20250527

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

La incertidumbre es el principal enemigo para una empresa y la economía. Una máxima que Talgo ha evidenciado en los resultados del primer trimestre del año. En lo cuantitativo con 7,1 millones de números rojos y en lo cualitativo con el anuncio de que suspende sus proyecciones de negocio para el 2025 por dos circunstancias: el cambio de propietarios que negocia y la imposibilidad de hacer frente a los plazos de su principal pedido. Son 79 trenes para la ‘renfe alemana’, Deutsche Bahn, que alcanzan los 1.400 millones y que hay que empezar a entregar este año. Talgo, en la información enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reconoce por primera vez que está tratando de rebajar la cantidad de unidades para entregar a Alemania en «una potencial modificación de alcance en el proyecto». Una prueba más del problema de ahogo de producción que generan los más de 4.000 millones de la cartera de pedidos. Y eso que el margen de operación –la suma de ingresos frente a los gastos– ha sido positivo, con un ebitda de 13,6 millones de euros gracias a los 154,3 millones de ingresos, un 7% menos que el año pasado. Pero los gastos financieros de la deuda, que sigue subiendo acercándose a los 500 millones de euros, se han comido el dinero de la caja y han aflorado unas pérdida de 7,1 millones hasta el mes de marzo. Unos números rojos que contrastan con los 10,4 millones de ganancias de hace un año. Las pérdidas se suman a los 109 millones de 2024 provocadas por la ejecución de la multa de Renfe de 116 millones. Una sanción como consecuencia de los retrasos en la entrega de 30 trenes de alta velocidad. La compañía sigue pendiente de ratificar el principio de acuerdo sellado el pasado febrero entre el consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Jainaga. 

Euskadi pierde atractivo en la carrera por captar talento cualificado. Es un debate que desde hace tiempo inquieta a partidos políticos, instituciones y grandes empresas. Y es que la demanda de titulados universitarios ha caído con fuerza en la comunidad en los últimos años. Mientras la mayoría de territorios mantiene sus posiciones, Euskadi sufre un retroceso frente al avance de Madrid y Cataluña. Las ofertas laborales destinadas a titulados universitarios registraron una caída pronunciada el año pasado. Entre 2023 y 2024, el porcentaje de vacantes que exigían esa formación académica descendió del 33,64% al 23,53%. Un desplome de más de diez puntos que convierte al País Vasco en el territorio que más cuota cede en el mercado de empleo cualificado a nivel estatal. Estos datos se desprenden de un estudio elaborado por el portal Infoempleo junto a la consultora LHH Recruitment Solutions, especializada en selección de talento cualificado. El informe atribuye este descenso a una combinación de factores estructurales: la desalineación entre formación universitaria y las necesidades reales del mercado laboral, la escasez de titulados en áreas estratégicas y una tendencia creciente de las empresas a priorizar perfiles procedentes de la Formación Profesional. Es la tormenta perfecta y ha supuesto que la proporción de ofertas dirigidas a titulados universitarios dentro del total estatal haya caído del 9,68% registrado en 2023 al 6,97% de 2024. Mientras el resto de las comunidades autónomas mantiene niveles estables, territorios como Madrid y Cataluña han experimentado un crecimiento notable de la demanda de perfiles con cualificación universitaria. 

