20250526

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Los planes de pensiones en Euskadi han vivido un año histórico. Desde el 1 de abril de 2024 hasta el primer trimestre de este ejercicio hay 17.438 vascos más con una EPSV. Se trata del mayor salto interanual en la última década en la contratación de estas figuras de ahorro. En total, hay 1,17 millones de planes firmados en el País Vasco. Una cifra que sigue colocando a Euskadi como la comunidad autónoma con mayor índice de penetración de estas figuras de previsión social. El aumento de socios de las EPSV supone multiplicar por cuatro la cifra registrada en 2023, cuando fueron 4.261 más. En este comportamiento han influido una serie de factores que, combinados, han terminado por formar un cuadro de alicientes perfecto. Por un lado, el ahorro en muchas familias vascas generado desde el confinamiento, por otro, la ligera mejora en el tratamiento fiscal a estas figuras y, por último, el avance de las EPSV de empleo. La liquidez de muchos hogares que mientras los tipos de interés estuvieron al alza se dirigió a amortizar pagos de hipoteca, ahora ha buscado los planes de pensiones. Un flujo que sigue creciendo hacia figuras también como fondos de inversión. De hecho, los bancos, tras identificar esta situación, han insistido con su política comercial para captar estos recursos y redirigir a estas herramientas el ahorro de sus clientes. Así, entidades como Kutxabank aumentó entre el 1 de abril de 2024 y el de este año en 3.120 millones el dinero destinado a fondos de inversión y planes de pensiones. Un 9% más, lo que le ha puesto a la cabeza del mercado nacional con una cuota del 7,4%.

Según se recoge en la estadística de la Federación de EPSV de Euskadi, en total hay 623.891 planes de este tipo en el País Vasco. La entidad que más ha elevado el saldo de sus planes ha sido Caixabank con 7.873 más, haciendo un total de 66.492 clientes. La siguiente entidad en crecimiento es la mutua Surne, con un crecimiento de 2.111 clientes y un total de 6.962. En cualquier caso, el liderazgo absoluto del mercado –más de un 40% de cuota– es de Kutxabank con 257.000 clientes, seguida por Caixabank que, con esos 66.492 clientes, deja en la tercera posición a BBVA con 56.000 socios de una EPSV individual. Le siguen Lagun Aro con 48.000 y Santander con 41.000.

Entrevista con Iñigo Atutxa, consejero delegado de Cegasa Energía. Entre las muchas cosas que ha evidenciado el apagón del pasado 28 de abril está la necesidad de que la red eléctrica cuente con dispositivos como los sistemas de almacenamiento de energía. Grandes baterías que ahora, en boca de todos, cuentan con uno de los pocos fabricantes europeos en Euskadi. La histórica Cegasa después de varias reconversiones es el principal agente de este sector y su consejero delegado, Iñigo Atutxa, se muestra convencido de que con el avance de la tecnología ha llegado el momento de la rentabilidad. Por eso, aventura una gran eclosión del negocio. "Los sistemas de almacenamiento en la red son los más versátiles y los más simples de instalar y, además, tienen dos ventajas. Una es que, instaladas en los parques renovables pueden almacenar la energía generada cuando no hay demanda. Y la segunda, dan estabilidad, pueden hacer el control de la tensión en la red...– ¿Es inviable ampliar las renovables sin estos sistemas? – Es inviable, siempre necesitarás en el mix fuentes síncronas, las que generan energía de manera continua y estable. Con el apagón lo hemos visto, estaba claro que andábamos al límite. Si metemos más baterías, y lo hacemos bien, seremos capaces de introducir más renovables en el sistema...Ha habido inversión, pero la instalación de parques ha sido tan rápida y tan bestia que no era sencillo seguir el ritmo. Así que lo cierto es que la red no tiene mecanismos suficientes para poder trabajar con todo el mix renovable. Además, la Península está mal conectada con otros países. Quizá habría que haber puesto exigencias a la hora de instalar parque renovables como la hibridación, que contaran con sistemas de almacenamiento...Las baterías eran muy caras, pero ahora son dos tercios más baratas que hace tres años. Empieza a ser rentable un sistema que almacena energía de una planta fotovoltaica durante el día para evacuarlo por la noche. Hemos llegado al punto de inflexión. Las rentabilidades de la inversión están ya en cinco o seis años. Vamos a ver un crecimiento muy rápido...No se trata de competir con China, buscamos un modo de cooperar. Estamos buscando un socio chino, son buenos fabricando, pero les falla el servicio. Nuestra apuesta es la integración del sistema. En vez de traer un contenedor de 20 pies desde China, hacer la integración del sistema aquí..."

