20250402

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Entrevista para Empresa XXI con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe: "...Todo tiene un momento. Y en el que estamos viviendo tenemos que estar alineados para ser competitivos y crecer económicamente. Dentro de esos factores, una fiscalidad más amable es totalmente necesaria porque puede ser un elemento diferenciador con otra comunidad autónoma, con otro país”.  “Respetamos y nos parece bien que se intente favorecer a determinados colectivos vulnerables. Aplaudimos los incentivos o deducción a la descarbonización de la industria, pero se queda muy coja en la posibilidad de utilizar el concierto económico de cara a ese crecimiento económico y competitividad regional”. Sobre la reforma fiscal recién aprobada, Tamara Yagüe insiste en que “es un claro y preocupante castigo empresarial. Más allá de la letra pequeña que nos puedan presentar, esta reforma introduce medidas que consideramos que no contribuirán ni a atraer inversiones ni a fomentar la creación de empresas..." En relación al absentismo, la presidenta de Confebask se reafirma en que “debemos de tener ganas para buscar soluciones entre todos. Nuestra propuesta es trabajar con las tres 'C' -compromiso, colaboración y confianza- para analizar las causas y buscar soluciones. Esto no es fácil, y en la mesa de diálogo social no se está avanzando, por lo que vamos a pasar a abordar nuestra hoja de ruta, que ya está aprobada”.

El Lehendakari Imanol Pradales ha recibido al Comité Ejecutivo de Confebask dentro de lo que supone la tradicional recepción anual a la dirección de la organización empresarial más representativa de Euskadi y principal interlocutora con las instituciones vascas. Confebask ha aprovechado para trasladar al lehendakari la visión sobre el momento económico e industrial, muy marcado por la elevada incertidumbre geopolítica internacional y las posibles consecuencias por la guerra comercial abierta por Donald Trump. Asimismo, Tamara Yagüe ha presentado al Lehendakari las principales actuaciones previstas a corto y medio plazo por Confebask en relación a los temas que más le preocupan, como la puesta en marcha de diversas iniciativas para tratar de atajar los altos índices de absentismo, la apuesta por la colaboración pública-privada para la generación, fidelización y atracción de talento; o el compromiso por mantener y estrechar las alianzas estratégicas con el Gobierno vasco en materias como la Formación dual (Fp+Universidad) o la defensa de la industria. También se han compartido diversas iniciativas lideradas desde el Lehendakari y el Gobierno Vasco, como la clara e inequívoca apuesta por la industria, así como por el arraigo y la inversión. Ver más en Confebask 

El lehendakari Pradales recibió ayer a Confebask, encabezada por su presidenta, Tamara Yagüe. La cita reflejó mayor cordialidad entre Pradales y la patronal que la exhibida últimamente por los empresarios y el PNV. Imanol Pradales abrió ayer con una delegación de Confebask una serie de reuniones con los agentes sociales –también acudirán los sindicatos– para hablar sobre múltiples aspectos, como la posible puesta en marcha de un SMI propio para Euskadi. La confederación empresarial presidida por Tamara Yagüe fue la primera en acudir a la sede de Lehendakaritza en un momento en que las relaciones entre el PNV y la patronal no pasan precisamente por su mejor momento. La sintonía con el lehendakari, en cambio, es mucho mayor. Este encuentro forma parte de una serie de citas con los agentes sociales pero que el Gobierno vasco se resiste a bautizar como «ronda de contactos» propiamente dicha porque han sido «a petición» de los propios interlocutores, no del Ejecutivo.

La planta de Bridgestone en Basauri se enfrenta a su momento más difícil en sus nueve décadas de historia. El despido de 335 trabajadores anunciado ayer por la multinacional japonesa –en total cuatro de cada diez miembros de su plantilla, formada por 831 trabajadores– perfila un escenario sombrío para la fábrica vizcaína y envía un mensaje de alerta a todo el sector vasco ligado a la automoción. Y es que aunque su producción se centra en los neumáticos para camiones y autobuses, los motivos que alega la empresa suenan a conocidos: la competencia con marcas asiáticas de bajo coste, los cambios regulatorios y una incertidumbre global germinada por las políticas arancelarias de EE UU. Y el ERE de Bridgestone no duele solo en Euskadi. La vecina planta cántabra de Puente San Miguel, que desde finales de 2023 venía compartiendo un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) con la plantilla de Basauri que debía finalizar ayer tras más de 120 días de paro intermitente, también ha salido herida. Allí los despidos afectan a la mitad del personal: 211 de sus 418 empleados dedicados a los neumáticos radiales agrícolas. En total, 546 trabajadores afectados por los despidos que los sindicatos calificaron ayer de decisión «aberrante», «injustificada», «desproporcionada» y «premeditada», por la rapidez con la que la empresa ha completado los análisis sobre la producción que venía anunciando las últimas semanas, ante las peticiones de las centrales de un plan industrial sólido.

El despido de 335 trabajadores en la fábrica de neumáticos de Bridgestone en Basauri es «tocar hueso». Así lo explica un directivo de una compañía de automoción en Euskadi para explicar que las medidas de flexibilización que las empresas del sector están poniendo encima de la mesa llegan a su fin. Los ERTE o la elasticidad de los horarios ya no dan para más. Así que el ERE y los despidos, que no aparecían en el sector desde la pandemia, han irrumpido de nuevo en el escenario. Las alarmas saltan en un sector que da trabajo en Euskadi a 40.000 personas y representa el 10% de su PIB. Los que sí han pagado en empleo el descenso de pedidos, provocado por una caída en la producción de los fabricantes de vehículos en Europa a niveles de hace cinco años, son los eventuales. Así, en la fábrica más grande de Euskadi, la planta de la multinacional alemana Mercedes, hasta en 300 trabajadores ha cifrado la dirección el impacto en personal eventual. Son trabajadores que, según van finalizando su contrato, están dejando su puesto de trabajo. Es también el caso de 90 empleados de Gestamp en la planta de Abadiño. El fabricante de componentes líder mundial es uno de los principales proveedores de Mercedes desde sus plantas de Bizkaia y Subillabide, en Álava. Las piezas de la estructura del chasis, así como las puertas son el grueso de los pedidos, con lo que la evolución de la demanda de furgonetas marca su ritmo de producción. Así, hasta el año pasado las instalaciones vizcaínas de Gestamp han mantenido activado un ERTE. En 2025 es precisamente la renovación de esos eventuales, explican fuentes sindicales, lo que está permitiendo no recurrir a esa medida de flexibilidad. Y es que Mercedes es un motor económico que impulsa a la automoción vasca generando, además de sus 5.000 empleos, trabajo indirecto para otras 15.000 personas. Su producción, por la caída de la demanda, se redujo aún más la semana pasada, con otras 2.000 unidades menos.

Las empresas de Gipuzkoa están pendientes de la ofensiva arancelaria que hoy tiene previsto anunciar Trump y que afectará a los 830 millones de euros que el territorio exporta a EE UU, una cifra que casi se ha triplicado en una década. El mundo entero está pendiente de la ofensiva arancelaria que anunciará hoy Donal Trump en lo que ha bautizado como el ‘Día de la Liberación’, una jornada en la que detallará su estrategia en esta materia. Desde este lado del Atlántico, Gipuzkoa también contiene el aliento. No en vano se juega 829,84 millones en exportaciones al país norteamericano, que es el tercer destino de las ventas del territorio al exterior. Todavía son más las dudas que las certezas sobre lo que anunciará el presidente norteamericano, ya que su política proteccionista de la que ha hecho bandera desde que llegó a la Casa Blanca podría centrarse en unos pocos países o abrir una guerra comercial mundial, incluidas las mayores economías como la china o la UE. Una incógnita que se desvelará en unas pocas horas. Mientras tanto, todas las economías, desde las más grandes hasta las más pequeñas, cruzan los dedos, ya que sufrirán el impacto en mayor o menor medida en función de que les afecten los aranceles de forma directa o indirecta, teniendo en cuenta que vivimos en una economía globalizada y que la guipuzcoana es netamente exportadora. Nuestro territorio vendió el año pasado a EE UU productos por valor de 829,84 millones, con un aumento del 11,9% respecto al ejercicio anterior. Y es que las exportaciones al país norteamericano han ido creciendo en la última década todos los ejercicios a excepción de dos. 

Los 116 millones de euros a los que asciende la multa de Renfe a Talgo por el retraso en la entrega de los 30 trenes Avril se habían convertido en el escollo que impedía avanzar en las negociaciones para el aterrizaje del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, en la compañía ferroviaria. La sanción pesaba en la empresa como la mochila que lastraba la refinanciación de la deuda, que asciende a 405 millones, y de las líneas de crédito abiertas. Además, su provisionamiento provocó que Talgo cerrara el 2024 con pérdidas de 107 millones. Fuentes conocedoras de los contactos entre las partes han confirmado que ayer el consorcio vasco liderado por Jainaga ha comunicado a Renfe la aceptación de las líneas generales ofrecidas para el pago de la sanción. La última propuesta del operador público fue presentada la semana pasada, como adelantó este periódico, y consiste en un periodo de carencia hasta 2031, ejercicio que marcará el inicio de los pagos con un fraccionamiento de siete años. Los intereses de esos aplazamientos serán del euríbor más 0,5%, tras un ajuste a la baja sobre los primeros planteamientos realizados por Renfe en una cuestión que había centrado las últimas negociaciones. Para cerrar definitivamente el acuerdo, eso sí, el consorcio formado por Sidenor, Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital plantea una salvedad. Se trata de retirar el compromiso que pedía el operador público para que el fabricante renunciara a cualquier tipo de reclamación. Es una decisión, explican fuentes jurídicas conocedoras de la operación, que solo corresponde al consejo de administración de Talgo y sobre la que el consorcio vasco, en esta situación, no puede asumir compromiso alguno.

Revenga Smart Solutions, la ingeniería especializada en sistemas inteligentes de movilidad que debutó en el BME Growth en 2023, ha emprendido la búsqueda de un socio industrial para cambiar de escala y sortear las dificultades financieras que atraviesa tras una etapa de fuerte crecimiento. La compañía, propiedad de la familia Revenga (75%) ha contratado los servicios de Renta 4 para la venta de la mayoría del capital. Según las fuentes consultadas, entre los grupos interesados figura Acciona y CAF, compañías con las que Revenga colabora en distintos contratos en el exterior. Otras firmas del BME Growth como las consultoras tecnológicas Altia e Izertis también podrían pujar por Revenga. Las dificultades financieras de Revenga, reconocidas por la propia empresa el mes pasado debido a impagos y retrasos de algunos clientes, han impactado de lleno en la cotización del valor, cuya capitalización se sitúa por debajo de 20 millones de euros. Según las estimaciones del mercado, la compañía podría valer unos 30 millones teniendo en cuenta una cartera de trabajo que se acerca a 150 millones y sus referencias en tecnología ferroviaria y sistemas de gestión inteligente del transporte (ITS) como, por ejemplo, protección de túneles, tecnología free-flow de autopistas de peaje y el ticketing de los sistemas de transporte masivo como líneas de autobús y metro, entre otros.

La Diputación de Gipuzkoa anunciará mañana una nueva línea de ayudas y subvenciones para el tejido empresarial del territorio. El detalle de las cuantías se conocerá entonces. Ayer la noticia la dio la portavoz foral, Irune Berasaluze, tras una pregunta de este periódico para conocer la postura de la institución tras las críticas de las patronales Confebask y Adegi y también de la Cámara de Comercio hacia la reforma fiscal, si bien fuentes de la Diputación aclararon después que estas subvenciones no están relacionadas como respuesta a los reproches recibidos. La portavoz se remitió ayer al mensaje lanzado la pasada semana por la diputada de Hacienda, Itziar Agirre, que aseguró que las empresas «pueden estar tranquilas» con la revisión tributaria. «No creo que la reforma perjudique a las empresas», añadió Berasaluze. Desde su punto de vista, las medidas anunciadas «no tendrán efecto» en las empresas, porque «generan empleo e invierten» en nuestro territorio. Con todo, tras mostrar su «respeto» por las opiniones lanzadas por diferentes asociaciones, reconoció que es muy importante que las empresas estén «fuertes» porque son las que «generan riqueza» y son «clave» para el Estado del bienestar. Además, el Consejo de Gobierno de la Diputación aprobó ayer la convocatoria de Gipuzkoa Quantum 2025 para la consolidación del territorio como «polo de referencia» en tecnologías cuánticas.

La ampliación del Plan Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible de hidrógeno, que entra hoy en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros de ayer, no será compatible con el nuevo programa de ayudas del Gobierno Vasco para la compra de vehículos menos contaminantes, entre los que están incluidos los de combustión que no superen los 125 gramos de dióxido de carbono por kilómetro en el caso de los coches, y los 150 en el caso de las furgonetas. Este programa se puso en marcha ayer. La nueva norma estatal publicada ayer en el BOE establece, en esta línea, que el programa estatal se regirá por lo dispuesto en Real Decreto 266/2021, del 13 de abril, donde figura que «las ayudas de los programas de incentivos que se aprueban serán incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad». Desde su creación, el Plan Moves, que contará con una dotación de 400 millones y se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre, ha limitado la acumulación de incentivos para evitar una doble financiación pública en la compra de vehículos. En esta nueva edición, que se trata de una ampliación y no de una nueva normativa, el programa estatal mantendrá la restricción que impide combinar ayudas autonómicas con las estatales, lo que obliga a los compradores en Euskadi a elegir entre una de las dos opciones. Esta decisión sigue la línea de ediciones anteriores, en las que tampoco fue posible acumular subvenciones de diferentes administraciones.

Lanbide mantiene unas tasas mínimas de intermediación pese a los esfuerzos por mejorar su servicio en este aspecto, el de facilitar un trabajo a los parados. El año pasado intervino de media en el 3,1% de los contratos firmados, una tasa que se sitúa por debajo incluso del 3,6% del año anterior. Los datos aparecen en una respuesta escrita del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, liderado por Mikel Torres, a una pregunta del parlamentario popular Álvaro Gotxi. Por mucho que estos bajos porcentajes sean frecuentes en los servicios públicos de empleo en todas partes, Lanbide es consciente de que tiene mucho que mejorar y, de hecho, está inmersa en un proceso de transformación, apuntalado por la Ley vasca de Empleo que se aprobó a finales de 2023. Esta normativa recoge el derecho subjetivo de los ciudadanos a recibir una tratamiento personalizado para ayudarles a encontrar empleo. En esta línea, prevé que todos los parados vascos tengan un profesional de referencia para llevar su caso, que en dos meses le realizará un diagnóstico de su situación y en un mes le preparará un plan de formación adecuada para conseguir trabajo. Para atender este compromiso se está acometiendo una remodelación del organismo, que ha estado lastrado con la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Con objeto de liberar recursos se acometió ya una reforma de estas ayudas para agilizar su tramitación y se estableció un plan para especializar y reforzar la plantilla dedicada al asesoramiento para la búsqueda de empleo. En Euskadi se contabilizaban 108.453 parados al cierre del febrero. Precisamente hoy se conocerá el dato de los desempleados de marzo.

Si una empresa obtuviera un beneficio neto de 100 euros, solo 53 estarían sujetos a impuestos; el resto quedaría al margen del cálculo fiscal. Las compañías logran reducir en España de manera significativa la parte de sus ganancias sobre la que se aplica el impuesto de sociedades, lo que agranda la brecha entre sus resultados contables y sus bases imponibles y limita la recaudación pública de una de las grandes figuras impositivas del país. Y lo consiguen a través de mecanismos perfectamente legales, diseñados para incentivar algunos aspectos de la actividad económica, como la investigación, o para amortiguar las pérdidas de los años de la crisis. En 2024, las empresas alcanzaron unos ingresos netos de 339.018 millones de euros, la cifra más alta de la historia. Sin embargo, solo 180.806 millones (el 53,3%) quedaron sujetos a tributación, lo que significa que casi la mitad de los beneficios logró esquivar el gravamen de Hacienda, según los datos publicados esta semana por la Agencia Tributaria. La mayor minoración de la base imponible se produce por los beneficios procedentes del exterior por las filiales de las grandes compañías españolas, que ya tributan en los países donde están establecidas. Este desfase, que lleva más de 15 años instalado en el sistema tributario español, es consecuencia de un entramado de mecanismos fiscales que permiten a los grupos aminorar su carga impositiva, principalmente a través de la compensación de bases imponibles negativas, que operan como pérdidas pasadas, y las exenciones sobre las rentas internacionales.

El primer análisis sobre la situación financiera del sistema público de pensiones elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que da un balón de oxígeno temporal al Gobierno para aplazar la toma de medidas adicionales que garanticen la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social, está, no en vano, plagado de cuestionamientos. Una conclusión nuclear que se desprende del informe emitido y que asume la Seguridad Social es que las medidas de refuerzo de ingresos previstas en la reforma aprobada entre los años 2021 y 2023 no serán suficientes para cubrir el alza del gasto que generarán, principalmente, la indexación de la revalorización de las prestaciones al IPC y el aumento del número de jubilados. El resultado directo es que el Gobierno deberá inyectar más de 85.000 millones de euros de ingresos procedentes del Presupuesto General, es decir, de la recaudación tributaria, para sostener las cuentas del sistema para el año 2050, momento en que se espera el pico de gasto en pensiones, el despliegue de las medidas de ingresos habrá llegado a su máximo y aún así se precisarán transferencias por valor de 5,5 puntos porcentuales del PIB para equilibrar el balance. “Incluso aumentando ingresos públicos, si no se hacen reformas en el sistema de pensiones el riesgo de colapso fiscal es muy elevado”, señala el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, Miguel Ángel García Díaz. Concretamente, a los 48.213 millones de euros de transferencias de las que dispone la Seguridad Social en la actualidad –ejecución presupuestaria de cierre de 2024– la Autoridad Fiscal estima que se deberán aportar otros 37.200 millones para poder hacer frente a las obligaciones de gasto. Además, en este escenario también seguiría siendo necesario el crédito concedido al organismo encargado de las pensiones por valor de 10.000 millones. Por lo que la inyección de financiación más allá de las cotizaciones ascendería a los 95.000 millones de euros anuales.

El vehículo eléctrico tuvo un primer trimestre de récord en España. Pese a la ausencia de un plan de ayudas a la compra, tras la caída en enero del decreto ómnibus en el que se incluía el Moves III y la deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF, las marcas de coches dispararon la matriculación de coches eléctricos un 68,9%, hasta rozar los 20.000 turismos. Esto supone una cuota de mercado récord para este tipo de vehículos del 6,9%, según los datos proporcionados ayer por la patronal nacional de automovilísticas, Anfac, la de concesionarios, Faconauto, y la de vendedores, Ganvam. Este buen momento en España, que aun así sigue lejos de la cuota media europea en coche eléctrico —en enero y febrero se situó en el 15,15%, según datos de Acea, la patronal europea de fabricantes de coches—, se verá beneficiado ahora con la renovación del Moves III hasta el 31 de diciembre. Los híbridos enchufables, que entran dentro del concepto de vehículo electrificado, incrementaron sus ventas un 30,7% en el trimestre, hasta las 20.516 unidades. Si se suman ambas tecnologías, el coche electrificado tiene en España una cuota de mercado superior al 14%. En marzo, el crecimiento del vehículo eléctrico puro fue especialmente notable, un 92,9%, pese a que los fabricantes de coches llevan desde febrero advirtiendo de la paralización de los pedidos de eléctricos. Los híbridos enchufables, por su parte, crecieron en el tercer mes del año un 50,6%.

Los inversores de capital riesgo del grupo español de telecomunicaciones Masorange están estudiando una oferta pública de venta (OPV) o salida a Bolsa de la empresa para el año que viene, ya que los grupos de capital riesgo tratan de sacar al mercado algunos de sus activos. Masorange, el mayor operador de telecomunicaciones de España por volumen de clientes –Telefónica sigue siendo el líder por volumen de ingresos–, nació de una fusión por valor de casi 20.000 millones de euros acordada en 2022 entre la filial española de la multinacional francesa Orange y MásMóvil, que estaba respaldada por tres grupos de capital riesgo anglosajones: KKR, Cinven y Providence. Según los términos del acuerdo, cualquiera de las partes puede lanzar una oferta pública de venta de acciones tras un periodo de bloqueo de dos años que expira en abril de 2026. Según fuentes familiarizadas con los detalles, los propietarios de MásMóvil (KKR, Cinven y Providence Equity Partners, además de un grupo de inversores españoles) están en conversaciones preliminares sobre las opciones para la empresa, que podrían incluir una salida a Bolsa en España el año que viene. Las fuentes añadieron que no se han tomado decisiones definitivas. La salida a Bolsa de Masorange daría cierto impulso al mercado europeo de OPV, que ha tardado en recuperarse de una sequía pospandemia que ha obligado a los grupos de capital riesgo a conservar un número récord de activos sin vender.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la principal patronal de España, zanjó una acusación de presunto acoso laboral con el pago de 55.000 euros en verano de 2024, una cantidad inferior a la máxima legal correspondiente a ese despido improcedente. Según indica la demanda que presentó la presunta víctima, la persona acusada es la directora del departamento de empleo, diversidad y protección social, Rosa Santos. Con el acuerdo económico, la persona afectada (que trabajaba en CEOE bajo la dirección de Santos) retiró la denuncia por acoso laboral y vulneración de sus derechos fundamentales. El pago por parte de CEOE resolvió un proceso que arrancó en agosto de 2023, cuando la presunta víctima presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prosiguió con una demanda ante el Juzgado de lo Social de Madrid en noviembre del mismo año y, días antes de la fecha del juicio en julio de 2024, se alcanzó el acuerdo económico, por valor de 55.000 euros. En la demanda presentada ante la justicia, la presunta víctima indicaba que la situación de acoso laboral era conocida por la dirección de CEOE, incluido el propio presidente, Antonio Garamendi, y el secretario general de la patronal, José Alberto González-Ruiz. En ella se subraya la “inacción” de la cúpula de la patronal ante esta acusación. La representación legal de la presunta víctima ha rechazado conversar sobre el caso con este periódico por “secreto profesional”. CEOE ha decidido no responder a las preguntas de este diario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid irrumpe en la guerra abierta en la patronal ante la próxima celebración de elecciones en Cepyme, la confederación que defiende los intereses de la pequeña y mediana empresa. Isabel Díaz Ayuso ha tomado posiciones en el proceso electoral a favor de Gerardo Cuerva y está cuadrando su agenda para amadrinar su candidatura a la reelección frente a Ángela de Miguel, la candidata de Antonio Garamendi, presidente de CEOE. El movimiento de la líder del PP madrileño no es baladí. El fortalecimiento de su vínculo con Cuerva viene del pasado verano, cuando la presidenta respaldó a Cepyme en un acto en el que se dio lectura pública al Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa, un alegato inédito promovido por una patronal integrada en la CEOE contra «la injerencia» y «la aprobación continuada de medidas intervencionistas» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ese manifiesto fue el origen del conflicto entre Garamendi y Cuerva. Al presidente de CEOE no le gustó la subida de tono de Cuerva contra el Gobierno. La postura de la patronal nacional, que se sienta con Cepyme en la mesa de diálogo social a negociar con los distintos ministerios, siempre se ha basado en la «lealtad» y la «responsabilidad institucional», dos términos que Garamendi repite como un mantra. Esa es la máxima que ha guiado sus relaciones con el Gobierno desde que Sánchez llegó a La Moncloa, pese a no compartir como representante de los empresarios del país el grueso de la agenda económica y laboral de la coalición PSOE-Sumar. El tono excesivamente crítico que empezó a adoptar Cuerva contra las políticas «antiempresa» del Ejecutivo le acabó costando la confianza de Garamendi, que a finales del año pasado empezó a buscarle sustituto. La elegida fue la presidenta de los empresarios vallisoletanos, Ángela de Miguel, que ya ha lanzado su candidatura a las elecciones que se celebrarán el próximo 20 de mayo.

A una parte del mundo empresarial no le gusta la OPA de BBVA por Banco Sabadell. Varias patronales y representantes de los empresarios, especialmente con vinculación en Cataluña, lo han dejado patente desde que Carlos Torres lanzó la oferta hostil el pasado mes de mayo y ahora que se acerca la fase decisiva de la resolución han intensificado sus mensajes en contra. En este contexto, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, alertó ayer de que las pequeñas y medianas empresas perderán unos 75.000 millones de euros en financiación si se termina materializando la OPA, una posición en la que coincide con Cepyme (la patronal madrileña de las pymes) y con el sindicato UGT. «Es el 50% del crédito que da Sabadell a las pymes, que es de 150.000 millones de euros», explicó en las jornada Análisis del mercado financiero. Impacto en la pyme española, donde insistió en que «muchas empresas pequeñas» podrían cerrar ante la falta de financiación. El representante de la patronal catalana aseguró, además, que si el banco presidido por Torres acaba absorbiendo a Sabadell, los empresarios tendrán que «reinventar la creación de un nuevo banco», como hicieron sus antecesores con Sabadell hace más de 100 años. En respuesta a los cálculos de Foment, fuentes de BBVA que «la unión con Sabadell es una apuesta clara por el mundo empresarial» y que «los clientes de Sabadell, lejos de perder, tendrán en BBVA el mejor aliado para crecer». «Somos el banco que lidera la captación de pymes con una cuota de captación del 26,5% en el último año. En los últimos cuatro años, hemos crecido un 16% nuestra financiación al mundo empresarial en España, cuando el sector ha caído en financiación a este segmento de clientes un 5%. Solo en Cataluña hemos canalizado casi 20.000 millones en el último año. Esto ilustra bien nuestro compromiso". 

Donald Trump levantará hoy un muro a las importaciones con aranceles que apuntan a superar el 20% de media, aunque los detalles finales no han trascendido. La declaración de guerra comercial se espera en la Rosaleda de la Casa Blanca, en un acto solemne en lo que el presidente de EE UU llama “Día de la Liberación”. Trump anunciará lo que denomina de forma impropia “aranceles recíprocos”, con el punto de mira en los países que venden más de lo que compran en EE UU. De momento, los anuncios y medidas de Trump han hecho perder fuelle a la economía. “Los aranceles son un impuesto a tu lista de la compra”, rezan esta semana en las calles de Washington anuncios pagados por Canadá. Las televisiones emiten mensajes de Toyota en los que la compañía japonesa resalta lo estadounidense que es. Las escaramuzas ya han comenzado, pero la declaración de guerra comercial se espera hoy en la Rosaleda de la Casa Blanca, en un acto solemne en lo que el presidente de Estados Unidos llama de forma grandilocuente “Día de la Liberación”. Donald Trump levantará un muro a las importaciones con aranceles que apuntan a superar el 20% de media, aunque los detalles finales no han trascendido.

