20250612

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El nuevo Plan de Industria del Gobierno Vasco contempla una dotación pública de 3.900 millones de euros, y aspira a traccionar 12.000 millones de euros en inversión privada, movilizando así, 15.900 millones de euros público-privados durante esta legislatura para transformar el tejido industrial de Euskadi. El Plan de Industria prioriza la inversión tanto en sectores tractores actuales (componentes de automoción, energía, fabricación avanzada, metalurgia y movilidad sostenible) como en sectores con potencial tractor a futuro (aeroespacial, biosanitario, soluciones digitales avanzadas, redes inteligentes y almacenamiento, combustibles renovables). Se fortalecerá también la inversión en I+D+i, digitalización y nuevas infraestructuras energéticas. Entre las 15 prioridades estratégicas destacan el arraigo empresarial, la atracción de inversión extranjera, desarrollar nuevo talento, atraer a mujeres a la industria, la descarbonización, incrementar el tamaño de las PYMES e impulsar la adopción de la IA. La veintena de proyectos transformadores que contempla el Plan, 10 bajo liderazgo del Gobierno Vasco y 10 bajo por empresas representativas del tejido productivo, se articulan en torno a tres ejes principales: más industria, mejor industria y menos emisiones y responde a las prioridades estratégicas europeas: innovación, descarbonización, autonomía estratégica y desburocratización, contribuyendo así al proceso de reindustrialización del continente. La gobernanza del Plan se estructurará a través de un sistema pionero, compuesto por el Consejo Vasco de Industria, un Comité Estratégico y una Oficina de Gestión Técnica a cargo del Grupo SPRI, con participación activa de los 17 clústeres industriales y la alianza BRTA – Basque Research & Technology Alliance, que reúne a los 17 centros tecnológicos y de investigación cooperativa de Euskadi. El documento ha sido elaborado por el Gobierno Vasco con la colaboración de instituciones públicas, clústeres industriales, organizaciones empresariales, empresas referentes y la Comisión Europea. A partir de ahora se abre un proceso de socialización con agentes sociales, económicos y empresariales. La versión definitiva será aprobada en Consejo de Gobierno y enviada al Parlamento tras el verano. Ver más en Irekia. 

En un escenario global marcado por la incertidumbre, con el tejido productivo vasco pendiente de cada movimiento de Trump y sus posibles consecuencias, el Gobierno vasco quiso lanzar ayer un mensaje de calma y firmeza frente al creciente nerviosismo empresarial. En la planta de Arteche, en Mungia, donde tuvo lugar la presentación, se dieron cita buena parte de los principales actores políticos y empresariales del país, en un gesto que buscaba escenificar el respaldo institucional al sector industrial. Hasta tres consejeros del Gobierno vasco –Mikel Jauregi, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Noël d’Anjou–, además del lehendakari Pradales, llegaron a intervenir en un evento en el que también estaban presentes los diputados generales y los de Promoción Económica de las tres diputaciones. Las intervenciones empresariales –a cargo de Álex Artetxe, presidente de Arteche; Nerea Aranguren, directora general del grupo Danobat; y Jorge González, CEO de Ormazabal-Velatia– coincidieron en respaldar la estrategia del Gobierno vasco y en subrayar la necesidad de que las administraciones ejerzan un papel activo como fuerza tractora de la economía. Todos ellos destacaron la importancia de articular mecanismos de colaboración público-privada para afrontar los retos que plantea la reindustrialización. La elección del escenario tampoco fue casual. La planta de Arteche, especializada en soluciones eléctricas, sirvió de marco en un momento en el que el Gobierno vasco insiste en reforzar las infraestructuras de conexión para garantizar el suministro a una industria cada vez más electrointensiva. Unas inversiones imprescindibles para asegurar el futuro económico de Euskadi.

