20250403

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

El mundo buscaba claridad y estabilidad. En lugar de eso, la versión más caótica de Donald Trump azotó ayer el comercio global con una receta arancelaria distinta para cada país, sacudiendo incluso con más fuerza a sus socios tradicionales. La nueva política de aranceles «recíprocos» de EE UU –una falacia que no solo contabiliza aranceles, sino políticas monetarias, subsidios y regulaciones–, empieza con una base mínima del 10% a lo ancho del globo, pero se ensaña con los 60 países que considera «los peores ofensores» de EE UU. A la UE, por ejemplo –«parecen amigos, pero son de lo peor», dijo–, le aplicará el 10% mínimo a partir del sábado 5 y luego el 20% a partir del miércoles 9. Sin embargo, mantuvo los impuestos globales del 25% a los automóviles, que según su decreto entraron en vigor esta medianoche pasada. En el caso de China, los nuevos aranceles se suman a los existentes, alcanzando un 54%, y afectan a Vietnam con un 46%, país que los fabricantes chinos utilizaban para triangular sus exportaciones. La caótica lista sin material de aclaración indicaba que Trump estuvo indeciso hasta el último momento. Las filtraciones que hablaban de una imposición homogénea de tres tramos sirvieron para calmar a los mercados en las última horas del trading de ayer, pero dejaron a los inversores aún más impactados al tratar de entender la entelequia con la que desmantela por decreto la globalización. Para el anuncio de la mayor traca arancelaria, Trump estrenó el Jardín Rosado y reinventó su eslogan de campaña para darle un nombre «histórico» al evento de «Make America Wealthy Again» (Hacer América Rica de Nuevo), convencido de que inaugura «una época dorada» para EE UU.

La economía vasca tiembla ante la guerra comercial emprendida por Donald Trump. El muro arancelario que el líder republicano levantó ayer sobre la Unión Europea –con aranceles genéricos del 20%– no solo expone los 2.000 millones que Euskadi exportó el año pasado a EE UU, sino que golpea de manera pronunciada sobre la automoción, que ejerce de tracción del resto de sectores del territorio. Aunque el año pasado las empresas vascas exportaron 76 millones en componentes para la fabricación de coches y furgonetas a Estados Unidos, el impacto de estos aranceles sobre el sector es mayor. El gravamen del 25%, que se aplica sobre toda la venta de vehículos de la UE, impacta sobre la línea de flotación de una economía alemana que ya suma dos años en recesión. La cuestión es que las compañías automovilísticas vascas tienen en el país germano a su principal cliente, ya que compra una de cada tres piezas que se fabrican. Y cuando Alemania se gripa, Euskadi estornuda. Este escenario de inestabilidad, que afecta a toda la industria vasca y a un sector de la combustión ya golpeado por la volatilidad del petróleo, impulsó al Gobierno vasco en febrero a constituir un grupo destinado a «dar una respuesta rápida» a la guerra arancelaria. El lehendakari, Imanol Pradales, explicó entonces que Euskadi y Europa se enfrentan a una amenaza «que no se veía en décadas». De ahí que esta mesa, de la que saldrá un plan de acción, reúna a las principales empresas del territorio, Confebask, las tres diputaciones y el propio Ejecutivo autonómico. En todo este proceso, cuando los aranceles eran solo una amenaza y no una realidad, el lehendakari ha apostado por alinear su discurso con el de la Comisión Europea. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará hoy un plan de respuesta con medidas concretas para paliar el impacto sobre empresas y consumidores. Según fuentes gubernamentales, el jefe del Ejecutivo se reunirá por la mañana en La Moncloa con representantes del sector agroalimentario y del automóvil. Algunas organizaciones invitadas son la patronal del automóvil Anfac o la asociación agraria Asaja. Queda por ver qué medidas podrá tomar el Gobierno para compensar a las empresas afectadas, pero España se defenderá y responderá de forma «justa y proporcionada», afirmó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. En un evento organizado por Europa Press, dijo que el Ejecutivo dará apoyo «desde el primer día» a los sectores más afectados por las medidas «injustas» de Trump. Cuerpo quiso transmitir «tranquilidad y confianza», recordando que tanto la UE y España quieren llegar a acuerdos que protejan a empresas, empleados e industrias. «Tenemos las herramientas necesarias para responder», insistió, puntualizando además que no serán «ingenuos», sino que protegerán a las firmas españolas. Sánchez se reunió ayer con varios ministros y agentes sociales para analizar los aranceles y «las posibles respuestas». Allí abordó la situación geopolítica y compartió la necesidad de una UE «fuerte y unida que proteja a la industria, los trabajadores y las empresas». No trasladó medidas concretas, sino que fue cauto a la espera de los anuncios.

