20250610

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Ejecutivo autonómico tiene previsto aprobar esta mañana, en la reunión del Consejo de Gobierno, un nuevo paquete de ayudas dirigido a las empresas vascas más afectadas por los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump. Según explican fuentes del Departamento de Hacienda a este periódico, se trata de un conjunto de «líneas financieras específicas» orientadas a respaldar a compañías con una «relación comercial prioritaria» con el mercado estadounidense, cuya actividad se ha visto directamente perjudicada por las nuevas barreras arancelarias. Este nuevo programa de apoyo, cuya dotación económica aún no ha sido detallada oficialmente, se plantea como un complemento a los 2.000 millones de euros anunciados por el lehendakari Imanol Pradales el pasado abril, dentro de su estrategia de estímulo económico. Aquel fondo tenía como objetivos fundamentales respaldar a las pymes mediante avales financieros, reforzar la protección laboral de trabajadores en situación de ERTE y facilitar la internacionalización del tejido productivo vasco, promoviendo la búsqueda de nuevos mercados como el asiático y el latinoamericano ante la creciente incertidumbre derivada de la inestabilidad geopolítica y comercial global. Con este nuevo paso, el Ejecutivo autonómico quiere blindar la competitividad de las empresas más expuestas a los vaivenes del comercio internacional, en un contexto en el que las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea vuelven a trasladarse al terreno económico y que sectores como el acero y el aluminio sufren ya unos aranceles del 50%. Estos gravámenes, junto al 25% que golpea a todo el sector de la automoción, amenazan con arrastrar a la industria vasca –ya golpeada por la ralentización de Francia y Alemania– hacia un nuevo episodio de recesión.

En un contexto que definió de máxima incertidumbre y “extraordinariamente complejo”, Escrivá avanzó que el Banco de España ha revisado significativamente a la baja su pronóstico para el PIB español en 2025, hasta el 2,4%, tres décimas menos que en el informe de marzo, y en una décima el de 2026, que ahora se sitúa en el 1,8%. El propio gobernador ya había anticipado el 9 de abril que “tendremos que revisar a la baja las previsiones de crecimiento” por el órdago arancelario lanzado por Trump. El supervisor sigue así la estela de organismos como la OCDE, que el pasado 3 de junio recortó también al 2,4% su previsión de crecimiento para España, o la Airef, que, algo más pesimista, la rebajó al 2,3%. Así, las previsiones se sitúan ya varias décimas por debajo del 2,6% que todavía sostiene el Gobierno para 2025. El tijeretazo del Banco de España se produce después de que el dato de PIB del primer trimestre avanzado por el INE corroborase la desaceleración del ritmo de crecimiento, con un avance trimestral del 0,6% entre enero y marzo, frente al 0,7% de los dos trimestres anteriores. Un enfriamiento que estaría teniendo continuidad en el segundo trimestre por efecto esencialmente de “la menor contribución del sector exterior”, que ha provocado que el ritmo de crecimiento se haya desacelerado desde tasas superiores al 3% a una “tasa cercana al 2,5% en el primer semestre”, señaló Escrivá. Esto es, aunque la exposición comercial directa de España a EEUU es acotada, los efectos indirectos pueden ser notables por la vía del castigo que la guerra arancelaria de Trump puede infligir a sus socios comerciales, a lo que se añade el posible impacto combinado de la elevada incertidumbre y de un posible contagio y amplificación de los daños a través del canal financiero. 

Euskadi ha movilizado 3.673 millones provenientes de los fondos Next Generation al cierre de marzo, 199 millones más que en el trimestre anterior, gracias en buena a parte a la «competitividad excepcional» de su tejido empresarial. Durante su habitual comparecencia para rendir resultados sobre la evolución de esta financiación europea, puesta en marcha para combatir los efectos de la pandemia y que seguirá operativa hasta finales del próximo año, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, detalló ayer que la mayor variación en su nivel de ejecución se ha registrado en los proyectos de renovación y construcción de centros residenciales (38 millones), movilidad sostenible (9,3), impulso a la Formación Profesional (8,5) y planes de ciencia, tecnología e innovación (4,9). «Estos resultados demuestran la solidez del modelo vasco», defendió. Torres puso ayer en valor la rapidez con la que estos fondos se están atrayendo hacia EuskadiDel total del dinero movilizado, 1.299 millones han sido gestionados a través de la administración autonómica y otros 2.075 millones proceden de forma directa por parte del Estado. Se trata, en este caso, de una aportación a proyectos industriales, principalmente en los conocidos como planes estratégicos (PERTE). Además hay 299 millones procedentes de licitaciones ganadas por empresas vascas en otras comunidades autónomas.