Durante la presentación del Plan de Industria de Euskadi 2030, dos voces de referencia del tejido empresarial vasco, Nerea Aranguren, CEO de Danobat, y Jorge González, CEO de Ormazabal-Velatia, coincidieron en señalar que el nuevo ciclo reindustrializador requiere tanto «ambición tecnológica como un profundo cambio cultural y social». Ambos dirigentes aplaudieron la iniciativa públicoprivada del Gobierno Vasco y defendieron el valor estratégico de la industria para el bienestar colectivo. También subrayaron que Euskadi solo podrá competir a escala global si mantiene «una cooperación público-privada sólida y logra atraer talento joven cualificado». Aranguren advirtió, además, sobre el desafío que representa la industria china, que «está entrando en Europa en condiciones que rozan la competencia desleal». Según explicó, la creciente estrategia de localización de los fabricantes chinos, junto con las barreras comerciales globales, obliga a las empresas vascas a ser más ágiles, diversificar mercados y centrarse en su especialización tecnológica. «No podemos competir en todo; tenemos que elegir bien nuestras batallas», afirmó. González, por su parte, puso en valor que la economía vasca mantiene un peso industrial del 24%, por encima del 19% europeo. No obstante, alertó sobre el problema de fondo: «La calidad del talento es alta, pero cada vez hay menos personas que optan por las formaciones que necesitamos». González calificó este momento puede actuar como «un electroshock positivo». Aranguren también aprovechó su intervención para reivindicar el valor de los jóvenes que se están incorporando a las empresas.

El año pasado fue un ejercicio complicado para el automóvil, especialmente para el sector de componentes, quizá el eslabón más débil de la cadena por la gran cantidad de pymes que lo conforman. Según los datos remitidos ayer por Sernauto, organización que representa a los fabricantes de componentes de automoción en España, la facturación del sector en 2024 cayó un 0,7%, hasta los 41.238 millones de euros, cortando así una racha de dos ejercicios consecutivos de ascensos. A pesar de ello, Sernauto destacó que las empresas de componentes se mantuvieron por encima de la barrera de los 40.000 millones de euros, superada por primera vez en 2022. A esto se sumó una caída también del 0,7% en el empleo directo, con 203.250 personas, que sumado al trabajo indirecto arrojó un total de 325.200 ocupados. El dato que más llamó la atención, sin embargo, es la fuerte bajada en las inversiones productivas, con un descenso del 12,3%, lo que evidencia, según Sernauto, el riesgo de que haya inversiones que se vayan hacia otros países. “En Europa occidental será difícil que recuperemos la producción del año 2017, porque parte de esa producción se ha trasladado y hay que reorganizar la demanda. Hay que lograr ser competitivos. Si Europa se pusiera firme e hiciera un plan renove [incluyendo todo tipo de tecnologías], podría haber un estímulo a la demanda y, por tanto, un impulso a la producción”, indicó Francisco J. Riberas, presidente de Sernauto. En cuanto a la inversión en I+D, esta bajó un leve 2%, hasta los 1.245 millones de euros, el equivalente al 3% de la facturación del sector. Esto sigue “siendo el triple que la media industrial en España”, destacó Sernauto. Las exportaciones, por su parte, también retrocedieron un 0,3%, hasta los 25.065 millones de euros, representando el 60% de la facturación del sector. En Sernauto se mostraron preocupados por la guerra arancelaria iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump. 

Marelli, empresa japonesa de componentes de automoción propiedad del fondo estadounidense KKR, se ha acogido a la Ley de Quiebras de EEUU para negociar la reestructuración de su deuda y sus operaciones. Marelli, una de las mayores compañías mundiales del sector, tiene entre sus clientes a los grandes fabricantes automovilísticos y se ha visto afectada por la crisis que sacude a algunos de ellos como Nissan o Stellantis, por la caída de las ventas de coches y por la guerra arancelaria iniciada por el Gobierno de Donald Trump. El grupo nipón se ha acogido a la Ley de Quiebras en un juzgado de Delaware (EEUU). El plan de Marelli incluye financiación de hasta 1.100 millones de dólares por parte de un grupo de acreedores entre los que figuran el hedge fund SVP y Deutsche Bank, que se harán con el control del grupo cuando se complete la reestructuración. El CEO de Marelli, David Slump, dijo ayer que “el impacto severo de los aranceles a la importación y exportación, y especialmente al sector automovilístico y de componentes”, junto a los problemas que arrastraba desde el Covid, han abocado al grupo a suspender pagos.

