20250523

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El grupo vizcaíno Metal Group, especializado en fundición y mecanizado de piezas principalmente para automoción, se declaró este lunes en concurso voluntario de acreedores. Lo hizo tras acumular 30 millones de euros en deudas con entidades de crédito, según recogen las últimas cuentas depositadas en el registro por parte de la matriz. El proceso iniciado por la compañía, que suma varias fábricas en las localidades vascas de Abadiño, Iurreta y Legutio y que cuenta con cerca de 400 trabajadores, se ha puesto en marcha con una empresa interesada en adquirir la compañía. La existencia de una oferta vinculante de compra, que según fuentes cercanas a la operación se habría presentado al proceso con la intención de mantener la plantilla y los centros de producción de todo el grupo, supone una práctica habitual. Avanzadas las negociaciones, los compradores pueden pactar con los empresarios acudir a un concurso de este tipo para aflorar los posibles problemas que pudiera atravesar la compañía antes de hacer efectiva la adquisición. La situación del holding, con más de tres décadas de historia y que cuenta con siete empresas recogidas en el proceso concursal, se habría torcido tras una fuerte inversión realizada en 2019, en un momento de intensa actividad para la compañía. Según reflejan las cuentas, la crisis desatada por la pandemia del covid iniciada el año siguiente habría prendido la mecha de los problemas en la empresa matriz, Smelting Performers Group, obligándola a acudir a medios extraordinarios de financiación. De hecho la compañía, propiedad de Antonio Román, acudió a los fondos de recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 (FONREC). En 2022 Cofides llegó a autorizar para el grupo un préstamo de hasta cinco millones de euros.

El complicado momento que atraviesa el sector del automóvil en Europa coincide con una transformación hacia la movilidad eléctrica y con una ofensiva de los fabricantes chinos de automóviles, que se han lanzado a una ambiciosa expansión internacional que pasa, entre otros objetivos, por conquistar Europa, como ya lo hicieron antes marcas procedentes de Japón y de Corea del Sur. El presidente ejecutivo de la multinacional española dedicada a la producción de componentes para vehículos Gestamp, Francisco J. Riberas, indicó ayer que en los últimos tiempos se ha experimentado una disminución de la producción de vehículos, aunque no ha sido homogénea, puesto que China ha seguido creciendo, mientras que en Europa se ha seguido una tendencia a la baja. “Prácticamente todo lo que se ha producido de más en China se ha dejado de fabricar en Europa”, explicó el directivo. Riberas recordó que en el año 2000 apenas se fabricaban tres millones de automóviles en China, mientras que ahora la cifra se acerca a los 30 millones. En este sentido, el directivo destacó que ahora hay muchos fabricantes chinos que están aterrizando en Europa y que se plantean fabricar sus vehículos en territorio europeo para estar más cerca del cliente local y también para evitar medidas proteccionistas, como los aranceles impuestos por la UE a la importación de automóviles eléctricos made in China. “Europa ha sido la perdedora desde el punto de vista de la industria del automóvil en estos últimos años y también en otros sectores”, dijo el también presidente de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), que defendió que se pongan en marcha medidas para recuperar el mercado. Riberas apuntó que la llegada de fabricantes chinos a Europa es una oportunidad para la industria de componentes de la región, siempre que estos pongan en marcha plantas productivas en territorio europeo. No obstante, el directivo señaló que, si no se toman medidas y no se cambia nada, el aterrizaje industrial de los fabricantes chinos no generará producción adicional en Europa, sino que sustituirá a la que se ha perdido.

Tesla ha perdido el estatus de imbatible en el ámbito del coche eléctrico. Según el último informe mensual de la consultora Jato, la firma propiedad de Elon Musk se quedó fuera del top 10 de abril de las marcas que más coches eléctricos vendieron en Europa, con apenas 7.165 unidades, un 49% menos que en el mismo mes de 2024. Tan malo es su momento, que la china BYD, una marca que aterrizó en el Viejo Continente hace apenas dos años, la ha superado por primera vez ocupando la décima plaza, con 7.231 entregas, un 169% de mejora en su caso. “Aunque la diferencia entre las ventas mensuales totales de ambas marcas puede ser pequeña, las implicaciones son enormes. Este es un momento decisivo para el mercado automovilístico europeo, sobre todo si tenemos en cuenta que Tesla ha liderado el mercado europeo de eléctricos durante años, mientras que BYD no inició oficialmente sus operaciones fuera de Noruega y los Países Bajos hasta finales de 2022″, explicó Felipe Muñoz, analista global de Jato, en un informe en el que se remarca que, a pesar de la imposición de aranceles extra a los coches eléctricos chinos el año pasado, estos aumentaron sus ventas de forma interanual un 59% en abril en Europa, con casi 15.300 unidades. Esto es más del doble del crecimiento registrado por las marcas europeas, japonesas, coreanas y estadounidenses en ese mes.

