20241010

Entrevista en Radio Bilbao con el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu. Los trabajadores vizcaínos están recuperando poder adquisitivo este año, ya que según ha explicado, el 72 % de los trabajadores de Bizkaia tienen actualizados sus convenios a 30 de septiembre de este año, con un aumento salarial medio del 3'2 %, lo que supone un punto por encima del IPC de septiembre, que fue en Bizkaia del 2,2 %. Es un buen dato sobre la negociación colectiva según Azpiazu, que insiste en que, además, en los últimos año se ha reducido la jornada laboral anual de forma importante en muchos sectores, como los de artes gráficas, comercio, hostelería, construcción o siderometalurgia. Considera por ello como una "injerencia" en la negociación colectiva la intención del gobierno central de aprobar por ley la jornada laboral de 37,5 horas semanales, para aplicar la a partir de enero. Sobre fiscalidad, aclara que  "nunca" han cuestionado las políticas de bienestar de Euskadi y que creen en las políticas redistributivas de los ingresos fiscales: " es bueno y sano tener unas políticas de bienestar potentes e importantes". Según ha precisado, reclaman una nueva mirada fiscal, "una nueva fiscalidad para recaudar mejor" porque en los últimos 25 años en Euskadi "la presión fiscal ha subido más que el PIB". No se trata de "pagar menos, sino de pagar mejor", para añadir que quieren que haya "más empresas que coticen y paguen sus impuestos", porque, de esa manera, la recaudación no se va a resentir y "van a aliviar de alguna manera la presión fiscal que tienen personas y empresas para que puedan dedicar esos recursos a inversiones productivas, a más contratación, a crecimiento empresarial". Sobre la situación económica actual, Azpiazu cree que en Bizkaia es "moderadamente buena" pero le preocupan algunas cuestiones, como la crisis industrial en Europa, en especial en Alemania, que es uno de los principales clientes de Euskadi o el impacto de la guerra en Palestina, que está haciendo subir el precio del petróleo. Al respecto, Cebek está realizando una encuesta entre las empresas del territorio cuyo resultado dará a conocer próximamente. Escuchar entrevista completa aquí. 

 El presidente de CIE Automotive, Antón Pradera, ha afirmado que la política europea de transición energética en el automóvil es "un desastre" porque se basa "en multas", en lugar de "incentivar la demanda". En este sentido, ha advertido de que puede haber un coste social "altísimo" si no se ayuda a la industria europea de automoción. Antón Pradera ha participado este miércoles en una comida coloquio organizada por Deusto Business Alumni, bajo el título 'Transformación del sector de automoción en tiempos de incertidumbre'. Antón Pradera ha afirmado que en el sector están "muy preocupados" porque Europa tenía "campeones mundiales". Según ha manifestado, Europa, en este sector, era "dominante en el mundo" y ha recordado que "podían ir a China y coger el 60% del mercado chino". "Eran cosas que hacíamos porque éramos campeones. Ahora lo que estamos haciendo es dejar de ser campeones", ha advertido. A su juicio, en Europa toda la transición energética, en relación al automóvil, "se está realizando con multas" y la política europea de transición energética en el mundo del automóvil es "un desastre". También ha indicado que mucha de la competencia es "nueva competencia" y se ha referido a los chinos, que "han ido poco a poco montando una industria desde la subvención". "Lo que no tiene sentido es que nos montemos un sistema de multas que solamente nos va a afectar a nosotros, porque al chino no le va a afectar. Los americanos, en cambio, con la ley de inflación, han montado todo un sistema de ayudas fiscales para que el tema funcione", ha señalado, para afirmar que ahora mismo hay una Europa "sin ningún poder político" y, tras apelar a la inteligencia, ha defendido "incentivar la demanda". Asimismo, ha apuntado que es verdad que ahora el momento "todavía no es grave", pero "va a ser grave" y, "si no lo para alguien", va a haber "un lío". "Y sería una pena, porque es de los pocos sectores en Europa que somos los mejores del mundo. Pero igual, si no lo hacemos bien, podemos dejar de ser los mejores del mundo, es posible", ha remarcado, para expresar su deseo de que la Comisión Europea "empiece a mandar más" porque se "necesita más Europa", que "realmente Europa mande" porque "se pueden hacer cosas". A su juicio, la "única solución" es que alguien piense que en el mundo "todas las compañías están apoyadas por sus gobiernos". "Y en Europa alguien tendrá que acordarse de apoyar a las compañías", ha manifestado. 

