20250201

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

«Puedo confirmar que la fecha límite del 1 de febrero, que el presidente Trump estableció con una declaración hace varias semanas, continúa». Con esta frase, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció ayer el presumible armagedón económico que puede sacudir la mitad norte del continente americano bajo el mandato del líder republicano: la aplicación de aranceles de un 25% a los bienes procedentes de Canadá y México, y de un 10% a las mercancías chinas. Dado que son los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, la medida afectará al menos a un tercio de todos los productos y servicios que se importan a este país. Y todo parece indicar que el castigo no se quedará ahí. Trump amenazó anoche con extender la misma medida a la UE. «¿Voy a imponer aranceles a la Unión Europea? ¿Quieren una respuesta sincera o les doy una respuesta política? Por supuesto. La Unión Europea nos ha tratado terriblemente», declaró a los periodistas en la Oficina Oval. Tampoco se libró de sus diatribas Venezuela al asegurar que no permitirá la compra de petróleo como su antecesor, que levantó un serie de sanciones. «Biden fue y compraron millones de barriles de petróleo. No voy a permitir que vuelva a pasar algo así de estúpido», afirmó el magnate. La Casa Blanca parece haber encontrado en la política de gravámenes una poderosa herramienta para conseguir sus propósitos en el ámbito internacional. Heredera de la guerra comercial de su primer mandato, la propuesta de Trump es, sobre todo, un ejemplo de la presión que quiere ejercer sobre sus vecinos para que detengan el paso de migrantes, acepten a los deportados y corten el tráfico de fentanilo. A China le exige acabar con el narcotráfico de las mafias orientales hacia EE UU. Hace solo unos días la estrategia de la imposición le funcionó con el presidente de Colombia y ahora parece que quiere repetir la jugada.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dejado claro este viernes que "el futuro de la planta de Mercedes Benz en Vitoria está asegurado" y que la decisión de la empresa de amortizar empleos eventuales es una medida "puntual" para hacer frente al actual "momento de incertidumbre" económica. Así se ha expresado González en declaraciones a los medios de comunicación en Salinas de Añana, donde ha presentado el programa para la mejora farmacéutica de la población rural de Álava. El próximo mes de marzo Mercedes, la mayor fábrica de Euskadi con cerca de 5.000 empleados, reducirá los turnos de trabajo de tres a dos debido a la caída de la producción por lo que a partir de febrero dejará de renovar los contratos a alrededor de 180 trabajadores eventuales, según explicó a EFE el presidente del comité, Igor Guevara (ELA). El diputado general ha recibido esta noticia con "absoluta tranquilidad" porque tanto la dirección de la planta de Vitoria como la sede central de Alemania "siguen con el desarrollo del plan de inversiones", que prevé destinar 1.000 millones de euros para adaptar la fábrica alavesa a la fabricación de furgonetas eléctricas. "El futuro de la planta de Vitoria está asegurado", ha recalcado González, que ha considerado que la no renovación de contratos temporales forman parte de "decisiones puntuales" para hacer frente a un "momento de incertidumbre y a esa dificultad para llegar a los objetivos de venta".

Mientras el horno de Guardian se sigue enfriando, tres mil personas se manifestaron ayer por las calles de Llodio para mostrar su indignación y desconsuelo por esta decisión y una crisis industrial que en los últimos años se ha llevado por el camino a empresas de referencia como Aceros de Llodio, Lipmesa, Vicalde o Glavista. Los 171 trabajadores de Guardian ven su futuro en peligro y observan con escepticismo la búsqueda de un inversor por parte de las instituciones, pero sus reivindicaciones recibieron ayer el respaldo de representes de colectivos sociales, culturales, deportivos, políticos y sobre todo vecinos anónimos que conformaron la manifestación más multitudinaria que se recuerda en el Valle de Ayala.«La empresa nos ha reconocido que la avería del horno es una excusa. No tienen interés en la planta de Llodio y por lo tanto, la cierran», indicaron los sindicalistas. Explicaron que «el horno se ha parado cómo y cuándo ha querido Guardian», aunque aseguraron que «ninguno de los trabajadores y trabajadoras de aquí ha participado» en la operación. Sus críticas se dirigieron también al Gobierno vasco, Osalan y el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi porque «nos han dado la espalda», pese a «activar todos los mecanismos posibles para paralizar el enfriamiento del horno y acudir a todas las instancias posibles, instituciones y organismos públicos». Respecto a las negociaciones que se están manteniendo con posibles inversores «ni la plantilla ni el comité tienen conocimiento alguno». 

