20250528

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Talgo, que este lunes presentó pérdidas en el primer trimestre del año por 7,1 millones y un cada vez más apremiante ahogo de producción, anunció ayer la formalización del mayor pedido de su historia. Son hasta 2.400 millones para entregar trenes de alta velocidad del modelo 230 al operador de larga distancia alemán Flix Train. Un contrato que podría llegar a un total de 65 unidades. De momento, el primer pedido en firme asciende a 30 por un importe de 1.100 millones. Flix Train es un operador ‘low cost’ que trabaja principalmente en Alemania, pero también en países como Dinamarca, Austria, Suecia o Países Bajos. Talgo lleva negociando con este actor europeo este contrato durante más de un año y confirmó ayer su firma ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En la comunicación, suscrita por el consejero delegado de Talgo, Gonzalo Urquijo, se destaca que «el acuerdo refuerza la posición de la compañía como un actor clave en soluciones ferroviarias interurbanas y respalda su estrategia de crecimiento internacional, con Europa como foco central». Aunque también se señala que, para la entrega, el fabricante de trenes subcontratará las 30 locomotoras a un tercero. Este acuerdo eleva la cartera de pedidos de Talgo hasta los 6.400 millones y, por un lado, refuerza la imagen de la compañía tras año y medio de parálisis a la espera de los cambios en su propiedad. Pero también hace más urgente la necesidad de implantar un plan industrial que se hace imperioso por el ahogo que atraviesa la empresa, incapaz de sacar adelante sus pedidos.

El amargo trago del ERE planteado sobre la fábrica que Bridgestone tiene en Basauri se ha vuelto algo más fácil de digerir tras la oferta final realizada por la empresa hace dos semanas. Tanto que 234 empleados habrían optado por acogerse a las prejubilaciones ofrecidas y a la baja voluntaria para asumir los 232 despidos fijados por la compañía. Según fuentes sindicales, las prejubilaciones ofertadas a los mayores de 55 años prácticamente habrían convencido a la totalidad del personal en esa franja de edad, un centenar de trabajadores que podrán acogerse a un sistema de rentas con el que seguirán cobrando el 80% de su salario hasta los 64 años y mantener su base de cotización actual. El resto de los voluntarios se habrían recogido gracias a las desvinculaciones incentivadas que añaden 30.000 euros extra a la indemnización pactada de 45 días pagados por año trabajado. De esta forma, si se consiguen cuadrar las bajas con los ajustes acordados en los diferentes departamentos, no sería necesario acudir a los despidos traumáticos en la fábrica. Los empleados de Bridgestone han tenido una semana para tomar la decisión de optar por una salida voluntaria o exponerse al riesgo de los despidos forzosos del ERE tras casi dos meses de negociaciones y movilizaciones constantes por parte de la plantilla. Los contactos de los sindicatos se han dirigido fundamentalmente a garantizar una continuidad para la planta vasca, con una elevación de los pedidos –de partida realizarán 100.000 cubiertas más para camiones y autobuses sobre las 700.000 anunciadas inicialmente, y recibirán los siguientes 150.000 encargos que superen la producción prevista para toda Europa–, así como el compromiso de la multinacional nipona a no someterlos a un nuevo proceso de despidos colectivos durante los dos próximos años.

El Instituto Vasco de Finanzas (IVF), entidad financiera adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, anunció ayer un nuevo préstamo de 20 millones a la fabricante vasca de componentes de automoción CIE Automotive. Una nueva operación que se suma a la financiación de otros 20 millones que la firma que dirige Jesús María Herrera recibió en 2024. Según detalló ayer el departamento que dirige Nöel d’Anjou, la operación tiene el objetivo de que CIE impulse inversiones orientadas a la mejora de la eficiencia, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, y especialmente a la ejecución de su plan de inversiones en las plantas industriales vascas durante el periodo 2024-2025. El movimiento también va en consonancia con la apuesta del Ejecutivo autonómico para reforzar la industria del territorio, en línea con la Alianza Financiera Vasca anunciada a principios de marzo. CIE Automotive cuenta con 15 plantas productivas y un centro de I+D en Euskadi, donde emplea a 1.840 personas de forma directa.

