20240624

El lehendakari Imanol Pradales aprovechó su primer día en el cargo para firmar el decreto que define las áreas de actuación de los quince departamentos de su gobierno y para desvelar las políticas sobre las que asumirá personalmente el mando: las de igualdad y las destinadas a atraer talento. Con la primera corrige una de las decisiones más polémicas de Iñigo Urkullu, cuando a pesar de las críticas feministas decidió sacar a Emakunde de Lehendakaritza y llevarlo al departamento de Justicia. En Lehendakaritza desembarcará también una nueva secretaría o dirección encargada de coordinar las políticas para la atracción y retención del talento, una tarea clave en una Euskadi cada vez más envejecida y necesitada de impulso para convertirse en un polo atractivo para profesionales punteros y evitar que los jóvenes mejor cualificados se marchen. Un objetivo que el lehendakari quiere coordinar de manera directa, aunque después se desarrolle en departamentos como el de Melgosa, que asume ahora las políticas de juventud que hasta ahora estaban en Lehendakaritza. La representación y proyección de Euskadi en el exterior y la política gubernamental en asuntos europeos, adscritas a una secretaría que hasta ahora encabezaba Marian Elorza, seguirán en Lehendakaritza. Lo mismo sucede con Agenda 2030, un departamento creado en su día ‘ex profeso’ para Jonan Fernández, estrecho colaborador de Urkullu, después de que las políticas de memoria y derechos humanos, que él coordinaba, salieran de la Presidencia. El futuro de Fernández es una incógnita aunque no hay que dar por hecha una renovación total en Lehendakaritza: de hecho, personas clave en el organigrama de Urkullu como el sociólogo Manu Castilla, muy cercano también a Pradales, podrían continuar.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Arantxa Tapia, lanzó ayer un mensaje de despedida tras haber trabajado durante los últimos doce años «para que Euskadi tenga un futuro mejor». En un mensaje en redes sociales, aseguró que «he intentado dar siempre lo mejor por mi país, trabajando para que Euskadi tenga un futuro mejor». «Termina una etapa importante y comienza la siguiente», añadió. La consejera guipuzcoana está abrumada por la cantidad de mensajes del mundo de la empresa y las pymes recibidos. Su sucesor, Mikel Jauregi, también le agradeció ayer su trabajo.

Mariano Ucar seguirá siendo el presidente de la compañía Faes Farma, una farmacéutica con sede en el barrio de Lamiako de Leioa, pero cederá los trastos de la gestión a un consejero delegado que se incorporará el 1 de septiembre y procede de otra empresa del sector, AstraZeneca. En estos años la empresa ha vivido casi una revolución, con un crecimiento importante y está a punto de inaugurar su nuevo buque insignia: la compañía farmacéutica eleva de 170 a 200 millones la inversión en sus nuevas instalaciones del Parque Tecnológico de Bizkaia. Unas nuevas instalaciones en un edificio con más de 300 metros de longitud de fachada y que responde a la idea de seguir creciendo. Ucar no oculta su orgullo por esta trayectoria de 11 años al frente de la empresa y defiende la idea de que puedes ser pequeño, sin complejos, en un sector de multinacionales gigantes. "Le hemos dado un gran cambio. De ser una empresa centrada en el mercado nacional salimos fuera para convertirnos en una firma internacional. Nos implantamos en México, Nigeria, Perú, Colombia, Ecuador…Nos hemos dado cuenta de que merecía la pena aumentar algo la inversión y abordar cosas que no habíamos previsto. Tanto para hacer cosas distintas como para tener en cuenta elementos de sostenibilidad. Va a ser una inversión en el entorno de los 200 millones. También estamos construyendo una fábrica nueva en Huesca para la división de alimentación animal... No somos interesantes para las grandes farmacéuticas. Se esta produciendo un fenómeno muy curioso en el sector y es que las grandes compañías han decidido especializarse, dedicarse a unos pocos productos abandonando los catálogos amplios. Por eso creo que solo seríamos interesantes para alguien muy especializado en los antihistamínicos pero… no lo creo..."