La tecnológica donostiarra Multiverse Computing, uno de los actores más punteros en software cuántico y en inteligencia artificial eficiente de Europa, creará más de 300 empleos directos en San Sebastián como parte de su plan estratégico hasta 2029, según ha podido confirmar este periódico, tras la inyección estatal de 59,2 millones en la compañía. Además, la operación también supondrá la creación de más de 1.000 empleos indirectos en Donostia. Aunque ese es el horizonte temporal que marca el plan de negocio actual, las contrataciones comenzarán «bastante antes», impulsadas por la presión competitiva del mercado internacional y el crecimiento de la empresa en sus áreas clave. Esta inversión se enmarca, además, dentro de una ronda de financiación «sensiblemente mayor» que se dará a conocer en las próximas semanas. El núcleo de esos nuevos empleos se ubicará en la sede de Miramón, donde ya trabajan un centenar de los 160 empleados globales de la firma. Sin embargo, la empresa no descarta que parte de las nuevas incorporaciones se orienten a reforzar sus oficinas internacionales —como Toronto, Londres, París, Múnich, Milán o San Francisco— para crecer en mercados estratégicos. La creación de empleo será posible gracias, en parte, a la aportación estatal de 59,2 millones confirmada ayer por parte de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la ‘Sepi digital’.

CAF ha firmado a principios de este mes un acuerdo marco con la constructora de Malasia (Gamuda Berhard) para el suministro de hasta 23 tranvías Urbos que irán destinados a dar servicio en las líneas de Xidong y Keelung en Nuevo Taipei, operados por su organismo de transportes Rapid Transit Systems Department y que está valorado en hasta 200 millones. Según informa la firma beasaindarra, el contrato incluye además el suministro de repuestos, equipos de depósito, así como un simulador de conducción. Se trata del segundo proyecto de CAF en Taiwán tras la ejecución del proyecto integral de la que fue la primera línea de tranvía del mundo totalmente libre de catenaria en la ciudad de Kaohsiung, en el sur del país. La empresa guipuzcoana destaca que dicha adjudicación demuestra además «la capacidad tecnológica e industrial tanto de CAF como del grupo constructor malayo para lograr proyectos de movilidad de una gran exigencia y alto valor añadido, consolidando su trayectoria y la confianza que las autoridades taiwanesas les otorgan en base a su experiencia y competencia de ejecución». New Taipei City es el mayor municipio del país con cerca de 4 millones de habitantes, y el proyecto forma parte de una importante iniciativa de infraestructuras que se está llevando a cabo en el área metropolitana de Nuevo Taipéi para satisfacer la creciente demanda de transporte ferroviario en la zona. En concreto, esta primera línea Xizhi-Donghu (Xidong) será una línea de cerca de 6 kilómetros de recorrido, totalmente elevada, con seis estaciones y depósito de unidades, incluyendo el suministro del material rodante y los sistemas necesarios para la operación.

