20231221

No ha gustado nada a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme ni por el fondo ni por la forma. Pero tampoco a CC OO y UGT por esta última cuestión. Las patronales mostraron ayer «su rechazo total» a esta medida que, a su entender, «atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional justo cuando, a nivel europeo y dentro de la presidencia española del Consejo de la UE, se están desarrollando esfuerzos para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad», señalan en un comunicado difundido tras la reunión de su junta directiva. Denuncian que la materialización de este acuerdo político supondrá «un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española». Pero si la medida no les gusta nada a estas asociaciones empresariales, también critican con dureza la forma de hacerlo: «sin preaviso y desde el desprecio al diálogo social», recalcan. Si el mismo martes ELA se congratulaba de esta modificación, ayer LAB hacía una lectura algo menos triunfalista. A su entender el texto arroja «luces y sombras». Así, explica que aunque el decreto publicado ayer «supone un avance en la construcción de un marco vasco de relaciones laborales», apunta que precisamente «la condición de que los convenios autonómicos tienen que ser más beneficiosos» deja la puerta abierta a que la negociación de aquí «siga dependiendo de la estatal». Añade que aunque las condiciones laborales de los convenios vascos son generalmente mejores, puede haber un amplio debate jurídico sobre qué es ‘más beneficioso’ y qué no, «abriendo la puerta a la judicialización y a la inseguridad jurídica que tanto gusta a la patronal». La central recuerda que pese al Acuerdo Interprofesional firmado en Euskadi en 2017 por todas las centrales y Confebask, en el que precisamente se trataba de blindar los convenios vascos respecto de los estatales, se han seguido dando pasos hacia la estatalización «gracias a los resquicios legales que trata de aprovechar la patronal», remarca. El secretario general de UGTEuskadi, Raúl Arza, saludó, por su parte, la medida, aunque precisó que, en el caso de Euskadi, su aplicación va a quedar en «papel mojado», ya que solo hay nueve o diez convenios autonómicos, que afectan a menos de 25.000 trabajadores. Con todo, ELA recordaba la víspera que la medida no afectará solo a los convenios autonómicos, sino a toda la negociación colectiva de Euskadi. Ver nota CEOE.

Euskadi ha recuperado la segunda posición en el ranking de competitividad regional que elabora el Consejo General de Economistas (CGE) cada año. Llevaba en el tercer puesto desde 2018, cuando Navarra le superó. Ahora solo tiene delante a Madrid, que mantiene su liderazgo. La clasificación se elabora teniendo en cuenta factores como el entorno económico, el mercado de trabajo, el capital humano, el entorno institucional, las infraestructuras básicas, la eficiencia empresarial y la innovación. Para el año 2022 el estudio asigna una puntuación a Euskadi de 13,22 puntos, ligeramente por encima de los 13,2 de Navarra, pero todavía muy por debajo de los 15,82 de Madrid. Cabe destacar, no obstante, que el aumento de competitividad de Euskadi en 2022 ha sido inferior a la media nacional y si ha recuperado el segundo puesto es porque el incremento de Navarra ha sido aún más pobre. Así, la nota del País Vasco mejora un 4,2% hasta los citados 13,22 puntos mientras que la comunidad vecina solo crece un 3,3% hasta los 13,2 puntos. La media nacional aumenta un 4,9% respecto a 2021. «A pesar de las elevadas tasas de inflación y del tensionamiento de la política monetaria, el crecimiento se mantuvo sólido y superó las expectativas desfavorables que creó la invasión de Ucrania», dice el informe.

