20250206

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Este último año ha sido especialmente malo para la industria vasca. Así lo constatan los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que muestran que la actividad industrial en Euskadi se contrajo un 0,9% durante 2024. Se trata de la primera caída anual desde el año 2013 (exceptuando el 2020 por la pandemia). De esta forma, la producción industrial vasca no ha podido salvar el ejercicio a pesar de que este diciembre aumentó un 1,3% en relación a noviembre y un 0,3% respecto al mismo mes del año anterior. Uno de los principales motivos por los que no ha podido evitar la recesión es el debilitamiento de las piedras angulares de la economía europea como son Alemania y Francia. La caída de la demanda de ambos países ha repercutido de forma muy negativa a la producción. La evolución negativa se debe especialmente al comportamiento de los bienes de consumo duradero –muebles y electrodomésticos– y al de los bienes de equipo –fabricación de vehículos–, con descensos acumulados en el conjunto del año del 3% y del 1,1%, respectivamente. En los bienes intermedios –metalurgia–, la producción acumulada a lo largo del año 2024 fue un 0,5% inferior que en el año anterior. La producción en la energía, en cambio, registró un crecimiento del 0,8%. Los tres territorios vascos terminaron el año con un saldo negativo, pero fue Álava la más castigada. Su actividad industrial se contrajo en 2,5%, mientras que en Bizkaia el descenso fue de un 0,5% y en Gipuzkoa del 0,4%. El frenazo de la automoción, sector que tiene un peso muy importante en la producción industrial alavesa, explica en gran medida su peor comportamiento.

La producción industrial guipuzcoana comienza a mostrar síntomas de debilitamiento, lastrada por la crisis europea, y cierra 2024 con la primera caída en una década. La actividad de las fábricas desciende en el acumulado del año un 0,4%. Las fábricas guipuzcoanas y vascas se resienten ya de la debilidad de los mercados europeos, sobre todo de Francia y Alemania, los principales destinos de nuestras exportaciones, como lo demuestra el hecho de que la actividad industrial cerrara 2024 con la primera caída en una década, salvo la registrada en 2020, cuando estalló la pandemia y hundió la economía mundial. La producción industrial bajó de hecho en Gipuzkoa un 0,4% en el acumulado del año comparado con 2023. El anterior dato negativo se remonta a 2020 cuando en el inicio del covid la actividad de nuestras fábricas se redujo un 10,7% –un 13,4% en Euskadi– y más atrás a 2013, cuando se contrajo un 2,7%. Entonces también menos que en el conjunto de la CAV, donde fue del 3,4%. Un descenso en 2024 que es en este caso el más moderado de los tres territorios vascos, ya que en Bizkaia bajó un 0,5% y en Araba fue mucho más acentuado, con un retroceso del 2,5%. Unos registros que llevan al conjunto de Euskadi a una caída del 0,9%, según los datos aportados por el Servicio Vasco de Estadística, Eustat.

La entrada de la Fundación BBK con 45 millones como un socio financiero más refuerza la vía vasca para hacerse con la compañía y en la que participan Sidenor y Gobierno vasco, con 45 millones cada uno, y la Fundación Vital que aporta 20. Ahora falta conocer las ofertas de la polaca Pesa y de la india Jupiter. El empresario José Antonio Jainaga ha decidido mejorar su oferta económica para intentar hacerse con el control del fabricante ferroviario Talgo y adquirir hasta el 29,9% de las acciones de la compañía, en estos momentos en manos de un consorcio de accionistas, Pegasus, que lidera el fondo británico Trilantic. Sidenor ha elevado su oferta en una propuesta que de momento ha sido catalogada como «no vinculante» y por lo tanto sometida a revisión y que los vendedores de las acciones recibieron ayer, según fuentes próximas a la operación. Como ya es conocido este grupo compite con la compañía polaca Pesa –propiedad del Gobierno de ese país– y la india Jupiter Wagons en este proceso, aunque estas dos últimas sociedades no han presentado ofertas todavía, ni han aclarado si estarían dispuestas a comprar una parte del capital social o a lanzar una opa por la totalidad de las acciones de Talgo. El fondo Trilantic, que en las negociaciones está representado por la firma PwC, ha dado de plazo hasta el día 14 de este mes para que los interesados en adquirir sus acciones puedan presentarle una oferta o bien lanzar una opa que apelaría a todos los accionistas. 

La entrada de BBK en la oferta vasca puede tener un amplio recorrido. No hay que olvidar que Talgo tienen importantes problemas industriales –escasa capacidad de fabricación para una cartera de pedidos abultada– y que BBK tiene una posición destacada en otro fabricante vasco de material ferroviario: CAF. La fundación bancaria tiene reconocida por la CNMV un control sobre el 13,2% de las acciones de CAF, porcentaje del que posee el 3% de forma directa y el resto por vía indirecta a través de Kutxabank, banco del que a su vez es accionista mayoritario.