En el primer trimestre de este año, los mayores saldos positivos los han registrado comunidades como Asturias (+36), Andalucía (+26%) y Cantabria (+17). Mientras, por el lado negativo de la balanza, Aragón ha sido, después de Cataluña, la región que más tejido empresarial ha perdido: 20 compañías entre enero y marzo; seguida de Castilla-La Mancha, con 14; Galicia, con 12, y Castilla y León, con 9. También negativos han sido los saldos en la Comunidad Valenciana (-7); Extremadura (-6), y País Vasco (-5), región que, tras Cataluña, acumula el segundo mayor número de balances en rojo: 31 trimestres, coincidiendo con el avance del soberanismo del Bildu en detrimento del nacionalismo tradicional del PNV, lo que no ha sido, precisamente, un elemento de atracción para nuevas inversiones y negocios, y tampoco ha ayudado a retener el tejido productivo existente. La principal beneficiaria de la hemorragia empresarial que Cataluña viene sufriendo, con mayor o menor intensidad, desde hace más de una década ha sido Madrid, que desde 2015 ha sumado más de 5.000 nuevas empresas a su tejido productivo, a pesar de que no en todos los trimestres el balance ha sido positivo. Eso es, de hecho, lo que ha ocurrido en el primer trimestre de este año, en el que llegaron a Madrid 427 empresas (82 procedentes de Cataluña), pero salieron de ella 434, mostrando un cómputo negativo de 7. En cualquier caso, en estos diez años largos “Madrid ha registrado el mayor número de saldos positivos, con 37 trimestres” en verde, afianzando su liderazgo económico y su posición como gran catalizador de empresarial gracias a su estabilidad política e institucional, su libertad comercial y de horarios, su modelo de progresivo alivio fiscal y la paulatina reducción de burocracia.

Las empresas españolas aportan, a través de los impuestos que pagan, el 34% de los ingresos que obtienen las arcas del Estado, frente al 25% registrado en el conjunto de Europa. Así lo aseguró ayer el vicepresidente económico de la CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, quien aseguró que el tejido empresarial español “está muy penalizado” en comparación con el de sus socios en la Unión Europea. En su opinión, la ineficiencia del gasto público es uno de los principales motivos por los que, “pese a que España registra un récord histórico de recaudación”, se ha producido “un aumento de la presión fiscal”. En este sentido, Fernández de Mesa puso de manifiesto “la alta fiscalidad” que mantienen las empresas españolas en comparación con otros países europeos, algo que “puede generar efectos negativos desde el punto de vista de nuestra competitividad”. Además del elevado peso que los impuestos a las empresas tienen sobre el total de la recaudación del Estado, el presidente del IEE destacó la labor de recaudador que el tejido productivo realiza en nombre de Hacienda. En concreto, ayuda a recaudar a la Agencia Tributaria casi el 87% de los ingresos fiscales que obtiene. “Lo recaudan las empresas a través de la retención de nóminas, a través del devengo del IVA y de distintos impuestos. Y eso supone también un elevado coste para nuestras empresas”, explicó Fernández de Mesa.

"Mundu gero eta digitalizatuago honetan, sistema elektronikoak gaur egungo edozein teknologiaren garuna direla esan dezakegu”, dio Jon Crego Ikerlaneko Sistema Elektroniko arloko arduradunak. Bada, digitalizazioak geroz eta pisu handiagoa duen testuinguru batean, Sistema Elektroniko Txertatuen garrantzia ere areagotu egiten da. Izan ere, sentsoreez, zirkuituez eta prozesadoreez osatuta daude sistema horiek, eta ezinbestekoak dira gure egunerokoan erabiltzen ditugun edozein gailuen funtzionamendurako, hala nola, telefono mugikorrak, garbigailuak, automobilak, trenak edota igogailuak. Gehiago irakurri hemen. 

La regulación laboral, la escasez de trabajadores formados y la elevada carga fiscal son los principales obstáculos para el crecimiento de las empresas españolas en comparación con otras de las grandes economías mundiales. Así lo refleja la encuesta trienal a las empresas, en esta ocasión referida al El entorno empresarial y el sector privado en España presentada ayer por el Banco Mundial, después de realizar una serie de encuestas en los últimos meses entre empresas españolas de todos los tamaños y sectores. Sobre todo, de la industria metalúrgica, la construcción, la alimentación o el turismo. El estudio pone de manifiesto la escasa capacidad de innovación en el país. Un indicador que, si bien ha mejorado en los últimos años, está muy lejos de los datos obtenidos en otras grandes economías globales. Por ejemplo, “Taiwán innova un 50% más que España e invierte el doble en investigación y desarrollo”, afirmó durante la presentación del informe Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Mundiales del Banco Mundial. Las principales conclusiones del informe muestran una mejora en la opinión empresarial sobre su situación y su capacidad productiva. Un aspecto llamativo, teniendo en cuenta que “la productividad lleva décadas estancada en España, y se está alejando cada vez más del promedio europeo”, valoró el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Un problema que también compartió Juan Francisco Jimeno, presidente del Consejo de la Productividad impulsado recientemente por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Un ejemplo de esta problemática, afirma Jimeno, es visible en la propia creación del organismo, que nace “de una recomendación del Consejo de la Unión Europea realizada en 2016”. A pesar de ello, el Consejo no comenzó a trabajar hasta noviembre de 2024, “lo que indica la preocupación de España por la productividad”.