El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, se reunió ayer con el lehendakari, Imanol Pradales, para entregarle el estudio anual que recoge el impacto económico generado por el banco y sus fundaciones accionistas –BBK, Kutxa y Vital–. Una parte importante de esta aportación es la fiscal, ya que el grupo es uno de los principales contribuyentes a las arcas públicas. Así, el año pasado abonó tasas e impuestos por importe de 340 millones de euros en el País Vasco, un 52% más que el año anterior. En el conjunto de España la cifra llegó a 646 millones. El informe, elaborado por Ceprede, hace referencia al ejercicio 2024. Según fuentes de Kutxabank, ese fuerte incremento del 52% en la aportación fiscal se explica por las mayores retenciones en el IRPF –a causa del alza de los salarios– y en los rendimientos del capital mobiliario. En el conjunto de España también influyó el incremento del impuesto a la banca, que sin embargo Kutxabank no tendrá que pagar este año porque las diputaciones aún no han regulado el nuevo tributo de carácter permanente aprobado por el Estado. Kutxabank destaca que, de acuerdo con estos datos, por cada 100 euros de resultado antes de impuestos (713,8 millones de euros) «destina más de 47 al pago de impuestos, tasas y contribuciones». Afirma también que su aportación directa es «superior a los presupuestos anuales de Hacienda y Finanzas; Economía Trabajo y Empleo y Turismo, Comercio y Consumo». A la contribución fiscal directa se suman, según sus cálculos, 3.707 millones de euros derivados de la actividad generada con su financiación y su cadena de valor. Recuerda, en este sentido, que es el banco líder en Euskadi con cerca del 40% de cuota de mercado en hipotecas y del entorno del 30% en crédito, además del 50% en segmentos como las EPSV individuales o la gestión de pensiones domiciliadas.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anunció ayer que el organismo que dirige está a punto de cerrar un acuerdo clave para el impulso definitivo del interconector eléctrico entre España y Francia a través del Golfo de Bizkaia, una de las infraestructuras energéticas más estratégicas del sur de Europa. «Estamos ultimando en este momento un acuerdo de financiación para el interconector eléctrico entre España y Francia, que espero podamos firmar en los próximos días», afirmó durante un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. Aunque no ofreció más detalles, se refería al proyecto que conectará la subestación vizcaína de Gatika con la localidad francesa de Cubnezais, en la región de Aquitania. Se trata de una interconexión submarina de 370 kilómetros de longitud que añadirá 2.200 megavatios de capacidad de intercambio, lo que elevará el total entre ambos países hasta los 5.000 MW, un salto importante –aunque no suficiente para cumplir los objetivos europeos– frente a los 2.800 actuales. La infraestructura, basada en tecnología HVDC (corriente continua de alta tensión), se construye a través de un enlace submarino de 300 kilómetros y con estaciones conversoras en ambos extremos para minimizar pérdidas y reforzar la estabilidad del sistema. El coste del proyecto se ha disparado: de los 1.750 millones de euros estimados en 2020 ha pasado a más de 3.100 millones en 2025, debido al encarecimiento de materiales como los cables HVDC y los equipos de conversión, así como a las tensiones globales en la cadena de suministro. El BEI, junto a los operadores Red Eléctrica (REE) y RTE, su homóloga francesa, y con apoyo del Mecanismo Conectar Europa (CEF), está implicado en la financiación del proyecto, que tiene prevista su puesta en marcha a finales de 2028.

Mientras avanza la interconexión del Golfo de Bizkaia, otros dos grandes proyectos entre España y Francia, algo menos conocidos, están en fase de planificación avanzada. Se trata de los corredores Navarra–Landes y Aragón–Marsillon, ambos reconocidos como Proyectos de Interés Común (PCI) y promovidos conjuntamente por Red Eléctrica (REE) y RTE (Francia). El proyecto Navarra–Landes contempla una interconexión soterrada en corriente continua (HVDC) de 2.000 MW, que conectará el área de Pamplona con la localidad francesa de Cantegrit, en el suroeste del país. Parte de su trazado será, probablemente, subterráneo, con estaciones conversoras en ambos extremos, y su coste ha pasado de 1.470 millones de euros en 2020 a 2.609 millones en 2025. La entrada en operación está prevista entre 2035 y 2036, aunque las estimaciones aún pueden variar. Por su parte, el proyecto Aragón–Marsillon, plantea una solución técnica similar. Previsto como una interconexión HVDC enterrada a través del Pirineo central, conectará el sur de Aragón con la región francesa de Marsillon. Su coste ha aumentado de 1.170 millones a 2.372 millones de euros, y aunque todavía está pendiente de tramitaciones bilaterales, su puesta en marcha no se espera antes de 2041.

La caída en el índice de natalidad obliga al Departamento de Educación del Gobierno vasco a maniobrar para evitar que decenas de colegios languidezcan por la falta de alumnos. La consejería que lidera Begoña Pedrosa augura «muchas» fusiones entre distintos centros públicos en el futuro próximo y ya trabaja con los equipos directivos para organizar su integración. El delegado territorial en Bizkaia, Iñaki Orbe, y el director de Centros y Planificación, Eugenio Jiménez, comparecieron ayer ante la comisión de Educación del Parlamento vasco para dar cuenta de la renovación del mapa escolar de Bilbao y, en última instancia, de todo el territorio. Si bien rechazaron dar fechas o cifras concretas de cuántos centros educativos podrían verse afectados por esta reorganización, como exigía el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese, sí revelaron que trabajan «con muchas comunidades escolares» para anticiparse al descenso en el número de nacimientos. «Se requiere de un trabajo previo discreto», señaló Orbe. Los datos hablan por sí solos. Entre los cursos 2014/15 y 2024/25, las aulas vascas de Infantil han pasado de acoger 94.433 alumnos a 68.114. Es una caída del 28%. Lejos de alarmismos, el departamento lo ve como una «oportunidad» para «ofrecer proyectos educativos públicos sólidos de mayor calidad», en palabras de Jiménez. Procesos, en definitiva, que ayuden a «redefinir las necesidades del alumnado, combatir la segregación escolar y garantizar la calidad educativa». Ya existen precedentes. 