Una semana después del apagado del horno, la operación para que Guardian venda sus terrenos de Llodio da sus primeros pasos. Según informó ayer la diputada foral de Desarrollo Económico, Saray Zárate, la multinacional americana se ha abierto a negociar con los potenciales inversores que acompañan a las instituciones en la carrera por hacerse con la factoría del valle de Ayala. La empresa lo trasladó así a las instituciones el pasado lunes tras una nueva cita para profundizar en las conversaciones abiertas con la multinacional antes de que el horno empezase su enfriamiento. «Hubo otra nueva reunión con Guardian en la que confirmó que se mantienen abiertos al contacto con los posibles inversores. Esto nuevamente nos permite seguir trabajando con ellos, porque es fundamental que Guardian se abra a esta operación», concretó la titular alavesa de Desarrollo Económico. En otro encuentro entre las instituciones y el comité, los representantes de Industria, la Diputación y la SPRI trasladaron a la parte social estas «novedades» en torno a esa búsqueda de empresarios. Inicialmente, la multinacional ya se había mostrado dispuesta, según portavoces de Industria, a unos contactos con el Gobierno vasco como mediador entre los promotores y la compañía. Este giro, sin embargo, permitiría ya empezar a hablar de condiciones concretas, de cifras para sellar un pacto que permita la adquisición. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a este mismo mes como el periodo en el que deberían producirse esas primeras citas entre inversores y Guardian. 

La empresa de bienes de equipo Lointek ha comprado las instalaciones de su vecina Mecaner en Urduliz tras su cierre y baraja «diferentes oportunidades» de crecimiento para desarrollar en ellas. Así se lo ha explicado su consejero delegado, Javier Loroño. «Estamos analizando varias opciones pero la actual incertidumbre geopolítica no ayuda en la toma de decisiones», explica. La compañía, que tiene una plantilla superior a las 300 personas, de las que 120 son ingenieros, es líder mundial en los sistemas de generación de vapor para termosolares. Lointek se propone de esta manera dar una nueva vida a las instalaciones de la emblemática troquelería Mecaner, que cerró sus puertas el año pasado por decisión de su dueño, el fabricante de coches Stellantis, lo que supuso el despido de sus casi 150 trabajadores en el marco de un ERE. La plantilla había tratado de impulsar una solución para mantener la actividad con una reorientación del negocio hacia el ámbito ecosocial, pero, según denunció el martes la plataforma Mecaner Herriarentzat en el Parlamento vasco, la venta a Lointek cierra esta vía. La empresa creada en 1996 por los hermanos Loroño acumula una notable trayectoria de crecimiento y hace tiempo que se le quedaron pequeñas las instalaciones de Urduliz para las grandes calderas que fabrica. De hecho, ya en 2015 dio un importante salto con su implantación en el Puerto de Bilbao, que facilitaba además la exportación de sus voluminosas piezas. Ocupó entonces una superficie de 4.400 metros cuadrados y el año pasado solicitó una ampliación. Ahora, con la nuevas instalaciones de su vecina Mecaner, va a poder dar un empujón a su expansión.

«No se puede mirar hacia otro lado. El Gobierno Vasco va a apoyar para que las empresas puedan abrirse a nuevos mercados y productos». Así de contundente se mostró ayer el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, durante un desayuno informativo celebrado en Bilbao, en el que señaló que «el desarrollo de la industria armamentística y de la industria militar va a tener un desarrollo muy potente en los próximos años» y Euskadi posee «unas industrias, tanto en ingeniería como en fabricación, que trabajan mucho para ese tipo de ámbito». Torres enmarca la apuesta por la Defensa en clave de «seguridad» y muy focalizada en ámbitos de innovación y desarrollo recordó que ya existe una fuerte actividad industrial en Euskadi ligada a la actividades de defensa –ITP Aero, Sapa, Aernnova o Sener–, «y no tenemos que tenerle miedo. Gran parte de la industria tecnológica que está en Euskadi se ha decidido en muchos sectores estratégicos, en el ámbito militar, y otra cosa diferente son las posiciones ideológicas que podamos tener cada uno de nosotros en este ámbito».

La industria de defensa vive una gran oportunidad, tal como se desprende de los datos de la asociación española de empresas del sector, Tedae. La facturación en el último año de estas compañías ha crecido casi un 15% hasta alcanzar 19.000 millones de euros. Una tarta en la que Euskadi se encuentra muy bien posicionada con importantes empresas como ITP Aero, Sener, Aernnova o Sapa Placencia. La actividad en Euskadi da trabajo a 803 personas de modo directo e induce otros 920 empleos. La necesidad del Gobierno central de aumentar el presupuesto y las convocatorias del Fondo Europeo de Defensa (FED) aseguran una inyección importante de dinero. Desde la UE se gastarán 5.000 millones, que este año se han concretado en 1.154 correspondientes a la tercera convocatoria del FED. Estos incentivos están aumentando ya las ventas de las compañías vascas que tienen presencia en el sector. Su facturación ha crecido en más de 500 millones y supera un acumulado de 2.700.