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado de manera provisional 41 millones de euros de la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado en su sección de cadena de valor a 21 empresas. De esa cuantía Mercedes recibirá una de las partidas más significativas, un total de 5,9 millones. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso. El objetivo de esta línea, según el Ministerio, es impulsar planes de inversión para la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado; también «sus sistemas, subsistemas y componentes». La finalidad de las ayudas, además, pasa por financiar infraestructuras auxiliares necesarias para su despliegue masivo de este tipo de vehículos. Rebeca Torró recordó durante su intervención que «el Gobierno de España está al lado del sector de la automoción para acompañarlo en el reto conjunto de la electrificación y la descarbonización de sus procesos». Se trata de un nuevo despliegue de los fondos Next Generation, que vuelve a dejar dinero europeo en Álava. El pasado febrero ya se confirmó la asignación de otros 13 millones de euros «para un proyecto basado en el diseño de un nuevo proceso productivo». Mercedes está desarrollando una serie de importantes obras para la transformación de la fábrica de Vitoria de cara al lanzamiento al mercado, a partir de 2026, de la primera furgoneta ‘full-electric’.

La promotora inmobiliaria vasca Neinor confirmó ayer contactos con Castlelake al regulador de los mercados. El fondo es el accionista principal de Aedas y el movimiento confirma el interés de la compañía dirigida por Borja Garcia-Egotxeaga por adquirir a su competidor. Neinor entregó el año pasado 3.014 viviendas, por 3.760 Aedas y la fusión de ambas marcas alumbraría al principal promotor inmobiliario de España.

El Gobierno vasco quiere modificar la Ley de Suelo de 2006 en lo que respecta a los aprovechamientos urbanísticos municipales para que, por primera vez, el Ejecutivo autonómico disponga de terrenos para construir viviendas protegidas en alquiler en las distintas localidades vascas. Así lo aseguró el consejero Denis Itxaso, durante la presentación del Plan Director de Vivienda 2025-2027, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento para su estudio. El responsable autonómico no especificó si lo que se plantea es reducir el porcentaje de suelo planificado que por ley corresponde a los ayuntamientos (15%), y que supone una importante inyección económica en la financiación local, o si se baraja otra opción. Tan solo se limitó a confirmar que la reserva de suelo, que ya anunció el lehendakari, Imanol Pradales, a principios de año «aún se está negociando con Eudel» y que la finalidad es «compartir suelo». Eso sí, añadió que las cesiones serán «automáticas», lo que hace pensar que la consejería se hará con parte del porcentaje local. Hasta ahora, los suelos que ha dispuesto el Gobierno han sido transferidos de manera gratuita por los municipios o comprados. El consejero detalló que uno de los principales pilares que sustentan el nuevo plan director trianual es precisamente ese: lograr suelo para elevar el parque público de vivienda actual, compuesto por 74.000 pisos. Otro es crear un fondo social por la vivienda que combine capital privado y público y en el que estén implicados inversores privados, el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial para «apalancar una mayor inversión». Todo ello con el objetivo de «poner a disposición de la ciudadanía» 5.250 alquileres asequibles en tres años, 7.000 de cara a 2028, la mitad para jóvenes, y avanzar hacia las 116.000 viviendas protegidas, de compra y alquiler, recogidas en el Pacto Social por la Vivienda para el año 2036.