Crónica de una muerte anunciada. Criteria abandona la operación que iba a suponer el salvavidas definitivo para la siderúrgica catalana Celsa, primer productor europeo de acero circular de bajas emisiones, que a finales de 2023 pasó a manos de acreedores tras perder su propiedad la familia Rubiralta. La decisión del brazo inversor de La Caixa es un varapalo también para Euskadi, donde Celsa cuenta con la planta de Nervacero en Bizkaia y la histórica Laminaciones Arregui en Álava. Entre las dos suman 500 trabajadores que estaban a la espera de que se confirmase la operación. «Es una mala noticia que aumenta la incertidumbre», señaló ayer a este periódico José Antonio Cavia, presidente del comité de empresa de Nervacero, acería en la que ya hay un ERTE activado y prorrogado hasta abril de 2026. Celsa confiaba en que el brazo inversor de La Caixa completase la compraventa del 20% de su capital, anunciada el pasado 2 de abril cuando Ángel Simón aún era consejero delegado de la entidad presidida por Isidro Fainé. Sin embargo, unos días después –en plena Semana Santa– la propia entidad aseguraba en un comunicado que la operación no estaba cerrada, dejando en el aire todo el proceso que, con la llegada de Francisco Reynés a Criteria, ha quedado suspendido. Según se comunicó entonces, Celsa tuvo cinco ofertas sobre la mesa, con lo que podría retomar alguna de ellas para intentar reflotar sus resultados. 

“Industriak ematen dizkigun lanpostuak ez dizkigute beste sektoreek ematen. Kalitatezko enplegua sortzen du”, adierazi zuen Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuak atzo goizean. Ideia hori ardatz harturik Jaurlaritzak azken bederatzi hilabeteak eman ditu industria plana garatzen, eta atzo aurkeztu zuen Arteche konpainiaren egoitzan, Mungian (Bizkaia). Plan “transbertsala” eta “dinamikoa” izango da, eta Jaurlaritzak 3.900 milioi euroko inbertsioa egingo du, aurreko lau urteetan baino %50 gehiago. Industria, Trantsizio Energetikoa eta Jasangarritasunaren sailak 2.100 milioi euro jarriko ditu, beste 1.200 milioi euro pasa den martxoan iragarritako Euskal Finantza Aliantzak eta gainerako 600 milioi euroak Eusko Jaurlaritzaren beste sail batzuek. Horrekin batera, Jaurlaritzak aurreikusten du erakunde pribatuek 12.000 milioi euro mobilizatzea datozen lau urteetan. Hortaz, guztira, 15.900 milioi euroko inbertsioa egingo da industria indartzeko. Gehiago Irakurri hemen. 

Las empresas vinculadas a la energía eólica cobrarán más presencia en el Puerto de Bilbao. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria anunció ayer la concesión de una superficie adicional de 130.000 metros cuadrados a Haizea Bilbao –empresa del grupo Haizea Wind– en los muelles AZ-2 y AZ-3, colindantes a sus instalaciones actuales. De esta forma dará pie a sus planes de crecimiento que prevén una ampliación por fases para «convertir a las instalaciones en un referente del sector». El fabricante de torres y cimentaciones ‘offshore’, que ha realizado una inversión de 300 millones de euros en sus instalaciones a pie de muelle, pasará a contar con 340.000 metros cuadrados. Su ampliación será posible gracias al reordenamiento de los espacios, ya que el crecimiento vendrá vinculado al traslado de otras empresas como Servicios Logísticos Portuarios SLP y Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica al Muelle AZ-0 y al Espigón Central, respectivamente. Haizea Wind opera desde hace siete años en el puerto, aprovechando la ventaja de contar con sus plantas de producción al pie del muelle. «Junto con firmas como Euskalforging, Forjas de Iraeta, Laulagun, Navacel, Nordex Acciona, Sakana, Siemens Gamesa Renewable Energy (Sgre) o Vicinay Cadenas, forma parte de las empresas que cuentan con el Puerto de Bilbao como aliado para su internacionalización», detallaron.