«El relato nos ha condenado». Así resumió ayer la situación de la industria de la automoción el presidente de la segunda compañía vasca en volumen de ventas de este sector. El máximo representante de Cie Automotive, Anton Pradera, lanzó una llamada de atención en la Deusto Business School sobre un sector que representa en Euskadi casi 20.000 millones de euros, el 25% del PIB. Una aportación soportada por cientos de compañías que han hecho posible que de cada diez componentes de automóvil que se elaboran en España, cinco sean vascos. Además de asumir más de 40.000 empleos. El sector en Europa atraviesa una crisis alimentada por la desaceleración económica que ha llevado a Francia y a Alemania, los motores del automovilismo europeo, a rozar la recesión. Una situación que se añade a la conflictiva llegada del coche eléctrico y a la irrupción de unos competidores que desde China controlan el 75% del mercado mundial de baterías y con el que se ha abierto una batalla arancelaria. Las consecuencias han tocado el corazón en el caso de Volkswagen, que negocia en suelo alemán el mayor recorte de personal de su historia. Un impacto del que tampoco escapa el País Vasco, donde la fábrica más grande de la comunidad autónoma, la de Mercedes en Vitoria, acusa una caída de la producción que podría acercarse a la del año de la pandemia. La factoría parará tres semanas en diciembre y se acerca a la suspensión de uno de sus tres turnos de trabajo. Sus exportaciones se han mermado más de un 25% este año y han arrastrado al global de las de las Euskadi. En el primer semestre, los dos gigantes vascos de la automoción, las cotizadas Gestamp y Cie Automotive, presentaron unas ventas estancadas con una suma de 8.202 millones (6.140 de Gestamp y 2.062 de Cie), y unos beneficios de 290 millones, un 14% menos que en el mismo periodo del año pasado. Gestamp ha acusado más el ajuste en las ganancias con una caída del 34%, mientras que Cie las ha subido un ligero 3% frente al 11,2% del pasado año. Y es que, siguiendo con el argumento empleado ayer por Pradera, estos datos son «el impacto de la realidad» frente a un relato centrado en lo «emocional», pero que ha devenido en «una política industrial del automóvil que es un desastre».

La política europea de transición energética en la automoción es “un desastre”, y el sector está “muy, muy preocupado”. Así de rotundo se muestra el presidente de Cie Automotive, Antón Pradera, quien da por hecho que los fabricantes de la UE han dejado de ser campeones mundiales y, frente a las subvenciones de China a su industria y las ayudas fiscales de EEUU a la suya, afrontan una transición “montada a base de multas”. En un acto organizado por Deusto Business Alumni y Deloitte en Bilbao, el responsable de Cie comparó ayer el escaso apoyo público a los grupos de automoción europeos en comparación con los incentivos que se dieron para el desarrollo de la eólica y de otras energías renovables. A su juicio, es necesario incentivar y subvencionar la demanda del vehículo eléctrico, porque es caro y no da el mismo servicio que un coche de combustión, ya que “está todavía en pañales”. Antón Pradera –que se declara un “fan radical” del coche híbrido por la necesidad de “ir poco a poco” y no pasarse de purista– advirtió de que la demanda es algo que la industria no puede controlar, y que va a depender de los incentivos: “No se puede gestionar el cambio con multas, sino con ayudas, de lo contrario ganarán otros y esto tendrá un alto coste social en Europa”. El directivo recordó también que a día de hoy no está claro quién es responsable de la red de puntos de recarga del coche eléctrico, y dejó claro que esta cuestión no debe recaer en los grupos de automóviles porque “no pueden con todo”.

Las empresas vascas mantienen una visión más positiva respecto a la evolución de la economía de cara al cuarto trimestre de este año pese a las incertidumbres reinantes por el enfriamiento de la economía europea. Las compañías de Euskadi obtienen un valor del Índice de Confianza del 55,6, superior al del trimestre anterior (47,4). Estos datos se desprenden del informe sobre las expectativas del cuarto trimestre relativo a 2024 elaborado por Laboral Kutxa tras una encuesta realizada durante el mes de septiembre a 404 empresas. Este estudio contrasta con otros como el publicado el pasado viernes por la patronal guipuzcoana Adegi, que incidía más en la preocupación de las empresas por el impacto en la industria y la automoción de Gipuzkoa del estancamiento económico de Alemania y Francia, principales clientes industriales del País Vasco. Según el estudio de Laboral Kutxa, el valor del Índice de Confianza del 55,6, al ser superior a 50, indica expansión de la actividad, y es superior a los valores obtenidos para otros ámbitos geográficos de interés como España (53,5) o la propia eurozona (48,9). En lo relativo al entorno económico y sobre las expectativas de cara a este último cuatrimestre, el sondeo sí muestra una mirada algo más negativa a la del trimestre anterior. Concretamente, el 14,7% de las empresas considera que mejorará respecto al trimestre actual, y el 54,7% augura que se mantendrá igual, por lo que el 30,65% cree que el entorno empeorará. Ver informe Laboral Kutxa aquí. 