El diagnóstico de la patronal alavesa es contundente desde hace más de un año: «las empresas no pueden sobrevivir» con un absentismo que ya supera las cifras de Bizkaia y Gipuzkoa. La tasa alcanza el 10,54%, según el último informe de SEA Empresas Alavesas, que considera la situación como insostenible. Así que la organización apuesta por pasar a la acción con una serie de medidas para gestionar y reducir las bajas laborales que se suceden en la provincia. El plan de choque se desarrollará en cuatro fases. La primera consiste en poner en marcha un observatorio permanente del absentismo que se hará año tras año. En la primera edición de este observatorio han participado 346 empresas. Tres de cada cuatro firmas que han respondido a las preguntas de SEA identifican en el absentismo una preocupación «muy alta» o «crítica» en sus sociedades. El porcentaje se eleva hasta el 80% en el caso de las compañías industriales. Ante este fenómeno, ahora se quiere pasar al resto de fases del programa. La patronal pretende organizar dos seminarios con empresas a lo largo de junio para abordar qué entiende cada una por absentismo y qué pautas se pueden adoptar para atajar esta crisis. Después, durante el otoño, la organización intentará difundir buenas pautas para que las compañías puedan tomar nota de qué funciona y pondrá en marcha un servicio de asesoramiento para acompañar a las empresas que quieran implementar programas para reducir las bajas laborales. Según datos de Mutualia, en el territorio cada trabajador se ausenta de su empleo una media de 25,06 días al año, por encima de la media vasca (23,53) y española (18,45). Ver Observatorio SEA aquí

La ausencia del presidente de SEA Empresas Alavesas durante la presentación del plan sorprendió a muchos de los presentes. Sin embargo, es buena señal para la patronal del territorio. Y es que Juan Antonio Sánchez Corchero participó durante la tarde del miércoles en una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). La organización estatal dio luz verde al nuevo equipo del que se rodeará Ángela de Miguel tras hacerse con la presidencia de las pymes españolas. En ese nuevo organigrama, el presidente de la patronal alavesa pasa a ocupar una de las vicepresidencias de la entidad. Sánchez Corchero compartirá ese cargo con los presidentes de las patronales madrileña, catalana, balear, onubense y las pymes aragonesas. De Miguel, nueva presidenta de Cepyme, se impuso el pasado martes al anterior líder de la organización, Gerardo Cuerva, después de una tensa campaña electoral. La CEOE apostó por el relevo y la patronal alavesa se decantó por esa misma opción. Durante la campaña electoral, SEA defendió la candidatura de De Miguel –hasta ahora presidenta de la patronal de Valladolid– por su «indudable capacidad» y una candidata «ideal» para abrir una nueva etapa de «consenso» en Cepyme.

El mayor parque fotovoltaico de Euskadi se acerca al comienzo de las obras. El Ministerio para la Transición Ecológica concedió ayer los permisos medioambientales para levantar las 231.000 placas de las que se compondrá Ekienea, el mayor proyecto de renovables conocido hasta la fecha en la comunidad autónoma, con 107,6 megavatios de potencia neta. La central, impulsada por Iberdrola junto al Gobierno vasco, Krean y la Diputación, plantea la ocupación de más de 170 hectáreas en los aledaños de los polígonos industriales de Arasur e Ircio (Álava). El equipamiento empezó a tramitarse en 2020, pero tuvo problemas para conectarse a la red eléctrica y no ha sido hasta ahora cuando ha recibido el ‘ok’ medioambiental por parte del Ejecutivo nacional. Iberdrola celebró la constitución de Ekienea porque «generará energía limpia y autóctona para abastecer a aproximadamente 47.500 hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 12.400 toneladas de CO2 al año». La cotizada vizcaína prevé invertir 70 millones de euros en el proyecto y en los periodos punta de las obras, la central generaría hasta 300 puestos de trabajo. Los permisos del Ministerio, llegan, no obstante, con varias condiciones. La primera de ellas, precisamente será emitir «un informe de seguimiento sobre el cumplimiento» de esos condicionantes y de «las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental». Ver nota Iberdrola aquí. 

El proyecto de la planta fotovoltaica Ekiola que se instalará en Elgoibar y Mendaro inicia el proceso de apertura a la ciudadanía con el objetivo de lograr la adhesión de 650 familias, aunque también se podrán incorporar las pymes del entorno. Esta fase de socialización se inició ayer con la primera sesión informativa abierta al público que tuvo lugar por la tarde en el salón de actos de Aita Agirre en Elgoibar. Hoy le tocará el turno a Mendaro, donde se celebrará a las 18.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, según informa el Ente Vasco de Energía (EVE). Cabe recordar que el proyecto Ekiola es fruto de la colaboración entre el EVE y la ingeniería promotora Krean, integrada en la Corporación Mondragon. El objetivo de Ekiola es crear comunidades energéticas con el modelo cooperativo de Euskadi para que sea la propia ciudadanía quien genere el 100% de la energía eléctrica que consume. El proyecto pretende contar con cerca de 650 cooperativistas. Para un consumidor medio de 2.200 KWh/año, la aportación a la cooperativa será de unos 2.300 euros, lo que le permitirá beneficiarse de una generación anual idéntica a la que consume en la actualidad, y a la que se aplicará una deducción del 15% en el IRPF si las inversiones corresponden a viviendas habituales. De este modo se pretende cumplir con el principal objetivo de Ekiola, que es que los cooperativistas sean soberanos al 100% de su demanda eléctrica actual.

La industria electrointensiva reclama medidas urgentes para no perder más competitividad. El sector denuncia que la factura eléctrica en España continúa siendo una barrera insalvable frente a sus competidores europeos y pide al Gobierno central «soluciones efectivas» para reducir los costes energéticos que lastran su actividad. La Asociación de Empresas con Gran Consumo Energético (AEGE) celebró ayer su asamblea general, en la que nombró presidente a Carlos Navalpotro, máximo responsable de Asturiana de Zinc, tras finalizar el mandato de José Antonio Jainaga, al frente de Sidenor. Navalpotro señaló que las previsiones de este año indican que el precio final para el consumo electrointensivo es más del doble que el coste en Francia y que está un 20% por encima del alemán. Es por ello que AEGE –a la que están asociadas empresas vascas como ArcelorMittal, Sidenor, Tubos Reunidos o Vidrala– apunta a la eliminación de las cargas fiscales existentes en la factura eléctrica como el camino para recuperar la competitividad. Navalpotro también urgió a prorrogar la reducción del 80% de los peajes eléctricos a los consumidores electrointensivos.