Establecer cuál debe ser la relación de Osakidetza con la sanidad privada. Esta cuestión está tensionando el Pacto de Salud hasta el punto de que algunos integrantes del foro amenazan con abandonarlo. Tras semanas de negociaciones sigue sin haber acuerdo y la distancia entre varias partes parece insalvable, según indicó el Departamento de Salud. Las diferencias son tales que ni siquiera se alcanzó un consenso en el seno del grupo de trabajo encargado de elaborar la propuesta presentada ayer a la mesa, algo «inédito» que no se ha dado en las otras 22 líneas de actuación. El punto de la discordia tiene un cariz político sobre el modelo de salud pública que se quiere para Euskadi. Se refiere a las prestaciones sanitarias que debe ofrecer Osakidetza y cuáles se pueden derivar a la privada. En el documento presentado ayer, y que se aprobó con los votos de EH Bildu, LAB, UGT, CC OO, SATSE, Sumar y el Colegio de Trabajo Social, se establecía que esta colaboración debía ser «ocasional y excepcional». Las externalizaciones tendrían que justificarse y previamente «ser analizadas y aprobadas por la administración, profesionales, colegios profesionales, representantes de trabajadores y representantes de usuarias». Planteaba a su vez que, a medio plazo, Salud dejase de recurrir a la privada y preste ella misma los servicios que ahora concierta con las clínicas. Todo ello sería medido cada año para comprobar que lleva a cabo esta reducción. PNV, PP, PSE y el representante de Confebask trasladaron ayer sus discrepancias con la propuesta presentada, tanto por su contenido como por el modo en que se desarrolló aquella votación en el grupo de trabajo. Gontzal Tamayo, director de Planificación, aseguró que en Europa no existe ningún sistema público de salud que no tenga colaboración con el sector privado para determinadas cuestiones. Defendió a su vez que Osakidetza es uno de los que menor grado de conciertos tiene para cuestiones como derivar pruebas, operaciones o contratar el servicio de ambulancias. Salud se compromete, según la propuesta, a no incrementar el porcentaje de fondos que destina a acuerdos con entidades privadas. Cantidad que oscila en la actualidad entre el 5 y el 6% del presupuesto de la consejería, cifrado en 5.116 millones de euros. La proposición será remitida a los participantes, para que puedan realizar aportaciones, y al grupo de trabajo de esta línea estratégica. Pese a estas diferencias el consejero Martínez está convencido de que «tendremos Pacto de Salud». Su firma final está prevista el 27 de junio. 

En los convenios registrados hasta mayo, un total de 307.260 empresas han pactado con sus trabajadores un alza retributiva media del 4,61%, 2,7 puntos por encima del IPC. Esto es, un notable aumento del poder de compra del que se beneficiarán 2,96 millones de asalariados, más del 37% del total de los incluidos en esos convenios (7,93 millones). Las mayores alzas se registran en los acuerdos sellados este mismo año, con una media del 4,07%, en contraste con el 3,27% pactado en los convenios firmados en años anteriores pero con efectos en 2025, lo que evidencia la inercia alcista de los sueldos. Los trabajadores del sector servicios se beneficiarán de la mayor mejora retributiva, con un alza media del 3,57% para 5,74 millones de empleados. Es el único sector que supera el promedio, ya que en la construcción el aumento acordado es del 3,13% para unos 208.000 asalariados. También por debajo de la media se sitúa la industria, donde 1,66 millones de trabajadores verán elevados sus salarios un 2,85%. En ambos casos, por encima de la inflación actual. En el sector agrario, la ganancia de poder adquisitivo será mínima, con un aumento del 2,01%. Por provincias, el mayor incremento salarial medio se registra en Vizcaya, con un alza del 5,67%. En Gipuzkoa, un 3'54% y en Araba, un 2'37%. 

