20250401

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, en relación a la reforma fiscal, ha afirmado que “en Confebask no hemos visto ni sabemos dónde está la letra pequeña, que seguro que la hay. Pero a la espera de conocerla, lo que sí se ha trasladado es un mensaje desincentivador hacia la actividad empresarial. En un momento en el que estamos diciendo que hay que buscar vocaciones empresariales, porque estamos de acuerdo que la empresa privada es la que al final genera los recursos suficientes para nuestro bienestar colectivo, nos encontramos con este tipo de mensajes. Parece que las empresas no pueden tener beneficios. Y no se nos puede olvidar que gracias a los beneficios las empresas invierten, generan empleo y sostienen nuestro estado de bienestar”. Sobre el salario mínimo vasco, la presidenta de Confebask ha precisado que “no decimos que no sea posible, sino que ahora no es el momento. Y que no solamente se debe hablar del salario mínimo vasco. Desde 2028 hasta ahora ha subido el 67% y los costes de seguridad social en los dos últimos años, un 23%. Las empresas están asumiendo unos costes laborales complejos". En este sentido, Tamara Yagüe ha recordado que “los convenios han subido por encima del IPC y más que los convenios del Estado, tenemos los salarios más altos junto con Madrid de todo el Estado, y los convenios con menos horas trabajadas. Precisamente, ya existen salarios mínimos en cada uno de los convenios firmados por los sindicatos. Si queremos dialogar y debatir vamos a la mesa de diálogo social y hagamos un diálogo tripartito, porque también el gobierno tiene que estar hablando, puesto que para temas de absentismo tienen mucho que decir". Escuchar entrevista en Onda Vasca. Ver más en EnpresaBIDEA. 

La Cámara de Gipuzkoa y Adegi critican sin tapujos la reforma fiscal que han acordado PNV, PSE y Podemos porque, a su juicio, perjudicará la competitividad de las empresas. Ambas organizaciones consideran que la nueva normativa tributaria, que debe someterse a votación esta primavera en las Juntas Generales de los tres territorios vascos, será desfavorable para la atracción de inversión y talento. También lamentan que desde las formaciones políticas que han negociado el futuro entramado fiscal no se hayan atendido sus propuestas. Un informe del órgano cameral y fuentes de la patronal guipuzcoana coinciden en censurar la reforma. Un punto de vista que es opuesto al que defiende el Gobierno foral en boca de la diputada general, Eider Mendoza, o Itziar Agirre, de Hacienda, que aseguran que las empresas pueden estar «tranquilas» tras las primeras críticas de Confebask que reprobaron con dureza la reforma. Desde la Cámara, incluso, alertan de que las medidas que entrarán en vigor –sobre todo en el impuesto de Sociedades pero también en el IRPF– acarrearán consecuencias «negativas» en el medio plazo para la economía y para el Estado de bienestar. Tras censurar que el documento de jeltzales, socialistas y morados no recoge sus propuestas en tres grandes bloques como desarrollo económico, competitividad y empleo; sostenibilidad, transición energética y medio ambiente, y demografía, vivienda, igualdad e inclusión social, alertan de que «se está perdiendo la oportunidad de fomentar la atracción de inversión y también de talento, de nuevos proyectos empresariales y de generar más empleo y una mayor y más estable base de recaudación». La institución que lidera Javier Zubia no comparte las medidas de Sociedades que se centran en aumentar la presión fiscal a las empresas, como el incremento de la tributación mínima del 17 al 19% o del 24 al 28% para las grandes compañías que obtengan beneficios extraordinarios –a partir del 35% de media de los tres ejercicios anteriores–. Tampoco apoyan el incremento de los tipos de ahorro a las rentas altas, una modificación que en este caso afecta al IRPF. Y es que se elevan las cuotas y los tipos aplicables a las rentas del capital con una nueva escala de nueve tramos. Adegi corrobora el tono crítico y censura que se está trasladando un mensaje «desincentivador» de la actividad empresarial. «Los beneficios de hoy son las inversiones de mañana y el empleo del futuro. No es posible invertir, generar empleo, riqueza y bienestar social sin beneficios», añaden. Tras poner en valor la «autonomía» fiscal que brinda el Concierto Económico, señalan que esta herramienta debería servir para impulsar la competitividad y, por el contrario, el incremento de la presión fiscal de la reforma «no va en esa dirección».

