20250531

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

«No podemos generar estructuras salariales distintas en el conjunto del país». Yolanda Díaz rechazó ayer de forma tajante la posibilidad de que Euskadi, donde el nivel de vida es más alto que en el resto de comunidades, tenga competencias propias para fijar su propio salario mínimo interprofesional (SMI). La ministra de Trabajo cierra así la puerta a una de las principales reivindicaciones de ELA y LAB, con quienes mantuvo el jueves una inédita reunión, y les insta a abordar el aumento del SMI a través de «la negociación colectiva». La representante de Sumar en el Gobierno de coalición –que ayer también se reunión con CC OO y UGT– señaló que la última reforma del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores proporciona herramientas para abordar la mejora salarial desde el diálogo social. Esta modificación refuerza el papel de los convenios autonómicos, otorgándoles prioridad sobre los de aplicación estatal, siempre que su contenido resulte más favorable para los empleados. Esta vía, sin embargo, parece cerrada para establecer un SMI propio que afecte a todos los trabajadores vascos, ya que la patronal rechaza sentarse a negociarlo. La cuestión es que Confebask se negó en febrero a abrir conversaciones sobre este asunto con la mayoría sindical vasca –ELA, LAB, CC OO y UGT–. La patronal alegó que una subida del salario mínimo «pondría en riesgo la competitividad y la sostenibilidad» de las empresas. Su negativa supuso un auténtico jarro de agua fría tanto para las centrales, que por una vez habían aparcado sus diferencias y unido fuerzas, como para el Gobierno vasco, que había respaldado la apertura de ese diálogo.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, defendió ayer la actuación de su compañía durante el apagón del pasado 28 de abril. Tras el cruce de acusaciones con Red Eléctrica, el empresario aseguró que la entidad que dirige respondió «siempre» a los protocolos marcados tanto por el Ministerio de Transición Ecológica como por el operador público, el «responsable de mantener las luces encendidas en el país», subrayó. El máximo dirigente de la eléctrica se refirió también, durante la junta de accionistas celebrada ayer en Bilbao, a la importancia de la red, que consideró como un activo de «seguridad nacional». «Hay que invertir mucho más», advirtió, ya que hay una «demanda latente (de energía) que no se puede atender». En la estrategia de Iberdrola, explicó, estas infraestructuras son uno de los objetos más importantes de la inversión, que este año ascenderá a 13.000 millones. Una cantidad de la que dos terceras partes irán para estos activos en Estados Unidos y Reino Unido. Sobre el debate nuclear, acelerado tras el apagón, el presidente de Iberdrola insistió en que, «como ingeniero», defiende que esa energía es «segura, fiable, eficiente y la mejor solución económica para complementar con las renovables». Eso sí, volvió a reclamar un marco económico y fiscal que «la haga atractiva». La junta de accionistas respaldó con un apoyo del 99,4% las cuentas de 2024. Un año que Galán encuadró en un «entorno complejo», pero que no impidió «un récord de resultados» con unos beneficios de 5.612 millones de euros, un 17% más, y eso después de una inversión que ascendió a 17.000 millones. Respecto al futuro, el empresario insistió en que la demanda eléctrica está creciendo a un ritmo de un 4% anual, con lo que se espera que en 15 años se multiplique por dos. Un escenario en el que prevé para 2025 un crecimiento de doble dígito en el beneficio gracias a las acciones que la compañía desarrolla en Estados Unidos y Reino Unido, con importantes inversiones en redes y en generación renovable. Ver nota Iberdrola. 

El euskera del saludo del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, convivió ayer en la junta de accionistas con la presencia del máximo representante del fondo soberano de Qatar y principal accionista de la eléctrica, Saud AlThani. El máximo responsable de la compañía quiso, además, hacer un guiño a los empresarios vascos que, hace 125 años, pusieron el germen en Bilbao de la actual Iberdrola. Un recuerdo que lanzó al defender esa marca de identidad que lleva a la primera eléctrica europea por valor de cotización a mantener desde entonces su sede en la capital vizcaína.