Los fondos de inversión han ido ganando terreno en los últimos meses frente a los depósitos, pese a que estos siguen siendo superiores. Pero es tal el avance en un intento de arañar rentabilidad al dinero que en el caso del territorio histórico de Gipuzkoa el patrimonio en estos vehículos de inversión supera ya la mitad (50,7%) de su Producto Interior Bruto (PIB). Es además la segunda de todas las provincias del Estado con mayor peso sobre el valor de todos los bienes y servicios que produce, solo superada por Teruel, que alcanza el 55,6%. Así lo pone en evidencia un informe del Observatorio Inverco, una iniciativa creada por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, con datos de cierre del año pasado. En concreto, el patrimonio de los guipuzcoanos en fondos de inversión alcanzó el año pasado los 14.447 millones de euros, lo que supone ese 50,7% en relación a su PIB. Bizkaia es la tercera del Estado con mayor patrimonio sobre su generación de riqueza, con el 48,8%, mientras que Araba se coloca en el noveno lugar, con el 40,5%. Para tener otras referencias significativas, Navarra ocupa el duodécimo puesto, con el 34,7%, mientras que en Madrid ese porcentaje se limita al 29,3% de su PIB y en Barcelona se queda en el 22,7%. La media del Estado se sitúa en el 23,8% de su producto interior bruto. En el caso de Gipuzkoa, esos 14.447 millones de patrimonio acumulados en fondos de inversión suponen el 4,2% del conjunto de España, donde la cifra alcanza los 347.912 millones. Un porcentaje que es muy superior a su peso. En cuanto al número de cuentas que tienen los guipuzcoanos en fondos de inversión llegan a las 752.000, el 4,7% del total del Estado. Aunque hay que especificar que una persona puede tener más de una cuenta.

El Ministerio de Trabajo busca garantizar el cumplimiento de la nueva jornada laboral, una vez cumpla su plan de reducirla por debajo de las 40 horas semanales, y del registro horario, imponiendo a las empresas multas por incumplimiento de hasta 10.000 euros por trabajador. Así consta en el borrador del proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que su ministerio remitió el viernes para su análisis a los agentes sociales, a los que Trabajo ha convocado hoy para discutir el contenido. El borrador del anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada máxima legal de trabajo plantea pasar de las 40 horas semanales actuales a un límite de 38,5 horas en 2024 y de 37,5 horas en 2025. En paralelo, Díaz busca hacer efectivo el cumplimiento del registro horario de cada empleado, que ya está vigente. Para asegurarse la efectividad de ambas medidas, Trabajo plantea un severo endurecimiento de las sanciones a empresas por dos vías, fijando multas por trabajador en lugar de globales y elevando su cuantía. En concreto, el borrador de Trabajo establece que la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros por trabajador, según recoge Europa Press. Hoy las sanciones oscilan entre 751 y 7.500 euros. A su vez, Trabajo prevé multas por cada trabajador ante infracciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada en los supuestos de ausencia de registro, omisión de datos o inclusión de datos falsos o inexactos.

Las empresas se están enfrentando a un creciente número de solicitudes de trabajadores que piden adaptar su jornada laboral con dos objetivos distintos: poder conciliar mejor su vida personal con su vida profesional, o bien simplemente blindarse ante un posible despido, ya que la norma aprobada por el Gobierno determina que el despido a cualquier trabajador que simplemente haya pedido un cambio en su jornada por este motivo se considerará nulo por discriminación, lo que obligará a readmitir al empleado en su puesto y muchas veces conllevará el pago de una indemnización por daños y perjuicios, si así lo estima el juez. En los últimos meses el incremento ha sido abrumador, tanto de solicitudes como de casos que acaban en los juzgados, y es especialmente relevante en algunos sectores como el comercio, en el que los trabajadores –especialmente de grandes firmas– se han dado cuenta de que sería más conveniente para su vida personal no trabajar los fines de semanas. «Hemos observado un incremento notable de solicitudes en el sector comercio en grandes marcas, en las que los trabajadores solicitan trabajar de lunes a viernes para no tener que ir a la tienda sábados y domingos, que son precisamente los días de mayores ventas. Si se deniega la solicitud, el juez puede concluir que la empresa puede reorganizar sus horarios si tiene un volumen alto de empleados, mientras que si se acepta puede sentar un precedente peligroso por el posible efecto llamada», cuentan Ignacio del Fraile y Lourdes Escassi, socio y of counsel de Laboral de Gómez-Acebo y Pombo (GA&P), respectivamente. Si bien en las pymes es menos común, sí es algo que está generalizándose en grandes empresas con muchos empleados (el perfil de cliente de este tipo de despachos de abogados) y no sólo en este sector.  «El retail, la hostelería [especialmente en grandes organizaciones] y el comercio son los más afectados por este tipo de situaciones si bien, destacaría también los sectores de atención social, sanitario y servicios (limpieza, edificios y locales, etc.), apunta Alfredo Aspra, socio-director de Labormatters Abogados y experto en derecho laboral.