La Cámara de Comercio de Bilbao cree que hay un peligro evidente de repunte inflacionista como consecuencia de otro elemento coyuntural, en este caso derivado de la guerra en la franja de Gaza y de la actuación de grupos armados contra los buques que tratan de utilizar el canal de Suez. La situación bélica en la zona está provocando ya el desvío de numerosas rutas marítimas que conectan Asia con el sur de Europa, que se ven así obligadas a bordear África para entrar en el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. «Ya comienza a verse en la cotización de los fletes un alza significativa», señaló ayer el presidente de la institución cameral vizcaína, José Ignacio Zudaire. En una comparecencia ante los medios indicó también que es materialmente imposible predecir la trascendencia de ese impacto y su duración, aunque estima que en el corto plazo será inevitable. «En muchas cadenas de valor europeas dependemos de productos fabricados en China o en otros países asiáticos y no tenemos capacidad para sustituirlos. Otros países, como sucede en Estados Unidos, han hecho una política más agresiva concediendo incentivos para recuperar producciones propias», matizó. Por otra parte, la Cámara estima que 2024 será un año de transición en la economía del territorio, con un crecimiento del PIB situado entre el 1,9% y el 2%, frente a un aumento del 1,7% estimado para el conjunto de 2023. Junto a las dificultades para vislumbrar el camino que va a seguir la demanda, un sondeo realizado por la Cámara entre las empresas desvela que hay diferentes percepciones sectoriales. Así, la construcción cree que 2024 será un año de desaceleración de la actividad, mientras que la industria tiene buenas perspectivas y confía en una recuperación. Ver más en Cámara de Bilbao. 

Las empresas de Gipuzkoa ven con preocupación el devenir del conflicto en el mar Rojo, que ha llevado ya a las principales navieras a suspender el paso de sus barcos por allí. Una situación que, de prolongarse en el tiempo, podría provocar una nueva crisis de suministros o, incluso, un riesgo de repunte inflacionista. De entrada, el precio del petróleo ya ha subido. Desde la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, fuentes consultadas por este periódico advierten de que «las empresas del territorio, y nosotros en particular, ya estamos haciendo un seguimiento sobre el posible impacto de este importante conflicto en nuestro tejido económico, que podría tener importantes consecuencias. Estamos atentos y analizando su posible impacto». Son, en opinión de la Cámara, «las consecuencias de un mundo tan interconectado». El Canal de Suez es el puente entre el mar Rojo y el mar Mediterráneo, donde navega un tercio de la carga global de contenedores y es responsable del suministro de alrededor del 12% del comercio mundial. Cada día lo cruza medio centenar de buques que transportan productos por un valor que oscila entre los 3.000 y los 9.000 millones de dólares. Los ataques ya han provocado una repunte en los precios del Brent, la referencia global del crudo, hasta situarse en los 80,14 dólares por barril este miércoles. El investigador sénior y coordinador del área de energía de Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad, Jorge Fernández, sostiene que «el precio spot del petróleo aumentará y podría haber algunos sobrecostes para algunos operadores, pero no se trasladarían de forma significativa a precios de productos energéticos para consumidores finales en un corto plazo». Otra de las consecuencias que ya se ha dejado notar por este colapso en el transporte de mercancías en el mar Rojo son los fletes marítimos mundiales, que ya han subido un 10% en el último mes, pasando de los 1.157 dólares del 17 de noviembre, a los 1.281 el pasado viernes 15, según el índice diario de carga de contenedores Global Container Freight Index (FBX). 

La firma de máquina herramienta Korta de Zumaia es uno de los ejemplos de cómo el tejido empresarial vasco enfrenta con éxito las sucesivas complejidades que presenta el escenario económico desde la aparición del covid, la siguiente invasión de Rusia a Ucrania que tuvo como consecuencia que la inflación se disparase y los altos tipos de interés en respuesta. Su capacidad de resiliencia no sólo le permite mantener a un buen nivel su actividad, sino que además espera elevar un 50% su facturación en los próximos cuatro años hasta alcanzar una cifra de negocio en el entorno de cinco millones de euros. Su director general, Andima Laskurain, ha aportado este dato en el acto de conmemoración de los 60 años de vida de esta empresa guipuzcoana entre cuyos fundadores se encuentra Joxe Mari Korta, asesinado por ETA hace 23 años. Su figura ha sido ensalzada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha afirmado que “muy a su pesar se convirtió en símbolo de la libertad y la democracia”. 