El primer objetivo tras un apagón masivo como el del 28 de abril, uno de esos sucesos de una vez en la vida, es que no se vuelva a producir. Mucho antes de que se conozca a ciencia cierta la cadena de fallos que tumbó el cuarto mayor mercado eléctrico de la UE, el sistema lleva semanas activando resortes para reducir al máximo el riesgo de un nuevo corte. Sobre todo, con más centrales de gas operando para garantizar firmeza y flexibilidad. Aunque sea a costa de un pago extra para uno de cada tres consumidores minoristas. El resultado económico de este mayor intervencionismo del operador del sistema (Red Eléctrica de España, REE) es una subida de casi cuatro euros en la factura que pagarán en mayo un tercio de los hogares, los que optan por el mercado regulado (también conocido como PVPC). Un notable incremento en el epígrafe de “servicios de ajustes” que se verá, en cambio, parcialmente mitigado por el abaratamiento de la electricidad en el mercado mayorista gracias al enorme caudal de generación eólica y fotovoltaica. A poco más de una semana vista de que concluya el mes, de hecho, aún hay opciones de que el precio mayorista de la electricidad sea el más bajo de la historia.

El Parlamento vasco aprobó ayer por amplia mayoría la modificación de la ley de Presupuestos que permitirá al Ejecutivo autonómico aumentar en 1.000 millones su capacidad de endeudamiento. Estos recursos adicionales habilitan a Lakua para activar, ahora ya de forma definitiva, la Alianza Financiera Vasca. Se trata de la principal apuesta económica del Gobierno Pradales, concebida para canalizar inversión pública y dirigir capital privado hacia la industria. El respaldo mayoritario al plan –solo Vox votó en contra– supone un gesto político de calado favorable a blindar el tejido productivo vasco, justo en un momento en el que los nubarrones comienzan a brotar sobre una industria golpeada por los aranceles de Trump y la crisis de la automoción. EH Bildu, enfocada en exhibir un perfil económico solvente vinculado al mundo empresarial, refrendó el texto mientras PP y Sumar optaron por la abstención. La foto resultante de la votación de ayer en la cámara de Vitoria –con 66 de 75 escaños a favor del plan– consolida la apuesta institucional por movilizar recursos mediante un esquema de colaboración público-privada, en línea con las estrategias desplegadas a escala europea frente a la desaceleración del tejido industrial. La cuestión es que el endeudamiento de mil millones aprobado pretende ser una palanca para movilizar otros 3.000 millones adicionales provenientes de entidades financieras. Kutxabank, las fundaciones BBK, Kutxa y Vital, las EPSV, Laboral Kutxa o BBVA, con el Instituto Vasco de Finanzas como pieza central del engranaje, son las entidades que el pasado marzo expresaron su voluntad de formar parte de esta alianza en un acto con el lehendakari.

Gipuzkoa es el segundo territorio de todo el Estado con un mayor peso de los fondos de inversión sobre su Producto Interior Bruto (PIB), con un notable 53,4%, tan solo por detrás de Teruel (57,1%). Bizkaia (49,4%) y Álava (48,9%) también están en el top-5. Gipuzkoa se sitúa como la segunda región de todo el Estado con un mayor peso de los fondos de inversión sobre su Producto Interior Bruto (PIB), con un notable 53,4%, tan solo por detrás de Teruel (57,1%). Así lo revela el último informe del Observatorio Inverco, que también coloca a los otros dos territorios vascos –Bizkaia (49,4%) y Álava (48,9%)– en el top cinco estatal, reforzando así el liderazgo de Euskadi en este ámbito. El mayor incremento de los fondos de inversión en Euskadi (14,3%) respecto al menor aumento del PIB vasco (2,2%) explica que esta ratio experimente un incremento de 2,6 puntos porcentuales hasta el 50,6%. Este dato se enmarca en un contexto en el que el País Vasco consolida su tercera posición en volumen total de patrimonio invertido en fondos de inversión, con 47.311 millones de euros gestionados al cierre del 2024, frente a los 41.380 millones del ejercicio precedente. Solo Madrid y Cataluña, los dos motores económicos y zonas más pobladas, superan a Euskadi en este ránking. Así las cosas, la inversión en fondos representa ya el 50,6% del PIB vasco (en 2023 era del 48%), muy por encima de la media nacional, situada en el 25,1%. Gipuzkoa es, además, la cuarta región de todo el Estado con un mayor patrimonio en fondos de inversión (16.572 millones), solo superada por Bizkaia (23.391), Barcelona (52.645) y Madrid (94.773).

El nuevo consejero delegado de Tubacex, Josu Imaz, describió un esperanzador escenario para el futuro de la compañía en la junta de accionistas que ratificó su nombramiento ayer en Bilbao. Y es que la venta del 49% del negocio dedicado a los tubos de extracción de gas y petróleo a Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, abre perspectivas de crecer con fuerza en el mercado de Oriente Medio. La operación fue cerrada por 190 millones de euros y estaba asociada al mayor pedido de Tubacex, que asciende a 1.500 millones. El acuerdo pasa también por la puesta en funcionamiento de una fábrica en el emirato con una inversión de 60 millones. Condiciones que permiten aventurar nuevos encargos y mantener el crecimiento de la compañía hasta alcanzar, según el plan estratégico, los 1.200 millones de ventas en 2027. El acuerdo, según explicó Imaz, «es un hito inmenso, una inyección de caja y un refuerzo a la presencia en Medio Oriente». Un aumento de trabajo que, Imaz destacó, se notará también en las plantas de Álava. Así, Tubacex ha aprovechado la liquidez para aprobar ayer un dividendo de 25 millones, un 72% más que el pasado año y superior a las ganancias del ejercicio, que fueron de 22 millones. Según explicó Imaz, una «retribución que responde también a la confianza en una evolución operativa sólida y una rentabilidad más estable». De hecho, la compañía espera facturar este año pedidos de la petrolera brasileña Petrobras y de Adnoc, pendientes del pasado año.