En el ocaso de los molinos que colocó Eólicas de Euskadi en Badaia, Iberdrola prepara el relevo para no perder esa potencia renovable en la sierra que separa a Vitoria de Kuartango. La energética vizcaína ultima un nuevo proyecto para sustituir los aerogeneradores que ya tiene instalados por otros nuevos y ampliar el parque eólico. Se trata de una nueva central que aportará 122 megavatios de potencia ‘green’, que ya está en manos del Ministerio para la Transición Ecológica y que va a suponer una extensión de lo que ya está levantado en esa zona montañosa que se puede ver desde la capital alavesa. El proyecto, que se llamará ‘Kuartango’, acaba de empezar su tramitación. Para ello, Iberdrola se ha impuesto a los proyectos de otras tres empresas de renovables –el Grupo Arena, RWE y Forestalia– con una propuesta que plantea quitar las treinta turbinas que actualmente se alzan sobre Badaia y sustituirlas por siete aerogeneradores mucho más potentes, de 7,2 megavatios cada uno. A estos se sumarían otros diez en una prolongación de los actuales que se desarrollará por la parte norte de la sierra. Estos nuevos molinos –de los que, por el momento, no está concretado ni el modelo ni el fabricante– serán los más potentes planteados en los montes vascos hasta la fecha.

Mientras Iberdrola sigue planteando nuevos proyectos en la Llanada, al sur del territorio, en Oion, se sigue a la espera de las obras del parque eólico de Labraza. La central ha ido superando todos y cada uno de los trámites y es, de largo, el proyecto renovable más avanzado de todos los que se han planteado para Álava. Sin embargo, la energética vizcaína aún no ha pedido la licencia de obra ante el Consistorio, gobernado por Bildu. «Todavía no se sabe nada», refieren fuentes municipales. Iberdrola todavía ni siquiera ha aclarado qué molinos pretende instalar, una de las claves después de conseguir los permisos urbanísticos del Ayuntamiento de Oion. Inicialmente el proyecto se tramitó con unos molinos de 5 megavatios de Gamesa que están registrando muchos defectos y que son responsables de las millonarias pérdidas que ha registrado la firma vasco germana en los últimos años. Sin embargo, ahora Iberdrola podría cambiar por modelos más pequeños o de otro fabricante que no arrastre los problemas de Gamesa. Fuentes conocedoras del sector renovable deslizan que la decisión de los molinos está muy próxima, igual que la suscripción de los seguros para las obras y la contratación de trabajadores. Sin embargo, apuntan que a estas alturas, a las puertas de junio, es prácticamente imposible que las obras inicien en primavera como se especuló durante el invierno. Así, todo se perfila para que el primer parque eólico de Euskadi en dos décadas inicie sus obras hacia el final del verano.

El coste de los tres proyectos de interconexiones eléctricas con Francia, que están llamados a reforzar la seguridad de suministro y evitar apagones como el del pasado 28 de abril, se ha disparado un 84% en cinco años. Las tensiones del mercado, con una subida de precios en cables HDVC, han incrementado los presupuestos de 4.390 a 8.081 millones en cinco años. La interconexión entre la subestación eléctrica de Hernani y Argia, en Francia, fue clave para recuperar el suministro en la península ibérica tras el apagón. Ese episodio demostró, con crudeza, que la red española y portuguesa necesita más y mejores enlaces continentales para optimizar y reforzar su seguridad ante un evento como el del pasado 28 de abril. No sólo para empezar a superar ese pobre 3% de capacidad de interconexión de la península con el resto del continente, sino para fortalecer la resiliencia energética, reducir los costes y favorecer un mercado eléctrico europeo más interconectado y competitivo. A día de hoy, tres grandes proyectos concentran esa ambición. Son las interconexiones del Golfo de Bizkaia, que enlazará Gatika con Cubnezais, en Aquitania, y las algo menos conocidas (porque aún se encuentran en fases preliminares) Navarra–Landes y Aragón–Marsillon, todas ellas reconocidas como Proyectos de Interés Común (PCI) por la Unión Europea. Representan un salto estratégico en la capacidad de intercambio eléctrico entre la península y Francia, pero su factura no deja de crecer: desde 2020, su coste estimado ha pasado de los 4.390 millones de euros hasta alcanzar los 8.081 millones en 2025, un 84% más. Como en el caso concreto de la obra en el Golfo de Bizkaia, la principal razón del encarecimiento de las tres iniciativas podría ser un contexto de mercado desfavorable, que ha llevado a que el precio de los principales componentes haya aumentado considerablemente.