La guerra comercial emprendida por Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca ha desencadenado una oleada de rebajas de las previsiones de crecimiento económico internacional que ha terminado por afectar a España, sujeta ya a un enfriamiento generalizado de las proyecciones de avance de PIB. A las recientes revisiones a la baja de las estimaciones económicas oficiales del Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se les suman ahora las correcciones aplicadas por los analistas de los principales servicios de estudios del país. Así lo refleja el Pulso Económico Trimestral de EY Insights en su edición de primavera de 2025, que da cuenta de las valoraciones de los responsables de una quincena de las principales casas de análisis del país, incluyendo los de Funcas, Fedea, el Círculo de Empresarios, la Empresa Familiar, CEOE, la banca (BBVA Research, Santander, CaixaBank o Singular Bank), firmas como Arcano, escuelas de negocio (Esade o el IE Business School), e instituciones como Orfin, CEPS o el Real Instituto Elcano. En concreto, EY destaca que la “principal conclusión de esta edición” es “el enfriamiento del optimismo sobre las previsiones de crecimiento, con un 56% de los expertos estimando ahora un crecimiento de hasta 2,5% anual, 24 puntos porcentuales menos que en la edición de invierno”. En este sentido, destaca EY, “la política arancelaria de la nueva Administración estadounidense irrumpe como el principal riesgo para la economía española, ya que se percibe únicamente de forma negativa” por el 100% de los encuestados, desbancando incluso a la fragmentación política nacional como principal amenaza para el crecimiento económico. 

Inditex logra mantener la senda del crecimiento en un contexto de mercado adverso, pero su evolución trimestral más débil desde la pandemia provocó que sus acciones cayeran ayer un 4,37%, hasta 47,06 euros por título, reduciendo su capitalización bursátil a 146.669 millones. El grupo textil registró entre febrero y abril una facturación de 8.274 millones de euros, un 1,5% más, la mitad del alza del 3% que esperaban los analistas. Los ingresos del dueño de Zara se vieron penalizados por un cúmulo de factores: la guerra comercial y su impacto sobre los consumidores, el efecto divisa, la climatología adversa en buena parte de sus mercados, el efecto calendario –2024 tuvo un día más al ser bisiesto– y hasta el apagón del 28 de abril en España, que le restó un día de venta en un mercado que pesa el 15% de la facturación. Sin el efecto de los tipos de cambio sus ventas habrían crecido un 4,2%, mientras que si se descuenta el efecto calendario el incremento habría sido del 5,3%. No obstante, los datos muestran una desaceleración progresiva respecto a los años anteriores. Inditex creció un 13% en los tres primeros meses de 2023, un 7,1% en el mismo periodo de 2024 y ha reducido el ritmo al 1,5% en 2025, su crecimiento más modesto desde 2018 –sin contar la pandemia–. Se trata de un frenazo al que se ha enfrentado prácticamente toda la industria textil en mayor o menor medida y al que el gigante español podría dar la vuelta ya en el segundo trimestre del año. La compañía anunció ayer que sus ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 9 junio crecieron un 6%, una mejora de casi dos puntos frente al primer trimestre.

Entrevista con Unai Sordo, que se postula para su tercer y último mandato en el 13º congreso de CCOO. "Si la reducción de jornada pasa del verano, empezará a interferir en la negociación colectiva. Y esto es un problema sindical de primer orden porque la renovación de los convenios requiere conocer el mapa en el que te vas a mover. El control horario es tan relevante como la reducción de jornada. Para nosotros hay dos líneas rojas: que la reducción de jornada sea por ley y la mejora en los sistemas de control horario...Junts es un partido que, en términos socioeconómicos, es tan de derechas, o más que el Partido Popular, y que responde muchas veces a intereses casi expresados en clave de lobby de algunas patronales y empresas catalanas. Hay millones de trabajadores, también catalanes, que están esperando como agua de mayo esta reducción... La gente tiene que saber que hay grupos parlamentarios que no están dispuestos a reducir la jornada laboral porque prefieren que las empresas ganen más beneficios a costa de empeorar las condiciones de trabajo de la gente... Una de las razones del auge del absentismo en España, por ejemplo, tiene que ver con el exceso de tiempo que se trabaja o con la distribución irregular del tiempo de trabajo que afecta a la vida social de las personas. Con la evolución de las bajas se está haciendo una lectura simplista. La gente ya no está dispuesta a trabajar con algunas dolencias que hace 20 o 25 años se consideraban que formaban parte del paisaje, al que se suma que hay un deterioro en la actividad preventiva...Hoy en día el precio de la vivienda será el gran problema que van a tener para encontrar trabajadores en muchas de las actividades que van a generar empleo en España en el próximo tiempo. La no existencia de precios asequibles para acceder a la vivienda destruye y va a imposibilitar la creación de empleo en términos superiores que la subida del salario mínimo o la reducción de jornada. Hay que desplegar un parque de viviendas a precio asequible. Van a venir 200.000 personas al año que van a tener que vivir en algún sitio. Si muchos de los empresarios de este país dijeran en público las cosas que yo sé que piensan sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario, o de alguna cosa más, a lo mejor estaríamos en otra situación..."

