20231115

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se reunió ayer por la mañana con los miembros del Comité Ejecutivo de Confebask, encabezado por su presidenta Tamara Yagüe. En el encuentro participó también el Secretario General de Coordinación y Comunicación Social, Manu Castilla. La reunión se enmarca dentro de la habitual recepción que suele realizar el lehendakari cada vez que se produce un cambio en la ejecutiva de la patronal vasca. Tamara Yagüe tomó las riendas de Confebask el pasado mes de julio a propuesta de la patronal vizcaína Cebek, continuando con la habitual rotación territorial. Sustituyó a la donostiarra Isabel Busto. Ver más en Confebask. 

La dirección de Bridgestone en España comunicó ayer a los sindicatos su intención de plantear un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en sus plantas de Basauri y Usansolo en Bizkaia, en la de Puente de San Miguel (Cantabria) y en la de Burgos, debido a la caída en su cartera de pedidos. La medida, que tendría efecto desde el próximo mes de diciembre y durante 2024, podría llegar a afectar a las 2.700 personas que trabajan en esas cuatro fábricas, un millar de ellas en las dos plantas vascas. Según un comunicado enviado ayer por la multinacional japonesa fabricante de neumáticos, el ERTE «se hace necesario debido al exceso de ‘stock’ en los almacenes y la reducción de pedidos prevista, motivados por la compleja coyuntura actual del mercado y con el objetivo de garantizar la eficiencia, competitividad de las plantas y su futuro». La compañía expresa su «máxima disposición al diálogo para intentar alcanzar la solución más beneficiosa posible para todas las partes implicadas». Por su parte, fuentes del comité intercentros señalaron que el próximo día 20, lunes, se iniciará el preceptivo periodo de consultas y podrán acceder a la información completa sobre la que la compañía justificará el ajuste laboral. A partir de esa fecha se desarrollarán las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre la afectación y las condiciones de aplicación del ERTE. Se da la circunstancia de que la fábrica de Bridgestone en Basauri cumplió el pasado mes de junio 90 años desde que salieron de ella las primeras llantas y cubiertas. Desde entonces la planta ha actuado como uno de los motores económicos del País Vasco.

El riesgo de deslocalizaciones en Europa en general se acentúa, según la encuesta que lleva a cabo la llamada Mesa Redonda Europea para la Industria (ERT por sus siglas en inglés) entre sus miembros y que constituye la principal asociación industrial de Europa. El resultado es que «la confianza empresarial de los principales ejecutivos de las mayores empresas europeas ha vuelto a caer en terreno negativo, reflejo de las actuales condiciones económicas y del peso de la compleja normativa sobre las perspectivas de crecimiento futuro», según un comunicado oficial de la European Round Table. A ella pertenecen, entre otras empresas europeas, las españolas Telefónica, Iberdrola, Ferrovial e Inditex. El 61% de los líderes empresariales encuestados consideran que la economía europea se comporta peor que hace seis meses. Un tanteo por encima de 50 refleja más respuestas positivas que negativas y el resultado ha sido 42, lo que refleja pesimismo. De hecho, en otro apartado de la encuesta, el 43% de los directivos prevé un empeoramiento de las perspectivas económicas a corto plazo, y sólo el 9% ve los próximos seis meses con optimismo. Martin Brudermüller, presidente del Comité sobre Competitividad e Innovación de la ERT y presidente del Comité Ejecutivo de BASF lo valora así: «Globalmente nos encontramos ante un panorama de incertidumbre, y es natural que esto afecte a la confianza. Pero Europa no afronta estas múltiples crisis desde una posición de fortaleza». Atribuye el pesimismo a un mal endémico europeo. “En esta encuesta, la regulación incoherente y compleja fue el principal riesgo para la competitividad señalado por los CEO. Para cambiar esta situación, instamos a la próxima Comisión Europea y al Parlamento Europeo a que sitúen en el centro de sus actuaciones los argumentos empresariales a favor de la industria de la UE».