MasOrange ha acordado recomprar el 51% de la sociedad de fibra que su filial Euskaltel vendió en 2022 por 580 millones de euros a un consorcio de inversores vascos. La operación está supeditada a que se constituya con éxito la sociedad conjunta de fibra (fiberco) con Vodafone, con el fin de incorporar esos activos a la joint venture. La recompra debe contar además con la autorización del Consejo de Ministros, informaron a este diario fuentes conocedoras de la operación. Tras adquirir Euskaltel, MásMóvil vendió hace tres años, antes de su fusión con Orange en abril de 2024, la mayoría accionarial que poseía en la empresa de fibra de la cablera vasca a Bidasoa Aggregator, un consorcio de inversores vascos participado, entre otros, por las sociedades familiares Asúa Inversiones, Beraunberri, Inveready y Onchena. Esa transacción no incluía los activos de red de fibra troncales ni de transmisión que continuaron siendo propiedad en su totalidad de MásMóvil, sino solo el último tramo de la red (última milla como se conoce en la jerga del sector) que llega a los hogares. El acuerdo incluyó una opción de recompra del mismo 51% vendido durante los cinco años posteriores al cierre de la transacción, por lo que MasOrange puede ejecutarla hasta julio de 2027. Los socios vascos a los que se va a recomprar la participación por un importe no desvelado son la compañía alavesa Asúa Inversores, propietarios de las bodegas CVNE y accionista de Ence; Inveready, vehículo inversor de los Echarri, con sede en Gipuzkoa y con una fuerte presencia en el sector farmacéutico; las familias vizcaínas Ybarra Careaga, dueña del fondo de inversión Onchena, y Galíndez, promotores de Solarpack. Tanto Ybarra como Inveready son accionistas históricos de MásMóvil.

Euskadi ha destinado 3.070 millones de euros en los últimos cuatro años a inversión en I+D+i, cifra que supera en un 5,6% la previsión inicial, según ha informado el lehendakari, Imanol Pradales, quien, no obstante, ha advertido de que esto "no es suficiente" y que hay que ser "más ambiciosos", puesto que el País Vasco aún está "a cierta distancia" de los territorios que son líderes europeos en innovación. Pradales ha presidido este martes el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrado en el Parque Tecnológico de Araba, en Miñano. En la reunión, que también ha contado con la presencia de los consejeros de Hacienda y Finanzas, Noël d' Anjou, y de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, se han presentado los resultados de la evaluación intermedia del 'Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030' (PCTI 2030) y la 'Estrategia de Internacionalización de la I+D+i'. El lehendakari ha destacado la trayectoria del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se formó en 2007 con el objetivo de actuar como "el faro de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación de nuestro país". Pradales ha afirmado que "fruto del esfuerzo colectivo realizado durante décadas", Euskadi se sitúa "entre los países de alta innovación". "Estamos a la altura de Alemania, Luxemburgo e Irlanda, y nuestro rendimiento es superior a la media de la Unión Europea", ha añadido. En este sentido, ha recordado que entre 2021 y 2025, Euskadi ha superado la estimación de inversión en I+D+i, destinando un 5,6% más que lo previsto, hasta alcanzar los 3.070 millones de euros. Pradales, sin embargo, ha afirmado que esto "no es suficiente", dado que "hay que ser ambiciosos y mirar más allá".

Las cooperativas industriales de Euskadi contarán con una nueva herramienta para crecer. El Gobierno Vasco y la confederación de cooperativas Konfekoop acordaron ayer la creación de un fondo de capital riesgo dotado con dos millones destinado a ofrecer nuevas vías de financiación e inversión. El capital inicial proviene de Konfekoop, mientras que la gestión correrá a cargo de la sociedad pública Gestión de Capital Riesgo del Grupo Spri.

Un trabajador vizcaíno falleció ayer en Amurrio en un accidente laboral que se produjo en la empresa Tubos Reunidos. El operario, Luciano Arevalillo González, Txano, perdía la vida al caer del tejado de una de las naves de la fábrica, según confirmó  la Ertzaintza, que recibía el aviso del accidente sobre las 12.40 horas. Efectivos de la Policía vasca y miembros de los servicios sanitarios de emergencia se trasladaron inmediatamente hasta las instalaciones de la factoría alavesa, pero no pudieron hacer nada para salvar su vida. Arevalillo González estaba empleado en Pavimpront, una empresa de Trápaga (Bizkaia) especializada en trabajos en altura, y realizaba labores de mantenimiento en unos canalones. Al margen de su vida profesional, Txano ejerció esta temporada como segundo entrenador del primer equipo de fútbol del Abanto, en la Margen Izquierda, que militaba en la División de Honor del territorio vecino. Su muerte causó consternación en la entidad y también en el Sestao River, otro club en el que había desarrollado su labor deportiva durante muchos años. Por otra parte, un hombre de 49 años falleció el pasado lunes en las obras del TAV en la localidad vizcaína de Atxondo, según comunicó ayer el sindicato LAB. El operario A.H.G., subcontratado de la empresa Constructora Proyectos Viales de Colombia ‘Conprovial’, murió desangrado después de que la caida de una pieza le causara graves heridas.