Los sectores más afectados son los que tienen una mayor penetración exportadora en EEUU. Esto es, los bienes de equipo, que con alrededor de 6.200 millones representan un tercio de las ventas totales de España al mercado estadounidense, esencialmente máquinas y aparatos mecánicos, así como aparatos y material eléctrico. En segundo lugar, las semimanufacturas (bienes elaborados a partir de productos químicos –sobre todo–, acero y hierro, papel, o materiales de construcción), con unas exportaciones que rondan los 5.000 millones. Y en tercero, la alimentación y bebidas, que suman unas ventas anuales próximas a los 3.000 millones (alrededor de 3.500 millones en 2024, según las primeras estimaciones). Estos tres capítulos representan por sí solos tres cuartas partes de las ventas totales de España a EEUU, que el año pasado fue el séptimo país europeo que más exportó al otro lado del océano. A diferencia del conjunto de la UE, donde el comercio bilateral de bienes con EEUU es claramente superavitario para el bloque comunitario, la balanza se inclina, por mucho, del lado estadounidense en sus intercambios con España, que compra a Estados Unidos mucho más de lo que le vende: 28.192 millones en 2024 frente a los 18.179, lo que arroja un saldo negativo de más de 10.000 millones para nuestro país. En el campo español, al que los problemas le llueven sobre mojado, la tormenta arancelaria ha suscitado especial preocupación, ya que entre los productos más expuestos figuran algunos tan emblemáticos como el aceite de oliva o el vino. El primero es, con diferencia, el producto agroalimentario español más vendido en EEUU. 

Arancha González Laya (San Sebastián, 55 años) se muestra muy dura con las políticas comerciales de Estados Unidos. Desde su dilatada trayectoria en asuntos comerciales dentro de organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la ONU y la Comisión Europea, esgrime un discurso articulado y muy crítico con esta Administración estadounidense de Donald Trump con un matiz que deja claro en conversación telefónica: habla de las políticas comerciales del país, no de las personas que están al frente. Esas políticas son las que la exministra de Asuntos Exteriores española define una y otra vez como “predatorias”. Hasta este momento dice no haber visto nada igual en su carrera, quien ahora es decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, dependiente de la prestigiosa SciencePo. "Si tuviera que resumirlo, diría que no es comercio justo, se trata de políticas predatorias. Entramos en la era de las políticas predatorias, en la era de una Administración estadounidense depredadora en lo geopolítico y en lo económico. Ese es el punto de partida si queremos entender cómo funciona un depredador que destruye sistemas, marcos normativos para imponer su ley y para extraer el beneficio, obligando a los demás a aceptar los costes...Jamás en la vida he visto algo parecido. Ni siquiera en su versión número uno. En el primer mandato [de Trump] esto se planteaba como una manera de negociar. Pero es que ahora no se plantea así. No puedes negociar cosas que son innegociables. Por eso creo que se parece más a una política predatoria. Cuando te dicen que los términos de la discusión son Groenlandia, políticas medioambientales, políticas de igualdad, políticas fiscales. Ahí ya no estamos en una negociación, estamos en una imposición..."

De las amenazas al intercambio de golpes. La guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea entró ayer en una nueva fase después de que el diálogo no consiguiera evitar el llamado Día de la Liberación, el nombre con el que Donald Trump, presidente de EEUU, bautizó a la sustancial estocada en forma de aranceles que dio ayer al comercio entre las dos regiones. Aunque desde Bruselas se sigue considerando la vía de la negociación como el camino deseable, lo cierto es que la Comisión Europea ya se pone los guantes y está dispuesta a contraatacar. Está previsto que la presidenta de la institución europea, Ursula Von der Leyen, intervenga hoy a las cinco de la mañana española para dar un comunicado tras conocerse que EEUU impondrá aranceles del 20% a todos los productos europeos. “Tiene que quedar claro: Europa no ha iniciado esta confrontación. No queremos necesariamente tomar represalias, pero tenemos un plan sólido para hacerlo”, indicaba ya el martes la presidenta de la Comisión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Frente a los ataques de Trump, considerados erráticos en muchos casos por expertos económicos y del mercado, Bruselas buscará una respuesta de corte más quirúrgico. El objetivo será hacer el mayor daño posible a EEUU limitando en la medida de lo posible el prejuicio propio que siempre conlleva este tipo de medidas y que se considera especialmente relevante en esta ocasión. “Son impuestos que pagarán los ciudadanos estadounidenses en sus consumibles y en sus medicinas y las fábricas pagarán más por los componentes que necesitan importar”, aseguró Von der Leyen.