El ex presidente de Renfe, Raül Blanco, da el salto al sector privado y se convertirá en directivo del grupo vasco de defensa Sapa, importante accionista de Indra. Así lo ha podido confirmar EL MUNDO de fuentes próximas a la empresa, pero la contratación no es aún firme al estar pendiente de autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Este departamento evalúa si existe incompatibilidad con el anterior puesto de Blanco en Renfe, pero no se esperan objeciones al carecer Sapa de contratos con el grupo ferroviario. En cuanto a la otra incompatibilidad que podría tener Blanco por haber sido secretario general del Ministerio de Industria, ya no está vigente. A los dos años caduca y éstos se cumplieron para Blanco el pasado diciembre. «El deseo de Raül Blanco es trabajar en Sapa, la primera compañía tecnológica en la industria de defensa y seguridad nacional. La empresa es la referencia mundial en tecnologías de movilidad tanto en EEUU como en Europa. El fichaje está siguiendo paso a paso el procedimiento. Todo va bien y simplemente se está pendiente del visto bueno de la Oficina de Conflicto de intereses que está a punto de llegar», afirman fuentes próximas a la compañía vasca. Blanco se incorporará al área de estrategia. El consejero delegado de Sapa es Jokin Aperribay, que es al tiempo presidente del club de fútbol Real Sociedad y consejero de Indra. Este grupo vasco de industria militar posee el 8% del capital de la empresa tecnológica de la que es primer accionista el Estado.

Por primera vez en muchos años todos los sindicatos vascos –ELA, LAB, CC OO y UGT– y la patronal Confebask se van sentar hoy en una mesa para dialogar. El motivo es la negociación de un salario mínimo interprofesional para Euskadi, acorde a su realidad socieconómica. Sin embargo, las posibilidades de que se alcance un acuerdo son remotas a tenor de las diferencias que hay entre los propios sindicatos, que si bien se han unido para exigir este foro de debate mantienen fuertes discrepancias no solo sobre la cuantía del SMI vasco sino sobre su ámbito de aplicación. La cita es en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) a las once de la mañana. Ante la petición unánime de los sindicatos, Confebask ya dijo que aceptaba sentarse en la mesa, sin querer ir más allá. Por su parte, el Gobierno vasco se ha comprometido a apoyar este diálogo bilateral con un estudio que ayude calcular un SMI para Euskadi, adjudicado a la consultora Ikertalde por 14.000 euros. «Acogemos con satisfacción y esperanza esta reunión y si se puede llegar a un acuerdo, lo aplaudiremos», dijo ayer el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ha dejado bien clara su apuesta por establecer el salario mínimo para Euskadi a través de la negociación colectiva y no por otras vías.

Varapalo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la nueva RGI. Los jueces han anulado el artículo que elevaba los requisitos vinculados a la vivienda para poder acceder a esta prestación. Lanbide, hasta el desarrollo de la nueva normativa, aprobada en 2022, tenía en cuenta el tiempo de empadronamiento en alguna localidad de Euskadi como condicionante para percibir esta ayuda. Desde 2024, cuando entró en vigor el decreto, además de estar inscritos en el padrón municipal, los solicitantes debían acreditar la residencia presentando, por ejemplo, un contrato de alquiler o un título de propiedad. Hace un año, Argilan-ESK, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Berri-Otxoak presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV al entender que esa modificación deja fuera de la RGI a «los sectores más precarizados y empobrecidos» al tiempo que les «criminaliza» al asumir que «todo el que vive sin contrato lo hace ilícitamente». La resolución, según han informado los colectivos impulsores de la demanda, deja sin efecto el artículo 2.2 del Decreto 173/2023, que recoge que «no tendrá la consideración de domicilio el uso sin título válido en derecho de un establecimiento de alojamiento, de una vivienda o de un alojamiento dotacional».

En 2024, un total de 5.254 empresas decidieron trasladar su domicilio social de una comunidad autónoma a otra, cifra similar a la del año anterior, pero solo 550 eligieron Cataluña como destino (el 10,4% del total), mientras que 921 (más del 17%) decidieron hacer las maletas y abandonar la región en busca de acomodo en otras autonomías, lo que arroja un saldo negativo de 371 compañías, según refleja el último informe sobre cambios de domicilio social de Informa D&B, publicado ayer. Madrid sigue ensanchando su músculo empresarial. El año pasado abandonaron la región 1.521 empresas, pero llegaron a ella 1.787 (el 34% del total de compañías que hicieron mudanza), lo que muestra un saldo neto positivo de 266, casi el cuádruple que en 2023, cuando el balance fue de 71 sociedades más. En el otro fiel de la balanza, siete CCAA registraron balances netos negativos. Tras Cataluña, las mayores pérdidas se registraron en Navarra y País Vasco, con saldos en rojo de 88 y 65 empresas, respectivamente. En los últimos años, ambas autonomías han visto acentuarse el goteo de fugas empresariales. 

Con estas palabras criticó ayer la diputada general de Gipuzkoa la posición de EH Bildu sobre la infraestructura ferroviaria. Los trabajos que se llevan a cabo sobre la ‘Y’ vasca y la apuesta de la Diputación Foral por la conexión con Navarra a través de Ezkio-Itsaso provocaron en el pleno de ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa uno de los últimos debates más encendidos entre Mendoza y la portavoz de la coalición soberanista en las JJ GG, Maddalen Iriarte. La líder del Ejecutivo foral respondió a las críticas por parte de la coalición soberanista que la Diputación guipuzcoana no tiene «ningún informe técnico propio» que apoye la conexión del TAV por Ezkio-Itsaso y no Vitoria. Recordó además que una de las propuestas estrella de Iriarte como candidata a lehendakari fue que iba a «parar» las obras de la ‘Y’ vasca. El debate surgió a raíz de una interpelación de EH Bildu a la diputada general para que explicara «en qué informe técnico se basa la Diputación Foral de Gipuzkoa para argumentar que la conexión con Navarra de la ‘Y’ vasca debe ser por Ezkio». Iriarte aseguró en su intervención que el proyecto del TAV «ha sido y es un despropósito» y pidió a la Diputación que asuma las responsabilidades que le corresponden con respecto a la estación de Ezkio. 

«Están hablando entre ellos», confiesa un alto cargo institucional del PNV, que revela que ambos candidatos a presidir el EBB negocian un acuerdo ‘in extremis’ que frene el desgaste del partido. «La afiliación no quiere choque», apuntan las mismas fuentes, a la vez que confirman que tanto Ortuzar como Esteban han visto cómo sube la presión interna para evitar un cuerpo a cuerpo en una segunda vuelta de consecuencias imprevisibles. «La afiliación no quiere choque». La frase, de un representante institucional de primera línea en el PNV, resume el sentir mayoritario de las bases y los cuadros dirigentes de la formación jeltzale, que ven con alarma y pasmo la posibilidad de que Andoni Ortuzar y Aitor Esteban protagonicen un cuerpo a cuerpo de imprevisibles consecuencias en la segunda vuelta del proceso interno para elegir al presidente del EBB. «Esperemos que prevalezca la sensatez», se conjura otro cargo del partido, convencido de que cuanto más tiempo pase sin tener noticias del actual líder y de su portavoz en Madrid, ambos avalados por las bases para encabezar la ejecutiva del PNV los próximos cuatro años, más posibilidades habrá de que ambos alcancen un acuerdo ‘in extremis’ que evite el choque. Y es exactamente ahí, en una negociación secreta tan opaca como incierta, donde el PNV se juega su futuro, el ser o no ser. 

Artículo de Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio en México. "...Para dimensionar la presencia vasca en la economía mexicana, podemos observar datos de la inversión de sus empresas en el país o el número de emigrantes que están cruzando el Atlántico a ese destino para trabajar: La cifra de capital invertido en México procedente de la empresa vasca asciende a 7.170 millones de euros desde 1993, especialmente en el sector financiero de manera lógica. Otras industrias destacadas son el comercio, la fabricación de material de transporte, la química y la metalurgia. (DataInvex Secretaría de Estado de Comercio) Unos 230 residentes en municipios de Euskadi emigran a México cada año, según el INE (2021-2023). Por la propia estructura económica de destino y el nivel de la inversión extranjera de origen la mayoría lo habrán hecho para trabajar en compañías vascas. Estos colectivos se estarán preguntando acerca del futuro de sus negocios y carreras profesionales. Las respuestas no pueden ser rotundas debido a la peculiaridad táctica del actor que anuncia las «sanciones» o la profundidad de las cuestiones que pone como moneda de cambio: narcotráfico e inmigración...Los sectores que más atentos tendrán que estar son los relacionados con la fabricación de vehículos y maquinaria. Es probable que haya una buena salida a este conato de disputa comercial por varios motivos. Entre ellos, las cadenas de producción de EE UU están ligadas a las de México, el país de las barras y estrellas necesita a su vecino para ser competitivo frente a otras economías y una manufactura especializada cruza la frontera hasta cinco veces en su proceso de producción. O para que la inflación no se dispare en toda la región por perder la competitividad del sur. Y, por último, llegará el momento del largo plazo, el más importante. Los mandatos de los gobiernos son limitados y las virtudes de México son más longevas que una táctica. Dispone de una sana macroeconomía, son 130 millones de personas con una edad media de 29 años y tiene un gran potencial en infraestructuras, energía o bancarización. Es un país abierto al comercio y la inversión, y posee recursos y gran fuerza laboral. Si la visión sobre una inversión en México es pensando en años, las oportunidades se darán porque lo tiene casi todo. La perspectiva del pasado mañana debe ser positiva. Por eso es esencial mantener la calma..."

El mundo empresarial muestra serias preocupaciones y dudas de la capacidad que tendrá el tejido productivo de poder absorber un coste estimado por CEOE de entre 21.000 millones y 24.000 millones de euros. Además, todos coinciden en que serán las pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados a cargo los que sufrirán más con el recorte de jornada, además de impactar más negativamente en ciertos sectores como el campo, la hostelería y el comercio. No obstante, ya que la medida entrará al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, desde las organizaciones empresariales señalan que existe aún una ventana abierta para modificar el texto y lograr ciertas modulaciones. Entre ellas, la incorporación de ayudas económicas suficientes para los negocios de menor tamaño, la posibilidad de ensanchar los plazos de adaptación de los convenios que de momento fija la ley antes del 31 de diciembre de 2025 o lograr ablandar el endurecimiento sobre el control horario y las sanciones asociadas en casos de incumplimiento. “Legítima y moderadamente, con nuestras opiniones, explicaremos a todos los grupos políticos, y digo a todos, cuál es nuestra posición. Y el Parlamento decidirá. Si nos atiende, pues nos parecerá razonable, y si no nos atiende, será un error”, señala ante los avatares del trámite parlamentario de la norma el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Aunque más allá del desarrollo en el Congreso y el resultado que pueda tener sobre el texto la negociación de enmiendas que para las que la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura no tener “líneas rojas”, parece claro que el resultado, sea cual sea, tendrá un impacto heterogéneo, y recaerá en mayor medida sobre las pymes. “Es una grave intervención del Gobierno en la organización de las empresas y la negociación colectiva, que tendrá consecuencias para las más pequeñas”, apunta el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, asegurando que la productividad de las pymes está en niveles de 2015 “y estas medidas hacen que no se pueda competir”.

El mapa autonómico va a ser clave. Yolanda Díaz tiene contundentes datos como ariete para elevar la presión tanto a Junts como al PP para que voten a favor de una medida que cuenta con una amplia aceptación social. No en vano, el 62% de los trabajadores que serían potenciales beneficiarios de la reducción a 37,5 horas se concentran en Cataluña y en tres de los grandes bastiones del PP: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Según la información que maneja el Ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada laboral sin recorte salarial beneficiará a 12.550.000 trabajadores en toda España. Pero el impacto será desigual por territorios, concentrando la mayor proporción de afectados en tres comunidades autónomas: Cataluña, Madrid y Andalucía. Entre las tres superan los 6,3 millones de trabajadores que verán reducida su jornada porque en estos momentos rebasa las 37 horas y media semanales. Sólo estas tres acaparan ya más del 50% del total. Y si se añaden los potenciales beneficiarios en la Comunidad Valenciana, el volumen conjunto roza los 7,8 millones y alcanza ese 62%. Los trabajadores de Cataluña serán, con diferencia, los más beneficiados. Son 2.218.000 en total. O dicho de otra manera: las empresas de la región serán las más afectadas. Por eso el empresariado catalán salió ayer en tromba contra la medida, alertando de que «afectará de manera desproporcionada a las pymes catalanas», que, «a diferencia de las grandes corporaciones», tienen «menos capacidad para absorber los costes adicionales», lo que «puede traducirse en una menor contratación, más dificultades para mantener la competitividad y, en algunos casos, la inviabilidad económica del negocio». Por ello, reclamaron al Gobierno «una revisión urgente de esta medida y el establecimiento de un diálogo real con los representantes de las pymes para encontrar soluciones viables».

Una batalla se cierra en el seno del Gobierno y otra se abre. Harán falta muchas dosis de «amor, síntesis y política» –la fórmula con la que, según la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se resolvió su pugna con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en torno al modo de implementar la jornada laboral de 37,5 horas semanales– para aplacar la tensión ya evidente entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la máxima exponente de Sumar por las cargas fiscales que debe asumir el nuevo Salario Mínimo Interprofesional pactado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La rapidez con la que Díaz se lanzó a defender, hace ya días, que quienes perciban esa retribución sigan sin pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) irritó desde el primer momento a la también número dos del PSOE. Y este miércoles, Montero no hizo ya el mínimo intento de disimular su malestar. Al revés. «Hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada», recriminó en una entrevista en Antena 3. Apenas unos minutos antes, la titular de Trabajo había respondido en Onda Cero con un rotundo «¡sin lugar a dudas!» a la pregunta de si hay «neoliberales» en el Ejecutivo. A la dificultad de las negociaciones con sus aliados parlamentarios, y singularmente con Junts, los socialistas tienen que añadir ahora un favor previo. En el Ejecutivo asumen que Díaz «busca su espacio» en un contexto político que se ha mostrado especialmente destructivo, en términos electorales, para Sumar, la formación que la vicepresidenta segunda dejó de liderar tras el mal resultado de las gallegas y las europeas del año pasado, pero de la que no descarta volver a ser cabeza de cartel. Que lo entiendan, no obstante, no quiere decir que les agrade.

