20250606

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

“En Euskadi, venimos sufriendo desde hace muchos años ya unos índices alarmantes de absentismo que nos sitúan a la cabeza del Estado y de Europa. Es un problema compartido por empresas, trabajadores e instituciones. Necesitamos mejorar los procesos de bajas por enfermedad común trabajando entre todos, con compromiso, colaboración y mutua confianza. Sin buscar culpables,  por supuesto, pero tampoco normalizando una situación preocupante”.  Es el principal argumento esgrimido esa mañana por la directora del área jurídico-laboral de Confebask, Virginia Múgica, en el programa ‘En Jake’ de ETB. Virginia Múgica ha recordado que el absentismo “ha mantenido en los últimos años un tendencia desbocada de incremento, que prácticamente dobla los índices de Madrid y de la UE”.  Según el Banco de España, desde 2019, el gasto en las bajas por enfermedad común en todo el Estado han aumentado un 78%. “Necesitamos afrontar una mirada de 360º que nos permita llegar a un diagnóstico compartido por todos los involucrados. Ver más en Confebask. Ver vídeo completo aquí. 

El clima de preocupación marcó buena parte del III Foro Siderúrgico celebrado ayer en San Sebastián, debido principalmente al último paso proteccionista de Trump de elevar los aranceles del acero y aluminio al 50%, lo que ha encendido las alertas en la industria siderúrgica vasca, hasta el punto de paralizar proyectos de inversión ya preparados. El último paso proteccionista de Trump para elevar los aranceles del acero y aluminio al 50% ha vuelto a encender las alertas en la industria siderúrgica vasca, hasta el punto de paralizar proyectos de inversión ya preparados. «Es muy difícil tomar decisiones estratégicas en este contexto. El mercado estadounidense es clave para muchas empresas guipuzcoanas y hoy se trabaja con una incertidumbre enorme sobre qué costes reales implicarán esas barreras comerciales», advierte Pablo Munilla, presidente de Inter Alloys, firma con sede en Donostia que trabaja en el mercado internacional de materias primas de acero. «Hay compañías –sostiene– que estaban listas para invertir, pero han frenado por miedo al impacto de los impuestos aduaneros. Esto paraliza proyectos clave para nuestra industria». Uno de los aspectos más debatidos fue el equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad. «El coste de producir acero con bajas emisiones es alto, pero el mercado aún no está dispuesto a pagar ese sobreprecio», explicó Munilla. Empresas como Sidenor, muy avanzadas en procesos de descarbonización, constatan que esa diferencia de precio está frenando la demanda. «Creemos en el acero de bajas emisiones y queremos que se convierta en una exigencia para todos, pero el aumento de costes que eso supone debe ser compartido», resumió José Antonio Jainaga, el presidente de la compañía.

El Gobierno vasco y la Fundación Vital, junto al 'Family Office' de Irene Carmen Lequerica han adquirido el 49% de dos empresas integradas en Mirai, el grupo industrial impulsado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. Según fuentes conocedoras de la operación, la inversión total ha sido de 70 millones, de los que 35 corresponden al Ejecutivo a través del fondo público Finkatuz, 17 millones de la Fundación Vital y otros tantos del vehículo inversor de la familia Carmen Lequerica, que fue propietaria de Dicsa, un fabricante de racores de acero inoxidable y distribución de componentes hidráulicos. La operación ha sido sobre Innometal y Ohmnia Electronics, dos firmas centradas en la industria electromecánica. Cuentan actualmente con una plantilla total de más de 900 empleados y una facturación aproximada de 180 millones de euros anuales. En Euskadi, ambos grupos industriales cuentan con ocho plantas productivas que dan empleo a más de 400 personas. La compra de acciones seguirá dejando el control de las empresas en manos de Jainaga, con un 51% de los títulos. La sede de ambas compañías se trasladará a Vitoria y según ha informado el Gobierno vasco en una nota, la inyección de capital permitirá el «crecimiento continuo de ambos grupos industriales y facilitar la diversificación de su oferta de productos y servicios, complementando sus capacidades tecnológicas».