El recuerdo al asesinado Joxe Mari Korta sigue presente en su empresa de Zumaia 23 años después. El polígono industrial lleva ahora su nombre y el monolito en la entrada recuerda el lugar donde un coche bomba de ETA segó la vida del entonces presidente de Adegi. Por ello, la conmemoración del 60 aniversario de esta compañía se convirtió en un homenaje al industrial, con presencia del lehendakari. E Iñigo Urkullu no quiso dejar pasar la ocasión para reclamar autocrítica a la izquierda abertzale. Así, señaló que el terrorismo «es un lastre con el que muchas personas tendrán que cargar el resto de sus vidas», en alusión a la antigua Batasuna. «Cuando oímos voces que todavía hoy les justifican o amparan, se nos encoge el corazón y se nos revuelve nuestro interior», lamentó Urkullu sobre un tema en el que entiende que EH Bildu debe dar más pasos. Una crítica en un clima, además, ya preelectoral en Euskadi a la espera de la fecha de los comicios autonómicos que el propio jefe del Ejecutivo de Vitoria debe determinar. Urkullu y otros representantes institucionales, como la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se personaron en Korta, una empresa de fabricación de husillos a bolas de alta precisión para máquina herramienta, para visitar los instalaciones y conocer la marcha de la firma en tan señalada efeméride, acompañados de responsables como Oier Korta, sobrino del asesinado, y el director general, Andima Laskurain. El lehendakari recordó que Korta, asesinado por ETA en agosto de 2000 por no pagar la extorsión, «se convirtió, muy a su pesar, en símbolo de la libertad y la democracia». Y es que la familia Korta vio cómo, aparte del asesinato de Korta, ETA se cebó con ellos con atentados terroristas contra otros negocios como una discoteca de Itziar destrozada por otra bomba.

Entrevista con Jose Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que da voz a gigantes como Acerinox, Alcoa, ArcelorMittal o Celsa. La patronal cerrará el año con 30 asociadas, responsables de 60.000 empleos directos. Muchas se acogieron a los ERTE en los peores momentos de una crisis energética que les ha condenado a una posición de desventaja frente a sus competidores europeos. "La crisis energética que hace tres años nos destrozó. Su efecto no ha pasado. Primero, ha debilitado a muchas empresas y, luego, hoy España no tiene, a pesar de lo que dicen algunos, unas condiciones favorables de precio. La factura eléctrica final aquí es más alta que en otros países, la prueba es que ya hay multinacionales que se llevan su producción de España a otros países. Que la energía en España es más barata que en otros países. No es verdad. La factura final es más cara si nos comparamos con Francia o Alemania, que deben ser nuestra referencia, y no otros más pequeños, porque en ellos están nuestros verdaderos competidores. Las industrias que consumen mucha energía en esos países tienen condiciones más favorables...La electricidad es hoy dos veces más cara a lo que se pagaba entre 2010 y 2020...Vamos a celebrar Nochevieja y seguimos esperando a ver si Papá Noel nos trae algo. Que no sea en Reyes, que ya sería tarde. Las empresas que dependemos de la electricidad estamos en unas condiciones terribles . Hay países europeos en los que la industria recibe ayudas para garantizar su competitividad. Le pedimos al Gobierno que el 31 de diciembre no sea un parón, que esas medidas se prolonguen, incluso, que se conviertan en definitivas. Lo necesitamos tanto como el comer... El precio de mercado es alto para todos, pero ¿qué pasa después? Francia ha dado 7.000 millones por los costes energéticos. Alemania, 49.000. Polonia, 1.200. Chequia , 800. Y España, 450. Hay una un ataque de algunos gobiernos a la competitividad de la industria de países más pobres..."

Iberdrola ha fijado para el día 21 de marzo del próximo año 2024 la fecha para la celebración de su nuevo Día del Inversor (Capital Markets Day). El evento, en Londres, reunirá a cerca de 200 inversores internacionales y será especialmente relevante en esta ocasión. Iberdrola deberá actualizar su plan estratégico, que se le ha quedado pequeño en poco más de un año. En el último Capital Markets Day, en noviembre de 2022, Iberdrola actualizó su plan estratégico hasta 2025, pero el grupo ha ido superando objetivos de beneficios y de dividendo trimestre a trimestre desde entonces. También en cuanto al volumen de rotación de activos. El beneficio neto previsto en su actual plan estratégico se sitúa, para el año 2025, entre 5.200 millones y 5.400 millones de euros, que previsiblemente actualizará al alza. Las estimaciones más prudentes de analistas dan por hecho que la barrera de los 5.200 millones se superará sin problemas. También deberá actualizarse al alza el objetivo de dividendo. En su plan estratégico aun vigente, la compañía se marcaba como meta un dividendo de al menos 0,5 euros por acción para el año 2025, que ya se ha alcanzado. En concreto, en 2023, la compañía ha pagado 0,501 euros por acción con cargo a 2022, con lo que ha alcanzado el dividendo mínimo fijado con tres años de antelación. En cuanto a beneficios, Iberdrola obtuvo una ganancia neta de 3.637 millones de euros hasta el tercer trimestre de 2023 y, después de revisiones al alza encadenadas de sus previsiones, calcula que cerrará este año con un incremento del beneficio superior al 10%, sin incluir las eventuales plusvalías por rotación de activos.

