20250111

 Euskadi se mantiene a la cabeza de España como la comunidad con mayor subida salarial pactada en los convenios colectivos negociados en el territorio. Al cierre del año el aumento era del 3,65% en los acuerdos vigentes, por encima del 3,07% de la media nacional y de la inflación, que acabó el ejercicio en el 2,8%, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo. Eso quiere decir, por tanto, que los trabajadores están recuperando poder adquisitivo. Dentro de Euskadi hay grandes diferencias por territorios. De hecho, la media vasca se debe en gran parte a Gipuzkoa, donde la subida llega al 4,37%, dentro de una España en la que solo otra provincia, Lugo, supera la cota del 4%. En Bizkaia el incremento salarial es algo menor, del 3,36%, mientras que en Álava se queda muy por debajo, en el 2,69%. En este caso, por tanto, se produce pérdida de poder de compra respecto a la inflación. Conviene recordar que la estadística solo tiene en cuenta los convenios negociados en cada comunidad autónoma, que en el caso de Euskadi afectarían a cerca de 286.000 trabajadores. No incluye los acuerdos que se pactan en el Estado y tienen repercusión en diferentes territorios. Estos últimos recogen subidas más modestas y, en concreto, aquellos con impacto en Euskadi presentan un alza salarial del 2,9% y afectan a 135.000 trabajadores, según los últimos registros del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, que solo llegan hasta el mes de octubre. El País Vasco también tiene la jornada laboral más corta, con 1.691 horas anuales frente a una media de 1.755.

La batalla por el control de Talgo afronta una fase definitiva que acrecienta la importancia de las estrategias. Mientras el Gobierno de España se ha encargado de dejar claro que su apuesta pasa por la empresa vasca Sidenor, el propietario principal del fabricante de trenes, el fondo inversor Trilantic, sigue alimentando una oferta alternativa dispuesta a pagar más o llegar a un porcentaje más alto de acciones. En ese baile, el representante del fondo, Javier Bañón, ha logrado crear un escenario, al menos en lo formal, con más de un interesado. Para arbitrar el proceso ha contratado a la consultora PwC, que ha dado acceso a las cuentas de Talgo a los interesados. Son, además de Sidenor, la empresa polaca Pesa y la india Jupiter Wagons. En el proceso se están organizando, además, visitas por separado a las plantas industriales de Talgo. Ayer estuvo la compañía presidida por José Antonio Jainaga, el jueves lo hicieron los polacos y la semana que viene acudirán los indios a las instalaciones de la fábrica de Rivabellosa (Álava). Según informan fuentes conocedoras de las negociaciones, los interesados en hacerse con el control de la empresa deberán presentar una oferta antes de final de mes. Un planteamiento en el que Trilantic, además del importe, dará prevalencia a la alternativa que más porcentaje de acciones contemple. De momento, solo Sidenor ha hecho público su interés concretando una oferta de 4 euros por acción. 

El ministro de Transportes Óscar Puente ha asumido personalmente el objetivo de convencer al fondo norteamericano Trilantic para que venda su participación del 30% en Talgo a la vasca Sidenor. Puente presidió el pasado jueves una reunión en Madrid en la que mostró ante los representantes de Trilantic el firme respaldo del Gobierno de España y del Ejecutivo vasco a la propuesta del empresario José Antonio Jainaga. El consejero de Industria Mikel Jauregi avaló con su presencia el compromiso del PNV para apoyar financieramente la compra con la participación tanto del gabinete de Pradales como de las fundaciones bancarias Vital y BBK. El ministro Puente tenía como objetivo en el encuentro visibilizar ante Trilantic un respaldo institucional con el que cerrar la subasta abierta por el fondo norteamericano para colocar sus acciones en Talgo. El Gobierno de España pretende que la venta de las acciones a un socio industrial se cierre antes de que finalice el mes de enero y, junto al PNV, presiona a Trilantic para que se decante por Sidenor frente a la polaca PESA y la india Jupiter Wagons. El gabinete del lehendakari Imanol Pradales ha estado en contacto permanente con el ministro Puente y con el dueño de Sidenor durante una negociación que se hizo oficial cuando el 21 de octubre Talgo comunicó a la CNMV que abría la negociación con Sidenor.

Los trabajos del nuevo Gobierno Vasco para situar a Euskadi, en general, y a San Sebastián, en particular, como un ecosistema empresarial líder en I+D continúan. La firma británica Quantum Motion, que diseñó el primer chip de silicio desarrollado con tecnología cuántica, abrirá su primera filial de la Unión Europea, y su segunda fuera del Reino Unido, en las nuevas instalaciones de Nanogune de Donostia. Industria ya había anunciado un acuerdo de colaboración con la tecnológica con sede en Londres para desarrollar un grupo de investigación en la capital guipuzcoana, pero ayer, en el marco de la visita del consejero Mikel Jauregi a la capital de Inglaterra, la compañía inglesa anunció que abrirá unas oficinas en San Sebastián. La actividad principal de Quantum Motion en Donostia será la de diseño y testeo de microchips cuánticos, realizando también tareas de modelado de dispositivos cuánticos, teoría de algoritmos o de automatización inteligente (automatización que utiliza machine-learning para programar equipos cuánticos). La de Euskadi se trata de la primera implantación de Quantum Motion en la Unión Europea, y forma parte clave de su expansión internacional, en la que han entrado en competición otras capitales europeas. Será la segunda localización de la empresa fuera de Reino Unido, ya que acaban de publicitar su implantación en Australia. Hay que recordar que junto a Nanogune, en la zona de Ibaeta, se instalará este año el superordenador cuántico de la multinacional estadounidense IBM.

La comunidad de la Inteligencia Artificial en Euskadi está «indignada» por la decisión del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de cancelar una ayuda de 31 millones de euros para proyectos relacionados con esta tecnología. «Es inaudito, increíble. En los 30 años que llevo en ciencia no me había ocurrido nunca», dice uno de los especialistas que se han visto afectados por la marcha atrás de un programa que debía traer al País Vasco 7,5 millones gracias a cuatro planes ganadores liderados por investigadores vascos y un quinto con participación de otro experto del territorio. La razón esgrimida por el departamento encabezado por Diana Morant es que esos recursos irán destinados a sufragar los gastos de la dana. Una carta del ministerio firmada por el secretario de Estado con fecha del pasado 30 de diciembre a la que ha tenido acceso este periódico explicaba la situación. «A través de esta carta queremos informarte de que, durante el desarrollo del procedimiento administrativo para su resolución, han surgido una serie de circunstancias sobrevenidas que han provocado que finalmente no sea posible técnicamente resolver esta convocatoria. Se suma a esto la necesidad de priorizar la gestión de normas y programas de ayuda para la reconstrucción de infraestructuras y comunicaciones y recursos de diversa índole hacia los territorios afectados por la dana», argumenta la misiva. La decisión «causa un daño enorme», dicen tres expertos consultados que prefieren mantener su anonimato. «España tiene un importante retraso en el campo de la Inteligencia Artificial. Esta convocatoria suponía un empujón para la investigación en IA, había ilusión, un horizonte de oportunidad para la comunidad investigadora, y de repente, la oportunidad desaparece sin razones convincentes. Te quita la fe en el apoyo en España a la investigación en Inteligencia Artificial», asegura uno de ellos. La explicación dada por el ministerio encabezado por Morant es «una mala excusa que no se cree nadie», afirman al unísono. Las fechas no les cuadran. El programa, financiado con fondos europeos y enmarcado en el Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dio sus primeros pasos hace año y medio, el 7 de julio de 2023. Fue ese día cuando el entonces Ministerio de Universidades convocó estas ayudas por un montante de 31 millones de euros.

La Diputación de Álava quiere estrechar lazos con México tras haberlo identificado como uno de los objetivos más atractivos para los intereses del territorio, tanto por la importante presencia de empresas alavesas allí como por el fuerte incremento del consumo del vino. Una delegación foral encabezada por el diputado general, Ramiro González, viajará la semana que viene a ese país para llevar a cabo una misión económica con la captación de talento y el vino como banderas. «Llevamos años trabajando para reforzar el posicionamiento de Álava en el mundo y nuestras empresas son estandartes en esta estrategia. Somos un territorio atractivo para las compañías, pero esta situación también provoca que necesitemos gente formada que ayude al desarrollo de estos proyectos», explica González. Para avanzar en este objetivo, el diputado general, acompañado por la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad. El país azteca es uno de los destinos predilectos para las bodegas de Rioja Alavesa porque allí crece el consumo de vino Saray Zárate, y la de Agricultura, Noemí Aguirre, iniciarán el lunes una intensa agenda de encuentros que durará hasta el jueves y que incluirá a centros educativos de Formación Profesional y a la sede mexicana de la Universidad de Mondragón. Esta misión, enmarcada en el convenio con SEA Empresas Alavesas, pretende sellar acuerdos que permitan que el talento americano tenga acceso al mercado laboral alavés. La visita también busca cambiar impresiones con las empresas alavesas asentadas en el territorio azteca y que ahora se encuentran en un momento clave para su futuro después del cambio de gobierno en los Estados Unidos, su principal cliente.