El Puerto de Pasaia ha cerrado el primer cuatrimestre de 2025 con un ligero aumento del 0,9% en el tráfico total de mercancías, al alcanzar las 1.132.960 toneladas, frente a las 1.122.370 que registró en el mismo periodo del año anterior, según los datos provisionales de Puertos del Estado. Este tímido crecimiento contrasta con la caída del 1,9% que presenta el sistema portuario español en su conjunto. Este resultado sitúa a la dársena guipuzcoana entre los pocos puertos del Estado que muestran una evolución positiva en el tráfico total acumulado, junto a enclaves como Gijón (+18%), Málaga (+32%) o Las Palmas (+11,7%). La actividad en el Puerto de Bilbao cae un 5,8% hasta abril. En el ámbito del tráfico de graneles sólidos, Pasaia destaca con un crecimiento del 34,4% (342.845 toneladas frente a las 255.104 del mismo periodo de 2024), lo que le permite mejorar su posicionamiento en este segmento. Por el contrario, la mercancía general descendió un 9,4%, situándose en 770.341 toneladas, y el tráfico ‘ro-ro’ (vehículos y carga rodada) también se redujo un 18,1%, y alcanza las 167.304 toneladas. La empresa dependiente del Ministerio de Transportes explica que los cuatro primeros meses del año han estado marcados por una «inestabilidad climatológica» que provocó cierres puntuales de algunos puertos, así como por la «inestabilidad» en el comercio mundial derivada de la situación geopolítica y la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos, que está provocando caídas en los tráficos marítimos a nivel global.

Las familias de personas mayores en residencias de Bizkaia están muy satisfechas con la atención que reciben sus seres queridos en estos centros. Le dan un notable. Puntúan con un 7,9 el servicio recibido, según recoge el último estudio de valoración de los centros residenciales, presentado ayer por la Diputación de Bizkaia. Una encuesta en la que también se recoge que ocho de cada diez consultados recomendarían a otras personas el centro residencial en el que se encuentra su familiar. Para la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, estos resultados avalan que desde la Administración foral «estamos cumpliendo los estándares de calidad» que demanda la ciudadanía «y generando confianza» en los usuarios de los centros y en sus familias. El estudio se ha elaborado con los datos obtenidos de 1.550 entrevistas telefónicas a allegados de residentes, tanto de centros de titularidad pública como privada. Bizkaia cuenta con 156 residencias, con una capacidad conjunta de 10.974 plazas. Uno de los aspectos más valorados por las familias es el trato de los profesionales, que logra una puntuación de 8,41. Le siguen cuestiones como la higiene y la limpieza del centro y sus estancias o la alimentación y atención sanitaria, social, afectiva y psicológica que reciben los usuarios. En todos los casos se valoran con un notable. Entre las áreas a mejorar, que también las hay, se identifican la dotación de más personal, la ampliación de la oferta de actividades socioculturales fuera de los centros o profundizar en la formación continuada en cuidados de los profesionales a nivel socioafectivo o para mejorar la atención que se presta a personas con demencias o patologías complejas.

Los gobiernos central y vasco están cerca de resolver uno de los últimos conflictos que habían estallado entre ambas partes y que había enrarecido la relación entre el PNV y el PSE. Las dos administraciones han llegado a un principio de acuerdo para solventar la polémica sobre el decreto de universidades, un texto aprobado por el Ministerio y que había generado un profundo rechazo en el Departamento liderado por Juan Ignacio Pérez Iglesias y en la UPV/EHU. La fumata blanca llegó tras la reunión mantenida el miércoles entre el consejero y el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa. La tormenta se desató hace una semana, aunque desde el primer momento tanto desde Lakua como desde Madrid se tendieron puentes para acercar posiciones. Una disposición que no impidió que de forma simultánea se abriese un nuevo frente en el seno del gobierno de coalición. Eneko Andueza no ocultó su malestar y reprochó al ala del PNV haber mostrado su rechazo al texto sin haberlo consensuado con sus socios. «Es una opinión del consejero que se circunscribe a su ámbito y quizá al partido que representa, pero no al conjunto del Gobierno porque por nuestra parte no lo compartimos», aseguró el líder del PSE hace dos semanas. 

El último choque PNV-PSE por las políticas de inmigración, precedido por anteriores desencuentros como el de la conexión de Gipuzkoa con Navarra del Tren de Alta Velocidad, sitúa a Gipuzkoa ante un escenario político abierto e imprevisible. Las últimas encuestas de intención de voto confirman la tendencia de los últimos comicios forales. PNV y PSE, según esos estudios, tienen dificultades para lograr la mayoría absoluta de las Juntas Generales y EH Bildu, principal fuerza de la oposición, no solo no experimenta desgaste sino que incluso puede mejorar sus expectativas a costa del serio retroceso que experimenta Podemos. Este es el cuadro convulso sobre el que se explica, también, que PNV y PSE decidieran ayer bajar considerablemente los decibelios y no echar más leña al fuego del debate para no engordar más las expectativas al alza de EH Bildu, que diputa la primacía electoral y en las últimas citas con las urnas ha vuelto exhibir una notable fortaleza. Sobre esta radiografía de fondo, los encontronazos entre el PNV y el PSE, aunque no dinamiten la actual alianza, sí reflejan los intereses contradictorios de ambas formaciones, que también compiten entre sí en una estrategia de mutuo marcaje. Sobre la mesa se proyecta un escenario muy inestable, de creciente rivalidad, en el que puede moverse a medio y largo plazo el baile de las alianzas.

Es la primera vez que un presidente afronta en democracia un trance semejante con un familiar directo. La causa abierta a David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno conocido en su círculo profesional como David Azagra, ha dado un salto cualitativo que proyecta sus consecuencias sobre el convulso escenario político español. La jueza Beatriz Biedma decidió ayer la apertura de juicio oral contra Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas vinculadas a la institución provincial por el presunto enchufe laboral del primero valiéndose de su parentesco con jefe del Gobierno. En este último auto y tras un año de indagaciones, la instructora ve los suficientes «indicios de criminalidad» en la comisión de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias y resuelve que se celebre la vista oral. La resolución ha coincidido con el movimiento que emprendió el viernes Gallardo para tratar de conseguir el aforamiento por la vía de anunciar su disposición a abandonar la Diputación y convertirse en parlamentario autonómico, previa salida de quien ocupa el escaño y de los cuatro suplentes en la lista electoral. Finalmente, el líder de los socialistas extremeños –al que Ferraz trató de ganar, sin éxito, con candidaturas alternativas en sendas primarias y que está enfrentado con sectores del partido. 

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea anunció ayer que eliminará las siglas en castellano de su identidad pública para mantener solo las que hacen referencia a su denominación en euskera, como parte de un proceso de remodelación de su identidad visual y corporativa. En la nueva marca, que se desvelará en junio, mantendrá como imagen el símbolo creado por Eduardo Chillida y añadirá una paleta de colores «que dará soporte al logotipo». Fuentes de la institución académica matizaron ayer que esta decisión «no conllevará un cambio en el nombre oficial de la Universidad», porque ello implicaría modificaciones a nivel legislativo. Sí admitieron que, en adelante, la institución utilizará sólo las siglas EHU en sus documentos, redes sociales, comunicaciones... «Al igual que la Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea utiliza la marca Deusto, o Mondragon Unibertsitatea emplea MU, la Universidad pública pasará a proyectarse como EHU», explicaron. El nuevo equipo rectoral se limita, transmitieron, a «impulsar la sigla en euskera». La decisión responde a un doble objetivo: «Modernizar y digitalizar la imagen de la Universidad, simplificarla y darle más presencia a su símbolo, para que refleje mejor la esencia de la Universidad del País Vasco y sea más identificable», señaló la institución en un comunicado.

Euskadi se posiciona como la tercera comunidad con más enfermeras y la cuarta con más médicos por habitante. A su vez, también tiene las mejores tasas de dentistas, psicólogos, fisioterapeutas y farmacéuticos. En la otra cara de la moneda se encuentra el número de podólogos, óptico-optometristas, logopedas, terapeutas ocupacionales y dietistas nutricionistas, con las tasas por habitante más bajas del Estado. Así se desprende de la Estadística de Profesionales Sanitarios colegiados de 2024 publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que cada año investiga el número y características de los profesionales del ámbito de la salud inscritos en sus respectivos colegios o consejos. Por profesiones sanitarias, Euskadi es la tercera comunidad con más enfermeras colegiadas por habitante, hasta alcanzar las 8,7 profesionales por cada mil vascos, una tasa solo superada por Cantabria (9,3) y Navarra (8,9), y 1,5 puntos superior a la media estatal. Las más bajas se dieron en Murcia (4,9), Galicia (5,2) y Baleares (6,1). En cifras totales, el año pasado había en Euskadi 19.622 profesionales de enfermería, de las que 7.147 están en Gipuzkoa, 9.479 en Bizkaia y 2.996 en Álava, cifra muy similar a la registrada el ejercicio anterior, con un total de 19.693 sanitarias. En cuanto al número de médicos colegiados, Euskadi registró 16.240 facultativos (un 2,4% más que en 2023) del total de los 310.558 que había el año pasado en el Estado. De estos, 4.808 estaban en Gipuzkoa, otros 9.201 en Bizkaia y 2.231 en Álava. De esta forma, el País Vasco se situó como la séptima comunidad con mayor número de médicos colegiados ( jubilados y no jubilados), por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia.

El principal partido de la coalición de Gobierno pretende aprobar un importante alza fiscal a los propietarios de segundas residencias, pisos turísticos e inversores en el mercado inmobiliario residencial. El PSOE presentó ayer en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley para Impulsar el Alquiler de Viviendas a Precios Asequibles que, entre otras cosas, incluye una subida del IVA, al 21%, para la actividad económica de arrendamiento de pisos turísticos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, afirmó que la situación de la vivienda en España requiere de “actuaciones contundentes contra la especulación”, y reclamó al Ayuntamiento de Madrid que prohíba los 15.000 pisos turísticos que hay en la capital. Con esta propuesta, el Gobierno concreta más su cruzada contra la inversión particular en vivienda, en un contexto donde la oferta de pisos en alquiler disponibles en el mercado no para de reducirse, en parte, por las medidas aprobadas por diferentes administraciones públicas, según han venido advirtiendo los expertos del sector. También supondría un alza fiscal para los propietarios de segundas residencias, los cuales estarán sujetos a una mayor tributación en la declaración de la Renta si no alquilan estos inmuebles como vivienda permanente de sus inquilinos; y para los inversores de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), que pasarán a tributar un 25% por los beneficios obtenidos por el arrendamiento de viviendas. El proyecto deberá seguir ahora su trámite parlamentario, por lo que su entrada en vigor estará condicionada por los socios del Gobierno en la Cámara Baja.

Elevadas cargas burocráticas, aumento de los costes laborales, absentismo desbocado, falta de mano de obra cualificada... El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó para hacer un repaso a los principales obstáculos que enfrentan las empresas para ganar productividad y competitividad en un entorno económico volátil y amenazado por la incertidumbre global. Y, además, apuntaló la negativa de la patronal a la reducción de la jornada laboral, una medida que puede suponer la puntilla para pequeños negocios por el impacto en costes y a nivel organizativo para los centros de trabajo más afectados por la eventual aprobación de las 37,5 horas. Así, el presidente de CEOE avisa del impacto negativo que acarrea la presión que el Gobierno aplica sobre los costes que soportan los empleadores. “Las cotizaciones sociales se han disparado, ahogan a las empresas, a todas, y especialmente a las pequeñas”, señalaba Garamendi durante la entrevista con Juan José Garrido, redactor jefe de Expansión. Además del posible impacto de la reducción de jornada que CEOE ha cifrado en unos 23.000 millones de coste directo para el tejido productivo, se refiere Garamendi a otros elementos que también elevan los costes, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, como es el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Ministerio de Trabajo, capitaneado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quiere automatizar para que se sitúe en el 60% del sueldo medio. Un aspecto que “está impactando en las tablas salariales de los convenios” y que según Garamendi va a acabar convirtiéndose “en un factor regulado”, con el consecuente impacto en la productividad y la competitividad. El otro gran problema que pone Garamendi en el foco de la estructura del mercado laboral es el absentismo. Un aspecto que ha pasado de ser una eventualidad a conformar un obstáculo de productividad para las empresas cada vez más insalvable. La Seguridad Social asumió en 2024 gastos para la cobertura de la incapacidad temporal por valor de 16.000 millones de euros, pero las empresas también cargaron con otros 14.000 millones elevando la factura total del absentismo a 30.000 millones de euros en el conjunto del año.

Los empresarios no se fían de Junts. Aunque la patronal mantiene contactos constantes con los de Carles Puigdemont y esperan que presenten la anunciada enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral, en Diego de León sospechan que, como en otras ocasiones, los neoconvergentes pueden acabar pactando con el Gobierno. Por eso están promoviendo ya textos alternativos para tumbar el proyecto en el Congreso de los Diputados con el PP y Vox o, al menos, para suavizar los aspectos más lesivos para el tejido empresarial. Así se lo trasladó a los socios de CEOE el presidente de la patronal catalana Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, durante una reunión a puerta cerrada esta miércoles. Fue uno de los principales asuntos abordados en la primera Junta Directiva con Ángela de Miguel como presidenta de Cepyme. Según revelan fuentes empresariales, el presidente de la CEOE, Antonio Garamedi, agradeció su labor al presidente saliente de la patronal de las pymes, Gerardo Cuerva, presente en la sala, presentó oficialmente a la nueva presidenta y dio paso a asuntos de actualidad. Entre ellos, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, la reforma estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz para esta legislatura, que acaba de aterrizar en el Parlamento y que mantiene abierto el plazo de enmiendas, inicialmente, hasta el próximo lunes, 26 de mayo. Junts ha anunciado que presentará su enmienda a la totalidad, pero al mismo tiempo ha dejado la puerta abierta a negociar con el Gobierno. Así, al menos, lo han interpretado tanto en el PSOE como en Sumar, por eso la intención de los socios, con mayoría en la mesa de la Cámara Baja, es ir ampliando el plazo de enmiendas para dar margen a la negociación.

La construcción española confía en que el mercado estadounidense de las infraestructuras no se frene tras decisiones a la contra del Gobierno de Donald Trump, como la puesta en revisión de fondos federales para la alta velocidad ferroviaria; la presión sobre la fuerza laboral inmigrante, o la guerra arancelaria declarada por la Casa Blanca, que amenaza con encarecer materiales básicos para la obra civil y la edificación. Dos de las mayores referencias por presencia en Estados Unidos, ACS y OHLA, se han apresurado a trasladar mensajes tranquilizadores al mercado respecto a la estabilidad de este destino estratégico. Incluso coinciden en que ciertas políticas de Trump pueden agilizar proyectos de alto valor añadido en terrenos como la infraestructura tecnológica o las redes de transporte. Sus mensajes optimistas se escuchan después de que otras dos referencias, Ferrovial y Acciona, hayan reconocido turbulencias al otro lado del Atlántico. Con todo, el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, asegura que el actual oleaje no les hace variar el rumbo: “Tras 20 años construyendo y gestionando activos en EE UU, en los próximos años vemos oportunidades atractivas, tanto en autopistas como en aeropuertos e infraestructuras digitales, y seguiremos apostando por procesos de licitación basados en la colaboración público-privada”. Y el ejecutivo añade: “Nuestra experiencia, equipo y capacidades únicas para desarrollar proyectos complejos, nos sitúan en una posición favorable”.

Hay un antes y un después de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. Así lo cree el Banco Central Europeo (BCE), que reconoce ahora un mayor riesgo de recesión en la zona euro y en Estados Unidos, según reflejan las actas de su última reunión de política monetaria, celebrada el pasado 17 de abril. En esa cumbre, en la que la institución presidida por Christine Lagarde recortó los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, los miembros del Consejo de Gobierno apuntaron que “la probabilidad de una recesión durante los próximos cuatro trimestres en la zona del euro y Estados Unidos había aumentado de forma apreciable”. Los banqueros centrales mencionan el impacto directo sobre el comercio de una economía como la europea, muy volcada en las exportaciones. Sin embargo, los datos todavía no reflejarían ese debilitamiento que sí comienza a apreciarse por el impacto indirecto a corto plazo a través de la factura que puede haber dejado el estallido de la guerra arancelaria en términos de confianza de las empresas y los hogares. Los banqueros centrales consideran que la situación de tensión respecto a EEUU y la pérdidas económicas derivadas de ello han llegado para quedarse. Según señalan las actas, los miembros del Consejo de Gobierno consideran “poco probable que se produzca un giro total en la política arancelaria” de Trump y, además, aseguran que, incluso en el caso de que esto sucediera “es cuestionable que la economía pudiera volver a su status quo anterior”.