Las empresas de energía eólica siguen adelante con sus planes para instalar más centrales en Bizkaia. En concreto, el Gobierno vasco ha anunciado esta semana que se ha empezado con la tramitación de otros tres parques, con un total de 19 molinos y una potencia instalada de 113 MW, lo que en condiciones óptimas de funcionamiento supondría una producción eléctrica suficiente para cubrir las necesidades de 70.000 hogares. De salir adelante, dos de los tres proyectos se ubicarían muy cerca de la costa. La compañía Mendia Wind aspira a instalar molinos en Gorliz y Lemoiz, el primero; y también en Lemoiz, así como en Mungia, Maruri y Bakio, el segundo. La otra iniciativa es una propuesta de Ferosca Wind para construir una central en la Sierra del Mandoia, en los términos municipales de Zeberio, Galdakao, Igorre y Bedia. Con estas tres infraestructuras sobre la mesa, el número total de desarrollos eólicos que planean sobre Bizkaia asciende a once. Entre todos aportarían una potencia máxima de 375 MW y 60 aerogeneradores. Esto supondría multiplicar por 10, el potencial actualmente instalado, que se limita a los 25 MW del Monte Oiz y los 10 MW del dique de Punta Lucero. En el mejor de los escenarios, los nuevos proyectos podrían alimentar a cerca de 200.000 hogares. El anuncio de estas nuevas centrales coincide con un contexto muy determinado. En los últimos meses, el Gobierno vasco ha decidido apretar el acelerador de las energías renovables.

El futuro campus del vino se levantará en Lakua. La sede de la facultad EDA Drinks & Wine se situará junto a la estación de autobuses, en una gran parcela que permanece libre. Así lo han acordado el propio Basque Culinary Center (BCC), impulsor del proyecto, junto con el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, que han llevado el proceso de selección de la ubicación con una discreción absoluta durante los últimos meses. Allí se levantará un edificio «emblemático y singular», tal y como anunció en su día la entidad gastronómica y educativa. A pesar de que llegaron a barajarse hasta cuatro o cinco posibles emplazamientos, entre los que se encontraban parcelas más céntricas o incluso remodelar edificios característicos, los cuatro actores principales del proyecto se han decantado por fin por Lakua. En primer lugar, por las dimensiones que requiere el área para llevar a cabo el proyecto, que necesita en torno a 8.500 metros cuadrados de superficie. Esa misma premisa limitaba sobremanera las opciones de hallar un suelo adecuado en la trama urbana. Otro de los objetivos de los impulsores era crear una sede reconocible y moderna, una oportunidad que los palacios renacentistas de Vitoria no le brindaban. Cabe recordar que la casa central del parque de Miramón, en San Sebastián, fue diseñada por el estadounidense Robert Therrien y trata de simbolizar elementos de uso cotidiano en la cocina como vajillas, cacerolas o menaje. Por otro lado, en la elección ha pesado también las buenas conexiones de la zona, tanto desde el punto de vista de la propia ciudad (es un área muy transitada por autobuses urbanos y el tranvía), como de accesos desde el exterior, ya sea por la estación de autobuses o por tener próxima la entrada en la capital. Además, se encuentra frente a la sede del Gobierno vasco, impulsor del proyecto a nivel autonómico.