La planta trabaja con la peor previsión productiva del último lustro, ya que sólo se fabricarán 122.634 unidades este año hasta la semana 38 del año; esto es, hasta el 15 de septiembre. Los dos turnos de las divisiones de Montaje Bruto, Pintura y Montaje Final no trabajarán de forma conjunta en la factoría hasta esa fecha. Y hasta el 8 de septiembre no habría nadie trabajando en la planta, quitando el personal de mantenimiento. Durante la segunda semana de ese mes la situación será diversa según los turnos y las divisiones, pero la normalidad no volverá hasta ese día 15. Los trabajadores de Mercedes Vitoria ya saben cómo será este verano en la fábrica. Después semanas de incertidumbre y tres meses en los que cada semana se ha mandado a grupos de hasta 500 trabajadores a casa –una fórmula que se permitió gracias a la activación de una serie de jornadas a principios de año contempladas en el calendario laboral pactado con ELA, UGT y Ekintza–, la dirección de Bernd Krottmayer confirmó ayer a los sindicatos que durante este próximo verano la plantilla estará seis semanas sin trabajar entre vacaciones y las obras de la VAN.EA, la plataforma eléctrica que permitirá fabricar a pleno rendimiento la VLS –la versión de pasajeros– a partir de marzo del año que viene. La ventana de descanso irá desde la bajada de Celedón y en algunos casos se extenderá hasta el 15 de septiembre. La medida aumentará de nuevo la ‘deuda’ de horas no trabajadas por la plantilla después de una primavera en la que se ha ido recortando esa diferencia entre lo pagado y lo trabajado a base de novenas horas y sábados. Las perspectivas con las que trabajan empresa y parte social es que puedan suspenderse unas diez jornadas de trabajo para afrontar las obras. En total, un verano con seis semanas sin trabajar para el grueso de la plantilla.

La emblemática empresa Pescados y Mariscos Rodolfo, que está ubicada en el puerto de Pasaia desde hace más de cincuenta años, se encuentra en proceso de liquidación desde comienzos de la semana pasada. Un proceso al que se ha visto abocada al no poder hacer frente a sus deudas, según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras de la situación. Esta firma ha entrado en concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia. El auto decreta la insolvencia de la empresa y, como es habitual, suspende las facultades de gestión, que pasan a manos de un administrador concursal, en este caso, el economista Vicente Zubizarreta. La empresa familiar, creada en los años 50 por Rodolfo Martínez de Nanclares, había pasado ya a la segunda generación y estaba en manos de sus cinco hijos. Una empresa dedicada a la compra y distribución de pescado fresco y también congelado, que fue pionera en su momento en Gipuzkoa y que es todo un referente del sector en el territorio y también en el conjunto del Estado. Pero la firma llevaba varios años atravesando problemas económicos derivados de la difícil situación de un sector en el que en los últimos ejercicios han ido aumentando los gastos y se han ido estrechando los márgenes. En concreto, apuntan que han subido los gastos de transporte, el gasoil, las cajas, el hielo, el IPC y en consecuencia los sueldos... Aspectos todos ellos que conllevan unos márgenes de rentabilidad muy bajos.

Pescados y Mariscos Rodolfo no es la única empresa que ha entrado en concurso en el territorio en el mes de mayo, aunque sí la más llamativa. De hecho, se sitúa en el cuarto puesto de compañías concursadas en todo el Estado por volumen de facturación. Un listado en el que también están dos empresas vizcaínas, Metal Smelting, de Iurreta, con 50 millones de ventas, y Metal Performers, de Abando-Zelaieta, con algo más de 12 millones de facturación. En el acumulado del año, es decir, en los cinco primeros meses, un total de 44 firmas guipuzcoanas han entrado en concurso, según Informa D&B. El comercio y la hostelería son los sectores de actividad que aglutinan más empresas concursadas, con doce y diez, respectivamente. Le sigue la construcción y actividades inmobiliarias con siete. La industria cuenta con tres, transportes y servicios con dos cada una, y la energía y la sanidad, con una cada una. A ellas se unen cinco de otros servicios. En el País Vasco, hasta mayo se han producido 162 concursos de acreedores, lo que supone un aumento del 17,39% respecto al año anterior, por encima de la media estatal, que se ha incrementado un 12,56%. Además, se han producido seis planes de reestructuración y cuarenta procedimientos especiales.

La empresa Calcinor, grupo perteneciente a la sociedad Gipuzkoako Zepa Siderurgikoa S.L y dedicada a la cal y derivados que tiene su sede en Altzo, comenzará su andadura hacia el final del verano en las históricas instalaciones de Arcelor en el polígono Kaminpe, en el término municipal de Urretxu. Según ha podido saber DV de fuentes solventes del Gobierno Vasco, la nueva compañía que se dedicará a procesos de reciclaje de residuos –escorias blancas y negras y refractarios– tiene previsto iniciar su actividad hacia el final del verano, «entre los meses de septiembre y octubre», donde antiguamente se hallaba la fundición, aunque se desconoce el número exacto de nuevos empleos. En un momento en el que la industria vasca está sufriendo por la competencia china, la inestabilidad internacional, la política proteccionista de Estados Unidos en forma de aranceles y hasta los costes regulatorios o el exceso de burocracia, la reanudación de la actividad de esta planta una década después es una excelente noticia para Urretxu y la comarca de Alto Urola, pero también para el conjunto de la economía de Gipuzkoa en general, y de la metalurgia y del sector del acero en particular. Y es que la decisión de ArcelorMittal de poner fin en 2016 a la actividad en la zona, justificada por la crisis que sacudía con fuerza al sector del acero por la competencia china, supuso un mazazo para la localidad y para buena parte de la comarca. No en vano la antigua Orbegozo empleaba a 325 trabajadores de forma directa y, sumados los empleos indirectos, superaba el medio millar. Con todo, la transición hacia la sostenibilidad de los nuevos tiempos ha permitido que algunas industrias puedan resurgir con fuerza. 