El 35% de las empresas españolas identifica la falta de personal con formación adecuada como el principal freno al desarrollo de su actividad, según revelan las últimas encuestas empresariales del Banco Mundial, basadas en 1.431 sondeos a compañías de todo el territorio nacional. El estudio, presentado ayer en la sede de la Cámara de Comercio de España, forma parte del programa Enterprise Surveys, que evalúa periódicamente la situación en decenas de países a través de consultas a empresarios y altos directivos. La preocupación por la mano de obra cualificada supera con creces a otros obstáculos como la normativa laboral (18%) o la fiscalidad (16%), que también figuran entre los principales retos. Estas barreras suelen ser habituales en las principales economías analizadas. La percepción de una falta de mano de obra preparada es especialmente crítica entre las grandes compañías: el 41% lo considera el problema más relevante para su actividad. Ese porcentaje desciende hasta el 36% entre las empresas medianas, y al 33% en el caso de las firmas de menor tamaño. En términos generales, a los empresarios y directivos también les preocupan el acceso a la financiación, la inestabilidad política y las licencias y permisos para poder desarrollar su actividad. 

Entrevista con Santi Martínez, elegido secretario general de CCOO Euskadi. "¿Estamos por un salario mínimo de convenio en Euskadi? Sí. Estábamos las cuatro grandes organizaciones sindicales y teníamos una resolución del Parlamento Vasco de marzo de 2023 en la que se instaba a las organizaciones sindicales y a la patronal a llegar a un acuerdo en torno a un salario mínimo de convenio. Pero, ante ese mapa, lo que tenemos es una patronal que decidió practicar el absentismo consciente con respecto a la negociación. Lo que hemos hecho desde CCOO es hacer un llamamiento al Gobierno para que se implique, hay que seguir presionando a la patronal. ..Otra cuestión es que la ILP es una herramienta válida, pero no es la nuestra. Porque creemos que puede tener un cierto peligro de desmontaje del salario mínimo estatal como línea de base común. Y me explico, esto va a pasar dos filtros, uno del Parlamento Vasco, en el que no hay peligro relativo de que se desvirtúe, pero donde se va a negociar de verdad es en el Parlamento español. Y la composición del Parlamento español no nos genera mucha esperanza...Soy crítico con la estrategia de ELA porque tiende a generar un discurso y una narrativa en la que el resto de organizaciones sindicales parece que sobramos. En el conflicto de educación, ELA ha decidido no estar en el acuerdo porque no le parece suficiente. En Bridgestone, las organizaciones sindicales consiguen, tras la movilización, un cambio de postura de la empresa y preguntan al conjunto de los trabajadores si les parece suficiente o no la nueva propuesta. ¿Y qué ha hecho ELA? Decir, antes incluso de la votación, que decidan lo que decidan los trabajadores no lo van a aceptar. Lo que ha habido es una especie de despotismo ilustrado; gobierno para el pueblo pero sin el pueblo..."