El producto interior bruto de la zona euro registró una contracción del 0,1% en el tercer trimestre respecto de los tres meses anteriores, cuando se expandió un 0,2%, según la segunda lectura del dato publicada por Eurostat, que ha confirmado su estimación preliminar, mientras que el conjunto de la Unión Europea se estancó por segundo trimestre consecutivo. España sigue al frente de las economías más importantes, con un avance del 0,3% mientras que Alemania coquetea con el rojo e Italia se estanca. En comparación con el tercer trimestre de 2022, tanto la economía de la zona euro como el PIB de los Veintisiete registraron sendas tasas de crecimiento del 0,1% anual. De este modo, el comportamiento de la economía de la eurozona entre julio y septiembre fue sensiblemente peor que el observado en Estados Unidos, donde el PIB aumentó un 1,2% trimestral, mientras que también estuvo por debajo del desempeño del Reino Unido, que se estancó en el tercer trimestre, informa EP. Entre los países de la UE, las mayores tasas de crecimiento trimestral entre julio y septiembre correspondieron a Polonia (1,4%), Chipre (1,1%) y Hungría (0,9%), mientras que los peores datos fueron los de Irlanda (-1,8%), Finlandia (-0,9%) y Austria (-0,6%). Asimismo, de las principales economías del euro, España volvió a mostrar el mayor ritmo de expansión, con un 0,3% en el tercer trimestre, frente al 0,4% de los tres meses anteriores. En el caso de Alemania, el PIB retrocedió un 0,1%, después de crecer un 0,1% en el segundo trimestre, mientras que Francia frenó su expansión al 0,1% desde el 0,6% e Italia se estancó tras crecer un 0,4% entre abril y junio.

España también se involucra en el futuro rescate de Siemens Gamesa. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo afirmó a última hora de la tarde de ayer que está “trabajando en una posible línea de avales bancarios para nuevos contratos en el exterior” de la empresa con sede en Zamudio (Bizkaia). Esta línea contaría con la cobertura de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), “por cuenta del Estado”. Para que cristalice este acuerdo, fuentes ministeriales confirman estar “en conversaciones tanto con la empresa como con los bancos potencialmente interesados”. El anuncio de la implicación de España en el rescate de Siemens Gamesa llega solo unas horas después de que el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, confirmase que el esquema público germano para frenar la agonía de la matriz de la española, Siemens Energy, está a punto. La empresa dará detalles al respecto en la rueda de prensa de presentación de resultados, hoy a primera hora. “El futuro de Siemens Gamesa en España es una prioridad para el Gobierno”, apuntan fuentes del Ministerio de Industria, una instancia que afirma estar en “continuo contacto con los sindicatos con el objetivo de proteger el empleo y las capacidades productivas de las diferentes plantas” que la firma de aerogeneradores tiene en España. “La empresa es clave y debe jugar un papel importante en la soberanía energética por lo que, antes de tomar medidas drásticas, debemos sentarnos y analizar todas las posibilidades que nos ofrecerá la regulación de renovables de la UE”.

 El Gobierno alemán, Siemens y un consorcio de bancos han alcanzado un acuerdo por un importe de unos 15.000 millones de euros para salir al rescate de Siemens Energy, lastrada por los múltiples problemas en su división de fabricación de aerogeneradores. En concreto, el Gobierno germano concederá una garantía de 7.500 millones de euros a Siemens Energy –propietaria de Siemens Gamesa–, que forma parte del total de 15.000 millones de euros acordadas con bancos privados y otras partes interesadas. El Gobierno federal asume ese compromiso a condición de que se realicen las contribuciones de los demás actores, según informó en un comunicado el Ministerio de Economía germano. Igualmente, se aplica la habitual prohibición de reparto de dividendos, así como de bonus para su consejo de administración. Los máximos responsables de Siemens Energy también se han dirigido al Gobierno español en busca de un respaldo financiero que superaría los 3.000 millones de euros que se materializarían, asimismo, en avales. A cambio, la multinacional germana se comprometería a mantener su actividad industrial en España, muy afectada por los problemas de Siemens Gamesa. Por su parte, el comité de esta división española, tras lamentar no disponer de ninguna información sobre el plan estratégico de la compañía, reclamó ayer que las posibles ayudas que concedan tanto el Gobierno alemán como el español vayan vinculadas al mantenimiento del empleo, ya que, al tratarse de dinero público, «no puede ser de otra manera».