PNV y PP cerraron ayer en Álava un pacto cuyo eje más destacado es la fiscalidad, pero cuyo alcance va mucho más allá porque reabre la vía de los acuerdos entre jeltzales y populares y evidencia que la formación liderada por Javier de Andrés quiere demostrar su capacidad de influencia. La consecuencia más práctica de este acercamiento es que los residentes en el territorio podrán deflactar un 2,5% en el IRPF y ahorrarse así 16 millones de euros. Pero no solo eso. Porque en el plano político puede ayudar a evitar la desarmornización fiscal en Euskadi y mueve el juego de alianzas a escasos meses de las elecciones autonómicas y con mayorías institucionales en algunos casos, como en Álava y Vitoria, muy frágiles o insuficientes. Para entender el alcance de lo ocurrido este miércoles primero hay que retroceder a mayo. Las elecciones ofrecieron un mapa fragmentado en el que PNV y PSE cuentan con mayoría absoluta en Bizkaia, pero no en Álava y en Gipuzkoa, donde los socios de gobierno deben contar con la oposición para aprobar las normas forales y los Presupuestos. El siguiente episodio se vivió a finales de octubre, cuando el Consejo Vasco de Finanzas acordó implantar un alivio fiscal del 2,5%. Con esos dos ingredientes sobre la mesa, el resultado ha sido desigual en los tres territorios. En Bizkaia no ha habido problemas para el Ejecutivo de Elixabete Etxanobe, pero para Ramiro González y Eider Mendoza está siendo bastante más complicado. 

«Es una buena noticia por partida doble», consideraron responsables de SEA-Empresas Alavesas consultados por este periódico. La asociación que dirige Pascal Gómez destacó la «capacidad» que han demostrado partidos políticos de diferente signo para acercar posturas y sacar adelante un nuevo paquete fiscal. «Desgraciadamente hemos visto en demasiadas ocasiones que la falta de proximidad entre las fuerzas políticas impide la consecución de proyectos que encierran impulsos necesarios para Álava», señalaron. «Además, esta menor retención tributaria por parte de la Hacienda foral tendrá como consecuencia directa un aumento de la capacidad de gasto de los ciudadanos, una circunstancia que siempre redunda en beneficio de la economía», analizaron. Hacia la misma dirección apuntó el presidente de la Cámara de Comercio de Álava, Gregorio Rojo. El dirigente defendió que «la política es acercar posturas por el bien de los ciudadanos» y acuerdos como el de ayer benefician a la ciudadanía porque vienen avalados por «la mayoría política» del territorio. «Se abre un nuevo camino. Da estabilidad y genera esperanza de cara a nuevos acuerdos en el futuro», remarcó Rojo, quien tan sólo lamentó que vaya a haber un presupuesto prorrogado que no es lo «idóneo» porque las necesidades cambian de un año para otro. El máximo dirigente de la institución cameral apuntó que es «un importante punto positivo» que no vaya a existir una desarmonización fiscal al menos en Álava y Bizkaia, al contar con una deflactación del 2,5% como fijó el Consejo Vasco de Finanzas de octubre, y apuesta porque Gipuzkoa siga esa misma senda a través de la aprobación de una norma foral por la vía de urgencia en las próximas semanas.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, a través de un decreto foral urgente, intentarán aprobar la deflactación de la tarifa del 2,5% del IRPF, que busca dar un alivio fiscal a los ciudadanos frente a la inflación. Diputación debe aprobar la semana que viene en Consejo esta medida anexa al proyecto de Presupuestos de 2024, retirado la semana pasada al no concitar el apoyo de la oposición y no tener PNV y PSE-EE mayoría absoluta. El consejo extraordinario del próximo jueves 28 aprobará otras medidas similares y el PP se abre a dar el voto necesario. El Ejecutivo foral necesita el apoyo de algún grupo de la oposición en el pleno previsto para enero precisamente en Araba, el PP llegó ayer a un acuerdo con peneuvistas y socialistas para apoyar una deflactación similar. En el caso de Gipuzkoa, los populares guipuzcoanos, a la espera de analizar el contenido, se abren a respaldar también este alivio fiscal, que ayudaría a las familias frente a la inflación y que es el mismo en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca para evitar desarmonizaciones, según fuentes de este partido. Gipuzkoa plantea un ajuste de las tablas del IRPF del 2,5%, en línea con los otros dos territorios históricos de Euskadi, tal y como se acordó en octubre en el Consejo Vasco de Finanzas. En un comunicado emitido ayer tarde, la Diputación de Gipuzkoa señala que el Consejo de Gobierno foral trabaja en la aprobación de un decreto foral de urgencia para «poder garantizar las medidas fiscales orientadas a apoyar a empresas, familias y autónomos».