ELA suscribió ayer el preacuerdo del sector de Alojamientos de Gipuzkoa, que contempla incrementos salariales del IPC más 2,5 puntos para cada uno de los cuatro años de vigencia del convenio (2025-2028). Una mejora de la que se beneficiarán las 2.500 personas que trabajan en hoteles, pensiones y pisos turísticos. La central, que cuenta con el 70% de representación, destaca que se trata de una «referencia importante para el sector de alojamientos y para el territorio de Gipuzkoa». El sindicato añade que el convenio incluye otras reivindicaciones de las plantillas, como la regulación de las vacaciones, establecer los turnos con antelación en el calendario y abonar como horas festivas las trabajadas de tarde los días 24 y 31 de diciembre. Además, la central apunta que se incorporan medidas contra la precariedad, eliminando la categoría más baja, la V, lo que supone para este colectivo un incremento salarial adicional. Otro aspecto fundamental es la reducción de jornada en catorce horas durante la vigencia del convenio. Además, se incorpora a la EPSV Geroa, con una aportación en 2028 del 0,55% por cada parte –empresa y trabajador–. El preacuerdo suscrito ayer también recoge mejoras en las licencias.

El Ministerio de Trabajo ha sostenido en reiteradas ocasiones que el coste de reducir la jornada laboral a 37,5 horas es asumible por las empresas. Ahora ha puesto cifras a esta afirmación. Según la memoria económica del proyecto de ley, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, admite que el recorte supondrá un incremento del coste salarial de hasta el 6,67% en los casos en los que el trabajador tenga una jornada de 40 horas semanales. Pero Trabajo cree que esos serán minoría y asegura que “el incremento del coste salarial por hora trabajada previsto para la jornada media de los casi 14,5 millones de asalariados del sector privado en España será del 2,21%”. A estos suman 1,8 millones de trabajadores para los que el coste salarial por hora “no se incrementará en absoluto”. Pero a la vez que reconoce los posibles aumentos de costes salariales, el ministerio destaca que las empresas pueden asumirlos. Y en sus estimaciones apunta directamente a los tres sectores más afectados, porque actualmente tienen las jornadas más largas, como tres los mejor situados para absorber la reducción de la jornada. Se trata de la agricultura y la ganadería, la hostelería, y el comercio. Según las cifras que baraja Trabajo tanto los márgenes empresariales sobre ventas como los beneficios medidos por el resultado bruto de explotación son “mayores que la media” en estas actividades, y esto “les permite absorber un potencial incremento del coste laboral”.

BBVA y Sabadell han utilizado todas sus armas para ganarse el favor de los inversores en la batalla de la opa hostil y la principal ha sido la remuneración al accionista. Los dos bancos han disparado los dividendos y han puesto en marcha recompras de títulos en cuanto la CNMV les ha dado el visto bueno. Pero eso no ha agotado sus recursos. Ambos se han reforzado y tienen más munición ahora que antes de la oferta. Lo han hecho a pesar de que Sabadell ha subido un 241% el dividendo por acción con cargo a 2024 y BBVA, un 27%. A eso se unen recompras de acciones por 247 millones y 993 millones de euros, respectivamente. El esfuerzo se ha notado en alguno de los trimestres del año largo que ha transcurrido desde que se lanzó la operación, pero no en el cómputo global. Los dos bancos tienen ahora una capacidad para pagar dividendos superior a la del primer trimestre de 2024, el último periodo financiero cerrado antes de la opa.

La Fundación BBK dejará a cero la deuda del Surne Bilbao Basket, que bloqueaba desde hace 11 años el crecimiento deportivo del representante de la capital vizcaína en la máxima categoría del baloncesto nacional. Hace 11 años comenzaron las penurias del combinado vasco. El abandono del proyecto por parte del empresario Gorka Arrinda dejó al equipo con un pasivo de 6,5 millones que estuvo a punto de provocar su desaparición. En la pasada década, el equipo de la Liga Endesa vivió el típico rosario de una empresa en crisis que intenta sobrevivir. Desde negociar quitas de la deuda a realizar despidos, para luego presentar un ERE. Hasta fue incluido en la lista de grandes morosos. Gracias a su tirón local, pudo recurrir a ampliaciones de capital que fueron suscritas en gran parte por los aficionados, para rellenar los agujeros del balance. La deuda actual rondaba los 1,3 millones, con el compromiso de cubrirla a lo largo de cinco campañas. Estos problemas pasarán a la historia del club porque la Fundación BBK comunicó ayer que se convierte en socio estratégico para dejar el pasivo a cero. Un respaldo que llega después de que Surne Bilbao Basket conquistara el trofeo FIBA Europe Club, en una final que se disputó a doble partido y en la que venció al Paok de Salónica. Con el respaldo del principal accionista de Kutxabank, el equipo vizcaíno, cuya presidenta es Isabel Iturbe, tendrá menos problemas para confeccionar las futuras plantillas. El director deportivo, Rafa Pueyo, podrá atender en mejores condiciones las peticiones de fichajes del entrenador Jaume Ponsarnau.

