20250521

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El absentismo laboral por Incapacidad Temporal (IT) en Euskadi lleva años situándose entre los más altos de España, pero es ahora el Banco de España quien ha llamado la atención sobre este fenómeno en su informe anual. El País Vasco encabeza el ranking de comunidades autónomas con mayor tasa de absentismo por IT del Estado, y se sitúa como la única región donde el porcentaje de ocupados de baja supera el 6%, duplicando a la cifra de Madrid y muy por encima de la media estatal, que se mantiene en el 4,4%, según el informe anual publicado ayer por el organismo que gobierna el exministro José Luis Escrivá. El coste de las prestaciones por IT ha aumentado un 78,5% en todo el país desde 2019, superando los 15.000 millones de euros, cerca del 1% del PIB, lo que sitúa a España a la cabeza de la UE, junto a Países Bajos, Alemania o Suecia, si bien el gasto en estos países se ubicaba entre el 1,5% y el 2% del PIB en 2022. Para las empresas, el impacto directo ha sido también elevado: un 62% más en costes por ausencias laborales, hasta alcanzar los 4.613 millones. El Banco de España subraya que el aumento de las bajas ha sido «transversal», afectando a «distintos perfiles personales, sectores y regiones, lo que sugiere la presencia de factores comunes». Entre ellos, destacan los de naturaleza «sanitario-demográfica, como el deterioro de la salud tras la pandemia y el envejecimiento de la población, especialmente relevantes en territorios con mayor proporción de personas mayores en el mercado laboral». Otros factores son de tipo económico y organizativo. Por un lado, el ciclo económico expansivo, históricamente asociado a una mayor incidencia de IT; por otro, la congestión de los servicios sanitarios, que puede alargar los tiempos de recuperación. También se apuntan posibles cambios en las preferencias laborales, como «una mayor exigencia sobre las condiciones de trabajo o una distinta percepción del equilibrio entre empleo y tiempo personal».

El Banco de España también lanza una señal de alarma sobre el mercado de la vivienda. La movilización de inmuebles para uso residencial podría permitir acoger hasta un 39% más de hogares, pero esa ratio se reduce drásticamente en territorios con alta presión demográfica como Barcelona (13,2%), Madrid (14,3%) o Bizkaia, Álava o Gipuzkoa, donde «la escasez de vivienda residencial se observa con claridad», situándolas entre las zonas más tensionadas. El acceso a la vivienda se ha convertido en una carrera de fondo para los jóvenes y, en esta precisa línea, el informe del Banco de España ha subrayado en su informe anual algunos de los elementos más preocupantes del problema. El documento destaca que entre 2015 y 2023 el precio real de la vivienda ha crecido a un ritmo que prácticamente duplica el de los salarios medios de los trabajadores jóvenes. Aunque estos últimos han registrado ciertas mejoras, en especial en Euskadi, el crecimiento acumulado del coste de compra y alquiler ha sido más intensa. La tasa de empleo entre los menores de 30 años en el Estado sigue siendo baja (43,2%) y se acompaña de una elevada parcialidad y temporalidad. En estas condiciones, la entrada al mercado de la vivienda se complica aún más, especialmente en entornos urbanos con alta demanda. Aunque el Banco de España no dedica este año, como sí hizo el año pasado, un capítulo entero de su Informe Anual al problema de la vivienda, sí que reconoce que puede convertirse en «un evidente cuello de botella para la economía española por el lado de la oferta y en un problema social de primera magnitud en nuestro país», con considerables efectos sociales y económicos «adversos».