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Noël D'Anjou, ha defendido este lunes la reforma fiscal que está a punto de aprobarse en el País Vasco y que ha sido pactada por los partidos PNV, PSE y Podemos porque, ha asegurado, «es competitiva para las empresas y tiene elementos muy importantes de apuesta por la transición energética». El consejero, que ha pronunciado hoy una conferencia en el Forum Europa, ha discrepado así de las duras críticas lanzadas por la presidenta de la patronal vasca Confebask, Tamara Yagüe, que aseguró que la fiscalidad del Estado es ahora más atractiva que a vasca». D'Anjou, que se ha referido a estos cambios normativos como «revisión fiscal» en un ánimo de rebajar su calado y distanciarlo de una reforma en profundidad, no ha dudado en asegurar que «la fiscalidad vasca es atractiva». También se ha mostrado sorprendido de las acusaciones que han vertido algunos partidos de la oposición «porque no es ni de derechas ni de izquierdas, mientras que unos lo ven de un lado y el resto del otro». En su opinión, los cambios van a permitir a las empresas «ganar oportunidades de inversión». También ha restado importancia al saldo negativo en el movimiento de empresas entre comunidades autónomas. El estudio en torno a lo que sucedió en 2024 revela que se fueron de Euskadi a otras comunidades 65 empresas más que las que llegaron. «Es un dato puntual, unos años son peores que otros y en el País Vasco se crearon el pasado año 3.500 empresas. Así que 65 en 3.500 no parece un dato muy relevante», ha apuntado a pesar de que el dato de migración de empresas ha sido negativo para Euskadi de forma sostenida en la última década. Por otra parte el consejero se ha referido de forma crítica a la escasa inversión que los fondos de pensiones, las EPSVs realizan en empresas vascas. «Tan solo invierten el 1% en Euskadi y eso significa que de 36.000 millones de euros que gestionan solo hay 360 invertidos en empresas vascas. Vamos a hacer modificaciones legales para que esto pueda cambiar». D'Anjou ha defendido que las EPSVs son un «magnífico instrumento para canalizar el ahorro» y eso a pesar de que la reforma fiscal que va a aprobarse lanza un mensaje en contrario, al recortar en 2.000 euros anuales el máximo que puede destinarse entre aportaciones personales y de empresa a estos planes.

La reforma fiscal está a un paso de aprobarse en Álava. Tras su aprobación en la comisión de Hacienda de este lunes, ahora sólo falta que se vote en el pleno de las Juntas Generales del 9 de abril para que salga adelante el acuerdo ya anunciado del PNV y PSE con Elkarrekin. Una sesión en la que saldrá con los apoyos justos (26 de 51 procuradores), pues José Damián García Moreno, coordinador territorial de IU, no secundará a sus dos compañeros de grupo de Podemos. Este lunes se han votado las 134 enmiendas en comisión. Una a una han decaído las nueve de EH Bildu y las 43 del PP, sólo han salido adelante las pactadas entre jeltzales, socialistas y morados. El texto final no es el mismo que en noviembre presentó el que la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo. El partido de Jone Belarra ha conseguido que las fuerzas gobernantes en la inmensa mayoría de instituciones vascas incorporen aspectos para castigar a las rentas altas y a las grandes empresas para ayudar a los colectivos más vulnerables. Se eleva de 14.000 a 20.000 euros el límite exento para presentar la declaración de la Renta y por primera vez podrán recibir hasta un 35% de lo abonado en concepto de alquiler aun sin tributar el IRPF. Por el contrario, quienes tengan una base liquidable mayor a 68.000 euros no podrán deducirse la compra o alquiler de un piso. Respecto a las EPSV, la reforma supone aumentar la tributación en los rescates en forma de capital en la base general, pasando del 60-40 al 70-30, y limita el importe de reducción conjunta, de 12.000 euros se pasa a 10.000. También se 'toca' el Impuesto de Sociedades sobre todo para las grandes empresas que no creen empleo o aquellas que obtengan beneficios extraordinarios.

El Gobierno Vasco tramitará a finales de este mes su petición de ampliar la capacidad financiera del Instituto Vasco de Finanzas con otros 1.000 millones en aras a darle un impulso inicial a la Alianza Financiera Vasca, que busca impulsar proyectos tecnológicos e industriales en Euskadi. Una cuantía que se adelantó cuando se anunció dicha alianza el pasado 3 de marzo y que pretende generar otros 3.000 millones de inversiones privadas. Esa dotación supondrá aumentar en 1.000 millones el endeudamiento que tiene el País Vasco, una cuestión que deberá negociar en la próxima reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico que tendrá lugar previsiblemente antes de Semana Santa, aunque previamente ya había pactado aumentar su capacidad de endeudamiento. La tramitación de esa dotación de 1.000 millones, que encara su fase final, llegará en cuestión de pocas semanas al Parlamento Vasco, según indicó ayer el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, durante su intervención en el Forum Nueva Economía-Tribuna Euskadi. Explicó que «en estos momentos tenemos ya un anteproyecto de ley elaborado, que está siendo sometido a los informes preceptivos y que elevaremos para su aprobación al Consejo de Gobierno, remitiéndolo a continuación a la Cámara». D’Anjou recordó que la Alianza Financiera Vasca «trata de favorecer la nueva industria con base tecnológica, el arraigo de las empresas referentes, su mayor dimensión y el acompañamiento a la atracción de nuevas inversiones extranjeras, a través de instrumentos público-privados». Un objetivo que enlaza con uno de los compromisos del Programa de Gobierno que era «alinear y focalizar las capacidades financieras de Euskadi para conformar un gran Fondo vasco».