Dos de los instrumentos del Gobierno para ejecutar operaciones en el sector empresarial, la SEPI y el ICO, preparan una fórmula global de financiación para estabilizar a Talgo y desatascar el cambio de control en esa compañía. Fuentes al tanto de las negociaciones aseguran que ambas entidades públicas han recibido el mandato de apoyar la pretendida inversión de Sidenor en el fabricante de trenes, ofensiva que es acompañada por el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones bancarias Vital y BBK para hacerse con un total del 29,77% del capital (36.870.994 de acciones). De los 153 millones de euros de pago inicial pactado por ese paquete (al margen de variables en función del cumplimiento del plan de negocio en 2027 y 2028), la acerera de José Antonio Jainaga debe aportar unos 45 millones de euros en medio de la incertidumbre generada por la política arancelaria de la Administración estadounidense de Donald Trump. Pese a que Estados Unidos no está entre los principales destinos de la producción de Sidenor, la empresa puede verse afectada por una sobreoferta de acero en Europa si acaban imponiéndose las barreras a las importaciones del país norteamericano. El capital público se ha abierto a respaldar a Sidenor, explican las fuentes consultadas, pero más allá de ese apoyo se dispone a participar en el refuerzo de la propia Talgo para allanar el desembarco de los nuevos accionistas, inicialmente previsto para el pasado mes de marzo.

La industria vasca da un nuevo paso en su estrategia de internacionalización con la visita esta semana a Euskadi de los 22 directores y directoras de las oficinas comerciales en el extranjero de la Red Exterior de Basque Trade & Investment. Este encuentro, que se ha desarrollado en los parques tecnológicos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, ha tenido como objetivo estrechar la relación entre las empresas vascas y los representantes internacionales, y abrir nuevas oportunidades en mercados estratégicos. Estos contactos han servido como un valioso termómetro de las inquietudes, necesidades y ambiciones del ecosistema empresarial vasco, especialmente en un contexto económico marcado por la transformación digital, la transición energética y la inestabilidad geopolítica global. En una reunión celebrada en la Talent House de Donostia, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, subrayó la importancia de esta red de oficinas como un pilar estratégico para conectar la industria vasca con el mundo. «La internacionalización es esencial para el futuro competitivo de nuestra industria. El trabajo de nuestras oficinas internacionales es fundamental para conectar nuestras empresas con el mundo y atraer proyectos que refuercen el tejido productivo vasco», señaló. El consejero destacó también la necesidad de abrir nuevos mercados más allá del entorno europeo, especialmente tras la incertidumbre derivada de la guerra comercial impulsada por la administración Trump. 

Mubil zentroak mugikortasun jasangarria eta adimendunaren epizentro bilakatu nahi du, eta helburu nagusietako bat du mundu mailako automozio sektoreko enpresa garrantzitsuenak bertara erakartzea. Eskuzaitzetako instalazioetan punta-puntako teknologiaz hornitutako entsegu laborategi eta aretoak multinazionalen nahiz tokiko enpresa eta zentro teknologikoen eskura izango dira. Gehiago irakurri hemen. 

 El Grupo Fagor obtuvo el año pasado un beneficio de 76 millones de euros, levemente por encima de los 75,3 alcanzados el ejercicio anterior, e incorporó 414 nuevas personas socias, con lo que refuerza su plantilla tanto vasca como internacional en un año en el que también realizó importantes inversiones para ampliar las plantas de dos de las cooperativas que integran la alianza. El presidente del Grupo Fagor, Joxean Alustiza, ha expuesto estas cifras durante su intervención en la asamblea general celebrada en Arrasate, en la que ha ofrecido una visión positiva sobre la evolución de su actividad, sobre todo en un contexto geopolítico que “ha agitado los mercados” y las altas exigencias que plantea la “rápida innovación tecnológica”. Sin embargo, ha proseguido, las cooperativas del grupo han sabido adaptarse a estas circunstancias y mantener las ventas y los resultados, ha subrayado. Grupo Fagor, que forma parte del Grupo Mondragon, integra a las cooperativas Fagor Arrasate, Fagor Automation, Fagor Electrónica, Fagor Ederlan, Onnera Group, Copreci, Mondargon Assembly y Galbaian, con plantas en el conjunto de Euskadi y en el exterior y una actividad en diversos sectores estratégicos de la economía, por lo que su nivel de exposición es elevado aunque esta situación no ha afectado a sus resultados. 