La tormenta de aranceles “recíprocos” (y no recíprocos) que Trump ha desencadenado sobre el mapamundi del comercio internacional, poniendo en jaque las cadenas de suministro globales, golpea con especial dureza los intereses de la UE, a la que se aplicará un arancel general del 20%, frente al 39% que, según Trump, le aplica el bloque europeo a ellos y para el que EEUU es el mayor destino de sus exportaciones. En 2024, de los 2,58 billones de euros que la UE exportó a terceros países, 531.600 millones fueron a parar a Estados Unidos, un 20,6% de las ventas totales de la UE al exterior y un 5,5% más que el año anterior, mientras que las importaciones procedentes de EEUU fueron de 333.400 millones, un 4% menos que en 2023, arrojando un déficit de 198.200 millones para Estados Unidos. Alemania, con unas exportaciones a EEUU de 161.000 millones en 2024, es la economía que más se juega directamente; seguida de Irlanda, con ventas de 72.000 millones, e Italia, con algo más de 64.700 millones. España es el séptimo país más expuesto, con unas exportaciones al mercado estadounidense de 18.179 millones. Estas cifras ilustran la magnitud de lo que está en juego ante el órdago sin precedentes de Trump, que se extiende como un reguero de pólvora por todos los sectores económicos: acero y aluminio (cuyos aranceles del 25% ya estaban en vigor); automóviles, a los que desde hoy se aplica un gravamen del 25% para todos los vehículos fabricados fuera de EEUU; medicamentos y productos farmacéuticos; bienes agroalimentarios (incluida la amenaza de tarifas de hasta el 200% al vino y las bebidas alcohólicas europeas), semiconductores... Un verdadero maremagnum impositivo de consecuencias aún difíciles de predecir y que tendrá efectos negativos a ambos lados del Atlántico.

El impacto de la guerra comercial podría arañar entre 0,4 y 0,8 puntos el crecimiento mundial este año, engordar medio punto la inflación mundial (cuatro décimas en la UE) y fulminar más de 300.000 empleos a tiempo completo en las economías desarrolladas. Con la nueva batería de aranceles anunciada ayer por la Casa Blanca, la presión sobre todos los países se intensificará. La imposición de un gravamen generalizado del 10% a todas las economías, con tasas superiores para aquellos con los EE UU mantiene un mayor déficit comercial, alterará todos los flujos comerciales. En el caso de la UE, la tasa sería del 20%, según lo anunciado ayer por Trump, quien acusó al bloque comunitario de haber “estafado” a su país durante décadas. El efecto de la tasa general y de las tasas recíprocas será una contracción de la actividad económica. Las estimaciones sobre el impacto del golpe arancelario van desde las más optimistas, aportadas por Tax Foundation, que augura un efecto más leve sobre la actividad económica; a las más pesimistas, recabadas por Bloomberg, que pronostica una mayor perturbación. Lo mismo ocurre con el volumen de bienes afectados por la refriega: las consecuencias impactarán a productos por valor de entre 800.000 millones y 1,4 billones de euros. Y todas ellas en un escenario de guerra comercial tal y como se conocía hasta este 2 de abril. Con la nueva andanada de Estados Unidos y la esperada respuesta de sus rivales, se espera que las cifras crezcan. En el continente europeo, las últimas estimaciones de Citi hablan de que un aumento del 10% en los aranceles estadounidenses podría reducir las exportaciones de la UE entre un 7% y un 17%, aunque el impacto podría ser mayor debido a efectos no lineales. Una tasa universal limitaría la desviación comercial, amortiguando parcialmente el golpe, pero las represalias podrían amplificarlo. En el escenario base, con este tipo de represalias moderadas, el PIB de la eurozona caería 0,3 puntos entre 2025 y 2026.