Imanol Pradales se reunirá mañana con los representantes de ELA y LAB para hablar sobre un salario mínimo interprofesional (SMI) para Euskadi. Se trata de una petición que ambos sindicatos habían solicitado al lehendakari hace ya más de un mes, tras el fracaso de las negociaciones con la patronal vasca, Confebask, que ha rechazado abordar el asunto. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, representarán a los sindicatos que han consensuado un SMI de 1.500 euros –rebajando sus pretensiones iniciales que defendían elevarlo hasta los 1.795– para facilitar un acuerdo y equipararlo a otros territorios europeos con una riqueza similar a la que se vive en Euskadi. Su objetivo era mantener la reunión antes del 20 de marzo, cuando habían convocado a Confebask por segunda vez. Pero, según manifestaron los sindicatos soberanistas, hasta ahora el lehendakari no había aceptado el encuentro. Tampoco lo habría hecho el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que había cargado duramente contra Confebask por su negativa a negociar, y a la que acusaba de cometer un «error mayúsculo». Al mismo tiempo Torres pedía a los sindicatos esperar hasta tener los resultados de un informe socioeconómico y sociolaboral encargado por su departamento para establecer qué cantidad podría suponer un SMI ajustado a la realidad vasca. ELA y LAB defendieron ayer que todavía hay posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el salario mínimo llevando a Confebask a la negociación. En cambio, «si se mantiene firme en su postura reaccionaria», alegaron, piden que se regule el salario mínimo para el País Vasco «al amparo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han puesto en marcha los sindicatos, superando así el veto de Confebask». Los sindicatos también manifestaron su temor ante la posibilidad de que la reunión convocada para mañana formara parte de una ronda de encuentros y se intentara «mezclar el salario mínimo vasco con otros temas que no tienen nada que ver con él», algo que desde el Ejecutivo vasco ya negaron ayer. Lo cierto es que la agenda del lehendakari abordará esta semana otros dos encuentros con agentes sociales como Confebask, con el que se reunirá este mediodía, o CC OO, en la tarde del jueves. Según explicaron en Lehendakaritza, se trataría de citas solicitadas previamente. 

Los concesionarios de Euskadi comienzan hoy con el nuevo plan renove de vehículos que tiene como objetivo adquirir coche nuevo menos contaminante. El programa otorgará ayudas de hasta 3.500 euros para sustituir el vehículo actual por uno nuevo con emisiones inferiores a 125 g/km para turismos y 150 g/km para furgonetas, siendo obligatorio achatarrar el vehículo viejo. Este nuevo programa de ayudas contará con una dotación inicial (ampliable) de 5 millones de euros de fondos propios destinados a subvencionar vehículos adquiridos a partir del 1 de abril de 2025. De esta forma, se amplían las ayudas para reducir las emisiones del transporte por carretera, complementando la oferta más allá del vehículo eléctrico. Podrán acceder a esta subvención los vehículos turismo o furgonetas de estas características: eléctricos puros e híbridos enchufables, de autonomía extendida, GLP (gases licuados del petróleo), gas natural, gasolina o gasóleo, con emisiones de CO2 inferiores a 125 g/km para los coches, y de 150 g/km para las furgonetas que se adquieran a partir del 1 de abril de 2025. En todo caso, será obligatorio el achatarramiento del vehículo antiguo para hacer efectiva la sustitución y optar a la ayuda de hasta 3.500 euros. 

Las tensiones geopolíticas y el desarrollo tecnológico han disparado el negocio aeroespacial, que se enfrenta a una etapa de crecimiento. En este entorno, la firma vasca Satlantis, especializada en tecnologías ópticas de observación de la Tierra, no para de crecer y espera mantener el ritmo en el futuro. La empresa disparó sus resultados financieros el año pasado, gracias a la fuerte demanda que tiene su tecnología “superespecializada” y el crecimiento del mercado, ante la mayor necesidad de observación tanto en Defensa como en comercial. La firma cerró el año pasado con un beneficio neto de 5,3 millones de euros, lo que supone más que triplicar los datos de 2023, mientras que el ebitda se duplicó, hasta 8,3 millones de euros. El consejero delegado de Satlantis, Juan Tomás Hernani, se muestra confiado en que este boom espacial le permitirá seguir creciendo tanto en 2025 como en los próximos años. La firma contempla cerrar el ejercicio actual con una facturación de cerca de 48 millones, lo que supondrá casi duplicar los 26,3 millones con los que finalizó el ejercicio pasado. El directivo asegura que la apuesta que Satlantis hizo hace doce años por la innovación tecnológica en óptica está dando sus frutos y ayudará a que en 2025 el ebitda casi se vuelva a duplicar, hasta 15 millones. Hernani indica que uno de los motivos para el optimismo en la empresa es que ofrece al mercado una gran agilidad a la hora de poner su tecnología óptica en órbita. En la actualidad, la firma tiene una oferta viva por valor de 720 millones, con una cartera de pedidos de 40 millones.