La relación lleva años sin pasar por su mejor momento, pero la decisión de la Unión Europea de aplazar la votación para que el euskera, el catalán y el gallego sean oficiales en la Eurocámara ha provocado una guerra entre el PNV y el PP, al que los nacionalistas vascos acusan de haber maniobrado contra la lengua vasca en Europa para torpedear la votación dentro de su estrategia de erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez. «No es entendible ni admisible que por intereses partidistas se vaya en contra de la diversidad lingüística», protestó la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea (PNV). No citó de forma explícita al PP pero sí lo hizo el presidente del EBB, Aitor Esteban. El líder jeltzale denunció las «maniobras sucias del PP» para, a su juicio, obstaculizar e impedir que la lengua vasca sea oficial en las instituciones europeas. Ya el pasado domingo en Azkoitia Esteban había elevado el tono contra el partido de Alberto Núñez Feijóo, previendo lo que iba a ocurrir ayer en Bruselas con la oficialidad de la lengua vasca. Pese a que el PNV aparece como un potencial aliado del PP de cara a una futura nueva legislatura española, los peneuvistas insisten en que mientras los populares no se despeguen de la ultraderecha de Vox no hay nada que hacer. Y episodios como el de ayer, que se suman a otros como su oposición a que el Gobierno central diera la propiedad al partido jeltzale del palacete de París del Gobierno Vasco del exilio, siguen restando. Esteban insistió en que «combatirán» todas esas ‘maniobras’ que en su opinión han desplegado los populares. Lo que, de facto, está ensanchando aún más la grieta en la relación que mantienen ambas formaciones. «Lo conseguiremos combatiendo todas las maniobras sucias del PP, por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes», sostuvo el líder del PNV.

«Debatimos entre dos extremos: cifras macro muy buenas y un sentimiento más frágil por la falta de consenso y por una cuestión geopolítica preocupante». Con esta frase resumió ayer la situación económica de España el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Lo hizo en el ‘Foro Horizonte Económico’ organizado por El Correo junto a la entidad financiera en el Palacio Euskalduna de Bilbao y en conversación con el director del periódico, Oscar Villasante. El máximo dirigente del primer banco del país en número de clientes reconoció que «estamos en uno de los mercados más atractivos de Europa», parafraseando los mensajes que recibe de los inversores. Una situación desde la que urgió a «hacer los deberes y solucionar los desequilibrios» como el acceso a la vivienda, la reducción del déficit público, la mejora de la productividad y la consolidación de la Unión Europea, además de mejorar la inversión en Defensa ante el abandono de Estados Unidos del frente común. Gortázar tiró de los datos del banco, «un balcón privilegiado», para analizar la situación y constató un crecimiento sólido que se deja notar en el empleo «con salarios que crecen por encima de los precios y recuperan poder adquisitivo». Así, la renta bruta disponible ha crecido un 8% y la tasa de ahorro está en un 14%. Un contexto en el que, con el endeudamiento de las compañías en el 83% del PIB y una elevada solvencia bancaria –se ha triplicado desde 2008–, el crédito y las inversiones avanzan. 

