20230615

Las empresas, las universidades, las fundaciones, los centros de formación profesional y toda la comunidad educativa del sector se han levantado contra el acuerdo que el Gobierno y los sindicatos han alcanzado sobre el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, también conocido como el estatuto del becario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firma hoy el acuerdo con CCOO y UGT. Al final, las patronales CEOE y Cepyme decidieron no participar, porque no están de acuerdo con el contenido del documento y con el momento elegido por el Gobierno para promover una norma en forma de real decreto ley. Es decir, antes de las elecciones generales del 23 de julio y con Las Cortes disueltas. El origen de este profundo descontento tiene, básicamente, dos razones: el primero es que las restricciones y la burocracia que introducen el texto para intentar combatir el fraude en el empleo de estas personas maniata a las empresas, las universidades y los centros de formación. Y en segundo lugar, el sector privado se queja de que el Gobierno no ha contado con ellos para elaborar la norma. “Por supuesto que todos queremos luchar contra el fraude [en las prácticas], pero no se combate estableciendo un marco restrictivo, sino con una regulación clara y precisa. Y además consultando a la comunidad educativa. No tiene nada que ver la formación de prácticas académica con la que no tiene carácter laboral [que es el título de la norma pactada entre el Gobierno y los sindicatos]”, dice Carmen Palomino, portavoz de la red de fundaciones Universidad-Empresa. El estatuto del becario regula distintos tipos de formación: la formación práctica con tutoría en empresas y organismo vinculada a la formación profesional o las enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo; y también las prácticas no laborales vinculadas al sistema nacional de empleo. Además, en la norma se regulan las prácticas curriculares, así como las extracurriculares. Estas últimas son las que no forman parte del correspondiente plan de estudios, descrito en la carrera, pero se relacionan con los mismos, para poder aplicar en la empresa o el centro administrativo la formación teórica adquirida. En este punto, por iniciativa de los sindicatos, la norma introduce limitaciones de horarios de prácticas laborales en la empresa y en los centros que colaboren, incluyendo la administración, que el trabajador no puede superar.

Las compañías estarán obligadas a abonar los gastos incurridos por los becarios. El Ministerio de Trabajo presenta este jueves el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido comunmente como el estatuto del becario, el texto que ha pactado con los sindicatos –con patronal y universidades en contra– para atajar los abusos de los estudiantes en prácticas. Estas son algunas de las principales claves del acuerdo. Horas de prácticas: depende del tipo de prácticas. Las curriculares, que son las desarrolladas durante los estudios oficiales de grado, máster universitario o doctorado, no pueden superar el 25% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación. Relación laboral: no, pero el texto introduce un matiz que muchas empresas deben tener en cuenta: “Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”. Número de becarios: no pueden ser más del 20% de la plantilla total del centro de trabajo. Hay una salvaguarda para que las empresas pequeñas puedan emplear becarios igualmente: “Cualquier empresa podrá concertar formación práctica con dos personas, con independencia del número de personas de plantilla”. Además, el tutor asignado en la compañía no puede tener más de cinco personas a su cargo. Si el centro de trabajo es de menos de 30 personas, solo podrá tutorizar a tres estudiantes. Salario: el Estatuto no obliga a las empresas a asignar un salario. Gastos: el documento obliga a las empresas a abonar los gastos en los que incurran los becarios, “por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”. Esto incumbe tanto a empresas públicas como privadas. Este punto es uno de los que más rechazo despierta entre empresarios y universidades.

