20250121

Ha sido la primera operación del Gobierno de Pradales y ha consistido en una compra de acciones por 15 millones en una ampliación de capital del grupo Arania. Se trata de una corporación de empresas con sede en Bizkaia que produce anualmente, según su propia información corporativa, un total de 380.000 toneladas de acero procesado. Un material que destina en el 80% a ventas internacionales y para cuya elaboración emplea a más de mil empleados en cinco plantas de producción. El grupo, de 85 años, está presidido por Eric Arana y tiene un origen de empresa familiar. Según las cuentas de 2023, que son las últimas presentadas en el registro, su facturación superó los 455 millones. Las mismas fuentes señalan que la empresa afronta un proceso de crecimiento en los próximos años que requiere de nuevas inversiones para consolidar una posición de liderazgo en Europa. La inversión del Gobierno autonómico le hará socio minoritario de la corporación, que mantendrá a sus actuales propietarios. Una de las actividades principales es la de la planta de Euba, en Amorebieta, donde con 190 trabajadores realiza diferentes piezas de acero de precisión para distintos sectores como la automoción o la máquina herramienta. En Vitoria tiene una firma, Aratubo, dedicada a tubos de acero soldados de precisión. Centrada en automoción, con una capacidad de producción de 130.000 toneladas y muy volcada en la exportación. Emplea a casi 200 personas. El grupo Arania cuenta también con dos marcas centradas en la elaboración de estructuras para logística y almacenaje. Poner fin al goteo de empresas vascas que caen en manos de capital foráneo alejando los centros de decisión económica de Euskadi. Es uno de los principales objetivos del programa empresarial del lehendakari Imanol Pradales y que puso encima de la mesa desde el inicio de la legislatura el pasado junio. En el mismo pleno de su investidura anunció la creación de un «fondo soberano» de hasta 3.000 millones para asegurar el «arraigo de las empresas».

Las ventas al exterior de la economía vasca se desplomaron en noviembre un 20,1% con 2.518 millones de euros. Son 632.000 euros menos que en el mismo mes de 2023 y el segundo peor dato del ejercicio. La estadística, hecha pública ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), evidencia la desaceleración económica del País Vasco, más expuesto a la industria que al sector servicios. Una característica que, aunque lo hace más resiliente, eleva el impacto del enfriamiento que atraviesa Europa. Las exportaciones vascas, tras un mal arranque de año, habían aguantado en el segundo semestre gracias al comportamiento de la energía. Las ventas de derivados del petróleo había maquillado el global del comercio exterior de Euskadi. Así, el total se mostraba plano y ocultaba las caídas en automoción, siderurgia o bienes de equipo. Estos capítulos arancelarios sufrían en la balanza comercial ante la crisis de dos de los principales compradores del País Vasco: Alemania y Francia. Pero las exportaciones de combustible se desplomaron en noviembre un 85% respecto al año anterior. Lo que terminó por impactar en el resultado del penúltimo mes del año con un ajuste superior a ese 20%. En el acumulado de año, el saldo exportador vasco cayó un 5,1% respecto a 2024 con 28.723 millones de euros. Los sectores que más están sufriendo siguen siendo los industriales. La venta de turismos de hasta 10 pasajeros descendió un 8,6% en el penúltimo mes del año, la de componentes de automoción, un 16,8%. Y los neumáticos siguen en caída libre con un ajuste del 33%. Los tubos, otra de las industrias vascas, cayeron un 27%.

Bahía de Bizkaia Gas (BBG) celebró ayer la llegada de su buque metanero número mil en sus instalaciones del Puerto de Bilbao. La planta, participada al 50% por el EVE y Enagás, acogió al gasero Rioja Knutsen procedente de Estados Unidos, que tras el estallido de la guerra de Ucrania se ha convertido en el principal suministrador de Gas Natural Licuado (GNL) de Europa. El presidente de BBG, Juan Andrés Díez Ulzurrun, aprovechó para anunciar que estudian captar otras materias como el hidrógeno, el amoniaco o el CO2. Para este último presentaron un anteproyecto en Europa el pasado mes.

Un modelo basado en el «emprendimiento colectivo tecnológico» en contraposición al emprendimiento tecnológico individualista. Así definieron ayer Mondragon y el Gobierno Vasco la transformación de Orbik Cibersecurity –una start up especializada en ciberseguridad industrial– en una cooperativa tras el acuerdo entre el grupo que preside Pello Rodríguez e Ikerlan, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo. Una entente cargada de simbolismo porque es la primera vez que un proyecto como el de Orbik –que nació a principios de 2023 de la mano de Ikerlan, y con la ayuda de la Diputación y el Ejecutivo– se convierte en cooperativa. La iniciativa se enmarca, además, en un acuerdo que aspira a movilizar diez millones de euros en cuatro años para la creación de cooperativas de base tecnológica. De esta manera, la tecnológica de Arrasate contará con la participación, además de los socios trabajadores, de Ikerlan, Mondragon y el Ejecutivo autonómico a través del programa Basque Tek Ventures con una aportación de 250.000 euros, sobre una ronda total de 1,8 millones que ha levantado la nueva empresa. Esta startup especializada en ciberseguridad industrial se convierte así en la punta de lanza de un modelo pionero de empresas emergentes tecnológicas, que quieren funcionar como cooperativas y que quieren impulsar la Corporación Mondragon e Ikerlan. Con más de 20 profesionales y una facturación de 700.000 euros en 2024, Orbik Cibersegurity aspira a duplicar su equipo y sus ingresos en 2025.

Según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, de todas estas defunciones, 22 se produjeron durante la jornada de trabajo y las cinco restantes, las llamados ‘in itinere’, durante los desplazamientos entre su vivienda y el lugar en el que desarrollaban su actividad. Los datos de 2024 suponen una muy leve mejora respecto al ejercicio anterior, cuando 26 personas fallecieron en su puesto de trabajo y cuatro más sufrieron accidentes mortales en sus desplazamientos. Por contra, los accidentes graves se han elevado algo más de un 13%. De los 174 producidos durante el año pasado –26 de ellos ‘in itinere’– se ha saltado a 201: 165 sufrieron los daños en el desarrollo de su jornada laboral y los otros 36 lo hicieron en tránsito. Según las cifras manejadas por Osalan, en todo Euskadi el año pasado tuvieron lugar más de 40.000 accidentes saldados en bajas laborales, una cifra que se mantiene al alza. De hecho, el dato supone casi un 7% más que durante todo el 2023, es decir, se dispararon las bajas, con 2.600 más. Estos datos se traducen en que, cada día del año pasado, los siniestros laborales dejaron 110 bajas por diferentes percances. Algo más de la mitad de todos los siniestros producidos en el puesto de trabajo se dieron en el área de servicios (más de 18.000 en números absolutos) y un tercio en la industria (11.175). El sector de la construcción absorbió el otro grueso de los datos, un 12,3% de los accidentes laborales que suponen más de 4.000 accidentes. En el ámbito de la agricultura, la ganadería y la pesca hubo 576 bajas. Por territorios, los datos de fallecidos en el trabajo recogidos por Osalan muestran descensos notables en Álava y Bizkaia. La situación se recrudeció en Gipuzkoa. Allí el número de muertos subió un 30%. Se contabilizaron 13 siniestros mortales frente a los diez del año anterior.

La red pública es la que acoge mayor volumen de estudiantes foráneos. La presencia de alumnado extranjero en los colegios vascos se ha disparado un 120% desde 2015, de 19.418 a 42.677 menores. Las aulas vascas han experimentado una palpable revolución morfológica en las dos últimas décadas, atendiendo al perfil de los alumnos que las componen. El cada vez mayor peso del colectivo extranjero en las calles del País Vasco ha calado hondo en el sistema educativo de Euskadi, en el que la presencia del alumnado migrante –u origen migrante– se ha disparado en los últimos años –más del 15% no son autóctonos–, especialmente en los colegios de la red pública, que es la que acoge en su mayoría a este colectivo. La presencia del alumnado extranjero en las aulas vascas ha crecido de manera notoria. El salto más grande se ha dado en Educación Infantil (0-6 años), donde han pasado en 2015 de ser 1.601 niños de origen migrante a los 11.095 de 2023, atendiendo a los últimos datos oficiales publicados por el departamento vasco de Educación. Es una subida porcentual muy exagerada que ronda el 700%. Esta notoria subida contrasta, además, con la drástica bajada de niños autóctonos en la etapa Infantil en el mismo periodo de tiempo, pasando de los 78.347 en 2015 a los 57.793 en el curso 22/23. En Primaria (6-12 años) el aumento de niños extranjeros –o de origen migrante– también ha experimentado un gran crecimiento. La cifra se ha duplicado. 

Despejada la gran incógnita que ha mantenido en vilo a la Euskadi política en los últimos meses y una vez que Andoni Ortuzar ha dejado clara su voluntad de seguir al frente del EBB del PNV cuatro años más, hasta 2029, queda por ver hasta qué punto va a tener que sudar la camiseta para lograrlo. En definitiva, si su reelección para un cuarto mandato es un camino de rosas o más bien una carrera de obstáculos. Porque en el PNV existe la convicción, más o menos unánime, de que, con mayor o menor holgura, la designación de Ortuzar puede darse por hecha. Por lo pronto, los sectores críticos –variados y heterogéneos, a falta de una corriente única organizada contra el aparato– buscan fórmulas para expresar su descontento con la continuidad del actual líder, que, si logra el aval de las bases, permanecería dieciséis años consecutivos en el cargo. Según fuentes consultadas, los críticos vizcaínos propondrán a Eneko Lekue Andrinua, ingeniero técnico industrial de 44 años, concejal de Etxebarri desde 2019 y cabeza de cartel en las elecciones municipales de 2023. Es presidente de la junta municipal del PNV en este municipio. Sus impulsores creen que no tendrá mayores problemas para pasar a segunda vuelta del proceso interno, que arrancará el próximo 10 de febrero. Un objetivo, como admiten en Sabin Etxea, relativamente sencillo de lograr teniendo en cuenta que para integrar la lista general de candidatos que elabora la Comisión de Garantías y Control a partir de los resultados de la primera vuelta, que arrancó ayer y concluye el 2 de febrero, basta con lograr el respaldo de al menos tres organizaciones municipales de cualquiera de los territorios. Así las cosas, si se tiene en cuenta que, pese a la aplastante victoria de Iñigo Ansola en el proceso para la elección del Bizkai buru batzar, los díscolos que apoyaban a David Salinas-Armendariz ya lograron, de saque, ganar en los batzokis de Abando y Ondarreta (Getxo), no parece complicado que puedan conseguir que tres asambleas apoyen a un candidato distinto a Ortuzar en esta fase inicial para presidir el EBB, una primera criba en la que el único requisito a acreditar es ser euskaldun, condición estatutaria ‘sine qua non’ para liderar el PNV y para la secretaría de la ejecutiva. Conocida la identidad del aspirante, queda por ver el posicionamiento del resto de territorios y sectores no necesariamente alineados con el aparato. 

El patio está revuelto en la patronal española. Antonio Garamendi lleva seis meses buscando un sustituto entre bambalinas a Gerardo Cuerva, actual presidente de Cepyme y su pareja negociadora en las mesas de diálogo social. El líder de la CEOE ha sondeado hasta la fecha a al menos una decena de candidatos. Ninguno ha accedido, por el momento, a sumarse formalmente a la operación para desbancar al jefe de las pymes, pero la tensión entre ambos dirigentes ha escalado hasta tal punto que son varios los halcones de la organización empresarial que piden ya la convocatoria urgente de elecciones en Cepyme para evitar que la crisis se alargue en un momento muy delicado en las relaciones con el Gobierno. Los teléfonos echan humo en todas las sedes patronales del territorio. Según revelan fuentes al tanto de los contactos, que tomaron especial intensidad en la recta final del año pasado, Garamendi ha venido tanteando a varios dirigentes con el objetivo de armar una candidatura alternativa a Cuerva en las elecciones que Cepyme tiene que celebrar en 2025. De acuerdo con estas fuentes, desde hace tiempo es sabido a nivel interno que ha «perdido la confianza» en su vicepresidente. Tras varios desencuentros entre ambos, en materias tan sensibles como la reforma laboral o los indultos a los independentistas del procés, el punto de inflexión se dio en julio de 2024, cuando Cepyme promovió un manifiesto contra las «tesis comunistas» del Gobierno que aupó a Cuerva como la principal voz crítica de la patronal contra la política económica de Pedro Sánchez. Llegados a ese punto, y después de que en noviembre de 2022 el nombre de Gerardo Cuerva sonase con fuerza para competir contra Garamendi en las elecciones de CEOE, el empresario vasco empezó a detectar en su vicepresidente esa «deslealtad» que le ha llevado a perder definitivamente la confianza en él. Dispuesto a avalar personalmente a un aspirante a la presidencia de Cepyme, Garamendi ha tocado varias puertas.

En España, el 99,19% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Y aunque este volumen está en el rango del de las principales potencias de la Unión Europea, tal y como advierte Cepyme en el informe Crecimiento Empresarial, nuestro país guarda una mayor proporción de empresas pequeñas en relación con los países de nuestro entorno. Las diferencias más acusadas se establecen al comparar la ocupación media de la empresa en España (4,8 trabajadores) con la de países como Alemania, con 11,9 de ocupados, Reino Unido (8,7) e incluso con Austria y Dinamarca, con 7,6 y 7,3, respectivamente. Así, las pequeñas empresas representan el 53,2% del empleo en España, solo superada por Italia (61,8% y Portugal (59,9%) y por encima de Polonia (51,4%) o Rumanía (49,9%), entre otros. Las mayores diferencias se establecen con Alemania, Reino Unido y Suecia, donde las pequeñas empresas representan el 40,9%, el 38,2% y el 37,2% del empleo, respectivamente. La media europea del peso de las pequeñas empresas en el empleo es del 46,8%. Y llevando la proporción a términos absolutos, el número de medianas empresas en nuestro país (18.123 en 2022) debería aumentar un 36% para alcanzar la media de los principales países europeos de nuestro entorno (24.735 empresas). Por ejemplo, para alcanzar a Alemania se tendrían que sumar 57.583 empresas medianas, lo que da cuenta de la brecha en términos reales. “Aunque en los últimos años se ha registrado una ligera tendencia hacia el incremento de tamaño empresarial, esta todavía es insuficiente para atajar la brecha existente con la media europea”, advierte la patronal presidida por Gerardo Cuerva.

La intervención del Gobierno en Telefónica para destituir a José María Álvarez-Pallete y reemplazarlo por Marc Murtra ha caído como una bomba entre la élite del Ibex. Hasta media docena de altos ejecutivos de las principales empresas y bancos españoles congregados en Davos ayer con motivo de la inauguración del Foro Económico Mundial mostraron estupor por lo sucedido con la operadora de telecomunicaciones. También el presidente mundial de una multinacional estadounidense señala a esta diario, también pidiendo anonimato, su sorpresa por «el hecho de que el Gobierno haya destituido a José María». «He pedido a mi equipo información», aseguró este gran empresario que tiene como cliente a Telefónica en España. Todos los sondeados en Davos piden anonimato en sus críticas, pero no ocultan irritación. «Esto es muy fuerte ¿dónde están las reglas de gobernanza?», aseguraba el presidente de un gran grupo del Ibex. «Un escándalo, impensable en cotizadas de otros países en los que el Estado tiene tan limitada participación», afirmaba otro. «Es una sorpresa difícil de explicar», apuntaba un tercero. Tras hablar con varios de ellos, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, manifestó públicamente ayer en Madrid que la gestión de Telefónica debe continuar siendo «profesional». El presidente de otro gran grupo español señala que «es impresentable» y recalca: «Se ha demostrado que los consejeros independientes no lo son». Otro líder del Ibex se limita a decir «esto es lo que parece». La sospecha de que Sánchez busca, entre otros objetivos, el control de la política publicitaria y de patrocinios de Telefónica es generalizada.

Las acciones de Telefónica cayeron ayer el 2,72%, hasta los 3,86 euros, aunque llegaron a retroceder el 4,28% después de conocerse el sábado la salida de José María Álvarez- Pallete de la presidencia de la compañía y la llegada al puesto de Marc Murtra, hasta la fecha máximo responsable de Indra. La teleco no sufría una corrección bursátil así desde que el 2 de agosto de 2023 descendiese el 7,02%, tras conocerse que su principal cliente en Alemania, 1&1, había elegido a Vodafone como proveedor de servicios mayoristas móviles en el país. El valor ha sufrido correcciones superiores a la de ayer más recientemente, pero, en todos los casos, ha sido al descontar dividendos. La última fue el 17 de diciembre del año pasado y los títulos cayeron el 5,86%, según el histórico que ofrece Bloomberg. Los expertos coinciden en que las acciones pueden sufrir nuevas correcciones a corto plazo conforme se vayan conociendo los nombres de Marc Murtra para el consejo de administración y los planes para la compañía porque José María Álvarez-Pallete “gozaba de un gran reconocimiento dentro de la comunidad inversora”, señalan desde Renta 4 Banco. La principal duda de los inversores es qué hará Murtra con los objetivos que tiene sobre la mesa Telefónica. Erhan Gurses y Matthew Bloxham, de Bloomberg Intelligence, señalan que la “falta de experiencia” de Murtra en el sector se puede traducir en grandes cambios en las hasta ahora “ambiciosas” previsiones de la compañía. “Una perspectiva de flujo de caja más moderada con un apalancamiento persistentemente alto obstaculizan la capacidad de la teleco para aumentan los dividendos”, explican los dos expertos.

El relevo en la cúpula de Telefónica volvió ayer a copar gran parte de la actualidad política y económica. Esto fue precisamente lo que reclamó, una vez más, la CEOE: separar ambas materias, no entremezclarlas. Así, su presidente, Antonio Garamendi, aunque quiso mantenerse «respetuoso» con este cambio en la presidencia de la multinacional, sí lanzó un claro aviso al Gobierno: «Lo que pedimos y demandamos es que la gobernanza se haga con rigor y con un planteamiento puramente empresarial». Y recalcó: «Telefónica no es del Gobierno, sino de todos los españoles». En este sentido, señaló que confía en que la salida de Álvarez-Pallete obedezca a criterios «puramente empresariales» y, «efectivamente, la política no entre en las decisiones».

 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado este lunes al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, por sus valoraciones en contra de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), cuando él mismo "cobra 25 veces el SMI", ha dicho Díaz. "Qué fácil es decir esto cuando cobras 25 veces el SMI al mes. Esto sí que no es serio", ha criticado en redes sociales la vicepresidenta, a raíz de unas declaraciones de Garamendi en TVE, donde ha pedido más seriedad y ha apuntado a las dificultades de las empresas más pequeñas para hacer frente a estas subidas. Cuestionado por si el salario mínimo es un sueldo "digno", Garamendi ha evitado entrar a valorarlo en esos términos y ha pedido un planteamiento "mucho más serio" con la realidad económica. "Piensa en los autónomos, en los pequeños empresarios", ha añadido Garamendi, que ha remitido al acuerdo marco de negociación salarial con los sindicatos, que recomienda un alza del 3 % para este año, y ha recordado que también está abierto el tema de la reducción de jornada. Todo debe negociarse en conjunto, ha reclamado Garamendi, que ha cuestionado "decisiones políticas muchas veces alejadas de la realidad".  

El Estatuto del Becario, un acuerdo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos que aún no se aplica por el rechazo de la parte socialista del Gobierno, no afirma que serán las universidades quienes compensen a los estudiantes los gastos de transporte y comida que lleva aparejada una beca no remunerada. Pero estas “temen” terminar asumiendo ese coste por la negativa de los empresarios, como ya ocurre con el desembolso en Seguridad Social (unos 10 euros al mes, al estar bonificado al 95%), pese a que la idea original era que pagara la compañía que recibe al estudiante. Para salir de dudas, la presidenta de la Conferencia de Rectores (CRUE), Eva Alcón, envió una carta el pasado miércoles a la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha accedido este diario. “Nos preocupa que las empresas, las entidades del tercer sector y las diferentes instituciones del sector público se nieguen a compensar tales gastos”, se afirma en la misiva, por lo que CRUE reclama “un acuerdo con el sector empresarial en virtud del cual se comprometan explícitamente a compensarlos”. Trabajo considera “muy positivo” el “apoyo” de la organización a la compensación de gastos y no entra a valorar las dudas de los rectores sobre quién asumirá el coste. Los directores recuerdan a Díaz que más del 40% de las prácticas de Formación Profesional y universitarias se hace en centros sanitarios, colegios, institutos y otras entidades del sector publico, por lo que habrá que reservar una partida estatal para esta compensación económica. La sanidad y la enseñanza están transferidas a las comunidades autónomas, “por lo que resulta igualmente necesario [como con las empresas] que se garantice con carácter previo la financiación pública indispensable para poder cumplir con estas nuevas obligaciones”. Si no, señala Alcón, rectora de la Universidad Jaime I de Castellón, “podríamos estar poniendo en serio peligro la continuidad de las prácticas”.

Desde 2021, la inversión privada en España ha estado por debajo de las expectativas generadas por organismos como el Banco de España y la Comisión Europea. Aunque el crecimiento económico ha sido robusto en estos años, el capital empresarial empleado no ha acompañado ese repunte del PIB con la fuerza esperada. ¿Por qué? Hay una combinación de factores estructurales y coyunturales que lo explican, pero en el fondo todo apunta a la composición del PIB. En los últimos cuatro años el desempeño nacional ha sido mejor del esperado. En 2021 la economía creció un 6,7%, al año siguiente la tasa se situó en el 6,2%, en 2023 fue un 2,7% y a falta de confirmación, se estima que cerró 2024 con un alza en torno al 3%. En pleno estancamiento europeo, España ha sido un motor continental. Sin embargo, estos niveles tan saludables provienen de componentes en los que la inversión es escasa. El consumo, las exportaciones de servicios y el turismo generan empleo y actividad económica, pero no son áreas que desarrollen bienes de equipo y tecnología. La industria manufacturera, tradicional fuente de inversión, se mantiene estancada, con sectores como el automotriz luchando por recuperar dinamismo. Este desequilibrio en el sector industrial explica en parte por qué la inversión privada no ha crecido al ritmo de la demanda final, a pesar de la bonanza económica. Hasta el tercer trimestre de 2024, el gasto destinado al crecimiento productivo en España, medido a través de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), apenas ha mostrado avances significativos en comparación con 2019, salvo en los productos de propiedad intelectual.

El Foro Económico Mundial de Davos (World Economic Forum, WEF) va a ser escenario este año de una cumbre histórica de las grandes energéticas españolas con el Gobierno. Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, y Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica, tienen previsto mantener reuniones con los primeros ejecutivos de Iberdrola (Ignacio Galán); Repsol (Josu Jon Imaz); Naturgy (Francisco Reynés); y Moeve, antigua Cepsa (Maarten Wetselaar). La agenda de encuentros entre el Gobierno y las energéticas va a ser frenética y se va a desarrollar entre hoy y mañana. En concreto, hoy está previsto que la ministra de Transición Ecológica en España, Sara Aagesen, y su antecesora en el cargo, Teresa Ribera, que ahora es vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria europea de Transición Ecológica, se reúnan con Galán, Imaz, Reynés y Wetselaar. Se trata de una reunión histórica en sí misma. Nunca hasta ahora habían coincidido en una misma reunión los máximos ejecutivos de grandes energéticas españolas con las máximas autoridades del sector en España y en Europa. Es además la primera vez que los primeros espadas energéticos españoles se ven con Aagesen como ministra y con Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Por parte de Moncloa, está previsto la asistencia al encuentro de Manuel de la Rocha, director del departamento de Asuntos Económicos. Dadas las implicaciones que el negocio energético español tiene para Portugal, a la reunión también está previsto que asistan Miguel Stilwell, primer ejecutivo de EDP, así como los ministros lusos Pedro Reis (Economía) y Maria da Graça Carvalho (Energía).

“La inteligencia artificial lo va a cambiar todo en las próximas décadas, ya de hecho lo está cambiando, va a condicionar nuestra competitividad económica, la cohesión social y la seguridad de las naciones”, aseveró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiendo que por tanto “es esencial que España haga dos cosas: tratar de situarse a la vanguardia de su desarrollo”, donde admitió que tanto el país como el resto de Europa va con retraso; y adoptar una “gobernanza adecuada”, que mitigue los riesgos que comporta. Con este doble objetivo, Sánchez anunció ayer el lanzamiento de una inteligencia artificial pública en castellano y el resto de lenguas cooficiales con código abierto y un programa de implementación de esta tecnología en el sector privado. Durante la clausura del acto HispanIA, Sánchez aseguró que frente a la llegada de una de las tecnologías “más transformadoras y disruptivas de las historia”, España está “bien posicionada” al contar con “uno de los ecosistemas de ciberseguridad más avanzados del mundo”, “una de las mejores redes de infraestructuras digitales”, una población con habilidades digitales básicas y experiencia con la IA en el 40% de las grandes empresas y el 8% de las pymes. A partir de ahí, Sánchez anunció un nuevo paso adelante con el lanzamiento de ALIA, la familia de modelos públicos de inteligencia artificial en castellano y lenguas cooficiales, publicada ayer en código abierto para fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas en el “cuarto idioma más hablado del mundo y el segundo más usado en Internet”.

La banca española dará un trimestre más el pistoletazo de inicio de la temporada de resultados empresariales en el Ibex. Y lo hará batiendo su récord de beneficios. Pero, además, los analistas de Jefferies estiman que, lejos de poner fin a una era por la senda de bajada de tipos de interés que ha iniciado el Banco Central Europeo, las entidades han hecho los deberes para adaptar su negocio y están preparadas para amortiguar el impacto de unas tasas más bajas y mantener estables las cuentas de resultados en 2025. Los expertos de la firma de inversión calculan que, en conjunto, Santander, BBVA, CaixaBank, Unicaja y Bankinter lograrán en 2024 un beneficio de más de 29.000 millones de euros. Si a ello se le suma Sabadell (en 2023 ganó 1.332 y previsiblemente lo superará), la cifra ascenderá a más de 30.000 millones. Para 2025 calculan una ligera caída, pero por encima de los 29.000 millones, y para 2026 ya cuentan con que los bancos vuelvan a elevar las cifras de negocio y de ganancias.

Neinor acelera su negocio con 2.600 viviendas prevendidas en 2024, lo que supone disparar un 35% la cifra del año anterior. Estas preventas implicarán unos ingresos de 840 millones, una vez que las viviendas se vayan entregando. La promotora, que adelantó ayer información financiera provisional, comunicó que, con la actividad comercial de 2024, suma un libro de preventas superior a 3.600 viviendas por 1.300 millones, frente a las 1.283 viviendas por 434 millones del año anterior. La compañía adelantó también que ha cumplido con su objetivo de obtener, al menos, 65 millones de beneficio neto ajustado, una cifra anunciada en su plan de negocio. Este beneficio estaría, sin embargo, por debajo del beneficio neto ajustado de 99 millones reportado el año anterior. Neinor comunicará la cifra exacta el próximo 25 de febrero. Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor, anunció que, de cara a 2025, el objetivo principal de la empresa es incrementar el beneficio mientras sigue una “estrategia de crecimiento eficiente de capital”. “Nuestro objetivo de inversión es de 140 millones, apalancándonos en las joint ventures existentes, firmando nuevas y reanudando nuestro programa de adquisición de suelo propio”, añadió. Jordi Argemí, CEO adjunto y director financiero de Neinor, destaco el “exitoso regreso” de la compañía a los mercados de renta fija, lo que ha permitido extender los vencimientos de la deuda y aportar flexibilidad a su “estrategia de crecimiento eficiente en capital y programa de remuneración al accionista”.