La economía sumergida, aquella que escapa al radar de Hacienda y Seguridad Social al no ser declarada por empresas y autónomos, volvió a escalar en Euskadi en 2022 hasta los 9.318 millones. La cantidad es ya el 10,7% de todo el PIB vasco y registra un incremento desde la última medición –fue en 2020– de 1.803 millones, un 24% más. Así se desprende del último informe realizado por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) publicado ayer. El estudio que, con carácter bienal publica el organismo público bajo el título ‘Economía no observada (ENO)’, trata de reflejar el movimiento de dinero e ingresos no controlados por Hacienda, lo que habitualmente se conoce como ‘economía sumergida’. Es precisamente el dinero ‘B’ uno de los principales objetivos para el que las haciendas vascas hayan impulsado la factura electrónica, ‘Ticket Bai’, que ya está implantando en Gipuzkoa y Álava y que este año se extenderá a todas las empresas en Bizkaia. Por sectores, según el Eustat, en comercio, hostelería y talleres de automoción el volumen no declarado de negocio escala hasta el 24%. Le sigue la construcción, con un 23% y las inmobiliarias, con un 16,6%.

Un fondo de inversión francés especializado en enseñanza privada ha mostrado su interés por adquirir el Liceo Francés de Bilbao, un centro educativo privado ubicado en Zamudio. Según ha podido saber este periódico, aún no existe ninguna oferta económica encima de la mesa pero sí se han producido contactos con la dirección del colegio para explorar una eventual compra del centro y de su actividad. El Liceo Francés cuenta con una larga trayectoria en Bizkaia. Fue fundado en 1933 en el bilbaíno barrio de Indautxu con el nombre de Escuelas Francesas de Bilbao por iniciativa de un grupo de ciudadanos galos para escolarizar estudiantes oriundos del país vecino. El industrial Jean Laffontan fue su primer director. En la actualidad es su nieto, Antoine Jobbe-Duval, quien preside el comité de gestión que dirige el colegio. A finales de los años 60 se trasladó a su actual ubicación. Se trata de uno de los pocos centros privados que no reciben financiación del Gobierno vasco. Además del francés, en Bizkaia están en esa misma situación los colegios inglés, alemán y americano. El liceo sigue el currículo académico y el calendario escolar del país vecino, aunque tiene la obligación de impartir las mismas horas de Lengua Castellana y Euskera que el resto de colegios de Euskadi. También ofrecen las materias de Conocimiento del Medio y Geografía e Historia.

El Gobierno prevé modificar el decreto de creación y reconocimiento de universidades para poner freno a la proliferación de campus privados, que ya son 46 en España frente a 50 públicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó la medida en evitar “chiringuitos” sin nivel académico. Será obligatorio que las universidades alcancen los 4.500 alumnos en sus primeros cinco años. Y se exigirá un nuevo informe técnico, el que elaborarán la agencia de evaluación estatal o de las autonomías. El presidente de Gobierno anunció ayer durante un acto en la UNED una serie de medidas destinadas a endurecer los requisitos para establecer una universidad privada en España o para mantenerse, en el caso en que los centros ya estén inaugurados. Esto supone modificar el decreto de creación y reconocimiento de universidades, aprobado en 2021 con Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades. Esta orden ha demostrado quedarse corta, pues siguen abriéndose centros privados de mala calidad, como queda puesto de manifiesto en el informe del ministerio. Pronto en España habrá más universidades privadas (hoy 46) que públicas (50). Además del informe de los técnicos del ministerio para poner en marcha una universidad, se suma uno nuevo obligatorio y vinculante que va a ser elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o las agencias correspondientes en las autonomías. Además, se van a endurecer los criterios de apertura de los centros privados, de forma que los campus lleguen a los 4.500 alumnos en sus primeros cinco años de andadura. Asimismo, se controlará la solvencia económica del proyecto —hay iniciativas con 3.000 euros de capital social—; tendrá que crearse un 10% de plazas de alojamiento universitario, para que el precio de los alquileres no sea un freno a la matriculación de los alumnos menos pudientes; los criterios de investigación serán más duros (un 2% de su presupuesto tendrá que provenir de concursos competitivos de investigación autonómicos, nacionales o internacionales) y las universidades que tengan más de un 80% de los créditos de enseñanza online —sede en una comunidad pero alumnos en todo el territorio— tendrán que contar con el voto a favor de las Cortes Generales “para garantizar la calidad” en todas partes.