La asociación de mujeres profesionales y empresarias de Álava, AMPEA, se ha propuesto destacar el talento femenino presente en roles de liderazgo en la economía alavesa. Tras presentar el pasado diciembre una guía pionera titulada ‘Who is Who’ y enfocada en el sector vitivinícola, ayer se lanzó otra edición de este documento en un evento celebrado en la terraza del mercado de Abastos, en Vitoria. Esta vez, eso sí, las protagonistas fueron las mujeres referentes en el sector industrial alavés. Zuriñe Abarrategui, de Stansol Energy; Teresa Acha-Orbea, de SPC; Idoia Aguillo, de Fundación Vital; Kristina Apiñaniz, decana del colegio de Ingeniería de Álava; Beatriz Barandica, de Deguisa; Balbanuz Benavidez, de Basquevolt, Miren Bilbao, del Parque Tecnológico de Euskadi; Irene Castro, de Aceralava, Marta Corral, de Giroa Veolia; Estíbaliz Maestre, de Ensamblajes Ferri, Sara Ortiz, de CIC Energigune y Almudena Palomero, de Tubacex fueron algunas de las referentes a las que se ensalzó. Junto a ellas también se encontraban Ana García, de Zikotz; Esther García, de MMC Pulidos; María Jesús Gavela, de Fabricados La Nave; Ainhoa González, de Tubos Reunidos; Elena Guede, de CRH; Patricia Gutiérrez, de A&B Laboratorios; Azucena Hernández, de Eurocybcar; Arguiñe Iturburu, de Tubacex, Blanca Romero, de Natural Speech; Eneritz Zubizarreta, de Izertis o Eva Larra, de AJL Opthalmic. Todas ellas recordaron «comienzos laborales complejos en un sector muy masculinizado donde se han tenido que ganar el reconocimiento y el respeto». Y, por eso mismo, una vez se han consolidado en puestos de dirección y gestión, quieren que sus historias «sirvan de inspiración a las nuevas generaciones».

Los más de 9.000 trabajadores que Iberdrola tiene en España –1.800 de ellos en el País Vasco– están llamados a participar hoy en la primera jornada de huelga de su historia. La falta de avances en la negociación de su noveno convenio colectivo, iniciada en enero, ha llevado a los sindicatos UGT, CCOO y ELA a convocar una jornada de paro en los 400 centros de trabajo que la eléctrica tiene en todo el país. En Euskadi hoy partirá una marcha a las 10.00 horas desde Moyua, en Bilbao, y a mediodía habrá una concentración frente a la Torre de Iberdrola. El secretario general de UGT Iberdrola en España, José Antonio López, atribuyó la movilización ante la negativa de la dirección a fijar un incremento salarial que garantice el IPC. «Llevamos cuatro años con subidas consolidadas del 0,7 mientras el IPC ha estado por encima del 4 y hasta del 6% y ni siquiera se garantiza ese mínimo», denunció. Fruto de esta medida los trabajadores habrían sufrido una pérdida de poder adquisitivo que alcanza ya un 16%, como detalló ayer el representante de ELA –el sindicato mayoritario de la empresa en Euskadi–, Gorka López, quien ya intervino en la junta de accionistas que Iberdrola celebró hace una semana. Allí cuestionó a la compañía por una «injusta remuneración de su personal, precisamente en el momento de mayor valor y récord de beneficios para la empresa». En este mismo escenario el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, remarcó que en la compañía «tenemos unas condiciones económicas de estabilidad en el empleo personal y profesional que son altamente valoradas», y que durante los últimos 12 meses la empresa ha firmado más de una decena de convenios en países como EE UU o Reino Unido.

Rioja sopla las velas de un centenario plagado de retos. Ayer, en el día de su celebración y con una importante presencia institucional encabezada por el Rey Felipe VI y el lehendakari, Imanol Pradales, la denominación que ampara al vino alavés eligió a Marqués de Riscal como casa de su fiesta grande. En Elciego y con botellas centenarias, la icónica bodega acogió el brindis institucional en una cita que congregó a decenas de bodegueros e industriales alaveses. Lo festivo de la jornada no fue un obstáculo para que Pradales pusiera deberes a la DOCa. Durante el brindis, el lehendakari defendió que la denominación «ofrece valores únicos para diferenciarnos en el mercado y seguir evolucionando». Con esta frase, el jefe del Ejecutivo vasco se alinea con las tesis de la Diputación de Álava. El ente foral defiende la permanencia de las bodegas del territorio dentro de la denominación, pero con más libertad para defender su singularidad. Todo ello frente al proyecto de impulsar una DOC propia liderado por Viñedos de Álava –inmerso en una guerra judicial en manos del Tribunal Supremo– que la exconsejera Arantxa Tapia sí veía con buenos ojos en su etapa al frente de Desarrollo Económico, en la anterior legislatura. Las palabras de Pradales llegaron durante un evento al que tanto ABRA como la UAGA dieron la espalda. Ninguna de las dos instituciones alavesas, con asientos en el Consejo, participó de la fiesta dorada de Rioja. Con todo, y a pesar del gesto, el lehendakari afirmó ante la cúpula del Consejo Regulador que «quedarse de brazos cruzados no es una opción». De hecho, Pradales señaló varios retos para el vino de Rioja de cara a los próximos años. Amenazas como «un mercado cada vez más competitivo, cambios en los hábitos de consumo, la necesidad de relevo generacional o la amenaza arancelaria» hacen necesario un impulso.