«El impuesto a la banca no tiene lógica económica ni equidad fiscal». Con esta frase, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, arremetió contra la tasa extraordinaria impulsada por el Gobierno, que grava con el 7% los ingresos de aquellas entidades financieras con márgenes de intereses y comisiones superiores a los 5.000 millones de euros. A su juicio, este tributo castiga a los grupos más solventes y eficientes, sin tener en cuenta su rentabilidad real ni su aportación social. La cuestión es que CaixaBank, el principal banco de España por volumen de clientes, es la entidad bancaria más perjudicada por este impuesto. Gortázar considera que aplica la «progresividad mal entendida» al imponer el gravamen sobre las personas jurídicas, sin distinguir la estructura de propiedad ni el perfil de los accionistas. En su opinión, esta fórmula distorsiona el principio de equidad fiscal y penaliza a las entidades con mayor capacidad operativa y solvencia financiera. «El dinero no es de CaixaBank, es de los accionistas», insistió Gortázar. El 18% del accionariado corresponde al Estado, a través del FROB, y un 31% está en manos de la Fundación la Caixa, dedicada a financiar programas de carácter social, educativo y asistencial. En este contexto, el consejero delegado cuestionó que se imponga un gravamen adicional a una entidad cuya rentabilidad revierte en buena parte en fines públicos y sociales. Un hecho que en su opinión desvirtúa el argumento redistributivo del impuesto.

Esta semana se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda promulgada por la coalición de Gobierno en 2023, que fue aprobada con el apoyo de Podemos, ERC, PNV y EH Bildu, y ante la negativa del PP, Voz, Ciudadanos, Junts, PDeCAT y Coalición Canaria. Las consecuencias, dos años después, parecen claras: menos oferta de pisos en alquiler y unos precios disparados, especialmente para los arrendatarios, pero también para aquellos que quieren comprar una vivienda. En concreto, el coste del alquiler se ha disparado un 24% entre mayo de 2023 y abril de este año, según los datos del portal inmobiliario idealista; mientras, la oferta se ha desplomado un 17% en el conjunto del país. Respecto a los precios de compraventa, se han incrementado un 16% desde la aprobación de la Ley de Vivienda. Para los expertos inmobiliarios, la imposición de límites al precio del alquiler, la nueva definición de gran propietario o el incremento de la protección contra los desahucios, frente a una mayor indefensión del propietario ante posibles impagos o la ocupación de sus inmuebles, ha propiciado que miles de propietarios hayan optado por retirar del mercado sus viviendas. Algo que, en un entorno de fuerte crecimiento de la demanda como el actual, ha provocado un exponencial aumento de los precios hasta alcanzar cotas récord. Prueba de ello es que los ingresos necesarios para comprar una vivienda han crecido hasta el 23% en el caso de la compra y hasta el 36% en el caso del alquiler, por encima del límite recomendado. El paquete de medidas aprobadas en la Ley de Vivienda incluía varios puntos que, a efectos prácticos, han supuesto una mayor desprotección para los propietarios. 

El recorte de la jornada laboral se ha convertido en la gran manzana de la discordia entre el Gobierno y las organizaciones empresariales, que centran sus esfuerzos en frenar su aprobación en el Congreso. Una controvertida medida que amenaza con pasar una factura astronómica al tejido productivo: un coste próximo a los 48.000 millones tanto por el impacto directo vía salarial como, sobre todo, por la pérdida de producción que supondrá, según un estudio reciente de Cepyme. De ahí que, ante lo que está en juego, las pymes, que constituyen el grueso del mapa empresarial, hayan elevado al máximo la presión sobre las fuerzas políticas para evitar que salga adelante una reforma que muchas no podrán digerir. “Las 37 horas y media son inasumibles para la microempresa (...) por una cuestión económica”. Así lo advirtió ayer Ángela de Miguel, nueva presidenta de Cepyme. De Miguel, que el pasado 20 de mayo se impuso al anterior presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en el proceso electoral celebrado en la patronal, denunció la “muy complicada” situación en que se encuentra el diálogo social en España, asegurando no entender “esa necesidad de imponer y de intervenir y no dejar libertad a empresas y trabajadores para que decidan lo que es mejor para su sector”, dijo en referencia a una reforma pactada únicamente entre Gobierno y sindicatos y de la que, desde el minuto cero, se desmarcaron las patronales.