Elon Musk dejará de ser la mano derecha de Donald Trump en las próximas semanas. Así lo asegura la publicación estadounidense ‘Politico’. Cita fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, que, al parecer, ya ha informado a su círculo más íntimo de que el multimillonario sudafricano abandonará pronto su papel en el Gobierno de Washington –jefe del departamento de Eficiencia– para centrarse en sus negocios una vez cumplida la misión de recortar gastos en la Administración. Según ‘Politico’, el presidente está satisfecho con el trabajo de Musk, pero algunos de sus colaboradores creen que puede convertirse en un lastre. Miembros del Ejecutivo de Trump y algunos de sus asesores consideran que Musk es imprevisible y que empieza a ser una carga política. A eso se suma la derrota el martes en unos comicios de Wisconsin del juez conservador al que apoyaba el dueño de Tesla para ingresar en el Tribunal Supremo. Los ciudadanos de este estado clave votaron en contra del magistrado avalado por Musk. Una señal. Cuando Trump regresó en enero a la Casa Blanca dijo que Musk había llegado para quedarse. Ahora, si se confirma lo adelantado por ‘Politico’, va a dar un paso atrás. 

Los datos del paro registrado en Euskadi en marzo recogen un total de 108.314 desempleados, 139 parados menos que el mes anterior (-0,13%), y 3.157 menos que hace un año, un -2,83%.  En cuanto al número de cotizantes, la afiliación en Euskadi se incrementó en 4.541 respecto al mes febrero (+0,45%). Y con respecto a los que había hace un año, se han sumado 10.311 trabajadores más (+1’02%), hasta un total de 1.022.439. Así las cosas, y en declaraciones a diferentes medios de comunicación, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha asegurado que “los datos evidencian que la economía vasca cuenta con suficiente dinamismo como para que la reducción del desempleo y la creación de empleo se mantengan. La evolución del mercado laboral en Euskadi en el mes de marzo ha sido positiva, en general, con un ligero descenso del paro que se ha dado en todos los sectores, salvo en la industria, donde ha repuntado ligeramente, un 0,46%. En este sentido, el responsable de Economía de Confebask considera "lógica la situación del sector industrial, que muestra un menor dinamismo por el contexto geopolítico y económico actual que rodean la actividad industrial, con la automoción afectada, el parón de Alemania o la guerra arancelaria". Ver Confebask. 

El empleo en Euskadi recibió un empujón en marzo con 4.541 nuevos ocupados. Rebasa así la cifra de 1.022.000 cotizantes, 10.000 más que hace un año, y supera la rémora que supuso la caída de enero. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se aproximan al máximo histórico alcanzado en diciembre del año pasado –entonces hubo 2.000 afiliados más– y firman su tercer mejor resultado. Más puestos de trabajo y menos desempleados. El pasado mes cayó ligeramente el número de demandantes de empleo hasta los 108.314. Una cifra que supone 139 menos que en febrero y 3.157 por debajo de hace un año. Es ya el sexto mes consecutivo con saldo interanual negativo, una circunstancia no del todo habitual en un mes «volátil y habituado a las subidas y las bajadas» como lo calificó ayer el departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. Así todo, este marzo ha sido el quinto mejor de los últimos 17 años. Desciende entre casi todas las tipologías de personas, con mayor incidencia entre los mayores de 45 –en este colectivo el paro cae 300 personas–, aunque suben, en más de 500, aquellas sin empleo anterior. La Semana Santa todavía no ha llegado, pero en Euskadi aumenta la ocupación sobre todo la hostelería. En ella se ganan un millar de empleos. Se trata del mayor aumento en el número de afiliados, aunque los datos mejoran en casi todos los sectores. Lo hacen significativamente en las actividades profesionales, científicas y técnicas, un ámbito que recoge profesiones como contables, arquitectos, ingenieros, gestores o consultores. Este área se incrementa en medio millar, lo mismo que la educación, y seguido por la construcción donde se contabilizan 300 empleos más. Por su parte, la industria manufacturera, un punto clave dentro de la estrategia del Ejecutivo vasco, permanece casi estancada, aunque se mantiene como el sector con mayor representación al alcanzar los 175.000 puestos.