El 58% de los consejeros delegados o primeros ejecutivos alrededor del mundo espera que el crecimiento económico global mejore en 2025 y sólo un 20% cree que irá a peor. Así se desprende de la Encuesta Mundial elaborada por PwC, a partir de la opinión de 4.701 presidentes y consejeros delegados (CEO) de compañías de 109 países. Es la edición anual número 28 de esta encuesta, que se presenta en el World Economic Forum, WEF (el Foro Económico Mundial), que acaba de arrancar en la localidad suiza de Davos. La encuesta de PwC es uno de los informes más relevantes de los que se presentan en Davos, porque son el mejor termómetro para calibrar las expectativas que tienen los líderes empresariales con respecto a la economía mundial. El porcentaje de los que piensan que la actividad global evolucionará favorablemente es muy superior al 38% registrado el año pasado –y al 18%, hace dos años–. No llega al 76% o al 77% que alcanzó en los años pospandemia, cuando las expectativas se dispararon, pero ese 58% refleja que el optimismo económico se ha vuelto a disparar. Todo ello a pesar de las incertidumbres del contexto político y económico global. En el caso de los CEO españoles que han participado en el informe, este optimismo –también con respecto a la economía global– es aún mayor. En concreto, el 68% prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial evolucione favorablemente en 2025 y un 72% piensa lo mismo sobre la marcha de la economía española. La Encuesta Mundial de PwC también adelanta un aumento del empleo en 2025. 

“La era dorada de EEUU comienza ahora”. Con esta declaración de intenciones estrenó ayer Donald Trump su mandato como el 47 presidente de la mayor potencia del mundo. Durante su discurso de investidura, insistió en que su Administración estará marcada por un solo objetivo: “Poner fin al declive de EEUU y volver a hacer que el país sea respetado, la envidia del planeta y que no se aprovechen más de nosotros”. Nada más jurar el cargo prometió que sus órdenes ejecutivas estarán enfocadas a “reclamar la soberanía de EEUU” y cumplir así con las promesas que hizo durante la campaña electoral. La primera medida, que firmó ayer mismo, fue la “declaración de la emergencia nacional en la frontera sur del país”. Trump se refirió varias veces a “la invasión extranjera” y propuso “restituir la política de ‘quédate en México”. Además, su plan pasa también por declarar a los cárteles como organizaciones terroristas. También forzará la expulsión de delincuentes del país. Será algo inmediato, ya que ni siquiera necesitará el visto bueno del Congreso, en tanto que tiene pensado recurrir a una ley de finales del siglo XVIII para cumplir este objetivo. Dentro de las propuestas soberanas, su agenda también incluye cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. El segundo bloque de acción fijado por Trump en las 24 horas siguientes a la investidura es la declaración de “la emergencia nacional energética”, impulsando la extracción de petróleo y gas. ¿El objetivo? “Reducir la inflación”, que será la prioridad para todo el nuevo equipo de Gobierno. “Vamos a volver a ser una nación rica gracias al oro líquido que está bajo nuestro pies”. La lista de compromisos inmediatos pasa también por el anuncio de la creación de la Agencia Tributaria de Recaudación Extranjera, que será la encargada de diseñar y recaudar el dinero procedente de los aranceles. “Vamos a transformar el modelo comercial. En lugar de cobrar impuestos a nuestros ciudadanos para empobrecerlos, vamos a cobrar a los países extranjeros para enriquecer a nuestro pueblo”.