Alemania se instala en la recesión. El producto interior bruto (PIB) de la primera economía europea se encogerá este año un 0,2%, según anunció ayer en Berlín Robert Habeck, vicecanciller y ministro de Economía. El año pasado ya se contrajo un 0,3%. Solo una vez desde la posguerra mundial la economía ha caído durante dos años seguidos, en 2002 y 2003. El marasmo actual acentúa las debilidades de la coalición gubernamental, y empeora el ánimo del país. Las previsiones sobre el crecimiento se suman a una catarata de noticias que ponen en duda el poderío alemán. Desde la amenaza de cierre de fábricas de Volkswagen hasta la degradación de las infraestructuras que experimentan a diario los usuarios de la red de ferrocarriles, desde el asalto del italiano Unicredit al alemán Commerzbank, al éxito electoral de la extrema derecha en los estados federados del este. Alemania es hoy un país que duda de sí mismo. Dos décadas después de la crisis que llevó al entonces canciller socialdemócrata Gerhard Schröder a poner en marcha una ambiciosa y polémica reforma del estado del bienestar, vuelve a hablarse de Alemania como el enfermo de Europa. Hoy el desempleo es menor que entonces, pero la coalición tripartita que encabeza el socialdemócrata Olaf Scholz, y que incluye a ecologistas y a liberales, está enzarzada en permanentes disputas, y dispone de poco margen para reaccionar. Las próximas elecciones generales se celebrarán en menos de un año, pero los desacuerdos entre los socios son demasiados para facilitar una respuesta contundente y con resultados rápidos ante un estancamiento que debilita la posición europea y global de Alemania.

"Permítame seguir un momento con el tema de ayer, con la propuesta de Confebask desvelada por nuestro periódico para «invertir en fiscalidad», es decir, buscar un modelo dirigido a aumentar la base imponible sin obsesionarse con los tipos impositivos. Ya sé que son muchos a quienes esto de endurecer los tipos y ver sufrir a las empresas –a las que le pagan a él los salarios–, les provoca un gozo extraordinario. También calificábamos la propuesta de los empresarios vascos de ‘carta a los Reyes Magos’, lo que equivalía a decir que lo allí pedido era en realidad una suma de ‘regalos’. Discrepo, aun a riesgo de que me rebajen el sueldo. Se trata de utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para estimular las inversiones internas y captar una parte mayor de las externas. Y eso, se mire como se mire pasa, entre otras varias cuestiones, por ofrecer un esquema fiscal que resulte atractivo o, para que suene menos liberal –¡lagarto, lagarto!– que resulte promotor de la actividad. Por supuesto que entre la rebaja de los impuestos y el aumento de las bases imponibles no hay una relación automática e inexorable y por eso, la revisión hay que hacerla con sentido, prudencia y cabeza, dirigiendo las ventajas hacia el fomento de la inversión productiva y la contratación...Veamos el caso de Madrid, que tanto desquicia a La Moncloa. La Comunidad de Madrid cuenta con un millón de habitantes menos que Cataluña. En los últimos tiempos, desde 2019, ha desplegado toda una batería de rebajas fiscales, 21 en total, que han supuesto un ahorro de 31.000 millones de euros a sus habitantes. Por su parte, Cataluña dispone de un montón de impuestos propios que regula a voluntad y lo hace casi siempre en el sentido de aumentar la presión fiscal que recae sobre la actividad económica. ¿Cuál es el resultado final de la ecuación? Pues que Madrid, con ese millón menos de habitantes obtiene una recaudación que es casi un 25% superior a la de Cataluña. Es posible que los datos sean puro fango, pero han sido elaborados con información proporcionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. ¿Todo se explica porque en Madrid se localizan los ministerios?..."

