20230629

El Comité ejecutivo de Confebask ha acordado este miércoles, por unanimidad, proponer a Tamara Yagüe Martínez como próxima presidenta de la Confederación Empresarial Vasca, Confebask, en sustitución de Isabel Busto, que ha ejercido el cargo durante el último año. Según ha informado la patronal vasca, Tamara Yagüe ha sido propuesta por Cebek como nueva presidenta para los próximos cuatro años, una vez agotado el mandato de Eduardo Zubiaurre e Isabel Busto designados en su día a petición de Adegi. De esta forma se da continuidad a la habitual rotación territorial para el ejercicio de la presidencia de Confebask durante un periodo de cuatro años. La propuesta será sometida a la aprobación en el seno de Consejo General de Confebask, que se celebrará el próximo 19 de julio en Bilbao. Nacida en Barakaldo (Bizkaia) en 1971, Tamara Yagüe es directora general de Tecuni y miembro del Comité de Dirección de Vinci Energies España. Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y Máster en Asesoría Fiscal, ha ampliado su formación con distintos cursos sobre gestión y liderazgo. Ver más en Confebask. 

Euskadi lidera desde hace dos décadas las tasas de absentismo en España, pero el año pasado marcó un récord histórico. Cada asalariado vasco faltó al trabajo una media de 153 horas (21 días laborables) a causa de bajas por enfermedad, permisos de maternidad o paternidad y jornadas de huelga. Euskadi lleva siendo líder del absentismo en España desde hace más de dos décadas, pero el año pasado batió todas sus marcas. Cada asalariado vasco faltó al trabajo una media 153 horas por motivos como bajas por enfermedad, permisos de maternidad o huelgas, según el estudio publicado ayer por Adecco con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra, que ronda el mes (21 días laborables, cuatro semanas), es superior a la registrada en pandemia y constituye un récord histórico. Ninguna comunidad autónoma había alcanzado nunca esa cota desde que hay registros. La tasa se absentismo es el resultado de dividir las horas perdidas por motivos diferentes a las vacaciones, los festivos o los ERTE sobre las horas pactadas efectivas. En Euskadi la proporción se disparó el año pasado hasta el 9,5%, un máximo histórico que supera la marca de 2020 y que se sitúa muy por encima de la media nacional (6,8%). Las ausencias en el trabajo, causadas principalmente por procesos de Incapacidad Temporal (IT), son motivo de gran preocupación entre las empresas vascas, que han llevado el asunto a la Mesa de Diálogo Social, donde se están analizando las causas y las posibles medidas a adoptar. El grupo de trabajo creado para realizar el informe aún está investigando.

BBVA Research, el departamento de estudios de la entidad financiera vasca, publicó ayer sus previsiones sobre el comportamiento de la economía regional española con varios mensajes optimistas. Uno de ellos general: apuntó que «la economía resiste mejor de lo previsto», lo que permite revisar al alza las estimaciones para este año en el conjunto de España, hasta situarnos a finales de año en un aumento del PIB del 2,4%. Son tres décimas de mejoría respecto a la última estimación, realizada en marzo. El otro mensaje positivo, en este caso para el País Vasco, fue el de una especie de vuelta de tortilla que llevará a la economía vasca a mejorar un comportamiento discreto este año con una aceleración en 2024. Tanto, que este servicio de estudios cree que Euskadi será, junto con Navarra, la comunidad con mayor crecimiento de la economía el próximo ejercicio. Así, la tasa prevista para el País Vasco, un 2,6% de aumento, no es despreciable ya que significa, además de un crecimiento importante, la creación de empleo. Hay varias claves, entiende BBVA Research, para justificar esta situación. El turismo va a seguir siendo la locomotora que tire con más fuerza de la recuperación de la actividad. El servicio de estudios de la entidad financiera cree que la industria apunta señales claras de recuperación, tras haber superado la parte más dura del aumento de costes de materias primas y alcanzar una cierta estabilidad en torno al suministro energético. Si el turismo ha sido la clave de los dos últimos años, la exportación lo será el próximo año, lo que beneficia a las empresas vascas que han abordado un claro proceso de expansión exterior en las dos últimas décadas.