La Ley de Medidas Urgentes registrada el pasado martes por PNV y PSE en el Parlamento vasco a instancias del Gobierno para acelerar la construcción de vivienda protegida tiene entre sus principales objetivos el de reducir a «la mitad» la duración de los farragosos trámites administrativos previos a la obra, que pueden llegar a alargarse bastante más de dos años. Con ese objetivo se crea, por ejemplo, la figura del ‘silencio administrativo positivo’ que permitirá a los promotores seguir adelante con la burocracia si las administraciones agotan los plazos estipulados sin pronunciarse respecto al proyecto. También se facultará a los consistorios de más de 7.000 habitantes a resolver las consultas ambientales, y se «eximirá» a los interesados de solicitar la correspondiente licencia de obra y de primera ocupación si la edificación cuenta con el plácet del ayuntamiento correspondiente. «La idea es darle ritmo a la construcción de vivienda porque tenemos unos procesos urbanísticos que son un auténtico vía crucis y necesitamos aligerar», resumió ayer el consejero del ramo Denis Itxaso. Itxaso compareció en Vitoria junto a la plana mayor de su departamento para desgranar los puntos principales de la nueva norma de referencia para la ejecución de vivienda pública, que llega para «matizar» la Ley vasca del Suelo aprobada en 2006 y que, salvo giro de guion, quedará aprobada antes de que acabe el año. La mayoría que suman jeltzales y socialistas garantiza la tramitación, aunque el consejero de Vivienda emplazó a EH Bildu a sumarse al consenso. El llamamiento se debe, principalmente, a que la coalición soneranista es la fuerza con mayor poder municipal en la comunidad. 

A la espera de celebrar en los próximos días una reunión para limar asperezas, el Departamento de Salud y la UPV/EHU continúan enfrentados en la polémica por las plazas de Medicina en euskera. Mientras el Gobierno vasco quiere crear 40 nuevos puestos, la Universidad solo ha previsto 16 porque asegura que no hay espacio para acoger más alumnos y porque no está dispuesta a ofertar más plazas si no existen garantías de que esos estudiantes van a completar los seis años de carrera íntegramente en lengua vasca. Algo que, a su juicio, hoy por hoy no sucede al no haber suficientes médicos especialistas con nivel C1 –obligatorio para dar clase en el grado de euskera, equivalente al EGA– que quieran impartir todas las unidades específicas de cada asignatura cuando los alumnos pasan al hospital, a partir de 4º de carrera. Ante esta situación, la Universidad ha propuesto elevar la exigencia lingüística de B2 a C1 en algunas especialidades. Salud, por su parte, replicó ayer que ya hay 2.086 médicos con el C1 o C2 de euskera, el 26% del total. Considera que son suficientes para cubrir la demanda docente y rechaza elevar los requisitos de forma generalizada. «Osakidetza cuenta con un plan propio muy exigente que está funcionando», señalaron fuentes oficiales. Sin embargo, la UPV/EHU apenas cuenta con 505 profesores asociados en el grado de euskera. Aunque el grueso son médicos, aquí entra también el personal de enfermería, psicología y fisioterapia. Es decir, que la proporción de galenos de Osakidetza con perfil lingüístico avanzado que decide impartir docencia es menor del 25%. El consejero, Alberto Martínez, ha pedido esta semana ser más flexibles en todo este asunto. «Puede ocurrir que cuando estudia Medicina uno haga 1º, 2º y 3º en euskera», pero que más adelante «haya una asignatura que pueda hacerla en castellano», señaló, en declaraciones a los medios. Si la clase de esta especialidad se imparte en euskera «pero llega un paciente que habla castellano, los alumnos siguen viendo a ese paciente. No podemos establecer un sistema tan rígido que no permita entender que aumentar las plazas en euskera favorecen la formación en el entorno», afirmó.