Al final saltó la sorpresa que se barruntaba en el frontón Atano III el sábado pero que muy pocos conocían. Aitor Esteban, el nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar, hizo un inesperado guiño al PNV de Gipuzkoa al nombrar a la diputada guipuzcoana Maribel Vaquero como nueva portavoz del Grupo Vasco del PNV en el Congreso. Después del revulsivo del fin de semana, con emociones fuertes en la IX Asamblea General que ha entronizado a Esteban como nuevo presidente jeltzale en sustitución de Andoni Ortuzar, el primer gesto parece dirigido a cultivar la ‘unidad’ interna del partido y a cuidar a la sensibilidad de acento más soberanista, mayoritaria en el territorio con la elección de una mujer muy ligada siempre al liderazgo de Joseba Egibar y de probada lealtad a su estrategia. La elección de Vaquero no estaba prevista en el guion ya que todas las papeletas apuntaban a que iba a ser la vizcaína Idoia Sagastizabal que, de hecho, ha ejercido un notable protagonismo mediático en su trabajo en el Congreso en los últimos meses. Vaquero es nacida en Urnieta en 1970 y es el primer cargo público guipuzcoano que asume esta responsabilidad en la Cámara baja desde la época en la que Xabier Arzalluz asumió esa labor en la primera legislatura constituyente. Y es la primera mujer que asume esta tarea de ser la voz del Grupo Vasco en la Cámara baja. De hecho, Esteban ya ha situado como de las apuestas prioritarias de su mandato la defensa de la mujer. Un mensaje que se produce en el contexto de una polémica soterrada por la presencia de 10 hombres y cuatro mujeres en la ejecutiva nacional, lo que no respeta el principio de paridad.

Internamente, la filosofía de Esteban, más allá de la tentación de achacar el desgaste de la sigla a los socorridos problemas de comunicación, se interpreta como un intento de ganar músculo y presencia pública, de recuperar el pulso perdido. Y tendrá una primera consecuencia inmediata, la recuperación de la figura del portavoz del EBB, que había caído en desuso desde hace diecisiete años, desde que Iñigo Urkullu tomase las riendas de la ejecutiva jeltzale en sustitución de Josu Jon Imaz, en cuya dirección él mismo había desempeñado ese papel. Antes del exlehendakari, Joseba Egibar fue el portavoz de la ejecutiva que presidía Xabier Arzalluz. Y ahora está por ver quién ocupará ese cargo, aunque todo apunta a la burukide vizcaína Maitane Ipiñazar, de 34 años, integrante hasta ahora también del BBB y parlamentaria en Vitoria desde hace cinco años. Con formación académica en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos y exconcejal en su localidad natal, Igorre, Ipiñazar es la persona más cercana a Esteban en el nuevo EBB. «Es, de hecho, la única que él ha avalado directamente», apuntan medios internos, que se refieren así al pacto tácito que allanó el camino a la retirada de Andoni Ortuzar, que ayer exhibió sonrisas y buen humor en la escenificación definitiva del relevo junto a Sabin Etxea. El paso al lado del exburukide de Sanfuentes fue posible tras aceptar Esteban que, excluidos los presidentes de las territoriales, tres de los cuatro representantes vizcaínos en la nueva dirección –Miren Martiarena, Manu Tejada y Andoni Busquet– se propusieran a las bases con el plácet del anterior presidente. El resto llegaron con el aval de sus respectivos territorios o bien como miembros natos. Así las cosas, fuentes cercanas a la dirección corroboran que Ipiñazar será la «persona fuerte» de la nueva dirección, si bien Esteban apostilló ayer, para alejar los fantasmas de grietas y divisiones, que todos los nuevos burukides son de su máxima «confianza». Aun así, en el partido se prevé que el papel de Ipiñazar no se limite al de portavoz, sino que pueda ocupar también la secretaría, con funciones específicas de coordinación entre áreas y peso político reforzado.

La vuelta al proteccionismo económico a través de la imposición de aranceles pone en jaque a los mercados financieros globales. La guerra comercial –que ya asustaba a los inversores ante su impacto sobre el crecimiento y la inflación– vivirá mañana un nuevo capítulo con el ‘Día de la Liberación’, nombre con el que Donald Trump ha bautizado la jornada en la que anunciará su estrategia en la materia. De momento, las dudas sobre las medidas definitivas son mayores que las certezas. «Si Estados Unidos se centra en unos cuantos países pequeños y escogidos, es casi seguro que se evitaría una guerra comercial mundial, pero si se confirma una batalla con todo el mundo o con las mayores economías (China y la UE), las repercusiones se sentirían en todo el mundo», advierte Blerina Uruçi, economista jefe para T. Rowe Price. Esa incógnita constante –y lo inminente del anuncio– reactivó ayer el nerviosismo entre los inversores, que huyen de los activos de riesgo provocando contundentes caídas que llegaron a rozar el 4% en el Nikkei de Tokio. Las pérdidas rondaron el 1,5% en Alemania y en Francia, con mayor exposición al sector de materiales básicos y, sobre todo, de las automovilísticas que aún intentan digerir el anuncio de aranceles del 25% que, en principio, entrarán en vigor el 3 de abril. En España, el Ibex-35 se dejó un 1,3% y a punto estuvo de perder los 13.100 puntos, con Repsol como uno de los grandes damnificados tras el veto de EE UU al petróleo venezolano. Sus títulos cayeron un 1,2%, aunque fue IAG quien lideró los descensos con un desplome del 6,5%. Si las previsiones se cumplen, el ‘Día de la Liberación’ entrarán en vigor los aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, país –este último– donde los productos energéticos se verán también gravados al 10%. Los gravámenes del 25% a la industria farmacéutica o agrícola de todo el mundo, así como al vino y al champán europeos –en este caso al 200%– también llegarían el 2 de abril. Al día siguiente podría llegar el 25% a los coches y componentes importados, que se sumarán al 20% establecido para los productos de China y al 25% del aluminio y el acero que entraron en vigor a mediados de marzo.