El apagón eléctrico del 28 de abril también dejará su huella en la factura de la luz. Especialmente entre quienes tienen contratada la tarifa regulada (PVPC). Según Borja Osta, subdirector del comparador Selectra, la factura media de estos hogares subirá «entre tres y cuatro euros mensuales» debido a los «servicios de ajuste» que se realizaron tras el colapso eléctrico. «En un día normal antes del apagón, esos servicios costaban entre uno y uno y medio céntimos por kilovatio hora. Ahora están rondando los cuatro», explica el experto energético. «Eso, aplicado al consumo mensual de una familia media, se traduce en tres o cuatro euros más. En los hogares que más consumen, incluso seis u ocho». El motivo, en resumen, está en el esfuerzo por evitar que algo así vuelva a ocurrir. «Lo que se busca ahora es garantizar la estabilidad del sistema, y eso pasa por usar tecnologías más controlables, como el gas», resume. Aunque la solar y la eólica sean más baratas, son más imprevisibles. Y tras el apagón, el operador del sistema decidió restringir su presencia en favor de fuentes más estables, aunque más caras. Ese coste adicional no aparece en el precio mayorista, sino en esos ajustes técnicos que ahora se repercuten al consumidor.

Giro de 180 grados en la política energética de Red Eléctrica tras el apagón. De los 982 MW de generación de ciclo combinado registrados el 28 de abril a las 12:30 se ha pasado a 3.200 MW en la misma franja horaria de ayer. Así ha cambiado el mix energético peninsular tras el ‘blackout’ –como lo denominan los expertos–, un evento que la ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha definido como «un antibiótico de amplio espectro» para evitar una recaída. Sin embargo, las causas que llevaron al ‘paciente’ a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con el denominado cero energético aún se desconocen. El ‘cuidador’, Red Eléctrica de España (REE), defiende en todo momento su proceder, tanto el día previo como en los posteriores: «Los grupos acoplados por restricciones técnicas eran suficientes para cubrir la demanda, proporcionar inercia, permitir el control de los flujos de energía y disponer de recursos para el control dinámico de tensión en la red de transporte». No obstante, los datos revelan que, aunque los parámetros se mantenían dentro de los valores legales, estaban por debajo de los registros habituales de días anteriores. Según la base de datos de la compañía presidida por Beatriz Corredor, la foto fija del 28 de abril a las 12:30 –con un intervalo anotado de cinco minutos– muestra una generación de 982 MW con ciclo combinado, 3,3 GW de nuclear, 3,5 GW de eólica y 17,6 GW de solar fotovoltaica. Una semana antes, en el mismo momento del día, las cifras eran distintas: 1,5 GW de ciclo combinado, 2 GW de nuclear, 1,2 GW de eólica y 19,4 GW de solar. El pasado viernes, el diario británico ‘The Telegraph’ apuntaba –citando a una fuente en Bruselas– a «un experimento mal ejecutado». Este lunes, la Comisión Europea mantenía silencio, mientras REE se pronunciaba a través de un comunicado: «Se operó con la necesaria generación convencional». Sin embargo, el análisis de los millones de datos disponibles traza una imagen algo diferente.

La hipótesis creciente de una mayoría PPVox en las Cortes Generales en unas eventuales generales anticipadas ha encendido las alertas entre los partidos vascos, en especial en las formaciones de obediencia nacionalista que necesitan reforzar un marco propio que no esté tan lastrado por la narrativa izquierda-derecha española. Y, además, pone en peligro el debate sobre el futuro estatus del autogobierno vasco que sólo sería factible con la actual correlación de fuerzas. Los nacionalistas son muy conscientes de esta fragilidad. Nadie sabe a ciencia cierta si la fatiga de materiales va a pasar una factura seria al presidente Sánchez, que se ha mostrado dispuesto a agotar la legislatura aunque carece de una mayoría que le saque adelante los Presupuestos y a pesar del cerco de numerosos frentes judiciales que complican su margen de maniobra. En la política vasca empiezan a activarse determinadas señales de alerta ante la expectativa de una mayoría PP-Vox, un escenario que el PNV excluye por principio para cualquier negociación programática. El guion está servido en bandeja. La denuncia de la amenaza ultra, por un lado y la dependencia del Gobierno de los soberanistas e independentistas, por el otro. El bucle perfecto. 

Su nombre es Alejandro Hamlyn y ayer iba a ser noticia por el inicio en la Audiencia Nacional del juicio en el que está acusado de ser el cabecilla de la ‘mafia del carburante’ que presuntamente cometió un fraude fiscal de más de 154 millones de euros en la tributación de IVA a Hacienda pública. Pero este empresario de Neguri se vio envuelto en una oscura trama política en la que intermediarios cercanos al PSOE estarían recopilando información comprometida del jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, para desprestigiar sus investigaciones. Un inesperado giro de guion que Hamlyn siguió desde su casa en Dubái, donde reside, puesto que no acudió a la vista oral celebrada en Madrid. Según la información de ‘El Confidencial’, el empresario vizcaíno se reunió al menos una vez por videoconferencia con Leire Díez, la que fuera teniente de alcalde socialista del municipio cántabro de Vega de Pas y a la que varias informaciones sitúan cerca del secretario de organización del PSOE, Santo Cerdán. Ese encuentro fue grabado por Hamlyn y ahora ha visto la luz, desatando otra controversia sobre el PSOE. En las imágenes se ve a Díez acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo, además de otros interlocutores que apenas participan en la cita. Su objetivo era obtener documentos, «un papelito», que permita manchar el nombre del teniendo coronel Balas, uno de los más altos cargos de la UCO y responsable de las investigaciones relacionadas con las causas contra la mujer y el hermano de Sánchez o el caso Koldo. La que fuera exdirectora de Relaciones Institucionales en Correos y exdirectora de Filatelia señala en un momento a Balas como «verdugo». «Las Fuerzas de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos. (…) Esto no hubiese sido posible sin la colaboración de determinadas personas, pero no tengo ninguna gana de que lo que pase es que Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él», se escucha a Díez.

El nuevo proyecto de Formación Profesional que iba a revitalizar el antiguo politécnico de Martutene, abandonado desde 2003, se paraliza. Ortzadar, que compró el inmueble hace un año, está a la espera de que la Justicia resuelva una demanda de desahucio de los okupas que ahora residen allí. Un año después, el proyecto de convertir el conflictivo edificio abandonado de Martutene que fue colegio de los Agustinos en nuevo proyecto de FP está paralizado por la presencia de okupas. El Gobierno Vasco, titular hasta el año pasado del inmueble, lo vendió al centro de Formación Profesional Ortzadar en una operación inmobiliaria que se cerró de forma oficial el 19 de junio de 2024, pero desde entonces los nuevos propietarios no han podido hacer nada en el lugar. ¿La razón? La demanda que efectuaron para conseguir una orden de desahucio está bloqueada en los juzgados de primera instancia de San Sebastián. El inmueble saltó ayer de nuevo a la palestra después de la pelea a cuchilladas que tuvo lugar allí el domingo por la noche y que derivó en dos detenciones y cincuenta personas desalojadas por la Ertzaintza. «Mientras el edificio continúe okupado, nosotros no podemos hacer nada», lamentan desde la dirección de Ortzadar, donde admiten estar «frustrados y desesperados» por la tardanza de la Justicia en resolver este litigio que se está desarrollando por lo civil. El primer movimiento judicial de este centro formativo que se reparte actualmente en dos sedes –una en Ategorrieta y otra precisamente en Martutene– se produjo el 30 de julio de 2024.