El Corredor Vasco del Hidrógeno ha entrado en la lista de los ocho proyectos más relevantes del mundo en este campo. Así ha sido publicado por la CHM, la Clean Hydrogen Mission. Se trata de un organismo impulsado en 2015 por la Comisión Europea y 23 países con el objetivo de crear una red internacional para compartir conocimiento entre los diferentes agentes que desarrollan estos proyectos, así como la tecnología para llegar cuanto antes a la obtención de hidrógeno verde –con energía renovable– a un precio competitivo: 2 dólares por kilo. La iniciativa liderada por Petronor en Bilbao es la única que hay en España y es acompañada en Europa por la británica ‘Big Hit’. El proyecto que en Euskadi aglutina a 77 organizaciones, de las que 52 son empresas es, además, el tercero en presupuesto con una inversión global del 1.100 millones de dólares. Por delante está el de Arabia Saudí con 8.400 millones y el de Green Armonia, en Chile, con 2.500 millones. Los otros proyectos están en Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos. Según explicó el presidente del Corredor Vasco del Hidrógeno, José Ignacio Zudaire, este reconocimiento convierte al proyecto vasco «en un referente, en un punto de interés que permitirá compartir conocimientos y ganar en importancia». Zudaire destacó que la virtualidad del proyecto es la inclusión de más de medio centenar de empresas de la cadena de valor. «Es algo que nos permite transformar la industria y abrir un mercado al hidrógeno en el futuro», destacó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo la semana pasada una reunión privada con representantes de la vasca CAF, la francesa Alstom y la alemana Siemens para explicar los planes de crecimiento de la nueva administración mexicana, en los que el ferrocarril será uno de los ejes prioritarios. “Me reuní con las tres principales empresas fabricantes de trenes: Alstom, CAF y Siemens. Dos de ellas tienen plantas en México, Siemens no tiene. Pero me reuní para ver qué posibilidades tienen de poder fabricar en los seis años que vamos a estar en el gobierno”, indicó Sheinbaum, cuyo objetivo es revitalizar el ferrocarril como mecanismo de creación de empleo local y de mayor riqueza. El plan del Gobierno de México pasa por modernizar unos 3.000 kilómetros ferroviarios para los que necesitarán unos 80 trenes nuevos, que quiere que se fabriquen en suelo azteca. Entre los proyectos estrella figura la nueva conexión entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en las afueras de la Ciudad de México, con Pachuca en el estado de Hidalgo, un corredor de unos 64 kilómetros cuyo presupuesto de construcción podría elevarse a más de 2.000 millones de euros. Mientras que México confía el material rodante a empresas privadas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum pretende contar con contratistas estatales, especialmente la Sedena, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que, entre otros trabajos, se ha encargado de terminar y gestionar el Tren Maya. El ferrocarril ha cobrado protagonismo en México. El plan nacional de infraestructuras recoge unos 26.000 millones de dólares de inversión en este modo de transporte. Entre los proyectos identificados también figura una línea de 1.143 kilómetros entre Ciudad de México y Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, en la frontera con EEUU. Sobresale otra línea ferroviaria de 580 kilómetros que unirá a la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara.

Pese al rally del 35% que acumula Iberdrola desde los mínimos de febrero, y a que cotiza en zona de máximos, cuenta con la confianza de los analistas, que continúan subiéndole el precio objetivo y extienden su potencial escalada hasta los 16,30 euros. Es un 18,3% más que el precio al que cerró ayer (13,77 euros por título) y supondría una capitalización bursátil récord de 103.000 millones de euros, 15.365 millones más que al cierre de ayer. Renta 4 es la firma más optimista con la utilitie española, que a principios de mes recibió también el espaldarazo de Goldman Sachs, entidad que mejoró su precio objetivo hasta los 16 euros porque confía en que batirá las previsiones con sus resultados. Este precio supera los 13,82 euros del consenso que recoge Bloomberg. La empresa pilotada por Ignacio Galán también tiene la confianza de Bankinter, que aunque no le da tanto recorrido alcista (fija su precio objetivo en 14,50 euros), tiene a Iberdrola entre sus cinco favoritos en España por la mejora de las perspectivas de su negocio, con crecimiento en redes y la firma de contratos a largo plazo. Los analistas consideran que su posicionamiento estratégico es acertado, por lo que confían en su recorrido alcista en Bolsa. “Iberdrola se encamina a un perfil de negocio menos volátil, donde la mayoría de inversiones se dirigen a redes que cuentan con marcos regulatorios predecibles”, comentan en Banca March.

Ocho empresas vascas cotizadas se citan esta semana con inversores en el edificio de la Bolsa de Bilbao. El encuentro, que finalizará hoy, arrancó ayer organizado por la gestora de patrimonios Renta 4. En la inauguración, su presidente, Juan Carlos Ureta, puso en valor la «tradición» instaurada en el País Vasco «que sabe sacrificar consumo para ahorrar e invertir en una de las bolsas con mayor tradición». El encuentro, que hoy se retomará a las 9.00 horas, acerca a los dirigentes de ocho compañías clave. Tras la participación ayer de Arteche, Tubos Reunidos, Faes Farma y Vidrala, recogen ahora los de CIE Automotive, CAF, Dominion y Tubacex. «Un mercado de valores es bueno por las empresas que cotizan en él y nosotros estamos orgullos de las que vienen aquí, que son líderes en su sector», felicitó el presidente de la Bolsa de Bilbao. Manuel Ardanza añadió que la «confianza» de los inversores surge de la «transparencia».

Vitoria va a ser más restrictiva que el Gobierno vasco a la hora de autorizar la instalación de parques fotovoltaicos. Según el nuevo plan general, la herramienta que diseña el crecimiento de la ciudad, delimita por vez primera el suelo para este fin, que será de 616 hectáreas. Está concentrado en su mayor parte en el entorno de Miñano y de Lubiano, con contadas excepciones como la balsa de Noryeste. De esta manera quedarían excluidas parcelas cercanas al aeropuerto de Foronda y contempladas por el plan del Ejecutivo autonómico, siempre que no aplique la ‘ley Tapia’ y las declare de interés público superior. 

El Gobierno central ha decidido partir en dos el proyecto del trazado que conectará la ‘Y’ vasca con Navarra. Giro de guion. Vista la tormenta política suscitada durante las últimas semanas y que los trabajos técnicos que deben realizarse en la sierra de Aralar antes de dirimir si la ruta atravesará Álava o Gipuzkoa aún se van a prolongar durante «meses», el Ministerio de Transportes ha optado por ir avanzando con el tramo Alsasua-Pamplona, para el que solo existe una alternativa. El objetivo es que durante 2025 pueda quedar perfilado el trabajo administrativo y se pueda empezar a pensar en las obras. Los nuevos planes, avanzados por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en la Cadena Ser, pasan por elaborar un estudio informativo propio del tramo que debe ejecutarse en territorio navarro, «el 50% de la conexión con Euskadi». El estudio informativo existente ahora mismo, redactado en 2018, incluye todo el recorrido y no puede ser aprobado hasta que se decida si el TAV avanzará hacia la comunidad foral por Vitoria o por Ezkio Itsaso. Desgajar las obras «nos permitirá ir rápidos, avanzar y demostrar la voluntad de Ministerio», dijo Santano. El tramo Pamplona-Alsasua tendrá una longitud de 21,3 kilómetros de los que poco más de 3 se ejecutarán en túnel para salvar las sierras de Zabalgaña y Satrústegui. Contará con otro par de viaductos, pero la complejidad de la obra es mínima si se compara con la segunda fase, la de la posterior extensión hacia Euskadi.

La avalancha de demandas que han recibido este 2024 los juzgados vascos especializados en cláusulas abusivas de las hipotecas no tiene precedentes. Solo en el primer semestre se han contabilizado 21.814 reclamaciones, lo que supone multiplicar por más de cuatro la cifra del año anterior, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La razón de este alud inédito son los gastos hipotecarios, un conflicto que lleva coleando más de una década, pero que recibió un impulso renovado este año cuando se especuló con la prescripción del derecho a reclamar y todas las asociaciones de consumidores instaron a acudir a los tribunales. Finalmente el Supremo se pronunció en junio y fue muy favorable a los usuarios: no hay prescripción hasta que pasen cinco años desde que haya una sentencia firme que declare abusiva la cláusula que carga todos los gastos de constitución de las hipotecas en el usuario. Cabe recordar que los gastos que se pueden recuperar son los de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como el 50% de los notariales. La cantidad ronda los 800 ó 900 euros para un préstamo de 150.000 euros, cifras que pueden elevarse a 1.000 ó 1.500 euros por los intereses legales desde la firma del crédito. El 98% de las 3.243 sentencias que se han dictado en el segundo trimestre dan la razón a los clientes, pero aun así hay bancos que siguen resistiéndose a devolver los gastos. BBVA considera, por ejemplo, que en su caso están prescritos y lo mismo ocurre con el Santander. Kutxabank suspendió las devoluciones a principios de marzo por las dudas que había sobre la prescripción, pero las retomó en junio tras conocer la sentencia del Supremo. La entidad financiera ha provisionado 145 millones de euros para hacer frente a las reclamaciones. Laboral Kutxa también paga, aunque no siempre abona los intereses legales, según la asociación EKAACUV. Caixabank también está devolviendo los gastos.

La cifra de inmigrantes que llegan al País Vasco en busca de una nueva vida no ha hecho más que aumentar en los últimos años y en la actualidad se sitúa ya en las 277.564 personas, un 54,6% más que las que había en 2010. Los motivos suelen repetirse: querer empezar una nueva vida, mejor de la que tenían en sus países de origen. Y las formas de salir de su hogar suelen ser diferentes. La mayoría, el 57,1%, llega como turista; el 18,3% por motivos de reagrupación familiar y el 9%, de forma ilegal. Solo uno de cada doce (8,2%) lo hace con un contrato laboral, según los datos recogidos en las tablas estadísticas de la encuesta de la población de origen extranjero (EPOE) y publicados en la web del Gobierno Vasco. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, presentan hoy el informe. El 38,4% de los extranjeros que se asientan en Euskadi son adultos-jóvenes de entre 25 y 44 años. Además, el 35,9% tiene estudios secundarios, frente al 14,3% que no tiene formación «significativa». Los que más estudios tienen son los argentinos, chilenos y uruguayos. El 42,6% tiene Formación Profesional, Grado Superior o alguna formación terciaria. Por contra, entre quienes tienen menos formación académica están los senegaleses y magrebíes, el 68,1% y el 54,3% tiene estudios primarios o menos, respectivamente.

En un inédito llamamiento conjunto, las asociaciones sectoriales de hoteles, pisos turísticos, hostelería y comercio del territorio hicieron público ayer un comunicado en el que «urgen» a las administraciones competentes «la inmediata adopción de medidas orientadas a resolver el creciente problema» de este servicio público. Hoteles de Gipuzkoa, Aparture, Hostelería Gipuzkoa y la Federación Mercantil (Merkatariak) constatan la existencia de «múltiples incidencias aparecidas este verano», que se suman a las de veranos anteriores, fruto de que el territorio «no dispone de un servicio público de taxi que ofrezca garantías a los usuarios en su prestación». Estas organizaciones, todas ligadas al sector turístico, han recopilado experiencias propias y de sus clientes, y recogido quejas e impresiones de estos, tras las que se lanzan a manifestar públicamente que es «imprescindible la existencia de un servicio público de taxi que asegure que los clientes lleguen a una reunión de trabajo, lleguen a un vuelo, regresen de una cena o asistan a un evento cultural o profesional». Aunque se trate de actividades ligadas al turismo, las entidades firmantes del manifiesto subrayan que su demanda «afecta a toda la ciudadanía», no solo a los visitantes, sino también a la población local, que igualmente necesita un servicio de taxis «de calidad». Las cuatro asociaciones firmantes eluden valorar los motivos por los que el «problema del taxi» no solo no se corrige con el paso de los años en Gipuzkoa ni en su capital, sino que se «agudiza», ni tampoco se atreven a aportar soluciones que no les competen.

La siniestralidad laboral registró un repunte en Gipuzkoa en 2023, siguiendo con la estela de los últimos años, con la salvedad de los vaivenes producidos por el covid, según deja patente un informe exhaustivo realizado por Adegi. El estudio también revela que los accidentes laborales crecen más entre el colectivo de trabajadores más jóvenes y también entre los que llevan menos tiempo en sus puestos de trabajo, aunque el grueso de los siniestros se produce entre los empleados de más edad debido al envejecimiento de la población trabajadora. El informe, titulado ‘Siniestralidad Laboral de Gipuzkoa 2023’, se basa en los datos del Ministerio de Trabajo, porque, según explica Adegi, permite realizar una comparación temporal con los registros anteriores a 2012, en contra de los de Osalan, que cambió en esa fecha la forma de computarlos. En cualquier caso, los datos más recientes de ambos sistemas no son coincidentes porque el Ministerio de Trabajo no computa los ‘in itinere’, los que se producen en los desplazamientos al centro de trabajo o entre los centros de trabajo, como explica la propia asociación empresarial. Según este estudio, entre 2006 y 2014 se produjo una fuerte reducción de la siniestralidad laboral, al caer un 50%; sin embargo entre 2015 y 2023 aumentó un 30% la cifra total de siniestros con baja, aunque el índice de incidencia –mide el número de accidentes por cada mil trabajadores– aumentó en menor medida, un 5%. Un periodo que está condicionado por el hecho de que en 2019 se empezaron a computar los trabajadores autónomos, lo que hizo que aumentara la cifra total de accidentes un 15,1% ese ejercicio, pero se reduce la incidencia al haber más trabajadores afiliados, según explica Adegi. Y volviendo a 2023, un año en el que hubo récords de afiliación en el territorio, la siniestralidad total se incrementó un 3,8%, debido al aumento de los accidentes leves, ya que bajaron los graves y los fallecidos –doce frente a los once del año anterior–. El total de accidentes creció más entre los autónomos (4,7%) que entre los asalariados (3,7%) y en mayor medida entre las mujeres (6,2%) que entre los hombres (3%). Por sectores, la siniestralidad total aumenta en la industria (4,9%) y servicios (5,4%), mientras que se reduce en el sector primario (-7%) y la construcción, con un -5,4%.

La segunda reunión del pacto de salud celebrado ayer en Biogipuzkoa, en Donostia, terminó con «consenso generalizado» por parte de los diferentes agentes sociales (entre ellos Confebask), políticos y sanitarios, pero el Gobierno Vasco ha decidido posponer al miércoles 30 la aprobación final del diagnóstico de la situación de Osakidetza después de que algunos de los intervinientes solicitasen «un tiempo para hacer el contraste con sus organizaciones». Así lo anunció el consejero de Salud, Alberto Martínez, al término de una cita que se alargó más allá de las tres horas y media, y a la que se sumaron cuatro nuevas incorporaciones: ESK, Fedeafes, el Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas, y el sindicato de técnicos de enfermería SAE. El ejecutivo autonómico, que confiaba en aprobar el texto ayer mismo, ha dado «una semana de plazo» para presentar «alguna matización» tras el contraste con las respectivas organizaciones de este documento de síntesis elaborado a partir de todas las aportaciones recibidas hasta ahora, hasta un millar que han sido condensadas en apenas 30 folios por parte de Javier Meana, catedrático de Farmacología en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), elegido por el Ejecutivo vasco para ejercer las labores de coordinación de este foro. Según confirmó el propio consejero, esta segunda cita se desarrolló en un ambiente «muy cordial y agradable» y los participantes estuvieron «debatiendo» el documento, sobre el que hay un «consenso prácticamente generalizado». «Creemos que el día 30 podremos afrontar el segundo paso del pacto de salud», incidió.

El PNV comienza a medir la profundidad de su renovación interna de cara a la Asamblea General de tintes refundacionales que celebrará en marzo. Y el proceso arranca por los territorios, donde se va esclareciendo desde ya el cambio de caras al frente de las tres grandes ejecutivas. La presidenta de la más poderosa de ellas, del Bizkai buru batzar (BBB), anunció ayer que da «por completada» su etapa en la «política pública» y que no aspirará a un cuarto mandato tras casi doce años en el cargo. Itxaso Atutxa se suma así a la marcha del líder en Álava, José Antonio Suso, y se anticipa a la más que probable decisión del de Gipuzkoa, Joseba Egibar. Menos claro está el caso del EBB, la cúpula nacional, pendiente de Andoni Ortuzar. La renovación de las direcciones provinciales –el proceso también está abierto en Navarra e Iparralde–, que se extenderá al resto de burukides que las conforman, es el primer paso de un largo calendario de seis meses. El próximo jueves 17 comenzará a correr el plazo para que, en primera ronda, las bases propongan a los candidatos. La segunda vuelta, la de las votaciones, será a principios de noviembre, y en la semana del 18 al 24 de ese mes se celebrarán las asambleas en las que se proclamarán a las nuevas ejecutivas territoriales. Para más adelante quedará la definición del proyecto del partido, su organización y, como remate, la elección del nuevo Euzkadi buru batzar. Mientras Ortuzar deshoja la margarita sobre su posible aspiración a un cuarto mandato consecutivo, Atutxa, quien se encontraba en la misma tesitura tras idéntico periodo en el puesto, ya lo ha hecho. 

El Gobierno abonó ayer el terreno para emprender subidas de impuestos por hasta 60.000 millones de euros. Así lo hicieron tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al señalar en distintas intervenciones ante el Congreso de los Diputados que España conserva una “brecha fiscal” de cuatro puntos de PIB con la Unión Europea que, apostilló la también responsable del Ministerio de Hacienda, la Comisión Europea exige cerrar con una reforma tributaria. Todo un aviso a navegantes a menos de una semana de que el Ejecutivo deba enviar a Bruselas, el próximo martes, el Plan Fiscal Estructural al que obligan las nuevas reglas fiscales para explicar cómo reconducirá los excesos de déficit y deuda pública que arrastra el Estado. De hecho, el presidente del Gobierno compareció ayer ante el Pleno del Congreso de los Diputados a petición del Partido Popular con la doble encomienda de explicar tanto la política migratoria del Ejecutivo (ver página 27) como “los ajustes que va a realizar el Gobierno para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y someter a votación el Plan de Equilibrio Fiscal”. Pese a ello, Sánchez agotó su intervención inicial, cercana a la hora de duración, sin hacer mención al plan de reequilibrio de las cuentas públicas, lo que le valió las críticas de la oposición. “Es el documento más importante que va a firmar España para los próximos siete años”, le espetó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciando que “se oculta la información” al respecto, y recordando que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha estimado que el ajuste a acometer para cumplir las reglas fiscales podría rondar los 39.000 millones de euros.

Nueva llamada de atención al Gobierno desde el sector constructor ante el estrangulamiento de los márgenes en la obra pública, cuando no la imposibilidad de recuperar los costes de ejecución, por culpa de una normativa y estructura de contratación desfasadas, según la patronal CNC, Confederación Nacional de la Construcción. El presidente del colectivo, Pedro Fernández Alén, fue ayer extremadamente crítico en una rueda de prensa contra la pasividad del Ministerio de Hacienda en plena urgencia de una reforma del reglamento general de la Ley de Contratos del Sector Público. “La contratación de la obra pública está enferma y Hacienda no está poniendo soluciones”, lamentó. El problema puesto de manifiesto ahora es el del fuerte incremento, de hasta el 50%, de los gastos generales de estructura, que son los que asume una constructora al margen del volumen y el ritmo de ejecución de cualquier proyecto. Desde la CNC se hizo hincapié en el afloramiento de exigencias laborales y ambientales en los últimos 20 años que encarecen las obras, sin que ello se tenga en cuenta en la estructura de los contratos. Entre esas obligaciones con cargo a los gastos generales figuran los sistemas de protección de datos, los protocolos de igualdad y no discriminación, los sistemas internos de gestión de denuncias, las nuevas cargas fiscales y licencias, una mayor complejidad derivada de la contratación por vía telemática, la normativa de responsabilidad social corporativa, la gestión ambiental, las certificaciones de seguridad e innovación, o la digitalización de procesos, entre otras. Múltiples requisitos han ido llegando en un contexto en el que el salario mínimo interprofesional subió un 60,3% entre 2009 y 2022, y cuando sufrimos un fuerte incremento del precio de las materias primas”, expuso Fernández Alén. La patronal aboga por flexibilizar las horas voluntarias si se recorta la jornada obligatoria. 

A pesar del fuerte crecimiento del PIB, el número de empresas que entraron en concurso de acreedores en el segundo trimestre del año se ha disparado un 26,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Consejo General del Poder Judicial, hasta alcanzar los 15.227 procedimientos entre abril y junio. Los concursos de acreedores se han disparado en los últimos años, pasando del entorno de los 3.000 procedimientos por cada trimestre en 2019 a duplicar estas cifras apenas tres años después, pero el ritmo se ha acelerado de forma muy significativa en los últimos dos años, hasta alcanzar los 15.227 concursos de acreedores en el segundo trimestre del año, un 26,8% más que el pasado ejercicio y hasta cinco veces más que antes del estallido de la crisis del coronavirus, una cifra que no solo pone de manifiesto el aumento de los problemas entre las empresas, sino que también eleva la carga de trabajo en los juzgados de toda España. Con todo, la situación es muy heterogénea. Mientras que los concursos de personas físicas no empresarios crecieron un 38,2%, los de personas físicas empresarios bajaron un 22,5%, y los de personas jurídicas, un 5,2%. Por regiones, Cataluña fue la comunidad autónoma donde se registraron más concursos, 3.745, el 24,% del total, seguida de Andalucía, con 2.518 procedimientos, Madrid, con 2.094, y la Comunidad Valenciana, con 2.006. Y, cuando se mira el número de concursos en relación a la población, Murcia se sitúa en cabeza, con 47,2 procedimientos presentados por cada 100.000 habitantes, seguida de Cataluña (46,4), una cifra muy superior a la de País Vasco (13,1) o La Rioja (16,9). 

Carlos Torres, presidente de BBVA, sigue inmerso en su particular cruzada para defender las bondades de la opa sobre Sabadell. Una operación en la que el banco, y él mismo, se juegan mucho y que la coyuntura política no está jugando a su favor, con el Ministerio de Economía posicionándose claramente en contra al menos de momento. Veremos... Por contra, Europa es uno de sus grandes aliados, como demostró recientemente el Banco Central Europeo dando su plácet a la operación. Esta posición es clave porque el Gobierno tendrá muy difícil, a ojos de la UE, maniobrar en contra de la fusión en caso de que los organismos nacionales como los accionistas de la entidad catalana –verdaderos protagonistas de la opa– deciden dar luz verde. Y para ‘vender’ las bondades europeas de la opa, qué mejor que hacerlo en ‘Financial Times’, donde publicó un artículo de opinión en su edición impresa de este miércoles recurriendo al argumento que tanto la Comisión Europea como el propio BCE llevan años defendiendo con escaso éxito: la necesidad de que la UE cuente con bancos más grandes y puedan darse las condiciones para que puedan producirse fusiones transnacionales, como acaban de advertir tanto el expresidente del BCE Mario Draghi como el ex primer ministro italiano, Enrico Letta, en sendos informes que buscan ser la hoja de ruta que debe seguir la UE para sobrevivir ante la pinza EE UU-China. «El riesgo más apremiante ha dejado de ser que los bancos sean demasiado grandes para caer por el que sean demasiado pequeños para dar la talla», alerta Carlos Torres. 

Washington estudia la posibilidad de dividir Google para poner fin a su monopolio en las búsquedas. Esto supondría la medida más audaz hasta la fecha para controlar a una de las tecnológicas más poderosas del mundo. El Departamento de Justicia (DoJ) expuso el martes la posible solución, que llega después de que la fiscalía federal ganara un caso histórico en agosto, cuando un juez dictaminó que Google había violado la legislación antimonopolio estadounidense y calificó a la empresa de “monopolista”. En un documento judicial en el que se detallan las sanciones que podría imponer Amit Mehta, el juez que preside el caso, la fiscalía explicó que estaba “estudiando medidas estructurales” que impedirían a Google utilizar productos como el navegador Chrome, la app store Play y el sistema operativo Android para dar a su motor de búsqueda una ventaja sobre sus competidores o nuevos participantes, lo que implicaría la desinversión de activos. El DoJ también podría intentar obligar a Google a compartir los datos de búsqueda de los usuarios con sus competidores y limitar su capacidad de utilizar los resultados de las búsquedas para entrenar nuevos modelos y productos de inteligencia artificial generativa. La división de Google daría un giro al mercado de búsquedas, en el que la empresa gestiona más del 90% de las consultas online, y transformaría un negocio que ha convertido a su matriz, Alphabet, en una de las más valiosas del mundo. El expediente del DoJ contiene las posibles soluciones y avanza el juicio a su segunda fase, en la que el magistrado Mehta decidirá las sanciones. En agosto, Mehta dictaminó que Google había gastado decenas de miles de millones de dólares en acuerdos exclusivos para mantener una posición dominante ilegal en las búsquedas.