«El alarmismo que existe en Álava es tremendo. Hay determinadas empresas que han hecho muchísimo daño en Álava. Porque no saben cómo funcionamos aquí o porque quieren vender humo y expectativas que no van a salir adelante». Con estas palabras advirtió la diputada foral de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate, a las Juntas Generales de la situación que vive el debate sobre las renovables en Álava. La comisión de la materia incluyó ayer una comparecencia de la titular para informar sobre el despliegue de las energías verdes en Álava a petición del PP. Durante su intervención, Zárate evitó hacer referencias explícitas a ninguna compañía, pero sí hizo hincapié en el «alarmismo preocupante» que vive el territorio en torno a este tema. «Ahora mismo Álava parece que está llena de placas cuando no hay ningún proyecto aprobado todavía», afirmó. Zárate pidió un debate con «responsabilidad» ante una materia «muy seria». «No debe ser una cuestión en la que trabajemos con populismos», proclamó. «No se puede decir que en Álava va a haber veintitantos proyectos de la empresa tal cuando ni siquiera han iniciado el procedimiento», aseguró en lo que se interpretó como una referencia a Solaria. Aun así, la responsable del Ejecutivo foral recalcó que «debe haber proyectos de energías renovables», pero «garantizando todos los requisitos técnicos, sociales, urbanísticos y ambientales». La cotizada madrileña trasladó a sus accionistas su intención de colocar una treintena evaluar los proyectos que llegan a Álava. Lakua está tramitando ese documento en la actualidad, pero sin él «estamos a ciegas». «Dependemos de la información que nos den las instituciones para saber en lo que está trabajando la Diputación», espetó Monje antes de amagar con una iniciativa en Juntas para forzar al Ejecutivo foral a informar periódicamente de la situación de las renovables en el territorio.

Los en torno a 5.000 trabajadores de la factoría gasteiztarra de Mercedes-Benz, la mayor de Euskadi, vuelven este lunes 13 de enero a trabajar después de 24 días con la cadena de producción parada, desde el pasado 20 de diciembre. Y lo hacen además con la entrada en vigor de la reducción en media hora del turno de noche, hasta las seis horas y media, en Montaje Final “con el objeto de optimizar la capacidad productiva”, manteniéndose el horario de seis horas y media también que ya tenían Montaje Bruto y Pintura. Así lo anunció la dirección liderada por Bernd Krottmayer el pasado 18 de diciembre. Encara la planta de la avenida de Los Huetos un año complicado y trascendental, con un programa de producción oficial fijado en 124.634 vehículos, el nivel más bajo desde la pandemia. Los trabajadores de Mercedes vuelven pues a la actividad este lunes que, como las cuatro jornadas siguientes –del 14 al 17–, serán a efectos de calendario días activables con cargo a bolsa. treintena de jornadas, consecuencia de una bajada de la demanda y de la compleja situación que atraviesa un mercado que se está adaptando a la entrada del vehículo eléctrico, lo que no solo agotó la flexibilidad prevista en el convenio, sino que también llevó casi al límite la ampliación extra que fue acordada el año pasado para evitar medidas traumáticas como un ERTE.

La planta de Cementos Rezola de Añorga despeja el camino para su transformación en una fábrica especializada en cementos sostenibles y en un centro de excelencia e innovación en soluciones de construcción con baja huella de carbono. Un proyecto que el grupo alemán Heidelberg Materials, propietaria de la factoría, planteó el año pasado tras el desmantelamiento del horno de clíncker y el traslado de esta parte de la producción a Arrigorriaga, lo que conllevó un ERE para 56 trabajadores, más de la mitad de la plantilla. Un proyecto que requerirá la construcción de nuevos edificios en la planta de Añorga. Pues bien, el Ayuntamiento de Donostia ha aprobado inicialmente el estudio de detalle del proyecto, con carácter previo a su aprobación definitiva. Este documento, que establece las opciones de volumetría y edificabilidad de la zona industrial de Añorga, se someterá a exposición pública durante veinte días para que se puedan formular alegaciones. Si el proyecto recibe el visto bueno administrativo definitivo, la multinacional alemana podrá ejecutar la transformación de la planta de Añorga, lo que está previsto que se lleve a cabo a lo largo de 2025 y 2026. Heidelberg Materials justificó el traslado de la producción de clíncker, el primer proceso del cemento y el más contaminante, por la necesidad de cumplir con los requerimientos medioambientales que exige la ley, por lo que decidió su traslado a la planta de Arrigorriaga al ser más eficiente a todos los niveles. 

Neinor pone en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) para “adecuar” su estructura laboral tras hacerse con la gestión de Habitat y absorber su plantilla. En un comunicado remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la promotora explica que este proceso de despidos tiene como objetivo “adecuar la estructura organizativa a la realidad de su actividad y necesidades operativas y de negocio”. Al tiempo que al regulador del mercado, Neinor trasladó ayer a los empleados su intención de iniciar el proceso de reestructuración sin definir de momento el número potencial de afectados, que se determinará en el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, que empezarán el próximo 27 de enero. La promotora participada por Orion, Stoneshield y Adar cerró un acuerdo el pasado mes de septiembre con Bain Capital, el principal accionista de Habitat, para la gestión de suelos de esta compañía valorados en ese momento en unos 700 millones de euros. El acuerdo suponía también la compra por parte de Neinor de una participación del 10% de Habitat por 31 millones y conllevaba que Neinor se subrogase, como empleador, en las relaciones laborales que mantenía Habitat con los 118 empleados que se encargaban de la gestión de los inmuebles. De esta forma, los 118 empleados de Habitat se sumaban a los profesionales que forman parte de la plantilla de Neinor, que componen ahora 218 personas

Los precios dieron una tregua a los españoles a lo largo de 2024, con un incremento medio del 2,8%. Aún siguen por encima del 2% que las instituciones económicas consideran virtuoso, pero están por debajo del 3,6% de 2023 y el espeluznante incremento de 2022, de un 8,4% por la crisis energética derivada del inicio de la guerra en Ucrania. El cruce de ese 2,8% con otras estadísticas permite aproximarnos a cuántas personas en España ganaron poder adquisitivo y cuántas lo perdieron: según las estimaciones de este periódico, al menos 6,27 millones se dejaron poder de compra el año pasado, 3,39 millones se quedaron como estaban y 13,22 millones ganaron. Es decir, un 27% perdió algo de poder adquisitivo y un 58% lo ganó. Este cálculo se compone de tres universos distintos: por un lado el de los asalariados privados, que estudiamos mediante la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo (incluye unos pocos empleados públicos, pero no son representativos), cuyo último dato de 2024 se difundió el viernes; también contemplamos la situación de los asalariados públicos; y por último miramos a los pensionistas. Esto deja fuera a una parte importante de los ocupados, ya que la estadística de convenios analiza la situación de 10,6 millones, y en total hay 15,1 millones de asalariados del sector privado. El desfase se da porque hay convenios no conocidos por el ministerio, otros empleados están fuera de convenio y otra parte se articula mediante el salario mínimo interprofesional. La estimación tampoco toma en cuenta a los 3,4 millones de autónomos.

En los últimos años, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado una gran evolución, un 54% más desde 2018. Con cada incremento, el Ministerio de Hacienda hacía una revisión posterior del IRPF para aumentar el mínimo exento a partir del cual hay que pagar. De esta forma evitaba que los perceptores del SMI tuvieran que tributar como consecuencia de la subida. Por ejemplo, el año pasado el límite para tributar por el IRPF se subió hasta los 15.876 euros, el actual salario mínimo anual. Sin embargo, como adelantó ayer EL PAÍS, Hacienda estudia esta vez no realizar esa corrección. Según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) esto obligaría a los beneficiarios del SMI a pagar en el IRPF alrededor del 42% de la subida, sea cual sea. Al sindicato UGT no le gusta esta posibilidad y ha marcado una posición contundente al respecto: si no se hace lo mismo que los años anteriores, incrementar el mínimo exento, no participarán en el acuerdo. “La Ejecutiva ha reafirmado que UGT se opone a un acuerdo que no contemple la exención del IRPF al nuevo SMI. La prioridad del sindicato es garantizar que el importe del SMI llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional”, indicó el sindicato en un comunicado remitido a la prensa. 

Tras sufrir una fuerte pérdida de poder adquisitivo en 2021 y 2022, cuando las subidas de sueldos fueron muy inferiores a las tasas medias de una inflación entonces desbocada, y poner coto a la sangría en 2023, cuando los salarios crecieron en promedio ligeramente por encima del IPC medio (un 3,65% vs. el 3,5%), 2024 ha sido, por fin, el año en el que muchos trabajadores han empezado a resarcirse y a recuperar capacidad de compra gracias al proceso gradual de moderación que, con altibajos, han seguido los precios. La mejora retributiva pactada entre las empresas y sus trabajadores en los convenios registrados hasta diciembre pasado fue del 3,07%, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo. Aunque apenas son dos centésimas más que en noviembre, los sueldos han consolidado así la progresión al alza mostrada durante el ejercicio, dejando atrás el incremento del 2,83% con que, de media, arrancó enero; batiendo a la inflación, que despidió 2024 en el 2,8%, y permitiendo que muchos asalariados hayan dejado de perder poder adquisitivo y otros hayan empezado a recobrarlo. En términos medios, se trata sin duda de una ganancia modesta (menos de tres décimas respecto al IPC), que está en línea con lo pactado en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado en mayo de 2023 y que fijaba una mejora salarial del 3% para 2024 y 2025, pero en un mapa empresarial tan heterogéneo como el español, las diferencias entre unos asalariados y otros son notables. Así, en los convenios registrados hasta diciembre, un total de 471.985 empresas han acordado con sus empleados un incremento de sueldo medio del 4,1%, más de un punto porcentual por encima del promedio y 1,3 puntos superior al IPC, a pesar de que los precios registraron un notable y renovado acelerón en la recta final del año, al pasar del 1,5% en septiembre al 2,8% en diciembre, estrechando así el margen de ganancia. 

Sobrevuelan dudas sobre el proyecto de la empresa eslovaca InoBat para construir una gigafactoría de baterías de coches eléctricos en Valladolid. De llevarse a cabo, sería la cuarta gigafactoría de España, tras las de un consorcio de empresas liderado por Volkswagen (Sagunto), de la china Envision (Navalmoral de la Mata) y de Stellantis y su socio chino CATL en Figueruelas. InoBat confirmó en marzo de 2023 su intención de desplegar en Castilla y León un megaproyecto industrial que consistía en la construcción de una gigafactoría de baterías en Valladolid y de un centro de I+D en Salamanca. Sin embargo, tras presentarse a la segunda y tercera ediciones de los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y no haber recibido ninguna ayuda pública, la compañía ha confirmado que estudia las propuestas de varios países que han mostrado su interés en albergar este megaplan. El presidente de la empresa, Andy Palmer, aseguró ayer haber recibido propuestas de países del entorno de España, que, aunque no los nombró, procederían al menos de Portugal y Marruecos. Palmer indicó que la normativa de estos países competidores de España resulta “atractiva” y confirmó que se han mostrado predispuestos a “destinar importantes cantidades a ayudas directas” para que salga adelante este iniciativa industrial. El directivo señaló que estas propuestas se estudiarán “con el mismo interés” que desde el principio InoBat ha mostrado por España, aunque aseguró que la empresa sigue teniendo puesta “toda su atención” en España y que espera poder acogerse a ayudas para iniciar “de inmediato” el desarrollo de la primera fase del proyecto.

Los centros de datos son el maná de inversiones más tangible que la inteligencia artificial está trayendo a España. Aunque se reconoce la posición privilegiada del país, en el sector cada vez preocupa más la lentitud con la que se está resolviendo la concesión de permisos de acceso a la red, lo que retrasa inversiones por más de 20.000 millones de euros en el futuro próximo. «Los inversores y operadores están encontrado dificultades por la lentitud de los procesos con la infraestructura de la red. No es un problema de capacidad, sino de conseguir acceso a la infraestructura por el retraso para conseguir los permisos (...) La colaboración público privada es esencial para acelerar los procedimientos administrativos, así como mayor inversión en la red», señalan en un informe sobre el sector el despacho DLA Piper, que ha entrevistado a casi dos centenares de ejecutivos de la industria. Estos señalan a España como uno de los mercados emergentes en el mundo, pero, también creen que el país y Europa se verán perjudicados por la fragmentación regulatoria y los elevados requisitos medioambientales frente a su competencia en el mundo. Esto perjudicará el crecimiento de un sector en auge gracias a la inteligencia artificial generativa. El 70% de los ejecutivos cree que la inversión en centros de datos aumentará los próximos 24 meses.

La decisión del BBVA de modificar el porcentaje de aceptación mínima de la opa sobre el Sabadell desde el 50,01% inicial a más de la mitad de los derechos de voto efectivos, sin tener en cuenta el número de acciones propias (autocartera) que tenga la entidad catalana, ha removido el tablero de la operación entre ambas entidades en el arranque de año. En la práctica, supone rebajar el porcentaje al 49,3% teniendo en cuenta el número de títulos propios que el Sabadell tiene en la actualidad, y busca minimizar el impacto de sus futuros planes de recompra. Es un pequeño ajuste de carácter técnico pero que deja claro que ambas entidades harán todo lo que puedan por arañar votos que terminen de decantar la balanza a su favor. El movimiento realizado por el BBVA implicará que todas las compras de acciones propias que ha llevado a cabo el Sabadell, o que ejecute antes de que finalice la opa, no contarán a la hora de cuantificar si la operación finalmente prospera. El Sabadell, que tiene suspendida la capacidad para recomprar acciones como parte de su deber de pasividad, sí que podrá hacerlo si así lo vota en su junta ordinaria de accionistas —prevista para marzo o abril—. Ya dejó claras sus cartas en julio cuando, en la presentación de sus resultados del primer semestre, tiró de chequera multiplicando el dividendo a cuenta casi por tres y avanzando que abonaría 2.900 millones de euros a sus accionistas entre 2024 y 2025 vía dividendo y recompra de acciones. Un montante que los analistas creen que será ampliado hasta los 3.200 millones, según estimaciones de Alantra.

El año 2024 trató bien a BBVA y Sabadell, que pese a los vaivenes de una opa descarnada cerraron el ejercicio revalorizando su valor en Bolsa un 14 y un 64% (cotizaron al cierre del año 9,45 y 1,87 euros por acción, respectivamente). Sin embargo, el último episodio de su culebrón particular ha amenazado con pasar factura a ambas entidades en el mercado continuo, durante una jornada algo más agitada de lo ordinario, pero que finalmente llegó a moderarse hasta cerrar la sesión con ligeras pérdidas para la entidad presidida por Carlos Torres y una leve mejora para la de Josep Oliu. De esta forma el banco vasco cerró ayer el mercado con una bajada del 0,58% (ahora el título está a 9,94 euros) y la firma catalana ganó un 0,45% (llegando a 2,02 euros, su valor más alto al cierre de sesión de los últimos meses). Este es el saldo final de la jornada después de que el BBVA anunciara a última hora del jueves una modificación en las condiciones de la oferta pública de adquisición, todavía pendiente de la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A efectos prácticos, el cambio supone rebajar desde el 50,01% a aproximadamente un 49% el umbral mínimo de aceptación de la opa –que para ser efectiva se había fijado en una mayoría del capital social–, tras considerar el BBVA que deben quedar fuera de esta ecuación las acciones que Banco Sabadell pudiera tener en autocartera. Según los últimos datos oficiales, referidos a mayo del año pasado, ésta cuenta con algo más de 78 millones de títulos, aproximadamente un 1,5% de su capital social.

Madrid y Barcelona, además de ser las dos ciudades más grandes de España, tienen en común la escalada sin precedentes que han protagonizado sus mercados de alquiler en los últimos años. Sólo en 2024, el precio en la capital se disparó un 15,3% y en la Ciudad Condal, un 13,9%. Estas intensas subidas llevaron a las rentas a cerrar en máximos, convirtiendo a Barcelona en la capital española más cara para alquilar una vivienda, con 23,4 euros/m2, seguida por Madrid (20,7 euros/m2), según los últimos datos de Idealista. Esta espiral ha llevado a ambas a colocarse entre las ciudades del mundo donde el pago del alquiler supone un esfuerzo excesivo (destinando más del 30% de los ingresos medios, límite óptimo marcado por el consenso de expertos). Así, en Barcelona la renta se lleva 47,2% de los ingresos medios, requiriendo más parte de los recursos de los hogares que otras ciudades como la irlandesa Dublín (43,3%), la china Shanghái (42,1%), la italiana Milán (42,1%) y la estadounidense Miami (41,7%), tal y como pone de manifiesto un reciente informe de la gestora alemana DWS. A cierta distancia se coloca Madrid, donde el alquiler consume el 38,8% de los ingresos, un nivel similar al de otras urbes europeas como Berlín (38,8%) y Varsovia (38,9%).

La industria turística habría cerrado el pasado año con un nuevo récord de viajeros extranjeros (95 millones) y de gasto (128.000 millones de euros) y ya está haciendo cuentas para este año, en el que el objetivo es alcanzar por primera vez en la historia la cifra icónica de 100 millones de turistas extranjeros. Las previsiones recogidas por este periódico entre hoteles, aerolíneas y agencias de viajes apuntan a que se logrará esa cifra, al menos a partir de los datos recogidos en la primera semana de enero. Fuentes de la agencia de viajes online Destinia recalcan que la tendencia es muy positiva y que los viajeros siguen pensando en hacer reservas. “En lo que va de año, han crecido un 31% respecto al mismo periodo de 2024 y las ventas lo habrían hecho un 43%″, recalca una portavoz de la compañía, que destaca que se está produciendo de forma mucho más acentuada el efecto de anticipación de compra para esquivar la fuerte subida de precios acumulada en los dos últimos ejercicios. “Tenemos más del doble de reservas para abril, coincidiendo con la Semana Santa, mayo y junio”, señala. Un optimismo que trata, no obstante, de moderar, ya que el pasado ejercicio arrancó con el mismo patrón de comportamiento dinámico para las reservas anticipadas, que posteriormente se truncó por la parálisis de las ventas en verano. “Puede que pase como el año pasado. Que la anticipación fue muy pronunciada y luego en los meses de verano se paró todo bastante, lo que hizo que el crecimiento interanual no fuese tan pronunciado como se preveía”, expone. La fortaleza de la demanda ha provocado, al igual que en los dos últimos ejercicios, un cambio de tendencia en los destinos estacionales, en los que tradicionalmente una gran parte de los hoteles cerraba hasta la Semana Santa. Ahora, o no cierran o, si lo hacen, apenas dura un par o tres meses. 

Dos meses después de la aplastante victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y a poco más de una semana de su regreso al Despacho Oval de la Casa Blanca, la industria europea comienza a preparar estrategias para lo que será una carrera de obstáculos durante el mandato del nuevo presidente, previsiblemente hasta 2029. Diferentes patronales empresariales españolas contactadas por CincoDías coinciden en la necesidad de que los esfuerzos europeos esquiven el “ruido geopolítico” y olviden el enfoque restrictivo para dar paso a una regulación que fomente la inversión y el desarrollo de nuevas capacidades locales. Aunque con una crítica más o menos directa a las normativas medioambientales europeas, representantes de muchos de estos sectores piden acelerar iniciativas que ya están en marcha, como la unión de mercados de capitales o mejorar otros proyectos como el mercado único digital. Otros representantes empresariales, más directos, llaman a rebajas de impuestos y gravámenes, como hizo hace pocos días la asociación de empresas eléctricas europeas, Eurelectric, que reúne a las grandes eléctricas europeas, y que reclamaba equiparar la fiscalidad que paga el sector privado por la electricidad de uno y otro lado del Atlántico. Aunque divergen en las vías, ya sea crear un instrumento financiero comunitario para garantizar el impulso de la política industrial europea o nuevas emisiones de deuda para potenciar la defensa regional, todas las partes coinciden en la oportunidad que tiene España para liderar la conversación entre los socios comunitarios. Los desafíos parecen acumularse. 

No se esperaba una fuerte subida del desempleo en Estados Unidos. En el mejor de los escenarios, los analistas creían que el paro se mantendría en el 4,2%. Lo que no se esperaban era que bajara una décima en diciembre y la tasa de paro terminara el año situándose en el 4,1%. La mayor economía del mundo generó el mes pasado 256.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas, una cifra superior a los 212.000 que se registró en noviembre y, sobre todo, un 65% por encima de lo que habían previsto los analistas, que no esperaban más de 155.000 empleos de nueva creación. La solidez del mercado laboral de EEUU sorprendió ayer, provocando el repliegue en los mercados de Wall Street, ante el temor de que la Reserva Federal se vea obligada a frenar aun más de lo previsto en la desescalada de los tipos de interés este año. El dato no influirá a corto plazo en la decisión de la Fed de cara a la reunión prevista para finales de este mes, donde ya se descuenta desde hace semanas que los tipos se mantendrán sin cambios. Sin embargo, una lectura a largo plazo refuerza los argumentos de quienes apuestan por un solo recorte de tipos durante 2025 –posiblemente en julio, aunque algunos analistas apuestan por marzo–, frente a las dos rebajas que hasta este momento están sobre la mesa.

Tras la sentencia de ayer en un tribunal de Nueva York, Donald Trump es ya oficialmente un delincuente, poco común. Uno que no recibirá condena alguna por los 34 delitos por los que ha sido condenado debido a que será investido presidente dentro de diez días. Cualquier tipo de condición a su libertad significaría una traba en el ejercicio de tan importante cargo para el país. Y uno que todavía podría quedar totalmente exonerado si gana la apelación a la que todavía puede recurrir. «Para que no queden dudas, son las protecciones legales otorgadas a la Oficina del Presidente de EE UU las que son extraordinarias, no la persona que ocupa el cargo», matizó el juez Juan Merchan al explicar la sentencia que pone fin al único proceso judicial completado en contra de Trump desde que dejó la presidencia. «Está claro que, como ciudadano común, Donald Trump no gozaría de semejante protección», recalcó. La apuesta del líder republicano por volver al poder como fórmula para librarse de la cárcel funcionó. «Fue la ciudadanía de esta nación la que decidió recientemente que usted debería recibir nuevamente los beneficios de esas protecciones», recordó el magistrado del tribunal del Bajo Manhattan de Nueva York. Era la primera vez que el público escuchaba lo que ocurría dentro de esa sala del piso 15 en la calle Center, ya que el proceso anterior no fue televisado para evitar que se convirtiera en el circo que se desarrollaba en la puerta. Ayer, el presidente electo tuvo la oportunidad de mascullar en voz alta que se le había tratado «muy injustamente». Recordó que había ganado contundentemente en «los siete Estados bisagra» que dirimieron las pasadas elecciones de noviembre y aseguró haber ganado el voto popular «por miles de millones de papeletas», exageró. «Más que ningún otro candidato del Partido Republicano en la historia», presumió.

Nicolás Maduro se autoproclamó ayer presidente de Venezuela sin aportar una sola prueba de haber ganado las elecciones del de julio de 2024 y en medio de acusaciones de fraude. Su toma de posesión se desarrolló en un país militarizado, con las fronteras y el espacio aéreo cerrados, pero sin sobresaltos. El presidente electo, Edmundo González, no compareció, pero advirtió desde Santo Domingo que está listo para regresar y calificó de golpe de Estado el acto de ayer. “Esta toma de posesión no la pudieron impedir”, dijo Maduro. Las plazas de las ciudades donde se colocaron pantallas se quedaron vacías. EE UU y la UE redoblaron sus sanciones al considerar que Maduro “no tiene legitimidad democrática”. Nicolás Maduro Moros se proclamó ayer presidente de Venezuela sin haber rebatido las pruebas de que cometió un fraude electoral presentadas por la oposición y los observadores internacionales. “Esta toma de posesión no la pudieron impedir”, dijo con la banda presidencial cruzándole el pecho. En un momento dado, se burló de su contrincante en las urnas, Edmundo González, el opositor que, de acuerdo al cotejo imparcial de las actas, venció en las urnas claramente a Maduro. “Estoy esperando a que llegue, estoy nervioso”, dijo entre las risas de los presentes en el evento. Edmundo González no entró en Venezuela, tal y como había anunciado en la víspera. 

El PSOE registró ayer en el Congreso por sorpresa una proposición de ley que pretende acabar con «el acoso derivado de acciones judiciales abusivas». La reforma, presentada por Patxi López, limita de forma drástica las acusaciones populares –no las podrían promover los partidos políticos–, suprime los delitos por ofensas religiosas y recusa a los jueces que hayan hecho declaraciones políticas. La nueva ley frenaría «procedimientos en curso» como los que afectan a la mujer de Pedro Sánchez y a su hermano. Todas las asociaciones de jueces han rechazado estos cambios, que parecen «creados para su específica aplicación a casos concretos». Estupor entre jueces y juristas: «Es un traje a medida para Begoña». La reforma planteada por los socialistas provoca una inusual crítica unánime en las asociaciones judiciales. La lectura de la proposición de ley registrada ayer por el PSOE en el Congreso para reformar la Ley de Enjuiciamiento criminal y la del Poder Judicial a fin, entre otras cosas, de restringir la acción popular ante los tribunales, en plena tormenta por las causas que afectan al entorno personal, político e institucional del presidente Sánchez, ha suscitado estupor, cuando no indignación, entre magistrados y juristas y un recelo esta vez unánime entre las asociaciones judiciales. Un consenso sobre el posible impacto de la norma que no refiere tanto a la restricción de las acusaciones ejercidas por colectivos que no están concernidos directamente por los procedimientos –éste es un viejo debate en el ordenamiento jurídico español–, y sí al alcance de las limitaciones, a los modos y las pretensiones últimas de los socialistas con su propuesta.