El Departamento de Salud «paraliza de forma definitiva» la centralización de los almacenes de Osakidetza –hay 24– en la antigua sede de EiTB en Iurreta. Este era uno de los proyectos estrella de la etapa de la anterior consejera, Gotzone Sagardui, y estaba valorado en 129 millones de euros, sumando el coste de construcción de la nueva infraestructura y el de la contratación de una entidad privada la gestión de este servicio durante diez años. El actual responsable del departamento, Alberto Martínez, anunció ayer que la iniciativa queda enterrada «porque suscita más dudas que certidumbres». El Gobierno de Pradales enmienda así de nuevo la labor realizada por el último gabinete de Urkullu en materia sanitaria. Esta decisión se suma, entre otras, a las de frenar el cierre de la cirugía cardiaca de Basurto, las de recuperar en Vitoria el Punto de Atención Continuada (PAC) de San Martín y las Urgencias del hospital de Santiago o la de forzar la salida de La Pau, la empresa que prestaba el servicio de ambulancias en Bizkaia y Álava tras acumular numerosas irregularidades. El anuncio en abril de 2023 de la centralización de los almacenes de Osakidetza generó un gran revuelo entre los profesionales de estos espacios y en los sindicatos.

La crisis estructural que sufre la industria del automóvil sigue agravándose y la sangría de despidos de los grandes fabricantes no para. Ayer fue Volvo Cars la que anunció un recorte de 3.000 empleados en todo el mundo, lo que equivale al 15% de su plantilla. El fabricante de coches sueco, que ahora es propiedad del grupo chino Geely, anunció que de esa cifra, 1.200 serán eliminados en Suecia, así como otros 1.000 empleados dedicados a la consultoría, también en el país escandinavo. Según detalló el grupo, esta decisión forma parte del plan de ahorro de unos 1.600 millones de euros que anunciaron a finales de abril, un plan que «tiene como objetivo fortalecer y hacer más resistente a Volvo Cars en un momento en que la industria automotriz enfrenta desafíos considerables en su entorno externo». La decisión de Volvo se suma así a la de otros grandes fabricantes como Volkswagen, que en Navidad anunció 35.000 despidos en Alemania o Nissan, que hace semanas anunció un ajuste de 20.000 empleos en todo el mundo hasta 2027.

Telefónica completará el apagado definitivo de la red de cobre hoy, cuando cerrará las últimas 661 centrales que tiene en funcionamiento poniendo así fin a lo que fuera la columna vertebral de sus comunicaciones desde el inicio de su centenaria historia y hasta bien entrado el siglo XXI. Desde 2014, cuando anunció el desmantelamiento de sus dos primeras centrales —la de Sant Cugat (Barcelona) y Torrelodones (Madrid)—, Telefónica inició un proceso que se saldará hoy tras la clausura de 8.532 centrales a lo largo de esta última década, según los datos aportados por Telefónica con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre del año. Hasta marzo pasado, la compañía había cerrado 7.820 centrales, más del 90%, y le quedaban unas 700, que estaban pendientes por requerimientos regulatorios. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) fijó el cierre de todas las centrales para el 27 de mayo, de acuerdo con una resolución del organismo regulador de julio de 2024, por la que aceptó la petición del operador de adelantar el cierre previsto para 2026. De acuerdo con el calendario establecido, 51 centrales cerraron el 21 de abril y 661 lo harán hoy dentro de un calendario en el que la mayoría de las centrales estaban ya desmanteladas en abril de 2024, coincidiendo con la celebración del primer centenario de Telefónica. Con esto, se pondrá fin a lo que fuera la única red de comunicaciones de España hasta la liberalización de las telecomunicaciones en 1998, tanto para la telefonía fija como para el servicio de internet, gracias a la tecnología intermedia denominada ADSL.