El fondo Sherpa Capital adquirió la marca vasca de pilas Cegasa. La firma histórica sucumbió ante los fabricantes asiáticos hace 15 años y afrontó una dura reconversión. Tras diversos ajustes, siguió adelante una de sus divisiones, Cegasa Energía, centrada en la fabricación de sistemas de almacenamiento y baterías de zinc. Hoy tiene con 120 trabajadores y una facturación de 25 millones y, hace cinco meses, Iñigo Atutxa aterrizó como nuevo consejero delegado, tras 20 años de trabajo en otro referente eléctrico vasco, Ingeteam. El objetivo de la compañía es dar el salto con la hibridación de edificios y parques renovables. Se trata de la instalación de sistemas de almacenamiento de litio que permitan, además, de un suministro de seguridad, mejorar la rentabilidad de la generación verde, además de reforzar la red. Y es que, como explica Atutxa, «va haber mucha demanda eléctrica y el refuerzo del sistema está centrando ya muchas inversiones». A esta línea de negocio se suma la de las instalaciones en industrias, que como explica el directivo, «han comprobado que un corte energético de una hora, supone una parada de la producción mucho más larga sino hay un sistema de apoyo». Ante la expectativa de crecimiento, Atutxa señala que buscan un socio chino para reforzar la capacidad industrial, pero residenciando el conocimiento en Euskadi.

"El Banco de España ha mostrado, en su Informe Anual, una especial preocupación por el incremento de las bajas laborales, que antes de la pandemia no superaban el 2,5% de los trabajadores y ahora se aproximan al 4,5%, siendo nuestro país uno de los que lo está experimentando de manera más intensa –por detrás de Noruega y de Eslovenia–, aunque constituya un fenómeno europeo. Tanto, que el pago de la prestación por baja asciende ya a 15.000 millones de euros, nada menos que el 1% del PIB, con una subida del 78% para la Seguridad Social. Mientras, el coste directo para las empresas alcanza los 4.613 millones, con un aumento del 62%. El organismo destaca asimismo que Euskadi lidera con un 6% el absentismo por incapacidad laboral (IT), duplicando la cifra de Madrid, y muy por encima de la media estatal...Ni el ministerio de Trabajo, ni el de Seguridad Social, ni el de Sanidad han ofrecido hasta la fecha informes concluyentes sobre las causas por las que España presenta datos diferenciales en cuanto a sus bajas laborales. Tampoco lo han hecho, en su caso, los departamentos autonómicos correspondientes de aquellas comunidades que destacan por sus altas tasas de absentismo laboral. El tema es recurrente en la discusión entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales. Pero la inexistencia de estudios estadísticos específicos hace que el contraste de pareceres oscile entre la presunción de que hay demasiadas bajas injustificadas y la convicción de que tal lectura responde a una concepción deshumanizada de las relaciones laborales. De ahí que los cambios introducidos en la gestión de bajas a partir de 2025 difícilmente contribuyan a aliviar una carga que soportan tanto la economía en su conjunto como los propios trabajadores". 

La Federación Mercantil de Gipuzkoa celebró ayer su asamblea general anual con un nuevo llamamiento a las instituciones para que adopten medidas que permitan pervivir al sector. La nueva presidenta de la asociación, Estíbaliz Tello, que presidía su primera asamblea, habló de distintas problemáticas, pero puso el acento en la dificultad que tienen muchos comerciantes autónomos. De hecho, vinculó a esta cuestión la «sangrante» problemática de la «falta de relevo generacional». En presencia de representantes institucionales como el alcalde de Donostia, Eneko Goia, el viceconsejero de Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Agirrezabal, y representantes de la Diputación de Gipuzkoa, Tello señaló que la falta de personas que sigan dando el relevo y manteniendo abiertos más comercios no se debe a «una falta de ideas, pasión o deseo de independencia, sino a la precariedad laboral tan grande que supone ser autónomo hoy». En este sentido, pidió para este colectivo los mismos derechos que para los trabajadores del sector comercial por cuenta ajena, como «derecho al paro, bajas retribuidas, vacaciones pagadas o una red que sostenga la actividad en caso de enfermedad o si el negocio se tambalea». En este sentido, la presidenta de la Federación Mercantil pidió «voz para los autónomos en un sistema que muchas veces nos ignora», sobre todo, a las mujeres y madres, precisó. Por ello, reclamó «un sistema más flexible y adaptado a la realidad cambiante de la micropyme».

