20250613

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En declaraciones a Radio Popular / Herri Irratia, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha valorado positivamente el recién presentado plan industrial Euskadi 2030. “El consejero Industria, Mikel Jauregi, ha invertido mucho tiempo escuchando a las empresas, al sector privado, a los distintos cluster, las distintas realidades, para intentar cohesionar el país y la industria y buscar un objetivo común. Además, vemos que no es un plan exclusivamente del Departamento de Industria, es un plan del gobierno y que el gobierno se lo cree", ha destacado. Tamara Yagüe ha dicho compartir "los ejes principales de más industria, mejor industria y menos emisiones y la forma en la que se plantean esos principales retos y esos proyectos transformadores, que van a estar gestionados 50% por el público y 50% por el sector privado. Algo que venimos defendiendo y sabemos hacer, que es la colaboración público-privada". Por otra parte, Tamara Yagüe también ha reclamado “que se realicen inversiones en las redes eléctricas en Euskadi, para evitar perder proyectos industriales y garantizar potencia para los existentes. Se debe trabajar en la descarbonización de la industria y en la capacidad de redes que tiene Euskadi, porque existe un gran problema". Ver más en Confebask. Escuchar entrevista aquí. 

Multiverse Computing, la firma vasca líder en computación cuántica y modelos de Inteligencia Artificial (IA), anunció ayer una ronda récord de inversión en Euskadi para una ‘start up’ de 189 millones de colaboración público-privada, destinados a escalar su innovadora tecnología de compresión de IA. La empresa, con sede en San Sebastián, apuesta por el desarrollo de CompactifAI, un sistema que permite reducir en un 95% el tamaño de los grandes modelos de lenguaje manteniendo intacta su precisión. Esta ronda de financiación, el proceso a través del que una empresa en fase de crecimiento capta dinero de inversores para financiar su desarrollo, está liderada por Bullhound Capital. En la aportación de 189 millones también han participado HP Tech Ventures, SETT, Forgepoint Capital International, CDP Venture Capital, Santander Climate VC, Quantonation y Toshiba, así como Kutxa Fundazioa, Capital Riesgo de Euskadi –grupo SPRI– y Ekarpen Private Equity. Los 59 millones aportados por el Gobierno central a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) –el organismo conocido de forma coloquial como la ‘SEPI digital’–también forman parte de la operación. Esta financiación pública tiene como objetivo impulsar el desarrollo de tecnologías estratégicas y contribuir a reforzar la autonomía tecnológica europea en un mundo cada vez más competitivo. La cuestión es que los modelos de Inteligencia Artificial de última generación consumen cantidades ingentes de datos y potencia computacional, lo que supone un límite para su uso generalizado, debido a su coste energético y de infraestructuras. Aunque las soluciones tradicionales de compresión lograban reducir el tamaño de estos modelos, lo hacían con importantes pérdidas de rendimiento y precisión. El sistema con el que trabaja la empresa guipuzcoana, en cambio, propone una solución inspirada en la física cuántica que permite identificar redes neuronales y eliminar correlaciones redundantes dentro de los modelos, simplificando su estructura sin degradar su capacidad predictiva. «Hasta ahora se asumía que reducir el tamaño de los modelos de lenguaje significaba sacrificar rendimiento, pero Multiverse está cambiando la idea», resume Enrique Lizaso Olmos, fundador y CEO de la compañía.

«Tenemos talento, pero hay que pensar en grande. Tienes que intentar ser el primero». Son palabras de Enrique Lizaso-Olmos, cofundador de Multiverse Computing, que evidencia una mentalidad destinada a superar las dificultades en el camino hacia el éxito. Y no tiene reparos en desvelar una metamorfosis experimentada al otro lado del charco, en Estados Unidos, donde el objetivo de alcanzar la cima es manifestado de forma natural, sin imposturas, sin vergüenza. El directivo navarro se muestra exultante tras haber conseguido una ronda de financiación externa imprescindible para que el proyecto siga creciendo. «Es un notición, sin duda. No hay precedentes de que una empresa de la ‘deep tech’ –tecnología profunda– haya logrado algo así en Euskadi y a nivel de España sólo está el caso de Glovo», responde desde el otro lado del teléfono. Preguntado por lo que supone esta inyección de dinero, explica de forma didáctica que es una combinación de factores. En primer lugar, pone en valor la tecnología «novedosa» con la que trabaja la firma. Lizaso-Olmos subraya que en estos casos hay que «saber ver dónde se aplica, identificar los puntos». Además, destaca que la aportación monetaria llega en un momento en el que la Inteligencia Artificial está acaparando cada vez más atención en el mundo, desde el ámbito económico hasta el académico pasando por el financiero. «La IA realiza un consumo desmesurado de energía, por lo que es difícil que su implantación sea de forma masiva». En cambio, la aplicación de su tecnología, que permite comprimir los modelos sin que pierda la calidad, supone un salto revolucionario.

