20250604

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Nuevo techo histórico. Por segundo mes consecutivo Euskadi marca un récord de cotizantes y alcanza en mayo 1.029.149 afiliados, después de sumar 9.936 durante el último año. Así lo recoge la estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La dinámica no es nueva. El año pasado abril y mayo también fijaron nuevas cotas con el empuje de los sectores que ya son habituales: la construcción, el transporte y almacenamiento o la hostelería, que en los últimos doce meses han incorporado más de un millar de trabajadores. El alza de la hostelería parece imparable. Desde mayo de 2019 (previo a la pandemia) ha crecido en más de 5.000 trabajadores. Por contra, la industria manufacturera se ha dejado 200 afiliados en el último año y 1.500 en la comparativa con hace seis años. En todo caso, el mes pasado las mayores subidas se dieron en actividades relacionadas con la sanidad, con casi 2.500 trabajadores más, y educación, con 1.800. Por su parte, los datos del paro sacan pecho de su comportamiento en mayo. El mes terminó con 1.763 desempleados menos que hace un año, una caída del 1,66% que salda su cifra total en 104.649 demandantes de empleo. En este caso la caída suma ya ocho meses consecutivos, según los registros del Servicio Vasco de Empleo Lanbide, que también destaca la firma durante el pasado mes de 61.766 nuevos contratos en el País Vasco de los que un 21% fueron indefinidos.

El mercado laboral da muestras de una ralentización paulatina, debido tanto a las turbulencias en la economía global como a la dificultad para cubrir determinadas vacantes. Y ello, a pesar de que el Gobierno insiste en que España vive en una “primavera” para el empleo y trata de alejar la idea de un enfriamiento. En el mes de mayo se crearon 195.736 puestos de trabajo respecto a abril, hasta alcanzar los 21.784.375 empleos, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, una cifra que podría parecer muy positiva pero que es la segunda peor de los últimos doce años. Al mismo tiempo, el desempleo se redujo en 57.835 personas el último mes, hasta los 2.454.883 parados, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En mayo se generaron 195.736 puestos de trabajo respecto a abril, gracias fundamentalmente al empujón de la hostelería, que aportó 78.476 afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, esta cifra fue inferior a la de los meses de mayo de los once años anteriores, cuando se llegaron a generar hasta 237.207 empleos, con la única excepción de un dato muy tibio en 2020, cuando la economía se estaba viendo extremadamente castigada por el coronavirus y las restricciones a la actividad para frenar la pandemia . Además, hay dos datos que también apuntan a un cierto enfriamiento: el crecimiento interanual del empleo (462.581 nuevos afiliados, cuando hace unos meses se superaba el medio millón) y la evolución mensual desestacionalizada (20.790 empleos, la mitad que la media en los doce meses anteriores). Por ello, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) señala que “la creación de empleo se ralentiza” este año, con un 8,1% menos de nuevos empleos entre enero y mayo que en los cinco primeros meses del año pasado.

Las empresas exportadoras de Gipuzkoa viven con zozobra la guerra arancelaria de los Estados Unidos. El 43% de las compañías que venden a EE UU prevé que los gravámenes tendrán un efecto alto o muy alto en sus ventas, según Adegi. En plena guerra arancelaria de EE UU, con los vaivenes de las decisiones de su presidente Donald Trump y la incertidumbre que provocan sus medidas, la preocupación entre las empresas guipuzcoanas es máxima y también el impacto que tendrá sobre sus ventas y cuentas de resultados. De hecho, el 43% de las firmas del territorio que exportan al país norteamericano prevé que los gravámenes tendrán un efecto alto o muy alto sobre sus ventas a dicho país. Así lo constata una encuesta realizada por Adegi entre las empresas del territorio para conocer el efecto de los aranceles y cuyo resultado desvelaron ayer. Un impacto importante teniendo en cuenta que el 38% de las empresas exportadoras del territorio venden sus productos a EE UU. Son fundamentalmente firmas industriales, según indica la patronal guipuzcoana. Esta relación comercial les aporta el 15% de su facturación total, aunque con importantes diferencias de unas a otras. Y es que mientras en algunos casos tan solo supone el 1% de sus ingresos, en otros llega hasta el 75 o 78%, con lo que el impacto de esta guerra comercial será mucho mayor. Ver más en Adegi. 

El fabricante beasaindarra Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) sigue dispuesto a entrar en la pelea para suministrar un nuevo modelo de tren de alta velocidad a los operadores que buscan acceder a las rutas que conectan Madrid con Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva, dentro de la próxima fase de apertura del mercado ferroviario español, según eleconomista.es. Hasta ahora, este terreno ha sido exclusivo de Renfe y del tren Avril de Talgo, el único que puede circular por vías de distinto ancho. La compañía dirigida por Javier Martínez Ojinaga es una de las opciones que contemplan las empresas que prevén competir en esta nueva etapa —entre ellas Ouigo, Iryo y el consorcio AlsaEco Rail— y presenta una alternativa tecnológica: un tren de muy alta velocidad adaptado a la complejidad de la red ferroviaria española, que combina ancho estándar y ancho ibérico. La opción de CAF contempla un tren modular, compuesto por ocho coches y con más de 400 plazas, que podría alcanzar los 300 kilómetros por hora, umbral esencial para hacer frente a Renfe. Este nuevo diseño se inspira en el Oaris, un prototipo desarrollado por CAF que sirvió como base tecnológica para otros desarrollos y fue adquirido por Adif. 

Finalmente ocho de los 232 despidos fijados por Bridgestone en la planta de Basauri serán forzosos. Así lo trasladaron ayer los sindicatos tras la comisión de seguimiento del ERE celebrada este lunes en la que se comenzaron a ajustar los últimos flecos del acuerdo cerrado en la mesa de negociación. Según detalló el secretario del comité de empresa, Luis Escalona, la compañía ya ha comenzado a llamar a los afectados. En Basauri se presentaron 235 solicitudes de bajas voluntarias de las cuáles se han aceptado un 94%. Casi la mitad de éstas, 111 personas, se corresponden con los mayores de 55 años a los que se ha ofrecido una jubilación anticipada que les permitirá recibir el 80% de su salario hasta los 64 años. Al resto de las salidas incentivadas se le gratificará con 47 días de sueldo por año trabajado, más un adicional de 30.000 euros brutos. Escalona explicó que la compañía ha rechazado la salida de varias personas pertenecientes a perfiles cualificados como electricistas o informáticos, al tratarse de un personal «muy solicitado» y «difícil de captar en el mercado». El resto se irán haciendo efectivas a lo largo de los próximos días, aunque la fecha definitiva está fijada en el 23 de junio, cuando se reducirán de cinco a tres los turnos de trabajo.

La opa de BBVA sobre Sabadell no es el único frente abierto del banco que pilota Carlos Torres. También vela por el flanco mexicano, que supone su mercado más importante y que está en el disparadero desde la victoria de Donald Trump. En el último trimestre, la filial mexicana restó 100 millones de beneficios al banco y otro tanto en el último trimestre de 2024, penalizado por el tipo de cambio y la devaluación del peso. Desde la victoria de Trump, el banco ha pasado de registrar aportaciones de esta filial a suponer un lastre. El foco sobre el mercado mexicano se puso durante los comicios en el país azteca, con la elección de Claudia Sheinbaum, en cuyo programa electoral figuraba la introducción de un impuesto al sector financiero. Sin embargo, todo se agravó con la elección de Trump y la introducción de sus aranceles, con México en la diana. Desde las elecciones de noviembre de 2024, el peso mexicano cede un 3% frente al dólar, si bien los descensos desde los anuncios de los aranceles en abril son del 7,5%. BBVA da cuenta de este efecto en sus cuentas. En el cuarto trimestre de 2024, México le restó 94 millones con respecto al mismo periodo del año anterior. Una cifra que compensó con una mejora de 281 millones por el negocio en España y otros 91 millones del centro corporativo, donde refleja las coberturas en dólares a los descensos del peso. El banco indica que el 60% del resultado en México está cubierto por derivados de divisas. En cuanto al primer trimestre de 2025, México le resta 109 millones, por los 131 millones que genera del centro corporativo y 312 millones de España. Así, las ganancias se elevaron un 23%, hasta los 2.700 millones. BBVA dio un paso adelante en esa ocasión.

En plena ofensiva arancelaria de Donald Trump con la subida al 50% de las tasas al acero y al aluminio, el grupo Mondragón aumenta su presencia productiva en el mercado americano con una nueva implantación, que fabrica precisamente lingotes de aluminio. La cooperativa Fagor Ederlan, dedicada a los componentes de automoción, ha comprado el 51% de Regen Aluminum, empresa ubicada en York (Pensilvania), que transforma residuos metálicos, sobre todo llantas de vehículos, en lingotes de aluminio para las industrias aeroespacial, eléctrica, naval, plomería y automoción. En 2024, facturó 17,5 millones. Se trata de la tercera implantación de una cooperativa de Mondragón en EEUU: Dikar cuenta con BPI Outdoors en Lawrenceville, donde produce accesorios para caza y silenciadores de armas deportivas, y vende rifles de caza manufacturados en su planta de Bergara (Guipúzcoa); y Danobat fabrica componentes ferroviarios en Delta Wheel (Michigan). La corporación cuenta también en EEUU con 15 centros comerciales y de asistencia. Sus ventas al país rondan los 500 millones de euros, sobre todo componentes de automoción, maquinaria y piezas de electrodomésticos. Desde Ederlan aseguran que la compra de la nueva empresa no responde al panorama comercial actual, sino que busca aprovechar la oportunidad de participar en un nuevo negocio, dentro de la estrategia de diversificación hacia actividades más allá de las piezas para automoción.

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) es el campus público con mayor número de titulaciones –12– con los universitarios mejor pagados. La autogestión económica de esta comunidad autónoma, el nivel de vida o la formación dual universitaria son algunos de los factores que explican la buena posición salarial que logra esta institución. Del análisis de los últimos datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre la base de cotización media a la Seguridad Social de los graduados universitarios cuatro años después de titularse, se observa una brecha salarial entre quienes cursaron el mismo grado pero en distintas universidades de España. Como ejemplo, esto ocurre con los docentes de Educación Primaria, donde un graduado en la universidad vasca cobra 36.423 euros de media, un 54%, más que un estudiante de la Universidad de Extremadura, que percibe como promedio 23.655 euros al año a los cuatro años de graduarse. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Óscar Marcenaro explica que uno de los puntos clave para esta diferencia salarial estaría en el régimen fiscal de la comunidad vasca: «La autogestión económica les permite poder pagar sueldos más altos en el sector público» al compararlos «en igualdad de condiciones» con otras comunidades autónomas que no tienen estas condiciones fiscales. Asimismo, recalca que las carreras en las que la Universidad del País Vasco es líder en cuestiones salariales pertenecen en su mayoría a la función pública, como educación o sanidad. El Ejecutivo vasco es un referente mundial en FP y en los últimos años ha apostado por extender este modelo también a la universidad, «imitando el sistema alemán que, en el ámbito industrial, ha obtenido muchos beneficios». Pero el éxito salarial de este campus obedece también a que ofrece «prácticas voluntarias remuneradas en empresas de la zona», una opción en la que «se matricula gran parte del estudiantado en lugar de cursar otras asignaturas optativas». Después, «muchos de los estudiantes se quedan contratados». Al recibir un sueldo durante las prácticas, es probable que esto también favorezca a que los graduados tengan un salario más alto cuatro años después de terminar sus estudios, ya que, gracias a la experiencia adquirida, tienen más posibilidades de acceder a incrementos de salario.

El centro de investigación y desarrollo tecnológico Tecnalia ha desarrollado un novedoso electrolizador capaz de ensayar diferentes tecnologías para la producción de hidrógeno. Se trata de un banco experimental para que las empresas puedan probar los distintos componentes de un electrolizador, principalmente de su núcleo, opera a una potencia de aproximadamente 50 kW y tiene una capacidad de producción de hidrógeno de alrededor de 1 kg/h. Con su puesta en marcha, Tecnalia arranca ya las pruebas y demostraciones con empresas a nivel nacional e internacional. El electrolizador se encuentra en el laboratorio dedicado al desarrollo de tecnologías para la generación, almacenamiento, transporte, distribución, usos y seguridad del hidrógeno que Tecnalia puso en marcha el año pasado en sus instalaciones de San Sebastián. En esas instalaciones actualmente se están llevando a cabo más de 50 proyectos para la investigación y validación de tecnologías del hidrógeno, así como su escalado para acelerar su industrialización. De las cuatro tecnologías capaces de desarrollar hidrógeno verde, este banco de ensayos es capaz de realizar pruebas con dos tecnologías diferentes: alcalino y AEM.

El momento culminante de la jornada celebrada ayer llegó cuando José Ignacio Asensio anunció a Salto Systems como la Sustainable Company de Gipuzkoa en este 2025, un galardón al que optaban en última instancia las cuatro empresas finalistas (las otras tres fueron Irizar Group, Ternua Group y Plastigaur). Fueron seleccionadas por un jurado compuesto por Mónica Pedreira (directora de Transición Ecológica de la Diputación Foral de Gipuzkoa), Karmele Segura (responsable de Comunicación Local en LABORAL Kutxa) y Paul Liceaga (director general adjunto de ADEGI). Pedreira citó estas cuatro empresas como «un ejemplo a la hora de integrar sostenibilidad y competitividad». Liceaga, por su parte, recordó que «debemos estar orgullosos de estos proyectos». Hablaron en nombre de un jurado que para la selección tuvo en cuenta criterios como la apuesta por la sostenibilidad en su dimensión global, así como la trayectoria y el compromiso sostenido en su apuesta. Desde el atril, Ricardo García, ESG & Quality director de Salto Systems, se dirigió al público tras recibir el galardón: «Tenemos que seguir haciendo las cosas bien y de manera sostenible».

La sostenibilidad no es una opción. Es prácticamente un requisito necesario para que cualquier empresa sea competitiva, especialmente a largo plazo, y de eso trató de convencer Cristina Sánchez (directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas) durante la ponencia que ofreció en el contexto de la jornada Sustainable Company, que se desarrolló ayer por la mañana en la Sala Prisma de Tabakalera, ante decenas de directivos de algunas de las más relevantes compañías del tejido empresarial guipuzcoano. La charla de la directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas fue el eje de una jornada que arrancó con la bienvenida de José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Cristina Sánchez se centró en explicar la labor que vienen realizando desde el Pacto Mundial a nivel global para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y en exponer ante los presentes cómo trabajan con las compañías de todo el planeta para dibujar una hoja de ruta que haga del mundo un lugar mejor en el sentido ambiental, económico, social y de gobernanza. Sánchez empezó poniendo algo de contexto y explicando cómo el foro de Davos en el año 2000 fue el comienzo de todo. 

Las instituciones alavesas abren una nueva etapa en Foronda. En plena carrera por alcanzar los 500.000 pasajeros anuales y con el contrato de Ryanair pendiente de solucionarse durante el verano, la sociedad encargada de promover los vuelos en el aeropuerto de Vitoria, VIA, ya ha puesto en marcha el concurso para las conexiones con Madrid y Barcelona. La noticia viene a materializar la aspiración que ya dejó entrever hace unos meses el diputado general Ramiro González. El contrato que ha sacado VIA a licitación ofrece un presupuesto de 7,11 millones de euros repartido en cuatro tramos. En primer lugar, habrá 3,56 millones para desplegar vuelos durante el primer año, a partir del próximo 1 de noviembre. Después se plantean dos prórrogas de medio año cada una. El objetivo de la sociedad que aúna a la Cámara alavesa, el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación y el Gobierno vasco queda claro en los pliegos del contrato. «Se hace imprescindible la existencia de, como mínimo, 135 frecuencias anuales» con cada una de las terminales. Esto es, una media de casi tres vuelos a la semana con Barajas y otros tantos con El Prat. VIA, no obstante, premiará a quien oferte más conexiones. También hará lo mismo con los asientos, donde la máxima puntuación la obtendrá quien consiga ofertar más de 96.000 plazas a Madrid y a Barcelona.

Sin sorpresas y con sus líneas reforzadas. ELA cerró ayer su XVI congreso con apoyo unánime a su informe de gestión, a la renovación de su declaración de principios y a la reelección de su comité ejecutivo (con el 90% de los votos), liderado por Mitxel Lakuntza. El secretario general clausuró el encuentro en clave política, con una intervención en la que se dirigió a Imanol Pradales. «Si no quiere huelga, el lehendakari sabe el camino: que abandone el autoritarismo y dé paso a la negociación», subrayó en un discurso que alertó sobre los interminables procesos que han sido necesarios para cerrar acuerdos en Osakidetza, en el área de la educación o en las residencias. «Superamos ese bloqueo gracias a la huelga y por eso conseguimos convenios», alegó. Lakuntza aprovechó el escenario –en el palacio Euskalduna de Bilbao– para poner en valor la «solidez» de un sindicato que suma 104.000 afiliados. «No es cierto que la única legitimidad política que exista en una sociedad nazca de unas elecciones políticas. Los diferentes agentes que conformamos la sociedad civil tenemos plena legitimidad, en la medida en que tenemos derechos fundamentales, para incidir en la política», reivindicó en su intervención, en respuesta «a la patronal y algunos partidos que cuestionan los derechos fundamentales de este sindicato: el de la libertad de expresión o la libertad sindical». El secretario general de ELA también aludió al presidente del Euskadi buru batzar, Aitor Esteban, a quien acusó de negar la capacidad de ELA de llegar a acuerdos. «Hay que estar desconectado de la realidad de este país para no saber qué sindicatos consiguen más convenios», criticó, sacando pecho de los «más de 250 anuales» firmados. «Y además, según las estadísticas, los mejores convenios», añadió.

La iniciativa presentada ayer acarreará reajustes respecto a la Ley del Suelo que Euskadi tiene en vigor desde 2006 y que ahora mismo se considera una barrera para hacer frente al problema de la vivienda. De hecho, Esteban llegó a afirmar que la actual legislación «no es flexible y bloquea» la construcción de viviendas. Uno de los cambios hace referencia al porcentaje de VPO que deberá incluir cada nuevo proyecto. Ahora mismo el 75% de los pisos que forman parte de cada promoción que empieza a ejecutarse deben estar calificados como públicos, con lo que eso supone, en la limitación de precio, un baremo que está retrayendo a las constructoras. No les salen los números con ese cupo de vivienda libre así que el plan de choque autoriza a reducir el porcentaje de VPO hasta el 60%. La decisión la tendrán que tomar los ayuntamientos y de saque no gusta a todo el mundo. EH Bildu, principal fuerza local con 107 alcaldías en Euskadi, ya se ha mostrado en contra. Además, se facilitará la creación de una reserva estratégica de suelo para viviendas de protección pública, con la cesión gratuita del 15% de los aprovechamientos de los suelos públicos a las administraciones y con mecanismos para compartir los aprovechamientos de suelos residenciales privados (10% para el ayuntamiento y 5% para el Gobierno vasco). Entre la batería de medidas propuestas también aparece la de agilizar la concesión de licencias urbanísticas para iniciar la ejecución de nuevas promociones. Entre los «mecanismos que ayuden a aligerar plazos» aparece la nueva figura del «silencio administrativo positivo».

La bajada de los tipos de interés ha animado la demanda de vivienda en Euskadi disparando las compras de inmuebles en el arranque de este 2025. Así, en el primer trimestre las transmisiones de propiedad han ascendido a 6.764 viviendas. Son 1.390 más que el año pasado y representan un avance del 25%, que se acusó con fuerza en el último mes recogido en la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en marzo el crecimiento se lanzó al 65%, datos no vistos desde 2008, en plena burbuja inmobiliaria. Es un movimiento económico del que están sacando provecho también las haciendas forales. Las diputaciones gravan estas operaciones, cuando se trata de vivienda usada, con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, una figura que ha incrementado su recaudación en los cuatro primeros meses del año un 35% hasta alcanzar los 75,7 millones de euros. Es un techo histórico y es un dato que ha contribuido al buen arranque de año de las arcas públicas vascas que, hasta abril, han recaudado 600 millones más que el año pasado con un total de 6.064 millones. El tributo de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es de carácter indirecto, y como si de un IVA se tratara, grava por igual a todos los compradores de vivienda independiente de su nivel de renta o del coste del inmueble. Para viviendas, el comprador de una vivienda habitual debe abonar a su Diputación un 2,5% del valor del piso. Un tipo impositivo que aumenta a un 4% si se trata de una compra de la vivienda como inversión. 

El Pacto de Salud afronta uno de sus momentos claves. Encara la recta final de la tercera fase, la que debe establecer qué medidas se van a aplicar para reformar Osakidetza y dar forma a la sanidad vasca de las próximas décadas. Hasta el momento se han presentado ante esta mesa los acuerdos alcanzados por 22 de los 24 equipos de trabajo encargados de desarrollar las líneas estratégicas para propiciar estas mejoras. Unos grupos formados por representantes de la treintena de agentes que integran este foro –partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, universidades u organizaciones empresariales– y que hasta el momento, en mayor o menor medida, se han puesto de acuerdo para consensuar un documento final sobre su estrategia. Pero si hay una cuestión que enfrenta a algunos de los integrantes del pacto, esta es la relación de Osakidetza con la sanidad privada. Colaboración se denomina en el Pacto de Salud. El propio consejero reconoció ayer que esta cuestión genera «disenso» entre los participantes de la mesa y «preocupación» al Departamento. Es uno de los aspectos que pueden hacer a varios de los integrantes del pacto abandonar este foro. Bildu ya advirtió hace unas jornadas de la posibilidad de dejar la mesa si Osakidetza seguía privatizando procesos clínicos y el Gobierno vasco no se comprometía de forma «clara» a reforzar el sistema público de salud. Esta semana Alberto Martínez manifestó que esta relación debe mantenerse en una situación similar a la actual en la que los fondos destinados a sufragar conciertos con las clínicas ronden el 5% del total del presupuesto del Departamento de Salud y no se sitúen por encima del 6%. 

El Gobierno ha recogido el guante de los empresarios sobre el grave problema que supone el absentismo en España, y está dispuesto a ponerle freno dando mayor poder a las mutuas. Para ello, trabaja desde hace varios meses con los sindicatos y la patronal para reformar la prestación por incapacidad temporal. El objetivo es triple: mejorar la protección de la salud de los trabajadores, reducir los tiempos de baja y, así, recortar también un gasto en máximos históricos. Con estos retos, el Ministerio de Seguridad Social puso el pasado lunes encima de la mesa de diálogo social la primera propuesta por escrito que incluye una reincorporación progresiva al trabajo para bajas médicas de «determinadas patologías» (aún sin concretar, aunque la ministra, Elma Saiz, ha puesto muchas veces como ejemplo enfermedades oncológicas) y más de 180 días de duración, siempre que previamente el paciente haya sido dado de alta por el médico, cumpla ciertas condiciones y por un máximo acotado de un mes. Es decir, una de las medidas estrella de la ministra, que generó una fuerte polémica y que los sindicatos rechazan de plano, se desinfla y tendrá un impacto muy limitado, puesto que las bajas de larga duración son apenas un 3% del total. Sin embargo, el Ejecutivo estaría dispuesto a ceder a una de las reivindicaciones de los empresarios de dar un mayor campo de actuación a las mutuas de trabajo.  Así, aunque no transige en la petición de que también puedan dar las altas médicas, sí abre la puerta a que estos organismos propongan el alta de los trabajadores con procesos de bajas por enfermedad común de una duración de más de un año, algo que ahora solo pueden hacer si no exceden los 12 meses de enfermedad, según recoge el documento presentado a los agentes sociales. En la actualidad esta competencia es exclusiva del Instituto Nacional de Salud (INSS). 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, alertó ayer por el estado actual que, a su juicio, vive el diálogo social en España. Con tono crítico, advirtió de un proceso de “involución” en una de las herramientas fundamentales del modelo económico y democrático del país. En su opinión, el actual rumbo del Gobierno, especialmente en asuntos sensibles como la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales o las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), está minando las bases del entendimiento entre empresarios, sindicatos y Ejecutivo, con consecuencias que podrían ser graves tanto para la economía como para la estabilidad y la paz social. La realidad es “tozuda”, recalcó Garamendi, subrayando que los avances sostenidos en productividad, empleo y salarios en España han venido históricamente acompañados de acuerdos fruto del diálogo tripartito. En cambio, dijo que las decisiones “unilaterales” por parte del Ejecutivo están dando lugar a un “monólogo sin perspectiva” que pone en riesgo esa paz social construida durante más de cuatro décadas.

Nueva ofensiva de la banca contra el impuesto al sector que el Gobierno aprobó con la intención de dar continuidad al temporal que estuvo en vigor entre 2022 y 2024. La Asociación Española de Banca (AEB) y la patronal de las cajas CECA han interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial que establece el modelo de autoliquidación y pago fraccionado del tributo, publicada la pasada semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El sector lleva meses advirtiendo del daño que el gravamen causará en la financiación a familias y empresas, a pesar de que sus cifras de negocio en este sentido han seguido mejorando en los últimos trimestres de mayor presión fiscal. Pero insisten en sus críticas. Acusan al Gobierno de crear «graves efectos» económicos con esta figura, sobre la que también destacan «su impacto negativo para la inversión». Las patronales recordaron ayer que la banca española es la única gravada por un impuesto de este tipo en Europa, lo que supone una notable merma competitiva. Los analistas coinciden con esta idea y llevan tiempo alertando del riesgo de que la inseguridad jurídica pueda dañar la llegada de más inversión institucional a estas cotizadas. El Banco Central Europeo (BCE) se pronunció también a finales de 2024 en contra del nuevo tributo, que también grava el margen de intereses y las comisiones, pero con escalas progresivas que no convencieron al sector.

El día 12 de junio es una fecha marcada en el calendario de muchas empresas españolas, ya que entrará en vigor el nuevo Real Decreto 214/2025, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Esto implica especialmente a grandes empresas con más de 500 empleados pero también a las que tienen más de 250 empleados y que cumplan ciertos umbrales financieros, así como a la Administración General del Estado, que deberán calcular y reportar su huella de carbono a partir del ejercicio 2026 para los alcances 1 y 2, y para el cálculo correspondiente a 2028 y en adelante incluirán el alcance 3. Su interpretación generó algunas dudas iniciales entre las empresas, lo que dio lugar a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicara hace unos días una nota aclaratoria sobre determinados aspectos, dando una mayor seguridad jurídica a la entrada en vigor de la norma. “Los cambios realmente importantes se refieren a la sección de emisiones de carbono y compromisos de reducción. Hasta ahora, el registro era voluntario para todas las empresas”, explica Laura de Pedro, socia de Derecho Público y Sectores Regulados de EY Abogados. En concreto, las obligaciones se refieren a las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2. Se trata de las emisiones directas de gases de efecto invernadero y las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero relacionadas con la generación de energía. El cálculo y registro de las emisiones de alcance 3, que abarcan todas las demás emisiones indirectas, sigue siendo voluntario, aunque a partir de 2028 también será obligatorio.

¿Por qué nadie quiere ser camarero tampoco este verano? Los problemas para encontrar camareros se agudizan a cada temporada que pasa, una situación que ha ido empeorando desde que, tras la pandemia, los trabajadores fueron a otros sectores. Empresarios, sindicatos y trabajadores coinciden en el diagnóstico, pero difieren en quién tiene la culpa. Los empleados de la restauración, buena parte de ellos jóvenes, no ven atractivo un sector en el que la tónica son los sueldos bajos, los pocos días de descanso, las muchas horas de trabajo y un convenio colectivo caducado y que en general no se cumple. La hostelería y la restauración en la costa catalana siguen a la deriva y con daños irreparables en la línea de flotación. Es un pez que se muerde la cola: las condiciones laborales no mejoran y los trabajadores no quieren pasar por el aro. El último convenio colectivo, correspondiente al periodo 2022-2024 (y por lo tanto ya caducado), incluía algunas mejoras laborales, pero en general –en grandes hoteles con representación sindical, la situación es mejor que en bares y restaurantes– no se cumplen, pese a que algunos empresarios recuerdan que tuvieron que cerrar un día a la semana o reducir horarios para cumplir y poder dar dos días de descanso a su personal. Todos coinciden: “La prioridad de quien busca trabajo ha cambiado”. 

La lucha de Europa contra la inflación ha sido una larga y dura pugna contra los elementos, que entró en su fase decisiva desde julio de 2022, cuando el BCE decidió elevar los tipos de interés para sofocar el incendio. Muchos meses después de la primera subida del precio del dinero y ahora en plena y acelerada reversión de ese proceso, el objetivo parece, a priori, conseguido. El IPC armonizado de la zona euro se moderó en mayo hasta el 1,9%, según el dato avanzado ayer por Eurostat, tres décimas menos que en abril y su tasa más baja desde septiembre de 2024, cuando se situó en el 1,7%. Los precios en la eurozona encadenan así cuatro meses de moderación tras haberse aupado al 2,5% en el arranque del año (enero). El abaratamiento de la energía, que encadena tres meses consecutivos de descensos (-3,6% en mayo) y la relativa moderación de los precios de los servicios, que el mes pasado se encarecieron un 3,2%, en contraste con el alza del 4% de abril, compensaron las mayores subidas registradas en los alimentos frescos, que se dispararon un 4,4% (aun así, 5 décimas menos que el mes anterior) o el esprint registrado en los alimentos procesados que, junto al alcohol y el tabaco, aceleraron al 2,9%, 5 décimas por encima de la tasa de abril. La inflación subyacente, que es la que el BCE mira con lupa para tomar decisiones de política monetaria, sigue estando por encima de la tasa general, pero la buena noticia es que en mayo desaceleró en tres décimas, hasta situarse en el 2,4%, su nivel más bajo desde enero de 2022, allanando el terreno para un nuevo recorte de los tipos de interés este jueves, que los mercados prevén que sea de otro cuarto de punto, hasta el 2%, en el tipo de depósito.

Un nuevo recorte, pero ya se ve el final. Esa es la apreciación que parece hacer el Banco Central Europeo (BCE), que afronta mañana una nueva cumbre de política monetaria en la que, salvo sorpresa mayúscula, bajará nuevamente el precio del dinero hasta llevarlo al 2%. Será su octavo ajuste de este ciclo de relajación monetaria y el séptimo que acomete de forma consecutiva, una tendencia que ha llevado el precio del dinero a situarse en niveles mínimos desde diciembre de 2022. Contando con el previsible apoyo mayoritario de mañana, el banco central habrá afrontado este camino con un gran nivel de consenso, lo que habrá facilitado el trabajo y la velocidad en la que se ha llevado a cabo un ajuste de 200 puntos básicos en los tipos de interés. Pero las tornas podrían estar a punto de cambiar. El recorte de mañana apunta a ser la última rebaja de fácil consenso que se afrontará en Fráncfort. Los banqueros centrales que después de este mes quieran seguir relajando las condiciones de financiación deberán sudar en el debate para conseguirlo. Es lo que se intuye a partir del cambio de tono del Consejo de Gobierno, en el que los halcones (el ala dura de la institución) han mantenido el rumbo, pero las palomas (el segmento más afín a estimular el crecimiento) han tomado una posición mucho más prudente.

Han pasado menos de tres meses desde que la OCDE publicó su anterior informe de perspectivas y el deterioro del escenario resulta ya evidente como consecuencia de la guerra comercial declarada por Donald Trump, que ha provocado el caos y el desconcierto entre inversores y agentes económicos, poniendo en jaque el crecimiento global. “Se espera que el aumento de los aranceles bilaterales y la elevada incertidumbre política afecten al crecimiento de la inversión empresarial y al comercio”, advirtió ayer el club de los países ricos, que este año lo serán un poco menos por efecto del tsunami arancelario de la nueva Administración estadounidense. La OCDE ha revisado a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB mundial en 2025, hasta el 2,9%, dos décimas menos de lo que vaticinaba en marzo, cada vez más lejos del 3,3% que preveía en diciembre y el crecimiento más débil desde la pandemia, cuando la economía planetaria se contrajo un 3%. Entre los principales damnificados de este súbito resfriado sobresale el país cuyo Gobierno lo ha provocado, EEUU. El órdago arancelario de Trump le pasará una abultada factura y este año apenas crecerá un 1,6%, seis décimas menos de lo augurado en marzo y 1,2 puntos por debajo del crecimiento registrado en 2024. La situación no mejorará en 2026, año en el que el PIB norteamericano solo avanzará un 1,5% por el efecto bumerán de su agresiva política comercial. China, la segunda mayor economía del planeta y, junto a Europa, uno de los epicentros de la disputa comercial declarada por Trump, también sentirá los vientos del enfriamiento pero los resistirá mejor que la propia economía estadounidense, con un avance del PIB previsto del 4,7% en 2025 frente al 4,8% estimado hace tres meses, tasa de crecimiento que mermará hasta el 4,3% en 2026.

Los aranceles del 50% a las importaciones de acero y aluminio y de sus derivados que anunció el pasado viernes Donald Trump están ya en vigor, una vez que el presidente de EE UU firmó ayer la orden ejecutiva correspondiente. Reino Unido recibirá «un tratamiento diferente» debido al acuerdo bilateral alcanzado en mayo, explicó el inquilino de la Casa Blanca. Trump justifica su decisión de duplicar estos gravámenes desde el 25% previo para apoyar a la industria local y «reducir la amenaza a la seguridad nacional» que, a su juicio, suponen dichas compras. La Casa Blanca, por otra parte, ha enviado una carta a los socios comerciales de EE UU para «recordarles que se acerca la fecha límite» para las negociaciones arancelarias.

“Avergüéncense los que votaron a favor: saben que hicieron mal. Lo saben”. Ni cinco días ha tardado el hombre más rico del mundo y dueño de X (antes Twitter), Tesla y SpaceX, Elon Musk, en cargar contra el presidente de EEUU, Donald Trump, desde el supuesto divorcio amistoso entre ambos. El mensaje de Musk llegó ayer como si él no hubiese sido uno de los mayores donantes de la campaña de Trump y su partidario más fiel, hasta que el presidente empezó a deshacer a su antojo sin seguir los consejos del empresario, que fue perdiendo poder e influencia a medida que se enfrentaba al círculo de asesores que flanquean el Despacho Oval. La falta de sintonía desembocó en la despedida de Musk como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) tras casi cuatro meses en el cargo. Sus críticas al proyecto fiscal y presupuestario de Trump aceleraron su salida del Gobierno. Ahora, el consejero delegado de Tesla carga aún con más dureza contra el plan, que ha calificado como una “abominación repugnante” que no servirá para reducir el elevado déficit estadounidense, sino para seguir incrementándolo, justo contra lo que Musk llevaba meses luchando. “Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley de gasto del Congreso, enorme, escandaloso y lleno de partidas clientelistas, es una abominación repugnante”, aseguró ayer en un mensaje en su red social X. Según el inversor, el proyecto, bautizado por Trump como One big beautiful bill act (Un gran y hermoso proyecto de ley presupuestaria) “aumentará de forma masiva el ya gigantesco déficit presupuestario hasta los 2,5 billones de dólares y cargará a los ciudadanos estadounidenses con una deuda aplastante e insostenible”.

Otro terremoto político ha sacudido Europa tan solo un día después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunciara que se someterá a una moción de confianza tras la victoria del candidato ultra Karol Nawrocki en las elecciones presidenciales. El líder de la extrema derecha de Países Bajos, Geert Wilders, del partido PVV, comunicó ayer la salida de su partido de la coalición de Gobierno, lo que supuso ‘de facto’ la caída del Ejecutivo del primer ministro Dick Schoof, que presentó horas después su dimisión ante el rey. «Con la salida del PVV, no hay suficiente apoyo en la Cámara para este gabinete», declaró Schoof, quien calificó la decisión de Wilders de «irresponsable e innecesaria». A la espera de la convocatoria de nuevas elecciones, los ministros del resto de partidos –los liberales del VVD, los democristianos del NSC y los del partido de los granjeros del BBB– continuarán en sus cargos. Países Bajos, la tercera potencia de la Unión Europea (UE) en términos de PIB per cápita, dio un giro político en las elecciones generales de 2023, con la salida del liberal Mark Rutte –en el poder durante catorce años– y la victoria de la formación ultra PVV de Wilders. Este partido había mantenido históricamente un gran peso dentro del país, pero el cordón sanitario a la extrema derecha permanecía fuerte. Hasta el año pasado, cuando Wilders logró formar un gabinete con otras tres siglas conservadoras. Las diferencias, sin embargo, comenzaron pronto y han ido en aumento, sobre todo en lo referente a la estrategia para limitar la entrada de solicitantes de asilo.