El saldo del pasado mes de marzo mantiene el pulso de la senda de los últimos años, especialmente prolija con la vuelta a la normalidad de la pandemia, al sumarse el pasado mes 161.491 cotizantes a la Seguridad Social –hasta alcanzar un total de 21,35 millones de afiliados– la lectura sectorial y contractual señala la incidencia de la expectativa inminente de un nuevo periodo vacacional, la Semana Santa, pese a que el grueso de las contrataciones ad hoc se estén produciendo en los primeros días de abril. Así, más allá de que la cifra de creación de empleo del tercer mes del año es la más baja desde 2022, cuando se sumaron 140.232 cotizantes al sistema –en este ejercicio han sido un 16,5% menos que en 2024 y un 21,7% menos que en 2023–, la prueba del peso de la estacionalidad está en el desglose sectorial. Ya que los 64.434 puestos de trabajo creados por la hostelería, sumando el régimen de asalariados y el de autónomos, suponen cuatro de cada diez empleos creados en el pasado mes. “Los datos de este mes vienen marcados por los efectos de la Semana Santa y el inicio de la campaña turística”, señalan desde el servicio de estudios de Randstad Research, en línea con el análisis realizado desde Asempleo, que apuntan que este saldo global responde sobre todo a las buenas expectativas del sector turístico “que ya despunta con su temporada de Semana Santa”. “El impulso de sectores como la hostelería y los servicios nos plantea una situación que ya conocemos, que es la gran estacionalidad de nuestro mercado de trabajo y, en consecuencia, de las necesidades temporales asociadas a esta”, explica el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

Bridgestone tenía dos opciones. Una se llamaba Basauri, la fábrica vasca con casi un siglo de historia dedicada a la producción de neumáticos en la que se prevé condenar al despido a un 40% de su plantilla, 335 de sus 831 trabajadores. La otra Stargard, una planta polaca levantada hace 15 años con 950 empleados, que comparte con Basauri la producción exclusiva de cubiertas para camiones y autobuses, y que ha salido indemne. La elección, defiende la empresa, ha ido dirigida a «optimizar la capacidad industrial para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad del negocio a largo plazo». Un dilema en el que la decisión era obvia. «La planta de Polonia tiene unos costes de producción menores que Bilbao», reconocieron ayer. La medida no ha sorprendido totalmente a los trabajadores vizcaínos, que desde finales de 2023 traían sobre sus espaldas un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que desde entonces les ha costado algo más de 120 días de paro intermitentes. Ayer el secretario general de la sección sindical de CC OO en Bridgestone Basauri, Igor Mena, señaló que la diferencia entre «los salarios» vascos y los polacos ha jugado un papel clave. Y es que la apuesta de Bridgestone por la planta polaca se venía materializando durante los últimos años. A las instalaciones originales, terminadas en 2009, le sucedieron tres expansiones en la década siguiente, con nuevas naves de producción. Mientras, el Gobierno vasco pide una reunión con la dirección europea de la empresa para «mitigar» los despidos

Sin acuerdo. Sindicatos y dirección de Guardian se levantaron ayer de la mesa de negociación del ERE sin llegar a un punto de entendimiento. Un mes después de la apertura del periodo de consultas, la parte social y la empresa no han sido capaces de alcanzar un consenso ni siquiera en las motivaciones del cierre de la antigua Villosa. El desencuentro entre los sindicatos y la empresa es tal que, según refieren fuentes del comité, el sindicato ELA se prepara ya para dar la batalla por la clausura de la histórica firma alavesa en los tribunales. «La causa técnica es premeditada e ilegal», trasladaban ayer estos mismos medios. La central aguardará a que Guardian oficialice la ejecución de los despidos –«a que dé una decisión final»– para presentar sus reclamaciones ante la justicia por unos despidos que, a ojos de las centrales «no están justificados», señalan desde el entorno de LAB. En las últimas semanas la parte social ha pedido garantías de empleo a futuro. Es decir, un compromiso de que los trabajadores podrían volver si finalmente Guardian materializa alguna operación de venta con otros inversores, que es la vía que explora el Gobierno vasco, cada vez más encaminada a un proyecto «modular» y con varios compradores a tenor de las últimas manifestaciones de Mikel Jauregi.