El calor extremo, las inundaciones, el estrés hídrico y la sequía son los principales riesgos climáticos que amenazan Bilbao. Además, se estima que para 2050 será habitual que la capital vizcaína tenga olas de calor por encima de los 38 grados durante una semana y que se superen las temperaturas máximas por encima de los 50. Son algunos datos que se desprenden de un estudio presentado por Fundación AXA sobre los riesgos a los que se enfrenta la ciudad y su tejido económico ante el cambio climático. El análisis se ha presentado este jueves, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, en un evento organizado en Bilbao de la mano de la Fundación AXA y Cebek. El acto ha contado con la presencia de Guillermo Buces, presidente de Cebek, Confederación Empresarial de Bizkaia; y Josep Alfonso Caro, director general de Fundación AXA, entre otros. Guillermo Buces ha explicado que «esos riesgos pueden convertirse en oportunidades para transformar, innovar y avanzar hacia una economía más sostenible». Por eso, «impulsamos programas como PYME Circular, que ayudan a las empresas a identificar sus impactos ambientales, comprender sus riesgos y explorar nuevas formas de generar valor a través de productos y servicios más sostenibles», ha añadido. Estas condiciones climáticas extremas tendrán sus efectos negativos en la sociedad y en el tejido económico bilbaíno, según han detallado los expertos. Principalmente en la salud de las personas, que se verán gravemente afectadas. Además, aumentará el número de patologías y de fallecimientos por el calor. Ver nota completa de Cebek

El mercado laboral atraviesa un momento extraordinariamente extraño, donde los 2.454.883 desempleados registrados en los servicios públicos se conjugan con un creciente número de ofertas laborales que quedan sin cubrir. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que existen 148.018 puestos de trabajo vacantes, sin incluir ni la agricultura ni el empleo doméstico, debido a la dificultad para cuantificar esta variable en ramas de actividad con una elevada informalidad en el empleo. Y, de hecho, un informe elaborado por la agencia de recursos humanos Randstad junto con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) señala que tres de cada cuatro empresas tienen dificultades para cubrir sus vacantes, algo que se agrava en el caso de perfiles más técnicos dentro del sector manufacturero y que puede llegar a “comprometer la viabilidad de numerosos proyectos clave en sectores estratégicos”. Así, el estudio sentencia que entre los oficios más demandados dentro de la industria el año pasado estuvieron los soldadores (27.857 contratos firmados en 2024), los perfiles electromecánicos (12.554 contratos en mecánicos de equipos eléctricos y 7.408 en equipos electrónicos), los ajustadores y operadores de máquinas, fresadores o torneros (22.459 contratos) y los ensambladores de maquinaria mecánica (10.514) y de equipos eléctricos y electrónicos (8.517). Y todo apunta a que estas necesidades permanecen en el tiempo. 

El 80% del crédito a empresas estará en manos de tres bancos si finalmente triunfa la opa de BBVA sobre Sabadell y el Gobierno da luz verde a la unión entre entidades. El banco resultante de la unión entre BBVA y Sabadell, CaixaBank, y Santander tendrán el dominio del mercado. CaixaBank mantendría su liderazgo en financiación a empresas pese a la unión entre BBVA y Sabadell. Al cierre del primer trimestre (últimos datos disponibles), el banco pilotado por Gonzalo Gortázar tenía un saldo de más de 156.000 millones destinados a financiar pymes y empresas. Esto es un 34% del crédito vivo total del sistema (453.116 millones de euros, según datos del Banco de España del pasado marzo). Le seguiría el nuevo BBVA, que con Sabadell relegaría a Santander a la tercera posición en el ránking de financiación empresarial en el mercado nacional. La entidad compradora cerró el primer trimestre del ejercicio con 69.612 millones en crédito a empresas. Por su parte, Sabadell acumulaba 42.100 millones de financiación a empresas. Con la fusión, la entidad resultante totalizaría 111.712 millones de euros destinados a financiación empresarial y ampliaría su cuota de mercado desde 15,36% actual hasta 24,7%. Santander cerraría el podio en financiación a empresas nacionales. El banco presidido por Ana Botín cerró el primer trimestre con 90.500 millones repartido a compañías del país, casi un 20% sobre el total de crédito vivo en España.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, endurece su discurso contra la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, en un momento clave de la operación a la espera de que el Consejo de Ministros decida nuevas condiciones en base al interés general. «No se puede hacer en contra de todos los actores democráticos de Cataluña», apuntó durante unas jornadas bancarias organizadas por Sumar en el Congreso, donde defendió que toda la sociedad catalana, «hasta la Iglesia» está en contra de la opa. Díaz también aludió al impacto sobre el empleo y la inclusión financiera que, a su juicio, tendría una posible unión entre ambas entidades, recordando que la estimación de las sinergias indican que los despidos alcanzarán, al menos, a 4.000 empleados, cifra que los sindicatos elevan a entre 7.000 y 10.000. «No vale todo y la lógica de la rentabilidad privada no puede estar por encima de los derechos económicos de los ciudadanos», expresó la vicepresidenta. En este punto, recordó que el Estado tiene la «obligación democrática» de intervenir para evitar desequilibrios y proteger al conjunto de la ciudadanía, solicitando a todo el sector una mayor implicación en la inclusión financiera, con el uso más intensivo de, por ejemplo, las oficinas de Correos para ofrecer servicio en zonas despobladas.

