20250123

Con una comarca en ‘shock’ por el cierre de una de sus principales empresas, el lehendakari salió ayer al paso del anuncio de clausura en Guardian Llodio y se pronunció por primera vez desde que trascendió la noticia. Pradales aseguró ayer que el Gobierno está «con el buzo de trabajo» y encima del caso de la histórica factoría alavesa. El presidente autonómico tildó el cierre como un anuncio «sorprendente», en línea con la primera impresión que trasladó el martes Mikel Jauregi. El consejero de Industria se abrió ayer a que el Gobierno acompañe inversiones en el horno de Guardian para mantener la actividad y evitar el cierre. Sobre esa clausura, Pradales, afirmó que su primera intención es «que la empresa nos explique las razones detrás de esa decisión tan drástica». El lehendakari aseguró que su Gabinete está «absolutamente volcado en la defensa de la industria». «Vamos a defender que haya una solución industrial y vamos a defender los empleos industriales en Ayala, en Araba y en el conjunto del país», prometió.En la hoja de ruta de su Gabinete, Pradales dibujó una ronda de contactos. Además de un encuentro en breve con la empresa, manifestó la intención de entablar conversaciones desde Lakua con los sindicatos «para ver cómo podemos abordar una solución con los propietarios actuales o con otros propietarios». La Diputación alavesa afea a la compañía que no le notificase su decisión de cerrar la planta de Llodio. 

El blindaje a empresas estratégicas, popularmente conocido como escudo antiopas, queda sin efecto a partir de hoy, después de que el decreto ómnibus en el que estaba incluido fuera rechazado ayer con los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención de UPN. Se trata de una medida que deja en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. El fin de este blindaje llega en un momento en el que varios inversores pretenden lanzar una opa sobre el fabricante de trenes Talgo. Entre ellos se encuentra el consorcio polaco Pesa, que ya ha contratado a asesores para este proceso. No obstante, expertos en la materia señalan que el fin del escudo antiopas no tendrá ningún efecto real sobre el mercado, ya que el Gobierno puede elaborar con carácter de urgencia un nuevo decreto que vuelva a instaurar dicho blindaje. El régimen se aplica a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Además, este régimen transitorio incluye las inversiones realizadas por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la UE y de la AELC. La titularidad real se define como la posesión o control directo o indirecto de un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o el ejercicio de control por otros medios. Esta anómala situación puede dejar desprotegidas a empresas estratégicas españolas durante el tiempo que lleve aprobar un nuevo decreto en Consejo de Ministros –luego hay un plazo de 30 días para convalidarlo en el Congreso de los Diputados–, si bien analistas financieros consultados por Europa Press descartan la probabilidad de que esta indefensión temporal pueda ser aprovechada por inversores foráneos agresivos para entrar en compañías que  pretenda preservar el Gobierno.

«Queremos dinamizar las inversiones y por eso el Gobierno vasco abre el abanico. El objetivo es el arraigo y dimensionar también la empresa vasca». Con estas palabras explicó ayer el consejero de Industria, Mikel Jauregi, que el Ejecutivo autonómico ampliará los fines de su fondo de inversión en compañías, Finkatuz. La herramienta, que gestiona junto al consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, no será solo para garantizar el arraigo de firmas estratégicas, sino que apoyará también a empresas vascas en procesos de crecimiento e inversión. El anuncio fue en la presentación de la toma de participación del Gobierno en grupo Arania. Se trata, precisamente, de la última operación de Finkatuz mediante la que el Ejecutivo toma una participación del 6,25% de la compañía procesadora de acero con la adquisición de acciones en una ampliación de capital por 15 millones. El Gobierno vasco, que sentará en el consejo de administración del grupo Arania al viceconsejero de Industria, Andoitz Korta, apoya así el plan de inversiones de la empresa que está dotado con 50 millones para los próximos tres años. Se suman, además, a los 60 ya ejecutados desde 2021. La compañía, que centra su negocio en la fabricación de estructuras de almacenaje industrial a gran escala y uso logístico, afronta con estas inversiones un programa de digitalización, descarbonización e internacionalización. Y es que, Arania es líder en el sur de Europa en procesamiento de acero, que emplea para la fabricación de piezas de automoción y de tubos de precisión con soldadura. Tiene ventas por cerca de 500 millones, más de mil empleados y busca crecer en Europa, su principal mercado, pero también en Estados Unidos. Allí, como explicó el presidente del grupo, Eric Arana, la amenaza arancelaria ha forzado un «aceleramiento en la implantación».