Lo más probable es que las elecciones se adelanten a abril y, si bien quedan cuatro meses por delante, hay que tener en cuenta que enero es un mes al ralentí en el Parlamento vasco. Por tanto, ante el escaso número de días hábiles que hay por delante y el anuncio del lehendakari –a quien compete fijar las fecha de los comicios– de que queda tajo por delante, al Gobierno Vasco no le cabe otra que darse prisa si quiere terminar su mandato con la mayor parte de las leyes recogidas en su programa legislativo aprobadas. De momento, el acelerón está dando resultado. Desde la vuelta del verano la Cámara ha dado luz verde a seis leyes, cinco de ellas en un intensísimo mes de noviembre. Hoy se aprobarán otras seis y se modificará una sexta. De esta manera, solo quedarán pendientes de ser aprobadas en los próximos meses cuatro normas: Transición energética y cambio climático, Infancia y adolescencia, Cooperación y solidaridad; y Transparencia. La Ley de Presupuestos para 2024 recibirá luz verde el viernes. Entre las cinco normas que serán sometidas a votación hoy en la Cámara vasca, la de Educación y la de Empleo, y la de subvenciones, que incluye la cláusula contra las deslocalizaciones. Entre los objetivos que se plantea la de empleo, cabe resaltar que para julio de 2024 los desempleados tengan asignado su orientador, con la previsión de que un año después todos cuenten ya con su itinerario. También tendrán derecho a estas políticas activas los ocupados que así lo demanden. Para cumplir con la nueva ley se está llevando a cabo una profunda reorganización de Lanbide, que cuenta con 46 oficinas (una virtual) y un millar de empleados. De ellos, cerca de 373 son orientadores y se pretende llegar a 430. Los ayuntamientos también tendrán un protagonismo más acusado, garantizándoles financiación para responder a las necesidades de sus vecinos y empresas. Por su parte, el País Vasco tendrá finalmente una ‘Ley antideslocalizaciones’ de empresas que obligará a aquellas compañías que se lleven fuera del País Vasco su producción o actividad a devolver las ayudas públicas recibidas en los últimos ocho años. La nueva normativa ha sido pactada por EH Bildu, proponente de la iniciativa, con los dos partidos del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE. De esta forma Gipuzkoa y Araba se igualan a Bizkaia, donde ya estaba vigente desde 2007 está obligación de devolver las ayudas. El dictamen fue aprobado en la ponencia que se ha celebrado en los últimos meses en el Parlamento Vasco, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, y que ha contado con la presencia de distintos actores económicos, entre ellos la patronal Confebask, que veía «injusta» esta nueva norma. Ver más en Confebask. 

El encuentro de los ministros de Finanzas de Alemania y Francia en París para pactar su posición común sobre la reforma de las reglas fiscales dio el martes una señal inequívoca de que la Unión Europea (UE) lograría cerrar ayer este expediente, uno de los más importantes para la Presidencia española del Consejo Europeo. Y así fue. En una videoconferencia extraordinaria, los ministros de Finanzas de la UE debatieron la última propuesta española sobre el nuevo marco fiscal, que incluía un ajuste anual obligatorio de la deuda equivalente al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) para los países más endeudados, como España, y una reducción de déficit del 0,5%. Tan solo dos horas después de iniciar las discusiones lograron un «acuerdo político» que deberá ser negociado ahora con el Parlamento Europeo. El texto llegaba a esta reunión cerrado «al 90%» después de que los ministros de Finanzas rozaran el acuerdo a principios de mes y sólo quedaban dos flecos pendientes: la velocidad a la que los Estados miembros con más deuda y déficit deben llevar a cabo su ajuste fiscal y la desviación máxima permitida de gasto anual público, que permitirá finalmente un desfase de 0,3 puntos porcentuales al año. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, destacó que el acuerdo fue «unánime, lo que muestra el equilibrio de la propuesta española, que garantiza la reducción sostenida de deuda y déficit protegiendo las inversiones en el ámbito verde, digital y de Defensa». Desde el inicio de las negociaciones se han formado dos grandes bloques: por un lado Alemania, que pedía mano dura y ambición en las nuevas reglas fiscales; y por otro, Francia, que reclamaba más espacio para las inversiones públicas en materia de digitalización y transición verde. Finalmente, el texto adoptado incluye importantes concesiones a Berlín, con el endurecimiento de la propuesta de la Comisión Europea, y que exige una reducción anual de deuda del 1% del PIB a los países más endeudados. Para aquellos Estados con un déficit público superior al 3%, reclama un ajuste fiscal del 0,5% del PIB, que en el caso de España serán unos 6.600 millones de euros.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional disparó en un 22,3% los costes laborales de los trabajadores con sueldos más bajos. Un incremento que desbordaba ampliamente tanto la inflación como la productividad como el alza de los costes salariales en otros países europeos y que vendría sucedido por nuevas subidas, acumulando un incremento del 46,8% a lo largo de las distintas etapas de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, lo que habría provocado la pérdida de 163.000 puestos de trabajo a lo largo de este periodo, de acuerdo con los cálculos de la patronal Cepyme, publicados ayer dentro del informe Repercusión de la subida del SMI en la pyme española. En concreto, el texto sostiene que “hasta 2018, los ocupados en tareas elementales y no elementales crecían a la par, cerca del 13% en los cinco años previos”. Sin embargo, la situación cambio a partir de entonces, ya que “cuando comenzó a subir fuertemente el SMI, los ocupados en tareas elementales crecieron una tercera parte que el resto de los ocupados (3,2% y 9,7% respectivamente, entre los terceros trimestres de 2018 y 2023)”. “De haber seguido creciendo a la par, ahora habría unas 163.000 personas más trabajando”, sentencia el informe, que añade que la no creación de estos empleos “golpea a colectivos específicos: jóvenes y personas sin experiencia o capacitación”. Y, con ello, les priva precisamente de esta experiencia.

