20231229

El sector industrial no sale de una crisis cuando otra se le viene encima. Primero fue la pandemia, luego la guerra de Ucrania. Y ahora son los ataques de los hutíes a los barcos de mercancías que navegan por aguas del mar Rojo los que amenazan con dejar sin materias primas a muchas empresas. Entre ellas está Michelin, cuyos responsables se han visto obligados a anunciar la suspensión de varios turnos de trabajo por la falta de caucho natural. Es el principal componente con el que se fabrican los neumáticos que salen por miles de las cuatro plantas que la marca francesa posee en España: Vitoria, Lasarte, Valladolid y Aranda de Duero (Burgos). En las instalaciones de la capital alavesa, según han confirmado fuentes de la empresa «se desactivarán varias actividades dos días antes del 15 de enero». «La medida permite regular la producción como se hace en cualquier situación que así lo requiera», explican. Hoy está previsto que los detalles de ese ajuste se den a conocer al comité de empresa. Ayer fue citado a una reunión para hablar de ‘producciones’. «Es el término que la empresa usa normalmente para hablar de desactivaciones», desvela Iñigo López, representante de UGT. Los empleados de Valladolid ya han sido informados de las medidas que se van a adoptar allí ante la falta de la materia prima imprescindible. «Allí afecta a cuatro turnos de la línea de fabricación de goma, donde se hace la mezcla, y a cinco de ‘turismo’. Aquí veremos a qué salpica, pero podría ser también a ‘ingeniería», apunta López. En Lasarte, la firma decidirá hoy cómo afecta a los turnos de trabajo por los problemas de suministro de caucho para ruedas procedente de Indonesia. 

El Gobierno Vasco anunció ayer que amplia siete meses, hasta el 31 de julio, el plazo para solicitar ayudas del Plan Moves III para comprar vehículos eléctricos e instalar postes de recarga. De esta forma, complementa el anuncio del Ejecutivo central de noviembre, que extendía siete meses más las ayudas, que en el País Vasco gestiona el Ejecutivo de Vitoria. El Ente Vasco de la Energía (EVE) recordó ayer que la subvención es de 4.500 euros por la compra de un coche eléctrico, que aumenta hasta los 7.000 si se achatarra el vehículo antiguo y que incluso puede ascender a 7.700 euros para quienes vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes o tengan movilidad reducida. Los vehículos subvencionables son los eléctricos puros, los híbridos enchufables y los movidos por pila de combustible, tanto motocicletas como turismos, furgonetas y vehículos pesados. El EVE ha concedido de momento ayudas por más de 36 millones de euros entre las 10.000 solicitudes recibidas, de las cuales ha resuelto ya el 94 %. De ese global, 20,5 millones se han destinado a la adquisición de vehículos (5.588 solicitudes) y 15,8 millones han ido a construir infraestructuras de recarga (4.456 solicitudes). Hasta noviembre, según el Ejecutivo autonómico, se han adjudicado en Euskadi 32 millones de euros en ayudas para la electrificación de la movilidad. Para la compra de coches eléctricos, un total de 18 millones con 5.200 expedientes tramitados, y para la instalación de puntos de recarga otros 16 millones con 4.000 solicitudes.

El carrusel de presentación de los Perte por parte del Gobierno continúa y ayer le tocó el turno a la primera convocatoria del de Descarbonización industrial, que contará con casi 1.000 millones de euros de presupuesto y cuyo período de recepción de solicitudes se abrirá el 24 de enero y finalizará el 17 de abril de 2024. Este marco temporal supone un significativo retraso respecto a los planes iniciales del Ejecutivo, que contaba con lanzar el plan en octubre. El Ministerio de Industria y Turismo publicó ayer una parte de la orden de bases del proyecto, que recoge que casi la mitad de esta cantidad (499,8 millones de euros) se destinará a ayudas directas para empresas industriales, mientras que otros 500 millones de euros irán a parar a la concesión de financiación blanda para el desarrollo de nuevas iniciativas orientadas a reducir el impacto sobre el medio ambiente de las actividades industriales. Grandes empresas de sectores como automoción, la industria química, metalúrgica o la papelera se podrán beneficiar de este programa, que irá dirigido a compañías privadas y públicas que reduzcan emisiones en sus plantas, mejoren la eficiencia energética, pongan en marcha instalaciones de energías renovables o apoyen la I+D+i hacia la descarbonización. Esta es la primera de las cuatro líneas del Perte de la Descarbonización industrial, que tendrá un presupuesto total de 3.170 millones y que el Gobierno prevé que generen hasta 11.800 millones de inversión adicional, así como que permitan la creación de unos 8.000 empleos y mejoren un 10% la competitividad del sector industrial en España.