Matemáticos, ingenieros o químicos son los perfiles que busca ahora la banca para dar respuesta al reto de la nueva digitalización. En los últimos 15 años las actividades financieras y los seguros recortaron sus trabajadores en Euskadi un 30%, un adelgazamiento de plantillas nada desdeñable de 5.800 personas. La dinámica, recogida en los datos de afiliación a la Seguridad Social, marca ahora un punto de inflexión gracias al empuje de los beneficios en la banca y a la necesidad de modificar el negocio que se traducirá, según confirman las entidades, en medio millar de contrataciones en Euskadi en este 2023. Kutxabank, con una previsión de un centenar de incorporaciones, lidera la tendencia junto al BBVA, que sigue con el despliegue de sus oficinas Next en la Torre Bizkaia con el fichaje de 110 personas centradas en la gestión del ‘big data’ y la aplicación de las nuevas tecnologías. Este cambio de tendencia se dejó notar ya en lo laboral el año pasado con un frenazo en la reducción paulatina de plantillas que ahora da un paso más y registra por primera vez saldos positivos. Es la consecuencia de las inversiones para adaptar el negocio a una realidad más digital y menos presencial, junto al relevo de las jubilaciones. Más que la red comercial, los refuerzos están centrados en perfiles de gestión de datos, análisis, estadística e inteligencia artificial. Es precisamente el cometido de las oficinas que BBVA impulsa en Bilbao y que dan servicio a toda la entidad desde la Torre Bizkaia. En total se contempla llegar a 200 trabajadores –la cifra está ya en 140 empleados–. Además, reforzarán sus oficinas vascas con otras 50 personas. Kutxabank contempla un centenar de incorporaciones a lo largo del presente ejercicio. Ya en el primer trimestre ha registrado un incremento de trabajadores de 20 personas. Su plantilla total es de 5.300.

La entidad surgida de las antiguas cajas de ahorro de Euskadi ha superado los 24.432 millones de patrimonio de clientes gestionado en fondos de inversión. A falta de la remuneración de los depósitos, la canalización del ahorro hacia estas figuras convirtió a Kutxabank en la segunda entidad española en captar inversión. En total, hasta mayo, fueron 1.800 millones que han permitido a la entidad presidida por Antón Arriola batir un récord en la gestión de estos recursos que no operan en el balance. Estas últimas dotaciones son inversiones en renta fija y variable que buscan generar un impacto medioambiental y social con encaje en alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tras un 2022 malo para la rentabilidad, los cinco primeros meses de este año, gracias a la subida de los tipos de interés, han permitido recuperar las pérdidas.

La compañía alavesa Aernnova diseñará y fabricará partes de un nuevo avión que quiere lanzar al mercado la compañía japonesa Honda. Espera iniciar la comercialización de la aeronave a partir de 2028, cuando haya finalizado todo el proceso de homologación. Se trata de un avión de pequeñas dimensiones, tipo ejecutivo, con capacidad para transportar un máximo de diez pasajeros y con una autonomía suficiente para recorrer casis 5.000 kilómetros de distancia. Aernnova ha anunciado este acuerdo tras la decisión de Honda de dar un paso más en el proceso, que ya había iniciado hace tiempo con esta aeronave. Hasta ahora se había desarrollado en modo ‘concepto’. La firma vasca será la responsable del diseño y posterior fabricación de los flaps, alerones y spoilers y la fabricación del empenaje –el conjunto de elementos que forman parte de la cola– del nuevo avión ligero de HondaJet 2600. La firma japonesa ha mostrado su deseo de tener preparado el primer prototipo para 2028 con el objetivo de obtener la certificación de las autoridades aéreas que le permita su comercialización. El consejero delegado de Aernnova, Ricardo Chocarro, ha señalado el orgullo de la compañía vasca por asociarse con Honda Aircraft Company «en este apasionante proyecto de un business jet al que aportaremos nuestra experiencia y conocimientos tanto en el diseño como en la fabricación de aeroestructuras complejas». El HondaJet 2600 tendrá capacidad para transportar a la tripulación, 10 pasajeros y un asistente de cabina. Será capaz de realizar vuelos de algo más de 4.800 kilómetros con motores Williams FJ44-4C, a una velocidad de 834 kilómetros por hora. 

El lehendakari inauguró ayer en Bergara una nueva planta de montaje de la cooperativa de máquina-herramienta Soraluce, del Grupo Mondragon, que se extiende a través de 2.530 metros cuadrados, lo que eleva la superficie fabril total de la empresa a 30.000 metros cuadrados. Para acometer esta inversión, Soraluce ha contado con el apoyo del Gobierno Vasco, a través del programa de ayudas Bilakatu y gracias a sendos convenios firmados con el ayuntamiento de Bergara en los años 2019 y 2021. Iñigo Urkullu puso en valor la apuesta, y destacó que «realizar inversiones cuando la situación es estable y el negocio avanza puede, incluso, parecer contraproducente». «¿Para qué tocar lo que funciona bien?», se preguntó para destacar que «hacer una inversión supone ser inconformista, valiente, perseverante. Una apuesta y un riesgo». El acto supuso el broche de oro al Soraluce Summit 2023, una reunión de varios días en los que la compañía ha expuesto su potencia de tiro y sus capacidades, apoyadas en la innovación, la especialización, el crecimiento, la sostenibilidad y el aprendizaje obtenido a través una experiencia en el sector de más de 60 años. Esta apuesta se enmarca en el intenso plan de inversiones de Danobat Group, valorado en 35 millones de euros, dedicado a la ampliación y modernización de las instalaciones de Danobat, en Elgoibar; Goimek, en Itziar, y la citada Soraluce, en Bergara. Esta última, líder mundial en tecnología de fresado, mandrinado y multifunción, ha invertido más de 15 millones de euros para consolidar toda su actividad en el área de Osintxu y Mekolalde.