El euskera se confirma definitivamente como un tema central de la política vasca que sin duda marcará la agenda en lo que resta de legislatura. Imanol Pradales lanzó ayer su iniciativa para lograr un «acuerdo amplio» en torno a los principios y ejes para la revitalización de la lengua en las próximas décadas. El lehendakari se da hasta 2027 para conseguirlo, pero más a corto plazo busca un primer entendimiento entre los partidos –especialmente entre PNV y PSE-EE, socios de gobierno, que mantienen diferencias al respecto– para hallar «soluciones» frente a las sentencias que han tumbado requisitos lingüísticos en la Administración. Un acto en el Azkuna Zentroa de Bilbao al que acudieron agentes de la comunidad euskaltzale, instituciones, partidos y empresas sirvió ayer para desplegar un camino cuya meta pretende ser un «salto cualitativo» para el euskera. La premisa es que la lengua vasca, tras décadas en las que ha visto multiplicarse su conocimiento, se encuentra ante un «cruce de caminos» por las transformaciones sociales y tecnológicas. Y esos cambios, según el lehendakari, precisan de respuestas «actualizadas y adecuadas» que garanticen su futuro. «Si queremos resultados distintos, obligatoriamente tenemos que hacer cosas distintas», resumió. Pradales tiró del componente emocional e histórico para rememorar cómo sus predecesores José Antonio Aguirre y José Antonio Ardanza convocaron en 1956 y 1987, respectivamente, sendos congresos internacionales para «salvar» el euskera y que «gracias a su trabajo, lo consiguieron». Y con esa misma filosofía, en 2027 se celebrará un nuevo foro «grande, heterogéneo y significativo» cuya preparación comenzará en septiembre de este año con la búsqueda de un gran acuerdo no sólo entre los partidos sino con todos los agentes lingüísticos y con la sociedad: «Necesitamos la adhesión e implicación de todos. Consciencia».

En contra del creciente pesimismo sobre el papel de la Unión Europea en la encarnizada batalla por la hegemonía tecnológica que libran China y Estados Unidos –enfatizada aún más tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca–, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, defendió ayer que el continente aún puede revertir su pérdida de competitividad. Negó que Europa sea una estructura en decadencia, aunque admitió que la distancia con los gigantes tecnológicos de Estados Unidos se ha ampliado notablemente en los últimos años. A su juicio, cerrar esa brecha exigirá la creación de grandes actores industriales propios. El presidente de Telefónica, en el foro Objetivo Actualidad, alertó de que la ausencia de grandes compañías tecnológicas propias sitúa a Europa en una posición de «extrema fragilidad» en términos de autonomía estratégica. Murtra vinculó directamente esta debilidad estructural con la creciente dependencia del continente de plataformas, infraestructuras y soluciones digitales desarrolladas fuera de sus fronteras, especialmente en Estados Unidos. Esta situación limita la capacidad de la UE para definir sus propias reglas en sectores clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o los sistemas operativos. Unas áreas que definirán gran parte del poder económico y geopolítico en las próximas décadas. El problema radica, sin embargo, en que Europa lleva décadas dejando pasar este tren tecnológico, delegando su desarrollo en terceros países mientras concentraba su modelo económico en sectores tradicionales. Ahora, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el continente empieza a tomar conciencia del coste de esa inacción. La evidencia es contundente: entre las 25 mayores compañías del mundo, no hay ninguna europea, un reflejo claro de este desequilibrio estructural en la economía digital.