Las inversiones por parte de las empresas extranjeras en España cayeron un 23,3% entre enero y septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 18.303,8 millones de euros a lo largo de este periodo, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Aunque prácticamente todas las regiones se encuentran en retroceso, con la gran excepción de Comunidad Valenciana y Extremadura, este descenso ha sido muy desigual a lo largo y ancho de la geografía española, con lo que Madrid consolida su primera posición como receptora de capital extranjero, seguida de una Comunidad Valenciana que desbanca a Cataluña en la segunda posición. Así, las empresas radicadas en Madrid captaron 10.262,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, el 56,1% de toda la inversión extranjera en este periodo, si bien hay que tener en cuenta que buena parte de esta cifra posteriormente se ha distribuido hacia otras regiones donde las compañías extranjeras tienen instalaciones. Con ello, Madrid cuadruplica las inversiones en Comunidad Valenciana (2.469,8 millones, casi el doble que en 2022) y quintuplica las de Cataluña (2.087,1 millones), que queda relegada a la tercera posición, algo por encima de País Vasco (1.494,9 millones).

El Gobierno tiene previsto aprobar en breve la ley de Familias que, entre otras novedades, convertirá en remunerado para todos los trabajadores el permiso de ocho semanas para la crianza de los hijos creado el verano pasado y extenderá la licencia pagada por paternidad de las actuales 16 semanas a 20. Así lo desveló ayer el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien indicó que quiere llevar esta norma al Consejo de Ministros «con celeridad». Pretende que sea la primera ley que su departamento remita al Congreso para su tramitación y aprobación definitiva. La urgencia, añadió, es máxima, porque esta norma estaba previsto que estuviese en vigor ya este año, pero su tramitación quedó abortada y truncada con la disolución del Parlamento en primavera por el adelanto electoral. La futura ley garantizará la igualdad de derechos y beneficios de cualquier modelo de convivencia (matrimonio, pareja de hecho, monoparental, LGTBI, acogida), incorporará nuevos permisos y prestaciones para cuidados y otorgará ventajas a las familias más vulnerables, especialmente a las monoparentales. La licencia laboral que una vez la ley se apruebe pasará a estar parcialmente remunerada se creó en junio pasado, con el último real decreto ley del anterior Gobierno, que también estableció un permiso de cinco días para cuidar a familiares en caso de enfermedad o accidente graves y otro de cuatro días para urgencias o imprevistos médicos del mismo colectivo. Se puede este tiempo seguido, por días o por semanas y cada progenitor por separado. 