Las empresas medianas en España –las que tienen de 50 a 500 empleados y una facturación de entre uno y 90 millones de euros– se muestran optimistas respecto a su futuro: un 57% cree que sus ingresos aumentarán en los próximos doce meses, pero tan sólo el 18% se plantean subir el salario de sus trabajadores. Es una de las conclusiones de un estudio que ha elaborado Grant Thornton a partir de encuestas a 400 empresarios y directivos en España, en el que se detecta que la tasa de optimismo en el país «ha aumentado 14 puntos, hasta el 64%, con respecto al semestre del año pasado y es la más elevada desde el segundo trimestre de 2018». Las buenas expectativas para los próximos años llevan a casi la mitad de las compañías de este tamaño a plantearse empezar a competir en el mercado internacional en los próximos meses. «La internacionalización es una palanca sustancial de crecimiento para las empresas del middle-market español. El informe desarrollado por Grant Thornton refleja una tendencia clara: la buena evolución de la economía junto con una mejora en las perspectivas de crecimiento de los negocios hace que los directivos empresariales se marquen como uno de los principales objetivos la exportación y el desarrollo de sus compañías fuera de nuestras fronteras. Este pensamiento demuestra que nuestros empresarios van más allá y no se detienen ante el entorno disruptivo y transformador que estamos viviendo. Cabe recordar que, la buena posición de la que gozan las empresas de pequeña y mediana capitalización en nuestro país les permite reaccionar de manera más ágil ante las oportunidades y superar los retos actuales con el fin de lograr mayor crecimiento en el extranjero», apunta Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton en España.

«Todos la estamos monitorizando». Así corroboran hasta tres fuentes financieras, cada una de una entidad del Ibex 35, que la crisis de las renovables ha llegado ya a la cúpula de los grandes bancos. Los consejos de administración de varias de las principales entidades del selectivo español han encargado a sus equipos en las últimas semanas informes para determinar al detalle la exposición de sus carteras a un sector que no pasa por su mejor momento. Este monitoreo interno se centra en los llamados project finance, un modelo de financiación en el que el banco cuenta como única garantía de cobro con los flujos de caja que, una vez construido, genere por el propio parque eólico o la planta fotovoltaica. Esta vía lleva a las entidades a asumir riesgos elevados. Primero, porque el volumen de capital que exigen los parques es alto y financiado. Segundo, porque el crédito se firma nada más arrancar la fase de tramitación de permisos, que en España puede extenderse hasta ocho años, lo que implica plazos de amortización muy superiores a los de otras modalidades de crédito. Tradicionalmente, el negocio eléctrico era previsible y los bancos asumían estos riesgos sin problemas, pero la escalada histórica de la luz de 2021 y 2022 ha dado paso a un 2024 de volatilidad extrema, con cada vez más horas a niveles anormalmente bajos, lo que reduce la rentabilidad de los proyectos verdes y anticipa tensiones financieras para los promotores. Los siete grandes bancos españoles acumulan actualmente unos 15.000 millones de euros en project finance, según los datos que maneja internamente el sector. «El primer trimestre ha sido catastrófico para el negocio renovable. Los mayores problemas los están sufriendo aquellas empresas que empezaron a generar energía a finales del año pasado y han afrontado el actual panorama de precios sin un colchón previo», asegura el responsable de riesgos de una de las entidades del Ibex.