Según los datos de las diputaciones vascas, hasta abril el comportamiento de la recaudación vuelve a crecimientos de doble dígito, con un 10,8%, que no se veían desde hace más de un año. En los cuatro primeros meses de 2025 ciudadanos y compañías pagaron a Hacienda en Euskadi un total de 6.064 millones, 597 más que el año pasado. La evolución recupera cifras que no se veían en las haciendas forales desde 2023, en plena escalada de los precios. El principal impulso sigue residiendo en el IRPF que, por el peso del empleo, crece un 7,4% con 150 millones más gracias a las retenciones aplicadas en las nóminas de los más de un millón de trabajadores vascos afiliados a la Seguridad Social. Y eso que en los datos de este impuesto se recogen ya los primeros pagos realizados por las diputaciones en la campaña de la Renta. De todas formas, este avance sufrirá un ajuste con la reforma fiscal que descarga del IRPF a las rentas inferiores de 20.000 euros, que dejarán además de notarlo en sus retenciones en la nómina a partir de julio. El otro gran empujón recaudatorio ha estado en el IVA, que también presenta una lectura compleja. El que gestionan directamente las diputaciones sobre las compras en Euskadi se ha disparado un 10,6%, 170 millones más. Contrasta con las caídas que se vinieron registrando el pasado año y que se concretaron en un 3,1%. El cambio de tendencia va más allá de una posible recuperación del consumo y reflejaría medidas como las aplicadas este año contra el fraude de los hidrocarburos. Las empresas, en cambio, sí dan muestra de algo más de fragilidad y, aunque queda pendiente la liquidación de Sociedades en julio, en los adelantos realizados hasta abril han desembolsado 380 millones. Es un 5,6% menos que el año pasado y una alerta de algo más estructural. Otros impactos positivos en las arcas forales vinieron del buen comportamiento del mercado y de las inversiones del ahorro. 

El pasado fin de año fue muy intenso para los servicios jurídicos de Tubacex. Y es que el 31 de diciembre se encontraron con la ejecución de un aval de 50 millones contra la compañía. La decisión fue adoptada por NIOC, la petrolera pública iraní con la que firmó en 2017 el que entonces fue el mayor contrato de la historia de la tubera alavesa. Un pedido de 600 kilómetros de tubos de acero por valor de 550 millones de euros. Solo un año después, en 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos impuso sanciones comerciales internacionales contra Irán por el despliegue del programa nuclear en el país árabe. Desde entonces, el megacontrato de la compañía vasca quedó en suspenso. Una situación por la que también atravesaron otras multinacionales con negocio en Irán. El caso es que muchas de las compañías de la república islámica que se han visto en esa situación intentaron ejecutar los avales asociados a los contratos bloqueadas con el intento de ingresar, al menos, los importes de esas garantías. En la industria, estos grandes contratos, de un elevado importe y que deben desarrollarse en un plazo largo de tiempo, se firman con garantías. Se trata de esos avales que emite el fabricante con el respaldo de sus bancos y que el comprador puede ejecutar en caso de que el pedido no llegue a tiempo, lo haga de modo defectuoso o se cancele.

El área de Sostenibilidad del Gobierno vasco ha tumbado definitivamente el proyecto para levantar un parque eólico de ocho aerogeneradores en el cordal que une el monte Mello con Alen, así como su línea de evacuación eléctrica, de 17 kilómetros de trazado, en los términos municipales de Sopuerta, Arcentales, Zalla, Güeñes, Muskiz y Galdames. El Ejecutivo autonómico emitió ayer una declaración de impacto ambiental desfavorable por las importantes consecuencias que supondría la central para la fauna y la flora. En especial, para las aves necrófagas, como el alimoche, y para los murciélagos. La decisión del Gobierno vasco va, esta vez, en consonancia con los informes emitidos por la Diputación, que alertó hace un año de que los efectos de la colocación de los molinos serían «críticos». La nueva resolución, sin embargo, contrasta con lo sucedido hace dos meses, cuando Sostenibilidad dio luz verde al parque eólico Larragorri, en Orozko (el primer permiso en 20 años en Bizkaia), sin tener en cuenta que la institución foral también había advertido de los daños que se pueden producir en especies protegidas como el alimoche. En el caso de la instalación que se ubicará cerca del Gorbea, el Ejecutivo de Imanol Pradales dictó una serie de medidas correctoras y de vigilancia que, según aseguran sus expertos, mitigarán la huella y harán compatible la colocación de los aerogeneradores con la conservación de la avifauna. Estas dos resoluciones de distinto signo, a pesar de que afectan a los mismos animales en peligro de extinción, llevan a pensar que Sostenibilidad va a ir analizando a fondo caso por caso para decidir si estos proyectos renovables salen adelante o no.

