20250529

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Adegi ha presentado la Encuesta de Coyuntura a las Empresa. Isabel Busto, presidenta de Adegi, ha subrayado que lo más destacable de la encuesta, es que en los resultados de los distintos epígrafes de la misma (confianza, ventas, pedidos, utilización de la capacidad productiva, empleo) la industria tienen un comportamiento peor que el resto de los sectores. Europa está perdiendo competitividad, y Gipuzkoa también, ha continuado, para añadir que el desafío de la mejora de la competitividad de todas nuestras empresas debe ser nuestro principal objetivo, por ello ha urgido a  impulsar la competitividad para hacer frente al desafío industrial que Gipuzkoa comparte con Europa. Más de 4 de cada 10 empresas industriales dicen tener un nivel de pedidos bajo. En la industria se estanca la creación de empleo. El número de empresas que prevén aumentar plantilla o disminuirla es igual, el 13,5%. En 2025 podrían crearse en Gipuzkoa entre 2.500 y 3.500 empleos asalariados netos de media anual, principalmente en el sector servicios. Los elevados costes laborales e incrementos salariales y la debilidad de la economía internacional se mantienen como las principales preocupaciones de las empresas, seguidos de la dificultad para contratar personal cualificado y el absentismo laboral. Las tensiones geopolíticas y comercia/es, y el descenso de la rentabilidad de las ventas son los dos factores de preocupación que más crecen en los últimos tres meses. Ver más en Adegi. 

Adegi realizó este miércoles un llamamiento a las instituciones para que tomen medidas estructurales urgentes con el objetivo de estimular a la industria, que sufre en Gipuzkoa debido a la pérdida de competitividad que afecta a Europa, su principal cliente. Es el mensaje más relevante que trasladó la patronal en su Encuesta de Coyuntura, que sirve para comprobar la fotografía real del tejido empresarial del territorio. Isabel Busto, presidenta de Adegi; José Miguel Ayerza, director general de la patronal guipuzcoana; y Patxi Sasigain, responsable de competitividad, diseccionaron todas las claves del presente y el futuro inmediato, marcado por la inestabilidad y la incertidumbre que reina en la geopolítica mundial y que afecta sobremanera a la estabilidad de las compañías, que necesitan certezas para realizar inversiones. Así, el foco de la intervención de Busto y Ayerza se centró en «impulsar la competitividad» de la industria, que es el «motor del empleo, de la estabilidad laboral y de los salarios más elevados». El diagnóstico de Adegi –que hoy celebra el día de la empresa y entregará los premios anuales– coincidió con el manifestado recientemente por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en el último foro empresarial de DV, donde el zumarragarra alertó de la situación de «emergencia» que atraviesa el sector manufacturero. Una palabra que refleja gravedad y que los responsables de la patronal no dudaron en volver a utilizar. A este análisis añadieron datos. Cifras que reflejan el debilitamiento de un sector que representa el 24,2% del PIB de Gipuzkoa. Porque la facturación, los pedidos y el nivel de confianza de las compañías decaen. 

Euskadi continúa liderando el mapa salarial de España. Con un sueldo medio de 33.504 euros anuales, lo que supone un máximo histórico, el País Vasco mantiene su posición de privilegio, aunque el ritmo de crecimiento se ha enfriado. En 2023, el salario medio en Euskadi aumentó un 3,7% respecto al año anterior, lo que equivale a una ganancia de 1.068 euros al año. Sin embargo, este incremento fue inferior al registrado en el conjunto del país, donde este indicador incrementó un 4,1% en el mismo periodo. Estos son los resultados que se desprenden de la Encuesta de Estructura Salarial, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y referida a datos de 2023. El estudio sitúa a Euskadi a la cabeza del ranking autonómico, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid, con un salario medio de 32.219 euros, y Navarra, con 31.199 euros. En el extremo opuesto, se sitúan Extremadura (23.684 euros) y Canarias (24.083 euros), más de 9.000 euros por debajo de la media vasca. Los salarios de los jóvenes han sido motivo de gran debate en Euskadi. La encuesta del INE muestra que en 2023 el sueldo medio ascendía a 17.336 en el caso de los menores de 25 años y a 26.703 en la franja entre 25 y 34. Pero en ambos casos los incrementos de los últimos cinco años han sido inferiores a los de los más veteranos (mayores de 55), que cobran 37.725. Asimismo, la encuesta del INE refleja que la brecha salarial de género en el País Vasco baja por primera vez de los 5.000 euros. La diferencia entre lo que ingresan los hombres y las mujeres cae más de diez puntos en la última década y se reduce al mínimo del 12,8%. 

En 2023 sólo en 4 de las 17 comunidades autónomas los sueldos superaron la media nacional: País Vasco, donde el salario bruto anual por empleado ascendió a 33.504 euros, un 3,7% más que en 2022; Madrid, donde alcanzó los 32.219 (+3,2%); Navarra, con un promedio de 31.199 (+6,9%) y Cataluña, con un sueldo medio bruto de 29.978 euros (+4,2%). Esto es, aquellas regiones con mayor presencia industrial y tecnológica, de servicios con alto valor añadido y donde, por lo general, pesa especialmente la negociación colectiva, lo que permite pactar salarios más elevados. En las trece autonomías restantes, solo Asturias y Baleares superaron la franja de los 27.000 euros (aun así, por debajo de la media nacional), mientras que en el furgón de cola, con los sueldos medios más bajos, se situaron Extremadura, con 23.684 euros brutos al año (a pesar de que experimentó una subida del 8% respecto a 2022); Canarias, con 24.033 (+4,1%) y Castilla-La Mancha, con 24.885 euros (+4,8%). Es decir, regiones con una presencia industrial relativamente escasa y un mayor peso del sector agrícola, o de los servicios y la hostelería. Estas cifras ponen de manifiesto las grandes asimetrías salariales que existen entre unas comunidades y otras; en concreto, una diferencia de 9.820 euros entre la autonomía con los salarios más altos, País Vasco, y el territorio con la remuneración más baja, Extremadura.

Si se mantienen las previsiones de crecimiento de empleo Euskadi se enfrentará a un déficit de hasta 171.000 trabajadores en los próximos diez años. Así lo advierte el informe de transición demográfica elaborado por Laboral Kutxa, que dibuja varios escenarios para el año 2036 –fecha elegida ya que los datos oficiales abordan periodos de 12 años– y que alerta de que, ni si quiera retrasando la edad de jubilación hasta los 69 años, ni alcanzando la tasa de empleo del 78% marcada como objetivo por la Unión Europea, se podría garantizar una suficiente mano de obra en el territorio. El informe, presentado por el director del departamento de Estudios, Joseba Madariaga, y el director de Desarrollo de Negocio de la cooperativa de crédito, Ibon Urgoiti, contempla el progresivo envejecimiento de las personas trabajadoras –sólo crece el segmento a partir de los 65 años mientras se estanca el de 20 a 64 y se reduce el de menores de 19 –, un aumento de la contribución de los extranjeros al mercado laboral, y un empleo femenino que ya se acerca a representar la mitad del total. El director de Desarrollo de Negocio de Laboral Kutxa ha planteado varias medidas para combatir esta tendencia entre las que «la prolongación de la vida laboral aparece como la primera palanca de ajuste». Incrementarla hasta los 69 años podría sumar hasta 70.000 personas más al mercado laboral. La segunda estrategia pasa por garantizar «un flujo positivo del saldo migratorio», un asunto que la semana pasada motivó el debate político en torno a la cualificación de las personas llegadas al territorio, pero en el que tal y como destacaron ayer una diferencia de cinco mil entradas anuales puede modificar notablemente los resultados. Ver nota de prensa e informe de Laboral Kutxa aquí. 