El Banco Central Europeo (BCE) baja el último escalón que le quedaba en su senda para salir de la restricción monetaria. La institución con sede en Fráncfort anunció ayer un nuevo recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos que lleva el precio del dinero al 2%, niveles desconocidos desde diciembre de 2022. La autoridad monetaria cierra así el círculo tras acometer ocho recortes de sus tasas, siete de ellos de forma consecutiva, desde que en junio del pasado año iniciara el camino de la relajación de las condiciones de financiación. Se trata de 200 puntos básicos de ajuste en apenas 12 meses, un vertiginoso recorrido desde el récord del 4% al que llevó el precio del dinero para combatir la inflación. “Llegamos al final de un ciclo monetario que ha respondido a diferentes shocks como la pandemia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la crisis energética”, aseguró Christine Lagarde, presidenta del BCE, que indicó que “entramos en un nuevo tiempo con nuevos socios y políticas y seguiremos analizando y tratando de cumplir con nuestro objetivo de estabilidad de precios”. El BCE considera que la inflación ya está aplacada. Con un 1,9% en el último mes, el banco central ha logrado su objetivo de estabilidad de precios y puede permitirse no presionar a la demanda. En la actualización de sus proyecciones macroeconómicas para este año, la autoridad monetaria canta victoria al anticipar una inflación del 2% para este año, exactamente en el objetivo, lo que supone una revisión significativa de tres décimas respecto a marzo.

Solo dos meses después de que el Gobierno celebrase con entusiasmo el aprobado por la mínima del examen de la Airef a la reforma de las pensiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha visto obligado a solicitar una revisión tras el aviso recibido por parte de la Comisión Europea a cuenta de la fórmula utilizada para calcular la senda de equilibrio financiero del sistema. A través de un real decreto que ahora está en audiencia pública el departamento dirigido por Elma Saiz solicita a la Autoridad Fiscal que se realice una nueva evaluación de cláusula de ajuste automático que prevé el mecanismo de equidad intergeneracional dos años antes de lo previsto. Con el resultado del pasado mes de marzo, que situó en el 13,3% del PIB el gasto medio previsto para el periodo 2022-2050 –una décima por debajo del límite a partir del cual la norma obligaría al Ejecutivo a tomar medidas de ajuste–, no estaba previsto volver a revaluar la situación financiera del sistema de pensiones hasta 2028.

Como pronto, en 2027. Aunque no prospere la enmienda a la totalidad, el bloqueo de Junts a la reducción de la jornada laboral ya amenaza con retrasar la entrada en vigor de la reforma estrella de Yolanda Díaz más allá del año que viene. Es el escenario que contemplan ya en los cuarteles generales de las organizaciones empresariales y sindicales, donde no descartan, incluso, volver a abrir la mesa de diálogo social en función de cómo se desarrollen las negociaciones políticas en el Congreso de los Diputados. «No sé lo que vamos a tardar, pero se va a aprobar». Díaz ha asumido públicamente que los plazos no están en su mano, sino que penden del fino hilo de la negociación parlamentaria. Junts aún no ha registrado su enmienda a la totalidad, pero mantiene viva su amenaza mientras el Congreso siga prorrogando los plazos. Así lo confirman fuentes de la formación catalana: «Registraremos la enmienda en el momento en el que se fije la fecha límite». Mientras tanto, continúa la partida. Las conversaciones se están desarrollando con la máxima discreción. Pero Díaz ha revelado su as en la manga al confirmar que, aunque decaiga la reducción de la jornada, sacará por decreto una de las medidas del proyecto de Ley que más temen los empresarios: el endurecimiento del registro horario. En realidad, esa opción ha estado siempre sobre la mesa, ya que solo implica un desarrollo reglamentario, pero ahora Díaz la está utilizando como arma negociadora. Así lo interpretan en la CEOE: «Es una estrategia para presionar a Junts, porque sabe que su voto está difícil». «Siempre es mejor negociar e intentar suavizar una medida que dejar que el Gobierno actúe unilateralmente», indican fuentes empresariales curtidas en las mesas de diálogo social. Aun así, la patronal sigue dando por hecho que Junts tumbará la Ley.

La precariedad parlamentaria del Gobierno amenaza el éxito de la reducción de jornada, la gran promesa del acuerdo que alcanzaron PSOE y Sumar en 2023. Las reticencias de Junts ante el proyecto que Trabajo pactó con los sindicatos complican que la jornada ordinaria caiga de 40 a 37 horas y media, pero hay otros cambios referentes al tiempo de trabajo que pueden prosperar sin el aval del legislativo. El departamento de Yolanda Díaz reforzará el registro horario para hacerlo más efectivo, pase lo que pase con el anteproyecto de ley, porque para ello basta cambiar un reglamento mediante un real decreto. La intención del ministerio interpela a 459.900 asalariados que hacen horas extras en España y que no cobran al menos una parte de ellas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, referentes al primer trimestre de este curso. Son más que en el mismo periodo de un año antes, cuando eran 431.300 asalariados, y también más que en 2023, cuando fueron 443.000. Estas cifras absolutas se ven condicionadas por la evolución del número de ocupados, que en los últimos años crece con fuerza. Por ello, también es importante relacionar esta cifra con el total de asalariados: con ese parámetro, el 2,5% de los asalariados hicieron horas extras no pagadas en España en el primer trimestre, una décima más que un año antes y exactamente la misma proporción que en 2023. Es un guarismo incluso mayor que en 2019, cuando el PSOE modificó el registro horario para hacerlo más efectivo.