Aprobada la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales por el Consejo de Ministros, la siguiente meta del Gobierno es un endiablado debate parlamentario. A la espera de qué medidas toma el Ejecutivo para convencer a los grupos políticos, con todas las miradas sobre Junts y el PP, la agenda del Ministerio de Trabajo va más allá: persigue la aprobación del estatuto del becario, abrirá la negociación para reformar el despido y abordará la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó el estatuto del becario como el proceso legislativo “más prioritario”. Este acuerdo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos (rechazado por patronales y rectores), presentado en sociedad en junio de 2023, aún no aplica por la oposición de la parte socialista del Gobierno. La Moncloa y Economía dijeron que le faltaba “trabajo técnico” y que el texto acordado estaba “verde”. La norma ya ha iniciado su trámite parlamentario, pese a que aún no hay consenso al respecto entre PSOE y Sumar. Es un compromiso pendiente de la anterior legislatura, pero renovado en el acuerdo de coalición. Un compromiso del que también se ha hecho cargo el presidente del Gobierno”, indicó Pérez Rey en la rueda de prensa en la que analizó los datos de afiliación y paro registrado. El secretario de Estado también habló de la reforma del despido, “un compromiso del acuerdo de coalición”. Según recoge el programa de PSOE y Sumar, la promesa de los partidos es proteger mejor ante modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo; revisar las causas de los ceses, y “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea”.

La forma de ‘fichar’ en el trabajo llega con cambios. La reforma laboral que incluye la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales implica que el Gobierno ha aprobado una serie de modificaciones en el control del horario de los trabajadores. Esta medida busca garantizar que las empresas cumplan con la normativa, evitando fraudes y asegurando que se respeten los límites legales. Es decir, se trata de aplicar una fórmula eficaz para contabilizar el registro diario ordinario y también las horas extra. La idea es que el registro de jornada sea exclusivamente digital. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, estarán obligadas a implementar este sistema. Este registro permitirá a los empleados, la Inspección de Trabajo y los sindicatos acceder en tiempo real a la información sobre las horas trabajadas, eliminando cualquier margen de opacidad en la gestión de la jornada. Así, el texto que recoge el anteproyecto de ley sobre la reducción de jornada establece que las horas extraordinarias registradas día a día se totalizarán en el periodo fijado para el abono de las retribuciones –puede ser mensual o en el plazo que haya sido acordado en la empresa–, entregando la empresa copia del resumen al trabajador en un recibo. La empresa mantendrá un registro diario de jornada digital que garantice el cumplimiento de la norma, pero serán los trabajadores quienes practiquen los asientos de forma personal y directa, para que la empresa no pueda condicionar su contenido. Igualmente, registrarán todas aquellas interrupciones de la jornada que afecten a su cómputo. 

Comprar una casa en España ya es más caro que nunca. El mercado inmobiliario español dio un fuerte acelerón en la recta final de 2024 al dispararse la compraventa de vivienda, pero también sus precios, que marcaron un nuevo máximo histórico, por encima incluso del registrado en el boom inmobiliario de 2007 y el posterior estallido de la burbuja, en 2008, con la crisis financiera. Desde entonces, el precio de la vivienda en España ha subido un 12,5% hasta situarse en los 2.164 euros el metro cuadrado. Es una de las principales conclusiones que se desprende la Estadística Registral Inmobiliaria publicada ayer por el Colegio de Registradores. El análisis, que bebe de los registros oficiales que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica así que 2024 ha sido el año más caro de la historia para el mercado inmobiliario en nuestro país. El precio más alto se dio en los inmuebles de obra nueva, cuyo precio marcó otro máximo histórico con una media de 2.265 euros el metro cuadrado, aunque también el precio de las viviendas usadas repuntó un 3% en el último año hasta alcanzar los 2.039 euros el metro cuadrado. La situación se ha agravado prácticamente en todo el país, aunque hay regiones en las que el aumento de precios se ha agudizado, como son la Comunidad de Madrid, Baleares y el País Vasco, cuyos mercados superan con creces la media nacional y el metro cuadrado ya roza de media los 4.000 euros. De hecho, si se analiza más en detalle, el dato es más grave. En la ciudad de San Sebastián se ofertan casas por 5.708 euros el metro cuadrado, en la capital comprar vale ya 4.517 euros el metro cuadrado y en Barcelona, 4.483 euros. En Palma, el precio está igual que el resto de la autonomía, en 3.771 euros, y en Bilbao, que también se coloca entre las capitales de provincia más caras para adquirir un inmueble en propiedad, se sitúa en 3.068 euros el metro cuadrado.

2024ko Ekonometroa aurkeztu zuen atzo Euskal Ekonomisten Elkargoak. Iazko egoera ekonomikoaren azterketa eta 2025eko aurreikuspen ekonomikoen berri eman zuten Bilbon egindako prentsaurrekoan. Elkargoko 279 pertsonek erantzundako galdetegiaren arabera, ia erdiak bere egoera ekonomikoa orain urtebetearen parekoa dela uste du, heren batek, aldiz, egoerak hobera egin duela dio, eta %15,6k esan du okertu egingo dela. Gehiago irakurri hemen. 

La hostilidad comercial en el mercado automovilístico español se está elevando cada vez más. Las marcas buscan todas las herramientas necesarias para mantener el ritmo de ventas en plena crisis global del sector del automóvil, acosado por un entorno económico poco favorable, por una regulación de emisiones muy exigente y por una demanda de vehículos eléctricos todavía muy por debajo de las expectativas. El consumidor español ha sido históricamente propenso a buscar de concesionario en concesionario la mejor oferta por su coche y eso ha llevado a España a ser el líder tradicional en descuentos a la compra de coches en Europa. Tras el anómalo período 2022-2023 en el que la rebaja aplicada a cada automóvil cayó a mínimos por la falta de suministro de coches a causa de escasez de microchips, España no solo ha vuelto a recuperar los niveles tradicionales de apoyo comercial de las marcas sobre el precio de lista, sino que cerró 2024 en cifras históricas, solo superadas por los datos récord contabilizados en 2020 por el Covid. Las firmas de automóviles que operan en el mercado español aplicaron un descuento medio de 4.570 euros a cada coche que vendieron durante el año pasado, lo que supone un incremento de casi 840 euros (+22%) en comparación con la cifra contabilizada a cierre de 2023. 

La megafusión de Nissan y Honda está al borde del colapso. La integración, valorada en 58.000 millones de dólares y destinada a crear el tercer fabricante mundial de vehículos por detrás de Toyota y Volkswagen, corre el riesgo de abandonarse porque el consejo de Nissan, la pata más débil de la operación, rechaza los términos planteados por su socio japonés Honda. Según varios medios japoneses, y tras anunciar un preacuerdo a finales de diciembre, el consejo de Nissan ha rechazado los últimos términos planteados por Honda, que incluyen que la primera sea una filial enteramente controlada por la segunda, en lugar de un hólding participado por ambas, como se anunció inicialmente y que permitiría a Nissan mantener su marca y más poder de decisión en una estructura más equilibrada. Las presiones internas de los accionistas de Honda, que goza de una situación más saneada y mayores márgenes, le habrían empujado a cambiar el plan inicial sobre la estructura de la entidad fusionada, lo que ha provocado el rechazo del consejo de Nissan. Previamente, las conversaciones ya estaban sufriendo encontronazos por las respectivas participaciones y la valoración de activos para crear el hólding.

Banco Santander ha pulverizado su propio récord de beneficios en 2024. La entidad ganó 12.574 millones de euros en el ejercicio, un 14% más que los 11.076 millones que registró en 2023, cuando ya había alcanzado su marca personal, y pese a las recientes caídas en el precio de dinero promulgadas por el Banco Central Europeo. En cuanto a la rentabilidad, el ROTE (rentabilidad sobre capital tangible) escala hasta el 16,3%. El banco detalló además una generosa política de retribución al accionista para los próximos ejercicios. Distribuirá 10.000 millones entre 2025 y 2026, con cargo tanto a sus resultados (en virtud a un pay out del 50%) como al exceso de capital. Los inversores respondieron a la noticia con euforia y las acciones de la entidad se dispararon ayer un 8,29%, la mayor subida desde 2020. Los títulos de Santander cerraron la sesión sobre los 5,4 euros e igualan los máximos de 2018. En línea con la mejora de la remuneración al accionista, anunció la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones equivalente al 25% de sus ganancias, unos 1.587 millones, que se sumarán al pago complementario que tiene previsto aprobar en la próxima reunión de su consejo de administración y al ordinario, de 10 céntimos por acción, que abonó en noviembre. Todo ello elevará la cantidad devuelta a los accionistas desde 2021 hasta los 9.500 millones. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido una mayor autonomía energética de Europa que le permita plantar cara a su dependencia del gas natural, que termina haciendo al Viejo Continente menos competitivo, y ha apostado como solución para ello por una mayor electrificación de la economía. En su participación este miércoles en la jornada 'International Energy Policy Forum 2025', organizada por el 'Financial Times' en Bruselas, Galán consideró que Europa tiene "un problema estructural", ya que no posee reservas de gas. "Los países que las tienen parten de una ventaja competitiva. Cuanto más gas importemos, menos competitivos seremos", dijo. De esta manera, el ejecutivo de Iberdrola, la primera eléctrica de Europa por capitalización bursátil, abogó por la electrificación de la economía como solución. A este respecto, subrayó que las renovables facilitan unos precios más competitivos y "permiten la autonomía energética al margen de los combustibles fósiles". "Hay que invertir en redes, renovables y almacenamiento, porque la electrificación en Europa significa seguridad propia", advirtió. Así, Galán estimó que la electrificación es "imparable". "La mayoría de los inventos en el último siglo necesitan electricidad y las grandes corporaciones, como Google, Amazon o Apple, van a seguir demandando electricidad limpia", dijo.   

Los salarios frenarán sus subidas a lo largo del año. Es lo que se desprende del principal indicador de seguimiento de la evolución de los salarios del Banco Central Europeo (BCE), que señala una marcada desaceleración de las retribuciones de los trabajadores de la eurozona a lo largo de 2025. El dato refuerza la confianza de la institución comunitaria en que la inflación volverá a su mandato del 2% a lo largo de este año y abre la puerta a nuevas rebajas de los tipos de interés, que se sitúan actualmente en el 2,75%. Más concretamente, el rastreador del BCE apunta a que los sueldos se incrementarán en un 1,45% en el cuarto trimestre de 2025, lo que supone una notable desaceleración respecto a la subida que experimentaron en el último trimestre de 2024, que se situó en el 5,31%. En el primer trimestre del año, se espera que los salarios aumenten un 4,89% y ese incremento se irá frenando en los siguientes meses. Será del 4,49% en el segundo trimestre y experimentarán un fuerte frenazo después del verano, pasando al 2,23% en el tercer trimestre, antes de cerrar los tres últimos meses del año en el 1,45%. La subida de los salarios era uno de los factores de mayor preocupación para el BCE, debido a la presión que podían ejercer en la subida de los precios. Los datos refuerzan la convicción de la institución comunitaria de que el proceso desinflacionario «está encaminado» y de que los precios volverán a la tasa del 2% a lo largo de este año.

La apuesta de las instituciones europeas por tender puentes con China ante la imprevisibilidad de Trump y su guerra comercial se topó ayer con su primer escollo en el camino. Bruselas ha dicho basta y se lanza a regular los envíos ‘low cost’ de empresas como Shein y Temu, ambas con sede en el gigante asiático y exentas de pagar impuestos y pasar por el control aduanero si el coste de los paquetes es inferior a 150 euros. La Comisión Europea advirtió ayer de que la presencia de las plataformas de bajo coste en el mercado comunitario ha crecido «extremadamente rápido» en la última década. Solo el año pasado se realizaron cerca de 4.600 millones de envíos en mercancías de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de aranceles por no superar los 150 euros. Es el doble que en 2023 y el triple que en 2022, lo que lleva al Ejecutivo presidido por Ursula Von der Leyen a querer poner coto a este crecimiento exponencial. El comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, advirtió ayer de que ante el auge del comercio electrónico, la Unión debe «intensificar los esfuerzos para evitar que los productos ilegales entren en el mercado europeo y asegurar una competencia justa». La cuestión es que estas compañías –Shein, dedicada a la venta de ropa de bajo coste, y Temu, a todo tipo de artículos– recurren a un modelo de negocio muy agresivo, con una fabricación a gran escala, precios reducidos y descuentos permanentes. Si a esta situación se le suma que es habitual que estos canales comercialicen imitaciones, la conclusión inmediata es que las empresas comunitarias tienen imposible competir en igualdad de condiciones.

El plan de Trump de tomar el control de Gaza y convertir la zona en la «Riviera de Oriente Medio» después de echar a los palestinos ha desatado una ola de rechazo mundial. Donald Trump hizo ayer oídos sordos al clamor internacional contra su plan para tomar el control de Gaza y convertir el enclave en «la Riviera de Oriente Medio» previa expulsión de sus 2 millones de habitantes. Un proyecto, anunciado el martes tras su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca, que «a todo el mundo encanta», respondió ayer el presidente de Estados Unidos desde el Despacho Oval, donde la prensa le preguntó por las numerosas críticas a la idea. Arabia Saudí, país al que el republicano citó como posible aliado para la reconstrucción de la Franja, Jordania y Egipto, a donde quiere envíar a los gazatíes, y naciones como Alemania, el Reino Unido, Francia o Brasil, entre muchas otras, condenaron las pretensiones del magnate, que recibió la reprimenda de la ONU. «Cualquier traslado o deportación forzosa desde un territorio ocupado está estrictamente prohibido», le recordó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk.