20250609

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En el caso de la industria, los daños derivados de la parálisis operativa se cuantifican ya en millones de euros, con impactos que amenazan la rentabilidad de determinadas compañías.

La cuestión es que mientras la mayoría de sectores recuperaron la actividad pocas horas después de perder el suministro, a la industria electrointensiva le costó días retomar con normalidad la producción, debido a la obligación de reiniciar procesos complejos y recalibrar la maquinaria. La refinería de Petronor en Muskiz lo ejemplifica claramente: la activación de su Unidad FCC –el corazón de la conversión del crudo en productos como gasolina y diésel– se demoró una semana, con consecuencias evidentes en su capacidad operativa y en sus resultados económicos. Es este golpe el que ha llevado a cientos de empresas –y decenas de particulares– a iniciar peticiones formales de indemnización ante las compañías eléctricas y los organismos reguladores. Fuentes del sector confirman a este periódico que el número de reclamaciones presentadas en Euskadi supera ya el millar, reflejo del profundo malestar generado tanto en el tejido productivo como entre los consumidores. La CEOE estima que las pérdidas económicas sufridas por las empresas a raíz del apagón alcanzaron los 1.600 millones de euros en el conjunto de España, una cifra que equivale al 0,1% del Producto Interior Bruto nacional. Más allá del dato, el verdadero problema radica en determinar quién debe asumir la responsabilidad de esos daños y si alguno de los actores implicados –aseguradoras, compañías eléctricas, la propia Red Eléctrica o la administración pública– está dispuesto a hacerlo. Por ahora, prevalece el reparto de culpas y nadie parece asumir ese papel, lo que augura un escenario de bloqueo, incertidumbre jurídica y litigios a gran escala que se prorrogarán durante años.

Entrevista con Ion Etxeberria, director general de Ikerlan. Alerta de que la demanda eléctrica de Euskadi va a seguir al alza durante los próximos años y que por lo tanto se necesita robustecer la red. Apuesta por la IA, una tecnología que ya se puede calificar como revolucionaria, y por el cooperativismo como una fórmula de arraigo que garantice el futuro del tejido laboral vasco. "Hay tecnologías que están creciendo mucho como la digitalización, la ciberseguridad o la inteligencia artificial, que además son transversales y tienen un impacto elevado en cualquier sector. – ¿Hay tanta demanda alrededor de la inteligencia artificial? – Sí, en todo tipo de sectores. Aparte del industrial, donde tenemos una presencia muy alta, estamos en algunos sectores como el de alimentación colaborando con Nestlé o en el sector bancario. Además, la secuencia es bastante lógica porque para explotar la IA se necesitan datos. Nosotros empezamos a digitalizar procesos y productos para captar esos datos hace unos 15 años y ahora estamos en un punto en el que tenemos muchos, por lo que es el momento de aplicarlos para optimizar procesos...Necesitamos seguir invirtiendo en la red eléctrica para robustecerla. Tenemos una alta penetración de renovables y son seguras, pero necesitamos sistemas de apoyo para ganar fiabilidad. Pero lo que estamos viendo es que en los próximos años la demanda eléctrica va a seguir subiendo considerablemente por la descarbonización o por los propios centros de datos, por lo que tenemos un importante reto de inversión...La IA está cambiando modelos de negocio, la interacción con los clientes, los procesos internos de las empresas. Tenemos que montarnos sí o sí en esa ola y aprovecharla para ser punteros en algunos campos...– La caza del talento parece ser un problema frecuente en el sector. ¿Lo sufren?– Yo suelo decir que somos un espejo de lo que luego les pasa a otras empresas en unos años. Nosotros empezamos a tener dificultades en algunos perfiles especializados hace ya 10 ó 15 años y empezamos a movernos hacia otras zonas como Asturias, Galicia o Cantabria para encontrarlos. En Ikerlan tenemos unos 100 estudiantes al año provenientes de distintas universidades, que luego integramos en plantilla. Invertimos dos millones para cuidar y formar a esas personas. Ahora Euskadi se enfrenta a una crisis demográfica, y creo que la colaboración con las universidades puede ser la clave de todo..."