La empresa familiar supone el 88,9% del tejido empresarial de Euskadi y el 55,4% del empleo, lo que da una idea de su importancia. Aefame, la asociación de la empresa familiar del País Vasco, celebró ayer en Chillida Leku su décimo aniversario durante su asamblea ordinaria, en la que el lehendakari, Imanol Pradales, anunció en la clausura del acto que el Gobierno Vasco aprobará este año la Ley de Especialidad de Defensa del Patrimonio y la Empresa Familiar. Se trata de una normativa que busca proporcionar un marco jurídico sólido para garantizar la protección y la continuidad de las empresas familiares en Euskadi. La futura ley, según explicó Pradales, nace con el objetivo de reconocer la importancia estratégica de las empresas familiares en el tejido económico vasco, dotándolas de herramientas legales específicas que permitan asegurar su arraigo, estabilidad y desarrollo a largo plazo. Uno de los principales objetivos del texto es garantizar la preservación y transmisión intergeneracional de unidades económicas familiares, como los caseríos, explotaciones agrícolas y empresas arraigadas al territorio. En conjunto, esta norma supone un hito legislativo en la modernización del derecho civil vasco, y se orienta a proteger las raíces económicas de muchas familias vascas y a ofrecer seguridad jurídica a quienes impulsan la economía desde estructuras empresariales familiares profundamente ligadas al entorno. «Os debemos en gran medida el tejido económico y el nivel de bienestar que tenemos en Euskadi a estas firmas familiares», concluyó Pradales en su discurso.

La actividad de Iberdrola tuvo un impacto de más de 3.500 millones en 2024, ejercicio en el que ha realizado compras a más de 520 proveedores vascos por valor de más de 2.000 millones de euros. Su aportación al País Vasco ha superado los 11.000 millones en los últimos tres años y el pasado ejercicio su contribución fiscal en Euskadi se incrementó en un 15%, hasta llegar a una cifra cercana a los 800 millones de euros, consolidándose como una de las compañías que más contribuyen fiscalmente en el País Vasco. La empresa presidida por Ignacio Galán facilitó ayer los datos en un comunicado de cara a la celebración de su junta de accionistas anual en Bilbao este mismo viernes. Según destacó la empresa, de esta manera, contribuye a la vertebración del territorio y a la «creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento, con un alto componente exportador». La compañía añadió que su actividad sostiene un total de 30.000 empleos, entre directos e indirectos, en Euskadi. Ver nota de prensa de Iberdrola aquí. 

Los accionistas de la propietaria de Euskatel, MasOrange, afrontan cambios de calado en los próximos meses. Y es que los contactos con Vodafone entran en la recta final para lanzar una red de fibra en toda España con acceso a más de 12 millones de clientes, una capacidad de facturación de 500 millones anuales y un valor que ronda los 8.000 millones de euros. El objetivo es concretar la operación, bautizada con el nombre de ‘Surf’, en los próximos dos meses. El movimiento afecta también a una de las infraestructuras clave de Euskaltel: la red de fibra que generó la compañía vasca en Euskadi y la cornisa cantábrica con los activos de la asturiana Telecable y la gallega R Cable. Un activo del que MasMovil, tras adquirir Euskaltel y antes de fusionarse con Orange, vendió en 2022 el 51% a varios empresarios vascos. Se trata de José Galíndez, a través de Beraunberri, la familia Urrutia con Asúa Inversiones, Onchena –la patrimonial de la familia Ybarra Careaga–, José Eulalio Poza con su ‘family office’, además del fondo Iveready. La operación se cerró por 581 millones y permitió afrontar importantes inversiones en la red para adecuar las conexiones entre la fibra y los accesos a hogares y viviendas que ascendieron a más de 300 millones y pueden dar servicio a 1,2 millones de clientes. MasOrange, tres años después, ha recomprado a los accionistas vascos su participación. 

La espera a un cambio en los propietarios de Talgo está afectando a la composición de su consejo de administración hasta el punto de que la compañía se ha visto obligada a convocar una junta de accionistas extraordinaria. Así lo comunicó ayer el fabricante de trenes al regulador del mercado (CNMV), tras citar a sus accionistas el próximo 27 de junio. Tal y como informa la empresa en su web, los únicos puntos del orden del día son la ratificación de María José Zueco, la secretaria del consejo, ya anunciada como miembro del órgano de gobierno y el nombramiento de Mario Álvarez García como consejero independiente. Se trata de un abogado del despacho Ramón Hermosilla, al que pertenece también Zueco, y que trabaja habitualmente para Talgo. Entrará en sustitución de Emilio Novela, fallecido este mes. Esta solución ha evidenciado la dificultad de dar con un perfil por la situación corporativa de la compañía. Talgo necesitaba esta sustitución con urgencia porque con solo cinco miembros –el presidente Carlos de Palacio, el CEO Gonzalo Urquijo y tres consejeros– tenía su órgano de gobierno sin capacidad. A esta situación contribuyeron la salida de los consejeros dominicales de Trilantic, Torreal y parte de la familia Oriol para evitar un conflicto de intereses en medio de las negociaciones para la toma de control de la empresa por el industrial José Antonio Jainaga.

Operación transformadora para el negocio inmobiliario. La potencial compra de Aedas por parte de Neinor daría lugar a la mayor promotora española por volumen de activos bajo gestión, seguida a gran distancia de Metrovacesa, hasta ahora la compañía con mayor banco de suelo del país. De cerrarse la operación, Neinor pasaría a gestionar una cartera de suelos para casi 43.200 viviendas, con más de la mitad de las unidades ya en marcha. Para su propuesta de compra, Neinor se uniría al fondo estadounidense Apollo en una joint venture que operaría bajo el modelo de coinversión, una fórmula similar a la que ya llevó a cabo la promotora con Bain en Habitat. En ese caso, Neinor compró solo un 10% de Habitat. El resto sigue en manos de Bain. Tras la operación Neinor asumió la gestión de activos de Habitat, que disponía entonces de suelos con capacidad para desarrollar 8.000 unidades, una cifra que se ha ido reduciendo en los últimos meses con la entrega de viviendas y la venta de activos. Aunque compartirían algunos accionistas, al contar con una estructura de capital distinta las empresas no se fusionarían, al menos al principio, pero Neinor sería el operador de ambas carteras. La compañía liderada por David Martínez contaba con un banco de suelo gestionado para más de 20.200 unidades a cierre de su ejercicio fiscal 2024, que finalizó en marzo. Del total, 14.000 son viviendas en marcha y un 80% se encuentran en fase de comercialización. El resto de la cartera lo componen suelos explotados bajo el modelo de coinversión, donde Aedas tiene una participación minoritaria, o gestión. Aedas Homes comprometió una inversión de 450 millones el pasado año fiscal, incluyendo operaciones corporativas, compra de carteras y adjudicaciones de suelo concesional con unos esquemas de pago aplazados.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado finalmente la razón al Ayuntamiento de Bergara en el contencioso que mantiene desde hace años con el Gobierno Vasco y la empresa Valogreene a cuenta del proyecto de esta última para instalar en esta localidad una planta de tratamiento de residuos de empresas fabricantes de papel y generar desde ellos productos calcáreos destinados principalmente a los sectores químico y de la construcción. En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo anula la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que el Gobierno Vasco concedió a la instalación en 2022. Lo hace a instancias del Ayuntamiento de Bergara y atendiendo a sus argumentos. Esto es, que la función principal de la planta iba a ser el tratamiento de residuos y no una actividad industrial de generación de productos calcáreos. Este fallo llega apenas unas semanas después de otra resolución del TSJPV que, en otro procedimiento vinculado a este caso, daba la razón al Gobierno Vasco y a Valogreene al dictaminar que una sucesión de iniciativas municipales en contra de la instalación «no son conformes a derecho». Ambas decisiones judiciales no son contradictorias, pues un procedimiento se refería a la legalidad o no de las actuaciones administrativas del Ayuntamiento para tratar de entorpecer el proyecto, y otro, el que ahora ocupa, aborda el fondo del asunto. El Ayuntamiento de Bergara se felicita por el fallo. 

