún no se han dejado sentir, por lo que tiene sentido moderar el ritmo de nuestras subidas de tipos a medida que nos acercamos al nivel de restricción que será suficiente para bajar la inflación. El momento de moderar el ritmo de las subidas de tipos podría llegar tan pronto como en la reunión de diciembre”, dijo. Según Powell, eso es menos importante que cuánto más tendrán que subir los tipos y el tiempo que será necesario mantenerlos altos. “La historia desaconseja una relajación prematura de la política monetaria. Mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté hecho”, concluyó.

Ha sido ya bautizada como la 'gran disrupción' en diciembre y será lo más parecido a una huelga general en Reino Unido. El gobierno británico movilizará al ejército para hacer frente a la sucesión de huelgas. Es un reflejo del creciente malestar social y económico. 

En plena crisis económica, remontando a duras penas los estragos de la pandemia y con una guerra enquistada a las puertas de Europa, da la impresión de que el español medio no se siente perdido. Más bien todo lo contrario: se ha reforzado la confianza en la Policía y el Ejército –una tendencia ascendente en los últimos años– así como en la sanidad pública, sometida a un desgaste brutal por la irrupción del covid-19, que lidera el ránking de credibilidad. Por contra, las entidades que merecen menos respeto son la Iglesia católica, el Gobierno nacional, los sindicatos, las redes sociales, los bancos y los partidos políticos. Es lo que se desprende del estudio de opinión pública ‘Confianza en la Sociedad Española’, que ha llevado a cabo la Fundación BBVA tras realizar una encuesta telefónica a 4.000 personas en los pasados meses de septiembre y octubre. En el apartado de colectivos profesionales que gozan de más prestigio social, también resulta revelador que ocupen un lugar preeminente los que se asocian al progreso y la cultura: científicos, médicos y maestros encabezan la lista, los empresarios inmediatamente después, mientras que los sacerdotes, políticos, influencers y youtubers se encuentran a la cola.