El anuncio del Gobierno de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, adquirirá hasta un 10% del capital de Telefónica, va a tener su primera consecuencia: el acuerdo entre la dirección y los sindicatos de la empresa sobre las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE). Las posturas se han acercado notablemente tras la última reunión que tuvieron lugar ayer en la que la empresa ha rebajado la cifra de despedidos hasta los 3.559, 400 menos que la última cifra expuesta en la mesa y casi 1.500 sobre la propuesta inicial de 5.124 bajas. El acuerdo es inminente desde las diferencias “insalvables” que manifestaron los sindicatos tras la reunión del lunes y se podría anunciar hoy mismo, según informaron fuentes de la negociación. En la reunión de ayer, la dirección ha mejorado además las indemnizaciones para los que causen baja. Así, las personas nacidas en 1968 (es decir, los empleados con 55 años) percibirán un 65% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65 (dos puntos porcentuales sobre la anterior propuesta). Para los nacidos en 1967, 1966 o 1965, (entre 56 y 58 años) Telefónica plantea ahora un 60% del salario regulador hasta los 63 años y un 32% hasta los 65, así como una prima de voluntariedad de 3.000 euros; y para los nacidos en 1964 o años anteriores, la compañía ofrece un 50% del salario hasta los 63 años y un 32% hasta los 65 con la citada prima de 3.000 euros. Asimismo, la empresa ha mejorado las condiciones complementarias al sumar reversibilidad de las rentas en caso de fallecimiento, el pago del seguro colectivo hasta los 63 años, el 100 % de la póliza de salud básica hasta esa edad y la inclusión de los mayores de 65 años.

Los ingenieros aeronáuticos no terminan de apreciar como significativo el efecto que tendría la prohibición de vuelos cortos, con alternativa en el transporte ferroviario, en la lucha contra el cambio climático. Más bien advierten de un lastre en el avance hacia flotas más eficientes y el desarrollo de los combustibles sostenibles. El Gobierno español está analizando la medida, que se abre camino en Francia y lo hizo previamente en Austria. En pleno debate, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (Coiae) ha tomado la voz y sostiene, a través de un informe publicado ayer, que “la disyuntiva entre tren y avión a la hora de realizar un viaje parece ser una cuestión marginal para afrontar el desafío medioambiental del calentamiento global”. El colegio usa argumentos de la Agencia Medioambiental Europea para afirmar que es difícil dictaminar el resultado neto de medidas restrictivas, y apuesta por “proteger la innovación e implementación de tecnologías de propulsión descarbonizada”. Para los ingenieros es esencial abundar en la intermodalidad para rebajar de un modo real las emisiones del transporte: “Las medidas cosméticas o publicitarias pueden volverse incluso contraproducentes, al crear la impresión de que sí se está actuando de manera decisiva, cuando no es el caso”, se advierte en el trabajo firmado por Óscar Castro Álvarez. Una gestión más eficiente del espacio aéreo, el desarrollo de la industria de combustibles sostenibles de aviación (SAF) o las medidas económicas de compensación de emisiones son alternativas a las prohibiciones que podrían tener mayor efecto, según el Coiae, en el camino hacia las cero emisiones netas.

La política migratoria no será ya una cuestión que los países europeos deberán gestionar por su cuenta. La Unión Europea (UE) dio ayer un paso decisivo en la creación de una política migratoria común –tras años de negociaciones– con el acuerdo en torno al Pacto de Migración y Asilo. Los equipos negociadores del Consejo Europeo y la Eurocámara cerraron a primera hora de ayer los cinco expedientes que aún quedaban pendientes del reglamento, que busca reforzar las fronteras exteriores del bloque, cerrar acuerdos con terceros países para frenar el número de llegadas irregulares –evitando crisis como la que vivió la isla italiana de Lampedusa en septiembre– y acelerar las deportaciones. El expediente era uno de los más importantes para la Presidencia española del Consejo de la UE, más aún en el contexto actual, cuando el número de llegadas irregulares a la UE ha alcanzado niveles récord. 255.332 migrantes llegaron de forma irregular a Europa en 2023 y 3.378 murieron en el intento, según los datos proporcionados por la Agencia Frontex. Las situaciones dramáticas vividas en Lampedusa, con la llegada de más de 10.000 personas, y la tensión política creada en octubre por el cerrojazo de Polonia, Chequia y Austria a sus fronteras por el aumento migratorio a través de Eslovaquia han acelerado las negociaciones del reglamento. La necesidad de pactar la normativa antes de las elecciones europeas que se celebrarán en julio de 2024 también han favorecido su adopción. Las negociaciones han sido duras y el acuerdo sobre los últimos cinco reglamentos clave del Pacto sobre Migración y Asilo sólo han llegado tras varios días de negociación entre los Veintisiete y el Parlamento Europeo.