La mayor cadena alemana de talleres de reparación de automóviles busca 50 mecánicos con experiencia en el sector, a los que ofrece contrato indefinido y un salario inicial bruto de hasta 3.100 euros mensuales a cambio de trabajar 40 horas a la semana. La oferta de empleo está publicada en la página web de Eures (European Employment Services), la red europea de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores que en España está respaldada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El proceso de selección de candidatos lo realiza la empresa de recursos humanos Randstad Alemania, que ofrece «trabajo seguro y bien pagado como técnico mecánico de coches en una cadena de tiendas de reparación presente en numerosas ciudades». «Dinos la ciudad y encontraremos lugar de trabajo, si cumples los requisitos y eres del agrado de la empresa», se explica en la oferta, publicada en alemán. Respecto a los requisitos, se pide haber completado la Formación Profesional relacionada con la automoción, tener experiencia profesional en la industria del automóvil «o en la metalúrgica», capacidad de diagnosticar averías y reparar sistemas modernos de vehículos, «buena forma física» y carnet de conducir. «Si no cumples todos los requisitos anteriores, pero tienes conocimientos sólidos y experiencia en reparación y mantenimiento de automóviles, no dudes en presentar tu candidatura», anima la empresa reclutadora. «Trabajarás en equipo y recibirás una formación completa por parte de compañeros experimentados».

Santander, BBVA y CaixaBank avisan a los inversores sobre los impactos en el negocio derivados de la injerencia política en el sector financiero. Así lo recogen las tres entidades en los folletos registrados en las últimas semanas en la CNMV, donde los emisores de valores describen el conjunto de riesgos que afectan a su actividad. Las entidades vienen alertando desde hace tiempo sobre este riesgo, si bien los avisos se han ido intensificando, con alusiones en los folletos más recientes a “intervención” de los gobiernos en el sector. El foco está situado en la actualidad en la oposición gubernamental a distintas operaciones corporativas que están sobre la mesa en Europa. En España, el escenario se encuentra condicionado desde hace más de un año por la opa hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell, que el Ejecutivo ha rechazado desde un inicio y que acaba de ser elevada para su estudio al Consejo de Ministros. Portugal también ha mostrado ya sus reticencias a una posible adquisición de Novo Banco por entidades españolas. El mercado sitúa a CaixaBank entre los candidatos a la compra del banco controlado por Lone Star, sobre el que Santander también mostró cierto interés meses atrás. Como los Ejecutivos de España y Portugal, Italia y Alemania también son contrarios a parte de los movimientos que está protagonizando UniCredit. En todo este contexto, Santander explica en su último folleto que “ocasionalmente, el grupo evalúa las oportunidades de adquisición y asociación que cree que ofrecen valor adicional a sus accionistas”. “El éxito de cualquier adquisición estará, al menos en parte, sujeto a una serie de factores políticos, económicos y de otro tipo que están fuera del control del grupo. Cualquiera de estos factores, individual o colectivamente, podría tener un efecto adverso material en el grupo”, dice.

El Banco Sabadell defendió ayer que el Gobierno intervenga en la opa del BBVA por motivos de interés general, a pesar de la advertencia de un portavoz de la Comisión Europea de que España no debe bloquear ni rechazar la operación. El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, declaró en el Foro CREO, que organiza Cinco Días: “Tanto en la ley española como en la normativa europea, el interés general siempre está por encima. Ellos no ven que haya tema de interés general. No sé si lo han estudiado”. En el mismo foro, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, señaló que en España el grado de consolidación bancaria es “medio”, por lo que aún “hay espacio” para seguir avanzando.  El Ministerio de Economía decidió este martes elevar el análisis de la operación al Consejo de Ministros, ante la petición de cinco ministerios (Industria, Transición Ecológica y Reto Democrático, Seguridad Social e Inclusión, y Trabajo, además de Economía). El Gobierno cuenta ahora con un mes para ampliar o suavizar los compromisos que impuso Competencia cuando dio su plácet, el 30 de abril, por estas cuestiones de interés general y no de competencia. Un portavoz de la Comisión Europea respondió a ello y cuestionó que existan razones para que el Ejecutivo entorpezca la operación. De hecho, apuntó a que la decisión del Gobierno español esté alineada con las autoridades que ya se han pronunciado (el Banco Central Europeo y la CNMC) e incluso alertó de una colisión de la ley española con la normativa comunitaria.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quitó hierro al aviso lanzado desde Bruselas por la Comisión Europea en relación a la opa lanzada por BBVA sobre Sabadell. La Comisión Europea (CE) es el guardián de que todos los países cumplan los Tratados de la UE en relación con la libre circulación de capitales y del mercado interior. El martes transmitió su preocupación en relación a un posible bloqueo político de la opa, que ha ido recibiendo el visto bueno de los reguladores competentes. Cuerpo aseguró que el Gobierno hará un análisis “muy aterrizado, pormenorizado y granular” de la operación para poder tomar “la mejor decisión con todas las garantías”. “Será muy proporcional en las condiciones, si es que se imponen, para proteger los intereses generales”, afirmó ayer en una entrevista a la Cadena Ser. El ministro afirmó que el Gobierno está siendo “escrupuloso y garantista” con el procedimiento legal previsto en estos casos en España y recogido en la Ley de Defensa de la Competencia. Según explicó, la función de la Comisión Europea es velar por que las acciones de los Estados miembros no contravienen el marco legislativo europeo. “No debería haber ningún tipo de conflicto, porque nuestra normativa ya se ha puesto a prueba y está alineada con Europa”, señaló. Fuentes comunitarias trasladaron el martes que la Comisión Europea “no está al tanto” de ninguna razón que pueda justificar rechazar o bloquear la transacción.

La vivienda se ha convertido en «un enorme agujero negro». Así lo advirtió ayer el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, durante un almuerzo con periodistas en el que presentó la última memoria anual del órgano consultivo del Gobierno junto al economista José Ignacio Conde-Ruiz, responsable de la comisión de trabajo para la elaboración de este informe. Si en 2023 la vivienda «emergía como un cuello de botella que estaba estrangulando el buen comportamiento de la economía española», en 2024 se convirtió en «un enorme agujero negro que está absorbiendo una buena parte de los resultados de la economía, del empleo y de las políticas sociales, impidiendo que la parte más débil de la sociedad española pueda mejorar sus condiciones de vida y su bienestar». Es el diagnóstico que hizo Costas, para reflexionar después sobre el hecho de que «el crecimiento económico por sí solo ya no trae prosperidad para todos». Esa es una de las conclusiones de la memoria: la positiva evolución de los indicadores macroeconómicos, con la economía española liderando el crecimiento del PIB y el empleo a nivel europeo, no se está traduciendo en una mejora de los indicadores sociales de desigualdad, exclusión social o pobreza infantil. «España avanza, pero debe consolidar los logros y responder a los desafíos», señaló Conde-Ruiz. Pese a que España está liderando el crecimiento entre las economías avanzadas, habiendo cerrado un 2024 «para recordar» en términos de impulso del PIB y del empleo, en palabras de Costas, esa mejoría general del panorama económico no se ha reflejado, especialmente, en dos dimensiones: la vivienda y la pobreza infantil. 

La compra de vivienda al contado ha alcanzado niveles no vistos desde 2014. Entre enero y marzo de este año, el 34,5% de las operaciones de compraventa se cerraron sin recurrir a financiación hipotecaria, según los distintos datos de operaciones e hipotecas publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto implica que más de un tercio de las casas adquiridas en ese periodo se pagaron sin deuda bancaria, una señal que, a primera vista, choca con la progresiva relajación de los tipos de interés en el último año. Para encontrar un comienzo de año con una proporción similar de operaciones al contado hay que retroceder 11 años, lo que subraya el carácter excepcional del dato. Esta cifra, que emerge de comparar el número de compraventas de viviendas que registra la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad con la de hipotecas, no solo marca un récord desde mediados de la pasada década, sino que también apunta a un fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos años: un número creciente de compradores que pueden permitirse prescindir del crédito hipotecario, ya sea por ahorro previo, por la venta de una vivienda anterior o gracias al apoyo económico de familiares. Según estas cifras, entre enero y marzo se registraron 183.140 compraventas y se constituyeron 119.973 hipotecas, es decir, los préstamos bancarios representaron el 65,5% de las casas que se adquirieron. Dicho en contrario, un 34,5% de las compras no precisaron financiación bancaria, según los registros públicos.

Los tiempos turbulentos que está atravesando el sector del automóvil a nivel internacional se están dejando notar en sus sillones de mando, puesto que en los últimos tiempos se está produciendo un baile de nombramientos entre los altos ejecutivos de los principales fabricantes mundiales de automóviles. El punto álgido de este período de rotación de CEO en algunos de los mayores grupos automovilísticos tuvo lugar ayer con la publicación, por fin, del nombre de la que será la persona elegida para dirigir el grupo Stellantis, uno de los grandes transatlánticos del sector y que se encuentra en crisis tras la salida de su anterior consejero delegado, Carlos Tavares. El consejo de administración del grupo propietario de firmas históricas como Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Opel o Chrysler anunció ayer el nombramiento de Antonio Filosa como nuevo CEO, en sustitución del portugués Carlos Tavares, que salió abruptamente de la compañía en diciembre del año pasado por discrepancias estratégicas, pese a que su salida estaba pactada para 2026. Stellantis, que se había comprometido a encontrar un nuevo CEO en el primer semestre de 2025, ha tardado más de seis meses en la búsqueda, ya que ha llevado un proceso en el que ha valorado tanto candidatos internos, entre los que Filosa era el gran favorito, aunque también sonaban Maxime Picat o Jean-Philippe Imparato, y externos, con nombres que salieron a la palestra como Luca de Meo, actual consejero delegado de Renault, o Wayne Griffiths, que fue presidente de la enseña española Seat y que abandonó por sorpresa Seat a finales de marzo.

La Comisión Europea pisa el acelerador en su estrategia para reducir la brecha de competitividad respecto a Estados Unidos y China. Bruselas ha detectado que las empresas tecnológicas se enfrentan a un problema de financiación cuando alcanzan cierto tamaño que les impide seguir creciendo, por lo que ha decidido tomar cartas en el asunto con la propuesta de lanzar un fondo de capital riesgo (venture capital). El objetivo es poner en marcha una iniciativa inversora público-privada que inicie su andadura con la fase de captación de capital en 2026. Para ello, el Ejecutivo comunitario ha iniciado ya conversaciones con diferentes entidades y gestoras para tantear el interés inversor y valorar quién podría ponerse al mando del proyecto como gestor. La Comisión Europea lanza esta medida enmarcada en la estrategia para scale ups, empresas que han superado la etapa inicial de desarrollo y que entran en un proceso de crecimiento sostenido y acelerado. Se trata de una de las áreas marcadas en rojo en el informe Draghi como uno de los mayores lastres para la competitividad y un capítulo en el que se enfatizó la necesidad de actuar “de manera urgente y decidida”. “El monto final de la inversión no se ha decidido todavía, pero hemos detectado mucho interés en el mercado por coinvertir en empresas tecnológicas en desarrollo en Europa. Este fondo no será uno más, sino que marcará la diferencia en el mercado”, indican desde la Comisión. Pese a ello, fuentes comunitarias apuntan a que el mínimo de inversión será de 10.000 millones con el objetivo real de superar con creces esa cifra.

Nvidia facturó en su primer trimestre fiscal de este año 44.100 millones de dólares (39.042 millones de euros), lo que supone un incremento del 69% respecto al mismo trimestre del año anterior, superando así las previsiones que manejaba el mercado. El beneficio aumentó un 26%, hasta los 18.775 millones de dólares (16.600 millones de euros), en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. Sin embargo, lo que más preocupa a los analistas es la caída del 15% en el beneficio de este trimestre si se compara con el inmediatamente anterior, lo que confirmaría gran parte de los temores de Wall Street sobre la ralentización del negocio ligado a la inteligencia artificial. La parte más positiva se encuentra en la buena evolución del negocio de centros de datos, que avanzó en el primer trimestre un 73%, hasta los 39.100 millones de dólares. Nada más conocerse los resultados, tras el cierre oficial de las bolsas, los títulos del grupo saltaron más de un 4% en la sesión posterior, al superar todas las previsiones. Aunque ya se esperaba un sólido crecimiento de ingresos, el ánimo con el que el mercado ha recibido estos resultados es más cauto que en trimestres anteriores, precisamente por la ralentización que se aprecia. El motivo principal: China y la guerra comercial de Trump.

El precio del barril del petróleo desciende el 15% en lo que va de año y ha llegado a abaratarse entre el máximo y el mínimo en 20 dólares el barril. La previsión de un menor crecimiento económico, y una menor demanda, a causa de la guerra comercial iniciada por la Casa Blanca, junto a la decisión de la OPEP+ de ir acelerando el aumento de su producción explican el descenso del precio. El cártel petrolero prepara un nuevo incremento del suministro de crudo en junio, en un aumento acelerado que analistas y petroleras estadounidenses empiezan a percibir como un ataque a la industria del fracking, para la que un crudo por debajo de los 60 dólares empieza a encontrar dificultades para ser rentable. El precio del barril Brent perdió esa cota de los 60 dólares el pasado 5 de mayo, hasta regresar a mínimos de 2021. Fue su reacción a la decisión tomada por la OPEP y sus socios de elevar la producción para el mes de junio en 411.00 barriles diario. Era el mismo acelerón en la extracción de crudo que el ya decidido en abril para el mes de mayo. El cártel petrolero se reúne este sábado para decidir si eleva de nuevo su producción y es probable que adopte un incremento como el acordado para junio. Si se mantiene el actual ritmo acelerado de aumentos de producción, en octubre se habrá eliminado por completo el recorte del bombeo mantenido en los últimos años.

El economista turco y profesor de Harvard cree que atenta contra los pilares del país. En el mundo dibujado por Dani Rodrik (Estambul, 67 años), la hiperglobalización galopante que fiaba todo a los mercados internacionales, como si saciar sus necesidades fuera el fin último, y no un medio del que los Estados debían servirse para conseguir mayor bienestar, ha dado paso al auge de los populismos autoritarios. “Cuando los populistas dicen a la gente que les van a devolver el control obtienen resultados”, aseguró durante su intervención en el marco del Foro CREO. En el camino cree que se han perdido cosas: la clase media se ha erosionado; los países lidian con crecientes brechas salariales, sociales, culturales y políticas, y la mayor integración económica internacional ha conducido a una desintegración en el ámbito doméstico. El resultado ha sido, en su opinión, una sensación generalizada de pérdida de control y un alejamiento entre la ciudadanía y las élites, que bajo el paraguas de la globalización se han desentendido de la prosperidad de los trabajadores al invitarles a mejorar su formación o moverse allí donde haya empleo, en lugar de buscar el fortalecimiento de las comunidades locales. Rodrik advirtió de que Trump está atentando contra los tres pilares que han sostenido EE UU: el Estado de derecho, el respaldo público a la tecnología y la ciencia –en plena persecución sobre Harvard– y la apertura a la inmigración y el talento extranjero. “Va a ser muy difícil revertirlo”, lamentó. El economista sitúa a China como la gran ganadora de la hiperglobalización, lo cual estima una paradoja porque juega con sus propias reglas del juego: restricciones comerciales, una divisa manipulada, e incumplimientos de las normas de la Organización Mundial del Comercio. En cambio, otros países exportadores, como México, que sí firmaron tratados de libre comercio y se adaptaron, se han quedado atrás. Además, en contra de lo que se creía, ni la integración comercial ni su potente crecimiento económico han traído liberalización política a China ni la ha hecho converger con el resto. “El sistema no se ha vuelto más armonioso”, resumió. Más bien al contrario: ha exacerbado la competición entre superpotencias con EE UU.

En Gaza todo es incierto bajo los disparos de Israel. Hasta la muerte. Hay que confirmarla incluso varias veces. El pasado 13 de mayo, el ejército hebreo bombardeó una red de túneles oculta bajo un hospital de Jan Yunis. Hubo 16 muertos y, según algunos medios, una de las víctimas era Mohammed Sinwar, líder de Hamás y hermano de Yahya Sinwar, muerto en 2024 e ideólogo de los atentados de la milicia palestina del 7 de octubre de 2023 que causaron la muerte de 1.200 israelíes y desencadenaron la invasión de la Franja por parte de la tropas judías. Ayer, dos semanas después, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que Mohammed Sinwar es uno de los fallecidos en aquel bombardeo de mediados de mes. Le apodaban ‘la Sombra’. No se dejaba ver, había esquivado varios intentos de asesinato de los servicios de Inteligencia de Tel Aviv y, para protegerse, siempre iba con un escudo humano de rehenes. Salvo aquel día.