Trabajadores de Sidenor en Azkoitia se concentraron ayer, llamados por ELA y LAB, en protesta por el ERTE. La dirección replicó que quiere «un acuerdo» y que las exigencias ponen en «riesgo» el futuro de la planta.

El tráfico del Puerto de Bilbao creció un 5% en 2024, un porcentaje que representa casi el doble de lo que ha subido la media española (2,7%), y que le supone haber rozado los 34,6 millones de toneladas. Lo hace gracias al buen comportamiento de los graneles líquidos –los combustibles de Petronor y el transporte de gas– que aumentaron un 5,6% hasta los 21,5 millones de toneladas. Sin embargo, los datos evidencian una caída contundente en el movimiento de contenedores fruto de la ralentización de la industria vasca, que se refleja en sus exportaciones e importaciones, pero también en la competencia cercana. Los 5,1 millones de toneladas transportadas de esta forma en Bilbao suponen una caída anual del 2,4% frente al 8% que crece en toda España, y contrasta con el salto reflejado por el puerto de Santander, inmerso en una ampliación de su terminal de contenedores. El complejo vecino pegó un salto el año pasado y más que dobló –subió un 137%– las cargas así transportadas, hasta 1,36 millones de toneladas. Precisamente ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, ofreció una visión sobre la situación del puerto en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Bilbao en la que analizó los tráficos del año pasado, como el 10,1% que han aumentado los graneles sólidos o la subida en la llegada de cruceros, que alcanzaron los 81 (un 1,13% más), y que confía en que este año se superen. Barkala abordó los retos que tiene por delante el puerto como que en la actualidad «hay más demandas de espacios sobre la mesa que superficie». Actualmente el 86,2% del terreno concesionable está en uso –4 millones de metros cuadrados–, a falta de que se desarrollen los 300.000 metros cuadrados de la segunda fase del espigón central. «Es bueno que el conjunto de los espacios tengan rentabilidad, pero están viniendo nuevos proyectos importantes para el país que nos van a hacer tener que gestionar el conjunto de lo que tenemos», reflexionó.

Mientras se prevé que la ‘Y vasca’ esté lista para 2028, la conexión del tren de alta velocidad (TAV) con la meseta aún da sus primeros pasos. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, anunció ayer que antes de que empiece el mes de abril se licitará el tramo entre Pancorbo y Ameyugo que, eso sí, se considera «el más complejo» del proyecto, un punto «clave» para que la conexión con Madrid llegue «lo más rápido posible». Pero no será sencillo. Se necesitará un largo y laborioso proceso constructivo, pues el TAV atravesará los Montes Obarenes a través del desfiladero de Pancorbo. Lo agreste del entorno natural no sólo complica la llegada de maquinaria y la perforación, sino que a poca distancia pasan la vía convencional del tren y la A-1, que se mantendrán abiertos durante la ejecución de estos trabajos. El enlace tendrá 8,4 kilómetros de recorrido, pero en su mayoría se ejecutarán en un túnel. Habrá uno de 3,9 kilómetros y otros dos de 550 metros. También será necesario construir dos viaductos. Adif cree que este tramo requerirá una inversión de 175 millones de euros. A partir de ahí habrá que sumar los otros cuatro tramos que «ya están proyectados» y que, según Santano, se van a ir sacando a concurso a lo largo de este año. Ahí se incluirá la conexión de Manzanos (Ribera Baja) a Iruña de Oca. Está previsto que cueste 157,8 millones de euros y tendrá una longitud de 13,7 kilómetros. La obra incluirá varios túneles y hasta seis viaductos, uno de 2,2 kilómetros por encima del río Zadorra. Se trata del extremo norte del nuevo recorrido, el que conectará con el acceso a Vitoria. Si se cumplen los plazos, algunas de las obras comenzarán durante el presente año. En cualquier caso, el enlace con la meseta seguirá sin llegar a tiempo para cuando el TAV eche a rodar alrededor de 2028.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó ayer la estimación del PIB de las comunidades para el cuarto trimestre de 2024, en la que indica que Baleares, Murcia y País Vasco son las regiones que más han crecido en tasas interanuales, por encima de la media nacional del 3,5%. El mayor crecimiento del PIB lo registra Baleares (4,2%), seguida de Murcia (4,1%) y Euskadi (3,8%).

La irrupción de la Inteligencia Artificial china, a través de DeepSeek como alternativa a la estadounidense ChatGP, ha convulsionado al sector tecnológico mundial. Y si en Euskadi alguien puede analizar su repercusión es Laura Marrón, directora general del Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), organismo publico-privado dedicado al desarrollo de esta nueva tecnología en el País Vasco. "Se trata de un modelo especializado con un muy buen funcionamiento. En el ecosistema de Euskadi hay agentes que llevan desde finales de 2023 utilizando los primeros modelos creados por DeepSeek y nos trasladan opiniones muy positivas. Uno de los puntos clave, en este caso, quizás sea el modelo de licenciamiento. Estamos ante modelos de licencia libre, estas licencias abiertas generan un importante valor económico. En nuestro ecosistema cercano los diferentes agentes expertos llevan meses utilizando tanto estos, como los otros modelos abiertos...Su modelo de última inteligencia artificial creativa tiene un muy buen funcionamiento y además tiene como punto fuerte su modelo de licenciamiento. Y precisamente por estos puntos clave, diversos agentes del ecosistema de Euskadi ya lo están utilizando y aplicando. Las empresas vascas siempre han mostrado una gran capacidad para adoptar innovaciones que aporten valor. Si estos modelos más especializados pueden demostrar eficacia en problemas concretos, irán ganando terreno. Adoptar IA debe ser un movimiento estratégico, más allá del ahorro económico, asegurando que las soluciones estén alineadas con los valores éticos y sostenibles que el ecosistema vasco promueve...En Euskadi, la IA ya está transformando sectores como la fabricación avanzada, la energía y la salud. Más de un 12% de empresas de Euskadi declara que ya está aplicando la IA para la optimización de sus procesos o productos y servicios. Por ejemplo, aplicaciones de predicción y optimización están mejorando los procesos industriales, mientras que la visión artificial está ayudando a detectar fallos y aumentar la eficiencia. Además, tecnologías de IA generativa están empezando a usarse para personalizar servicios y productos. En el mercado laboral, la IA no solo está automatizando tareas repetitivas, sino también creando nuevos perfiles profesionales. Roles como el de data translator o ingenieros de IA están en auge. En Euskadi, ya contamos con más de 7.500 profesionales dedicados a la IA, y se prevé que esta cifra siga creciendo". 

«La concentración BBVASabadell no supone, a priori, un reforzamiento determinante de una posición dominante ni coloca a la entidad resultante en una posición de dominio en los distintos ámbitos espaciales analizados». Esta es la principal conclusión del informe elaborado por la Autoridad Vasca de la Competencia, dentro del proceso de análisis sobre el impacto de esta hipotética concentración en el mercado bancario. El informe forma parte de la denominada ‘Fase 2’ abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en torno a la opa presentada por BBVA sobre el Sabadell y cuya resolución se espera para antes de que finalice marzo. Es mera opinión y no tiene carácter vinculante para la CNMC. La visión de la Competencia vasca es diferente a la que han trasladado informes de los organismos similares de Cataluña y Valencia, que han advertido de altos índices de concentración del negocio en esas comunidades si BBVA y Sabadell acaban siendo un único banco. En el caso del País Vasco, sin embargo, ninguno de los segmentos analizados otorga a la entidad resultante una cuota de mercado superior al 40% –ni siquiera en Gipuzkoa, que es donde mayor concentración se produce–, que es el porcentaje que las autoridades europeas han establecido como umbral para analizar con sumo cuidado el impacto de cualquier operación de este tipo. A partir de ese porcentaje se estima que existe una «posición de poder».

La nueva Estación del Norte de San Sebastián recuperará el servicio por la calle del paseo de Francia el próximo lunes día 17. De esta manera, y aunque las obras todavía se prolongarán hasta finales de año, desde esa fecha los pasajeros de los trenes de Cercanías, media y larga distancia volverán a acceder a los vagones por donde se situaba la antigua terminal; es decir, por el lado del río Urumea, que se ha habilitado para recuperar el acceso por su costado tradicional, en lugar de junto a Tabakalera. Así ha sucedido durante más de dos años, desde que el 28 de noviembre de 2022 las obras de la nueva terminal obligasen a inutilizar el costado oeste de la infraestructura para concentrar los servicios ferroviarios en el lado de Egia mediante un apeadero provisional que no quedará en papel mojado. La superficie que ahora ocupa esa estación secundaria formará parte de la estación definitiva. En concreto, se integrará dentro del vestíbulo soterrado que tendrá la futura terminal y del nuevo paso inferior de Egia. El paso de las actuales vías provisionales que discurren junto a Tabakalera al lado del río Urumea y del nuevo edificio de la estación requerirá del corte de la circulación de trenes durante el fin de semana previo a su puesta en marcha. Concretamente, desde la última circulación del viernes 14 de febrero hasta la primera del lunes 17, cuando los viajeros ya vuelvan a acceder a los vagones por su costado tradicional. El servicio durante esos dos días será sustituido por transbordos en autobús.

«Vitoria necesita ya este Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que recoge cuestiones muy importantes para la ciudad. Hay una gran demanda de viviendas y tenemos que crear más; 35.000 familias dependen de Mercedes y había que consolidar su actividad; teníamos también que desclasificar 25 sectores para frenar el consumo de suelo; había que adaptarse a la Ley vasca de Suelo...». Así concluyó ayer la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, la exposición de motivos que hacen que sea urgente para la ciudad aprobar el documento que marcará su desarrollo durante los próximos diez años y que mejorará el anterior, de 2000, histórico por recoger las expansiones de Salburua y Zabalgana. Frente al planeamiento vigente, el nuevo, cuya aprobación provisional tendrá lugar el jueves y que a priori cuenta con el respaldo de Elkarrekin –ahora bien, la formación morada ha dicho que lo va a estudiar detenidamente antes de dar el sí definitivo– persigue «una ciudad más compacta, que cose su trama urbana y que impulsa la actividad económica sin sacrificar su espíritu sostenible». Así, los redactores del este documento estratégico calculan que, sin tocar ni un mojón, la ciudad aún tiene solares vacíos para levantar 21.148 nuevas viviendas en una decena de barrios, «casi el 75% de VPO o tasadas». De hecho, se desclasifican 25 sectores donde aún se contemplaba edificar, entre ellos el de la ampliación de Uleta o el Sector 17.

El sector inmobiliario español no ha parado de encarecerse en los últimos años. El mercado permaneció casi inmune a las subidas de tipos realizadas por el Banco Central Europeo (BCE), y el consecuente encarecimiento de la financiación. Así, durante 2022 y 2023 los precios aumentaron cada trimestre y como mínimo lo hicieron un 3,5%. Ahora, con el nuevo giro en la política fiscal del organismo dirigido por Christine Lagarde y las mejores condiciones hipotecarias, el mercado coge aún más ritmo. La vivienda se encareció un 8,3% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por Eurostat. Es decir, el precio aumentó el triple que en la media de la zona euro (2,6%) y más del doble que en el conjunto de la Unión Europea (3,8%). Tras estos datos se esconde un mapa europeo muy diverso. Por un lado, hay países con fuertes crecimientos del precio como Bulgaria (16,5%), Polonia (14,4%), Hungría (13,4%), Croacia (12,3%), Países Bajos (10,3%), Irlanda (9,9%), Portugal (9,8%), Lituania (8,9%) y España (8,3%). En el otro lado, aparecen estados en los que se registran caídas. Destacan, especialmente, las dos principales economías de la región, Alemania y Francia, donde los precios se redujeron un 3,5% y un 0,7%, respectivamente. A estos se suman también en negativo Finlandia (-2,8%) y Luxemburgo (–1,7%). Además, hay otros países en los que las alzas de los precios fueron moderadas, como Suecia (0,3%), Austria (0,7%), Suiza (1,7%), Chipre (2,7%), Bélgica (3,6%), Rumanía (3,9%) e Italia (3,9%). En estos momentos, hay una confluencia de factores que están fortaleciendo la demanda frente a una oferta menguante. “El volumen de viviendas disponibles para comprar ha caído un 17,6% desde 2020. Por lo que España ha llegado a un punto de inflexión en el que las tensiones entre oferta y demanda son casi irreconciliables”. Según el Banco de España, el déficit alcanza ya las 500.000 viviendas. Con estos mimbres, las previsiones apuntan que los precios seguirán aumentando en 2025. El consenso de expertos augura un incremento del 6,2% este año. 

Legazpi tiene la pensión media más alta de los municipios grandes de Gipuzkoa con 1.707 euros. Fuentes consultadas explican que la fuerza industrial sitúa las pensiones de Alto Urola y Goierri entre las más altas del Estado. En Legazpi se abonaron 2.447 prestaciones, por lo que si multiplicamos esa cantidad por la cuantía media el importe total de las pensiones en Legazpi asciende a 4,1 millones de euros –ver tabla adjunta–. Lógicamente, cuanto mayor sea el municipio, más abultado es ese número. San Sebastián lidera esa estadística con 51.675 pensiones a una media de 1.629 euros, lo que eleva la nómina total a 84,2 millones de euros –un 28,4% sobre el total–. Estableciendo una comparativa con varios de los municipios más relevantes de Gipuzkoa, la brecha respecto a la capital donostiarra es de 78 euros. Tras Legazpi, y manteniendo el criterio de las poblaciones más representativas del territorio, figura Beasain con 1.701 euros de media. La tercera plaza del podio la ostenta Lazkao con 1.660 euros. Zumaia y Zumarraga, con 1.654 y 1.643 euros, respectivamente, le pisan los talones a Lazkao. ¿Pero cuáles son las claves por las que Legazpi encabeza este ranking de pensiones mejor pagadas entre los municipios más poblados? Julen Bollain, profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea, con gran visión de la economía de Gipuzkoa, considera que la fuerte presencia de la industria en las comarcas de Alto Urola y Goierri está detrás de esa remuneración. Centrando el tiro en Legazpi, su posición se vincula «estrechamente» al impacto de una industria «fuerte y bien remunerada», conocida por su tejido industrial «consolidado», especialmente en sectores como el metal –su convenio cubre a unas 40.000 personas y se toma como referencia para muchos otros– y la automoción. Estas industrias suelen ofrecer empleos «de calidad» con salarios «elevados» y cotizaciones «altas», lo que se traduce en pensiones más altas al jubilarse, argumenta Bollaín.

El euríbor repuntó en enero por primera vez en nueve meses al situarse en el 2,525% frente al 2,46% de diciembre. Pero este aumento no parece indicar un cambio de tendencia a tenor del mensaje que envió este jueves el Banco Central Europeo (BCE), tras anunciar el quinto recorte de tipos en este ciclo y anticipar que los continuará bajando. Además los titulares de una hipoteca a tipo variable seguirán disfrutando de una importante rebaja en sus cuotas mensuales porque el indicador estaba en el 3,6% hace un año. Así, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés ligado al euríbor y un diferencial del 1% el ahorro será de unos 90 euros mensuales –casi 1.100 al año–, dado que su cuota descenderá desde los 843 a los 753 euros. Si la revisión es semestral también tendrán un recorte de en torno a 83 euros porque en julio el indicador hipotecario estaba en el 3,5%. La causa de que el euríbor haya repuntado se explica en gran medida por las dudas sobre cómo iban a influir en el BCE el repunte de la inflación y la llegada de Trump a la Casa Blanca. Pero en su comparecencia del jueves la presidenta del organismo, Christine Lagarde, dejó claro que sigue apostando por las rebajas de tipos ante la debilidad económica de las dos grandes economías del euro, Alemania y Francia. «No estamos en tipos neutrales, aunque estamos cerca. Seguimos en territorio restrictivo por lo que no hemos discutido cuándo dejar de reducir los tipos», apuntó.

“Nos hemos fijado como objetivo liderar la economía española y ser una región puntera en Europa en un horizonte de diez años, pero, si podemos, en cinco”, explicó ayer el president, rodeado de su equipo de Govern y delante de los principales actores económicos y sociales de la comunidad. Este plan, bautizado como Catalunya lidera, se articulará a través de un nuevo operador, también llamado Lidera, que se encargará exclusivamente de la ejecución de este paquete de inversiones. Contempla 200 actuaciones divididas en cinco ejes estratégicos: infraestructuras, modernización del tejido industrial, conocimiento e I+D, igualdad de oportunidades y mejora de la Administración. El plan dispondrá de 13.700 millones de euros a cargo de la propia Generalitat, ajenos a las negociaciones para la financiación singular, que Illa ayer evitó mencionar; y con 4.800 millones más en préstamos del Institut Català de Finances (ICF), la entidad financiera de la Administración catalana. Un tercio de las inversiones, alrededor de 6.500 millones de euros, se utilizarán para fortalecer las infraestructuras hídricas, energéticas, de movilidad y digitales de Cataluña. El dirigente socialista destacó el impulso del autoabastecimiento hídrico para hacer frente a la sequía, con una inversión de 2.000 millones de euros para que el 70% de la demanda de agua se satisfaga con nuevos recursos, independientes de la lluvia. Illa también aseguró que facilitarán la implementación de 12.000 megavatios (MW) de nueva potencia eléctrica a través de energías renovables, eólica y solar.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se rodeó ayer de altos cargos de las grandes empresas catalanas y españolas y de actores de primera línea de la sociedad civil. Mientras el socialista pronunciaba su discurso, entre el público del paraninfo de la Escola Industrial de Barcelona se encontraban el consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón; el recientemente nombrado presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, y el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. También dentro de las empresas del Ibex, asistieron al evento Maurici Lucena, presidente de Aena, quien había sido número dos del PSC en el Parlament de Cataluña; y el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya. Se personaron, además, ejecutivos de históricas compañías catalanas como Joan Molins, presidente de la cementera Molins; Josep María Pujol, primer ejecutivo de Ficosa; Josep Mateu, presidente del Racc; y Oriol Guixà, de La Farga y la asociación Femcat. Dentro de la sociedad civil, acudieron a la conferencia los líderes de las principales organizaciones empresariales: el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el máximo dirigente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu; el presidente del Círculo de Economía, Jaume Guardiola; el presidente de la Cecot, Xavier Panés; el de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona. Del mundo académico destacan Xavier Vives, catedrático de IESE, y Andreu Mas-Colell, vicepresidente del Barcelona Institute of Science and Technology y exconseller de Economía. Las primeras reacciones económicas y políticas no se hicieron esperar. Sánchez Llibre dijo en declaraciones a la prensa, una vez finalizado el discurso, que las propuestas de Illa van “en la misma dirección” del planteamiento de Foment, mientras que la Cámara de Barcelona fue un paso más allá y reclamó en un comunicado más concreción “sobre las acciones a las que se destinarán estas inversiones y el compromiso real de ejecutarlas”.

Los buenos datos de empleo, con la creación de casi medio millón de nuevos puestos en 2023, han llevado a la oposición a cuestionar si la elevada ganancia de ocupados no esconde un empeoramiento de la calidad del empleo. Esto se plantea sobre todo desde el punto de vista del tiempo de trabajo. Y de hecho, aunque la mayoría de los nuevos trabajadores del pasado año tuvieron contratos a jornada completa (el 62%), es cierto que aquellos que encontraron un empleo parcial crecieron más del triple que los primeros. Pero el detalle la Encuesta de Población Activa (EPA) –la que se usa oficialmente en la UE para evaluar la marcha del mercado laboral– añade nuevas capas al análisis. Y una muy sustancial es la de cuántos trabajadores tienen un contrato a media jornada porque así lo desean y cuántos, por el contrario, lo hacen porque no encuentran otro con más horas. Esta situación es lo que se denomina tiempo parcial involuntario y afectaba a 1,36 millones de ocupados a finales de año. Es decir, el 6,2% del total de empleados, lo que supone el nivel más bajo en 15 años. Habría que remontarse a 2009, en los primeros años tras el estallido de la crisis financiera, para encontrar un peso inferior de este colectivo. 

La red de puntos de recarga de acceso público en España para vehículos eléctricos creció notablemente en 2024, pero los principales operadores denuncian importantes cuellos de botella para su instalación. Dependiendo de la empresa a la que se le pregunte, los plazos desde que se pone en marcha un proyecto hasta que el punto de recarga está listo para dar servicio a los clientes pueden oscilar entre los 10 meses y hasta un máximo de 36, es decir, tres años, en el caso de los ultrarrápidos, según Iberdrola BP Pulse, compañía que cuenta con 855 puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos por toda España (1.003 si se incluye a Portugal). “De este plazo, solo unas seis semanas corresponden a la fase de instalación propiamente dicha, mientras que el resto se debe a los numerosos procedimientos administrativos, que ralentizan significativamente su implementación. Estos plazos son especialmente notorios en las estaciones de carga rápida y ultrarrápida donde se requiere mayor participación de administraciones y compañías distribuidoras de electricidad que alargan el proceso”, explica Pablo Pirles, director de Iberdrola BP Pulse, la joint venture que centraliza casi toda la carga rápida y ultrarrápida de Iberdrola, que en total cuenta con 8.480 puntos por todo el territorio nacional. Dependiendo de la patronal de la que se obtengan los datos (no hay una cifra oficial), la red de recarga pública en España oscilaba al cierre de 2024 entre los 38.725 puntos (datos de Anfac, la patronal nacional de fabricantes de coches) y los 40.438 (Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), lo que supone un incremento de entre un 32% y un 33% respecto a 2023. Una mejora que el sector considera suficiente para el parque automovilístico eléctrico actual, pero que podría ser sensiblemente mayor, por encima de los 50.000 puntos, si entraran en funcionamiento los 11.446 cargadores no operativos que cifra Anfac que hay en España.

Mercadona ha anunciado una subida del 13,7% en la tarifa de sus pedidos online. Hacer la compra por Internet en la cadena costará 8,20 euros, en lugar de los 7,21 euros que venía cobrando. El cargo será el mismo independientemente del coste del pedido. Según un correo electrónico enviado a sus clientes, el aumento en el coste de su servicio online será efectivo en los pedidos que se entreguen a partir del próximo 11 de febrero. La cadena que preside Juan Roig justifica este encarecimiento en el email que está enviando a sus clientes con las siguientes palabras: “Realizamos este incremento ya que llevamos 25 años sin subir la tarifa pese al aumento del coste de la vida y la inflación”. Y concluye su escueto comunicado señalando que “esperamos que sigas confiando en nuestro servicio para realizar tus compras online”. Mercadona sitúa así su tarifa en el nivel más alto comparado con otros supermercados en España, ya que ninguna otra cadena supera los ocho euros por envío. Por ejemplo, El Corte Inglés carga con entre seis y ocho euros cada envío, dependiendo de las zonas de España. Pero la entrega es gratuita si supera los 130 euros, o los 110 euros si se paga con la tarjeta de El Corte Inglés. Por su parte, la cadena de supermercados Dia aplica un cargo de 4,99 euros por pedido cuando la cesta de la compra es inferior a 100 euros. Por encima de ese nivel, la entrega es gratuita.

Indra se hace con la pieza que llevaba codiciando desde hace meses. La empresa tecnológica y de Defensa ha alcanzado un acuerdo con Redeia para comprar el 89,68% que esta empresa controla en Hispasat, operador y proveedor de servicios por satélite, por 725 millones de euros, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo dirigido por José Vicente de los Mozos indicó que ha asegurado financiación por 700 millones de euros para abordar la operación. Los otros 25 millones se cubrirán con caja de la empresa. “La operación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, de carácter esencialmente regulatorio, tanto en España como en otras jurisdicciones; a la aprobación por la junta general de accionistas de Indra; así como a la ejecución de determinados acuerdos para que Indra consolide contablemente Hisdesat Servicios Estratégicos, operador de servicios gubernamentales por satélite en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores”, indicó Indra en su comunicado.

La carrera armamentista a la que se quiere sumar Europa necesita dinero. Mucho. Y para eso hay que echar mano de todos los recursos y herramientas al alcance. Una de ellas es el Banco Europeo de Inversiones (BEI), al que 19 países de la UE, entre ellos, España, Alemania, Italia y Francia, enviaron el jueves una carta para que “ajuste su política crediticia para aumentar el volumen de financiación disponible en el campo de la Seguridad y la Defensa”. La misiva, firmada por los primeros ministros de estos Estados, se ha conocido apenas tres días antes de la cumbre que se celebrará el próximo lunes, en la que se abordará un solo tema: la defensa europea. Desde que Nadia Calviño llegó a la presidencia del BEI, hace ahora un año, se le ha reclamado que la entidad que dirige preste más dinero para proyectos de seguridad y defensa. Y lo ha hecho. En un solo año ha duplicado las inversiones en este campo al pasar de 500 millones de euros a 1.000 millones en 2024. También modificó sus criterios para facilitar la concesión de préstamos a este tipo de actividades. Y el jueves de esta semana, en la presentación de los resultados del banco del año pasado, la española anunció que ha vuelto a duplicar el objetivo de créditos para defensa en 2025, hasta alcanzar los 2.000 millones. Pero todo esto no es suficiente para la mayoría de líderes de la UE. En la carta enviada, los 19 Estados exigen al BEI que “reevalúe la lista de actividades excluidas” en su política crediticia, que destine más líneas de crédito a los proyectos de defensa y que estudie la “posibilidad de que el BEI emita deuda específica y reservada para financiar proyectos de seguridad y defensa”.

Cada mes de marzo, miles de delegados del Partido Comunista Chino (PCCh) celebran una gran reunión anual para validar las reformas ya aprobadas de antemano por la cúpula del partido. Paralelo a este encuentro tiene lugar la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el principal órgano asesor. Por aquí solía desfilar la élite de multimillonarios de las grandes tecnológicas, como Jack Ma, presidente ejecutivo de Alibaba Group, y su principal competidor, Pony Ma, de Tencent, o Robin Li, director de Baidu, el Google chino. Pero hace varios años que estos nombres ya no participan en este cónclave; sus asientos ahora los han ocupado ejecutivos e ingenieros más jóvenes de dos industrias claves para el futuro de la segunda potencia mundial: los semiconductores y la inteligencia artificial. Ambos son campos prioritarios para alcanzar la ansiada autosuficiencia tecnológica en medio de las guerras comerciales con EEUU, que lleva años intentando asfixiar el desarrollo tecnológico de su gran rival con numerosos controles a las exportaciones de los chips más avanzados y restricciones para la cooperación en IA o computación cuántica entre empresas estadounidenses y chinas. Además de abrir las puertas del club de asesores a los eruditos de la IA, el politburó del PCCh incluye por primera vez a a cinco científicos que tuvieron exitosas carreras en distintos sectores –desde el aeroespacial a la energía nuclear– antes de ir ascendiendo en puestos políticos. En el contexto de la pelea creciente por la supremacía tecnológica global, el presidente Xi Jinping reitera que China debe fortalecer su capacidad de innovación, controlar las tecnologías críticas y que sus cadenas de suministro no sean vulnerables a las sanciones estadounidenses.

El 10 de febrero termina el plazo que tenían los 195 países miembros del Acuerdo de París para presentar ante Naciones Unidas sus nuevos planes climáticos de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero, las denominadas “contribuciones determinadas a nivel nacional”, más conocidas en las negociaciones internacionales sobre calentamiento global por sus siglas en inglés: NDC. Pero a falta de 10 días para que termine el plazo, solo siete gobiernos han enviado esos programas a la ONU. Y uno de ellos, Estados Unidos, es como si no lo hubiera hecho, porque fue la anterior Administración la que envió su NDC en diciembre, en el tiempo de descuento antes de que Donald Trump volviera a la Casa Blanca el 20 de enero. No es solo que Trump reniegue de ese plan de Biden, sino que ha ordenado que su país se retire del Acuerdo de París. El lunes, según confirman fuentes de la ONU, llegó el escrito con la retirada oficial del tratado del Gobierno estadounidense, una salida que se hará efectiva dentro de un año. Todos los países adheridos al Acuerdo de París —el gran tratado contra el cambio climático que este año cumple una década— están obligados a presentar esas NDC, donde se detallan las medidas que tomarán y los objetivos nacionales que se autoimponen para contribuir a una meta común: que el calentamiento global no supere los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales y, en la medida de lo posible, los 1,5. La primera tanda de NDC se centraba en el periodo 2020-2030. Esta segunda se focaliza en la década de 2025 a 2035.