El presidente de la fundación bancaria BBK, Xabier Sagredo, visitó la semana pasada el Mass Transit Hub (MTHub) que CAF tiene en sus instalaciones vizcaínas en Boroa, el centro de competencia en tecnologías de electromovilidad para el ámbito urbano de la empresa. Acompañado por Andrés Arizkorreta, presidente de la compañía, Sagredo ha podido conocer de cerca el trabajo que se realiza en estas instalaciones especializadas en el desarrollo de sistemas de señalización ferroviaria para entornos urbanos, un área estratégica dentro del compromiso de CAF con la movilidad sostenible. CAF, líder en soluciones ferroviarias y de movilidad sostenibles, genera 5.000 puestos de trabajo directos en Euskadi –cerca de 500 en Bizkaia– y desarrolla tecnologías clave para la transformación del transporte urbano a escala global. Puesto en marcha hace tres años, el MTHub de Boroa nace de la decisión de la empresa de complementar la fabricación de trenes y material ferroviario con un equipo propio de señalización que les permitiera ofrecer un servicio integral y acceder a todo tipo de licitaciones internacionales de metro automático. Es un núcleo de innovación en tecnologías de movilidad urbana y señalización ferroviaria avanzada, que lidera el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la seguridad, fiabilidad y capacidad de las líneas metropolitanas, contribuyendo a la transformación del transporte urbano en todo el mundo. Recientemente, CAF ha inaugurado el showroom del MTHub, un espacio en el que se puede probar la tecnología desarrollada por la compañía vasca gracias a los gemelos digitales y al emulador de Optio, nombre que recibe la solución desarrollada. CAF, además, ha ampliado las capacidades de su laboratorio para poder probar el sistema con mayor agilidad, mejorando los tiempos requeridos para las validaciones.

El vino de Rioja Alavesa aterrizará en Madrid mañana a través del proyecto ‘Raíces Celestes’, una propuesta cultural y gastronómica que tiene como objetivo dar a conocer el «vino con apellido» que se desconoce en la capital, según explicó ayer el presidente de Fundación Vital, Jon Urresti, en la presentación de la iniciativa. Esa labor pedagógica consistirá en narrar el desarrollo de las vides y el vino en las diferentes estaciones del año. El proyecto cuenta con el respaldo de la Diputación. «Creemos firmemente en el poder de nuestras bodegas y en la calidad de nuestros vinos», aseguró Noemí Agirre, diputada de Agricultura, quien remarcó la singularidad de los productores alaveses, «que han sabido cultivar durante generaciones el arte de la viticultura». La iniciativa contará con cinco encuentros distintos en la terraza de la sede de Kutxabank en Madrid, según explicó Axier Urresti, director de banca minorista de la entidad en Álava, que agradeció poder participar en un proyecto que pone en valor «el trabajo de nuestros viticultores» y que reconoce la «contribución social, medioambiental y económica» del vino. La inauguración de ‘Raíces Celestes’ será mañana, fecha que coincide con la ‘Luna de las flores’, un fenómeno astronómico que marca el inicio de la floración de los viñedos. Los asistentes podrán disfrutar de una cata guiada de mano del enólogo Mikel Garaizabal, degustando once vinos ganadores del concurso de la Fiesta de la Vendimia Rioja Alavesa. «Vamos a ir con los pesos pesados», explicó Garaizabal. «Nos llevamos toda la artillería porque podemos sacar pecho».