La firma guipuzcoana Wavegarden construirá el parque de olas más grande de Europa en Madrid que se ubicará en los alrededores del estadio del Atlético de Madrid, el Civitas Metropolitano. Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio que impulsa este club de fútbol para construir una Ciudad del Deporte en la capital española, según ha informado hoy la empresa con sede en Donostia. Este proyecto representa un “hito” para Wavegarden porque, tal y como afirma, “convertirá a Madrid en un destino de surf de clase mundial” con una playa artificial y un parque de olas que, destaca, incorpora un sistema de generación que es “el más eficiente del mercado”. Cualquier persona podrá utilizar estas instalaciones que están diseñadas tanto para los profanos de este deporte como para los profesionales. Ver más vía Confebask Empresa Vasca, Creando Valor. 

 Todo se decide en las 36 horas desde ayer noche y hasta el mediodía de mañana: o pacto o huelgas continuas y conflicto total en Michelin Vitoria. Ya se han emitido los primeros votos en el referéndum para aceptar o rechazar la oferta de la compañía realizada el martes. No obstante, las centrales convocantes de las huelgas de la semana pasada –ELA, LAB, ESK y CGT– ya han comunicado que no se sentirán vinculadas al resultado y que su respuesta es ‘no’ a la propuesta. Queda saber qué opinará el conjunto de los trabajadores. La oferta con la que acudió la empresa el martes a los sindicatos se puede votar desde anoche y hasta las 13.00 horas de mañana viernes. Sobre la mesa, tres mejoras fundamentalmente: una paga de 1.500 euros no consolidable por firmar el convenio, la eliminación el Team Building y la desvinculación del índice ROS de las subidas salariales extra que ofrece la empresa en caso de una inflación desbocada. Michelin planteaba hasta ahora un incremento en las nóminas del 12% a lo largo de cuatro años. Como garantía salarial, la empresa se abría a subir un 2% más en cada bienio si la inflación superaba los incrementos pactados: un 8% entre 2023 y 2024 y un 4% entre 2025 y 2026. Sin embargo, esa subida no estaba sólo condicionada por el IPC; tenía que darse también que ese índice ROS, los resultados de la empresa, permitiesen esos aumentos en las nóminas de sus empleados. Ahora, en cambio, ya no es así, pero la empresa dio un plazo para responder a esta última oferta presentada el martes en Burgos: 72 horas. De ahí que apenas 24 horas después de que se diesen por cerradas las negociaciones entre Michelin y la parte social ya se pueda votar la propuesta.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social y candidata a la presidencia del Gobierno de Sumar, Yolanda Díaz, avanzó ayer durante su intervención en el 45 aniversario del diario CincoDías las grandes líneas tributarias que defenderá su formación ante las próximas elecciones generales del 23J. En concreto, anunció una reforma en profundidad del impuesto de sociedades, “para que las grandes empresas aporten más y las pequeñas mucho menos”. Pero, además, defendió “un debate sereno” para hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, diseñado como un tributo temporal por el actual Gobierno. “Esto no va de subir o bajar impuestos, sino de quién paga impuestos”, dijo Díaz, quien aseguró que la economía española necesita una “reforma fiscal estructural” porque cuenta con figuras tributarias “que no reflejan la realidad social ni económica” y añadió que deberán implementarse los cambios necesarios para “cerrar la brecha de ingresos del PIB” que mantiene con la media de la Unión Europea. “Hay injusticia fiscal, es real y hay un mandato constitucional para hacerlo”, insistió. En definitiva, Díaz explicó que actualmente una pequeña empresa tributa un 17,5% mientras una gran corporación lo hace al 3,8%, por lo que la reforma fiscal que impulsará su formación se basa en el precepto de “quien más tiene, más debe contribuir al país”. En este sentido, también defendió la necesidad de “aumentar la progresividad del IRPF, porque el 85% de su recaudación viene de las rentas salariales y esto no es justo en términos democráticos”.