Los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, y la Comunidad de Madrid, liderarán este año el crecimiento del PIB gracias a varios factores, entre ellos el impulso del turismo extranjero. Sin embargo, de cara a 2024, este mapa se reorganizará. Las autonomías que experimentarán mayores subidas serán las de la cornisa cantábrica con País Vasco y Navarra en cabeza, según el último observatorio regional de BBVA Research, hecho público ayer. De las 17 comunidades, solo una crecerá por encima de la media ambos ejercicios: Madrid. Este año lo hará en un 3% –seis décimas más– y en 2024, un 2,3% –dos décimas más–. El centro de estudios de BBVA revisó al alza las previsiones de crecimiento para este año de todas las autonomías, aunque hay grandes contrastes entre territorios. Así, la Región de Murcia (1,8%), Galicia (1,9%) y Castilla-La Mancha (1,9%) son las comunidades que crecerán menos mientras que las mayores alzas tendrán lugar en Canarias (3,6%) y Baleares (3%). Sin embargo, en 2024 las dos autonomías insulares se situarán en la cola, y las líderes serán las del norte, con País Vasco y Navarra en primer puesto (2,6%). El segundo lugar será para Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja (2,5%). Pero, ¿a qué se debe este cambio de tendencia en los archipiélagos? El observatorio regional de BBVA Research aprecia síntomas de agotamiento en la captación del turismo extranjero, que ha sido una de las palancas tradicionales de crecimiento. La oferta sigue estando muy concentrada en la temporada de verano y “no es factible a corto plazo” impulsar su descentralización, lo que obstaculiza que se puedan seguir atrayendo nuevos visitantes y mantener el ritmo de crecimiento.

Saltan las alarmas en la siderurgia con cifras en 2022 que hacen retroceder a la industria a valores de la pandemia. El crecimiento de los costes energéticos frenó su actividad un 20% tal y como confirmó ayer la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), que advirtió de que su producción se ha caído hasta los 10,5 millones de toneladas, unas cifras que ponen al sector ante los datos de 2020, cuando el país se vio obligado a parar en seco durante un trimestre entero por el coronavirus. Las siderurgias vascas representan casi la mitad de toda España y dan empleo a 15.000 personas. Este sector supone, además, algo más del 7,5% del PIB vasco con compañías como Arcelor Mittal en Sestao, Olaberria, Bergara o Zumarraga, Sidenor, Aceros Olarra, Nervacero o las tuberas Tubacex y Tubos Reunidos. Solo aceros especiales para automoción, como los de Sidenor, y el sector de los tubos para petróleo y gas, en los que se encuadra la actividad de Tubacex y Tubos Reunidos, salva la situación con cifras muy sólidas de negocio. La asociación empresarial no dudó en señalar el problema energético, que en 2022 disparó los precios, como una de las principales causas del cambio de comportamiento del mercado. El presidente de Unesid, Bernardo Velázquez, recordó que el sector del acero «ha sido siempre muy sensible a la evolución de los costes del mercado». Así lo demuestra que en España las importaciones de acero de fuera de la UE hayan crecido en una búsqueda de productos más baratos. En 2022, esas compras crecieron de las 334.000 toneladas mensuales a 348.000. Mientras que las realizadas a productores europeos cayeron de 506.000 toneladas mensuales a 470.000. Son datos que evidencian la entrada de productos elaborados en Turquía, India o China que buscan su hueco con precios más competitivos. 

Las pequeñas y medianas empresas españolas siguen sufriendo los efectos de la inflación a pesar de que su escalada se ha ido reduciendo de forma significativa. Sus márgenes mantienen a día de hoy una fuerte contracción al acumular costes extremadamente elevados debido a la crisis inflacionaria de los últimos trimestres, que se suma a una ralentización en las ventas, según recoge el Indicador Cepyme dedicado a la Situación de las Pymes Españolas que se hizo público ayer. Así, es cierto que el alza de los costes totales de la empresa se ha moderado a un 2,2% interanual en el primer trimestre, pero se trata de una «ralentización ficticia», puesto que lo hacen sobre las subidas anteriores; es decir, que la pyme española arrastra un incremento de costes del 27% en los últimos 24 meses, según denuncia este estudio. En el otro lado de la moneda, en el de las ventas, estas se han elevado un 14%, aunque se trata de un incremento «exagerado» por el efecto de la inflación; de hecho, se queda en un 3,8% eliminando el efecto de los precios, lo que a su vez supone el menor crecimiento de las ventas en los últimos seis trimestres, según este indicador. Además, todo esto sucede en un contexto de restricción y encarecimiento del crédito, en el que el tipo de interés medio de los nuevos créditos a empresas se ha duplicado, pasando del 1,9% del tercer trimestre de 2022 al 3,9% entre enero y marzo de este ejercicio, advierte Cepyme.

El Banco de España advirtió ayer al futuro Gobierno y a los agentes económicos y sociales que la subida de los tipos de interés, que emprendió el Banco Central Europeo en 2022 y continúa en 2023 para combatir la inflación (ver página 19), recortará la inversión de las empresas. A lo que también contribuirán un descenso de la confianza de los agentes en la situación económica y la ralentización del tirón de la demanda que empezó en 2022. La institución que gobierna Pablo Hernández publicó ayer un trabajo sobre La evolución reciente de la inversión en España desde una perspectiva macroeconómica. El informe está elaborado por los analistas de Situación Económica Pablo Aguilar, Corinna Ghirelli y Blanca Jiménez-García. El estudio señala que “el papel de la inercia [de estos factores] podría incidir negativamente sobre el crecimiento de la inversión en 2023. En concreto, las subidas de los tipos de interés en 2022 podrían ejercer una notable presión a la baja sobre la inversión, y de magnitud creciente a lo largo del año. Lógicamente, –dice la institución– a ello habría que añadir los efectos de las alzas [de los tipos de interés] en 2023”. Hay que recordar que hasta ahora el BCE ha subido los tipos de interés al 4%. En 2022 el encarecimiento del dinero llegó al 2,5% y, de momento, en este ejercicio la institución ha subido los tipos un 1,5%. La última vez fue el pasado día 15, con un incremento del 0,25%. Incluso, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el martes que va a continuar el encarecimiento del dinero hasta que el BCE cumpla su objetivo de situar en el 2% la inflación media de la zona del euro. Pero esta estrategia tiene un coste sobre el enfriamiento de la economía, porque entre otras recorta la inversión de las empresas y del sector público. 

En Moncloa indican que el texto esta “verde” y le falta “trabajo técnico”. CC OO culpa del bloqueo al ‘lobby’ de los rectores y su influencia política. El Gobierno comunicó que había alcanzado un acuerdo con patronal y sindicatos para aprobar la reforma laboral el 23 de diciembre de 2021. El 28 de diciembre se aprobó en el Consejo de Ministros. El acuerdo para la última subida del salario mínimo, solo con los representantes de los trabajadores, se notificó el 31 de enero y se aprobó oficialmente el 14 de febrero, con una única reunión del gabinete de por medio. Y la reforma de las pensiones se presentó el 15 de marzo y recibió el refrendo el Consejo de Ministros un día después. El último gran hito del diálogo social, el estatuto del becario, fue presentado por el Ministerio de Trabajo, CC OO y UGT el 15 de junio. Se han celebrado dos reuniones del Gobierno desde entonces y no se ha aprobado, ni hay previsión de momento. Con ningún otro acuerdo de los sindicatos y el Ejecutivo se ha dado este bloqueo.

Vivir en Euskadi supone de media para una familia unos gastos anuales de 35.445 euros. El empuje de la subida de precios ha elevado el coste de la vida hasta cifras récord con un incremento del 7,3% en 2022 sobre el año anterior, según la encuesta publicada ayer tanto por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Son registros que colocan al País Vasco como la segunda autonomía en la que es más caro vivir, solo por detrás de Madrid, donde se necesitan 36.197 euros, según el informe publicado también ayer sobre la materia el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el análisis del gasto por ciudadano, Euskadi sí obtiene la primera posición con 15.103 euros anuales, frente a los 14.325 de la capital de España. Es el resumen en cifras de un 2022 en el que los precios, empujados por la crisis de la guerra de Ucrania, impactaron de lleno sobre las economías domésticas con subidas del IPC que alcanzaron el 10% en las puertas del verano pasado y que dejaron un aumento del gasto medio por hogar de 2.410 euros en 2022. Se trata de cifras que exceden al salario medio en Euskadi, que, según la EPA (Encuesta de Población Activa), asciende a 29.424 euros anuales, la mejor retribución en España por delante, incluso, de Madrid. El caso es que la vida es aún más cara y así se refleja en los datos que entra a analizar con detalle el Eustat en su encuesta de gasto medio anual por hogar. El capítulo más importante es el que se destina a la vivienda y al consumo energético: 12.411 euros. Se trata de un 35% del total y supone un crecimiento del 2% respecto a 2021.