Por segunda vez consecutiva el Gobierno ha ampliado el plazo para que las administraciones, empresas, universidades y otros centros de estudio den de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas que tengan registrados, aunque no sean remunerados. Por lo tanto, el plazo se amplía desde el 1 de enero, fecha límite fijada hasta ahora, hasta el 31 de marzo. Y deben darse de alta no sólo los que empiecen las prácticas en el primer día de 2024, sino también los que ya estuviesen haciéndolo antes de esa fecha. Por lo tanto se regulariza la situación de todos los trabajadores en prácticas y en formación a partir del 31 de marzo. Tanto si reciben un salario, que ya deben estar dados de alta, como si no reciben retribución alguna. Es una disposición que cubre a los alumnos universitarios para la obtención de titulaciones oficiales, como el grado, la maestría o el doctorado. O títulos propios de la universidad como un diploma de especialización. También a las prácticas hechas por alumnos de formación profesional. Así se regula en la disposición transitoria décima del real decreto ley que prorroga las medidas económicas para ayudar a las empresas, trabajadores y familias a hacer frente a las consecuencias de las guerras de Ucrania y de Oriente Próximo. El real decreto, aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros, dice lo siguiente respecto a las cotizaciones de los estudiantes o trabajadores en prácticas: “Se establece un plazo excepcional, que finalizará el día 31 de marzo de 2024, para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las altas y las bajas en la Seguridad Social correspondientes al inicio o finalización de las prácticas formativas no remuneradas”. Bien es verdad que, en la reforma de las pensiones, regulada en el real decreto ley del pasado 16 de marzo, el Gobierno concedió una bonificación del 95% al empresario en las cotizaciones sociales de estas personas. El objetivo de esta rebaja es reducir los costes del empleo y de la formación, para facilitar el aprendizaje y la inserción laboral de estas personas. No obstante, en el real decreto el Gobierno ha vuelto a escuchar al mundo de las enseñanza y de las administraciones que, en muchos casos, han alegado que no estaban preparados para las cotizaciones y al proceso burocrático del alta en la Seguridad Social.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer que intentará “corregir” los incentivos fiscales a las compañías energéticas que regula el real decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros del pasado miércoles. En este aspecto, la norma tiene dos puntos: el primero prorroga un año más los impuestos extraordinarios a la banca y a las compañías energéticas, con la vocación de hacerlos permanentes. Sin embargo, señala que en el año de prórroga las compañías energéticas podrán deducirse del Impuesto de Sociedades las inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y de descarbonización. El Gobierno incluyó esta modificación en el citado real decreto después de la decisión de Repsol de paralizar importantes e innovadoras inversiones en España y, más específicamente, en el País Vasco, a través de Petronor. Es más, esta decisión de la compañía provocó la presión del PNV sobre el Gobierno para rebajar el impuesto a las empresas energéticas. Por lo tanto, en este terreno, Díaz ha perdido una primera batalla con el ala socialista del Gobierno, pero ayer dijo que no se rinde, y contraatacó: “Vamos a trabajar [desde la parte de Sumar del Gobierno] en el real decreto para que estos incentivos se corrijan y, lejos de bajarles los impuestos, sean ellas [las empresas] las que contribuyan a la salida de la crisis”. En declaraciones a TVE, Yolanda Díaz dijo que los beneficios de estas empresas son “obscenos”. 