Ayer, desde Bruselas, se lanzó un llamamiento a la calma ante el nerviosismo de todos los sectores económicos que pueden verse afectados por el fuego cruzado a ambos lados del Atlántico y del Pacífico: “Europa tiene un plan sólido”. Es más, “la UE tiene el poder de contraatacar”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que insistió en que su principal objetivo es “encontrar una solución negociada” pero, al mismo tiempo, estar preparada con “contramedidas firmes” para responder a los aranceles recíprocos que hoy se anuncien desde Washington y que en su mayoría empezarán a aplicarse mañana mismo. “Si es necesario, protegeremos nuestros intereses, a nuestra gente, a nuestras empresas. Quiero ser muy clara con el objetivo de nuestra respuesta”, apuntó la presidenta de la CE. Sin embargo, pocas pistas más sobre su hoja de ruta, más allá de las represalias contra los aranceles al acero anunciadas hace tres semanas y que afectarán a las exportaciones estadounidenses a la UE por valor de 26.000 millones de euros –y que tampoco han sido detalladas en su totalidad–, que en principio se aplicarán desde mediados de abril. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, añadió que “la mejor forma de defender nuestra relación transatlántica es invertir más en nuestra propia defensa”, en relación al plan de inversión que los líderes europeos apoyaron hace dos semanas.

La actividad manufacturera de Estados Unidos se estanca en marzo, al situarse el índice de producción industrial (PMI) calculado por S&P Global en 50,2 puntos, frente a los 52,7 anteriores. Aun así, hay que señalar que todavía continúa en terreno positivo por tercer mes consecutivo. La agencia ha explicado que el sector industrial se ha paralizado después de haber crecido con fuerza en febrero ante el primer retroceso en la producción desde diciembre y por una mejora de la demanda que fue solo “modesta” pese a la estabilización de las exportaciones. La contratación se detuvo tras cuatro meses de alzas y las presiones inflacionistas se agudizaron, mayormente, por el efecto de los aranceles. En especial, los costes de los proveedores repuntaron al ritmo más acelerado en dos años y medio. Por otra parte, la confianza de las empresas de cara al futuro se ha moderado ante la incertidumbre provocada por el impacto que puedan tener las políticas aplicadas de Trump. “El fuerte comienzo de año para los fabricantes de EEUU se tambaleó en marzo. El optimismo empresarial a un año vista se ha deteriorado aún más desde el máximo de casi tres años registrado en enero y ha caído bruscamente en los últimos dos meses, haciendo que las compañías dejen de engrosar plantillas por primera vez desde octubre”, explicó ayer el director del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

El mundo empresarial aguarda la lista definitiva de aranceles que el Gobierno de Estados Unidos impondrá a los productos que lleguen a su territorio. Y entre los sectores que contienen el aliento está el del gran consumo. Compañías de alimentación, de productos textiles o de cuidado personal ven cómo el principal mercado mundial apuesta por una política comercial proteccionista con potenciales consecuencias para la inflación, el consumo y su propio desempeño financiero. También para las empresas establecidas allí. El aviso de un gravamen generalizado del 25% a los países de la Unión Europea, o las medidas ya concretadas respecto a productos que lleguen de Canadá, México o China, con tasas del 25% para los dos primeros, y uno adicional del 10% (hasta el 20%) para el gigante asiático, ya han puesto en alerta a los grandes grupos cotizados. Todos ellos han compartido con el mercado unas previsiones para este ejercicio 2025 sin saber con exactitud el escenario arancelario en el que se desarrollará, y desde luego, no con gravámenes tan elevados en EE UU. “Un arancel a las importaciones de México y Canadá crearía un obstáculo adicional al negocio”, reconoce el presidente y consejero delegado de Mondelez, Dirk van de Put. La multinacional estadounidense, dueña de las galletas Oreo, confirmó que sus previsiones anuales no tenían en cuenta ni la imposición de aranceles a las importaciones por parte de EE UU ni las represalias de otros países.