El pasado año se recibieron 270 avisos de este tipo en el territorio. La cifra es muy importante. En Bizkaia, con el triple de población, se registraron 254 chivatazos de este tipo en el último ejercicio, 104 de ellos fueron de manera anónima. Sobre la cifra en Álava, 169 estaban relacionadas con el TicketBai. Ciudadanos que no obtuvieron el recibo con el código QR impreso –obligatorio desde diciembre de 2022 para cerca de 20.000 empresas y negocios– o que cuando lo escanearon con su teléfono móvil descubrieron que su emisor no estaba cumpliendo con las obligaciones correspondientes. En esa cifra, por supuesto, se incluirán las txosnas que en las últimas fiestas de La Blanca no usaron este sistema, aunque los portavoces de la Diputación no detallan en qué punto se encuentran sus respectivos expedientes por la «confidencialidad de los datos tributarios» que debe respetarse. Hacienda mantiene abiertas todas las vías posibles para que le comuniquen este tipo de delitos. Por email, teléfono, correo postal y de forma presencial. Se puede hacer en las oficinas de Hacienda o en su Registro. En cualquiera de estos casos, la denuncia puede ser de carácter anónimo y así proteger su testimonio. Unos patrones que probablemente se volverán a repetir en el futuro y puedan identificar otras prácticas fraudulentas.

Entrevista con Ernesto Gutiérrez-Crespo, presidente de la Asociación de Psicopedagogía de Euskadi. Ha sido durante 30 años orientador en un centro de FP en Bilbao. También imparte clases en el máster de acceso al profesorado de la Universidad de Deusto. A menos de un mes de Selectividad, comparte algunas claves para que los jóvenes elijan bien su futuro. Pide a los colegios la inclusión de programas de orientación en sus planes estratégicos y que tengan «más contacto» con el mundo laboral. "Entre un 30% y un 35% de los alumnos no saben qué estudiar. Eso, en cierto modo, es un fracaso de la orientación. Hace unos años la Fundación Bertelsmann hizo un estudio con la gente que cambia de carrera en la Universidad y dijo que al Estado le supone unos mil millones de euros. ¿Por qué no emplear ese dinero en más figuras de orientador? No es nada dramático cambiar de carrera, pero si se puede, es mejor evitarlo...A veces salen en Prensa los rankings con las carreras con más salidas. Por un lado, viene bien saber esa información, pero, por otro, puede generar frustración si la carrera que me interesa no está ahí. Pero hay que tener en cuenta que, con el tema demográfico, en Euskadi van a faltar profesionales en todos los ámbitos. Y, además, las empresas hoy en día contratan gente con competencias intelectuales...Es importante que los programas de orientación empiecen por lo menos en 1º de ESO, y que no se reduzcan a unas charlas o un cuestionario en el último trimestre de 4º de ESO. Los colegios deberían integrar esos programas dentro de su plan estratégico, igual que pasa con la igualdad o la prevención de la conducta suicida. Y luego hay un aspecto que en Euskadi no se suele hacer: que el mundo educativo entre en contacto con el laboral. En Cantabria hay un programa que funciona muy bien. Los chavales acompañan durante una semana a un profesional. Quizá es un lío desde el punto de vista de organización para los colegios, pero es importante la idea de que en los planes de orientación colaboren profesionales y que vayan a dar charlas a los centros...En Euskadi hay un orientador por cada 600 alumnos, pero la recomendación de los organismos internacionales es que haya uno por cada 250. Desde 2023 contamos con un plan de orientación elaborado por el Gobierno vasco. Es un paso adelante, porque hasta ahora no ha sido un campo muy valorado..."

El PNV defiende la coalición con el PSE-EE y, sobre todo, la vocación de Sabin Etxea de seguir liderando las principales instituciones vascas pero sin renunciar a dar la batalla dialéctica en debates espinosos como el migratorio y a afrontar los retos «de cara» y «sin palabrería». Ese es el resumen del discurso dominical de Aitor Esteban, que aprovechó la inauguración del batzoki de Azkoitia para dejar claro que el PNV, más allá del lenguaje empleado, va a seguir defendiendo una posición propia en materia migratoria, diferente a la de los «partidos de izquierdas». Un discurso que, en realidad, se parece mucho al del lehendakari Pradales cuando se preguntó «qué inmigración necesitamos y cuál estamos recibiendo», pero con un lenguaje más pulido para evitar reabrir hostilidades con los socialistas, que dieron por zanjada la crisis el viernes tras escuchar al jefe del Ejecutivo de Vitoria en el Parlamento decir que Euskadi va a necesitar ahora y en el futuro trabajadores autóctonos y migrados con «todo tipo de perfiles y cualificación». Ahora bien, lo que dejó claro ayer el presidente del EBB es que el discurso del PNV pasa en todo caso por «integrar» a los migrantes «a través del trabajo» y que Sabin Etxea discrepa, en este sentido, de la posición del PSOE y de los socios a su izquierda, que defienden una regularización «general» que, para Esteban, «no es la solución». Y, en ese sentido, hizo pedagogía para explicar por qué su partido considera que las medidas para conceder la autorización de residencia deben vincularse en todo caso a un contrato laboral, algo que, a su juicio, «entiende y acepta todo el mundo, tanto el migrante como el autóctono».

Con los mil millones de datos –es cifra real– que se han intercambiado ya en el sector eléctrico para intentar llegar al fondo de lo sucedido en el bochornoso y desastroso apagón de España el pasado 28 de abril, van aflorando elementos inquietantes sobre el riesgo que asumió Red Eléctrica de España (REE) en tan aciaga jornada. Una actuación temeraria, en contraste con la autocomplaciente que describió el pasado jueves la presidenta del grupo Redeia, la exministra Beatriz Corredor, en el Foro Internacional Expansión. El operador del sistema, dependiente de Redeia y del Gobierno, gestionó aquel lunes con menos de la mitad de centrales de ciclo combinado que en la víspera y en mínimos del mes, según datos del sector. Es decir, un sistema muy desprotegido y con la guardia particularmente baja. Red Eléctrica apenas usó ese día seis centrales de ciclo combinado de la siete que había previsto en las llamadas restricciones técnicas. Es un tercio de las que suele utilizar como escudo. En la víspera, que era un domingo de menor demanda, había contado con 16 tanto en la reserva como en p48, como se denomina la programación realmente utilizada. Pasó, por tanto, de tener en la recámara 20 centrales entre las de ciclo y nuclear en un festivo a sólo diez en un lunes laboral. Rebaja del 50%. A partir de las 07.35 horas del 28 de abril y en cuanto salió el sol, empezaron a desconectar ciclos para dar entrada a fotovoltaica, más barata, pero que los técnicos llaman asíncrona y, por lo tanto, menos estable para evitar apagones.

El apagón eléctrico masivo que ocurrió el pasado 28 de abril en España ha desatado ya un aluvión de reclamaciones por parte de los usuarios a las grandes eléctricas, sobre todo a Iberdrola, Endesa y Naturgy. Fuentes del sector indican que, a fecha de hoy, y sin que aún se haya cumplido un mes desde el corte eléctrico, que afectó a toda la España peninsular durante más de doce horas, ya hay cerca de 20.000 reclamaciones por parte de los usuarios. El aluvión es constante. La mayoría de las eléctricas está monitorizando este asunto a diario. Es una ola de reclamaciones sin precedentes en el sector eléctrico que va a desembocar en indemnizaciones multimillonarias. Algunas eléctricas sitúan el problema en más de mil millones de euros. Determinar quién tuvo la culpa del apagón va a ser clave para establecer quién asume el pago de esas indemnizaciones, independientemente de que también haya sanciones de la administración. Las eléctricas se están armando jurídicamente. Se disputan los mejores bufetes de abogados para enfrentarse a una situación que es más que probable que se judicialice. La normativa en España es relativamente clara sobre cuándo y a quién deben dirigirse los usuarios a la hora de reclamar daños y perjuicios, y el valor de las compensaciones. Los ciudadanos afectados pueden presentar reclamaciones ante las compañías comercializadoras de electricidad o ante las compañías distribuidoras, es decir, las propietarias de la red que llega hasta sus casas. Iberdrola, Endesa y Naturgy son las tres mayores comercializadoras y, además, son las tres mayores distribuidoras. De ahí que sean las que están concentrando el mayor volumen de reclamaciones.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer en Sevilla que el Ejecutivo central terminará por lograr la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, y ha señalado así que “tardaremos lo que tardaremos, pero vamos a ganar”. Así se expresó en un acto promovido por Movimiento Sumar y apoyado también por IU centrado en defender la reducción de la jornada laboral, sin merma salarial, que el Gobierno ha plasmado en un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo. Este evento coincide con la llegada del proyecto de ley al Congreso, donde de momento no tiene los apoyos atados para prosperar. Para Díaz, la reducción de la jornada laboral “no es una variable económica más”, sino “un motor de esperanza en el conjunto del país y del mundo. Así, se preguntó “por qué razón emplean tanto empeño en oponerse a la reducción de la jornada si ya en nuestro país la media se sitúa en 38,2 horas”. “¿Por qué razón, si hay miles y miles de convenios colectivos también en Andalucía, señor Moreno Bonilla, que están por debajo de las 40 horas y que ya tienen 37 horas y media la semana? ¿Por qué se oponen tanto si los empleados y empleadas públicas ya tienen esta reducción?”, prosiguió Díaz, para concluir que “se oponen tanto porque saben que es un mensaje de esperanza para la mayoría social de este país”.

El número de bajas de contratos fijos discontinuos registradas cada año en la Seguridad Social se ha duplicado tras la reforma laboral de Yolanda Díaz y supera ya a la cantidad de bajas que se anotan anualmente de contratos temporales. Es una de las conclusiones a las que llega el Banco de España en el apartado que dedica a la evaluación del empleo en su informe anual de 2024, donde pone de manifiesto la excesiva rotación que persiste en el mercado laboral patrio pese a la mayor estabilidad que prometía el nuevo marco de contratación introducido a finales de 2021. El controvertido informe dirigido por el exministro de Seguridad Social y actual gobernador del supervisor, José Luis Escrivá, que ha derivado en la dimisión del director de Economía del banco, elude el problema de la sostenibilidad de las pensiones que el Gobierno promete solucionar con las medidas aprobadas en la reforma que diseñó el propio Escrivá. No obstante, sí entra a analizar cómo ha evolucionado la estabilidad en el empleo desde la entrada en vigor de los cambios legislativos en materia laboral que codiseñó él mismo junto a la titular de Trabajo cuando ambos se sentaban en el Consejo de Ministros. Y aquí llega a la conclusión de que la reforma laboral ha logrado rebajar las excesivas tasas de temporalidad en la contratación, uno de los farolillos rojos históricos de la precariedad del mercado laboral español. Sin embargo, esto no significa necesariamente que haya mejorado la estabilidad en el empleo. Al contrario, el informe del banco central señala que el fuerte crecimiento del contrato fijo discontinuo, considerado indefinido estadísticamente aunque los trabajadores se ocupen de manera intermitente, ha venido acompañado de un notable aumento de las bajas de este tipo de contratos, lo que en definitiva refleja la persistente inestabilidad en las relaciones laborales.

El Tribunal Supremo (TS) frena las sanciones automáticas y masivas de Hacienda contra las empresas por no justificar adecuadamente los gastos que incluyen para deducir en el Impuesto sobre Sociedades. Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha aportado claridad sobre los criterios para la imposición de sanciones tributarias, especialmente en lo relativo a la deducibilidad de gastos y la aplicación del principio de culpabilidad. El fallo, que sienta jurisprudencia, aborda de forma directa si la falta de prueba de un gasto cuya deducción fiscal se pretende puede ser amparada por la figura de la “interpretación razonable de la norma” prevista en la Ley General Tributaria (LGT). Los magistrados concluyen que la falta de prueba de un gasto cuya deducción se pretende en el Impuesto sobre Sociedades no siempre conduce a calificar la conducta del contribuyente como culpable a efectos sancionadores. Así, la Administración debe acreditar, en cada caso, la presencia del elemento culpable en la conducta del obligado tributario para enervar la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución Española). Además, esta culpabilidad debe ser adecuadamente motivada. El fallo también establece que, al margen de esa exigencia de prueba y motivación de la culpabilidad, no es posible invocar la causa de exención de responsabilidad sancionadora del artículo 179.2.d) de la LGT (interpretación razonable de la norma) en aquellos casos donde la razón determinante de la sanción no se fundamenta en la interpretación de una norma, sino en la falta de prueba de un hecho necesario para la deducibilidad del gasto.

La cúpula de BBVA quiere recuperar el tiempo perdido en la fase de autorizaciones, que se ha alargado más de un año. La pelota ahora está en manos del Gobierno, contrario a la operación, que puede endurecer las condiciones de esta operación por razones de interés general distintas de competencia. Mañana, martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comunicará si eleva o no el estudio de esta opa al Consejo de Ministros. BBVA creó a principios de año una Oficina de Integración y puso al frente a Jordi García Bosch, uno de los hombres de confianza del presidente Carlos Torres, que ha hecho en los últimos meses buena parte de los trabajos internos necesarios para ponerlos en marcha en cuanto tenga el sí de los accionistas. El banco ha ubicado ahí a los directivos con más experiencia y que mejor conocen las dinámicas del mercado español. Uno de ellos es Rafael Pintado, director de Transformación y Productividad en la dirección territorial de Cataluña, que encabeza el área de Integración de Negocio. También participa Antonio Viejo, director de Transformación de Datos e Ingeniería en España, que pilota la división de Integración tecnológica. BBVA tiene experiencia en fusiones en España, tras haber absorbido las cajas de ahorros catalanas Unnim y CatalunyaCaixa. La ley da 30 días naturales al Gobierno, desde que un expediente es elevado al Consejo de Ministros, para endurecer o dejar igual las condiciones impuestas por la Autoridad de Competencia en una operación de concentración empresarial.

El veto a los pisos turísticos en Nueva York y las restricciones aplicadas en Barcelona no han logrado abaratar la vivienda, mientras que los hoteles se han encarecido. España vive una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes. Comprar o alquilar una casa se ha convertido en un lujo que ha empobrecido a todo tipo de colectivos, sin distinguir por edad o modelo de familia, y retrasa la emancipación de millones de jóvenes. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares. Ninguna empresa puede estar por encima de la ley”, recalca a menudo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que apunta a Airbnb como el causante de esa crisis. Ayuntamientos y comunidades autónomas también dirigen sus miradas a los pisos turísticos como los principales responsables de la falta de vivienda y del encarecimiento de la misma. Solo en las 25 ciudades más grandes de España, el número de este tipo de viviendas tocó máximos el año pasado hasta rozar las 345.000, con un crecimiento del 17,5% en el último ejercicio, según el último informe de Exceltur. Dos tercios de estas viviendas se concentran en cinco municipios: Madrid (21%), Barcelona (15,7%), Málaga (10,4%), Valencia (9,7%) y Sevilla (9,2%). Madrid solo permite desde el miércoles pisos turísticos en edificios completos en el centro de la ciudad, Barcelona tiene topada la concesión de licencias para viviendas de uso turístico desde 2014 y planea revocarlas todas en 2028 y Valencia había limitado la presencia de pisos turísticos en el centro hasta que el Supremo tumbó también el miércoles esas limitaciones. Todos los destinos miran, no sin cierto temor, a lo sucedido en Nueva York, la única ciudad en la que se prohibieron de facto las viviendas de uso turístico desde septiembre de 2023.

La guerra arancelaria que ha desatado Estados Unidos puede acabar reduciendo el número de turistas internacionales que recibe España, uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro crecimiento. España recibió en 2024 el récord de 93,8 millones de turistas internacionales, un 10,1% más que el año anterior. Los principales países de origen fueron Reino Unido, Francia y Alemania, pero también llegaron 4,26 millones de estadounidenses. «Son entre un 4 y un 4,5% del total de turistas que recibimos, pero como tienen una capacidad adquisitiva elevada su gasto supone un 7,1% de total», explica a este medio Raúl Mínguez, director del servicio de estudios de la Cámara de Comercio. Aunque la guerra arancelaria se ciñe, por ahora, a los bienes, lo cierto es que puede afectar también a la exportación de servicios (incluidos los turísticos) por dos motivos: la evolución del tipo de cambio y la caída de la demanda. En primer lugar, la decisión de EEUU ya ha provocado de forma casi automática una depreciación del dólar, lo que se traduce en que a aquellas personas y empresas que tienen que pagar productos y servicios en euros les saldrán más caros. Por ello, el Banco de España ha actualizado al alza los Índices de Competitividad de la economía española, lo que implica que la economía nacional ha perdido atractivo. Con un euro más caro, uno de los puntos fuertes de España para los turistas extranjeros –el alojamiento y la hostelería baratos– se diluye ligeramente, lo que unido a su menor poder adquisitivo por la contracción económica puede disuadirles de viajar a nuestro país.