El real decreto ley aprobado esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez incorpora pocos detalles sobre la revisión que se va a hacer del gravamen especial sobre banca y empresas energéticas –es una tarea que se deja para la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2024–, pero sí fija dos aspectos claves para el País Vasco: se convertirá en un impuesto –no alcanzaba hasta ahora esa categoría– y se concertará. Traducido al lenguaje institucional, se incorporará al Concierto Económico Vasco –también al Convenio Navarro–, lo que abre la puerta no solo a que las diputaciones vascas reciban de forma directa el ingreso sino, lo más importante, a que reclamen la capacidad normativa. Fuentes del Partido Nacionalista Vasco dieron ayer por seguro que en las negociaciones que se abrirán cuando ya sea regulado como un impuesto –hay que hacer un acto de fe de que esto ocurrirá y que los Presupuestos de Sánchez tendrán una mayoría suficiente para culminar esa tarea–, las diputaciones van a reclamar tener la capacidad normativa. Sobre el papel, al menos, encaja con la tradición de otorgar a las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa la capacidad para elaborar sus propias normas sobre los impuestos directos y éste será uno más de esa naturaleza. El Real Decreto tan solo anticipa que se tendrán en cuenta deducciones por inversiones en aspectos claves para la transición energética –nombra de forma textual la producción de hidrógeno o los combustibles renovables–, algo que conecta de forma muy directa con las reclamaciones realizadas por los responsables del grupo Repsol y también por el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra. Ambas cuestiones, la inclusión en el Concierto Económico y la habilitación de deducciones por inversión, han sido claves para que el PNV comprometa su respaldo al real decreto publicado ayer en el BOE. La letra pequeña de todo ello, sin embargo, está en el aire y se desconoce.

Perpetuar el impuesto a la banca supone pérdidas multimilonarias de valor de hasta el 19% para los principales bancos de España, según un análisis de CaixaBank al que ha tenido este diario. El impacto en la valoración de sólo cinco grandes bancos españoles llega a 9.000 millones, según su estimación. Aunque es un banco en el que el propio Gobierno es el segundo accionista a través del Frob, CaixaBank no ha escatimado críticas al impuesto y tampoco lo hace su departamento de análisis. «Es una noticia negativa para el sector», sostiene en la nota remitida a clientes. No es un impuesto que el sector no pueda pagar, dados sus fuertes beneficios, pero la Asociación Española de Banca, sí lo rechaza por su efecto negativo en la concesión de crédito y solvencia y la inseguridad que supone para los accionistas. La estimación inicial de CaixaBank es una pérdida de rentabilidad medida en beneficio por acción de entre el 3% y el 16% sólo en 2025, que es cuando se abonará el impuesto prorrogado por valor superior a mil millones de euros, pero el impacto mayor es la perspectiva de que terminará siendo indefinido. «Es demasiado pronto para evaluar las posibles repercusiones de la revisión de las condiciones del impuesto a partir de 2025, ya que no hay declaraciones del Gobierno», avisan los analistas de CaixaBank y su filial portuguesa BPI. Pero hacen una estimación de lo que supone convertir en permanente por un período indefinido el impuesto tal y como está diseñado actualmente y es considerable.

El Gobierno foral de PNV-PSE se ha apuntado a la geometría variable para sacar adelante sus iniciativas en materia económica. Durante la mañana de ayer, en Juntas Generales, logró el apoyo de Elkarrekin Podemos para dar luz verde –sobre la bocina– al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, y será el próximo 10 de enero cuando apruebe, también en Juntas, la deflactación del 2,5% en las tablas del IRPF, esta vez con los votos del Partido Popular, que ya ha transmitido su ‘sí’ al diputado de Hacienda, Jokin Perona. Fue a mediados de mes cuando PNV y PSE-EE acordaron con la formación morada retocar al alza el conocido como ‘impuesto a los ricos’, impulsado por el Gobierno central y cuya trasposición a la legislación foral en virtud de la singularidad fiscal vasca se culminó ayer. Un retoque consistente en bajar el umbral de 16 a 14,5 millones de euros para aplicar el tipo marginal, el del 3,50%, en ese tramo más alto. El Impuesto a las Grandes Fortunas –que en los territorios vascos es complementario al de Patrimonio, el principal que se aplica a las grandes rentas– grava los patrimonios por encima de los tres millones de euros. En función del acuerdo de Elkarrekin Podemos, a partir de los 12,8 millones de euros se va a gravar un 2% en Bizkaia y el 2,5% en Gipuzkoa y Araba. En el caso guipuzcoano ya existía ese baremo similar. El principal cambio en nuestro territorio es que se baja el umbral de 16 a 14,5 millones para el tipo marginal más alto (3,50%). Gipuzkoa recaudará apenas un millón de euros sobre una decena de contribuyentes.

Aunque es el parque eólico de Labraza el que lidera la carrera por levantar los primeros aerogeneradores gigantes sobre suelo vasco en 18 años, la instalación prevista en Azáceta también va tomando posiciones para iniciar las obras en 2024. La central de 40 megavatios (MW) de potencia ha obtenido ya la autorización administrativa para su construcción, el último permiso que necesita del Gobierno vasco para poder hacer realidad el proyecto. Es cuestión de días que el permiso se publique en el Boletín Oficial del País Vasco. El parque eólico que promueve la sociedad Aixeindar, creada por el Ente Vasco de Energía EVE e Iberdrola, contará con ocho aerogeneradores de una potencia de 5 MW cada uno. Con el arranque de los trabajos se cierra un largo camino de permisos medioambientales. Son necesarios sólo dos trámites burocráticos más para que Azáceta sea una realidad: que se apruebe el plan urbanístico que prepara la Diputación y que se le otorgue la licencia de obra para que los molinos, de unos 180 metros de altura, empiecen a producir energía renovable en el alto alavés. La previsión es que anualmente la infraestructura sea capaz de generar un total de 109.876 MWh, el equivalente al consumo energético anual de unos 35.000 hogares.

La compañía vasca Dominion anunció ayer una nueva desinversión en su área de energías renovables, con la venta de un parque solar fotovoltaico a la compañía japonesa Renewables Japan por un importe de 37 millones de euros. La operación se enmarca en la estrategia ya definida por la compañía en su plan de negocio de abandonar inversiones directas en este sector, para concentrarse en la construcción y mantenimiento de parques, pero no en la explotación de los mismos. El parque de generación eléctrica que ha vendido Dominion está situado en la localidad zamorana de Valdecarretas y tiene una capacidad de 37,8 megavatios. Esta instalación está totalmente finalizada y había entrado en fase de producción de electricidad el pasado mes de julio. La compañía también ha resaltado que la venta del parque fotovoltaico de Valdecarretas representa otro paso en la estrategia de simplificación de la empresa, al tiempo que reafirma su idea de rebajar el endeudamiento. El objetivo, han matizado, es alcanzar la deuda financiera neta cero en el horizonte del año 2026. En agosto de 2022 Dominion alcanzó un acuerdo con Repsol para compartir su cartera de clientes de comercialización de electricidad, que había captado con la marca Alterna.

CAF cierra 2023 con nuevos contratos en su negocio de autobuses eléctricos, que retoma el ritmo tras el parón derivado de la pandemia. El grupo de material ferroviario, a través de su filial polaca Solaris, ha sellado sendos pedidos con Berlín y Madrid para la entrega de 50 vehículos eléctricos a cada ciudad, por un montante conjunto que rebasa los 70 millones de euros. Según la compañía, el encargo de Berlín es de especial importancia, ya que se realiza dentro de un acuerdo marco que podría alcanzar los 700 autobuses y dispararía su negocio en el mercado alemán. De momento, la empresa pública Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ha contratado un primer pedido de 50 autobuses eléctricos modelo Solaris Urbino 18, que se entregarán en 2024 y 2025. Este encargo podría ampliarse en otros 650 vehículos en los próximos 8 años. Los autobuses para Berlín estarán equipados con un motor asíncrono de 240 kW, alimentado con baterías de Solaris recargables mediante toma por enchufe o con pantógrafo. Para CAF, este “importante contrato con BVG es una buena oportunidad para consolidar la presencia de Solaris en Centroeuropa y, en especial, en Alemania”.

El Gobierno Vasco, a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), sacó ayer a licitación las obras de acceso en ancho métrico ferroviario al Puerto de Pasaia, una nueva conexión para la red ferroviaria vasca que busca impulsar el tráfico de mercancías a través de la empresa pública Euskotren Kargo. El objetivo es reducir el tráfico de camiones por carretera sobre todo en las inmediaciones del Puerto. El desarrollo de los trabajos cuenta con un presupuesto inicial de 5,5 millones de euros (sin IVA) y el plazo de ejecución se ha fijado en 20 meses. ETS, ente público dependiente del Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y la Autoridad Portuaria de Pasaia están ultimando un convenio de colaboración para repartirse las tareas necesarias para el desarrollo de los trabajos, así como para preparar la futura explotación de la nueva infraestructura. El objetivo común es potenciar la interconexión en Gipuzkoa entre el modo marítimo y el ferroviario en ancho métrico, según informó ayer ETS. En la actualidad, las únicas vías ferroviarias de conexión directa con el Puerto de Pasaia son las de la empresa pública estatal Adif, pero el Gobierno Vasco ha decidido impulsar una especie de ‘tercer hilo’, que discurrirá en paralelo a las vías actuales de acceso al Puerto, para permitir que la red en la que presta servicio Euskotren también pueda tener una conexión directa con esta infraestructura, según detallan fuentes de ETS. De esta forma, se evitará que los movimientos de mercancías que se realizan desde el Puerto hasta la red de Euskotren deban hacerse por carretera, «lo que llevará a un descenso en el tráfico de camiones».

El territorio de Bizkaia será el más restrictivo al aplicar las ayudas al transporte y solo se beneficiarán del descuento del 50% los grandes usuarios al quedar fuera quienes usen la Barik. La diputada general defendió el plan tarifario e instó a usar los bonos mensuales. En la mayoría de las capitales españolas se mantienen las rebajas como hasta ahora. Los viajes con Barik en metro, Bilbobus y Bizkaibus pasarán a costar el doble en enero. La Diputación foral, el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y el Ayuntamiento de Bilbao han decidido que solo mantendrán la bonificación del 50% del precio del billete en los abonos mensuales. Aunque el plan anticrisis del Gobierno central abre la puerta a mantener la rebaja como hasta ahora (Madrid aportará el 30% siempre que la administración local ponga el 20% restante), finalmente no será así. Una decisión tan restrictiva contrasta con el criterio del resto comunidades de España, que han decidido prácticamente de manera unánime extender las ayudas tal y como estaban hasta ahora. Las normativas impulsadas en Bizkaia también chocan con las tomadas en los otros dos territorios históricos, que han sido menos lesivas para sus conciudadanos. En los autobuses alaveses dependientes de la Diputación, en lugar de prolongar el descuento para todos los pasajeros por igual, la rebaja oscilará entre el 40% y el 56%, en función del número de viajes que haga el usuario. La bonificación en los autobuses urbanos de Vitoria, en cambio, continuará siendo del 50%, siempre y cuando se acceda a los mismos con la tarjeta BAT personalizada (equivalente a la Barik). Algo similar ocurre en Gipuzkoa, que excluye de la bonificación a quienes no tengan una tarjeta Mugi a su nombre, pero sin más exigencias. En cambio, en Bizkaia también será obligatorio disponer de un pase de transporte individual para acceder a la rebaja, pues tenerlo es la única forma de adquirir un título temporal de 50 o 70 viajes, también obligatorios para acceder a descuentos. Mientras los usuarios vascos tendrán que tomarse la molestia de acercarse a una oficina de atención al cliente para conseguir una tarjeta personalizada, en el resto de España donde esta medida está asentada no notarán prácticamente ninguna diferencia respecto a cómo han funcionado hasta ahora. 

El índice de riesgo en criterios de sostenibilidad Morningstar Sustainalytics ha vuelto a ubicar a Kutxabank como la primera entidad bancaria de España. Según el rating publicado por la firma internacional de análisis independiente, el banco vasco ocupa la posición número 32 del millar de entidades analizadas en todo el mundo con una calificación de su riesgo «inapreciable». La evaluación la sitúa, además, en el 1% de las primeras de más de 15.800 compañías auditadas. Este índice mide aspectos como la gestión de la ética empresarial, la seguridad y privacidad de los datos, la integración de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en sus productos, así como en el gobierno corporativo o la gestión de los empleados. El área en que mejor valoracion ha obtenido Kutxabank ha sido la de ‘ética del negocio’, donde se atiende a la integración de los criterios de sostenibilidad social y ambiental en el gobierno de la empresa. El rating de Morningstar busca dar una referencia comparable al mercado sobre el compromiso en estas áreas de empresas, bancos y fondos de inversión. La capacidad para trasladar inversiones y dirigir fondos de los clientes a negocios sostenibles es otro de los elementos que ha valorado el auditor en el banco vasco. 

El euribor a 12 meses despide hoy 2023 firmando la mayor caída mensual desde febrero de 2009. Entonces, el índice hipotecario se desplomó desde el 2,622% hasta el 2,135% en plena crisis financiera global. Ahora, a falta del último registro del mes y del año, la media mensual del euribor cierra diciembre en el 3,68%, frente al 4,02% de noviembre. Vuelve por lo tanto al nivel más bajo desde el pasado mes de marzo. Por su parte, el tipo diario se sitúa en el cierre anual en el nivel del 3,53%. Acumula cinco caídas consecutivas hasta los niveles más bajos del mes. El desplome del euribor tiene un impacto positivo inmediato sobre las hipotecas que se revisan con periodicidad semestral. Según los cálculos de Asufin, realizados en base a un préstamo a 25 años con un diferencial del 1% sobre el euribor, la caída de diciembre producirá un ahorro de 19 euros por cada 100.000 de hipoteca que se revise cada seis meses. O, lo que es lo mismo, de 228 euros al año. La referencia el es euribor del pasado mes de junio, cuando escaló por primer vez este año por encima del 4%. Sin embargo, quienes se enfrentan a la revisión anual aún tienen que asumir un alza de la letra mensual. Según los cálculos de Kelisto, para una hipoteca media en España de 140.564 euros a 24 años, el euribor de diciembre supondrá un aumento de la cuota de unos 51 euros o casi 612 euros al año.

La gasolina despide el año en España con el precio medio más barato de todo 2023. Un año complicado para el mercado de carburantes por las tensiones que se arrastraban de los ejercicios anteriores (cuellos de botella en la recuperación de la pandemia, guerra de Ucrania...) y las nuevas que han surgido y siguen surgiendo. Pese a ello, la gasolina marca esta semana una media de 1,532 euros por litro, y habría que retroceder casi dos años, hasta la semana del 20 de enero de 2022, para encontrar un importe más bajo. El diésel, por su parte, logra rebajar la barrera psicológica de los 1,5 euros por litro. Según los datos del último Boletín Petrolero de la Unión Europea, publicados este jueves, un litro de gasóleo se paga de media esta semana a 1,493 euros. No es el menor importe del año porque entre finales de abril y finales de julio repostar este combustible salía más económico, pero sí supone un cambio considerable con la situación de doce semanas atrás, cuando llegó a rozar los 1,7 euros por litro. En realidad, los precios de los combustibles suman ya tres meses a la baja. 

El precio de la vivienda aceleró su ascenso en 2023, con una subida anual del 4,7%, la mayor en seis años. El metro cuadrado se incrementó así hasta los 1.548 euros de media, según los datos de la tasadora Gesvalt. Esto implica que una casa promedio de 90 metros cuadrados, que tendría un valor de 135.630 euros el año pasado, actualmente implicaría un desembolso de 139.320 euros. Los datos se asemejan a los proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que aunque sigue sin publicar la información del último tramo del año, promediaba un incremento en el coste de las casas en torno al 4% hasta septiembre. A pesar del fuerte repunte de 2023, el coste de una casa sigue más de un 25% por debajo de su máximo histórico alcanzado en 2008, durante la crisis inmobiliaria. Desde entonces, el precio de los pisos llegó a caer hasta los 1.200 euros de media. Sin embargo, el mercado entró en un nuevo ciclo tras la pandemia, marcado por la alta demanda y el incremento de los costes de producción, así como del suelo. Esto ha impulsado el precio tanto de las casas nuevas como de segunda mano.

Los tres sindicatos principales de Telefónica –UGT, CC OO y Sumados Fetico– confirmaron ayer su respaldo a los preacuerdos del expediente de regulación de empleo (ERE) y del convenio de empresas vinculadas (CEV) en las tres grandes filiales del grupo, Telefónica de España, Móviles y Soluciones, establecidos la pasada semana en las mesas de negociación. Según UGT, ha habido mayoría en todas las mesas de negociación. La empresa y los sindicatos se reunirán en el día 3 de enero para la firma. En el caso de CC OO, fue su comité ejecutivo en Telefónica el que votó a favor de los acuerdos, no así su consejo, que es el máximo órgano interno, que lo hará antes del 3 de enero, según fuentes sindicales. El consejo podría revocar la decisión del comité ejecutivo. En las últimas horas se habían producido algunas dimisiones entre responsables de CC OO en algunos territorios. Tras la reunión de ayer, CC OO, en sus canales internos, destacó que se había reducido significativamente el número de personas afectadas por el ajuste, además de aumentarse a 1.000 euros la aportación a la finalización del plan de pensiones, en lugar de 600 euros. Además, CC OO destacó la prima de 10.000 euros para los nacidos desde 1967 y anteriores, la póliza de salud básica abonada al 100% por la empresa, el convenio especial de la Seguridad Social hasta el acceso a la jubilación anticipada, y la reversibilidad de la renta por fallecimiento. El acuerdo del CEV sí podría ir adelante con el respaldo de UGT y Sumados, si es que finalmente CC OO no firmara.

Su larga tradición emigrante ha motivado que haya gallegos en 143 de los 194 países del mundo, según datos de la Xunta. Este plan se dirige a todos y ha convertido a la comunidad en referente en materia de retorno. Aprobado en abril de 2018, en su primera fase, ayudó a que más de 28.000 personas retornaran a Galicia, principalmente jóvenes (17.100, un 58,7%, tienen menos de 45 años y más del 80%, menos de 65 años). En su segunda fase, 2023-2026, se marca el reto de contribuir al regreso de otros 30.000. Y otro más ambicioso, en palabras del presidente gallego, Alfonso Rueda: «Queremos que ayuden a construir la Galicia del futuro».  Desde 2016, Galicia lleva encadenando, por primera vez en décadas, saldos migratorios positivos. La estadística de migraciones y cambios de residencia de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencia un año excepcional, con un saldo migratorio positivo récord de 27.251 personas, la cifra más alta registrada hasta la fecha en la serie histórica, y un total de 39.281 personas que optaron por trasladarse a Galicia desde el extranjero. 7.957 eran emigrantes retornados, otro hito histórico. Es decir, a Galicia llegan más personas de las que salen. Desde el Gobierno gallego sostienen que la razón de este giro está en el atractivo de Galicia, que «se ha consolidado como un lugar potente y pujante al que regresar», y que este proyecto ha ayudado a «realzar e impulsar». Lo consigue ofreciendo un acompañamiento integral a las personas que quieren regresar a Galicia «antes incluso de que tomen la decisión de volver» y con un presupuesto de más de 450 millones de euros y un centenar de medidas en los ámbitos laboral, educativo, social y de asesoramiento, seguimiento, coordinación y control. «Permite dar el paso a mucha gente que, sin una ayuda extra, no lo habría dado», resume Daniel López. Coincide con él Estefanía Rama. Esta joven de 36 años a la que tocó «hacer el mismo camino que mi abuelo muchos años más tarde» se fue a Suiza con su pareja en 2010, «en plena crisis económica», porque «vi muy difícil insertarme profesionalmente en el mercado». Pasó allí más de siete años trabajando en el mundo de las finanzas dando asesoramiento a clientes de banca privada y, como a sus compañeros, la morriña le llamaba, pero no quería tirarse al vacío. Pese al deseo de volver, le faltaba el empujón final. 

Calentado por la oposición conservadora, en Alemania ha resurgido el debate sobre si merece la pena trabajar, si es más cómodo vivir de subsidios antes que tener un empleo con salario mínimo que aporte lo mismo o poco más que el 'bürgergeld' (que reciben cinco millones de alemanes, entre adultos y niños), la reforma social más importante de la legislatura para el canciller Olaf Scholz. “¿Quién quiere madrugar pudiendo recibir dinero del Estado sin ningún esfuerzo?”, llevan semanas clamando en la televisión y en periódicos sensacionalistas como Bild, el líder de la CDU, Friedrich Merz, y su secretario general, Carsten Linnemann. La anunciada subida del 12% en la prestación a partir del 1 de enero les ha dado la excusa perfecta para relanzar la controversia. “¿Qué empleado recibe tales aumentos salariales?”, se ha preguntado Merz. Para contrarrestar la altísima inflación que han soportado los alemanes desde la invasión rusa de Ucrania —ahora moderada en el 3,2%, pero que llegó a superar el 10% a finales del año pasado— el bürgergeld se actualiza en 2024. Un beneficiario sin cargas familiares pasará de cobrar 502 euros al mes a 563 euros. Para algunos, esa subida del 12% es demasiado. Merz ha propuesto no aplicarla y así ahorrar y ayudar a cerrar la brecha presupuestaria que atenaza a las finanzas públicas alemanas, en crisis después de que una sentencia del Tribunal Constitucional pusiera patas arriba todo el gasto público. “El aumento es excesivo si se tiene en cuenta que quienes la reciben deberían tener un incentivo para incorporarse al mercado laboral”, insiste el líder democristiano. Medios conservadores también dan pábulo a la idea de que en la casa de una familia que viva del bürgergeld entra lo mismo que si uno de los progenitores trabajase por el salario mínimo. En una encuesta reciente, el 64% de los alemanes teme que las prestaciones sociales puedan disuadir de trabajar.