Iberdrola, Endesa y Naturgy propondrán este mes los fondos necesarios para ampliar la operación de Almaraz hasta 2030, sin que aún el Ejecutivo se comprometa a la rebaja de impuestos que exigen. La fumata blanca entre las tres eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz es inminente. Fuentes empresariales confirman que en la próxima reunión de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) este mes se aprobarán las inversiones necesarias en seguridad, combustible y personal para que la planta pueda funcionar tres años más allá del calendario acordado en 2019 entre compañías, Enresa y el Gobierno, que contemplaba la clausura de los dos grupos atómicos extremeños en 2027 y 2028. Desde hace varios meses se han producido diversas reuniones y conversaciones entre las partes para negociar una potencial prórroga, que aún no es definitiva. Las empresas querían gestos económicos por parte del Gobierno antes de solicitar la aprobación de las inversiones, mientras que el Ejecutivo había mostrado su disposición a extender el plazo de vida útil de la central siempre y cuando antes las compañías hicieran su petición sin condiciones de partida. En este contexto, finalmente las empresas han optado por ceder, dar el primer paso y aprobar las inversiones de entre 10 y 20 millones de euros para que la planta esté en condiciones técnicas de seguir adelante. Sin embargo, las fuentes consultadas recalcan que hasta marzo de 2026 tienen de plazo para hacer la propuesta definitiva de petición de prórroga.

Los miembros de la OTAN exhiben su división en torno al nuevo objetivo de gasto militar que se fijará en la Alianza. Algunos países, con España a la cabeza, insistieron en la reunión de ministros de Exteriores que se celebró ayer en Bruselas en que el debate no tiene que girar centrarse en los porcentajes fijos, sino sobre “el cumplimiento de los objetivos de capacidades” que acaba de aprobar la organización transatlántica. Otros, encabezados por Estados Unidos y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, respaldaron que en la cumbre que tendrá lugar a finales de mes en La Haya se establezca un compromiso del 5% del PIB —la cifra con la que Donald Trump ha amenazado a sus aliados europeos desde su regreso a la Casa Blanca—. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, afirmó que España es capaz de cumplir con un gasto del 2% —al que se comprometió en abril para alcanzarlo este mismo año— con los objetivos relativos a capacidades a los que se dio luz verde en la reunión. “Nosotros entendemos que en el momento actual, con los objetivos que se nos han adjudicado, España, con el cumplimiento del 2%, puede hacer frente a ello”, declaró la ministra a la prensa durante la cita en la sede de la OTAN. Robles matizó que “evidentemente, si fuera necesario incrementar” el porcentaje de gasto militar para cumplir con los objetivos de capacidades militares, “se incrementaría”. “Entendemos que hay otros países que quieran y que puedan necesitar incrementar ese compromiso al 3,5% o al 5%”, agregó la ministra.

Donald Trump ha distorsionado el comercio de Estados Unidos con el resto del mundo con su guerra comercial. Las empresas y particulares adelantaron sus importaciones para tratar de esquivar los cambiantes aranceles del presidente. Con ello, el déficit comercial se disparó en el primer cuatrimestre, pero vivió en mayo la mayor reducción intermensual de la historia. El adelanto de las compras provocó que las importaciones de la Unión Europea se redujesen un 40% en abril con respecto a marzo, hasta los 68.607 millones de dólares. Aun así, fueron casi idénticas a las de un año antes. En conjunto, con datos desestacionalizados y en términos censales, el déficit de Estados Unidos en el comercio de bienes fue en abril de 86.965 millones de dólares, un 46% menos que en marzo, sobre todo por la caída de las importaciones. La rebaja es del 11% cuando se compara con la cifra del mismo mes del año anterior. La fuerte reducción del déficit ya había sido adelantada por el censo con cifras provisionales, pero ahora se conocen datos más precisos y el desglose por países. En el acumulado del año, el déficit comercial sigue batiendo récords. Estados Unidos vendió al exterior bienes por 722.346 millones y compró mercancías por un récord de 1,27 billones de dólares. Con ello, el déficit comercial pulverizó los registros previos y ascendió en cuatro meses a 552.000 millones de dólares, un 49% más que en los cuatro primeros meses de 2024.