El consejero delegado de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle, criticó ayer al actual Ejecutivo por las alzas de impuestos a las grandes compañías, que en los últimos meses se ha traducido en un impuesto extraordinario al sector, y reclamó un marco regulatorio estable que culmine en un consenso entre los políticos y los empresarios para establecer una normativa que permita invertir y abaratar el precio de la luz. Ruiz-Tagle intervino este miércoles en la última jornada del foro del 45 aniversario de CincoDías. Lo hizo justo después que la vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata a las próximas elecciones por la coalición Sumar, Yolanda Díaz, quien en su intervención presentó las líneas maestras de su programa económico. Díaz reclamó, entre otras medidas, un alza en el impuesto de sociedades para las grandes empresas, que dijo que pagan un tipo efectivo del 3,8%. El CEO de Iberdrola en España no dudó en recoger el guante de la vicepresidenta apenas unos minutos después. “Pagamos más impuestos que el beneficio que tenemos. Las energéticas no solo pagamos impuestos sociales, pagamos también muchísimos otros. Tenemos que tener cuidado con convertir la transición energética en una caja recaudadora”, defendió. En sus palabras, modificaciones no solo en el sistema retributivo o en la regulación, sino también en el asunto fiscal supondrían un incremento de la incertidumbre, el riesgo y, a la postre, en el precio final a los consumidores. En este sentido, Ruiz-Tagle reclamó a la vicepresidenta, quien había pedido diálogo a las empresas, un pacto para que los proyectos energéticos que se firman hoy tengan un marco regulatorio estable durante los siguientes “20, 10 o 5 años”. “Nuestro sector supone unas inversiones muy altas, por lo que necesitamos unos costes laminados”, dijo. Este ejecutivo puso como ejemplo el caso de Portugal, donde afirma que existe el marco regulatorio para hacer inversiones. “España tiene las condiciones para hacerlo”, aseguró.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, hizo ayer una encendida defensa de una transición energética moderada, ajena a ideologías y revoluciones, y que defienda el tejido industrial y su capacidad para crear empleo de calidad. “Necesitamos transición y no revolución energética. Si hacemos una revolución energética, nos vamos a equivocar de cuajo, la energía no puede estar sujeta a la política climática, como tampoco la agricultura o los transportes”, defendió en su intervención en el foro por el 45 aniversario de CincoDías. Imaz, que recordó la intensidad del debate sobre la energía nuclear que existía en 1978, insistió en que el avance de las energías renovables está siendo pausado y defendió de forma rotunda la conveniencia de no acelerarlo a costa del petróleo. Imaz auguró que “es posible que se alcance el pico en la demanda de petróleo entre 2030 y 2040, pero el mundo va a seguir necesitando mucho petróleo en 2050″, también en un mundo descarbonizado, pero en el que los derivados del crudo son un componente esencial en la fabricación de materiales ligeros, como los que se emplean en la industria sanitaria, los materiales para las carrocerías de los coches o los aislantes para los edificios. Según explicó, en la actualidad, la energía renovable tiene apenas un peso del 11,7% sobre el total de la demanda, frente al 8,2% de 2010. En su opinión, la descarbonización que se asocia al impulso de las energías renovables ha de ser “un componente más” y defendió que debe ponerse en pie de igualdad en ese proceso la seguridad del suministro.

La frenética carrera en la que se han enzarzado Iberdrola y Cepsa esta semana, presentando faraónicos proyectos y acuerdos internacionales para convertir a España en una potencia mundial de la producción de hidrógeno y sus derivados (amoniaco y metanol), no es casual. En juego hay cientos de millones de euros en subvenciones pendientes de conceder procedentes de los fondos europeos. Las tiene que administrar el actual Gobierno de Pedro Sánchez o el próximo Gobierno que salga de las elecciones generales del 23 de julio. Iberdrola anunció el pasado martes un proyecto para construir en Huelva una planta de fabricación de amoniaco con un presupuesto de 750 millones de euros. Cepsa respondió ayer con otro plan para montar una fábrica para producir el mismo compuesto en Cádiz, con un presupuesto de mil millones de euros. Iberdrola explicó abiertamente que su planta, que considera “la primera al Sur de Europa” porque estaría operativa en 2026, “será viable “gracias a los fondos europeos”. Tendrá 100.000 toneladas al año de producción, explicó Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. 

El hidrógeno verde, un vector energético llamado a desempeñar un papel clave en la descarbonización, sigue sumando inversiones millonarias. La segunda petrolera de España, Cepsa, anunció ayer la construcción de la mayor planta de amoniaco verde de Europa en San Roque (Cádiz), con un desembolso de 1.000 millones de euros que forma parte de los 3.000 anunciados a finales del año pasado. Según las proyecciones de la empresa, en 2027, cuando está prevista su entrada en funcionamiento, tendrá una capacidad de producción de 750.000 toneladas anuales que pondrán rumbo al centro y al norte de Europa para reemplazar a los combustibles fósiles en la industria y como carburantes de los grandes buques cargueros. El amoniaco es la forma más sencilla de transportar el hidrógeno a gran distancia. El primer corredor marítimo europeo de hidrógeno verde empieza a salir de la esfera de las hojas de cálculo para entrar, poco a poco, en el terreno de lo tangible. Cepsa escenificó ayer por todo lo alto la futura puesta en marcha del enlace entre Algeciras y Róterdam, que permitirá llevar este vector energético desde la futura planta gaditana –que, según la compañía creará hasta 3.300 empleos entre directos, indirectos e inducidos– a uno de los principales polos de distribución y consumo de energía de Europa. Al acto asistieron el rey de España, Felipe VI, y el de Países Bajos, Guillermo Alejandro, una presencia que la empresa ve como un espaldarazo a las interconexiones europeas “como vía para acelerar la transición y asegurar la autonomía de suministro” en el Viejo Continente. 

Los planes de Cepsa, Iberdrola y Repsol para liderar la batalla europea del hidrógeno verde avanzan al margen de los del Gobierno. Las mayores energéticas del país han acelerado en los últimos días sus alianzas con las autoridades neerlandesas y socios estratégicos para blindar sus propios corredores marítimos del gas renovable, proyectando un entramado de rutas comerciales por barco con destino a Países Bajos completamente independientes a la gran apuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el H2MED, una megainfraestructura submarina para llevar el biocombustible de Barcelona a Marsella. Cepsa prevé exportar hidrógeno diluido en amoniaco en barcos que partirán de Huelva y de Algeciras (Cádiz) con destino a Róterdam. El puerto onubense también es punto de partida en los planes de Iberdrola. Repsol prevé que los buques partan desde Bilbao y amarren en Ámsterdam. Ayer mismo, Cepsa anunció una alianza con la noruega Yara Clean Ammonia para que le suministre amoniaco verde mientras la empresa española arranca su propia planta de producción en la refinería de San Roque, una iniciativa cuya inversión estimada ronda los 1.000 millones. En el marco de este anuncio, el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, afirmó que estas rutas marítimas hacia el puerto neerlandés son compatibles con la conexión submarina del Gobierno. No obstante, matizó que es «muy difícil» concretar los plazos en los que estará operativo el corredor con Marsella que el Gobierno está diseñando de la mano de la empresa semipública Enagás. Aunque se prevé que España produzca hidrógeno de sobra para llenar tanto los barcos como el tubo submarino por el que apuesta el Ejecutivo, las estrategias que han puesto en marcha las energéticas están proyectadas para funcionar a pleno rendimiento con o sin ayuda de la conexión con Marsella. Incluso, cuando es sabido que el transporte por barco encarecerá sustancialmente su producto.

El mundo se aproxima a un nuevo cambio de ciclo en el que el crudo empezará a entrar en declive dando paso a las fuentes de energía renovables. Este es el pronóstico de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe Petróleo 2023. Análisis y previsiones hasta 2028, en el que sostiene que la demanda de petróleo se desacelerará con fuerza en los próximos años y tocará techo antes de final de la década, algo que se debe en buena medida a que la transición energética y la implantación del coche eléctrico se ha acelerado en el último año tras el estallido de la guerra en Ucrania. “El crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desacelerará casi hasta detenerse en los próximos años”, afirma la agencia en su informe de previsiones a medio plazo para el mercado petrolero, debido que los elevados precios del crudo y las preocupaciones sobre la seguridad del suministro han acelerado el cambio hacia otras fuentes de energía. Esto hará que el consumo de petróleo como combustible para transporte comience a caer a partir de 2026, a medida que el mayor peso de vehículos eléctricos frente a los de combustión, el mayor uso de los biocombustibles y la mejora de la economía de combustible reduzcan la demanda. Sin embargo, la creciente demanda de petróleo en la industria química y para el transporte naval y aéreo hará que la demanda global se mantenga al alza durante unos años más, aunque tocará techo antes del final de la década.