El sector industrial, sacudido por la nueva e imprevisible política arancelaria de EEUU, busca certezas y apuesta por la reindustrialización de Europa como la mejor receta para mitigar el impacto del actual y complejo escenario geopolítico. Para ello se hace necesario impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en el continente, lo que tiene que ir acompañado de una mejor fiscalidad que incentive las inversiones. Ésa fue la principal conclusión de la mesa redonda Sostenibilidad e innovación tecnológica como ejes principales del crecimiento, que tuvo lugar ayer en el marco del Gran Encuentro Expansión Catalunya. “Necesitamos una fiscalidad competitiva y mejores mecanismos de gasto, como financiación o subvenciones como los fondos Horizon, de los que se ha hecho un buen uso pero a menudo son muy complejos de tramitar, los plazos son largos, etcétera”, indicó Francisco Gibert, socio responsable para Cataluña, Baleares y Andorra de KPMG. “En fiscalidad hemos sido tímidos respecto a otros países: Alemania ha ampliado las medidas para deducir las inversiones en innovación y Japón ha introducido la llamada innovation box [una deducción del 30%] sobre las patentes”, añadió. Gibert recordó que que el sector industrial representa el 20% del PIB de Cataluña y que ese porcentaje no es posible si no se mantiene el liderazgo “con procesos de innovación continua”. “Para ahondar en ello, en un momento de transición demográfica, geopolítica y en inteligencia artificial, hay que apostar por una innovación con mayor valor añadido, no tanto de volumen”, resaltó.

A falta de un solo día para que los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump se conviertan en realidad –una jornada que el propio republicano ha denominado en reiteradas ocasiones como el ‘Día de la Liberación de Estados Unidos’–, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se mostró tajante ayer al considerar que «Europa se encuentra en un momento existencial, en el que debemos decidir ser dueños de nuestro destino y avanzar hacia la independencia». El mensaje que lanzó ayer la economista francesa siguió una línea bien definida, y es que ante los «profundos cambios geopolíticos y geoeconómicos» desencadenados tras la llegada del presidente norteamericano al Despacho Oval, abogó por la unión de los Veintisiete para así «tomar las riendas y lograr la independencia europea tanto en términos de defensa, como energéticos y de finanzas y tecnología digital». En esta misma línea, Bruselas ya ha mostrado durante las últimas semanas una clara predisposición a reducir la dependencia de terceros países en materia de seguridad o economía. En primer lugar, el plan de rearme que anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, busca movilizar 800.000 millones de euros con el objetivo de garantizar la seguridad europea y reducir la dependencia de socios externos como EE UU. Por otra parte, Bruselas anunció hace una semana 67 proyectos estratégicos para extraer minerales críticos en territorio europeo y asegurarse el suministro de materias primas esenciales para garantizar la competitividad de sus sectores.

La decisión de Donald Trump de revocar los permisos de extracción a Repsol en Venezuela es el último hito de la carrera de obstáculos que ha tenido que afrontar la petrolera de origen español desde que empezó a operar en el país latinoamericano hace 32 años. En abril de 2024, el presidente Joe Biden revocó la licencia general que otorgaba a las compañías petroleras para operar en Venezuela y en mayo otorgó a Repsol y a otras cuatro compañías (la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries) una dispensa especial para operar en el país. Esa última es la que anuló el lunes por la mañana el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, lo que va a suponer que Repsol tendrá que renunciar a una producción media de 67 millones de barriles diarios y tendrá que afrontar un riesgo patrimonial de 504 millones de euros, tal y como constataba en su último estado contable. Pero las consecuencias de ese veto van más allá, ya que dificulta la recuperación de la importante deuda pendiente de pago por parte del Gobierno de Venezuela a través de la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela SA). La gestación de ese pasivo arrancó en octubre de 2016, tal y como reconoce Repsol en sus cuentas anuales, “con el otorgamiento por Repsol de una línea de crédito por importe de 1.200 millones de dólares [1.110 millones de euros]”, que se iría recuperando a través de pagos en especie. Hasta la decisión adoptada el lunes por Donald Trump, Repsol importaba crudo de Venezuela por dos conceptos. En primer lugar, como pago en especie por la citada deuda histórica y, en segundo, como pago en especie por la actividad que desempeña a través de su negocio de gas, que representa una mayoritaria parte de su producción y que sirve para abastecer de forma mayoritaria los ciclos combinados locales, imprescindibles para mantener un sistema eléctrico que ha hecho aguas durante los últimos trimestres.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó ayer que su compañía “está hablando con el Gobierno” para “replantear” o “postergar” el cierre de las centrales nucleares en España con el objetivo garantizar la seguridad en el suministro y atender una creciente demanda energética, tanto de la industria tradicional como de otras nuevas como los centros de datos o los semiconductores. El primer ejecutivo de Endesa, José Bogas, indicó que es necesario “el diálogo” entre todos los agentes implicados, Gobierno, partidos políticos y sector eléctrico, para alcanzar “un pacto de Estado”, promovido por el Gobierno y votado en el Congreso, que dé certidumbre sobre el suministro y atienda el aumento de la demanda energética manteniendo la competitividad. El CEO de Endesa explicó que, debido al peso de la energía nuclear en España –en Cataluña es mucho mayor porque sus tres centrales atienden “el 60% de la demanda”–, es necesario buscar soluciones para “replantear” o “postergar” el cierre de las centrales. En 2019, el Gobierno y el sector sellaron un protocolo para clausurar el parque nuclear de forma progresiva entre 2027 y 2035. Sin embargo, Bogas afirmó ayer que, desde entonces, “las circunstancias han cambiado” y citó las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la guerra en Ucrania, el cambio de la política en EEUU y la mayor demanda por el “éxito” del Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec). Por ese motivo, el directivo considera indispensable plantear una moratoria nuclear. “Estamos hablando con el Gobierno sobre la posibilidad y el Ejecutivo está abierto a hablar y discutir, pero los tiempos de unos y otros son distintos”, afirmó el primer ejecutivo de Endesa.

Los ingresos tributarios en España crecieron en 2024 más de un 8% anual, hasta rozar el récord histórico de los 295.000 millones de euros. Aunque todos los grandes impuestos –el IRPF, el IVA, sociedades y los especiales– aportaron su grano de arena para conseguir estos números, el que más lo hizo fue el que afecta a las empresas, con un avance del 11,5% respecto a 2023 y una recaudación de 39.096 millones de euros. Es la cifra más elevada que registra esta figura tributaria desde hace casi dos décadas, ya que para encontrar niveles similares hay que remontarse al periodo previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2006, los ingresos por el impuesto de sociedades llegaron a los 37.000 millones, para escalar a los 44.800 millones un ejercicio después. Sin embargo, la recaudación se hundió más de un 60% a partir de la crisis financiera de 2008, y en los años más duros de aquella larga recesión apenas alcanzaron los 16.000 millones para irse recuperando luego muy lentamente. Una historia similar se atisbó en 2020, el año de la crisis sanitaria vinculada a la covid-19. Entonces, los ingresos empresariales cayeron a 15.800 millones, aunque el rebote posterior ha sido más rápido y abultado. Todo ello se ha producido, además, pese a un contexto marcado por una serie de cambios normativos y de gestión que han operado en contra de los ingresos públicos, según explica la Agencia Tributaria en su informe de recaudación mensual.

El Gobierno ha conseguido evitar, al incluir las transferencias del Estado a la Seguridad Social, un ajuste en el examen de pensiones que publicó ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El organismo informó de que no hace falta tomar medidas correctoras. Sin embargo, alertó de que su sostenibilidad ha empeorado con un gasto que subirá en 3,4 puntos de PIB hasta 2050, cuatro décimas más de lo que calculaba hace tres años pese a la mejora de la economía. Se precisarían 2,4 puntos del PIB de ingresos adicionales del Estado, 38.000 millones con el PIB actual, a los 3,7 puntos que ya pone entre transferencias, clases pasivas y préstamos para lograr equilibrar el sistema. Y ello contando con que las cotizaciones subirán un punto de PIB por las medidas aprobadas. La Airef detecta, además, “importantes debilidades metodológicas” en el examen que ha hecho, pues está influido por el momento en el que se calcula con unos crecimientos de la economía que ahora son mayores, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial de la sostenibilidad. “Nos dicen qué coger y cómo hacerlo”, señaló Cristina Herrero, presidenta de la institución. En cualquier caso, este examen “no constituye un indicador de sostenibilidad”, concluye el informe. Y añade que la economía española es vulnerable por una deuda pública que, a políticas constantes sin el plan fiscal, alcanzará el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. “El plan fiscal del Gobierno es insuficiente y hace falta más. Al tener que destinar 3,4 puntos del PIB más a las pensiones, habrá que detraer recursos de otras partidas”, explicó Herrero. 

“Ambición” e “impulso”. Es lo que reclamó a los empresarios el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la clausura del Gran Encuentro Expansión Catalunya, Hacia un crecimiento sostenible, que tuvo lugar ayer en el recinto modernista del antiguo Hospital de Sant Pau de Barcelona. Casi ocho meses después de llegar al cargo, aseguró que “la estabilidad política y la seguridad jurídica hoy están claramente asumidas y compartidas por la mayoría de actores”. Una vez que se ha logrado que Cataluña sea “garantía de lealtad y cooperación institucional”, ahora su objetivo es ser el hogar de “las mejores empresas” y también “el mejor lugar donde invertir, crear y hacer crecer proyectos empresariales”. “Queremos empresas sólidas, grandes, ambiciosas, comprometidas con la generación de prosperidad” y “desde el Govern, crearemos las condiciones” para conseguirlo, destacó. Ello se traduce en una firme apuesta por la “colaboración público-privada”, frente a las suspicacias del pasado, y en una firme apuesta por incrementar el esfuerzo inversor. En este último punto, Illa aseguró que el Govern ya ha hecho sus deberes aprobando diferentes planes en poco más de medio año. Entre ellos, el que prevé destinar 4.400 millones de euros hasta 2030 para construir 50.000 viviendas de titularidad pública ante la actual crisis habitacional. Otro de sus objetivos es llevar al Parlament un suplemento de crédito para incrementar la inversión en infraestructuras. Para recuperar este puesto, “atraer talento” es una prioridad y, para visualizar de forma nítida que su determinación es total, el President anunció un programa dotado con 30 millones de euros para captar científicos que pretendan abandonar Estados Unidos a raíz del impacto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en la investigación. “Si alguien siente que no le dejan desarrollar su talento, le abrimos las puertas”, proclamó. Su estrategia, denominada Catalonia Talent Bridge, busca “ofrecer oportunidades a personal investigador que pueda ver amenazada su libertad académica y su futuro profesional”.

«Wayne Griffiths ha decidido dejar la compañía a petición propia con efecto inmediato para emprender nuevos retos», reza el escueto comunicado de Seat SA en que anunciaba la salida de su CEO desde octubre de 2020. Un tiempo durante el que ha logrado los mejores resultados financieros de su historia y se ha consolidado Cupra como una enseña más del Grupo VW y de las que más crece en Europa. Markus Haupt, vicepresidente ejecutivo de Producción y Logística, ocupará el puesto de forma interina y el sucesor definitivo se anunciará próximamente. Por especular, el español Fermín Soneira, CEO de la joint venture de Audi y SAIC en China lo tiene todo para el puesto. Pero hay cosas que no encajan en la abrupta salida de Griffiths. La más chocante, lo que dijo el directivo de 59 años– que ha desarrollado toda su carrera en el Grupo VW- en la presentación de los resultados de 2024: «Espero jubilarme aquí». Además, aunque no se ha hecho público, el pasado año habría renovado su cargo. Y tanto Oliver Blume, CEO de VW, como las familias Piëch y Porsche, sus máximos accionistas, le han apoyado públicamente. Es más, los resultados respaldan su gestión. En 2024, Seat logró unos beneficios operativos récord de 633 millones, los más altos de su historia, con un margen del 4,4% que se habría elevado hasta el 5% de no haber sido por los aranceles al eléctrico Tavascan que producen en China.

Una sentencia con repercusiones sísmicas para la política gala. El Tribunal de París condenó ayer a la ultraderechista Marine Le Pen a una inhabilitación durante cinco años y a cuatro de prisión (dos de ellos condicionales) por el caso de los falsos asistentes en el Parlamento Europeo. La Corte siguió las recomendaciones de la Fiscalía y exigió que la pena se aplique de manera inmediata. Esto impedirá a la líder de Agrupación Nacional que se presente a las elecciones presidenciales en Francia de 2027, salvo que un juez en segunda instancia revoque esta decisión. Las ambiciones electorales de Le Pen, de 56 años, se ven prácticamente frustradas debido a la malversación de más de 4,5 millones de euros del Parlamento Europeo. Entre 2004 y 2016, la dirección lepenista pagó a trabajadores de la formación en París con recursos que debía destinar a sus asistentes en Bruselas o Estrasburgo. Los magistrados describieron este funcionamiento como «sistemático». La líder ultra, y tres veces candidata al Elíseo (2012, 2017 y 2022), fue «declarada culpable por el desvío de fondos públicos». La magistrada Bénédicte de Perthuis le exigió, además, el pago de una multa de 100.000 euros. «Ha quedado demostrado que Catherine Griset (una de las asistentes entonces de Le Pen) solo fue de manera puntual a Bruselas» y que «no trabajaba como asistenta» en la Eurocámara, indicó la jueza.