SOS de los funcionarios del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). El organismo encargado de gestionar las prestaciones por desempleo público del país con mayor número de parados de Europa está al borde del colapso, según denuncian los sindicatos CC OO y CSIF. Incluso en varias provincias españolas puede decirse que ya ha colapsado, como Madrid, Guadalajara y Tarragona, donde es imposible que los ciudadanos consigan una cita previa y resuelvan sus dudas o se den de alta para cobrar una ayuda (tanto contributiva como asistencial) tras quedarse sin empleo, o bien tras haber entrado en un ERTE. Y en otras provincias como Barcelona, Baleares, Alicante, Gerona o Lérida es prácticamente imposible. La situación en Euskadi es bastante mejor. En las tres oficinas de Álava se puede coger cita para la misma semana y solo en dos de las 16 de Bizkaia no tienen fechas disponibles. En Gipuzkoa sí se observa algo más de problema. En cinco de sus 12 oficinas no hay posibilidad de acceder a una cita previa. Cabe recordar que aunque el SEPE comparte espacio con Lanbide en muchas oficinas, es el organismo que se encarga de abonar las prestaciones de desempleo. La sobrecarga de trabajo que han ido acumulando en el SEPE estos últimos años unido a la falta de personas, con una oleada de bajas y jubilaciones en esta administración pública, imposibilita atender al público y ofrecer citas previas en prácticamente cuatro de cada diez oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional, según precisa CC OO en un comunicado enviado ayer.

Los bancos cotizados –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– recibieron el año pasado 7.314 comunicaciones a través de sus canales de denuncia. Tras analizar estos expedientes, los dos grandes grupos suman 562 despidos disciplinarios, a los que se añade uno de Sabadell, según las cuentas anuales de 2024 de estas entidades. CaixaBank no recoge en esta documentación ningún despido. Santander recibió 4.437 denuncias a través de su canal ético en 2024. Son un 21% más que en el ejercicio precedente, cuando contabilizó 3.611 comunicaciones. El aumento se debe a que el año pasado se ampliaron las unidades de negocio que incluye el canal. El grupo cerró un total de 715 medidas disciplinarias en 2024, de las que 393 fueron despidos, un 0,2% del total de los empleados de la corporación, según las cuentas anuales de Santander. El banco explica que tres de estos despidos se derivaron de las 14 comunicaciones relativas a casos de corrupción. La mayor parte de las comunicaciones recibidas (2.286, el 51%) se refieren a incumplimientos del Código General de Conducta de la entidad. Dentro de este apartado, 1.094 se ligan a acoso, sobre todo laboral, con situaciones que atentan a la dignidad de la persona y la creación de un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”, explica el banco.

El BCE ha puesto sobre la mesa un nuevo reto para las instituciones europeas: reforzar el papel del euro como divisa de referencia global. Para su presidenta, Christine Lagarde, el momento actual de debilidad del dólar es la gran oportunidad para dar más peso al euro en el comercio y las finanzas internacionales, también en las reservas de los bancos centrales del mundo. Pero los obstáculos son enormes y van más allá de las carencias institucionales y económicas que impiden a la zona euro ser un relevo creíble a Estados Unidos y el todopoderoso dólar. A la falta de un mercado de capitales único, capaz de ofrecer la profundidad y la liquidez del estadounidense, o de poderío militar, que sin duda es reclamo para dar seguridad al capital internacional, el euro también afronta un nuevo obstáculo: el impulso que EE UU pretende dar a los criptoactivos y a las stablecoins vinculadas al dólar. Iniciativas que sin duda van a impulsar la demanda de dólares entre inversores y consumidores cada vez más deslumbrados por los criptoactivos y los pagos virtuales y que hacen aún más urgente, según defiende el BCE, el desarrollo del euro digital. El BCE presentó ayer su informe anual sobre el papel internacional del euro, en un momento en que la autoridad monetaria está haciendo un ambicioso llamamiento a la clase política europea para que aborde las tareas pendientes del proyecto del euro. La institución ve mimbres en el euro para intentar aspirar a reemplazar al dólar como divisa de referencia. Pero el camino es muy largo y a pesar de que la llegada de Trump está debilitando al dólar, y creando, por tanto, una oportunidad para la divisa europea, las políticas de EE UU también están plateando nuevos riesgos ante el desafío de reforzar el papel internacional del euro. Riesgos que tienen que ver con el impulso a los criptoactivos y las stablecoins que defiende la Casa Blanca y que podrían reforzar la demanda de dólares.

España está pendiente de que Bruselas dé el visto bueno a un nuevo desembolso del Plan de Recuperación, el quinto desde que la UE puso en marcha el colosal programa de ayudas tras el hundimiento económico provocado por la pandemia. Este tramo incluye 8.000 millones en subvenciones y unos 16.000 en préstamos, pero hay dudas sobre si el Ejecutivo comunitario abonará el importe completo, puesto que uno de los hitos comprometidos para recibir el pago se ha quedado en el aire: la subida fiscal al diésel. El Gobierno hizo varias carambolas entre finales del año pasado y principios de 2025 para que la medida saliera adelante en el Congreso, pero la iniciativa acabó cayendo en saco roto por la negativa de varios aliados del bloque de investidura a apoyarla. Más allá del trasfondo político, lo normal es que el incumplimiento de este hito origine una minoración en la cuantía de fondos europeos, aunque fuentes oficiales tanto nacionales como comunitarias aseguran que las conversaciones entre Madrid y Bruselas siguen abiertas y no se ha tomado aún una decisión firme al respecto. ¿Cuánto perdería España? Eso también depende de la negociación entre las dos partes. “La evaluación está en curso y comunicaremos nuestras conclusiones a su debido tiempo. Esta quinta solicitud de pago es una de las más cuantiosas que la Comisión ha tenido que evaluar hasta la fecha, con un valor aproximado de 24.000 millones de euros y 84 hitos”, dicen fuentes de la Comisión. “Requiere tiempo suficiente para una evaluación exhaustiva. La Comisión está colaborando estrechamente con las autoridades españolas para completar su evaluación de esta quinta solicitud de pago lo antes posible”.

El informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 5 de junio al juez del ‘caso Ábalos-Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, puede acabar en breve con el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, imputado. En ese documento, el que desencadenó los registros del martes en la casa de José Luis Ábalos y en varias empresas constructoras bajo sospecha por sus vínculos con la trama que dirigía Víctor de Aldama, se desvela que la Guardia Civil, cuando registró en febrero de 2024 la casa de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, se incautó de diversos dispositivos en los cuales había grabaciones realizadas por García de forma subrepticia. Por la mañana, horas antes de que trascendiera el contenido parcial de los audios, Cerdán aseguró no tener ningún miedo y negó su implicación en ninguna actividad irregular. Una de esas grabaciones, según han confirmado diferentes fuentes de la investigación, pertenece a una reunión entre García, Ábalos y Cerdán en la que los tres hablan de cantidades que todavía se les adeudan por las adjudicaciones de obra pública supuestamente amañadas. En ese encuentro –que tuvo lugar después de que Ábalos abandonara la cartera de Transportes en 2021 y cuya transcripción figura en el informe cuyo secreto se va a levantar en pocas horas– se dan detalles sobre la deuda de cuatro constructoras que habrían sido beneficiadas con contratos trampeados a cambio de comisiones, de acuerdo con estas mismas fuentes. Esa grabación no es la única que se ha incorporado al atestado de la UCO y en la que se habla de cobro de mordidas por adjudicación de obra civil.