Lejos de congelar el gasto público, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado durante el año 2025 equivale a un incremento de gasto de unos 34.000 millones de euros. Así lo alertó ayer el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la patronal CEOE, señalando que esta segunda extensión de las cuentas ideadas para 2023 impone una rigidez sobre los recursos disponibles que derivan en su “despilfarro” en partidas caducas; dificulta al Gobierno afrontar nuevas necesidades como el plan de rearme o la respuesta a los aranceles; y dejará secuelas económicas de largo plazo por la desatención de las infraestructuras, mientras se descuida la inversión productiva. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado, publicado ayer por el IEE con la colaboración de expertos como Juan José Rubio Guerrero, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha; Santiago Álvarez García, profesor titular en la Universidad de Oviedo; y Santiago Lago Peñas, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela e investigador sénior en Funcas. El documento concluye que “la prórroga presupuestaria está teniendo consecuencias importantes, en particular, en el ámbito de la inversión pública, afectando directamente a la planificación y ejecución de proyectos de inversión” estratégicos, como el Corredor del Mediterráneo, o el mantenimiento de redes ferroviarias y carreteras. “Para converger con Europa, nuestras administraciones públicas deberían aumentar su inversión en un orden mínimo de 15.000 millones de euros respecto a los niveles actuales”, estima el IEE. El informe señala que el gasto público “presentará un notable crecimiento frente al del año 2023”, dando un tono claramente “expansivo a la política fiscal”, pero consolidando “la actual brecha negativa entre el crecimiento del gasto de capital y el corriente”, lo que lastraría el crecimiento a medio plazo.

El Gobierno, que controla el 20% de Redeia, matriz de Red Eléctrica, llevará a cabo un reequilibrio del poder interno en la compañía con una amplia remodelación de su consejo, que en la práctica supone dar más visibilidad a Esquerra Republicana (ERC) y PSOE, y dejar intacta la que hasta ahora tenía el PP. También supone un respaldo a Beatriz Corredor como presidenta. Redeia ha aprobado someter a votación en su próxima junta de accionistas, que se celebrará el 30 de junio, el nombramiento como consejeros de Arancha González Laya, Natalia Fabra Portela y Albert Castellanos Maduell y la renovación de José María Abad Hernández. González Laya, exministra de Asuntos Exteriores con el primer Gobierno de Pedro Sánchez, se incorpora como dominical, en nombre del hólding estatal de la Sepi, que es el que controla el 20% del Estado en Redeia. Su incorporación estaba descontada. Sustituye a Ricardo García Herrera, a quien le vencía mandato este año.

El gran apagón del 28 de abril se recordará durante décadas. Por lo masivo del fenómeno —nunca antes se había quedado sin luz toda la península Ibérica—; por lo anómalo —como con la pandemia, varias generaciones probablemente nunca se enfrenten a nada similar—; y, también, porque dejará huella en la forma de hacer del mundo energético. Obligará, en definitiva, a un profundo replanteamiento de protocolos, manuales y procedimientos de operación, el tecnicismo con el que se conocen las más de 60 normas técnicas de Red Eléctrica de España (REE) que guían, hora a hora y día a día, la operación del sistema peninsular. Un mes después del apagón, incluso antes de que se conozcan sus causas, media docena de ex altos cargos, académicos y especialistas consultados tienen una cosa clara: habrá cambios en ese entramado normativo. Y no serán retoques. “Hay que coger el toro por los cuernos. Habrá que revisar muchos de ellos”, sentencia José Luis Sancha, ingeniero eléctrico y profesor de Modelado de Sistemas de Energía en ICAI tras muchos años en REE. A corto plazo, cifra en “casi un tercio” los que “habrá que mirar con especial cuidado”: todos los relacionados con los niveles de tensión y frecuencia, así como los de protecciones, automatismos, planes de seguridad e incluso restricciones, conexiones internacionales o coordinación de los operadores.