La posible compra de Vodafone España por parte de Telefónica es solo una «especulación», según el presidente de la operadora, que ayer participó en el Foro Objetivo Actualidad. Una operación que llevaría a Telefónica a hacerse con el 46% de la cuota en España, pero que Murtra no quiso comentar: «Operamos con gran sigilo y llevamos en secreto cualquier operación, pero estas especulaciones generan incomodidad y distracción, pero no afectan a nuestra estrategia ni capacidad de acción», señaló Murtra en el foro. Aun así, insistió en que la compañía continuará centrada en los mercados en los que es fuerte –de ahí que hayan dejado el mercado hispanoamericano– y que el foco estará en Europa y en su papel como proveedor de soluciones seguras y competitivas. Hace unos días Bloomberg publicó que Telefónica y MasOrange, las dos mayores operadoras del país, estaban explorando la posible compra de Vodafone España. La compañía, propiedad del fondo británico Zegona desde 2023, es una pieza clave en el sector pese a no estar pasando por su mejor momento financiero.

Las acciones de Telefónica perdieron un 60% de su valor en la etapa del expresidente José María Álvarez-Pallete y en el tiempo que lleva Murtra al frente de la operadora se han revalorizado en un 20%. Sin embargo, ese repunte no oculta que la operadora sigue cotizando en niveles históricamente bajos , lo que la convierte en un objetivo potencialmente atractivo para inversores extranjeros, con capacidad para adquirir participaciones relevantes a un coste relativamente contenido. Esto es lo que ocurrió hace año y medio, cuando el fondo saudí STC irrumpió en el capital de Telefónica con la adquisición de un 9,9% de sus acciones, convirtiéndose en su principal accionista, lo que obligó al Gobierno a intervenir y hacerse con otro 9,97%. La operación, que generó un notable revuelo político y económico en España por el perfil estratégico de la compañía, fue interpretada como un movimiento geopolítico de alcance. Sin embargo, el presidente de la operadora, Marc Murtra, se mostró ayer abiertamente favorable a esa participación, asegurando que está «encantado» con la presencia de STC, al que definió como «un socio industrial con crecimiento». «Solo hace falta ir a Arabia Saudí para comprobarlo», afirmó. Preguntado por las críticas por la intervención de Moncloa en su nombramiento, dijo sentirse respaldado por todos los órganos de Telefónica. «A mí me nombra el consejo de administración por unanimidad y me ratifica la junta de accionistas por el 91% de los votos», remató.

El Ministerio de Seguridad Social busca mitigar el fuerte impacto económico que genera desde hace años el incremento de las bajas laborales y el coste que arrea para las arcas públicas en materia de cobertura de prestaciones por incapacidad temporal. Dejando de lado el impacto que tiene para las empresas y las mutuas colaboradoras, solo la Seguridad Social efectuó en el pasado ejercicio un desembolso por valor de 16.487 millones de euros, lo que supone un 73% más que en 2019, el año anterior a la pandemia. Este esfuerzo requirió, de hecho, la movilización de casi 5.000 millones de euros extra sobre el presupuesto inicial (11.764 millones). En este contexto se enmarca la mesa de diálogo social abierta por el departamento de la ministra Elma Saiz con la patronal y los sindicatos en la que se están explorando medidas para tratar de amortiguar este aumento incesante del gasto asociado a la incapacidad temporal. En una primera propuesta remitida por el Ejecutivo a los agentes sociales, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, íntegramente, la Seguridad Social pone el foco especialmente sobre los procesos de muy larga duración. Es aquí donde pretende agilizar la vuelta al empleo de los trabajadores afectados por una incapacidad, principalmente dando un papel más protagonista a las mutuas. Así, la propuesta plantea tres ejes de actuación: acortar la duración de las bajas, mejorar la gestión de los procesos y favorecer la reincorporación de los afectados. En el primer campo, el Gobierno propone para los procesos por contingencias comunes de menos de 365 días de duración que las mutuas puedan proponer e alta por incapacidad permanente a la inspección médica del INSS, para que la entidad gestora valore si procede o no acordar la iniciación de expediente.

“La litigiosidad tributaria en España es excesiva, tanto en número de reclamaciones como en cuantía de los importes reclamados, en comparación con los países de nuestro entorno, generando costes económicos adicionales y problemas de reputación para los contribuyentes españoles” en general y las empresas en particular, pero también para el propio Estado, advirtió ayer el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la CEOE, señalando que el problema afecta ya a una deuda tributaria de más de 42.000 millones de euros y se ha convertido en un lastre para la economía del país. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas, presentado ayer por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y elaborado por un grupo de 17 expertos que incluyen a catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y otros expertos del ramo. El documento detalla que “la deuda tributaria sujeta a litigios” en España ascendió a 40.421 millones de euros en el año 2022, de los que 10.847 millones correspondían a cobros suspendidos como consecuencia de recursos, y que la cifra se elevó a 42.036 millones en el ejercicio 2023, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria. A la deuda incobrada por parte de Hacienda como consecuencia de los pulsos abiertos con los contribuyentes, se suman 12.145 millones de euros de indemnizaciones que el Fisco debe abonar como consecuencia de sentencias judiciales en su contra, según los últimos cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El sector del automóvil ha dejado atrás unos años 2022 y 2023 dorados, con cifras históricas de rentabilidad, y ahora se enfrenta a un entorno de fuerte competencia por la irrupción de fabricantes chinos, lo que ha provocado el retorno a la guerra del descuento ante una demanda contenida del cliente. El desembarco de las marcas chinas está provocando un cambio en el statu quo del sector, en el que históricamente grupos europeos y estadounidenses eran líderes en ingresos y beneficio. Sin embargo, en el primer trimestre del año, los grupos automovilísticos chinos Geely y BYD fueron los que experimentaron un mayor crecimiento de sus beneficios. Geely multiplicó por cuatro su resultado operativo, hasta 873 millones, mientras que BYD casi lo duplicó, hasta 1.440 millones, según un informe elaborado por EY. Las enseñas chinas están escalando puestos en el ránking de rentabilidad de los grandes grupos mundiales, aunque todavía no han subido al top 5. Toyota lidera el listado en el primer trimestre tras ganar casi 7.000 millones de euros, en línea con el ejercicio anterior. La segunda posición fue para General Motors, con 3.200 millones (-11%), seguido de BMW, que ganó 4.054 millones (-22%). General Motors y BMW desplazaron del podio a la alemana Volkswagen, que ha pasado en un año de la segunda a la cuarta posición, tras lograr un beneficio operativo de 2.873 millones, un 37% menos. Hyundai cerró el top 5, subiendo una posición, con cerca de 2.400 millones (+2%). Entre enero y marzo, solo cinco de entre los veinte mayores grupos automovilísticos mundiales –Geely (+324%), BYD (+90%), Suzuki (+37%), Mitsubishi (+11%) y Hyundai (+2%)– mejoraron su resultado operativo, mientras que las mayores caídas las contabilizaron Nissan (-94%), Honda (-76%) y Ford (-67%).

Figueruelas, la localidad de Zaragoza de 1.273 habitantes que acoge una fábrica de coches de Stellantis, recibirá a 2.200 trabajadores chinos el año que viene, llegados de la mano de la empresa CATL, que levantará una factoría de baterías eléctricas. Bertol, alcalde de Figueruelas, repite la cifra con tanto asombro como preocupación. “Tendremos a 2.200 personas chinas trabajando en la factoría, repito, 2.200 personas”, dice a la Cadena SER de Zaragoza remarcando la magnitud de una llegada que supera con creces su propio censo. Figueruelas, a menos de media hora en coche de la capital aragonesa, tiene 1.273 habitantes empadronados, pero casi los triplicará con la llegada de estos ciudadanos asiáticos el año que viene. Llegarán de la mano de la empresa china CATL, que levantará una fábrica de baterías eléctricas para los coches de Stellantis, con factoría en el mismo término municipal, la Opel de toda la vida. Un auténtico desafío tecnológico, demográfico y social. “Quieren estar lo más cerca posible de la fábrica”, explica Bertol, cuyo Ayuntamiento “ha ofrecido ya varios terrenos disponibles para acogerlos”. Pero la tarea no es fácil en un municipio, como tantos en España, donde apenas hay oferta de viviendas disponible. “La solución pasa por construir casas prefabricadas”, apunta el regidor, que no descarta que se movilicen también en otros municipios limítrofes y con el Gobierno de Aragón, que por aquello de la confidencialidad de estos contratos, prefiere no dar detalles y se remite a un plan que comunicará próximamente.

Si triunfa la opa hostil lanzada sobre Sabadell, BBVA coronará el crecimiento de negocio que viene experimentando en toda España desde la pandemia, aunque no pondrá en peligro el reinado que tiene CaixaBank. BBVA capta más de un millón de clientes cada año en España, el doble que Santander. En total, 11 millones de clientes trabajan con la entidad. En banca de pymes, uno de los segmentos más rentables, ha ganado cuota en todas las Comunidades Autónomas desde 2021. Solo cede posiciones en Murcia y en la Comunidad Foral de Navarra. A nivel nacional controla entre el 10% y el 20% del mercado en esta actividad. Por el contrario, Sabadell ha perdido terreno en todos los territorios, según las estadísticas del Banco de España, las que ha tomado como base la Autoridad de Competencia para analizar la opa hostil de Sabadell. Es especialmente significativo el crecimiento de BBVA en Andalucía, porque se ha producido a contracorriente de lo que sucede con el resto de cinco grandes bancos, incluido el malagueño Unicaja, que se ha resentido de la guerra de poder con Liberbank. Sabadell alega que su pérdida de cuota en pymes desde la pandemia se circunscribe a 2023 y está muy condicionada por el traspaso de una cartera de 4.000 millones de euros al segmento de empresas para darles un servicio más prémium.

La publicación del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la opa de BBVA sobre Banco Sabadell ha revelado las opiniones del resto de entidades financieras. En concreto, tanto sus dos principales competidores, Santander y CaixaBank, como otras muchas entidades de tamaño más reducido (como Bankinter, Abanca, Ibercaja o Kutxabank, entre otros), se declaran preparadas para captar clientes al calor de la opa, si esta se lleva a cabo. Es lo que se conoce en el mercado como sinergias negativas, es decir, los clientes que deciden cambiar de banco presionados por la operación. Se trata de uno de los principales riesgos que afronta la transacción. En el cerca de un año que se demoró la investigación de la CNMC sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, la institución que preside Cani Fernández realizó dos test de mercado. Después del primero, decidió ampliar el análisis a una segunda fase. Meses después, realizó una nueva consulta, en la que se pusieron a prueba la lista de compromisos que presentó BBVA. La mayoría de los contactados para participar en los test de mercado fueron bancos y fintech, si bien fuera de ese ámbito se incluyó a asociaciones empresariales vinculadas a las pymes (como Cepyme, la catalana Pimec y Conpymes), la de autónomos ATA, la patronal CEOE, Cecot, la Cámara de Comercio de Alicante y el Consell de las Cámaras de Cataluña, así como a asociaciones de consumidores como Asufin y Adicae. Las opiniones de los principales bancos están más en la línea de BBVA que de Banco Sabadell, al menos a la hora de abordar el papel de la entidad vallesana en el segmento de pymes. 

El Tribunal Supremo, por vía de uno de sus jueces instructores y a la espera de los previsibles recursos, adoptó ayer una decisión sin precedentes en la historia democrática del país que sacude nuevamente una legislatura en zozobra, en buena medida, por los encausamientos que afectan al presidente Sánchez y su Gobierno. El magistrado Ángel Hurtado, encargado de las diligencias abiertas al fiscal general del Estado, en su condición de aforado, por una presunta revelación de secretos vinculada a la filtración de un correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto punto final a ocho meses de imputación elevándola a procesamiento. O lo que es lo mismo, Álvaro García Ortiz se asoma al banquillo de la Sala de lo Penal del alto tribunal acusado de haber sido el brazo ejecutor de una filtración cuya autoría fáctica Hurtado sitúa en «Presidencia del Gobierno» con el objetivo «político» de dañar a una adversaria, la jefa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El sistema institucional español se enfrenta así a un desafío desconocido, toda vez que el fiscal lo encarará sin renunciar a su cargo y con el Gobierno avalándolo. En el auto de 51 páginas hecho público este lunes, Hurtado pide que se abra juicio a García Ortiz por revelación de secretos –que puede llegar a castigarse con hasta cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación– al entender que hay indicios suficientes de que él fue el cauce para una supuesta operación delictiva al entrar en «una dinámica frenética», siguiendo las «indicaciones» de la Presidencia de Gobierno, a fin de dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto a la pareja de Ayuso; y desvelando para ello el ‘mail’ del abogado de Alberto González Amador en que apuntaba a la admisión por su cliente de dos delitos fiscales a cambio de eludir una pena de prisión. Una revelación ilícita, según el instructor, en la que García Ortiz contó con la cooperación de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también procesada.

Dos delegaciones de alto nivel enviadas por los gobiernos estadounidense y chino se reunieron en el palacete de Lancaster House, en plena corte de St. James (el centro histórico del poder), en la capital británica, para tratar de resolver la disputa bilateral sobre aranceles y, sobre todo, sobre el suministro chino de tierras raras, imprescindibles para la fabricación de todo tipo de productos tecnológicos y de las que Pekín mantiene un cuasi monopolio mundial. Las tensiones entre ambos colosos sobre las restricciones que impone China a la exportación de esos materiales amenaza no solo la relación económica entre los dos países, sino también las cadenas globales de suministro y el crecimiento mundial. A la cita londinense, por parte de Washington, acudieron el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y Jamieson Greer, representante de Comercio Internacional de la Administración de Donald Trump, quienes ya estuvieron en Suiza. Se les sumó en esta ocasión el secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuya cartera es responsable de los controles a las exportaciones estadounidenses, un indicador de la trascendencia que han adquirido las conversaciones.