La corporación industrial de la Fundación La Caixa, CriteriaCaixa, será finalmente el socio nacional que cierre la propiedad del grupo siderúrgico Celsa. La compañía había sido adquirida mediante sentencia judicial por los fondos acreedores y el Gobierno de España había autorizado la operación en 2023 con la condición de dar entrada a un socio nacional de referencia. Finalmente, Celsa ha optado por la corporación presidida por Isidro Fainé. Celsa tiene entre sus activos las marcas de Nervacero, en Bizkaia, y la histórica Laminaciones Arregui, en Álava. Entre las dos suman casi 500 trabajadores que estaban a la espera de una resolución. De hecho, sus comités de empresa habían venido reclamando que el nuevo plan industrial del grupo asegurara el futuro de las instalaciones de Euskadi. Según informó ayer CriteriaCaixa, la entidad tiene un principio de acuerdo para entrar en el accionariado a través de una ampliación de capital. Celsa había recibido cinco ofertas, según explicó en un comunicado, y optó por el ‘holding’ catalán por la oferta presentada, así como por «el alineamiento estratégico». CriteriaCaixa suma así, junto a la de Telefónica, otra importante inversión alineada con los objetivos del Gobierno. Y es que la búsqueda de un socio industrial para Celsa no fue sencilla, una tarea en la que los Ejecutivos central y vasco también sondearon al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, aunque los contactos se cerraron sin éxito.

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha acompañado al Lehendakari Imanol Pradales en la inauguración esta mañana del Basque Circular Summit 2025, el mayor congreso sobre economía circular del sur de Europa organizado por Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental dependiente del Gobierno Vasco. Confebask y sus organizaciones territoriales, Adegi, Cebek y SEA Empresas Alavesas participan en este congreso con un ‘stand’ propio, en donde dan a conocer qué iniciativas de interés se están llevando a cabo en esta materia. Compartir espacio también servirá para impulsar una visión compartida de sostenibilidad y colaboración empresarial en Euskadi, así como para poner en valor la intensa colaboración público privada que se mantiene con Ihobe. Gracias a esa colaboración, las organizaciones de Confebask – Adegi, Cebek y SEA Empresas Alavesas-, organizan talleres y jornadas explicativas a las empresas para que las empresas vascas se anticipen a los retos globales de la economía circular y la descarbonización. El congreso, que se celebra entre el 2 y el 4 de abril en Euskalduna Bilbao, cuenta con más de 1.000 personas inscritas y 140 ponentes, entre ellos, la responsable de Medioambiente de Confebask, Amaia López Iriondo. Ver más en Confebask. 

ELA y LAB pidieron ayer al lehendakari que presione a Confebask para impulsar un SMI propio en Euskadi. Los líderes de las dos centrales fueron recibidos en Ajuria Enea 24 horas después del encuentro que Imanol Pradales mantuvo con los representantes de la patronal, una cita donde se escenificó la sintonía que hay entre los empresarios y el jefe del Ejecutivo autonómico. En este sentido, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, solicitó a Pradales que no acepte el «veto» de Confebask. «No vamos a aceptar ni la equidistancia ni los llamamientos genéricos a sentarse sin compromiso alguno», recalcó Lakuntza tras el encuentro con el lehendakari, en el que también participó la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu. Según recordó Lakuntza, «hay iniciativas que están en su mano y permitirían superar el portazo de Confebask». «Hay una vía política e institucional. Aranburu, por su parte, reclamó a Pradales «valentía y determinación» para que obligue a la patronal vasca a negociar un salario mínimo propio, además de implicarse y trabajar a favor de esta «demanda social mayoritaria». La coordinadora general de LAB manifestó que no se puede seguir apoyando y legitimando a una Confebask «arrogante, que representa los intereses de las grandes empresas, cuya representación no sabemos cómo se mide».

El próximo 26 de septiembre, en menos de seis meses, los inversores agrupados en Lorca Midco Ltd, que controlan el 50% del capital de Masorange, podrán comunicar oficialmente a la gala Orange –titular del otro 50% de Masorange– su intención de iniciar una salida a Bolsa a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV). Los accionistas que controlan la mitad de Masorange a través de la sociedad instrumental Lorca son los fondos estadounidenses Providence, con un 14,8% del capital, y KKR (13,4%), junto con el británico Cinven (12,1%), así como la familia Ybarra Careaga (2,6%), José Eulalio Poza (2,6%), Meinrad Spenger, el CEO de Masorange (2,8%), varios directivos, con un 1%, e Inveready, con un 0,7%. Así, los fondos anglosajones disponen de un 40,3% del capital mientras que los accionistas españoles –y el CEO– controlan otro 9,7% de Masorange. El acuerdo que rige la joint venture creada por la fusión de Orange España y MásMóvil establece que a partir del cierre oficial de la fusión, que se produjo el pasado 26 de marzo de 2024, existía un plazo de 2 años durante el cual las dos partes tenían prohibido vender acciones. Por tanto, es a partir del 26 de marzo de 2026, transcurridos los dos años desde la fusión, cuando los accionistas de Masorange tienen permiso para vender acciones y, por tanto, para hacer una OPV. Pero el acuerdo societario también señala que seis meses antes de esa fecha del 26 de marzo de 2026, es decir, a partir del 26 de septiembre de este año, es cuando se pueden iniciar los trabajos para abordar la OPV, como la selección de bancos de negocios, por ejemplo. El pacto también fija que a partir del 26 de marzo, las dos partes tienen una ventana de 18 meses, hasta septiembre de 2027, para materializar la OPV.

Gipuzkoa no quiere bajarse del primer escalón del podio en afiliados tecnológicos sobre el conjunto de ocupados, porcentaje que se sitúa en el 11,5%, por delante de Madrid, Barcelona y Zaragoza, y muy por encima de la media estatal (6,8%). Para mantenerse en lo más alto de la tabla, la Diputación y Kutxa Fundazioa anunciaron ayer una inversión conjunta de 5 millones de euros que se destinará a impulsar iniciativas empresariales en el ámbito de las tecnologías del alto valor añadido como la biofarmacéutica, la cuántica o la Inteligencia Artificial, más conocidas como ‘deeptech’. De los cinco millones de euros de inyección, Kutxa Fundazioa aportará 2,55 y la Diputación Foral de Gipuzkoa 2,45 millones. Esta inversión busca financiar proyectos de ‘startups’ y pymes en fases tempranas de desarrollo. Para apoyar la maduración de estos proyectos tecnológicos innovadores, el territorio cuenta con un órgano operativo (BIC Gipuzkoa) y con la colaboración de expertos externos que respaldan el proceso de evaluación de los proyectos desde el punto de vista técnico, de mercado y financiero. El diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, señaló que llevan «mucho tiempo trabajando en las bases de la biociencia» y quieren «seguir apoyando las tecnologías emergentes, ampliando nuestra área de actuación y fortaleciendo la economía de Gipuzkoa en este ámbito».

La clave en el ruidoso debate sobre el futuro nuclear en España no es la ideología, son los números: ¿salen las cuentas para que siga siendo rentable que las cinco centrales del país operen más allá de lo previsto en la planificación energética aprobada por el Gobierno y avalada por Bruselas? Para hacer estas cuentas, un factor determinante es el coste milmillonario de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento futuro de las centrales, que les resta competitividad frente a las renovables y el almacenamiento eléctrico. Esa gestión la deben asumir las grandes eléctricas, propietarias de las nucleares, a través de unas tasas que fija el Gobierno y que gestiona una empresa pública: Enresa. El Ejecutivo, tras actualizar el desfasado plan nacional de residuos radiactivos, aprobó en junio un incremento de la tasa del 30%. Y en mitad del debate sobre el cierre de las centrales, una de las propietarias, Iberdrola, ha presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa en la que le reclama 323,94 millones de euros por daños y perjuicios por esa subida. Iberdrola —al igual que Endesa, Iberenergía y Foro Nuclear (el lobby que agrupa los intereses de la industria nuclear)— ya había abierto una vía judicial contra el Gobierno por la subida de la tasa derivada de la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que fue aprobado en diciembre de 2023 y que sustituyó a una versión que databa de 2006.