La posibilidad de jubilarse anticipadamente con más de dos años de diferencia respecto a la edad de retiro ordinario está más cerca para miles de trabajadores, después de que el Consejo de Ministros aprobase ayer, casi un año después de acordarlo con los sindicatos y la patronal, el nuevo procedimiento que establece los coeficientes reductores para anticipar la jubilación de las actividades excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres. El nuevo sistema establece un mayor número de criterios objetivos para acceder a la jubilación anticipada antes del límite de dos años previos a la edad ordinaria de retiro. Entre ellos, las tasas de mortalidad y siniestralidad de cada puesto de trabajo, el uso de la fuerza física, la exposición a temperaturas extremas o la insalubridad. Previsiblemente, el nuevo sistema permitirá el acceso a esta modalidad a miles de trabajadores dedicados a actividades como el transporte de viajeros y mercancías, la construcción o la industria. Hasta ahora, sólo un reducido número de trabajadores del sector privado –entre ellos, los mineros, el personal de vuelo o los trabajadores del mar– podían jubilarse antes de los 63 años por estas causas, así como determinados funcionarios, como los bomberos. El Real Decreto fija el procedimiento que deberán seguir los sindicatos, las asociaciones sectoriales o las patronales para solicitar a la Seguridad Social el reconocimiento de una actividad como penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Dependiendo del resultado de los indicadores, el INSS establecerá unos coeficientes reductores en la edad de jubilación que permitiría a los trabajadores de dicho sector retirarse, incluso, a partir de los 52 años.

Cuatro de los grupos industriales más antiguos de Europa han disparado su capitalización de mercado en más de 150.000 millones de euros gracias a la demanda de centros de datos impulsada por el auge de la IA. Los fabricantes europeos de todo tipo de productos, desde interruptores a contadores inteligentes, suministran los servidores y la infraestructura que alimentan los centros de datos para los grandes modelos de lenguaje y la computación en la nube. Fabricantes tradicionales de equipos eléctricos como Legrand han duplicado sus ingresos en los últimos años gracias a los centros de datos. Los inversores han visto el potencial. Desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, las valoraciones de mercado de Schneider Electric, Siemens, ABB y Legrand, cuatro de los principales grupos europeos del sector, han crecido en conjunto en 151.000 millones de euros, con un alza superior al 60% en el caso de Siemens. Los grupos siguen suministrando las instalaciones eléctricas para edificios residenciales y grupos industriales. Pero los centros de datos son su fuente de ingresos de más rápido crecimiento, impulsados por el volumen de potencia de cálculo que requieren los modelos de IA, así como los juegos, la computación en la nube y el streaming. Este enfoque también les ha expuesto a grandes oscilaciones en el precio de las acciones, como durante una caída del mercado a principios de este año provocada por el lanzamiento de la IA china DeepSeek, que se desarrolló con menos potencia de procesamiento.

Aunque la economía alemana anda de capa caída y, probablemente, encadene este año su tercer ejercicio consecutivo en recesión, de acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de Alemania, eso no ha impedido a la antaño locomotora europea seguir ahorrando y aumentando su patrimonio hasta el punto de convertirse en el principal acreedor del resto del mundo. Con ello, Alemania desbanca a Japón, que ocupaba esta posición desde hace 34 años. La economía alemana, incluyendo tanto al sector público como al privado, tuvo un superávit por cuenta corriente el año pasado de 248.700 millones de euros, el equivalente al 5,8% del PIB. Este superávit es resultado, fundamentalmente, del saldo positivo de la balanza comercial ya que, aunque las exportaciones han flaqueado en los últimos años, los alemanes han respondido a esta debilidad restringiendo también las importaciones. Y eso ha permitido utilizar este superávit para comprar activos financieros de terceros países (por ejemplo, bonos), mejorando la Posición de Inversión Internacional Neta (PIIN) hasta los 3,5 billones de euros. Con ello, Alemania supera a Japón, que había sido el mayor acreedor global durante los 34 años anteriores.

El plan chino, sostenido por grandes constructoras y préstamos de los bancos de desarrollo, ha alcanzado a alrededor de 21.000 proyectos de infraestructura en más de 150 países. Desde la construcción de un megapuerto en Perú al primer tren de alta velocidad en Laos. En total, más de 1,2 billones de euros en préstamos chinos, según rezan algunos informes internacionales. Se desconoce la cifra exacta, a la que habría que sumar los millones en ayudas al desarrollo, sobre todo en África. Pero los críticos acusan a Pekín de cargar a muchas naciones pobres con generosos anticipos que no han podían devolver, lo que se ha bautizado como la «trampa de la deuda». En la última década, China se ha convertido en el mayor acreedor de los países en desarrollo, superando al FMI y al Banco Mundial. Según una investigación del Centro de Investigación de Política Económica, un think tank estadounidense, antes de la llegada de Xi Jinping al poder (2012), los préstamos de Pekín al exterior estaban por debajo de los 100.000 millones de dólares. Para 2016 superaba los 500.000 millones y en 2021 alcanzó un máximo de un billón, antes de bajar por las turbulencias de la pandemia. «Varios países fueron acumulando deudas insostenibles que oscilaban entre el 10% y el 40% de su PIB. En 2024, 22 países africanos se encontraban en situación de sobreendeudamiento, incapaces de cumplir con sus obligaciones financieras y necesitados de reestructuración de la deuda», señala.

El asalto a Harvard era la punta del iceberg. El Gobierno de Donald Trump ha dado órdenes a sus embajadas y consulados de suspender indefinidamente todas las entrevistas para la concesión de visados a estudiantes mientras revisa el proceso. El mensaje dirigido a las legaciones diplomáticas, al que ha tenido acceso ‘Politico’ fue firmado ayer mismo por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio. Y no afecta ya solo a Harvard, sino a todas las universidades y entes educativos del país, en plena temporada de matriculación para el próximo curso, y provoca una fuga de talentos hacia otros centros prestigiosos del mundo. En las nuevas directivas se hacen realidad los temores que despertó el regreso de Trump a la Casa Blanca. A la hora de conceder los visados, el Departamento de Estado emplaza ahora a sus empleados a revisar las publicaciones de los solicitantes en las redes sociales. Previamente se habían aplicado indicaciones semejantes para la renovación de permisos de estudiantes que hubieran participado en las protestas ocurridas en los campus por la guerra de Gaza, con el argumento de filtrar a «terroristas» o «antisemitas». La nueva orden someterá a un escrutinio adicional a todos los nuevos demandantes, aunque se desconoce qué publicaciones podrían ponerles en la lista negra. Paralelamente, el Gobierno de EE UU ha redoblado su asalto a Harvard con una carta que llegó ayer a todos los departamentos administrativos conminándoles a cancelar los contratos que tengan con la Universidad. Se trata de investigaciones científicas, estudios, entrenamientos de personal... por un valor estimado de 100 millones de dólares (unos 88,2 millones de euros al cambio). Es lo último que ha encontrado la Administración Trump para asfixiar a este prestigioso centro, que se resiste a ceder su independencia.

La séptima edición de la Carrera de Empresas, la cita que une deporte, compañerismo y diversión, se celebrará este domingo en Bilbao con la misma intención con la que surgió este evento: convertirse en el punto de encuentro de aquellos trabajadores del amplio tejido empresarial vizcaíno que sean aficionados al atletismo y así puedan disfrutar de una jornada repleta de deportividad y ambiente sano fuera de la rutina y del día a día. Juntos recorrerán ese día las márgenes de la ría para convertir de nuevo la zona en un espectáculo de atletismo y compañerismo. Organizada por Cebek y El Correo, y con la colaboración del Banco Santander, AENA, Coca-Cola y BM Bizkaia, esta carrera continúa siendo un rotundo éxito. Un total de 200 empresas se han apuntado para participar en la cita. Han formalizado su inscripción más de 470 equipos y 2.000 corredores, cifras récord para una competición ya consolidada en el calendario de carreras populares. Todos ellos están citados el domingo 1 de junio a las 11.00 horas en la explanada del Museo Marítimo para dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición. Desde allí, en una zona de salida situada junto a la ría que ofrece mayor comodidad para los participantes, comenzará un recorrido de 7,1 kilómetros por ambas márgenes de la ría de Bilbao. El circuito transita hacia el puente de Deusto, el Guggenheim y el paseo de Uribitarte hasta cruzar en el Ayuntamiento y continuar por Campo Volantín, para regresar al Museo Marítimo a través del puente Euskalduna. Es decir, un itinerario completo y cómodo por algunos de los lugares más emblemáticos de la villa.