Entrevista con Kenneth Rogoff (Rochester, Nueva York, 1953), profesor de Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y uno de los investigadores en el área de macroeconomía, tipos de cambio y crisis financieras más prestigiosos de Estados Unidos. "Trump está siendo un tirano, quiere intimidar a Harvard y está castigando a los estudiantes extranjeros. Es absolutamente indignante. Es la peor de todas las cosas que le ha hecho a Harvard, junto con la retención de fondos o el aumento de impuestos. Esto es sólo castigar a personas inocentes y hace mucho más daño a Harvard y a EEUU que cualquier otra cosa. En primer lugar, nuestros estudiantes extranjeros son muchos de nuestros mejores estudiantes y a menudo se quedan en el país porque encuentran nuestras empresas más innovadoras, en la cima de la medicina, del sector tecnológico... Este es nuestro modelo de negocio: captamos a los mejores del resto del mundo y los integramos , y la idea de bloquear eso creo que una de las peores cosas que ha hecho no sólo a Harvard sino a los EEUU, peor que la guerra arancelaria...Habrá enormes consecuencias. Aunque veremos qué pasa, porque la política de Trump puede ser una cosa hoy y otra diferente mañana. Él sabe que está mal. De hecho, hace solo dos meses dijo que concedería la tarjeta de residencia a cualquier extranjero graduado en una universidad estadounidense. Está claro que tiene ese apodo, ‘taco’ [siglas en inglés de «Trump siempre se echa para atrás»], lo cual le duele porque es cierto: no ha conseguido nada de Putin; a menos que Israel bombardee Irán, lo cual no sé si ocurrirá, Irán pronto tendrá una bomba nuclear y Trump no está haciendo nada; en China, no ha conseguido nada; y tampoco va a conseguir nada de Europa. Trump está socavando el Estado de Derecho, el poder blando, el sistema universitario. Está causando un daño que no se podrá revertir. Puede que en 2028 tengamos al presidente más maravilloso, pero nuestra gente no ha cambiado. Hay ira. Los mismos votantes a los que Trump recurrió siguen ahí. La mayor parte de lo que está haciendo es muy populista, así que creo que el daño será duradero. Una de las razones por las que el dólar es dominante es porque estamos seguros. Si eres español y compras un apartamento en Nueva York, no te lo vamos a quitar... pero ahora, ¿quién sabe? Está debilitando el sistema judicial, así que ya veremos qué pasa al final, pero el daño que está haciendo es muy profundo..."

Tras días de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la patrulla de inmigración ICE, la ciudad de Los Ángeles se enfrentó ayer a una cuarta jornada de protestas marcada por el duelo entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente del país, Donald Trump, que pide su detención. Las tensiones entre el Estado de California, de mayoría demócrata, y el Gobierno federal, republicano y ultraconservador, escalaron mientras el enfrentamiento entre Newsom y Trump derivaba en una acalorada disputa en tiempo real en las redes sociales. Newsom calificó el hecho de que el líder republicano pidiese su arresto como «un paso inconfundible hacia el autoritarismo» y añadió que «esta es una línea que no podemos cruzar como nación». El presidente, por su parte, aseguró que la detención del gobernador «sería algo estupendo». La discusión había llegado al ámbito personal durante el fin de semana, cuando Newsom llamó a Trump «frío, mentiroso, temerario e inmoral», y amenazó con demandar al Gobierno federal por movilizar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles sin su consentimiento. En una entrevista en MSNBC, el gobernador desafió a los agentes federales a arrestarle después de que Tom Homan, colaborador del presidente al que llaman ‘el zar de las fronteras’, prometiera detener a todos los que impidieran la aplicación de la ley de inmigración. Newsom suena como candidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2028. La Policía de Los Ángeles declaró ayer el centro de la ciudad área prohibida para cualquier tipo de asamblea y emitió una alerta por la mañana a través de los teléfonos celulares para instar a los manifestantes a abandonar el Centro Cívico, mensaje que repitió en las redes sociales.