La inflación se vuelve a relajar en mayo, una vez agotado el efecto de las subidas de los precios de la luz en febrero y marzo y de las alzas de los hoteles en abril por la Semana Santa. El índice de precios de consumo (IPC) se moderó tres décimas en mayo, hasta el 1,9% anual, gracias a la evolución del turismo, la electricidad y el transporte. Con ello, la inflación alcanza su punto más bajo desde octubre y vuelve a los niveles marcados como objetivo por el Banco Central Europeo (BCE) después de seis meses. La inflación se moderó tres décimas en mayo, al 1,9%, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Esta evolución es debida, principalmente, al descenso de los precios del ocio y cultura, frente a la subida de mayo de 2024”, destaca la nota de prensa. Aunque el INE no detalla a qué elementos dentro de esta área se debe la bajada, es muy probable que se trate de los precios turísticos, que se habían visto enormemente tensionados en abril, lo que contrasta con una evolución mucho menos intensa de otros elementos de este grupo. Este incremento en abril se debió a que la Semana Santa este año cayó en el cuarto mes del año en lugar de en marzo, como suele ser habitual y como sucedió en 2024, lo que avivó la demanda por las expectativas de buen tiempo, dando fuerza a los operadores para elevar las tarifas. De hecho, los paquetes turísticos nacionales llegaron a subir un 17,2% anual en abril, frente al retroceso del 3,6% en marzo, mientras que los internacionales se encarecieron un 9%, frente al abaratamiento del 2,3% en marzo. Por ello, es muy probable que mayo los precios en el sector turístico se hayan relajado.

El euríbor continúa su racha de caídas y cierra el mes de mayo en el 2,081%, sumando así su cuarto recorte mensual consecutivo y alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2022. El indicador hipotecario sigue desinflándose gracias a los datos favorables del IPC comunitario — que ya se sitúa en la frontera del 2% marcado como objetivo por las autoridades monetarias europeas— y a los recortes de tipos de interés previstos por el equipo de Christine Lagarde, al frente del Banco Central Europeo. Esta leve caída, de apenas el 0,062% respecto a abril, supone un alivio para los propietarios con hipoteca variable a quienes este mes les toca revisar su cuota anual. La caída interanual es de medio punto porcentual —pasa del 3,680% al 2,081%— y representa el mayor recorte desde diciembre de 2009. Para una hipoteca media –que sería de 145.673 euros a 25 años, según recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2024–, el abaratamiento representará unos 137 euros al mes o 1.644 euros al año. No obstante, pocos propietarios verán rebajada su cuota mensual ya que, según datos del sector bancario, la práctica totalidad de las hipotecas firmadas en los últimos meses son a tipo fijo o mixto, y son pocos los que optan por el modelo variable. La bajada de los precios de las hipotecas está animando el mercado inmobiliario de compraventa de viviendas, que registra su mayor expansión desde la burbuja del sector. 