Todavía queda un mes y medio para las elecciones en la patronal de la pequeña y mediana empresa y a muchos dentro de la organización empresarial ya se les está haciendo larga la carrera electoral. De un lado, los que apoyan a Gerardo Cuerva, actual presidente de Cepyme; de otro lado, los que respaldan a Ángela de Miguel, la candidata del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y en medio, decenas de empresarios que piden un alto al fuego. La escalada de tensión en los últimos días ha derivado en «una guerra sucia que no beneficia a nadie», según denuncian desde el frente neutral, donde crece la preocupación por la imagen que se está trasladando a la opinión pública en un momento en el que el empresariado patrio debería mostrarse unido para afrontar los retos que encaran las compañías españolas a nivel nacional y, especialmente, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y arancelaria. «Es un suicidio», asegura un alto cargo de la CEOE consultado sobre el goteo de denuncias que están trascendiendo en los últimos días. El bando de Cuerva, a través de uno de los vicepresidentes de Cepyme, José Manuel de Riva, ha hecho públicas graves acusaciones contra miembros de la organización empresarial, entre ellos, Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, a quien pide que se investigue por conflicto de intereses, o la propia De Miguel, a quien acusa de un presunto trato de favor. Ayer mismo, El País publicaba una información sobre una denuncia por supuesto acoso laboral dentro de CEOE. Una cascada de informaciones que están pesando, y mucho, sobre la imagen de la patronal. «Nos va a pasar una factura terrible», auguran desde la cúpula de la organización empresarial nacional con cierta resignación. La CEOE reaccionó a principios de esta semana con un comunicado de prensa poco habitual en el equipo de comunicación de Garamendi en el que desmintió «rotundamente» que las comisiones de régimen interno hayan recibido esas denuncias y acusó a quienes están difundiendo esas acusaciones en los medios de arrojar «difamaciones» con la «intención de introducir ruido mediático en pleno proceso electoral». 

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha dado la razón a CC OO en su reclamación contra el sistema español de indemnización por despido improcedente. El organismo, que depende del Consejo de Europa, dice que España viola la sección b) del artículo 24 de la Carta Social Europea, que dicta el “derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Esto ya lo sabe el Gobierno y también el sindicato que lidera Unai Sordo, pero no pueden hablar de ello porque pesa un embargo sobre la resolución. Podrán comentar el dictamen en torno a junio, cuando se hará público de manera oficial. Una vez superada esa meta volante, dijo ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, convocarán a los agentes sociales para abordar una reforma que reclaman los sindicatos y que rechazan frontalmente las patronales. “Hay que esperar a conocer públicamente esta resolución”, indicó Pérez Rey en la rueda de prensa en la que analizó los datos de paro registrado y afiliación. Pide paciencia porque considera clave tomar en cuenta qué dice la resolución sobre la readmisión o los salarios de tramitación, asunto que el Gobierno debe “tener en cuenta en una eventual reforma”, según el secretario de Estado.

La reforma legal del Gobierno que exigirá más condiciones a las universidades para combatir los «chiringuitos» impone unos requisitos leoninos. Hasta el punto de que al menos el 34% de las universidades privadas que están ahora en activo perderían su autorización para funcionar porque no cumplen con la exigencia de tener más de 4.500 estudiantes. Son 14 campus privados y dos públicos con menor número de alumnos. El borrador del proyecto de real decreto de la ministra Diana Morant que ayer inició su consulta pública concede a las CCAA –y al Ministerio en el caso de las universidades online– la potestad de corroborar que las instituciones universitarias cumplen unas obligaciones para garantizar «una calidad homologable». Una de estas condiciones, no contemplada en la norma anterior de 2021, obliga a los campus a incluir en su plan de desarrollo la previsión de que, a los cinco años del inicio de su actividad, el número de matriculados en sus titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado supere los 4.500 alumnos. Si no lo hacen, la administración puede incoar un expediente de revocación de la autorización que puede concluir con el cierre del campus. Según los últimos datos oficiales, tienen menos de este «volumen mínimo» las universidades madrileñas privadas Cunef (2.569), Esic (2.539), Internacional de la Empresa (2.248), Udit (2.033) y Villanueva (2.001). Tampoco llegan las canarias Universidad del Atlántico Medio (3.975), Universidad Europea de Canarias (2.275) y Fernando Pessoa (1.380). Igualmente se quedan a las puertas la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (4.301), San Jorge de Zaragoza (3.614) y la Abat Oliva CEU de Barcelona (2.641). La Euneiz de Vitoria (303), la gallega Intercontinental de la Empresa (259) y la canaria Hespérides (134) tienen muy pocos alumnos porque llevan poco tiempo. En estos campus estudian 30.272 alumnos de un total de 452.485 matriculados en todas las universidades privadas españolas.