Aena y las aerolíneas, a través de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) en España, tienen abiertos varios procedimientos en los que están en juego al menos 3.500 millones de euros. Se trata de la reclamación de Aena para ser compensada por los efectos de la pandemia (un cálculo apunta a los 2.500 millones) y de los recursos de las compañías sobre las tarifas aeroportuarias en los que están en juego unos mil millones en el periodo 2023-2025. Entre las asociadas de IATA que operan en España, destacan Iberia, Vueling, British Airways, Air Europa, Binter, KLM, Air France y Lufthansa. Aunque el primer asunto parece el más importante por la cuantía (ver información adjunta), fuentes próximas a Aena y a las aerolíneas coinciden en que, por las posibilidades de prosperar y por su implicación a largo plazo, la carpeta más importante se refiere a las tarifas. Dos son las principales divergencias que se dirimirán en la Justicia. La primera está en el contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y se refiere a la inclusión de los costes sanitarios y de seguridad en los que tuvo que incurrir Aena para lidiar con el Covid. Las aerolíneas dicen que los costes ya se imputaron en la tarifa de 2022, de manera que las tasas de los ejercicios siguientes deberían calcularse sobre la base de 2022 descontando los costes Covid. El otro punto tiene que ver con la aplicación anual de la fórmula para actualizar las tarifas aeroportuarias. Las aerolíneas sostienen que la ley de 2014 que regula Aena –cuando salió a Bolsa– implica que, en la práctica, las tarifas no pueden subir (pero si bajar) hasta 2025 incluido.

El recibo de la luz digerirá cambios importantes en apenas una semana como consecuencia de la variabilidad de precios eléctricos de los dos últimos años y los movimientos generados en las centrales de generación eléctrica en las últimas semanas. Una buena parte de los recibos cambiarán a partir del 1 de julio tanto en lo relativo a los impuestos como en lo que tiene que ver con la consolidación del cálculo de la tarifa regulada (la denominada PVPC), que abonan unos ocho millones de hogares en toda España. En primer lugar, el tipo impositivo del IVA bajará desde el 21% actual al 10%, tal y como marca la normativa en vigor. Lo hará si el coste medio de generación eléctrica se sitúa por encima de los 45 euros/MWh. Y a falta de una semana para que termine este mes, la media ya es superior a los 53 euros/MWh, según los datos del operador ibérico OMIE. Los cambios del IVA en la factura de la luz vienen siendo la tónica habitual desde que el pasado mes de enero entrara en vigor el nuevo decreto anticrisis en el que se establecía un gravamen de IVA (21% o 10%) en función de la evolución de los precios eléctricos. Y ya va un semestre en el que la volatilidad del mercado energético es más altisonante que nunca. En los meses de marzo, abril y mayo, con unos precios de la electricidad históricamente bajos impulsados por la fuerte presencia de las renovables en la generación, y especialmente de la hidráulica, llevaron a la aplicación de un IVA del 21%.

La inversión acumulada de las compañías latinoamericanas en España alcanza ya los 66.883 millones de euros, según el informe Global Latam 2024, elaborado por el ICEX-Invest in Spain y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El estudio, publicado hace solo unas semanas, detalla que el año pasado las empresas de América Latina destinaron 2.835 millones a nuestro país, lo que representa un incremento del 138% respecto al año anterior. “Cabe afirmar que el interés de las compañías latinoamericanas por abordar el mercado español, en muchos casos con el objetivo último de cubrir el mercado europeo, es creciente, y que el capital latinoamericano es ya una parte muy relevante de la economía española y su tejido productivo”, remarca. Carlos Vargas, un empresario peruano, cuenta que acaba de hacerse con una adjudicación de una de las terminales de carga de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a través de Andino Investment Holding, el grupo que preside, con intereses en el sector aeroportuario, transporte marítimo y puertos, logística y fondos de inversión. Explica que ha fijado la sede exterior de su empresa en Madrid. “Es donde hay que estar”, dice. Vargas defiende que España no es solo la puerta de entrada a la Unión Europea. También es un país con estabilidad y seguridad. 

Japón, un destino que ha disuadido a muchos viajeros internacionales durante años debido a su barrera lingüística y a su ubicación remota, logró multiplicar por más de ocho el número de turistas que recibió en 2023. Se trata de un salto cuantitativo de tres a 25 millones de turistas en solo un año, según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO, por sus siglas en inglés). Y se espera que esta tormenta turística arrecie en 2024: el país ya ha recibido unos 12 millones de visitantes en lo que va de año y prevé alcanzar los 33 millones hasta diciembre, superando el récord de 32 millones de 2019. Las vistas al monte Fuji entre la bruma o hacerse un selfi en el distrito de las geishas en Kioto están entre las atracciones más codiciadas por los turistas que aterrizarán en el país este año. La mala noticia para ellos es que, si intentan tomar la icónica foto de la montaña al borde de la carretera, solo verán una valla de 1,8 metros que ha sido instalada recientemente por el Ministerio de Transporte y Turismo para evitar que la avalancha de visitantes al pueblo montañoso de Kawaguchi colapse la carretera. Además, si quieren subir la montaña tendrán que pagar un impuesto de 2.000 yenes (11,78 euros al tipo de cambio actual). El repentino repunte del turismo coincide con la estrategia anunciada por el primer ministro japonés, Fumio Kishida, para alcanzar 60 millones de visitantes anuales en 2030. Aunque más de la mitad de las llegadas a Japón han sido de otros países asiáticos, el aumento más considerable proviene de viajeros de México, que suben un 104% respecto a antes de la pandemia, seguidos por los de Estados Unidos (47,3%) y países de Oriente Próximo (44,6%), según la JNTO.

El vértigo se acentúa ante las elecciones más cruciales y apresuradas de la reciente historia francesa. A una semana de la primera vuelta de las legislativas, la incertidumbre es total sobre la futura gobernabilidad de Francia. La extrema derecha está a las puertas del poder, pero no está claro que pueda abrirlas de par en par. Según los sondeos, el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen se quedará sin la mayoría absoluta en escaños que reclama para darle un giro definitivo al país, y para muchos, peligroso. Pero se situará muy cerca de ella. La tensión ante la posibilidad de un Gobierno de extrema derecha es palpable en los dos bloques que buscan evitarlo, pero que, a la vez, se niegan a aliarse entre ellos en el Parlamento: la alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) y Ensemble (Juntos), el conglomerado de partidos en torno al presidente, Emmanuel Macron, que convocó las elecciones tras perder ante RN en las europeas, y que las encuestas colocan en tercer lugar. El NFP, en segundo lugar de intención de voto, pero lejos de la mayoría que le permitiría gobernar, se esfuerza por despejar las dudas del electorado más moderado. Este rechaza sobre todo la posición predominante de la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y de su controvertido líder, Jean-Luc Mélenchon.

Estados Unidos se verá obligado a financiar un aumento masivo de su déficit presupuestario con deuda a corto plazo, según los analistas, lo que tendrá consecuencias en los mercados monetarios y la batalla contra la inflación. La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo esta semana que los paquetes de ayuda para Ucrania e Israel ayudarían a aumentar el déficit fiscal a 1,9 billones de dólares, frente a su previsión en febrero de 1,5 billones de dólares. “El país gasta dinero como un marinero borracho en tierra durante el fin de semana”, dijo Ajay Rajadhyaksha, responsable de análisis de Barclays. El aumento del déficit ha alarmado durante mucho tiempo a los halcones fiscales, que advierten de que la falta de disciplina de Estados Unidos elevará los costes de endeudamiento y que ni el presidente Joe Biden ni su rival Donald Trump tienen planes para apuntalar las finanzas del país. El cambio hacia una financiación a corto plazo puede perturbar los mercados monetarios y complicar la campaña antiinflacionaria de la Fed de Estados Unidos. Parte del aumento esperado en el déficit se debe a la condonación de préstamos estudiantiles, que no se espera que tenga un efecto inmediato en los flujos de efectivo.