Frenar la inflación caiga quien caiga, aunque sea a costa de golpear el mercado laboral. Esa es la máxima que han adoptado los grandes bancos centrales y la que transmitieron ayer la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra en el panel de política monetaria del Foro de Bancos Centrales celebrado en Sintra (Portugal). La ciudad portuguesa acogió, como cada año, la intervención de los más altos responsables de las grandes autoridades monetarias globales en un momento crítico marcado por el intenso ciclo de subidas de tipos. Los tres coincidieron en que aún queda trabajo por hacer y lanzaron una advertencia: un mercado laboral tan fuerte como el actual hace que el crecimiento anormal de los precios se vuelva persistente. “El mercado laboral está muy fuerte, eso ejerce una presión al alza sobre los salarios, lo que a su vez sirve para mantener elevado el gasto y redunda en más inflación”, resumió Jerome Powell, presidente de la Fed. En Estados Unidos, el desempleo se encuentra en niveles casi de mínimos históricos, por debajo del 4%, una situación que el máximo responsable de la institución con sede en Washington cree que debe cambiar para poder recuperar la estabilidad de precios. “Aún tenemos camino por recorrer endureciendo las condiciones de financiación para enfriar el mercado laboral, pero creemos que podemos hacerlo sin que se produzcan pérdidas de empleo salvajes”, aseguró Powell, que señaló que “el número de ofertas de trabajo por cada desempleado, que llegó a ser de siete, ya se está reduciendo”. En la misma línea se pronunció ayer Christine Lagarde, presidenta del BCE, que señaló que, en la zona euro, “el mercado laboral se ha mostrado más resiliente de lo esperado, lo que ha llevado a que los trabajadores busquen recuperar parte del poder adquisitivo. 

El nuevo borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) redobla la apuesta de España por las renovables y deja el objetivo de generación de energía verde en un 81% en 2030, siete puntos más que la meta actual. «Es más ambicioso, pero no suficiente», señaló Pedro Zorrilla, de Greenpeace. El borrador, cuyo visto bueno definitivo será en 2024, da una vuelta a la hoja de ruta energética del Gobierno. La previsión de potencia instalada aumenta para cada ‘nueva’ forma de producir energía. La fotovoltaica es la que más crece y pasa de 39 GW proyectados a los 76 difundidos ayer, por encima de la demanda sectorial de la UNEF (la asociación fotovoltaica). La eólica pasa de 50 a 62 GW y se le da un espaldarazo al hidrógeno. La capacidad instalada de electrolizadores crece de 4 a 11 GW, aunque por el momento no se resuelve el problema del almacenamiento. Los ciclos combinados, termosolar, centrales nucleares y cogeneración no presentan grandes cambios y la previsión de cerrar nucleares permanece intacta. Gracias a la revisión, el Gobierno calcula una reducción de emisiones en el sector energético del 32%, frente al dato anterior del 23%. Además, se incrementa la ambición de objetivos como rehabilitar 1,38 millones de viviendas frente a 1,2, o tener un parque de vehículos eléctricos de 5,5 millones. La nueva hoja de ruta estima movilizar una inversión de 294.000 millones, de los que un 85% será privada y un 15% pública. El 11% vendrá de fondos europeos. Un 40% de inversión recalará en energías renovables.

El Ministerio de Transición Ecológica, a cuyo frente está Teresa Ribera, ha elevado exponencialmente los objetivos de despliegue de renovables que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), lo que conllevará una lluvia de millones en subvenciones públicas y nuevos empleos. Cede así a la presión de los grandes grupos energéticos como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa, Enagás, Redeia y Acciona, y de cientos de empresas más pequeñas, que reclamaban más ambiciones al Gobierno en energía verde (ver EXPANSIÓN del pasado viernes) como nuevo gran motor de todo el sector. El anuncio del Pniec llega en un momento clave de proceso electoral, con el que el Gobierno puede sacar pecho políticamente frente al PP y afearle sus propuestas energéticas, entre ellas las de extender la vida de las nucleares. El Pniec es un documento clave para trazar la hoja de ruta que debe seguir España en su política energética. Ese documento es esencial para determinar no solo cuántas renovables tiene que haber. También determina si se procede o no al apagón de las centrales nucleares y de carbón, y cuántos recursos se van a movilizar.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social terminará 2023 con un valor de 5.347 millones, que supone su nivel más elevado desde noviembre de 2018, gracias a los ingresos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y a los excedentes de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Así se desprende de las estimaciones realizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Informe remitido a las Cortes Generales sobre el Fondo de Reserva correspondiente a 2022, año en el que el valor del fondo a 31 de diciembre era de 2.141 millones de euros. Según explica el Departamento que encabeza José Luis Escrivá, desde esa fecha el fondo ha recibido dotaciones por un valor de 710 millones de euros por cotizaciones sociales provenientes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por el periodo enero-abril de 2023. La última dotación procedente de los excedentes de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social fue en el año 2010. Con las dotaciones correspondientes a las cotizaciones del MEI ingresadas en los cuatro primeros meses del año, junto con los rendimientos obtenidos hasta la fecha, la conocida como ‘hucha de las pensiones’ alcanza los 2.859 millones de euros. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que nació en el seno del diálogo social para la reforma de las pensiones, está operativo desde enero de 2023. Se nutre de la aportación de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales. A partir de 2024, crecerá una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029 con el objetivo de reforzar los ingresos del sistema.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podrá investigar a las big tech por incumplimiento en España de la ley europea que trata de atar en corto a empresas como Apple, Google, Meta, Amazon o Microsoft para facilitar la aparición de competidores más pequeños que no sean aplastados por prácticas anticompetitivas. Se trata de la llamada Ley de Mercados Digitales (DMA, por su siglas en inglés). Así lo recoge el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros. En el borrador se indica que la Dirección de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia “podrá llevar a cabo investigaciones sobre casos de posible incumplimiento en el territorio nacional de los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital”. Dichos artículos especifican las nuevas obligaciones y prohibiciones que deben cumplir los llamados guardianes de acceso, es decir, las plataformas con poder de mercado, y la CNMC vigilará su cumplimiento en España. La DMA, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2022 aunque no empezó a aplicarse hasta el pasado mes de mayo, es la primera revisión de las leyes de la UE sobre internet en 20 años.

La Administración Biden contempla nuevos controles a la exportación de chips para la inteligencia artificial (IA), a medida que Washington aumenta sus esfuerzos para dificultar que China obtenga tecnología con aplicaciones militares. El Departamento de Comercio de EEUU prepara una actualización de los controles a la exportación introducidos en octubre que podría dificultar a empresas como Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD) la venta de chips avanzados a China, según tres personas familiarizadas con la situación. La medida tendría un impacto significativo en Nvidia, que respondió a los controles del 7 de octubre diseñando nuevos chips de unidades de procesamiento gráfico denominados A800 y H800 para sustituir a los chips más avanzados restringidos por las nuevas normas. El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, declaró recientemente a Financial Times que los controles a la exportación vigentes podrían causar un “daño enorme” a la industria tecnológica de EEUU. Afirmó que habían dejado al grupo “atado de manos” al impedirle vender sus chips más avanzados a China. Aunque los A800 y H800 son más lentos que los chips a los que sustituyeron, siguen siendo la tecnología más importante que impulsa la investigación y el desarrollo de la IA para los gigantes tecnológicos chinos.

Entrevista con Abhijit Banerjee, premio nobel de Economía. Afirma que “no hay evidencias” de que a largo plazo la bajada de impuestos estimule la economía y como director del J-PAL están investigando qué impide que el IMV llegue a vulnerables. "Se puede trabajar en la extensión del programa del IMV, pero el problema de España es que no está consiguiendo ni siquiera llegar a todas las personas que lo pueden necesitar. Tienen una lista de potenciales beneficiarios, pero el IMV no llega al 50%, incluso a veces menos. Lo primero es trabajar con esas personas seleccionadas y conseguir que estén cubiertas por el programa. Y una vez que esto esté conseguido, se podrá hablar de extensión...En la mayoría de países existe el estigma de que la persona que necesita ayuda no quiere decirlo. También es cierto que, no solo en España, sino en otros países, el proceso para ser elegible no es fácil. Pero bueno, tendremos esos resultados muy, muy pronto. De hecho hay un plazo de seis meses para que salga para la UE, que es de donde vienen los fondos. En eso consiste nuestro trabajo, en experimentos y concluir a raíz de ellos...Hay muy pocas pruebas que demuestren que bajar los impuestos estimulan la economía. Hay que tener en cuenta varios factores actuales, como la subida de precios. Si se bajan los impuestos, se dispara más la inflación; también tenemos que tener en cuenta que los tipos de interés continúan subiendo. Las evidencias a nivel global son muy, muy escasas de que estimule la economía. Sí que hay un efecto a muy corto plazo, pero se limita a movimientos de capitales entre países..."