Los trabajadores del sector del comercio vasco cobran 500 euros menos que la media del salario en Euskadi. Una brecha que se explica por diversos factores como la escasa productividad del sector, la baja cualificación laboral, el tamaño pequeño de las empresas – con menor capacidad de negociación– y la segmentación y polarización del empleo –colectivos más vulnerables con contratos parciales o temporales–. Son algunas de las conclusiones que se extraen del informe sobre la transformación del comercio en Euskadi, que abarca el periodo entre los años 2016 y 2021, elaborado por Sara de la Rica, Imanol Lizarraga y Lucía Gorjón, miembros del centro de estudios Iseak. Pese a que el estudio llega hasta 2021, DV ha podido constatar que la brecha salarial se mantiene. Según la Encuesta de Coste Laboral del Eustat de 2023 –última actualizada–, el coste salarial medio del comercio se sitúa en los 1.600 euros brutos al mes frente a los 2.100 del promedio vasco, mientras que en el informe las cifras son de 1.400 euros en el comercio y de 1.900 en el conjunto del País Vasco.  El informe señala que el comercio –especialmente el minorista– presenta una productividad laboral estancada, lo que limita la capacidad de las empresas para pagar salarios más altos. Esta baja productividad se vincula a factores como la falta de innovación, una menor implantación tecnológica y estructuras empresariales poco eficientes. En cuanto al nivel de cualificación, las personas empleadas en comercio –especialmente los autónomos– tienen, en promedio, un nivel educativo inferior al del conjunto de ocupados en Euskadi. Esta hecho sugiere una carencia de competencias técnicas o digitales que penaliza la productividad y, por tanto, los salarios. El tamaño de las compañías es otro factor relevante para explicar la brecha salarial. El 73% de los asalariados en comercio trabaja en empresas con menos de 50 empleados, y muchas en microempresas de menos de 5 trabajadores. Estas pequeñas estructuras suelen tener menor capacidad de negociación salarial, menos acceso a financiación e innovación, y menos márgenes para pagar sueldos competitivos.

Las empresas se van a ver obligadas a acometer una renovación profunda de sus plantillas y ofrecer a los jóvenes unas condiciones laborales atractivas para que no emigren al extranjero. Se estima que el 60% de los jóvenes con preparación en sectores críticos −por ejemplo, informática y matemáticas− se están formando en otros países. El año pasado, Ey España, en colaboración con el Círculo de Empresarios Vascos, Aefame, Zedarriak y Fundación Artizarra, publicó el informe ‘¿Por qué debería ir a trabajar a Euskadi? Potencial y desafíos del País Vasco para atraer talento’, en el que se esbozan algunas de las estrategias que debería emplear la comunidad autónoma para enfrentarse a este desafío. El texto esgrime que de aquí a siete u ocho años se van a necesitar 10.000 empleados externos, un cálculo que va en consonancia con otras estimaciones que cifran en 400.000 trabajadores los que va a necesitar la CAV en las próximas tres décadas. Euskadi no parte en desventaja, ya que muestra un comportamiento similar «al de la mayoría de las sociedades globales desarrolladas en cuanto a la alta capacidad de la inmigración. En este contexto, el saldo migratorio de Euskadi es predominantemente neutro en cuanto a los perfiles cualificados se refiere, especialmente en comparación con otras regiones de España y Europa. No obstante, si nos centramos en todo tipo de perfiles, se observa un saldo positivo», reza el texto. Los principales desafíos a los que se enfrenta el país son el dominio del euskera, un punto que genera muchas dificultades a la hora de atraer perfiles cualificados extranjeros; la falta de oportunidades atractivas a nivel profesional; y las diferencias salariales con otros países. Unos puntos que a vista de los inversores, se deben trabajar entre el ecosistema vasco para garantizar el atractivo internacional e incrementar el protagonismo de las empresas en todo el mundo.

La confianza de los consumidores vascos mejora al igual que el gasto, aunque aún colea el efecto de la inflación y la ciudadanía «sigue instalada en un clima de incertidumbre y expectativas contenidas», hasta el punto de que dos de cada cinco ciudadanos han visto reducida su capacidad de ahorro respecto del año anterior. Asimismo, el 18% ha aparcado la decisión de comprar una vivienda, un coche o contratar un viaje y las expectativas a medio plazo «se frenan». Son algunas de las conclusiones del ‘Estudio de Hábitos de Consumo 2024’ que elabora el Observatorio del Comercio de Euskadi, Enfokamer, que toma el pulso a las pautas de consumo y compra de los vascos. La «paradoja» es que, pese a que la percepción de la situación actual de la economía es «mejor» que el año pasado y los indicadores de compra, en general en negativo, se van rebajando, las expectativas no acaban de despegar: un 18,2% de las personas encuestadas dice haber pospuesto o abandonado su idea de contratar un viaje, comprar un coche o una casa y es en la población menor de 40 años donde mayor incidencia ha tenido el freno al consumo. El tremendo zarpazo del Covid, dos guerras, una crisis energética europea y una espiral inflacionista que ha marcado los últimos años golpearon de lleno la economía familiar, que vio cómo la escalada de precios parecía no tener fin. Consultados por este apartado, la mayoría (el 93%) considera que los precios han seguido subiendo por tercer año consecutivo recortando «la capacidad adquisitiva» de las familias, y si bien parece «estabilizarse» en 2024, han hecho mella en el bolsillo – un 31,6% de la ciudadanía considera que su gasto en alimentación ha sido superior al que realizaba el año pasado–.

Entrevista con Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES). Apunta a la crisis de vivienda como el origen de los males económicos de la sociedad española. Reclama subir los salarios, acabar con el paro de larga duración y mejorar la productividad empresarial. "La vivienda está impidiendo trasladar la mejora de las rentas tanto de la economía y el empleo como de las prestaciones sociales a las condiciones de vida de la gente. Ese puente entre la orilla de la economía y la de la vida cotidiana está fallando...El problema es de oferta. Hay que aumentar el stock de vivienda residencial, especialmente de tipo social y asequible. El Gobierno central puede actuar en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo el problema es la concesión de licencias y la disponibilidad de suelo, y eso depende de los municipios y de las comunidades autónomas...El retraso en la emancipación es un problema muy grave. Primero, porque afecta al tejido moral de los jóvenes que se forma en esa etapa dorada entre los 20 y los 30 años. Y segundo, porque los datos demuestran que un país es tanto más innovador cuanto antes se produce la emancipación de los jóvenes. Por tanto, hay un despilfarro de innovación y de talento como consecuencia de ese retraso...La reforma laboral fue resultado del consenso entre empresas y sindicatos y eso ha hecho que por primera vez en España, una vez aprobada, nadie haya dicho que en el futuro la vaya a cuestionar. Los resultados son buenos en general...Los incrementos salariales se han acercado muchísimo a lo establecido en ese AENC firmado por patronal y sindicatos. Quiero poner en valor el diálogo social y la negociación colectiva como el gran patrimonio inmaterial de este país. No hay ningún otro país que tenga esta capacidad. Es la mejor explicación del comportamiento diferencial de la economía y el empleo. ¿Un salario medio nacional de 28.050 euros anuales es suficiente?- Para construir una vida de clase media, no. Hay que seguir mejorando porque beneficia a las familias y al círculo virtuoso que va de las rentas al buen funcionamiento de la economía, del empleo y las empresas..."

La reforma aprobada recientemente por el Gobierno que elimina el despido automático por causa de incapacidad permanente del trabajador, que entró en vigor el pasado 1 de mayo y que resuelve un defecto de la normativa laboral española que había sido puesto de relieve en una sentencia de 2024 del Tribunal de Justicia de la UE, conlleva una serie de modificaciones en el tratamiento de estas situaciones de baja del empleado que acarreará más cargas administrativas para las empresas con un coste adicional en los primeros momentos de adaptación a la norma y también puede generar una vía de litigiosidad en los casos en los que el afectado no esté conforme con las medidas aplicadas por el empleador. Si bien los expertos jurídicos consultados coinciden en señalar que la medida se encamina hacia la correcta dirección de proteger a los trabajadores que han sufrido un proceso de incapacidad permanente y que antes de la reforma se veían abocados a la pérdida irremediable del empleo, también puntualizan las derivadas de la medida que pueden generar ciertas cargas en las empresas antes de poder culminar el despido, o si finalmente se puede producir una readaptación de puesto de trabajo o la reubicación en otra área. Este primer procedimiento de sondear la posible reubicación comportaría ya ciertos costes para la empresa en la sección de recursos humanos, por tener que establecer un protocolo y por la participación de los servicios de prevención. Tal y como explica la socia responsable del departamento de Derecho Laboral en Escalona & De Fuentes Abogados, Eva Hernández, “el hecho de tener que incorporar un protocolo de reubicación puede generar costes adicionales” y “será esencial que las empresas revisen urgentemente sus protocolos de gestión de situaciones de incapacidad”.

El Banco Central Europeo cumplió el guion con una nueva rebaja de tipos que, si bien da un alivio a los hipotecados, obliga a los bancos a reajustar su hoja de ruta para capear el impacto del dinero más barato en sus números. Las entidades llevan trimestres embarcadas en cambios para compensar la reducción de los vientos de cola monetarios con más volumen de ventas y nuevos productos y han encontrado en las hipotecas y la comercialización de fondos de inversión uno de los resortes más efectivos cuando se habla de banca minorista. La estrategia no es nueva. Se trata de pura actividad bancaria para paliar el retroceso en el margen de interés [la diferencia entre lo que se obtiene por los préstamos y se paga por los depósitos] buscando mayores ingresos por comisiones, acompañados además por otros factores como las menores provisiones, un menor impacto generalizado del impuesto a la banca, la expansión del crédito y la mejora del negocio fuera de balance. En este sentido, el estrangulamiento de la remuneración del ahorro ha incentivado a muchos particulares a buscar alternativas para sacar partido a su dinero y en ese camino, las entidades se han puesto las botas a vender fondos, planes de pensiones, seguros de ahorro... Basta mirar los resultados que los bancos presentaron en el primer trimestre del año para comprobarlo. En CaixaBank, por ejemplo, los activos fuera de balance subieron un 7,5% entre enero y marzo respecto al año anterior y en BBVA, la evolución de los fondos y las carteras gestionadas mejoró un 2,9%, con un desempeño destacado en España. Esta actividad está detrás del aumento de los ingresos por comisiones, que también llevan meses al alza.

Lo dijo Christine Lagarde en mayo de 2023. “El BCE es independiente de la Reserva Federal [Fed], miramos lo que hacen otros bancos centrales y la economía de EE UU tiene repercusiones en el resto del mundo, pero tenemos nuestro propio objetivo […] No somos dependientes de la Fed”. Sus palabras, en aquel momento, resonaron más como una declaración de intenciones que como algo que fuera a materializarse. El mundo económico se había acostumbrado a que los dos grandes bancos centrales coincidieran casi siempre en el signo de las políticas monetarias. Con pequeños matices: los estadounidenses solían ser más atrevidos y los europeos más seguidistas. Los tiempos han cambiado. Y el discurso de la presidenta del BCE ha envejecido bien. Fráncfort ha recortado los tipos de interés ocho veces desde junio del año pasado, reduciéndolos del 4% al 2%, con solo una interrupción en nueve reuniones. Mientras tanto, la Reserva Federal los ha bajado únicamente en tres ocasiones, solo un punto porcentual en el acumulado, del pico del 5,25-5,50%, al 4,25%-4,50% actual. No los ha tocado en los últimos tres encuentros por más que Donald Trump despliegue su arsenal de ataques y se refiera en tono burlón a su presidente, Jerome Powell, con el apodo de señor Demasiado tarde entre exigencias de rebajas de tipos de un punto porcentual. La brecha es patente. El BCE no levanta el pie del acelerador porque su diagnóstico es que los aranceles, por su efecto negativo para el crecimiento, y por desviar hacia el continente bienes chinos de bajo coste que ya no irán a EE UU, ayudan a contener la inflación en Europa. Y la Reserva Federal no ha movido ficha en los tipos por lo contrario: porque teme un repunte de precios por la guerra comercial y necesita más claridad antes de tomar una decisión.

Telefónica ha contratado a AZ Capital, el banco de negocios fundado y dirigido por Jorge Lucaya, para trabajar en la reflexión estratégica en la que se ha embarcado la compañía que preside Marc Murtra. El objetivo de AZ Capital es asesorar a Telefónica en su estrategia de crecimiento por medio de adquisiciones de activos en los sectores en los que compite la teleco española. Entre esos objetivos Telefónica ha identificado la evaluación de las posibilidades y las ventajas que le aportaría la compra de Vodafone España, el tercer operador del mercado español. Vodafone España está controlada, desde hace algo más de un año por Zegona, un grupo financiero británico fundado por Eamon O’Hare y Robert Samuelson, dos ex directivos de Virgin Media. Zegona acordó la compra de Vodafone España con el grupo británico Vodafone el 31 de octubre de 2023 por un precio de 5.000 millones de euros. Y siete meses después, el 31 de mayo de 2024, se formalizó la compra-venta después de haber recibido el visto bueno del Gobierno español. La compra de Vodafone España, que está en una etapa temprana del análisis y tardaría meses o incluso más de un año en ejecutarse, está en línea con la estrategia anunciada por Marc Murtra que ha incidido en muchas ocasiones en la necesidad de que las operadoras europeas se consoliden para crear grupos con mayor escala. Pero siempre ha señalado que es imprescindible que esa consolidación se inicie con fusiones dentro de cada país, que son las integraciones que realmente proporcionan sinergias y mejoras de márgenes.

“El comercio nunca volverá a ser el mismo pese a las negociaciones arancelarias”, dijo hace unas semanas Christine Lagarde, presidenta del BCE, en Fráncfort. A 2.300 kilómetros de allí, en Sevilla, la semana pasada se planteaba una pregunta: “¿Deberíamos dar las gracias al presidente de Estados Unidos por provocar un nuevo escenario que propicie el despertar de Europa?”, pronunciaba con tono provocador Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza para Iberoamérica (Ceapi), ante un nutrido grupo de empresarios españoles y latinoamericanos. “Trump es un catalizador para buscar nuevas alianzas en busca de una mayor autonomía e independencia comercial y económica. Ante el despertar de Europa, es el momento de más Iberoamérica. De ser prácticamente irrelevante para la UE, Iberoamérica ha pasado a ser estratégica para el mundo”, añadía Vilanova en el congreso anual de la organización celebrado en Sevilla, donde se reunieron más de 500 empresarios de ambas orillas del Atlántico. Sergio Díaz-Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), abunda: “Hay un cambio profundo, que va a modificarlo todo. No sé si hay que darle las gracias a Trump. Hay un cambio en un mundo que durante 80 años se manejó con reglas multilaterales y ha pasado a vivir con reglas propias”. Si hay que ponerle una fecha al momento en que se produjo ese cambio sería el 2 de abril, cuando Trump compareció en los jardines de la Casa Blanca con un gran cartel en el que se podían leer los nuevos aranceles que impondría al resto del planeta. “La incertidumbre creada por la guerra comercial es una oportunidad. No hay que perder el tiempo llorando por la leche derramada”, suelta con una amplia sonrisa Omar Santos, una de las mayores fortunas de Colombia, dueño del grupo Trinity, que compró a la cadena de supermercados DIA la red de perfumerías Clarel. Un sentimiento parecido al que expresa Stanley Motta, propietario de Copa Airlines y uno de los hombres más adinerados de Panamá. Admite la preocupación, pero no temor porque espera a ver cómo queda el tablero.

Alberto Núñez Feijóo hizo su entrada ayer pasadas las once de la mañana en la céntrica Plaza de España de Madrid entre los acordes de ‘People have the power’ (’La gente tiene el poder’), de Patti Smith, su sintonía por excelencia. Poco antes, para calentar motores, habían sonado los Hombres G y su famoso ‘Venezia’: «Io sono il capone della mafia» («soy el capo de la mafia»). Y aunque el lema de la manifestación era ‘Mafia o democracia’, el líder del PP no hizo referencia ni una sola vez a ese término en su discurso. «Ha querido dar respuesta a ese dilema y la respuesta es democracia, son las urnas», explicaron desde su equipo. Sí lo hicieron sus teloneros el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con sendas intervenciones más subidas de decibelios. E incluso marcando perfil propio, en el caso de la mandataria regional, que ya ha adelantado que dará batalla en el congreso nacional de julio para que los militantes no pierdan poder en el sistema de primarias. Pero Feijóo tenía claro cuál era el mensaje que debía calar entre las decenas de miles de asistentes –50.000, según la Delegación del Gobierno; más de 100.000, según Génova y que Moncloa calificó de ‘gatillazo’–.  Isabel Díaz Ayuso volvió ayer a situarse en el centro de la polémica. Apenas dos días después de protagonizar un llamativo episodio en la Conferencia de Presidentes, cuando plantó al lehendakari por hacer un uso legítimo del euskera durante su intervención en la cumbre de líderes autonómicos, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a incendiar los ánimos en Euskadi. Esta vez, por sus críticas contra la decisión del equipo rectoral de la Universidad del País Vasco de suprimir sus siglas en castellano y mantener su marca corporativa solo bajo las letras ‘EHU’. La baronesa del PP aprovechó la manifestación convocada en Madrid para alertar con varios ejemplos sobre la posibilidad de que se instaure una dictadura. «Las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua". 

Dos jornadas de protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles le han bastado a Donald Trump para ordenar el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional. El detonante se produjo la noche del sábado –madrugada de ayer en España– cuando cientos de personas se manifestaron con banderas mexicanas en el barrio de Paramount –de mayoría hispana– contra la operación de busca y captura de indocumentados lanzada desde la mañana del viernes por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Con el fin de «abordar la anarquía que las autoridades locales han permitido que se agrave», el jefe de la Casa Blanca firmó un memorando especial para ordenar la presencia de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles. Los primeros efectivos, una docena de ellos, fueron vistos ya ayer haciendo fila en un edificio federal en el centro de la ciudad, donde fueron llevados los 44 detenidos de las redadas de inmigración del viernes. La Guardia Nacional, pertrechada con cascos, armas automáticas y vehículos camuflados, se preparaba esta madrugada para intervenir en la nueva jornada de movilizaciones convocada junto al Ayuntamiento. A este cuerpo de reserva militar se suele recurrir en situaciones de emergencia como desastres naturales, pero es inusual hacerlo en casos de protestas. 

Un sicario de 15 años disparó al senador conservador Miguel Uribe en un mitin en Bogotá. La escena es tan triste como de sobra conocida en Latinoamérica: un político, candidato a las elecciones, se dirige a sus seguidores en la calle cuando un criminal se le acerca y le descerraja varios tiros. El sábado por la tarde –madrugada de ayer en España–, en Bogotá, fue el turno de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la presidencia de Colombia. El político, de 39 años y miembro del partido Centro Democrático, estaba explicando sobre un cajón improvisado sus propuestas en materia de dependencia y de salud mental cuando un adolescente de solo 15 años se adelantó y le disparó al menos seis veces con una pistola Glock de 9 milímetros. Tres de las balas alcanzaron a Uribe, dos en la cabeza y una en el muslo izquierdo. A pesar de lo certero del atentado, los colaboradores de Uribe lograron taponar las heridas de bala del senador sobre el capó de un coche y llevarlo con vida a un centro hospitalario en el que ingresó en estado crítico. Los médicos practicaron una cirugía de urgencia que el político superó con éxito y, al cierre de esta edición, seguía debatiéndose entre la vida y la muerte