Masorange y Vodafone España, las dos operadoras de telecomunicaciones –segunda y tercera del mercado español por ingresos, respectivamente, por detrás de Telefónica–, están estudiando la posibilidad de colocar en el mercado una participación de su fiberco –conocida internamente como Proyecto Surf–, sensiblemente menor a la inicialmente prevista. Portavoces de Masorange y de Vodafone España han declinado realizar comentarios sobre esta información. La fiberco Surf es una empresa mayorista de fibra óptica (FTTH) creada por las dos compañías y de la que, inicialmente, se tenía previsto vender alrededor de un 40% a un socio financiero, para obtener recursos con los que reducir la importante deuda que mantienen tanto Masorange como Vodafone España. Sin embargo, ahora los promotores de la empresa mayorista están evaluando la posibilidad de vender una participación muy inferior, de alrededor de la mitad del porcentaje inicial, debido a la constatación de que los precios que los inversores potenciales están dispuestos a pagar ahora mismo son inferiores a los de hace unos meses, debido a la incertidumbre total que se ha instalado sobre los mercados provocada por la guerra comercial de aranceles que ha desatado el presidente de EEUU, Donald Trump, y el impacto de las medidas que finalmente se adopten en el crecimiento económico mundial y en el valor de todo tipo de activos.

Las Bolsas europeas superan el susto que el pasado viernes provocó pérdidas generalizadas con el anuncio de EE UU de imponer unos aranceles del 50% a las importaciones de la región. La tregua pactada en la noche del domingo entre el presidente de EE UU, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para buscar un acuerdo comercial hasta el 9 de julio, bastaron para certificar que las amenazas eran más una herramienta de negociación que unas medidas definitivas. Ese escenario impulsó ayer a las Bolsas europeas a recuperar parte de lo perdido el viernes, en una sesión marcada por un menor volumen de negociación con Wall Street cerrado por festivo. El Ibex35 subió un 0,78% por encima de los 14.200 puntos, gracias sobre todo al repunte del 4% de ArcelorMittal y al 3% que rondaron otros grandes valores como IAG o Indra. El índice que más sumó fue el DAX alemán, con un repunte cercano al 1,7%, mientras el CAC avanzó y 1,2%, similar al Eurostoxx 50. La aparente calma ante una puerta abierta a las negociaciones también se dejó notar en la evolución del euro, que volvió a tomar carrerilla para cotizar por encima de los 1,14 dólares en los mejores momentos de la sesión, su nivel más elevado desde finales de abril frente al dólar. El domingo Von der Leyen calificó la larga conversación con Trump –algo nada habitual– de «buena llamada». 

Israel amplía sus esfuerzos bélicos para tomar el control de toda Gaza. Las Fuerzas Armadas bombardearon ayer una escuela de Ciudad de Gaza que servía de refugio para familias desplazadas, en una acción que causó al menos 36 muertos. La mitad de las víctimas eran niños, según las autoridades locales. Después, el ejército israelí ordenó una evacuación masiva que afecta a todo el sur de la Franja ante un inminente “ataque sin precedentes para destruir las capacidades terroristas en la zona”. En Jerusalén se celebró la Marcha de las Banderas, en las que el ministro ultranacionalista Itamar Ben Gvir jaleó la toma de Gaza y la limpieza étnica. Entretanto, quedó claro que la iniciativa española para sancionar a Israel no tiene el apoyo decisivo de Alemania, que descartó un embargo de armas y dijo que las seguirá suministrando. Israel mató ayer, mientras dormían, al menos a 36 personas —18 de ellas, niños de corta edad— al bombardear una escuela de Gaza que se había convertido en refugio para familias desplazadas por la guerra, según los servicios de emergencia gazatíes. Como en ocasiones anteriores, el Gobierno de Benjamín Netanyahu confirmó el ataque con sendos comunicados en los que, de forma escueta y sin hacer referencia a las víctimas, se ufanó de golpear 200 puntos como ese en 48 horas para acabar con supuestas células “terroristas”. Horas más tarde, el ejército de Israel emitió una nueva orden de evacuación que afecta a prácticamente todo el sur de la franja de Gaza ante un inminente “ataque sin precedentes” contra objetivos “terroristas” de las milicias palestinas.