Kutxabank ha decidido visualizar con gestos e inversiones su deseo de tener una mayor presencia en la capital de España y de ampliar el negocio en un mercado que no le es extraño, en el que ya cuenta con una importante implantación, pero donde cree que tiene un amplio margen de mejora. Según se conoció ayer, el banco vasco abrirá una gran sede en el centro de la capital, que además de servir como referencia y lugar de representación, albergará servicios de banca corporativa y banca privada, entre otros. El edificio adquirido por Kutxabank tiene siete plantas –el bajo más seis alturas– y una superficie de 4.560 metros cuadrados. «La concentración de los principales servicios bancarios en una única sede mejorará la eficiencia operativa y comercial del banco y abrirá oportunidades de realizar negocios especializados con compañías asentadas en la capital», señaló ayer la entidad vasca en una nota en la que informaba de las razones de esta inversión. Por el momento no ha trascendido el importe pagado por el banco vasco para hacerse con la propiedad del inmueble. El lugar elegido, según se ha conocido, es un edificio ubicado en el número 123 de la calle Claudio Coello, en pleno barrio de Salamanca de la capital madrileña. Se trata de un inmueble recién modernizado que Kutxabank ha adquirido a la compañía BentallGreenOak, que hacía algún tiempo lo había colocado en el mercado para su alquiler o venta. «Los alrededores del edificio componen una floreciente y exclusiva zona de negocios y empresas que hacen que este lugar sea el centro neurálgico de las relaciones empresariales en la ciudad», indicó Kutxabank en su comunicación.

La cualificación y la remuneración son dos de los indicadores que hacen que el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Cataluña sobresalgan en el ranking de comunidades con mejor calidad de empleo, en el que todas las autonomías han registrado una mejora, con la excepción de Extremadura. La diferencia entre esta y Euskadi se acerca a los nueve puntos. La evaluación de un total de 18 indicadores, y más de 40 aspectos analizados, ha permitido la elaboración del informe La calidad del empleo en España y sus comunidades autónomas, Económicas y la Fundación Ramón Areces. La temporalidad, las ocupaciones de alta cualificación, los salarios, la conciliación, la brecha de género o la siniestralidad han sido algunos de los parámetros del estudio, que abarca los últimos 15 años. Los autores señalaron que durante estos años la mejora no ha sido progresiva, sino que ha habido “parones” como el registrado tras la recesión de 2008 y en 2012 hasta 2018, cuando el índice empezó a remontar. De la misma manera, afirmaron que, tras la pandemia, la recuperación en términos de calidad del trabajo ha sido rápida. Así, más allá de las tasas de paro, esta calidad se sitúa actualmente en el valor máximo del periodo. Entre los indicadores que mejoran el global del índice se encuentran la rebaja de la temporalidad en el sector privado (tras la reforma laboral), la mejora en la duración de los contratos temporales, los años de antigüedad en las empresas, la brecha de género y la siniestralidad laboral. Ver informe completo. 

Entrevista con el presidente de Ascobi-Bieba, Álex Bidetexea para la revista excAVE del sector de empresas de excavación y construcción de obra civil de Bizkaia. "En líneas generales, creo que ha sido un año positivo para el sector porque se ha mantenido el nivel de actividad creciente de los últimos años. En el lado negativo hay que mencionar que se han mantenido la inflación que ha  generado un incremento importante de los costes de producción en las obras y, en consecuencia, un deterioro de los márgenes de la actividad que, de ordinario, ya venían muy ajustados...Tenemos los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida más elevados del Estado, de hasta un 75% en suelo urbanizable, pero no garantiza una producción significativa de vivienda protegida porque la viabilidad económica de las promociones esta cuestionada. Apenas hay desarrollos en marcha en suelo urbanizable. Solo se
produce en suelo urbano consolidado y con eso no da para atender la demanda. A esto hay que añadir la exasperante lentitud  burocrática de tramitación de permisos y licencias que incrementan hasta la eternidad el fin de las iniciativas promotoras... Los principales retos estratégicos del sector pasan por abordar la digitalización plena del mismo, la industrialización de la producción y sobre todo afrontar la escasez de personal derivado del cambio demográfico, además de incidir en las necesidades de formación, seguridad y salud en el trabajo...El crecimiento del nivel de absentismo afecta al conjunto de la actividad económica, a todos los sectores y en el ámbito público y privado. En un mundo globalizado, donde tienes que ser altamente competitivo, el absentismo es un problema que debemos trabajar de forma conjunta empresa y representantes de los trabajadores porque afecta y perjudica a todos..."

Eroski ha dado el pistoletazo de salida a una de las operaciones determinantes para hacer frente al primer pago su deuda, que asciende a 874 millones de euros. Se trata de la emisión de bonos corporativos para recoger de inversores institucionales hasta 500 millones con los que hacer frente a ese pago fijado con sus acreedores el próximo 31 de julio. En esa fecha la cooperativa de Elorrio deberá desembolsar 503 millones. La compañía comunicó ayer a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) el arranque de esta operación que, tiene el objetivo de finalizar el 31 de diciembre. En ese plazo de alrededor de mes y medio deberá convencer a grandes fondos y agentes del mercado –no va dirigida a inversores particulares– de la rentabilidad del proyecto que ya ha superado con creces momentos más delicados, como la financiación de 2.000 millones en los últimos diez años. La compañía dirigida por Rosa Carabel respaldará los bonos con garantías reales y con alguna de las filiales de Eroski y ofrecerá un pago semestral a los inversores. El proceso, liderado por los bancos BNP Paribas y Deutsche Bank, arrancó ayer con una serie de reuniones en las que participan los gestores de Eroski. Hasta el viernes se mantendrán estos encuentros para presentar la situación de la compañía y sus perspectivas de futuro. 

La espiral inflacionista parece haber relajado su ritmo en el último año, pero la cesta de la compra sigue disparada y acumula unas subidas que han laminado el poder adquisitivo de los ciudadanos. Así, aunque el Índice de Precios de Consumo se mantenga en el 3,5%, muy por debajo del 10,8% que se llegó a registrar el año pasado, la alimentación sigue escalando a un ritmo del 9,5%, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y, de los 35 bienes y servicios que se encarecen por encima del 10% anual, 30 corresponden a alimentos que registran una subida acumulada del 31,4% respecto a las cifras previas a la pandemia, especialmente intensa en el caso del aceite de oliva. En concreto, el aceite de oliva lidera las subidas de precios en octubre, con un incremento del 73,5% respecto a las cifras del año pasado, ya especialmente elevadas. Un alza que se debe a que las previsiones para la cosecha de la aceituna este año son nefastas debido a la sequía que tuvo lugar hasta septiembre lo que, sumado al fuerte incremento de costes, al hecho de que el grueso de la producción mundial se concentra en España y a la también mala cosecha del año pasado, que ha provocado el prematuro agotamiento del aceite en enlace entre ambas campañas, ha provocado un enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda que ha hecho que los precios casi tripliquen las cifras de 2020.

El elevado precio de los vehículos eléctricos sigue espantando a muchos conductores que buscan comprar un nuevo turismo. A pesar de que este tipo de automóviles va ganando cuota de mercado mes a mes frente a los de combustión, todavía hay un sinfín de obstáculos que impiden que el coche eléctrico pise el acelerador como gustaría a las instituciones. Para dar respuesta a alguno de estos contratiempos, como puede ser el precio, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aprobó ayer la prórroga hasta el próximo 31 de julio de 2024 del programa de incentivos para la movilidad eléctrica, Moves III, que vencía a final de este año con una subvención de hasta 7.000 para la compra de estos automóviles y que en Euskadi está gestionada por el propio Gobierno Vasco. Hasta ahora, según confirman fuentes del Ejecutivo autonómico, se han adjudicado en Euskadi 32 millones de euros en ayudas para la electrificación de la movilidad. Para la compra de coches eléctricos, un total de 18 millones con 5.200 expedientes tramitados, y para la instalación de puntos de recarga otros 16 millones con 4.000 solicitudes. Son los recursos transferidos desde la Administración del Estado y que provienen de Europa dentro del Moves III y que ha tenido en Euskadi a la comunidad con un mayor grado de ejecución tras Navarra. El programa a nivel estatal está dotado con 1.200 millones de euros, después de experimentar dos ampliaciones presupuestarias por el «gran número» de solicitudes recibidas, y aún se dispone de unos 290 millones para seguir atendiendo la demanda.

El grupo Stellantis (fabricante de Opel, Peugeot, Fiat o Citröen) urge al Gobierno a dar «rápidamente» garantías de apoyo para poder mantener un plan de inversión en España de 4.000 millones tras el revés que ha supuesto la resolución del Ministerio del pasado viernes. De ellos, el grueso son los 3.000 millones del llamado proyecto Antares para su gigafactoría de baterías. Otros 1000 millones serían para producir vehículos eléctricos. «Confiamos en que el Gobierno ejecute rápidamente un plan que permita que nuestro proyecto sea viable económicamente y se pueda materializar», afirma a EL MUNDO un portavoz oficial de este gigante europeo de automoción. Éste recuerda que la resolución del llamado Perte VEC 2 del Vehículo Eléctrico y Conectado en su línea de baterías «no ha cumplido nuestras expectativas». Stellantis no ha dado por ahora el paso, como Volkswagen en su día, de amenazar públicamente con llevarse su gigafactoría de baterías y fabricación de coches eléctricos a otro país, pero el revés de los fondos europeos ha defraudado altamente. «La realidad es que el proyecto está en riesgo, la decepción ha sido total, porque las buenas palabras del Ministerio no se han traducido en nada», asegura una fuente conocedora no oficial. Llueve así sobre mojado para el presidente del grupo Stellantis, Carlos Tavares, que ya fue crítico en 2022 en declaraciones a este diario sobre la falta de diligencia del Gobierno español para atraer inversiones y para implantar con realismo el coche eléctrico.

El macrofondo de pensiones de empleo de promoción pública puesto en marcha por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para autónomos, pymes y sector público, ha cumplido una de las últimas exigencias antes de estar operativo: la elección de los 13 miembros de la comisión de control especial, que se encargará de “supervisar todos los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos”, según recoge la norma de este organismo controlador. Los profesionales que forman esta comisión han tenido que ser evaluados y aceptados previamente por la comisión promotora y de seguimiento, el otro órgano gestor del macrofondo. Se trata de cinco profesionales de perfil netamente técnico y financiero, conocedores del sector de los fondos y planes de pensiones desde distintos ámbitos que han sido propuestos por el Ministerio de Inclusión y otros ocho aportados por las organizaciones patronales y sindicales (cuatro por parte de cada agente social), cuyos perfiles son por lo general menos especializados en el mercado de la previsión social. Entre los 13 profesionales elegidos, Virginia Oregui Navarrete, ex gerente general de Geroa Pentsioak EPSV. Se trata del alma máter de una de las entidades de previsión social más importantes y exitosas del País Vasco, Geroa, donde fue la máxima responsable durante 27 años, hasta que se retiró a principios de 2023. Y a petición de las patronales, José Alberto González-Ruiz Martínez, secretario general de CEOE, Rosa Santos Fernández, directora del departamento de empleo, diversidad y protección social de CEOE y Carmen Alsina Arízaga, directora de comunicación, sostenibilidad y relaciones institucionales de CEOE . 

Los incrementos salariales impulsados por la inflación se percibieron con particular intensidad el año pasado: la retribución media de los asalariados se disparó un 5,86% en 2022, hasta los 22.781 euros. Es la tasa de crecimiento más elevada en tres lustros, solo superada por el repunte de 7,35% en 2007, cuando la economía iba viento en popa dopada por la burbuja. Aun así, el avance —de 1.262 euros con respecto a 2021— no ha sido suficiente para compensar el incremento de precios, que fue del 6,1%. Los pensionistas sí recuperaron poder adquisitivo: la prestación media se elevó un 6,9%, hasta los 17.355 euros, según la última estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia Tributaria. En este caso también se registra un récord: es la mayor alza al menos desde 1999, año en el cual empieza a publicarse el estudio de Hacienda. De hecho, las pensiones han subido en las últimas dos décadas muy por encima de los salarios: crecieron entre 2002 y 2022 a un ritmo dos veces más intenso que los sueldos y nunca registraron retrocesos. La pensión media pasó de 8.018 euros hace 20 años a 17.355 euros, un incremento del 137%; las retribuciones de los asalariados subieron de los 14.370 a los 22.781 en el mismo periodo, un alza también relevante, del 72%, pero inferior. Este año también han dado un subidón: la reforma de las pensiones determina que se actualicen en función del IPC medio registrado en el último año, en este caso entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, que ha superado el 8%.

Siete de cada diez CEO en España reconocen estar preocupados por la capacidad de sus organizaciones para prevenir o minimizar los daños provocados al negocio por un hipotético ciberataque. Esta inquietud contrasta con el hecho de que el 94% de los ejecutivos sostiene que la ciberseguridad es fundamental para el crecimiento y la estabilidad organizativa en sus compañías, como refleja el nuevo informe CEO Ciber-resiliente, elaborado por Accenture a partir de una encuesta realizada a un millar de ejecutivos de grandes empresas en todo el mundo. El estudio revela que el 63% de los CEO españoles afirma que sus organizaciones no incorporan la ciberseguridad en las estrategias comerciales, servicios y productos desde el principio. Además, el 67% de ellos considera que la ciberseguridad requiere intervenciones ocasionales en lugar de una atención continua, muy por encima de la media global. A esta postura reactiva se une la incorrecta suposición por parte de casi el 80% de los ejecutivos españoles de que el coste de implementar la ciberseguridad es más alto que el de sufrir un ciberataque. Pese a que nueve de cada diez directivos internacionales aseguran que la ciberseguridad es un factor diferenciador que les ayuda a generar confianza entre los clientes, apenas el 15% celebra reuniones específicas del consejo para discutir estas cuestiones. En el caso de España, el porcentaje desciende hasta el 7%. Esta desconexión podría explicarse por el hecho de que la gran mayoría de los CEO considera que la ciberseguridad es una función técnica, responsabilidad del CIO o del director de seguridad de la información.

Significativo salto adelante de las obras del Tren de Alta Velocidad. El Consejo de Ministros autorizó ayer la cesión al Gobierno vasco de las labores para diseñar y ejecutar el nuevo acceso ferroviario a Bilbao. El ‘supertúnel’ que unirá Basauri y la futura estación soterrada de Abando tendrá una longitud de algo más de 6 kilómetros y requerirá una inversión de 280 millones. Si se cumplen las previsiones, los trabajos burocráticos podrían arrancar durante el primer trimestre de 2024. Para las obras aún habrá que esperar bastante. Moncloa desbloquea, con el Ejecutivo aún en funciones pero con la investidura de Pedro Sánchez y la nueva legislatura garantizadas, un compromiso que asumió hace justo dos años. Fue en noviembre de 2021 cuando el Gobierno central accedió a dejar en manos de Lakua las obras de los accesos del TAV a Bilbao durante un encuentro que mantuvo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con su homólogo vasco, el también socialista Iñaki Arriola, en Vitoria. La Administración vasca considera que en sus manos las obras quedan blindadas de los vaivenes políticos y económicos, y que los proyectos pueden acelerarse. Que falta les hace: el ‘supertúnel’ en ningún caso estará listo para 2027, horizonte en el que estiman las instituciones podría inaugurarse la alta velocidad... con un apeadero provisional a las afueras de Basauri. Aunque las obras del TAV son responsabilidad del Gobierno central, el autonómico se sumó al proyecto hace ya bastantes años.

Sánchez afronta hoy una sesión de investidura con el aval de sus socios vascos y catalanes a la ley de amnistía, pero con un ambiente de alta tensión que augura una sesión bronca. El PP activó ayer una reforma exprés del reglamento del Senado para ralentizar la amnistía. Pedro Sánchez afronta hoy la primera de las dos sesiones de investidura para formar gobierno tras unas semanas de intensas negociaciones que se han saldado con la controvertida ley de amnistía. Sánchez, que gobierna tras superar en junio de 2018 una moción de censura a Rajoy, tiene asegurados 179 votos. La ley de amnistía, que polarizará el debate parlamentario en las dos jornadas, vale el apoyo de los partidos independentistas catalanes, Junts y ERC, que son los principales beneficiarios, y que cuenta también con el respaldo de los demás socios, entre ellos el PNV y EH Bildu. La proposición de ley fue registrada el lunes por el PSOE sin la firma de los aliados, que prefirieron no hacerlo ante las dudas de Esquerra. Los jeltzales ofrecieron su firma «desde el minuto uno» para suscribir la proposición de ley de amnistía, pero finalmente no estamparon su sello por las «reservas» manifestadas por ERC. En este sentido, Andoni Ortuzar, presidente del PNV, subrayó que «no tenía sentido que si un partido catalán no la suscribía, la rubricásemos nosotros». Además, quiso aclarar que si el PSOE asumió la presentación de la norma en solitario en el Congreso de los Diputados, es porque «cuenta con el apoyo de todos los partidos que respaldan la investidura». Asimismo, el líder jeltzale apuntó que «la amnistía es un buen instrumento para ayudar a que las culpas, que hay que repartirlas, desaparezcan y poner el contador de la política a cero».

Los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo y la ley de amnistía han provocado un tormenta de reacciones de rechazo en el mundo empresarial, que cada vez alza la voz en mayor número y con más decibelios. A lo largo de los últimos días y horas, el clamor ha ido in crescendo hasta convertirse en estruendo. De norte a sur y de este a oeste, las principales organizaciones empresariales de toda España han mostrado su oposición frontal a los pactos de Pedro Sánchez con el separatismo por su impacto negativo sobre la igualdad de los españoles, la grave amenaza que suponen para la separación de poderes, el deterioro institucional y de la seguridad jurídica que representan y, por tanto, por el daño que pueden causar en el tejido empresarial, en la inversión y, en consecuencia, en el crecimiento económico. Si el lunes lo hicieron las grandes patronales, ayer fue el turno de los empresarios familiares y otras organizaciones. Ver entrevista con Antonio Garamendi en La Sexta. 

Los gobiernos riegan cada año con cientos de miles de millones de dinero público al sector de los combustibles fósiles en todo el mundo, pese a que el carbón, el petróleo y el gas son los principales responsables de la crisis climática que ha llevado al planeta a una situación de excepcionalidad. Eliminar estas ayudas es una histórica reivindicación en la lucha contra el cambio climático. En la declaración final de la cumbre del clima de Glasgow, celebrada a finales de 2021, los casi 200 países que participaron en esa cita (prácticamente, todos los del mundo) incluyeron un llamamiento explícito a eliminar paulatinamente las ayudas públicas ineficientes. Sin embargo, esa llamada de hace dos años no se ha transformado en compromisos concretos en los planes climáticos de las naciones, según revela un informe del área de cambio climático de la ONU, que también alerta de que los esfuerzos para que el calentamiento se quede dentro de los límites más seguros siguen siendo insuficientes. Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzarán su techo antes de que acabe la década, pero no se reducirán con la velocidad e intensidad suficientes, advierte el estudio. A dos semanas del comienzo de la cumbre anual del clima en Dubái, la COP28, este análisis de Naciones Unidas examina los planes de los 194 países que han firmado el Acuerdo de París. Cuando una nación suscribe ese pacto debe presentar un documento con las medidas que está tomando y que tomará para hacer frente al calentamiento global. La inmensa mayoría se compromete en esos planes a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a impulsar las energías renovables. Pero tan solo el 4% de los planes climáticos de esos 194 países incluyen referencias directas a la eliminación gradual de las ayudas públicas a los combustibles fósiles, que son los principales responsables de las emisiones.