La guerra comercial ha hecho que Europa ponga los pies en el suelo. El varapalo asestado por el mayor socio comercial ha sido “una llamada de atención”, según aseguró ayer Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), en su intervención en el foro de Expansión.El banquero central cree que el bloque comunitario se encuentra “ante una encrucijada al haber cambiado el paradigma en las relaciones económicas internacionales”, y que los mandatarios deben entender que “la única salida factible es una mayor integración”. “La fragmentación del mercado en Europa [por los diferentes intereses nacionales] sería un planteamiento suicida”, aseguró el vicepresidente del BCE. Para Guindos, la situación actual de amenaza y la necesidad de que Europa se valga por sí misma ante el abandono de EEUU debería llevar a las autoridades europeas a realizar “avances y a progresos importantes desde el punto de vista de lo que es la Unión del Mercado de Capitales y la Unión bancaria”. De lo contrario, aseguró el banquero central, “Europa seguirá perdiendo” en su partida de recuperar la competitividad perdida frente a China y Estados Unidos. Pero el contexto podría cambiar radicalmente. Frente a la deriva estadounidense, los mercados y las empresas miran ahora a Europa en busca de estabilidad, algo que podría aprovecharse para dar un golpe sobre la mesa con nuevas reformas que hagan a la región más atractiva.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quiere más Europa. Avanzar en la Unión Bancaria y en la Unión de Mercado de Capitales es una prioridad para el banquero central que, sin embargo, aprecia que en la región a veces surgen otros intereses que lo impiden. En materia bancaria, tanto el Gobierno español como el alemán han manifestado su oposición a las operaciones corporativas más recientes (opa de BBVA sobre Sabadell e incursión de UniCredit en Commerzbank). “La única forma de llevar esto a cabo es a través de un planteamiento cada vez más europeo y más integral. A veces los planteamientos domésticos responden más a cuestiones políticas y que no están alineadas con los intereses europeos”, indicó Guindos en su intervención. Para avanzar hacia una mayor integración europea y exprimir sus beneficios, Guindos considera que se debe apostar por una visión verdaderamente comunitaria. El banquero central puso como ejemplo el funcionamiento del BCE, por el que los diferentes gobernadores de los bancos centrales nacionales “siempre que van al Consejo de Gobierno tienen que poner los intereses europeos por delante de los intereses nacionales, aunque lo hagan desde una parcela de visión lógicamente afectada por las circunstancias de cada país”. “En ese sentido, el BCE es la institución comunitaria de carácter más proeuropeo con diferencia”, recalcó Guindos. El vicepresidente de la autoridad monetaria, recordó, en cualquier caso, que desde Fráncfort no se está ni a favor ni en contra de ninguna operación corporativa más allá de valorar si el banco resultante sería solvente, algo que ya determinó hace diez meses en el caso de BBVA y Sabadell. Ahora, el proceso se encuentra en manos del Gobierno, que abrió una consulta pública sobre la opa después de la luz verde con condiciones anunciada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Slawomir Krupa (Burgas, Bulgaria, 1974) ha llegado desde la inmigración familiar a convertirse en el primer ejecutivo de uno de los grandes bancos de Francia, Société Générale, y la propia Federación Bancaria Europea (EBF) que agrupa a, entre otros, los principales grupos españoles. Él mismo pide que se le interrumpa si habla demasiado, porque se declara «apasionado» por defender a la banca europea en esta difícil fase de gran necesidad de financiación, en desventaja con EEUU. Concede esta entrevista a cuatro medios de las cuatro grandes economías del euro. "El nuevo entorno internacional trae consigo importantes perturbaciones. Tenemos que adaptarnos y navegar en un entorno más volátil. Sin embargo, el problema fundamental para Europa es nuestro crecimiento. En las dos últimas décadas nos hemos quedado muy rezagados con respecto a la mayoría de las economías. Francamente, me gustaría que nos centráramos en este problema estructural fundamental...Se habla demasiado de competitividad y no se actúa lo suficiente. En Europa nos hemos centrado demasiado en la resiliencia a expensas del crecimiento, y tenemos que cambiar profundamente nuestra mentalidad hacia un crecimiento resiliente. Esto es válido para todos los sectores. Es muy cierto para la banca, ya que nada puede lograrse en la economía europea sin los bancos debido al papel central de la financiación bancaria en Europa. Los responsables políticos y los supervisores deberían trabajar para descongelar parte del capital que está congelado en el sistema bancario para liberar el crecimiento. Las medidas discrecionales de supervisión han contribuido a congelar cientos de miles de millones de euros de capital extra a lo largo de los años, lo que equivale a bastante más de un billón en capacidad de financiación. Los bancos pueden ser el puente para cerrar la brecha de inversión de 800.000 millones en Europa señalada en el informe de Mario Draghi..."