Tras meses de rumores y de presiones, la margarita de Horse –la división de motores de combustión e híbridos del grupo Renault– se deshojó ayer con la confirmación de que la sede social de esta empresa se instalará en Madrid, una decisión que no lleva aparejado ningún plan industrial. Coincidiendo con esta apuesta del consorcio francés, el Gobierno ha lanzado a información pública un real decreto que busca regular la concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos innovadores de modelos, sistemas y componentes de vehículos híbridos y de hidrógeno. España estaba muy bien posicionada para albergar la sede social de Horse, como explicó el pasado 15 de mayo en una entrevista el director de Estrategia del Grupo Renault, el español Josep María Recasens, que indicó que España tenía “los ingredientes y las condiciones óptimas” para ello, aunque avisó de que el país competía con Rumanía. No obstante, hace unas semanas saltaron las alarmas en el entorno español porque Rumanía había adelantado a España en la carrera por hacerse con la sede social de Horse, debido al posicionamiento enérgico de su Gobierno en contra de la normativa Euro 7, frente a la postura tibia del Ejecutivo español. España es un hub para el consorcio en hibridación, con las recientes adjudicaciones de modelos a sus factorías de Valladolid y Palencia, que esperan también recibir en el futuro nuevos vehículos eléctricos, tras la primera oleada de eléctricos que ha recaído principalmente en las factorías francesas y ante la perspectiva para 2035 de que no se pondrán vender coches con motores de combustión (incluidos híbridos) en la UE.

De no haber más cambios en las próximas semanas, el Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC) repartirá unos 1.409,66 millones entre préstamos y subvenciones a la industria del automóvil, según un documento presentado ayer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al sector del motor, al que ha tenido acceso este periódico. Si se confirma, el Gobierno se habrá dejado por el camino unos 772,54 millones de los 2.182,2 millones que quedaron sin cubrir de la primera convocatoria del Perte VEC el año pasado. Según explicó Industria al sector, el programa (como ya se sabía) tendrá dos líneas: la primera de ellas destinada exclusivamente a proyectos de baterías que, tal y como aprobó Bruselas el mes pasado, contará con 837 millones de euros, aunque el Ejecutivo confía en que finalmente puedan ser 850 millones, gracias a unas modificaciones presupuestarias en tramitación. De estos, 550 millones serán subvenciones y los 300 millones restantes préstamos. Por su parte, la línea destinada a otro tipo de proyectos industriales relacionados con el vehículo eléctrico, contará con unos 559,6 millones, en caso de que se consigan llevar a cabo unas modificaciones presupuestarias. Esta es la línea sobre la que hay menos certezas hasta el momento, ya que el Ejecutivo todavía está pendiente de conseguir el visto bueno definitivo de la Comisión Europea. Hasta ahora, fuentes del sector consultadas por este periódico apuntaban a que tendría una dotación muy superior, unos 1.400 millones. Esa cantidad, sumada a la parte de baterías, hubiese servido para cubrir todo el dinero que quedó sin repartir en 2022, pero finalmente la cifra será mucho menor.

El Parlamento Europeo aprobó ayer por amplia mayoría su posición final sobre la Ley de Inteligencia Artificial (IA), con lo que se abre la puerta a que comiencen de inmediato las discusiones con los Estados de la UE y la Comisión, los denominados trílogos. El objetivo es culminar las negociaciones durante la presidencia española de la UE, que ya ha declarado este reglamento una de sus prioridades. Todo ello para que, como tarde en 2026, pero quizás aún antes, Europa se convierta en la primera región del mundo que cuente con normas en vigor que regulen una tecnología en rápida evolución y que promete tanto como asusta por sus posibilidades infinitas de cambiar la sociedad. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, celebró de inmediato una votación cómoda —499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones— que convierte a la Eurocámara, recordó, en “el primer parlamento del mundo que vota una regulación integral de la IA”. “La IA forma ya parte de manera significativa de nuestras vidas y ha provocado una serie de dudas en materia de ética, escrutinio, innovación y la necesidad de dar con el marco regulador correcto”, recordó por su parte la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, al celebrar el avance logrado con la votación de la posición parlamentaria, con la que “Europa toma la iniciativa y lo hace a nuestra manera, de forma responsable”.

“Habrá más subidas este año, pero dada la velocidad con la que hemos endurecido la política monetaria hasta ahora, hemos considerado mantenerlos como están en esta reunión”. Con estas palabras explicó ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la decisión que el consejo del banco central estadounidense adoptó ayer. Powell quiso dejar claro que el hecho de tomarse un respiro no significa que la escalada de tipos haya terminado. De hecho, las previsiones que maneja el organismo han empeorado respecto a la hoja de ruta que se vislumbraba en marzo. La mitad del consejo de la Fed está convencido de que será necesario llevar los tipos de interés hasta la franja comprendida entre el 5,5% y el 5,75%, frente a la actual, situada entre el 5% y el 5,25%. Eso significa al menos dos subidas más de un cuarto de punto cada una en lo que queda de año, teniendo en cuenta el ritmo que se ha fijado la Fed en sus últimas reuniones. Quedaría la opción de materializar la subida a finales de julio con un incremento de medio punto, pero los analistas descartan esta opción. Powell no dio más pistas ayer, salvo que habló en plural al mencionar “futuras subidas”. Aunque la voz dominante en el seno del consejo se inclina por llevar los tipos hasta el 5,75% este año, Powell también insistió ayer en que “no hay ninguna decisión tomada” y que se trata de una previsión con las estadísticas actuales en la mano.

Banco Central Europeo (BCE) se prepara para subir hoy los tipos de interés en otro cuarto de punto hasta el 4%. Esta vez apenas hay fisuras entre los analistas, cuyas dudas ahora pasan por saber cuántos peldaños quedan —uno o bien dos— y cuánto tiempo pasará antes que Fráncfort decida volver a abaratar el precio del dinero. La institución que preside Christine Lagarde contará también con las nuevas previsiones de sus economistas. Estas podrían indicar que la inflación a medio plazo empieza a volver a su objetivo del 2%, pero los mercados no esperan que ello se traduzca en una hoja de ruta clara para los próximos meses. Hace un año, el BCE decidía en un consejo celebrado en Ámsterdam empezar a subir los tipos ante la inflación que golpeaba al continente. Lo hacía con cierto retraso respecto al resto de los bancos centrales, en especial respecto a la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, Fráncfort aceleró y elevó los tipos del 0% al 3,75%. Un año después, la situación es distinta. El IPC en mayo se frenó con fuerza en la zona euro hasta el 6,1%, la cifra más baja desde el inicio de la guerra en Ucrania, mientras que la inflación subyacente cedió también por primera vez desde julio de 2022 y se situó en el 5,6%. La economía europea, a la vez, ha entrado en recesión por el frenazo en Alemania. Sin embargo, la actividad económica y los mercados de trabajo siguen fuertes, en especial en el sur de Europa.

Enésimo revés de Bruselas a Google. La Comisión Europea concluyó ayer, en una investigación preliminar, que el gigante tecnológico podría haber violado la normativa de competencia comunitaria en la compraventa de publicidad a través de su herramienta ‘Adtech’. Según el Ejecutivo comunitario, la compañía habría favorecido sus sistemas publicitarios en detrimento de otros anunciantes, publicistas y empresas competidoras. «Creemos que la conducta de Google ha supuesto un abuso de su posición en el mercado. Si logramos pruebas de que ha sido así, determinaremos que estas prácticas son ilegales y nos aseguraremos que lleguen a su fin», aseguró la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, quien apuntó que «sólo la desinversión de parte de Google de sus servicios resolvería sus problemas de competencia». Actualmente, la publicidad es la mayor fuente de beneficios de la compañía. A través de ‘Adtech’, Google vende espacios publicitarios en sus páginas web y aplicaciones, funciona de intermediario entre aquellos que quieren anunciarse ‘online’ y quienes pueden ofrecer esos espacios. «En esa subasta, que puede darse en apenas unos segundos, Google tiene la posición dominante en los dos extremos y, según nuestra investigación, ha abusado de esa posición», aseguró Vestager.

Aunque la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido en el País Vasco en casi cinco puntos durante la legislatura actual, tras recortarse la diferencia entre ambos del 22,6% al 17,9%, la media de los sueldos femeninos se mantiene aún 6.000 euros anuales por detrás. Así lo remarcó ayer la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, en la inauguración del II Congreso Internacional sobre Brecha Salarial celebrado en Bilbao, donde advirtió de que «el gran riesgo» es «perpetuar esta situación ante el inmenso reto de los cuidados». Mendia abrió el evento, que además del Gobierno vasco está desarrollado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), de la que forman parte 23 países de habla española y portuguesa. La consejera subrayó los «riesgos» de «dar pasos atrás en las conquistas alcanzadas durante las últimas décadas», y puso el foco en los cuidados. El recorte de la brecha se apoya en medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha crecido un 47% en los últimos cinco años. Éste beneficia especialmente a las mujeres, «que son quienes fundamentalmente trabajan sin la cobertura de convenios que mejoren sus ingresos», defendió.

Poder conciliar la vida laboral y la familiar es asunto muy importante no solo para la salud mental y el bienestar en general, sino para que la gente se anime a tener niños y de ese modo poner algún parche, aunque sea tardío y escaso, al invierno demográfico que sufrimos. ¿Es sencilla la conciliación en Euskadi? Regular. Pero lo peor es que la situación no mejora, al contrario. El 28,1% de las personas ocupadas dice tener «muchas dificultades» para compaginar el trabajo con el cuidado de hijas e hijos menores, una proporción muy elevada si se tiene en cuenta que hace una década solo era el 24,9% de la población quien daba un veredicto tan negativo. Los datos están en la ‘Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 2022’, publicada este miércoles por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), y no aclara si este empeoramiento en la percepción de los encuestados (que lógicamente responde a valoraciones subjetivas) tiene que ver con unas peores condiciones laborales o con una mayor exigencia de la población ocupada. El informe, además, no sólo se refiere al cuidado de hijos, sino también de personas dependientes, aspecto en el que la proporción de personas que tiene grandes dificultades para compaginarlo con el trabajo es incluso mayor, del 28,9%. Con una población cada vez más envejecida este asunto adquiere mucha relevancia.

Las principales organizaciones empresariales advierten, aun desde antes de aprobarse la reforma de las pensiones, que los fuertes incrementos de las cotizaciones sociales aplicados para financiar el aumento del gasto en prestaciones provocará graves consecuencias en el tejido productivo y, por ende, en la economía española. Un clamor generalizado entre las patronales al que se ha sumado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), que alerta de que dicha reforma será un obstáculo para la actividad económica y la creación de empleo, al basarse esencialmente “en una subida de las cotizaciones sociales”. Así lo refleja la patronal en su último boletín de coyuntura económica y laboral, en el que advierte de que “aumentar las cotizaciones sociales para asegurar el sistema público de pensiones es, cuando menos, ineficaz e ineficiente y va en sentido contrario a las reformas que para resolver el problema han introducido los países con más peso económico de nuestro entorno”. En este sentido, Confemetal subraya que esos países, con menores problemas demográficos, de productividad y desempleo que España, han impulsado soluciones como los fondos de capitalización, sistemas de reparto como los de cuentas nocionales, o con incentivos al desarrollo del Pilar II de Horizonte Europa.

Al menos 79 migrantes murieron después de que un pesquero se hundiera al sur de la península del Peloponeso, en el mar Jónico, según la Guardia Costera griega. El naufragio es uno de los más trágicos de la ruta migratoria del Mediterráneo en los últimos meses. Fueron rescatadas con vida 106 personas. La embarcación procedía de Libia y se dirigía a Italia con una multitud a bordo, que algunos testimonios cifran en 750 personas y que la Organización Internacional para las Migraciones estimó en unas 400. Un naufragio registrado en las proximidades del sur de Grecia va camino de convertirse en uno de los más trágicos de la ruta migratoria del Mediterráneo en los últimos meses. Al menos 79 migrantes perdieron la vida ayer después de que un pesquero con “un número indefinido” de personas a bordo se hundiera al sur de la península del Peloponeso, en el mar Jónico, según la Guardia Costera griega. Fueron rescatados con vida 106 migrantes, 4 de los cuales fueron trasladados con hipotermia en helicóptero al hospital de la ciudad de Kalamata, en el sur del Peloponeso, a 250 kilómetros al suroeste de Atenas.