La llamada que puede calmar los mercados mundiales finalmente se produjo ayer. Donald Trump, después de meses anunciando que ésta era inminente, consiguió ayer mantener una conversación telefónica con Xi Jinping. En un contexto de creciente tensión por las acusaciones mutuas de romper la tregua comercial, este contacto entre los presidentes de ambos países –el primero desde el regreso del líder republicano a la Casa Blanca– se interpreta como un intento conjunto por rebajar el tono del conflicto y evitar una escalada del pulso económico entre ambas potencias. La comunicación, que el presidente estadounidense calificó como «muy positiva», se produjo en un momento de extrema fragilidad diplomática, cuando las relaciones entre Washington y Pekín pendían de un hilo y amenazaban con caer en una nueva espiral de confrontación. La Casa Blanca había acusado a China de romper la tregua comercial sellada apenas un mes antes en Suiza y de endurecer, además, el acceso de las empresas estadounidenses a las tierras raras, un recurso estratégico clave para fabricar desde semiconductores hasta automóviles.

«Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían el Congreso y los republicanos estarían 51-49 en el Senado». Con estas palabras de Elon Musk en X, respuesta a un vídeo en el que Donald Trump achaca el enfado del empresario a la retirada de los subsidios a los vehículos eléctricos recogida en la ‘Ley de Impuestos y Gasto Grande y Bella’, ha saltado por los aires la relación que unía al presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo. «Le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar coches eléctricos que nadie quería (¡él sabía desde hacía meses que lo iba a hacer!), ¡y simplemente se volvió LOCO!», escribió Trump poco después en la red social Truth, dejando entrever que el conflicto llevaba tiempo cocinándose. Consciente de que sus palabras no iban a gustarle a su exsocio, el presidente de EEUU ha avanzado lo que parecía inevitable: «Musk todavía no ha dicho nada malo de mí, pero creo que será lo siguiente». El empresario multimillonario le dio la razón en otro mensaje: «Cuánta ingratitud», se lamentó el fundador de Tesla, que también ha tachado de «falso» que estuviese al tanto del contenido de la ley. «¡Este proyecto de ley no se me ha mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!», le ha espetado. «Qué mentira más obvia. Qué triste», ha añadido en otro de los muchos mensajes que ha escrito al respecto, convirtiendo la disputa en un agrio partido de tenis a través de las redes sociales que usa cada uno. Pero no contento con eso, Musk disparó en el terreno personal. «Es hora de lanzar la gran bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la razón de que no se hayan hecho públicos». 

El cruce de acusaciones entre Donald Trump y Elon Musk se saldó ayer con una acusación muy seria: el presidente de EEUU aparece en los papeles de Epstein, según el multimillonario fundador y consejero delegado de Tesla. Así que Trump no se ha quedado atrás con sus amenazas y prometió retirar ayer todas las ayudas públicas y los contratos que las empresas de Musk tienen con el Gobierno de EEUU. Ayer, los títulos de Tesla, la única compañía cotizada de todas las que controla Musk, se desplomaron un 14%, aunque la caída se hacía más pronunciada en la sesión posterior al cierre de los mercados, a medida que la pelea entre ambos se enquistaba. Hay que recordar que el fabricante de vehículos eléctricos subió en Bolsa como la espuma cuando Trump ganó las elecciones el pasado mes de noviembre, gracias al apoyo de su consejero delegado, que además pasaba a convertirse en su mano derecha. Pero luego llegaron los aranceles y los problemas reputacionales de Musk al frente de DOGE, lo que ha provocado que las ventas de Tesla se hayan desplomado en muchas regiones, especialmente en Europa. Además, el plan fiscal de Trump también supone un duro golpe para las cuentas del grupo, al eliminar muchos de los incentivos a los vehículos verdes. La salida amistosa de Musk del Gobierno fue bien acogida por los inversores, convencidos de que ahora el empresario se centraría en sus negocios, y no tanto en la política.

«No les queremos aquí». Donald Trump ha vuelto a dar un nuevo golpe de efecto tras firmar un decreto que prohíbe viajar a Estados Unidos a los ciudadanos de doce países y limita las entradas a otros siete. La orden inhabilita a los oriundos de estas naciones a residir en EE UU u obtener visados de turistas y estudiantes. El presidente firmó ayer el documento y entrará en vigor el próximo lunes. Lo justificó por motivos de seguridad nacional y el supuesto déficit de control en los lugares de origen sobre el perfil de quienes se suben a los aviones. Pero, además, Trump se congratuló de que evitará el movimiento de refugiados y solicitantes de asilo procedentes de países políticamente inestables. «No dejaremos que lo que pasó en Europa ocurra en Estados Unidos», destacó. El veto afecta a los ciudadanos de Irán, Libia, Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Somalia, Sudán y Yemen. El Gobierno republicano establece además restricciones parciales para quienes intenten entrar desde Venezuela, Cuba, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. Las únicas excepciones se circunscriben a los desplazados que, a día de hoy, tienen visas en vigor y tarjetas permanentes de residencia. Washington también abrirá las puertas a casos extraordinarios como los deportistas de esas nacionalidades que participen en los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial y otros eventos internacionales, además de a los afganos que ayudaron al ejército estadounidense durante la guerra.