La ‘operación Talgo’ por la que un consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, se hará con el control del fabricante ferroviario no termina de cerrarse. Han pasado ya cuatro meses desde que se alcanzó el principio de acuerdo para adquirir el 29,7% del capital por hasta 183 millones y todavía no se ha ratificado. Lo que queda pendiente es cerrar un pacto con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dependiente del Gobierno central, para que conceda un préstamo participativo convertible en acciones de en torno a 150 millones. Pero la negociación de las condiciones no está siendo fácil, según fuentes conocedoras de las misma. Esta implicación de la Sepi es una condición que ha puesto la banca para acceder a la refinanciación de la deuda de la compañía, que asciende a 405 millones de euros, de los cuales 318 millones deben ser abonados en los próximos tres años. El ‘pool’ de 23 entidades financieras exige la fórmula del préstamo participativo convertible porque de esa forma se aportan garantías de solvencia al reforzar los fondos propios. Jainaga ya ha dejado claro que no va a ejecutar su entrada hasta que el esquema de refinanciación esté cerrado y no paran de surgir complicaciones. Primero fue la multa de Renfe de 116 millones de euros por los retrasos en la entrega de 20 trenes del modelo Avril. Entonces ya hubo una negociación muy intensa con el operador público. Constatada por la Abogacía del Estado la imposibilidad de eliminar la sanción, el operador público ofreció no empezar a cobrarla hasta el 2031 y, desde entonces, hacerlo en un plazo de siete años a un tipo de interés del euríbor más el 0,5%. Pero esas facilidades no son suficientes y la banca exige que se refuerce la financiación con apoyo público. Ahí entra la Sepi. Sin embargo, el organismo presidido por María Belén Gualda y adscrito al Ministerio de Hacienda ha tomado una posición dura en la negociación para evitar cualquier sospecha de trato a favor hacia el empresario vasco o el riesgo de que se pueda considerar como ayuda de Estado por la Comisión Europea. 

La batalla judicial por el cierre de Glavista suma otro capítulo más. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el sindicato ELA y ha acordado mantener las indemnizaciones por despido improcedente para los 197 trabajadores de la antigua factoría de Llodio. La sentencia de la justicia autonómica, dictada el pasado 6 de junio, fue notificada ayer a las partes. En ella, el TSJPV estima en parte las peticiones de ELA e insiste en mantener las indemnizaciones por despido improcedente para la plantilla que ya había fijado antes la justicia alavesa: 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades. Se rechaza así la petición de Parter y de Guardian, que habían solicitado rebajar esas indemnizaciones a 20 días por año y, entre otras cuestiones, eliminar las referencias a su mala fe durante el concurso de Glavista. El auto, asimismo, declara la «responsabilidad solidaria» las sociedades de Guardian y las vinculadas al fondo suizo Parter Capital. Las dos deberán asumir el pago de las indemnizaciones a la plantilla del antiguo fabricante de vidrio para automóviles, con un monto de 13,53 millones.

Bizkaia necesitará cubrir 360.000 puestos de trabajo en la próxima década. La mayoría, unos 300.000, están hoy ocupados por la generación del ‘baby boom’, que se jubilará. Otros 60.000 serán de nueva creación para hacer frente a sectores emergentes, como el sociosanitario, el digital, la energía verde, la movilidad, la alimentación o el turismo sostenible, además de la industria, que ya representa una parte importante del PIB vizcaíno. Los datos se extraen del II Plan de Empleo de Bizkaia, presentado ayer por la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, en las Juntas Generales. Laespada defendió el documento como «un instrumento de liderazgo público al servicio del bien común» y definió el empleo como «el principal vector de inclusión social y de sostenibilidad comunitaria». El informe señala que hasta 2035 será necesario cubrir esos 360.000 puestos de trabajo, sobre todo por el envejecimiento de la población. Se calcula que para entonces el 29% de los vizcaínos tendrán más de 64 años. El problema es que el declive demográfico provocará que los jóvenes sólo puedan ocupar «poco más de la mitad» de esos empleos, según expuso Laespada. Un ejemplo: por cada 500 jubilaciones, sólo se incorporan al mercado laboral 194 chavales. «Nos van a hacer falta muchas personas», dijo. Aquí se abren dos vías. Una pasa por reducir la tasa de desempleo, que en estos momentos se sitúa en el 10,6%. Más de la mitad son mayores de 45 años aunque, a partir de los 50, el paro tiende a cronificarse. Afecta en mayor medida a las mujeres y otro rasgo distintivo es que las personas desempleadas tienen, en su mayoría, formación básica. El fomento del empleo juvenil también será clave, toda vez que los menores de 25 años apenas suponen el 4% de la fuerza de trabajo pese a representar el 10% de la población activa. Pero, sobre todo, lo que queda claro es que la inmigración seguirá jugando un papel fundamental. Sin embargo, el plan de la Diputación señala que, hoy por hoy, su inclusión encuentra «barreras importantes» y que su tasa de sobrecualificación supera a la de los autóctonos. También es cierto que el índice de desempleo de la población migrante en Euskadi es una de las más altas de España.

La oferta vasca de FP estrenará en septiembre el ciclo de Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina que impartirá Egibide en Vitoria. Una nueva titulación que surge para formar profesionales de cara al hangar de reparación de aeronaves que levantará DHL en el aeropuerto de Foronda, con 40 millones de inversión, 50 empleos y la previsión de entrar en servicio en 2027. La puesta en marcha de este programa formativo con un grado de empleabilidad del 100%, según vienen destacando desde el área de Formación Profesional del departamento de Educación del Gobierno vasco, ha suscitado un aluvión de solicitudes desde que se abrió la matriculación hace poco más de un mes. La previsión, por tanto, es que se completen de largo las 25 plazas con las que contará el ciclo. No en vano, la demanda supera «con creces» la oferta, según reconocen fuentes del centro formativo alavés. Ahora queda esperar a que Educación dé a conocer el listado de admitidos para este ciclo pionero a nivel autonómico que ha contado con el impulso de la Diputación y Fundación Vital. 

«Detrás de cada persiana que se abre cada día, hay una historia de familia, de constancia, de valor». El comercio local deja huella. No solo por lo que ofrece al otro lado del escaparate, sino por la cercanía, la calidez y el trato personalizado de quienes están al mando. Dan vida a las calles y son el alma de ciudades y municipios. Muchos han conseguido sobrevivir al paso del tiempo gracias a su capacidad de reinvención, a un saber hacer que ha trascendido generaciones –¡los hay con más de 100 años de historia!–. Otros, pese a contar con menos trayectoria, también han sido capaces de sacar su negocio adelante debido a la innovación. El auditorio del Museo Guggenheim de Bilbao acogió el miércoles a las 20.30 horas la primera edición de los Premios Zabalik Sariak, organizados por El Correo en colaboración con BBVA. Los galardones, con forma de corazón y repartidos en nueve categorías, reconocen la labor, el esfuerzo, la tradición y la innovación de los establecimientos que dan vida a nuestra comunidad. El premio al ‘Emprendimiento local’ fue otorgado a La Manducateca, un negocio que ofrece quesos artesanos de distintas partes del mundo. «El día a día es lo más difícil y también lo más bonito. Emprender es algo mágico. Creo firmemente que damos alegría a las personas», destacó María Mora, que recogió el galardón.

A punto de cumplirse un año de la investidura de Imanol Pradales, el próximo día 20, el jefe del Ejecutivo vasco, arropado por todos sus consejeros y frente a 120 invitados de todos los ámbitos sociales elegidos entre aquellos con los que el Gobierno vasco ha interactuado este año en visitas o reuniones, habló de «autocrítica», de «autoexigencia» permanente, de seguir mejorando porque «no hemos hecho todo bien» ni «hemos acertado en todo». En un gesto de lo más inusual, incluso se detuvo a valorar las aportaciones concretas de cada grupo de la oposición y alabó su trabajo porque «nos ayuda a mejorar». El objetivo era evidente, poner en valor la labor de un Gobierno que hace de «la disposición al diálogo y al acuerdo» su «seña de identidad» y conjurarse para mantener a Euskadi alejada del «insulto, la descalificación personal, el mal tono o la polarización». «En ocasiones, también vemos aquí ligeros tics populistas o demagógicos. Debemos evitarlos a toda costa», arengó Pradales, que agradeció que en el debate público vasco se estén manteniendo «las formas y el respeto». «Esta idea es importante porque no todo vale en política», subrayó el lehendakari, que citó, uno por uno, a todos los grupos de la oposición. Al primero, al PP, por su «preocupación por la situación de la industria vasca», que, según dijo, ha contribuido a impulsar el debate sobre el tejido productivo. A Bildu, por su interés en «confrontar modelos» –una manera de decir que el suyo y el de la coalición soberanista son antagónicos– e incidir en el «control público» de la educación, la sanidad o las renovables; a Sumar y a Vox, integrantes del Grupo Mixto, por interpelarle acerca del derecho a decidir –no hubo ni una sola mención más a ello, y silencio absoluto sobre el nuevo estatus–, la situación de la vivienda, la Ertzaintza o el sistema educativo. «Hemos mantenido un debate constructivo, nuestra obligación es escuchar a quien opina diferente y además nos ayuda a mejorar», resumió.

La bomba de relojería del ‘caso Koldo’ estalló finalmente ayer y ha dejado tras de sí a un PSOE devastado ante la evidencia de que también su último secretario de Organización, Santos Cerdán, formó parte de los tejemanejes de la trama corrupta protagonizada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su predecesor en el cargo. El contundente informe de la UCO incluido en el último auto del juez Leopoldo Puente, y cuya mera existencia fue puesta en cuarentena por el partido, deja tan poco lugar a dudas que el propio Pedro Sánchez decidió exigirle la dimisión y la entrega de su acta de diputado en un cara a cara en el Palacio de la Moncloa. Pero, de momento, ahí queda todo. El jefe del Ejecutivo no contempla convocar elecciones hasta 2027, cuando toca, ni tampoco someterse a una cuestión de confianza. Después de más de cuarenta días en silencio –en medio de un tormenta perfecta que ha incluido la decisión de la jueza Beatriz Biedma de enviar a juicio a su hermano, David Sánchez; el escándalo de Leire Díez, la militante socialista que trató de recabar trapos sucios de la UCO, jueces y fiscales relacionados con los casos que afectan al PSOE; o el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz–, el presidente del Gobierno compareció cariacontecido ayer por la tarde en la sede de su formación, en la madrileña calle Ferraz, y pidió ocho veces perdón. «Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán», dijo. Si el clima en el Congreso era ya irrespirable, la caída de Cerdán lleva la legislatura a un grado de tensión extremo. Otra vez manifestaciones a las puertas de Ferraz. Ayer, mientras aún sentado en el escaño el número tres de los socialistas leía en su móvil el informe en el que se detallan los indicios de que amañó obras públicas a cambio de mordidas y el ministro Félix Bolaños trataba de defender su proyecto de reforma de la Justicia, los gritos de «dimisión» de la oposición lo eclipsaron todo. Y aún así Bolaños todavía tuvo tiempo de congratularse de que su iniciativa lograra el apoyo de sus socios habituales. Las contradicciones de un mandato convulso.

Las adjudicaciones de obras bajo sospecha en la trama que atribuye el cobro de mordidas a Santos Cerdán alcanzan los 720 millones de euros. Así se extrae del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que recoge una serie de contratos de obra pública adjudicados por el Ministerio de Transportes a distintas empresas, principalmente a Acciona, con la intervención del que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y el «papel activo» como «mediador» en la gestión de las contraprestaciones económicas del ya exsecretario de Organización del PSOE. Los agentes ubican el inicio de la colaboración entre Koldo García y Cerdán en Navarra en el año 2015, cuando empezó a fraguarse la relación con Acciona a través de Fernando Merino, directivo de la compañía en la zona. Después extendieron su actuación a nivel nacional, primero con el nombramiento de Cerdán como secretario de Coordinación Territorial del PSOE y posteriomente, con Ábalos como ministro de Fomento y Koldo como asesor. Fue entonces cuando se produjo «la adjudicación a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas, así como el presunto cobro de comisiones derivadas de las mismas», según la UCO. La gran adjudicataria en esa etapa fue Acciona, una de las principales empresas de infraestructuras del país, que se llevó contratos por un total de 537.271.005 euros, bien en solitario a través de su filial Acciona Construcción o formando una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con otras compañías. El informe recopila cinco licitaciones: por un lado, la de la Autovía A-68 en Logroño, por más de 92,4 millones de euros; la del Puente del Centenario de Sevilla, por 102,83 millones; y la del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por más de 62 millones; y, por otro lado, dos obras en Murcia para el soterramiento de parte de la red ferroviaria y para la construcción de una plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad por 158,8 y 121,2 millones de euros, respectivamente, ambas de la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Segundo revés para las previsiones económicas de España en solo 48 horas. Después de que el martes el Banco de España rebajara la estimación de PIB al 2,4% este año y al 1,9% el que viene, ayer fue el servicio de estudios de BBVA, a través de su informe ‘Situación España’, el que reveló que la economía del país crecerá un 2,5% en 2025 (tres décimas menos de lo previsto hace solo tres meses) y un 1,7% en 2026 (una décima menos). BBVA Research considera que los aranceles impuestos por la Administración Trump a todo el mundo y la incertidumbre global están afectando a la economía, «condicionando las decisiones de empresas y hogares». En este sentido, los economistas esperan que la expansión vivida en España desde que finalizó la pandemia vaya perdiendo impulso progresivamente. Las previsiones del servicio de estudios son más pesimistas que las del Gobierno, que mantiene que el PIB crecerá un 2,6% este año y un 2,2% el que viene. Aún así, aseguran que el crecimiento de la actividad «sigue siendo sólido» y que la rebaja de previsiones obedece sobre todo a la revisión a la baja de los datos del tercer y cuarto trimestre que ha realizado el INE. Además, la ralentización del crecimiento se explica por un menor dinamismo de la demanda interna. 

El Ejecutivo central ha autorizado ampliaciones del presupuesto ligado a defensa en al menos 7.000 millones de euros en lo que va de 2025, a través de acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros para transferir créditos y emplear el colchón de recursos destinados a las emergencias. La maniobra permite elevar los compromisos vinculados al gasto militar sin rendir cuentas en el Parlamento. La cifra cobra más sentido si se pone en contexto. Representa un incremento del 50% sobre la partida inicial de los presupuestos prorrogados del ministerio para este curso. Si se considera la inversión total en defensa y seguridad, que incluye partidas asignadas a otros ministerios, el alza es igualmente considerable, del 30%, sin contar con los planes de inversión que están sobre la mesa y las autorizaciones para ampliar el gasto militar en el futuro. Estas modificaciones presupuestarias se extraen de la revisión pormenorizada que este periódico ha realizado de todas las referencias de los consejos de ministros celebrados desde principios de año. La primera ampliación de crédito del año se remonta al 11 de febrero: Hacienda concedió un suplemento de 57,4 millones al Instituto Social de las Fuerzas Armadas. A finales del mismo mes, se autorizó otra ampliación. 

El sector de defensa español se está organizando para dar una respuesta conjunta a los miles de millones en proyectos que se avecinan. Indra, compañía tecnológica que aspira a ser ese gran campeón nacional que sea capaz de captar grandes proyectos de defensa, reunió ayer en su sede madrileña de Alcobendas a más de 150 empresas “con el objetivo de establecer el modelo de colaboración con el que responder con la máxima velocidad y agilidad al Plan Industrial de Defensa del Ministerio de Defensa español”, según informó la compañía. Sobre la mesa están los 10.471 millones del programa de defensa que presentó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en abril, para que España alcance el equivalente al 2% del PIB de gasto en defensa este mismo año y así cumplir con sus socios de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Estas compañías reunidas por Indra, entre las que hay grandes empresas, pero sobre todo pymes, startups, universidades y centros de investigación de todo el país, buscan coordinarse para tratar de ver cómo encajar todas en cada uno de los 31 proyectos que aparecen en ese plan gubernamental, denominados como programas especiales de modernización (PEM), que contarán con un total de 3.800 millones. A esto habrá que sumar los fondos que puedan llegar de Europa –que ha anunciado la movilización de 800.000 millones– de cara al rearme del continente frente a la amenaza rusa y el alejamiento de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. “En este contexto, el tejido industrial y de defensa y el talento tecnológico español debe ser la clave para recuperar capacidades que se perdieron que nos permitan situar nuestra industria al menos en el cuarto lugar que tenemos como cuarta economía europea”, aseguró Ángel Escribano, presidente de Indra, frente a este grupo de compañías en un encuentro al que se ha denominado Efecto tractor en el ecosistema industrial de defensa en España.

A la china BYD, fundada en 1995, alcanzar el primer millón de coches le costó 13 años. Pasar de los nueve a los 11 millones, su último hito, lo logró en cuatro meses. Además, en 2024 fue ya la tercera marca del mundo, con 4,25 millones de coches de pasajeros, solo superada por Toyota y VW. No es extraño que sus dirigentes digan que es «un cohete». A la estadounidense Tesla hacía tiempo que no se le conocía un dato tan malo como el del primer trimestre: vendió 337.000 vehículos, un 13% menos y la cifra más baja en un trimestre desde 2022. Y en Europa, mientras el mercado de coches de baterías crecía un 34% hasta mayo, la estadounidense retrocedía un 39% Resultado: si en 2024 BYD se quedó a sólo 20.000 unidades de arrebatar el liderazgo mundial de eléctricos a la compañía fundada por Elon Musk, este año va a pasarle por encima. De hecho, la compañía asiática, podría pasar de los cinco millones de unidades, mientras que para Tesla sería un éxito repetir los 1,8 millones. Aunque en su caso se trata de modelos 100% eléctricos, mientras que BYD –que dejó de fabricar coches puros de combustión en 2022– comercializa también híbridos enchufables. Suponen un 60% del total. Esta variedad es una de las claves de un éxito –y esto es un aviso a navegantes– que hoy sólo requiere de China, que este año engullirá el 85% de su producción global. BYD lidera aquel mercado desde 2023, cuando acabó con décadas de reinado de Volkswagen.

Figueruelas, una localidad zaragozana de 1.200 habitantes, que en las últimas cuatro décadas ha crecido en torno a la industria del automóvil que originó la alemana Opel se prepara para recibir a 2.000 trabajadores chinos encargados de montar la infraestructura donde CATL, en alianza con Stellantis, instalará su gigafactoría de baterías eléctricas, un sector que lidera a nivel mundial. La contratación se hará, según explicó el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, amparándose en la Ley de Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, que se diseñó para «facilitar la entrada y permanencia en España de personas no comunitarias con características especiales, principalmente para empresas y organismos que las requieren por razones de interés económico». La expectación puede ser similar a la de 1982 con el fabricante alemán pero las circunstancias han cambiado. Si en torno a la fábrica de Opel que después absorbió Stellantis se creó todo un ecosistema industrial de trabajadores y proveedores que crecieron a su rebufo, ahora todo es misterio. Ni sindicatos ni proveedores conocen en qué términos se desarrollará la nueva etapa. China, que en los últimos 20 años ha asimilado todo el conocimiento industrial de los fabricantes occidentales que se instalaron el país para ponerse en vanguardia del vehículo eléctrico, guarda con celo sus conocimientos industriales. La de CATL es la mayor planta de este tipo que habrá en Europa, con una inversión prevista de 4.100 millones de euros y una capacidad instalada que podría llegar a los 50 gWh. El proyecto se desarrollará a través de una joint venture (colaboración entre dos empresas) al 50% y la intención es que la planta esté en funcionamiento a finales de 2026, cuando será capaz de comenzar a generar hasta 3.000 puestos de trabajo. Hasta entonces, la instalación corre a cargo de China. CATL seleccionará de entre sus 100.000 trabajadores a aquellos que reúnan los conocimientos necesarios para levantar la fábrica y ponerla en funcionamiento; perfiles que, debido a la complejidad y sofisticación de sus máquinas y herramientas, no pueden encontrar en España. 

Orange, la multinacional francesa de telecomunicaciones, está trabajando con Banco Santander y Lazard para diseñar la oferta con la que pretende convencer a Providence, KKR y Cinven para adquirir el 50% del capital de Masorange que no controla, en una operación que se podría valorar en una horquilla entre 5.500 y 6.500 millones de euros. Orange tiene previsto convocar un comité estratégico en julio en el que se decidirán las líneas maestras de la compañía. Por tanto, el mercado espera que sea después de ese comité cuando aclare definitivamente si decide seguir adelante con la operación de compra del 50% de Masorange, según señalan fuentes conocedoras de la situación. En ese caso, previsiblemente, solicitaría a su contraparte que se aplace el momento de apretar el botón de inicio de la prevista salida a Bolsa, un proceso que se podría iniciar desde el 26 de septiembre. Masorange es fruto de la fusión de la filial española de Orange y de MásMóvil y su accionariado está repartido en dos: un 50% lo controla la teleco francesa a través de la filial Orange Participations UK Ltd; y el otro 50% es propiedad, por medio de varias filiales, del hólding instrumental Lorca Midco Ltd. Los accionistas que controlan la mitad de Masorange a través de la sociedad instrumental Lorca son los fondos estadounidenses Providence, con un 14,8% del capital, y KKR (13,4%), junto con el británico Cinven (12,1%); así como la familia Ybarra Careaga (2,6%); José Eulalio Poza (2,6%); Meinrad Spenger, el CEO de Masorange (2,8%), varios directivos, con un 1%, e Inveready, con un 0,7%.

A medida que se van desentrañando los detalles de la problemática del absentismo en España, toma mayor relevancia la negociación que el Gobierno ha puesto en marcha con la patronal y los sindicatos en materia de incapacidad temporal y permanente. Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de abordar una estrategia de incorporaciones graduales que busca mejorar la salud y la recuperación de los trabajadores. Pero la cuestión se aborda en un contexto en el que el coste del absentismo es una losa creciente tanto para las empresas como para el Estado, hasta el punto de que el Banco de España ha situado la cuestión como uno de los principales puntos de tensionamiento del mercado laboral. Desde la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo, AMAT, han actualizado las cifras del coste asociado en un estudio en el que se pone de relieve, junto a Confemetal, la notable repercusión sobre el sector industrial. Según la patronal el coste directo para las empresas y las mutuas por las prestaciones de las bajas laborales con cargo a estas entidades ascendió en 2024 a 18.174 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a 2023 del 16,3% (2.545 millones más) y del 61% (6.883 millones más) respecto a 2021. Si a estas cifras se le suman las del impacto también creciente de los costes asociados a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la factura anual para empresas y mutuas asciende a más de 20.300 millones de euros anuales. 

Las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han presentado al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de revisión del calendario nuclear, que supone mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un aumento de los plazos intermedios previstos. Así, según fuentes próximas al Gobierno, la propuesta incluye, entre otras, la intención de solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la prórroga hasta 2030 de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, solicitud que deberán formalizar antes de marzo de 2026 (todo el complejo cerraría ese año, pese a que la caducidad de los grupos está prevista para 2027 y 2028, respectivamente). En marzo del próximo año es la fecha límite para pedir la renovación del permiso de explotación de Almaraz, un año antes del cierre definitivo que figura en la orden ministerial en la que se sustanció el acuerdo de marzo de 2019 entre las compañías propietarias del parque nuclear y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y por el que se fijó un calendario ordenado de cierre de las siete plantas, que comienza con Almaraz y concluye con el de Trillo, en 2035, y a medio camino, el de Ascó I y II, Vandellós y Cofrentes. El anuncio de que Iberdrola (con un 52,7% del capital), Endesa (el 36%) y Naturgy (el 11,3%), solicitarían la prórroga de Almaraz ha hecho creer que habrían renunciado a su insistente petición de una rebaja de las cargas fiscales que soportan las centrales, como la desaparición del impuesto sobre el combustible nuclear gastado; el del 7% a los ingresos por cualquier tipo de generación (y que por tanto, afecta a todo tipo de plantas) y un recorte de la tasa para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales, de los que se ocupa Enresa. Por el momento, según fuentes del sector, las empresas están dispuestas a renunciar a su pretensión de rebaja de la tasa Enresa. 

La belicosa irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca para un segundo mandato no ha desalentado a las compañías españolas presentes en Estados Unidos. Pese a señalar como su principal preocupación la guerra arancelaria que ha desatado el presidente estadounidense, dos de cada tres empresas de España con operativa en EEUU prevén incrementar sus inversiones y plantilla en el país, ocho de cada diez confía en ver aumentada su facturación en dicho mercado, que se consagra como el principal destino de la inversión exterior de España, y apenas un puñado se plantea abandonar la plaza. Así lo refleja el primer Barómetro sobre el Clima y las Perspectivas de la Inversión Española en Estados Unidos, publicado por la Cámara de Comercio de España, que ha elaborado Afi (Analistas Financieros Internacionales), con el patrocinio de BBVA y Repsol, y que fue presentado ayer en Houston (Texas) por el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo. “El Barómetro confirma el compromiso de nuestras empresas y su apuesta por el mercado norteamericano, el más relevante para nuestro país fuera de la UE. Desde el Gobierno queremos acompañarlas en esta apuesta y adaptamos nuestras políticas para atender esas necesidades cambiantes, en el marco del plan de relanzamiento comercial”, destacó Cuerpo durante un acto con 170 empresas el que ha sido su tercer viaje a EEUU en solo dos meses, con el objetivo declarado de mostrar “el apoyo institucional a las empresas españolas” ante “la creciente incertidumbre y volatilidad internacional”.

Las tensiones comerciales suben de tono y los mercados acusan el golpe. Con los inversores digiriendo aún un acuerdo entre China y EE UU que carece de detalles, el presidente de EE UU, Donald Trump, ha asegurado que prevé informar a sus socios comerciales de los nuevos aranceles que entrarán en vigor a partir del 9 de julio, fecha en la que expira la actual tregua. La divisa estadounidense está en el punto de mira desde la investidura de Trump, presionada por los aranceles y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. Ayer perdió más de un 0,5% en su cruce frente al euro y durante la sesión llegó a tocar la cota de los 1,16 dólares. Con este movimiento, el billete verde perfora los mínimos registrados tras el órdago proteccionista de principios de abril y se sitúa en niveles desconocidos desde noviembre de 2021. Mientras crece la desconfianza sobre la capacidad de la economía de EE UU de resistir al proteccionismo y la recesión sigue planeando sobre la primera economía del mundo, la zona euro se ve impulsada por las expectativas de mayor gasto público en Alemania. “El comentario [de Donald Trump] sugiere una nueva escalada en las tenla siones comerciales de cara a la fecha límite, lo que resulta especialmente preocupante para los inversores ante la falta de avances significativos con los principales socios comerciales”, advierten los analistas de MUFG. Desde la entidad japonesa recuerdan que el único acuerdo cerrado hasta ahora ha sido con el Reino Unido, mientras que el pacto alcanzado esta semana con China es ambiguo y corre el riesgo de venirse abajo.

Estados Unidos se encuentra en alerta máxima ante un posible ataque de Israel sobre Irán con carácter inminente. El Departamento de Estado ha autorizado la evacuación del personal no esencial de la embajada en Irak y de las familias de los funcionarios empleados en las legaciones de Baréin y Kuwait, mientras el Pentágono ha organizado la salida de los allegados de los militares estadounidenses desplegados en todo Oriente Medio. La oficina británica, que analiza los riesgos para el tráfico marítimo comercial en la región, avisó por otra parte a los buques que navegan por esas aguas que extremen las precauciones en el Estrecho de Ormuz y los golfos Pérsico y de Omán ante el aumento de la tensión prebélica. Washington mantiene a 40.000 efectivos en la zona, tanto en tierra como en grupos de combate navales. Su Gobierno ha recibido la confirmación de que el ejército hebreo está «totalmente listo para lanzar una operación» sobre su tradicional enemigo. Y lo mismo sucede con el régimen iraní, al que un país regional «amigo» le informó ayer de una posible ofensiva, cuyo objetivo sería «influir en Teherán y hacer que cambie su posición sobre sus derechos nucleares». Donald Trump justificó en este tipo de alertas la decisión de su gabinete de retirar a buena parte de su personal, pero envió a Benjamín Netanyahu un mensaje claro: No atacar. «Estamos bastante cerca de lograr un acuerdo aceptable» sobre la regulación nuclear en el país de los ayatolás, de modo que «no quiero que actúen porque creo que eso lo echaría todo a perder. Podría ayudar, pero podría arruinarlo», añadió, bajo la advertencia de que una guerra entre los dos países desencadenaría un «conflicto masivo».