«Estamos manejando una tecnología inimaginable con dispositivos que tienen décadas de antigüedad». Este diagnóstico fue expresado ayer por una de las figuras más importantes de la tecnología actual: Jony Ive. Si el iPhone tiene una ‘i’ como primera letra es por su apellido. Y lo mismo sucede con otros dispositivos que ya forman parte de la vida cotidiana de millones de personas, desde el iPad, la tableta de Apple, al iPod, el dispositivo que cambió la forma de escuchar la música. Después de todo, Ive fue el responsable de diseño de la empresa de la manzana desde 1992 hasta 2019. Ahora ha firmado un contrato de 6.500 millones de dólares para vender su empresa, IO, a otro genio, Sam Altman. Este empresario tecnológico especializado en inteligencia artificial también ha revolucionado el mundo con OpenAI y su ChatGPT, una herramienta a la que millones de personas recurren a diario para todo tipo de gestiones: desde programar un viaje a crear una imagen o realizar un trabajo para el colegio. Este movimiento empresarial puede generar un movimiento tecnológico que vuelva a cambiar los modos de vida de todo el planeta. O convertirse en una jugada demasiado arriesgada. Nada más conocerse la noticia, la cotización de Apple descendió un 2%. 

El mercado de bonos ha vuelto a dar un toque de atención al mandato de Donald Trump como ya hiciera a principios del mes de abril cuando desató una guerra arancelaria que sigue en pausa. La última hora de un mercado de renta fija cada vez menos estanco es que la rentabilidad de los bonos a más largo plazo sigue disparada. Y esto es consecuencia de caídas en su precio, es decir, de las ventas que los inversores están haciendo del tradicional treasury estadounidense que se prolongan ya por semanas. El foco del mercado está en este momento puesto sobre la deuda a 30 años, a quien cada vez se le exige más. Ya batió la cota del 5% el pasado lunes y este jueves marca máximos por encima del nivel del 5,1%, que son máximos que no se veían desde el año 2007, en plena crisis financiera. Desde el día después al Liberation day el pasado 2 de abril, su rentabilidad escala casi 70 puntos básicos, desde el 4,4%, una auténtica barbaridad para el mercado de deuda, mucho más calmado por tradición que la renta variable. ¿Qué hay detrás? Un temor irremediable a que la deuda estadounidense, que supera los 36 billones de dólares, se descontrole y que el déficit se vaya más allá del 7% que se estima para este año después de que el Congreso de EEUU diera luz verde al nuevo plan fiscal de Trump. Con una mayoría a su favor, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó este jueves el proyecto de ley de presupuestos, que combina exoneraciones fiscales para las grandes fortunas del país y un importante recorte de gasto público y que, según sus críticos, amenaza con desmantelar la cobertura sanitaria y disparar la deuda del país. El megapaquete de medidas fiscales, al que Trump ha apodado de Big, Beautiful Bill (algo así como ‘Gran y hermoso proyecto de ley’), que aún debe pasar por el Senado, exige recortes significativos en el gasto federal, particularmente en el programa de salud Medicaid. Pero lo que realmente está preocupando al mercado son las fuertes rebajas de impuestos que se contempla para los más ricos del país y que, consecuentemente, podrían elevar la deuda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció ayer su ataque por motivos ideológicos contra la prestigiosa Universidad de Harvard, al revocar su potestad de admitir a nuevos estudiantes extranjeros. La medida implica la pérdida de su estatus para los que estudian en el campus más antiguo del país con un visado especial. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, envió una carta a las autoridades académicas, que hizo pública, en la que anunciaba la revocación, “con efecto inmediato”, del programa de intercambio de estudiantes. “Esto significa que Harvard ya no puede inscribir a alumnos extranjeros y que los que estén ahora cursando sus estudios deberán cambiar de centro o perderán su estatus legal”, según el departamento. La Administración había reclamado información sobre alumnos a los que considera “agitadores”. Y acusa al campus de “fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino”. La Administración de Donald Trump revocó ayer la potestad de la Universidad de Harvard para admitir nuevos estudiantes extranjeros. La decisión, que también incorpora el riesgo de perder su estatus para quienes actualmente estudian allí con un visado especial, supone un agravamiento de los ataques del Gobierno estadounidense contra el prestigioso centro educativo, el más antiguo del país, al que ya había congelado grandes cantidades de fondos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca por negarse a cumplir con sus exigencias ideológicas.

Tras causar la muerte de más de 53.700 personas en Gaza, incluidos 16.500 menores y, entre ellos, 900 recién nacidos, el Gobierno de Israel acusó ayer a varios líderes europeos de «incitar al odio» y de apoyar el «antisemitismo» tras el atentado que acabó el miércoles con la vida de dos jóvenes trabajadores de la embajada hebrea en Washington. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu considera que el motivo que impulsó al asesino, que gritó «Palestina libre» tras ser detenido, fue la «incitación salvaje contra el Estado de Israel» promovida por países europeos como Francia y el Reino Unido, a los que sumó Canadá. En paralelo a ese mensaje, las tropas armadas de Tel Aviv ordenaron ayer a la población gazatí que abandonara una decena de puntos del norte de la Franja antes de una nueva ofensiva. Las panaderías comenzaban a recibir algo de harina y la ayuda humanitaria, bloqueada desde hace tres meses, empezaba a entrar con cuentagotas tras la presión ejercida por el presidente de EE UU, Donald Trump, el único sostén de peso que le queda a Tel Aviv. Tuvo el respaldo de buena parte de la comunidad internacional tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 que se saldaron con casi 1.200 víctimas hebreas. La masacre posterior que continúa en Gaza ha aislado a Netanyahu. Pero el ataque de Washington le ha dado un argumento para reforzar la versión de que Israel es la víctima de este conflicto. Este atentado demuestra, a su juicio, «el precio terrible del antisemitismo». «Los libelos de sangre contra Israel –agregó el primer ministro– van en aumento y deben ser combatidos hasta el final». Golpe a la Unión Europea.