Sorpresa en el Ayuntamiento de Vitoria. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) del País Vasco ordenó ayer al Gabinete Etxebarria la «suspensión cautelar» del proceso de adjudicación del nuevo contrato para la recogida y tratamiento de los residuos urbanos de Vitoria mientras estudia un recurso de la patronal de sector. Se trata de una licitación de récord para el Consistorio, que prevé destinar 355 millones de euros en los próximos diez años a la gestión de las basuras. Lo curioso de esta paralización es que se mantiene invariable el plazo de presentación de ofertas, que concluye el 13 de junio. Según explicaron portavoces del departamento de Gestión Ambiental que dirige el socialista Pascual Borja, la asociación ASELIP –que reúne a las grandes firmas de limpieza pública presentes en más de 6.500 municipios de toda España– no está conforme con los «aspectos económicos del pliego». Es decir, no ve ajustada la relación entre el precio y los servicios propuesta por el Ayuntamiento y se ha dirigido al órgano contractual del Gobierno vasco. Si éste atiende a los requerimientos de la patronal y le da la razón, supondrá que debe volver a convocarse el concurso con nuevos requisitos. Y en caso contrario, hay fuentes del sector que aventuran una especie de plante; que muchas firmas habituales de este tipo de licitaciones opten por no presentarse. Es la encomienda de gestión más cara de Vitoria, por encima de la ayuda a domicilio, y una de las que más expectación genera entre las empresas dedicadas a la gestión de residuos y sus gabinetes de abogados, dispuestos a impugnarlo a la mínima. Se trata siempre de un contrato rodeado de polémica, al menos en la capital alavesa. Porque es muy jugoso.

Juan Ignacio Pérez Iglesias solicitará hoy en un encuentro en el Ministerio de Diana Morant que el Gobierno de Pedro Sánchez retire del nuevo proyecto de decreto universitario el apartado que devuelve al Gobierno central la competencia sobre las universidades telemáticas, que, a su juicio, «invade» el autogobierno vasco y que supone una «línea roja» para el Ejecutivo autonómico. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación insistió ayer tras el consejo del Gobierno Vasco en que lo recogido en el texto del Ministerio plantea «un problema competencial», puesto que el decreto «prevé la recuperación para el Estado de la competencia de las universidades telemáticas». Pérez Iglesias se reunirá hoy con el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, para reiterarle los aspectos del proyecto de decreto con los que está «en desacuerdo» y proponerle un modelo «alternativo», según el cual se establecería un sistema de «sellos o certificaciones de calidad» que acreditarían diversos niveles y cuya asignación correspondería a las agencias de calidad. Este sistema permitiría establecer «niveles de universidades excelentes, de universidades buenas y de universidades con informe negativo, el equivalente a un informe negativo». El consejero explicó que se podría incluso prever la introducción en el decreto de una previsión en virtud de la cual dos informes negativos consecutivos podrían dar lugar «a la suspensión de la autorización para impartir títulos». «Pensamos que este es un procedimiento que claramente promueve la calidad, porque al generar distintos niveles de reconocimiento, se va a generar mayor competencia entre las instituciones universitarias», explicó el titular del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Pérez Iglesias indicó que no tiene «la más mínima duda» de que «las tres universidades vascas que tienen larga tradición» –en referencia a la UPV/EHU, Deusto y Mondragon– obtendrían un «nivel excelente» en ese hipotético sistema de calificación.

El reto de la inmigración se confirma como un elemento –otro más– generador de tensión en el funcionamiento de la coalición de gobierno en Euskadi. Aunque de la reunión de ayer entre el lehendakari y sus consejeros (diez del PNV y cinco del PSEEE) salió la consigna de templar gaitas tras la polémica por las declaraciones en las que Imanol Pradales llamaba a preguntarse «qué tipo de migración necesitamos y cuál estamos recibiendo», al mismo tiempo continuó la disputa entre los dos partidos con Eneko Andueza replicando que «no se puede dar la bienvenida a los que queremos y marginar al resto». Pradales marcó una diferencia entre el perfil de inmigrantes que han llegado al País Vasco (unos 77.000 en los últimos cinco años) y los que la comunidad «necesita» desde un punto de vista económico y laboral, haciendo referencia a la cualificación. Fueron unas palabras «muy preocupantes» para su socio de gobierno, el PSE-EE, que salió a denunciar que ese posicionamiento «se aparta del ámbito que hemos acordado la mayoría de los vascos en el pacto migratorio, a donde tenemos que volver». Pero aún más dura fue la contestación por parte de la delegada del Gobierno en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia, quien interpretó que el lehendakari quiere establecer «cupos», le acusó de lanzar «mensajes de la caverna» y situó al PNV en posiciones cercanas al PP y a Vox. A este coro de voces se sumó ayer el líder del PSE-EE, que si bien no abordó explícitamente la polémica, sí quiso enviar un evidente recado a su socio. En una entrevista en Hamaika Telebista, llamó a no diferenciar el trato en la acogida entre aquellos migrantes cualificados que satisfacen las necesidades del mercado laboral vasco y aquellos que no. Andueza defendió el proceso de regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno de Sánchez, destacó la «oportunidad» que supone e indicó que «el futuro de Euskadi está en manos» de estas personas.

El Gobierno ha comenzado a negociar con los grupos parlamentarios una nueva regularización para conceder permisos de residencia y trabajo a unos 500.000 inmigrantes que han llegado a España antes de 2025. El Ejecutivo toma como base una iniciativa legislativa popular (ILP), presentada en abril del año pasado con 600.000 firmas de apoyo, que todos los grupos del Congreso salvo Vox apoyaron tramitar y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa para permitir la regularización de quienes se queden fuera del Reglamento de Extranjería, que entró ayer mismo en vigor. El nuevo texto, impulsado por el PSOE en la Cámara baja, propone un «régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo» y plantea la fecha de llegada del 31 de diciembre del año pasado como tope para los inmigrantes que quieran legalizar su situación, aunque se abre a negociarla durante el proceso parlamentario. Los beneficiarios de esta medida deberán cumplir ciertas condiciones, como no tener antecedentes penales, demostrar su estancia en España desde ese periodo o acreditar su situación de vulnerabilidad, según el borrador del documento. La propuesta socialista se marca como objetivo cubrir las carencias del nuevo Reglamento de Extranjería, que desde ayer ha abierto la puerta a la regularización de unos 300.000 inmigrantes en España, pero que, según las organizaciones sociales, deja en el aire la situación de los solicitantes de asilo rechazados.

Red Eléctrica defiende su modelo tras el apagón del pasado 28 de abril. Después del fundido a negro en toda España, las eléctricas han reabierto el viejo debate sobre la idoneidad de que el operador del sistema sea también el operador de la red de transporte de alta tensión. Con la compañía en el ojo del huracán por su potencial responsabilidad en el blackout nacional, han vuelto las acusaciones de conflicto de interés, falta de independencia e ineficiencia de la estructura de la empresa. Ante este panorama, Red Eléctrica ha decidido salir al paso y defender su modelo y su actuación en la investigación que se ha activado tras el apagón. Respecto de su estructura societaria, fuentes oficiales de la compañía recuerdan que “el operador del sistema se configura por la ley como una unidad orgánica específica, separada contable y funcionalmente dentro de Red Eléctrica, bajo la constante supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y que actúa siempre en beneficio del interés general, con sometimiento (también por imperativo legal) a los principios de transparencia, objetividad, independencia y eficiencia económica”. Además, rechaza ser juez y parte, como deslizan algunos actores del sector eléctrico privado, y niega cualquier problema de independencia en la investigación y los intercambios de datos entre las eléctricas y el operador del sistema. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, participó ayer como invitado en la recepción oficial del primer ministro británico, Keir Starmer, con motivo de la histórica cumbre europea entre Reino Unido y la Unión Europea. El encuentro reunió a importantes líderes empresariales y autoridades políticas, con un papel destacado de Iberdrola como uno de los principales inversores en infraestructura eléctrica en el país, a través de su filial Scottish Power. Sus planes recogen invertir 28.000 millones de euros hasta 2028.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, dijo ayer que el Gobierno aceptaría prorrogar la vida útil de las centrales nucleares si eso no supone ningún coste para la ciudadanía. El Gobierno introduce así un giro de guión en la bronca político-empresarial que se ha desatado en España con motivo del cierre de las centrales nucleares que quedan operativas. Hasta ahora, el Ejecutivo había mantenido una posición antinuclear firme, aferrándose al calendario de cierres escalonados entre 2027 y 2035 que se pactó hace tiempo. En una entrevista con Onda Cero, Aagesen fue preguntada por la reunión que deben mantener las eléctricas sobre el futuro de la central de Almaraz, en Cáceres. La nuclear extremeña es la primera de las cinco que quedan operativas en España que debe abordar su clausura. Tal como adelantó ayer EXPANSIÓN, Iberdrola, Endesa y Naturgy –grupos propietarios de esa central–, han aplazado para dentro de 15 días, a comienzos de junio –en una fecha aún por concretar–, la junta de CNAT, la sociedad que gestiona Almaraz. Deben decidir qué inversiones realizan de cara a pedir, o no, permiso para su continuidad, más allá de octubre de 2027, fecha inicialmente prevista para su cierre. Esa junta estaba prevista para ayer. Aagesen confirmó que es consciente del aplazamiento de la junta de CNAT. En el sector se entiende que ese aplazamiento es una forma de ganar tiempo para intentar llegar a un acuerdo previo con el Gobierno. Aagesen abre una posible vía de entendimiento al decir que el Ejecutivo está por la labor de estudiar “las propuestas de las empresas” energéticas para alargar la vida de las centrales nucleares y no lo dificultaría si ello “no supone un sobrecoste para los ciudadanos” y se hace “con total seguridad”.

La economía española presenta una exposición limitada a EE UU y al conflicto arancelario desatado por la Administración Trump. En principio debería seguir con crecimientos robustos a pesar de las medidas proteccionistas, que tendrían un impacto escaso, apenas una décima en tres años si hay guerra comercial: “Las perspectivas para los próximos trimestres siguen siendo favorables”, indica el informe anual del Banco de España publicado ayer. Sin embargo, la incertidumbre es máxima, reconoce. De hecho, el impacto negativo sobre el PIB aumentaría si se deterioran las condiciones financieras o la incertidumbre afecta al gasto y la inversión, como sucedió en abril. En ese caso, se amplificarían los efectos pudiendo perderse hasta 0,3 puntos de PIB por las turbulencias en los mercados y hasta 0,3 por el retraimiento de las inversiones y el consumo, dependiendo de los canales que predominen y sin que se puedan sumar estos impactos porque son ejercicios separados. “Las previsiones están sometidas a una extraordinaria incertidumbre”, dice el organismo en su primer informe anual con José Luis Escrivá al frente. La institución señala que en un contexto de volatilidad y mercados financieros con valoraciones elevadas se desconoce cómo pueden acabar las negociaciones, cómo se pueden adaptar las empresas o cómo reaccionará la demanda al precio una vez aplicados los aranceles. El arancel medio para los productos españoles en EE UU ha pasado del 3% al 12% y podría quedarse en el 18%. Pero los efectos indirectos pueden ser algo mayores, alerta, pues España produce también bienes intermedios como componentes de automóviles que luego se venden a EE UU a través de otros países. Si caen las exportaciones de bienes, pueden retroceder las ventas de servicios que las acompañan. Además, productos como el vino o el aceite son más sustituibles. Y habrá que seguir el impacto en el turismo, sobre todo por el encarecimiento del euro, aunque eso se notará un año más tarde. Las visitas de estadounidenses, chinos y alemanes podrían resentirse. En cualquier caso, el supervisor insiste en que el mayor golpe por las tensiones comerciales se daría en EE UU, donde el PIB ya se desaceleró bruscamente en el primer trimestre al adelantarse las importaciones.

Apenas 30 votos de diferencia fueron suficientes para culminar el relevo en la presidencia de Cepyme. Ángela de Miguel, la candidata promocionada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, es ya la nueva presidenta de la patronal de la pequeña empresa tras vencer al exlíder de la organización Gerardo Cuerva en una jornada electoral que estuvo marcada por la tensión. Los 246 votos obtenidos por De Miguel doblegaron a Cuerva, quien obtuvo 216 apoyos de los 505 vocales que representan a las 147 organizaciones integradas en Cepyme –se escrutaron un total de 466 votos (90% de participación) y se contabilizó un voto en blanco y tres nulos–. Un resultado, más allá, que pone de relieve la fuerte división interna que se venía fraguando en los últimos meses desde el momento en el que Garamendi anunció públicamente su intención de propiciar un relevo al frente de las pymes y que se ha ido avivando primero por la negativa de Cuerva a echarse a un lado y por las posteriores denuncias de presiones de la CEOE para tumbar su candidatura. Un 46% de apoyos para Cuerva y casi un 53% para De Miguel consuman así el relevo al frente de Cepyme y abren un nuevo ciclo en el que se espera, como primera consecuencia, que se anule la tensión interna en el seno de la patronal que había acentuado el choque público entre Cuerva y Garamendi, y que había impregnado a una buena parte de las organizaciones que integran Cepyme. En este punto, el líder de CEOE quiso apagar cualquier rescoldo de las llamas que han abrasado a la organización asegurando, tras anunciarse el resultado electoral, que no espera que la estrechez del resultado sea una espita por la que se prolongue la división interna.

Terremoto en la cúpula directiva de Indra y de Minsait, la filial que genera más de la mitad de los ingresos del gigante español de la defensa. Luis Abril, CEO de Minsait, deja su cargo al frente de la firma tras perder la confianza de la dirección de Indra, al saber que no sería propuesto para continuar más allá de este verano. Entonces expirará su mandato, iniciado en 2022. Su salida, que no será efectiva hasta pasado el periodo estival, se produce tras el consejo de administración de Indra, que ha abordado la renovación de once de sus 16 miembros, y en pleno desarrollo del plan de adquisiciones empresariales diseñado por Ángel Escribano, que incluye, entre otras, su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Santa Bárbara e Iveco Defence Vehicles. Junto con Abril, también abandona la compañía Francisco Javier Sanz, vocal del consejo. Por ahora, estos son los dos únicos nombres confirmados en el proceso de renovación de la cúpula de Indra. Un relevo que Escribano previsiblemente aprovechará para incorporar perfiles más afines, ya que los vocales actuales fueron nombrados en 2022 durante el mandato de Marc Murtra, hoy presidente de Telefónica. El 23 de junio vencen los mandatos de cinco consejeros. Junto a Abril y Sanz, también concluyen su mandato dos consejeros dominicales designados por la SEPI: Miguel Sebastián y Antonio Cuevas, además de Jokin Aperribay, en representación de Sapa Placencia.

Los empleos de oficina, los más expuestos. Las mujeres desempeñan los trabajos con mayor riesgo. Un 32% de los empleos en Europa y Asia Central, 136 millones en total, están expuestos en mayor o menor grado a la inteligencia artificial (IA) generativa. Esto no significa necesariamente que estos trabajadores vayan a ser sustituidos por la IA, sino que hay un riesgo potencial de que eso pueda ocurrir a medio o largo plazo. Así lo asegura el informe Generative AI and Jobs A Refined Global Index of Occupational Exposure (IA generativa y empleo: índice actualizado de la exposición ocupacional) publicado ayer por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El estudio no sólo cuantifica cuántos empleos están más o menos expuestos a la IA, sino que especifica, además, qué porcentaje de esos empleos es potencialmente automatizable; en el caso de Europa y Asia Central, ese porcentaje escala hasta el 5,7%. En todo caso, Europa y América se sitúan por encima del promedio mundial de exposición a la IA. En general, los resultados del estudio indican que cuanto mayor es el grado de desarrollo económico de un país mayor es el riesgo de exposición a la IA generativa. Por eso, en África, que incluye países con niveles de renta por debajo (o muy por debajo) de la media global, la exposición potencial a esta tecnología baja hasta el 19% (105 millones de puestos de trabajo). A pesar de todo, la OIT se muestra, en general, ligeramente optimista ante el avance de la IA en el mundo del trabajo. Matiza que en muchos puestos de trabajo esta tecnología será utilizada sin que ello elimine la intervención humana. Por eso, la OIT indica que “la mayoría de los empleos se transformarán, en lugar de ser destruidos”. De hecho, explica que, con la actual tecnología, todavía sólo unos pocos trabajos se pueden llevar a cabo sin un toque humano.

La Unión Europea (UE) dijo ayer basta. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció que el organismo comunitario ha decidido revisar el acuerdo de asociación con Israel por sus dudas sobre si el Estado hebreo está cumpliendo sus obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos. «Es necesario ejercer presión para cambiar la situación en la Franja de Gaza. Salvar vidas debe ser nuestra máxima prioridad», declaró la estonia al término de la reunión de ministros Exteriores europeos celebrada en Bruselas. La alta representante comunitaria para Política Exterior abre así un proceso para establecer si los hebreos acatan o no sus obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos en el enclave palestino, algo que figura en el acuerdo de asociación UE-Israel, que es la vía principal de intercambios políticos y comerciales bilaterales desde la entrada en vigor del pacto en el año 2000. La política estonia aseguró que «hay una fuerte mayoría» entre los Veintisiete para revisar el artículo 2 del acuerdo, «así que lanzaremos ese ejercicio». La evaluación del pacto no implica la suspensión inmediata del comercio entre Europa e Israel –una medida que requeriría de una unanimidad difícil de conseguir en el Consejo Europeo, ya que Hungría, Chequia y Alemania son firmes defensores del país hebreo–, pero envía un claro mensaje de crítica al Gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha lanzado una nueva ofensiva militar sobre la Franja y que apenas permite la entrada de ayuda humanitaria para un población que está al borde de morir de hambre tras más de año y media de guerra. 

Naciones Unidas alertó ayer de que 14.000 bebés podrían morir “en las próximas 48 horas” si siguen sin recibir ayuda, ante el bloqueo a la entrada de suministros decretado por Israel hace dos meses y medio. El Gobierno de Netanyahu autorizó el lunes la entrada de cinco camiones con ayuda, cuando son necesarios entre 500 y 600 diarios, según la ONU. Gaza sufrió en la madrugada de ayer nuevos bombardeos que mataron al menos a 73 personas, según fuentes sanitarias del territorio. La lista de muertos supera los 53.500 en año y medio. Cuando cae la noche, Israel suele desatar con más violencia los bombardeos que apenas cesan en Gaza desde hace una semana, cuando se recrudecieron los ataques. La Franja fue de nuevo en la madrugada de ayer un infierno en el que las bombas israelíes se cobraron decenas de víctimas: al menos 73 personas murieron en los ataques, según fuentes sanitarias del territorio citadas por la cadena Al Jazeera. Mujeres, niños y hombres engrosaron así una lista de muertos tan extensa —más de 53.500 en un año y medio de ofensiva— que la siempre relativa presión internacional contra Israel está empezando a subir un poco de intensidad. De momento solo con amenazas, pero incluso estas eran hasta hace poco impensables.