“Esto ha sido como pensar en el color del trampolín antes de construir y rellenar la piscina”. Esa es la metáfora que utiliza Diego Valero, uno de los mayores expertos en pensiones de España, para definir lo ocurrido con el macrofondo de pensiones creado bajo el mandato del ministro José Luis Escrivá –ahora gobernador del Banco de España–. 18 meses después de su creación, no ha recibido ni un euro de aportación y, para colmo, parte de su cúpula ha dimitido hace apenas unos días. El fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) iba a ser un pilar de la nueva arquitectura de ahorro para la jubilación. Cuando Escrivá se convirtió en ministro de Seguridad Social en 2020 encargó una profunda reforma del sistema partiendo de la base de que los planes de pensiones individuales eran regresivos (benefician más a las rentas altas) y se utilizan como vía de arbitraje fiscal. Por eso, topó a 1.500 euros al año el dinero que se puede aportar a estos vehículos y priorizó el ahorro vinculado a la negociación colectiva, en los planes de empleo. En estos es la empresa quien destina una parte del sueldo a aportaciones al fondo de pensiones de su plantilla. Y, con la normativa vigente desde entonces, se pueden meter hasta 8.500 euros al año y esta cantidad está exenta de tributación. En España ya había en 2021 más de 115.000 millones ahorrados a través de planes de pensiones, aunque el 80% estaba en planes individuales. Pero el Gobierno quería que el ahorro privado se desviara a los planes colectivos. Y para ello, junto a los cambios fiscales, creó los planes de pensiones simplificados (que acercaban las pensiones privadas a los autónomos) y el mencionado FPEPP. Los primeros detalles se conocieron en febrero de 2022: el Estado contrataría a cinco gestoras privadas para que administraran el dinero que llegase al fondo. Las elegidas fueron VidaCaixa, Santander, BBVA, Ibercaja y Caser. Cada una ofrecería tres planes, y en total deberían alcanzar al menos 2.500 millones en tres años.

La recaudación de impuestos cierra el primer cuatrimestre del año creciendo a doble dígito respecto al mismo periodo del año anterior. Las nuevas retenciones fiscales practicadas por primera vez sobre los beneficiarios del salario mínimo interprofesional (SMI), la reactivación de las alzas fiscales societarias que la Justicia tumbó al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, o la normalización de los tipos de IVA aplicados a alimentos y electricidad han contribuido a un incremento de los ingresos impositivos de más del 10% entre enero y abril. En concreto, el conjunto de los impuestos recaudados en los primeros cuatro meses del año arroja un montante de 107.177 millones de euros, es decir, 9.339 millones extra (un 10,1% más), respecto a los 97.339 millones ingresados entre enero y abril de 2024. En términos homogéneos el incremento de ingresos ha sido incluso algo superior, del 10,2%. Del total de los ingresos adicionales en lo que va de año, cerca de la mitad, 4.626 millones, los concentra solo el Impuesto sobre la Renta. Su recaudación se ha incrementado un 10,2% en el primer cuatrimestre de 2025, pasando de 45.146 a 49.773 millones de euros. Conviene recordar que Hacienda mantiene su negativa a deflactar el IRPF con la evolución de precios y salarios, lo que conlleva el alza fiscal conocida como progresividad en frío. 

«Repsol apuesta decididamente por las energías convencionales que han hecho grande esta casa». Antonio Brufau, presidente de la mayor petrolera española, resumió así, en la Junta General que la empresa celebró ayer en Madrid, una defensa de los hidrocarburos que en la cita de este año fue más atrevida que en las anteriores, al amparo de lo que el directivo celebró como un «cambio de ciclo» en Europa. El presidente de Repsol fue muy crítico con la «apuesta absoluta» de Europa por el vehículo eléctrico que «destruyó o, al menos, deslizó el liderazgo de la industria del automóvil europea, en favor de la china». Además, condenó el «buenismo» energético de países como Alemania, Francia o Polonia, que todavía dependen del carbón. Si Brufau marcó, sin ningún género de duda, las líneas ideológicas de la multinacional, el consejero delegado, Josu Jon Imaz, lo hizo desgranando su plan estratégico, que sitúa el negocio de Exploración como «prioridad». Según Imaz, seguirá siendo un «pilar fundamental» en cuanto a ingresos. «Conocen nuestra trayectoria, siempre hemos apostado por la industria y la ecoplanta de Tarragona es el ejemplo perfecto. Empresas industriales como la nuestra pueden contribuir con sus inversiones, y asumiendo riesgos, al desarrollo industrial del país», recalcó Imaz. Al hilo, ratificó el empeño de la empresa en convertir sus refinerías en «plantas multienergéticas».