Cuando los británicos se despertaron el pasado martes, la pesadilla del Brexit seguía allí. El acuerdo firmado en la cumbre bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea, celebrada con pompa y boato 24 horas antes en el palacete londinense de Lancaster House, no supone ningún cambio a medio o largo plazo en la vida diaria de los ciudadanos. Y, sin embargo, tanto Keir Starmer como Ursula von Der Leyen proclamaron que lo ocurrido era un “reinicio”, “un nuevo capítulo”, “un acontecimiento histórico” que comenzaba a dejar atrás los amargos años del divorcio entre Bruselas y Londres. “Después de las turbulencias de la última década, la cumbre supone un salto hacia adelante en las relaciones entre el Reino Unido y la UE. El Gobierno ha mantenido un compromiso incesante con el libre comercio internacional, y esto aporta un impulso de confianza a las empresas, junto a los recientes acuerdos alcanzados con la India y Estados Unidos”, celebró Rain Newton-Smith, director ejecutivo de la principal confederación empresarial británica, CBI. Es la más clara expresión de que la cumbre puede contemplarse tanto como un vaso medio lleno o como uno medio vacío. Porque ninguno de los grandes asuntos abordados en la reunión ha sido completamente acordado. En algunos casos, deberá abrirse un nuevo proceso de negociaciones técnicas tan complejo y tedioso como el que encauzó el Brexit. En otros, la ambigüedad del lenguaje utilizado — como en el caso de la movilidad juvenil— invita a pensar que el compromiso tiene más de patada hacia adelante que de voluntad de expandir la relación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solía presumir antes de su regreso a la Casa Blanca de que le bastarían 24 horas para lograr un acuerdo de paz entre los líderes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Rusia, Vladímir Putin. En realidad, la semana pasada solo le hicieron falta dos horas de conversación telefónica con el inquilino del Kremlin para darle cuanto reclamaba y lavarse las manos sobre lo que venga después. Las conversaciones de paz, vino a decir, quedan en manos de los implicados, sin presiones estadounidenses. Ayer Ucrania sufrió el que Kiev ha descrito como uno de los peores ataques desde el inicio de la guerra, con al menos 13 muertos. Zelenski imploró a Trump que rompa un silencio que “solo sirve para alentar a Putin”, dijo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solía presumir antes de su regreso a la Casa Blanca de que le bastarían 24 horas para lograr un acuerdo de paz entre los líderes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Rusia, Vladímir Putin. En realidad, la semana pasada solo le hicieron falta dos horas de conversación telefónica con el inquilino del Kremlin para darle cuanto reclamaba y lavarse las manos de lo que venga después. Las conversaciones de paz, venía a decir, quedan ahora en manos directamente de Kiev y Moscú, sin presiones estadounidenses. Y si el Vaticano, o los europeos, quieren hacerse cargo de la patata caliente, allá ellos.

El próximo domingo 1 de junio, las márgenes de la ría volverán a llenarse de color, diversión y vida saludable. La Carrera de Empresas organizada por El Correo y Cebek (Confederación Empresarial de Bizkaia) celebra este año su séptima edición con el mismo espíritu con el que nació: aunar a todos los aficionados al runnig del tejido empresarial de Bizkaia y convertirse en punto de encuentro para que los empleados puedan tejer lazos fuera de la rutina del día a día. Ellos son los auténticos protagonistas de este evento. Los más de 2.000 corredores que a partir de las 11.00 horas se calzarán las zapatillas y lo darán todo para llevar a sus empresas a lo más alto del podium. Los equipos, compuestos por cuatro integrantes, pueden dividirse en masculinos, femeninos o mixtos y todos buscarán suceder en el palmarés a la Ertzaintza (ganadores en la categoría masculina); Orona (ganadores de la categoría mixta) y a las chicas del equipo de Eroski, que ya llevan dos triunfos consecutivos y se han convertido en el enemigo a batir en la categoría femenina. Esta séptima edición, que estará marcada como es habitual por el ambiente festivo y la deportividad, cuenta con el patrocinio del Banco Santander y de Aena y los equipos tendrán un tiempo limitado de 1 hora y 15 minutos para cubrir los poco más de 7 kilómetros del recorrido. Además, para que se pueda diferenciar a cada equipo con facilidad, cada categoría portará un dorsal con un color diferente.