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado este miércoles la planta de Coca Cola en la localidad vizcaína de Galdakao, que alcanza una producción anual de más de 220 millones de litros de bebida al año envasados en diferentes formatos como vidrio, lata y PET. En el transcurso de la visita, el Lehendakari ha tenido la oportunidad de conocer la actividad de la empresa en Euskadi, que comenzó en 1956 en estas mismas instalaciones, con la primera Coca Cola embotellada. En su intervención, Imanol Pradales ha destacado que la planta de Coca Cola en Galdakao "forma parte del paisaje", una fábrica que lleva "casi 70 años creando empleo de calidad y aportando riqueza". Tras recordar la apuesta de la familia Libano por poner en marcha este proyecto y su decisión de "arriesgar", ha señalado que es de justicia reconocer que, en aquellos tiempos, "una gaseosa negra era un producto muy rompedor" pero el tiempo "les ha dado la razón". "Gracias a esa visión, hoy tenemos un proyecto que genera riqueza, empleo y bienestar. Y hemos extraído una enseñanza importante: tenemos que ser valientes y arriesgar para crecer", ha subrayado. Por otra parte, ha destacado la importancia de ser "un país atractivo" para que lleguen a Euskadi "inversiones de alto valor añadido" y ha afirmado que, si una empresa de renombre internacional como Coca-Cola ha crecido y prosperado aquí, ha sido porque ha encontrado las condiciones adecuadas para hacerlo".

La votación del nuevo gravamen a las compañías del sector energético impulsado por el Gobierno central evidenció ayer que la mayoría de la investidura es pura retórica. Como estaba cantado, el PNV y Junts sumaron sus votos a los del PP para rechazar la aprobación de una nueva figura tributaria que exigían EH Bildu, ERC y Podemos, que incluso ha condicionado que este gravamen se aprobase para sentarse a negociar un proyecto de Presupuestos de 2025 que cada día que pasa tiene menos visos de ver la luz. El Gobierno sabía perfectamente que este decreto estaba abocado al fracaso. Sólo lo tramitaron para salvar la cara al bloque de socios situados a su izquierda, especialmente Bildu, que lo que realmente buscaba era dejar en evidencia al PNV recordando sus vínculos con el CEO de Repsol, el también expresidente del EBB, Josu Jon Imaz. De hecho, en el debate de la iniciativa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordando que había hecho «humanamente posible» para intentar sacar adelante la tasa. Ella, vino a decir, había cumplido su parte del trato pero la mayoría es la que es... Y es que el Congreso, con la misma mayoría de partidos de ayer, ya había tumbado el pasado 19 de diciembre el gravamen extraordinario que había estado en vigor durante los dos últimos años. Sin embargo, el Gobierno no se dio por vencido y volvió a aprobar otro cuatro días más tardes. 

Pedro Sánchez apareció rodeado de sus ministros y sin ganas de bronca en la llamada sala multilateral 0.20, en el Centro de Congresos de Davos, algo mejor que el cuchitril que consiguió Moncloa el pasado año para la misma cita y que no tenía ni ventanas. El presidente del Gobierno tenía delante a varios de los máximos ejecutivos del Ibex a los que ha propinado un impuesto extra (banqueros) o lo ha intentado (energéticos) en un clima adicionalmente enrarecido además, porque el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, no estaba ya en la reunión como en años anteriores. Ha sido destituido por el propio Sánchez y era ejecutivo apreciado por la mayoría de asistentes. No obstante, al líder del PSOE no le gustan las derrotas parlamentarias y, aunque se esperaba la del impuesto a las energéticas, no pudo evitar, según testigos consultados por este diario, hacer un comentario al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. «Estarás contento», dijo Sánchez al vasco en un encuentro que tuvo lugar horas después de que el Parlamento tumbara el decreto con el que intentaba perpetuar el impuesto y contra el que ha combatido particularmente Imaz, porque suponía cientos de millones anuales para Repsol y el riesgo, en su opinión, de hacer inviables varias inversiones en España. «Sigo pensando lo mismo que escribí», replicó también entre sonrisas Imaz en alusión a sus artículos en los últimos años acusando al Gobierno de populista con este impuesto energético. Fuera de esta anécdota, la versión recabada por este diario fue de reunión anodina en la que Sánchez se limitó a resaltar la buena evolución de la economía española y la importancia de contar en cargos internacionales con Nadia Calviño, en el Banco Europeo de Inversiones, y de Teresa Ribera, en la vicepresidencia de la Comisión Europea, para influir en la política europea. Ambas acudieron a escuchar las intervenciones del presidente en Davos.

No hay acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Al menos a día de hoy. La CEOE rechazó ayer formalmente la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de elevarlo 50 euros para situarlo en 1.184 euros al mes en 14 pagas. Sin embargo, la patronal no fue a la reunión del diálogo social –convocada por el Ministerio de Trabajo– con las manos vacías –como así sucedió en la negociación para la reducción de la jornada–, sino que llevó una propuesta propia que su junta directiva había fijado esa misma mañana: ofreció al Gobierno un incremento de 34 euros al mes, casi 500 euros al año, con lo que se elevaría desde los actuales 1.134 euros hasta los 1.168 euros. Se trata de un alza del 3%, que es lo que pactaron con los sindicatos en el acuerdo de negociación colectiva para los años 2023, 2024 y 2025, un porcentaje que está por debajo de la horquilla del 3,4% y el 4,4% que recomendó el comité de expertos y que Díaz se ha comprometido a cumplir. «Lo hemos planteado con mucha claridad», defendió desde Fitur el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que argumentó que es «una mejora salarial con respecto a lo que es la inflación». Además, apostó por hablar de «muchas más cosas», como la implementación de la indexación de la contratación pública en las empresas pequeñas de servicios o ver cómo se puede compensar de alguna forma al sector agrario. «No se está teniendo presente al campo, como siempre; es decir, hay un montón de elementos que realmente hay que poner encima de la mesa para poder verlo de una manera real», señaló. Los sindicatos, por su parte, rebajaron las expectativas de poder alcanzar un acuerdo tripartito sobre el salario mínimo y rechazaron aceptar la subida del 3% propuesta por los empresarios. 

Hacía ocho años desde la última vez que las haciendas vascas se quedaban sin cumplir sus previsiones de ingresos por la recaudación de impuestos. La última vez, con excepción de 2020 –gravemente afectado por el confinamiento–, fue en 2016. Las diputaciones cerraron el pasado ejercicio con unos ingresos tributarios que ascendieron a 18.309 millones, 690 millones menos que los 19.000 que estimaron para diseñar sus presupuestos. Un incumplimiento que se explica por tres elementos: el impacto de los mutualistas, el fraude en el comercio de hidrocarburos y una caída en la recaudación del IVA. Las cantidades que las diputaciones han tenido que abonar por retenciones mal aplicadas en el cobro de la pensión de miles de mutualistas han ascendido a 761 millones –400 en Bizkaia, 250 en Gipuzkoa y 111 en Álava–. Los ejercicios afectados han sido cuatro en Bizkaia y Gipuzkoa y cinco en Álava. El importe total es más de un 4% de toda la recaudación, con lo que se trata de un buen mordisco que, de no haberse dado, sí hubiera permitido alcanzar el objetivo. Otro de los elementos extraordinarios que han afectado, especialmente a Bizkaia, ha sido el fraude de los hidrocarburos. Se trata de un procedimiento ilegal por el que algunas compañías realizan operaciones de venta de combustible y disuelven la sociedad antes de presentar la declaración trimestral del IVA, que queda sin abonarse a Hacienda. La Diputación de Bizkaia ha señalado el impacto de este procedimiento, que ha aflorado con una caída en la recaudación de IVA del 10,7%. El mes pasado, el Gobierno de España tramitó una modificación, que se aplicará también en Euskadi, y que obliga en estas operaciones a liquidar el IVA mensualmente, con lo que se reduce la ventana temporal para cometer el fraude. El IRPF ha sido uno de los motores fiscales. Los ingresos forales por las retenciones en las nóminas han subido un 6,6% en Bizkaia, por un 7,9% en Álava y un 9% en Gipuzkoa.

El Gobierno de Pradales desactivó ayer uno de los conflictos laborales más enquistados y con más proyección pública. El Departamento de Seguridad y la mayoría sindical suscribieron las bases para renovar un convenio caducado desde 2013. El preacuerdo prevé una subida salarial del 10% y también de los complementos, entre otras mejoras económicas. El día en que se cumplían siete meses desde que juró su cargo como lehendakari, Imanol Pradales logró desactivar ayer una de las mayores bombas de relojería que atenazaban al Gobierno vasco desde hace más de una década. El Departamento de Seguridad y la mayoría sindical de la Ertzaintza suscribieron las bases para renovar el acuerdo regulador de la Policía autonómica, caducado desde 2013. El pacto, que ahora debe ser ratificado por los afiliados de las centrales Erne, Esan y Sipe, incluye un incremento salarial del 10% de media para los agentes, lo que se traduce en 4.200 euros más al año como mínimo. Salvo rechazo en esas consultas internas, la firma de este principio de acuerdo supone el inicio del fin de un conflicto que parecía condenado a la eternidad. La última vez que se renovó el convenio fue en 2011, con el socialista Patxi López de lehendakari y Rodolfo Ares de consejero de Interior. 

Miles de profesores (8.000, según cálculos de la Policía Municipal) recorrieron ayer las calles de Bilbao en el primer día de huelga en la enseñanza pública. Convocados por los sindicatos LAB, Steilas, ELA y CC OO, mostraron su malestar con el Departamento de Educación –que afirma «no entender» la protesta– por el «deterioro» de las condiciones laborales, la «falta de diálogo» para renovar el convenio colectivo y la toma «unilateral» de decisiones, como las que afectan al cierre o fusión de centros educativos. Unos 47.000 docentes estaban llamados a secundar los paros, que continuarán hoy, en la primera huelga de la ‘era Pradales’. La jornada trajo la habitual guerra de cifras. Según los representantes de los trabajadores, en torno al 77% del profesorado secundó los paros, con especial incidencia en Álava y Gipuzkoa. Por su parte, la consejería rebajó la cifra al 68%. Una de las principales exigencias de los docentes es «recuperar» el poder adquisitivo perdido en los quince años que lleva congelado el convenio colectivo. Los sindicatos denuncian que la consejería convoca reuniones «sin contenido», mientras que Educación asegura que «hay propuestas encima de la mesa». Además del aspecto salarial, los trabajadores demandan una serie de mejoras de calado. Una de ellas es el «alivio» de las cargas de trabajo y, en concreto, de las tareas burocráticas que se han disparado en los últimos años. Piden asimismo, acuerdos para adelantar las jubilaciones y rejuvenecer las plantillas, «estabilizar» los puestos de trabajo, «garantizar» el empleo frente a la caída de la natalidad y afrontar nuevas inversiones «de manera urgente».

Euskadi trabaja en la creación del impuesto a las estancias turísticas que tendrán que abonar quienes hagan noche en cualquier establecimiento hotelero del País Vasco. Así lo aseguró ayer el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en la inauguración de feria internacional de turismo Fitur 2025. Además, aprovechó la ocasión para anunciar que el Gobierno Vasco presentará antes de fin de año un proyecto de ley de Turismo para adaptar la normativa a las necesidades actuales y futuras. Todo esto con «el objetivo de seguir impulsando un turismo sostenible que beneficie a todos: visitantes, sector y ciudadanía, abordando los nuevos desafíos con calma y determinación», dijo. El consejero fue el encargado de inaugurar el stand de Euskadi en Fitur, destacando la fortaleza de la industria turística vasca. En su discurso, reflexionó sobre el camino recorrido, el presente «sólido» que vive el sector y los retos que marcarán su futuro. «Fitur marca el inicio de una nueva legislatura y un momento crucial para mirar con luces largas hacia el futuro», insistió, y destacó que el turismo representa ya el 6,6% del PIB de Euskadi, genera empleo directo para más de 110.000 familias y tiene un impacto positivo en sectores como el comercio, la hostelería, el transporte y la cultura, posicionándose como un motor de desarrollo local y cohesión social.

Los avales del Gobierno vasco para facilitar a los menores de 40 años la compra o alquiler de un inmueble estarán disponibles en junio. Así lo confirmó ayer el lehendakari, Imanol Pradales, durante su intervención en la primera reunión del Foro de Urbanismo, un espacio de debate recogido en el Pacto Social por la Vivienda que busca agilizar de «manera conjunta y participativa» la gestión de los suelos para la construcción de más VPO. El objetivo de la medida, suscrita en el programa de gobierno e impulsada por el Departamento de Hacienda, es, en el caso de las compraventas, avalar el importe que las entidades bancarias no llegan a financiar (normalmente el 20% del coste total del piso en cuestión). Mientras tanto, para los arrendamientos, el Gobierno vasco «firmará convenios con entidades financieras» con el fin de facilitar el pago de «los primeros gastos del alquiler», como pueden ser las fianzas solicitadas por las agencias o propietarios. Todo apunta a que, con esta nueva línea, el Ejecutivo podrá fiar los créditos bancarios que los jóvenes puedan llegar a solicitar para hacer frente al desembolso que implica la emancipación. «Sabemos que estas medidas que presentamos no serán suficientes, pero también tenemos claro que serán parte de la solución», aseguró el lehendakari. Entre las acciones planteadas para abordar el reto de la falta de vivienda asequible en el País Vasco, Pradales también remarcó que «en las próximas semanas», el Departamento de Vivienda firmará un acuerdo con Eudel para la creación de «una gran reserva de suelo público». Dado que la competencia urbanística de los municipios es de los ayuntamientos, el pacto quiere «implicar» a «todos» los consistorios para «activar» los terrenos que estén calificados como urbanizables y que sigan sin movilizar. Según datos oficiales, en Euskadi hay suelos disponibles para levantar 75.000 VPO, así que el acuerdo buscará «conveniar las operaciones» urbanísticas para construir sobre esos terrenos ‘congelados’. El documento también recoge la posibilidad de segregar pisos de gran tamaño.

El primer plenario del Foro de Urbanismo y Vivienda, que se celebró a puerta cerrada en el Palacio Euskalduna, contó con la participación de representantes del Gobierno vasco, ayuntamientos, profesionales del sector privado, inmobiliarios, asociaciones y colectivos vecinales, agentes que tuvieron la oportunidad de exponer su visión sobre las medidas que se deben impulsar para atajar la escasez de vivienda asequible en Euskadi. Además de las tres líneas de trabajo propuestas por el Ejecutivo autonómico, el sector también solicitó, según ha podido saber este periódico, aunar esfuerzos para «impulsar la rehabilitación» de inmuebles, «garantizar la accesibilidad» universal de las viviendas (en Euskadi hay 68.000 inmuebles que requieren de una reforma para adaptarse a personas con problemas de movilidad) y que las «políticas de alquiler público vayan acompañadas a las del arrendamiento libre». Con cerca de 99.000 personas a la espera de un domicilio público, los profesionales coinciden en que la solución pasa por levantar más domicilios. Aunque el Pacto Social por la Vivienda está suscrito por más de 90 entidades, este espacio de debate, que pretende convertirse en «un referente en la creación de políticas inclusivas y sostenibles», contará con 51 vocalías representativas de distintas entidades institucionales, sociales y profesionales. 

Una peripecia que genera un movimiento sísmico en la política pero que no tiene trascendencia legal o mercantil. Esta es, en síntesis, la idea que se ha asentado en el seno de BBVA después de que el Banco de Sabadell haya decidido devolver su sede social a Cataluña, tras algo más de siete años en Alicante. El primer mensaje de la entidad que preside Carlos Torres es claro: no pasa nada, no hay cambios. El consejo de administración del Sabadell confirmó en la tarde de ayer la decisión anticipada el martes de ubicar su sede en la plaza de Sant Roc de Sabadell. Un retorno que se produce siete años después de tener que abandonar Cataluña en pleno ‘procés’ independentista. «Es una decisión del Banco Sabadell que respetamos. Respecto a la opa, no cambia en nada las bondades de la operación: es buena para España, para Cataluña y para el resto de territorios donde está Banco Sabadell así como para los clientes, empleados y accionistas de ambos bancos», señalaron portavoces oficiales de BBVA. Mientras tanto el mercado financiero se alineó aparentemente con esta misma tesis, sin reflejar alteraciones en la cotización de ambos bancos y en el equilibrio inestable que mantienen en las últimas sesiones. Las acciones de ambos contabilizaron un ligero retroceso, algo menor en el caso de BBVA, que recupera así una ecuación de canje ajustada a la oferta.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recordó ayer su condición de vasco y la dura realidad que sufrió Euskadi por la dictadura de ETA para recordar que muchas empresas tuvieron que marcharse por la amenaza terrorista. «Yo soy vasco, me encantaría que tantas empresas volvieran a Euskadi... Tristemente, muchas no han podido volver», lamentó. Lo hizo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) al ser preguntado sobre la decisión del Banco Sabadell de regresar a Cataluña siete años después de haberse tenido que marchar por el estallido del ‘procés’ y la inseguridad jurídica que se creaba. En este sentido, aseguró que «la vuelta a casa siempre es una buena noticia». «Siempre he comentado que lo que queremos, y nos parece una buena noticia, es que la gente vuelva a casa. Y si vuelve a casa, en vez de por Navidad, después de Navidad por muy pocos días, pues creo que es una buena noticia», dijo. De hecho, expresó su deseo de que «todas» las empresas catalanas retornen a Cataluña.

El Banco Sabadell prepara una nueva ofensiva contra la opa hostil del BBVA. Tras aprobar ayer la devolución de su sede social a Barcelona, siete años después de llevarla a Alicante por el procés, ahora la entidad prevé un dividendo extraordinario con cargo a reservas, según fuentes financieras. El banco ya había elevado a 2.900 millones de euros el reparto a los accionistas en dos años, pero los expertos creen que superará los 3.100 millones. El Banco Sabadell saca toda la artillería contra el BBVA. El consejo de administración aprobó ayer la vuelta a Cataluña porque “ya no se dan las circunstancias” que motivaron su marcha en pleno procés, hace siete años. En realidad, se trata de un movimiento con el que procura politizar la opa y reducir el margen de maniobra del BBVA. Pero el banco vallesano prepara otra ofensiva en la presentación de resultados anuales: comunicará al mercado el pago de un dividendo extraordinario de unos 500 millones, con cargo a reservas, para repartir a sus accionistas el exceso de capital que la entidad exhibirá en sus cuentas, según indican fuentes financieras. Se trata de un órdago en toda regla, que obligará al BBVA a ajustar de nuevo su oferta. La política de dividendos se ha convertido en la primera línea de defensa del Sabadell tras prometer el reparto de 2.900 millones a sus accionistas en dos años, en torno al 25% de su capitalización.

El Gobierno vivió ayer un día aciago en el Congreso. Un batacazo que se suma de la larga lista de sobresaltos a los que ha tenido que hacer frente desde el inicio de la legislatura, pero de una trascendencia singular. Después de más de un mes advirtiendo a Pedro Sánchez de que su crédito está ya en «números rojos» y de comunicar el pasado viernes a los socialistas que no podrían contar con ellos para aprobar ninguna iniciativa legislativa hasta que cumplan los acuerdos pendientes, Junts votó en contra de los tres primeros reales decretos leyes que el Ejecutivo sometía a la convalidación del Congreso en 2025, incluido el de la revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital y la prórroga de las ayudas al transporte. El Ejecutivo trató de cargar sobre las espaldas del PP la responsabilidad del desasosiego y la incertidumbre a los que desde hoy se pueden ver sometidos 12 millones de pensionistas. «¡Que se lo expliquen, que se lo expliquen!», exclamaba ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, al abandonar el pleno, visiblemente alterada. «Cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros», recriminó también poco antes de la votación el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin citar expresamente a Junts. El principal partido de la oposición, que como había anunciado hace unos días Alberto Núñez Feijóo, votó a favor de otro real decreto ley pactado previamente con los sindicatos y la patronal –el que regula la jubilación parcial, activa y demorada– podía haber optado en el caso del de las pensiones por una abstención, pero prefirió sentarse a ver cómo los socialistas se ahogaban. En los últimos días, desde el partido venían recordando la frase que su líder espetó a Sánchez en la investidura de éste: «Cuando el independentismo le falle, cuando hasta a usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque».

Una de las víctimas colaterales del rechazo del Congreso de los Diputados al último real decreto ley ómnibus del Gobierno es la suspensión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En condiciones normales, la cuantía del SMI queda fijada anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. En ausencia de los mismos, el Gobierno puede fijarlo –o como era el caso prorrogar el vigente– en una norma diferente pero la decisión del Ejecutivo de incluir la medida en un mismos decreto cajón de sastre con decenas de otras cuestiones clave diferentes ha terminado por dar al traste con todas ante el rechazo conjunto de PP, Vox y Junts. En consecuencia, la votación del Congreso ayer genera un vacío legal en el que España no rige un salario mínimo. Desde el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, estudian fórmulas para extender la cifra vigente hasta ahora, de 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, a la espera de tratar de acordar una nueva cuantía con los agentes sociales para 2025. En este sentido, los expertos del Ministerio han propuesto un alza de unos 50 euros al mes (una horquilla de incremento de entre el 3,4%, a 1.172,5 euros, al 4,4%, a 1.184 euros), mientras la patronal propuso ayer un 3%. En cualquier caso, como la nueva cifra será retroactiva desde el 1 de enero, cualquier trabajador contratado hoy por menos del SMI acabará recibiendo la diferencia.

El único de los tres decretos en liza en el día ayer que sí vio el visto bueno del Congreso de los Diputados, gracias al apoyo del PP, fue el de la tercera parte de la reforma de las pensiones que el Ministerio de Seguridad Social había logrado acordar con patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social en julio del pasado año, pero que se abordó por esta vía ante las discrepancia al texto pactado por parte de los partidos políticos incluidos los socios del Gobierno. De hecho Bildu, Podemos y BNG –también Vox– votaron en contra del texto. El decreto aprobado está centrado en mejorar las opciones ya previstas en el sistema de Seguridad Social para compatibilizar el trabajo y la jubilación, con el objetivo de alargar la edad efectiva de retiro de los trabajadores que quieran hacerlo desde el prisma de la voluntariedad. Así, se aprueban modificaciones en la jubilación parcial, la jubilación activa, los incentivos a la demorada. Y además, el texto también incluye mejoras en las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos que recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. Cabe recordar que estas medidas, pese a haber quedado para una tercera fase dentro de las modificaciones abordadas en el sistema tienen una importancia sustancial porque el retraso del retiro de forma voluntaria, y como consecuencia el aumento de la edad efectiva de jubilación, es la única vía de ahorro en pensiones que el Gobierno había plasmado en la memoria económica del saldo financiero de la Seguridad Social tras la reforma.

La Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (Utamed), primera universidad online de Andalucía, está a punto de convertirse en una realidad. Su presidente, Paco Ávila, explica que los trabajos de la sede en Málaga TechPark, antiguo Parque Tecnológico de Andalucía, están «muy avanzados» y que las clases comenzarán a impartirse en septiembre. La matriculación, de hecho, ya está abierta. Ávila, socio fundador de Medac, Instituto Oficial de Formación Profesional con más de cien centros, ha vinculado su nombre a compañías como Playtomic, Cover Manager, Auro o Genially. Ahora amplía su horizonte con este proyecto de formación superior con el que pretende que la universidad «deje de vivir de espaldas al mercado laboral». "Diría que prestigiar cualquier emprendimiento supone todo un reto. Todavía hay gente que piensa que los empresarios son explotadores. Emprender en España es complicado. Pero hacerlo en el sector de la educación es mucho más complejo. Sabemos que la universidad es un ecosistema aparte y que está demasiado burocratizada. Claro que es un reto, pero venimos a cambiar eso...La universidad española siempre ha vivido de espaldas al mercado laboral. Todos hemos escuchado ese discurso de que las universidades no tienen nada que ver con la empleabilidad o la inserción laboral, como si por ser templos de conocimiento estuvieran por encima del bien y del mal. Me parece aberrante. Nosotros estamos convencidos de que las universidades son instituciones que tienen que generar empleo, riqueza e innovación, no sólo conocimiento e investigación. No es que la universidad y la empresa tengan que estar cerca, es que tienen que vivir juntas..."

Las energías renovables están ahorrando miles de millones de euros en importaciones a los europeos, además de reducir las emisiones de efecto invernadero. Un estudio del grupo de expertos Ember cifra en 59.000 millones de euros el beneficio para la población de la UE por la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Al freno en el desarrollo de las renovables al que aspira el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha firmado varias órdenes ejecutivas en ese sentido nada más aterrizar en la Casa Blanca, se ha respondido desde la Comisión Europea y algunos países de la UE con una defensa de estas tecnologías más allá de razones ideológicas y medioambientales. “La energía limpia es la respuesta a medio plazo, porque es barata, genera buenos empleos locales y refuerza nuestra independencia energética”, razonó el martes la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, desde el Foro de Davos. Un informe elaborado por Ember, un grupo de expertos en energía y clima, sobre el sector eléctrico de la UE apunta en esa misma dirección: las renovables, que han superado ya al carbón y el gas en la generación eléctrica en los 27, están ahorrando miles de millones en importaciones a los europeos, además de reducir las emisiones de efecto invernadero, causantes del cambio climático. “La UE está cosechando los beneficios de la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles”, apunta el informe, que cifra ese ahorro en 59.000 millones de euros. Esa cantidad se corresponde con el valor del gas y el carbón que la UE tendría que haber importado desde 2019 si no se hubiera ampliado la capacidad de generación eólica y, sobre todo, solar.

La insaciable sed energética de la inteligencia artificial (IA) sigue poniendo a prueba las infraestructuras mundiales. El Departamento de Energía de EE UU publicó en diciembre un informe con previsiones que dejan cortas las anteriores estimaciones: el consumo de los centros de datos, las instalaciones repletas de procesadores en las que se entrenan los modelos, se alojan los datos y se ejecutan los cálculos que hacen posible las herramientas de IA, se ha triplicado durante la última década y se volverá a triplicar hasta 2028. Según sus proyecciones, la cantidad de electricidad que necesitarán será de como mínimo 325 teravatios hora (TWh), es decir, más de la que consumen en un año países enteros como España (246 TWh), Reino Unido (287 TWh) o Italia (298 TWh). Asumiendo que se use como promedio el 50% de la capacidad de esos centros de datos, el informe del Departamento de Energía, elaborado para el Gobierno por el Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), especifica que EE UU necesitará una potencia instalada de entre 74 y 132 GW para alimentar estas infraestructuras claves para la digitalización y la IA en 2028, más de la que genera un país entero como España (125,6 GW a 2023). Así, EE UU pasará a dedicar entre el 6,7% y 12% de toda la electricidad consumida a esta creciente industria.Estas previsiones podrían quedarse cortas tras el anuncio esta misma semana por parte del presidente de EE UU, Donald Trump, de inversiones por valor de 500.000 millones de dólares (unos 480.000 millones de euros) en cuatro años para impulsar la IA. 

Una de las primeras acciones de Donald Trump al frente del Gobierno de EEUU será acelerar la inversión privada de 500.000 millones de dólares para crear herramientas de inteligencia artificial más avanzadas y complejas. En un anuncio desde la Casa Blanca junto a Sam Altman, presidente de OpenAI, Masayoshi Son, CEO de Softbank, y Larry Ellison, fundador de Oracle, Trump anunció ayer el proyecto Stargate, que permitirá crear “la mayor infraestructura de inteligencia artificial de la historia”. OpenAI, Softbank y Oracle crearán una joint venture bajo este mismo nombre que será la encargada de ejecutar numerosos proyectos de infraestructura relacionados con la IA. Arrancará con una inversión inicial de 100.000 millones de dólares que irá creciendo para completar el importe anunciado. Empresas como MGX, Microsoft, Nvidia y Arm también participarán. Uno de los primeros pasos de Stargate será el desarrollo de un centro de datos y computación de gran escala en el estado de Texas, que administrará Oracle. Hasta ahora, OpenAI dependía de los data center de Microsoft para entrenar y ejecutar los modelos de lenguaje que hacen posible herramientas como ChatGPT. Microsoft es el mayor inversor de OpenAI y funcionaba también como proveedor exclusivo de sus servicios de computación, aunque una modificación en las cláusulas de su contrato permitirá ahora a ChatGPT buscar proveedores alternativos. Stargate pasa por construir 20 centros similares más en todo el país y, aunque será una organización privada, necesitará del Gobierno de Trump para llevarse a cabo. 

Terminaron los actos de toma de posesión del nuevo presidente, decenas de miles de trumpistas regresaron a sus Estados de origen, los rickshaws turísticos llegados de Nueva York para hacer su agosto en el gélido enero se volvieron a Central Park, y empezaron las primeras disensiones en el seno de la nueva Administración. La pareja más temida por los funcionarios federales de Washington, formada por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y Vivek Ramaswamy, joven milmillonario que hizo su fortuna en el negocio de la biotecnología, ha roto antes de ponerse a la tarea que les había encomendado el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump: dirigir al alimón un recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE son sus siglas en inglés). Ramaswamy se baja del tren de los recortes en la Administración, y Musk ve crecer aún más con esa renuncia su poder e influencia en la Casa Blanca, pocas semanas después de que una bronca en las redes sociales por los visados H-1B de los que las empresas tecnológicas se sirven para reclutar empleados extranjeros altamente cualificados desembocara en algo así como una guerra civil en el trumpismo. La discusión derivó en un enfrentamiento abierto de tintes racistas con Steve Bannon, ideólogo del nacionalpopulismo y el hombre que hace no tanto susurraba al oído de Trump.

El tsunami de decretos, proclamas, memorándums y otras acciones ejecutivas firmadas el lunes por Donald Trump tras su investidura han cambiado la vida de miles de estadounidenses que votaron por él, a menudo en contra de sus propios intereses. Es el caso de los 1.000 miembros de las fuerzas armadas que ayer recibieron orden de desplegarse en la frontera sur. Fuentes del Departamento de Defensa, citadas por distintos medios, advirtieron de que se trata solo de la primera de «varias oleadas de destacamentos» que serán desplegados en la frontera con México para reforzar la seguridad, de acuerdo con las órdenes del nuevo presidente. Se unirán a los 2.500 efectivos militares en activo que se encuentran en la zona y a los 4.500 miembros de la Guardia Nacional que patrullan en Texas. Oficialmente no hay una misión concreta para ellos, pero dado que el mandatario ha declarado una «emergencia nacional» en la frontera y designado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, dispone ahora de poderes extraordinarios que podrían cambiar la función de estas tropas. Hasta este momento, los efectivos han apoyado a las patrullas fronterizas en tareas logísticas, de transporte y de construcción de barreras. La orden ejecutiva de Trump insta al Departamento de Defensa a «cerrar la frontera» y «rechazar la inmigración masiva ilegal». Los inmigrantes que esperaban solicitar asilo, e incluso aquellos que tenían cita para presentar su caso, vieron desaparecer la aplicación de sus teléfonos a los veinte minutos de que Trump tomase el poder. Hasta los que ya habían sido aprobados y se encontraban en tránsito a Estados Unidos se quedaron congelados en el limbo, al haber decretado el comandante en jefe que su país pone en pausa la entrada de cualquier refugiado hasta que se revisen los casos.