Wall Street ha advertido de que una parte de la que se ha hablado poco del proyecto de ley de Donald Trump, que permite al gobierno aumentar los impuestos a las inversiones extranjeras en EEUU, podría trastocar los mercados y afectar negativamente a la industria estadounidense. La Sección 899 del proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada, permitiría a EEUU imponer más impuestos a empresas e inversores de países que considere que tienen políticas fiscales punitivas. Los inversores, las empresas estadounidenses con propietarios extranjeros y las empresas multinacionales con presencia en EEUU podrían verse afectados, lo que podría frenar la inversión corporativa y desencadenar una retirada de los activos estadounidenses. Esta tendencia, acelerada por las políticas arancelarias de la administración Trump, llega en un momento en que EEUU depende más que nunca de los inversores extranjeros para adquirir su creciente cartera de deuda pública. “Esto resulta alarmante para el mercado, con una confianza ya de por sí deteriorada, sobre todo entre los inversores extranjeros”, declaró Greg Peters, codirector de inversiones de PGIM Fixed Income. “Se trata de heridas autoinfligidas en un momento en que existe una gran deuda que necesita financiación aquí. Así que el momento es totalmente inoportuno”, añadió. Los analistas de Morgan Stanley afirmaron que la Sección 899 seguramente afectaría al dólar, añadiendo que “desincentiva la inversión extranjera”. Por su parte, JPMorgan señaló que tenía “implicaciones significativas tanto para las empresas estadounidenses como para las extranjeras”.

La mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están en el aire tras la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional del jueves que los declaró ilegales. Trump no apareció en público en todo el jueves y solo después de que el Tribunal de Apelaciones federal de Washington dejara en suspenso la aplicación de la sentencia, tuiteó sobre el asunto. Ayer, en una comparecencia en el Despacho Oval para despedir a su aliado, Elon Musk —contrario a sus aranceles—, el presidente expresó su filosofía comercial: “Sin aranceles, nuestra nación estaría en peligro”. Trump ha levantado un muro arancelario contra el mundo y empezó su comparecencia de ayer mostrando un vídeo de la CNBC con la noticia de que el déficit comercial se había reducido casi a la mitad en abril con respecto a marzo. Lo que el presidente no dijo es que en el primer trimestre, y particularmente en marzo, el déficit pulverizó récords por el adelanto de importaciones para esquivar los aranceles. En el acumulado de enero a abril, el desequilibrio alcanzó niveles sin precedentes de más de 550.000 millones de dólares, casi un 50% más que en el mismo periodo de 2024. “Los aranceles son muy importantes, y por eso nos alegramos tanto de la decisión tomada ayer de mantenerlos, porque sin aranceles nuestra nación estaría en peligro”, subrayó Trump. “Estaríamos realmente en peligro. Creo que puedo decirlo con total seguridad, Scott, Howard, así que nos alegramos mucho de la decisión tomada ayer”, dijo dirigiéndose al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al de Comercio, Howard Lutnick, que estaban en segundo plano.

Los diferentes estamentos judiciales de Estados Unidos agudizan con sus decisiones, a menudo contradictorias, la incertidumbre a la que un presidente tan impredecible como Donald Trump ha abocado al país. Sucede con los aranceles, y ahora también en materia migratoria. Mientras algunos jueces tratan de impedir –e incluso revocar– las deportaciones masivas ordenadas por Washington, ayer el Tribunal Supremo permitió la cancelación temporal del estatus legal de unos 532.000 extranjeros. Esta decisión revierte otra de un juez federal que impedía a Trump acabar con el programa diseñado por su antecesor, Joe Biden, para permitir a quienes salían de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela residir y trabajar de forma temporal en la superpotencia americana. Es la segunda vez que el Tribunal Supremo da luz verde a los planes del presidente después de autorizarle, hace dos semanas, a acabar con otro programa que protegía a unos 350.000 ciudadanos venezolanos. La decisión se tomó con el voto negativo de dos juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor. Esta última afirmó que «subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente las vidas y la subsistencia de medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales siguen pendientes de resolución». Además, Sotomayor incidió en el peligro que estos pueden afrontar a su regreso.