“Nosotros nos quedamos con un total del 55% en aranceles, China se queda con el 10%. ¡La relación es excelente! ¡Gracias por su atención!”. Estas fueron las palabras que ayer eligió el presidente de EEUU, Donald Trump, para anunciar en redes sociales que Washington y Pekín han vuelto a pactar una nueva tregua comercial mientras continúan negociando un acuerdo definitivo. Trump también aseguró que el acuerdo incluye retirar la orden de revocar los visados a los estudiantes chinos en Estados Unidos y permitirles seguir estudiando en las mejores universidades del país. “¡Algo que siempre me pareció bien!”, según matizó el presidente, dejando claro que su amenaza no era más que una medida de presión. Y para rematar su discurso triunfal, añadió que “China suministrará por adelantado los imanes y las tierras raras necesarias”. A falta de más detalles de lo que parecía una gran victoria para la agenda proteccionista del presidente norteamericano, fue el secretario de comercio, Howard Lutnick, quien matizó algunos de los detalles del acuerdo pactado por las delegaciones de ambos países en Londres tras dos días de negociaciones en sesiones maratonianas que terminaron a última hora de la noche del martes. El acuerdo no entrará en vigor hasta que ambos presidentes firmen el convenio. Queda claro que Trump está encantado con el acuerdo y los analistas se preguntaban ayer por qué Xi Jinping firmaría este tratado provisional de paz cuando partía con ventaja en las negociaciones, ya que China controla el 90% del comercio mundial de tierras raras, imprescindible para múltiples sectores, desde la fabricación de coches eléctricos hasta aplicaciones en la industria de defensa.

El Gobierno de Estados Unidos planea el traslado potencial de miles de extranjeros en situación ilegal a la base militar de Guantánamo, en Cuba, en un proceso que incluiría a ciudadanos de gobiernos aliados como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido. La operación tiene como fin aliviar la presión sobre los centros de internamiento repartidos en suelo estadounidense donde el aluvión de redadas comienza a saturar las instalaciones con un número cada vez más alto de migrantes sin papeles a la espera de ser enviados lejos. La idea es que los presos de Guantánamo lo sean durante un tiempo variable –y corto según los documentos filtrados– antes de ser expulsados a sus países de origen. Trump parece tener prisa por comenzar los vuelos, pero el asunto resulta muy sensible para su Administración. A nivel interno, el plan representa el recurso a una prisión de infausto recuerdo entre los defensores de los derechos civiles, aunque, paradójicamente, muy útil para los objetivos del inquilino de la Casa Blanca de atemorizar a los indocumentados. Respecto a su proyección exterior, puede convertirse en una fuente de conflictos diplomáticos, especialmente con aquellos gobiernos con los que hasta ahora EE UU ha funcionado sin problemas en la organización de deportaciones. La oposición italiana ha sido la primera en reaccionar y califica de «indecente» encerrar a civiles en un campo famoso por las denuncias de torturas. Ningún departamento quiso ayer referirse a la información destapada por ‘Público’ y ‘The Washington Post’, según la cual, 9.000 personas están en lista de espera para ser trasladadas al lugar de detención con peor reputación del país, utilizado en el pasado para encerrar en condiciones dudosas a presuntos terroristas yihadistas. 

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó ayer al presidente del país, Donald Trump, de «abuso de poder» por desplegar a los marines y la Guardia Nacional para sofocar las protestas en Los Ángeles contra las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). El político demócrata denunció el deterioro de los derechos de la población. «California es el primer paso. Esto no terminará aquí. Le seguirán otros Estados. Le seguirá la democracia», advirtió. Y sobre la posibilidad alentada por Trump de detenerle por «eludir su deber», dijo: «¡Que vengan a buscarme!». La chispa de California ha encendido una mecha con manifestaciones en una veintena de ciudades, como Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Tampa, San Francisco, Seattle, Filadelfia, Atlanta y Nueva Orleans. Ante esta extensión, Trump recordó que la demostración de fuerza realizada estos días en Los Ángeles es la prueba de que no tolerará más disturbios. Está dispuesto a recurrir, como en California, al ejército. El líder republicano cargó contra los manifestantes, a los que llamó «animales» y «basura desastrosa llena de criminales». Tras el despliegue en California, la Guardia Nacional también ha comenzado a actuar en Texas. Allí ha sido el gobernador, el republicano Greg Abbott, el que ha solicitado la intervención militar para acabar con las protestas y ayudar a los agentes antiinmigración en las operaciones para detener a los irregulares. La tensión no deja de subir en EE UU, donde el foco está puesto en el duelo entre Newsom y Trump. El gobernador de California asegura que la democracia «está bajo un ataque» y acusa al presidente de una deriva hacia el «autoritarismo» tras haber ordenado por su cuenta el despliegue de 4.800 miembros de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles.