20250220

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

Nuria Lekue, directora del negocio familiar de estaciones de servicio Galindo, se va a postular para asumir el liderazgo de la patronal vizcaína Cebek. La actual presidenta, Carolina Pérez Toledo, que fue la primera mujer en desempeñar el cargo, ha manifestado su intención de no repetir tras cumplir los cuatro años de mandato y Lekue ha decidido dar un paso adelante, al margen del aparato e impulsada por varias federaciones sectoriales. No hay que descartar que se presente otra candidatura –suena el nombre de Guillermo Buces– y que por primera en la historia de la organización empresarial haya pugna electoral. El proceso se inicia hoy puesto que está convocada la junta directiva para tratar el asunto, aunque el plazo para presentar las candidaturas se extiende hasta mediados de marzo. En la sesión, Pérez Toledo comunicará oficialmente su intención de no presentarse a un nuevo mandato, según ha explicado a este periódico. Al ser preguntada sobre su relevo, se limitó a responder que «seguro será un proceso ordenado y consensuado como lo ha sido siempre». Ella fue elegida en 2021 para sustituir a Iñaki Garcinuño, con lo que se convirtió en la primera mujer en presidir una patronal territorial, algo que después se ha extendido a Confebask –Tamara Yagüe– y Adegi –Isabel Busto–. Su nombre obtuvo un respaldo unánime y no hubo otros aspirantes. En esta ocasión puede ser distinto. Por el momento Nuria Lekue (Bilbao, 1972) ha decidido manifestar su intención de postularse. Le han animado varias organizaciones sectoriales de Cebek y ella, confiada en contar con respaldo suficiente, ha dado el salto. «Me parece un reto muy bonito a la vez que una gran responsabilidad». 

Tanto desde la propia Cámara, como desde de Adegi y el Grupo Mondragon el mensaje es de crítica por la medida y también de inquietud. Porque la última iniciativa proteccionista del presidente norteamericano llega semanas después de que hiciera lo propio con los sectores del acero y aluminio, lo que aumenta la inestabilidad y la incertidumbre, dos poderosos enemigos de las empresas. Sin olvidar que la industria viene pasando frío –valgan como ejemplo el primer descenso de las exportaciones desde la pandemia y el debilitamiento de grandes clientes como Alemania y Francia–. El director general de Adegi, José Miguel Ayerza, pide realizar un ejercicio de «responsabilidad colectiva» para abordar de manera conjunta las «medidas necesarias» que contribuyan a fortalecer la «competitividad de nuestra industria, verdadero motor, eje tractor de nuestra economía y responsable en buena medida de elevado nivel de bienestar que gozamos, y que pudiera no estar garantizado si no actuamos con celeridad y determinación». Porque desde Adegi ya vienen advirtiendo desde octubre de los signos de «debilidad» que atraviesa la industria debido a una brecha de competitividad entre Europa y el resto de economías globales –en alusión a Estados Unidos y China– que se ha «profundizado». Y en ese debilitamiento, subrayan, la automoción está sumida en una «crisis estructural con el anuncio de cierres de plantas en Alemania, Francia o Italia y con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo». A esa pérdida de competitividad se une, a juicio de Ayerza, una «hiper regulación europea con objetivos inalcanzables, al menos, en el plazo propuesto». A todo ello se ha unido, como último factor, un aumento de la incertidumbre debido al «cambio de las reglas económicas internacionales» que podían venir de un país como los Estados Unidos y cuyo efecto sobre la Unión Europea, los propios EEUU y México «serían imprevisibles, pero en cualquier caso, negativos».

Datos presentados por LKS Next recogidos en su Guía Salarial de Euskadi. Los salarios en Euskadi han crecido por segundo año consecutivo sensiblemente por encima del IPC, establecido en el 3,6% en 2024 (en Euskadi). De esta manera las personas trabajadoras vascas han recuperado el poder adquisitivo perdido del bienio 2021-2022...Los perfiles profesionales vinculados a las tecnologías de la información, la IA y el análisis de datos vuelven un año más a ser los más demandados en Euskadi. También son muy buscados profesionales vinculados con los procesos productivos y la sostenibilidad y el medio ambiente, así como responsables comerciales y de compra/ventas. “La evolución de los salarios medios en Euskadi en los tres últimos años, por encima del IPC registrado, es un buen termómetro para observar que asistimos a la consolidación de un ciclo expansivo que se traduce en una mayor rotación profesional, sobre todo entre los perfiles más técnicos, así como en la incorporación de nuevo talento en todos los niveles de la estructura profesional, talento que llega ahora incluso de fuera de las fronteras”. 

Los ingenieros vascos de Inteligencia Artificial –IA– ganan de media 53.900 euros brutos al año. Uno de los sectores de moda, muy en boga en las empresas punteras, irrumpe en la guía salarial de LKS Next, que fue presentada ayer en Bilbao. Los ingenieros de IA son responsables de desarrollar, programar y entrenar las complejas redes de algoritmos que componen la inteligencia artificial para que puedan funcionar como un cerebro humano. Al ser un oficio en desarrollo y de reciente creación pero con mucho futuro, la mano de obra escasea todavía en el mercado laboral del País Vasco. De ahí que estén cotizados y puedan obtener buenos sueldos de entrada e ir mejorando con rapidez. La consultora guipuzcoana, siempre atenta a las tendencias laborales en las compañías vascas, recopila un año más en su guía, y ya van seis ediciones, los salarios de casi noventa perfiles, desde los de mayor responsabilidad hasta los menos cualificados. En la parte alta del escalafón figuran los directores generales, que perciben de media 139.400 euros, entre los 92.300 y los 248.300 euros, dependiendo del tamaño de las empresas –más un porcentaje de hasta el 23% en rendimientos variables–. En la zona baja de la escala figuran los auxiliares administrativos, cuya mediana –el valor que se encuentra exactamente en el medio cuando los datos se ordenan de acuerdo con su magnitud– se sitúa en 25.200 euros. Es decir, los directores generales más que quintuplican el sueldo de los administrativos en Euskadi. 

"...Los sindicatos han propuesto la creación de una mesa específica para negociar un SMI propio, y han registrado iniciativas legislativas populares en los parlamentos vasco y navarro para impulsarlo en estas comunidades. Sin embargo, Confebask ha rechazado la iniciativa, argumentando que podría comprometer la competitividad y sostenibilidad de las empresas locales. Sin entrar en el debate técnico, sí parece que, de acuerdo a diversos informes (Hiscox-KPMG, 2024; Banco de España, 2021; AIReF, 2020), una subida inadecuada del SMI puede tener incidencia en la pérdida de competitividad en algunos sectores, y también suponer pérdida de empleo e incremento de la economía sumergida...Vayamos a los datos. En los últimos cuatro años, según el INE, Euskadi ha sido la comunidad que ha tenido el menor crecimiento de empleo privado de toda España. Aumentó un 1,8% en ese período, justo por detrás de Asturias (2%), muy lejos del crecimiento medio del Estado del 6,2%, y mucho más de crecimientos muy significativos como los de Madrid (9,3%) o la Comunidad de Valencia (8%). Por el contrario, ha sido muy importante, en nuestro caso, la creación de empleo público; en ese mismo periodo, creció un 17,7%. Aquí sí hemos estado cerca de la media (19,2%). Nuestros malos datos de aumento de empleo privado tienen correlación con el pequeño crecimiento de nuestra economía. Tenemos que recordar que nuestro PIB viene creciendo, recurrentemente, menos que la media del Estado. Hemos perdido más de un 27% relativo en las últimas seis décadas, y el pasado año crecimos un 2,1%, frente al 3,2% del Estado. Las previsiones para este año son también menores, el 2% frente al 2,5%...La inversión en un área económica es lo que permite que se generen puestos de trabajo, y por lo tanto salarios. Desde hace años, la Fundación BBVA, con el trabajo del IVIE, viene facilitando los datos de España, desagregados también por comunidades autónomas...En ellos, Euskadi aparece como la comunidad autónoma con peor evolución, habiendo perdido un ¡¡52,5%!! de inversión relativa frente al conjunto del Estado. Si analizamos los datos más recientes de la evolución del capital productivo, vemos que, en los últimos diez años, este ha crecido en España el 10,2%, en Madrid el 19,4%, en Valencia el 12,4%, y en Cataluña el 9,3%. Euskadi, de nuevo, es la comunidad con menor crecimiento, con un 2,6%. Estamos, a mi juicio, en una situación económica compleja, quizás de ‘círculo vicioso’, que dificulta el mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo, y en especial los de buena remuneración. Algunos cierres de empresas, anunciados en las últimas semanas, tal vez son un síntoma... Tendríamos que trabajar previamente por la atracción de inversiones y el desarrollo de nuestro tejido empresarial actual, para recuperar la dimensión económica perdida e incrementar el empleo. Hay que valorar positivamente iniciativas como la del nuevo Plan Industrial Vasco, que debería reforzarse con una propuesta más global que abarcara otros ámbitos. Tenemos los ejemplos de Portugal e Irlanda, que han conseguido atraer importantes flujos de inversión hacia sus economías, y han logrado, de esa forma, incrementar los salarios de modo importante. Quizás es el camino ideal para garantizar mejores salarios medios (no solo mínimos), también en nuestro caso..."

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confirmó ayer que el crédito de España a Marruecos de 750 millones de euros va asociado al contrato que se ha licitado en ese país para fabricar nuevos trenes, en el que compite la guipuzcoana CAF. Durante su intervención en una comisión de Transportes en el Congreso, el ministro aclaró que este crédito puede dar lugar a una importante entrada de ingresos en España y al mantenimiento o creación de empleo industrial en las fábricas españolas, en el caso de que CAF se haga finalmente con el contrato. Puente explicó que España compite contra países como China, Corea, Francia o Alemania en la fabricación de trenes para otros países, por un lado con una oferta de una empresa a buen precio y, por otro lado, con una oferta de financiación, lo que explica este préstamo a Marruecos. «Colocamos una parte de nuestra deuda a un tercero y conseguimos que ese tercero nos compre material ferroviario y, por tanto, suponga un ingreso para nuestro país y un importante mantenimiento o creación de empleo en nuestras fábricas», justificó. Solo la beasaindarra CAF y Hyundai han superado una nueva fase en la licitación lanzada por Marruecos para elegir al fabricante de 150 trenes regionales y de cercanías, tras haberse excluido ya del concurso a Talgo, Alstom y la china CRRC. CAF compite con la surcoreana Hyundai Rotem para los lotes de 40 trenes interurbanos, 60 trenes lanzadera rápidos (TNR) y 50 trenes regionales RER (Réseau Express Régional).

Osakidetza es la principal empresa de Euskadi. En ella trabajan más de 40.000 personas con el fin de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población. Pero Osakidetza es también uno de los ámbitos con mayor absentismo laboral del País Vasco. Según los últimos datos publicados por el Departamento de Salud, la tasa de incapacidad temporal (IT) en el Servicio de Salud en 2024 fue del 10,13%. Se trata de un porcentaje sensiblemente mayor al del 7,4% que se registra, de media, en el sector público vasco, tal y como figura en un informe realizado por Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto. Un análisis que cifraba en un 5,8% el absentismo en el conjunto de Euskadi. Valores todos ellos que están por encima de la media de las comunidades autónomas. No solo eso. El País Vasco lidera las bajas en Europa. Pero volvamos a Osakidetza. En la última década las incapacidades temporales entre sus trabajadores han experimentado un crecimiento notable. Prácticamente se han duplicado. En 2014 la tasa de absentismo era del 5,8%. En 2024 se quedó en el citado 10,13%. El año más alto de la serie fue 2022, en plena pandemia, cuando se alcanzó el 11,99% en el Servicio de Salud, tal y como figura en el informe remitido por la consejería al Parlamento vasco a petición de la popular Laura Garrido. Esos datos se refieren a las bajas laborales motivadas por enfermedad o accidente. Quedan excluidas otras ausencias como las relativas a los permisos de maternidad, paternidad y conciliación laboral, las huelgas y otro tipo de faltas. Estas suelen rondar una tasa de entre el 6,2% y el 6,6%, según figura en las últimas memorias de Osakidetza.

Las empresas tienen el derecho de establecer un plus salarial en función del absentismo laboral, siempre y cuando la ausencia esté justificada y no genere un sesgo de género, como las citas médicas de hijos o familiares, atendidas en su mayor parte por mujeres. Así lo avala una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS). La sentencia, fechada a 20 de enero, da la razón a la empresa Verallia y desestima el fallo de la Audiencia Nacional del pasado mes de enero. La resolución obedece a una demanda del sindicato CGT, que solicitó declarar nulo el artículo 49 del Convenio Colectivo de la compañía que regulaba este plus por absentismo por ser discriminatorio por razones de sexo y enfermedad. Dicho desembolso supone un incentivo a la mejora de la retribución mensual, de carácter individual, que se abona en función de las horas que un empleado ha dejado de asistir a su puesto de trabajo. Los profesionales de Verallia cobraban el total de la cuantía correspondiente cuando habían tenido menos de 8 horas de ausencia en el mes. Esta cantidad se rebajaba progresivamente hasta que el plus llegaba a un 0% en caso de una ausencia de 24 horas o más en ese mes. El Supremo considera que de confirmarse la sentencia el plus de productividad, calidad y asistencia al trabajo iba a quedar «desnaturalizado», por lo que ha dado la razón a la empresa al reconocer que es «lícito establecer un plus salarial para combatir el absentismo».

Las empresas españolas están obligadas desde 2019 a contar con un registro de jornada que controle a qué hora empiezan y acaban de trabajar sus empleados. Han pasado cinco años y medio desde que la medida entrara en vigor y, por mucho que la pandemia y el confinamiento entorpecieran su aplicación, el resultado no ha satisfecho las expectativas. Las infracciones a las compañías por carecer de este sistema de control o no pagar las horas extra a sus empleados cada vez son más habituales. El Gobierno vasco insiste en que asegurar un control efectivo para que cada empleado trabaje solo las horas que tiene firmadas –y si no es así, se las paguen– «es la asignatura pendiente del mercado laboral». Los datos de la inspección del año pasado muestran la magnitud del problema: entre las 1.624 empresas investigadas por esta cuestión, 559 recibieron actas de infracción con su correspondiente sanción y en otras 485 la intervención se cerró con un requerimiento para la subsanación de este mal. Es decir, que se detectaron abusos en el 64,29% de los casos. La subdirectora de la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco, Iciar González, explicó ayer que cerca de la mitad de intervenciones que realizaron el año pasado vienen de «una denuncia por incumplimiento», ya sea de los sindicatos o de los propios empleados, que disponen de un buzón anónimo para interponer las reclamaciones. Una vez el Ejecutivo autonómico tiene constancia o sospecha de que ocurre un abuso, el cuerpo de supervisores se presenta en la oficina sin previo aviso para interrogar a los asalariados y acceder al registro horario. Esta situación de incumplimientos, que también se da en el conjunto de España, ha impulsado al Ministerio de Trabajo a elaborar una normativa más estricta de control horario.

El 'macropolígono' aeronáutico de Foronda vuelve a los hangares de los proyectos que se eternizan 14 años después de que se anunciara. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria apuesta por este parque conocido como VIAP por sus siglas en inglés pero con un farragoso hándicap urbanístico. Clasifica como suelo urbanizable para actividades económicas los 341.310 metros cuadrados entre la carretera A-3302, el río Zaia y la autovía A-1, pero esas parcelas no están sectorizadas, según se recoge en el documento aprobado de manera provisional la pasada semana. Es decir, que para que el VIAP sea una realidad antes se debe redactar un plan de desarrollo que detalle las condiciones de su transformación, como qué infraestructuras debe tener el parque, los viales, los usos de cada parcela, las redes básicas... Necesita los votos de la mayoría del pleno y se somete a alegaciones, informes de URA y declaraciones de impacto ambiental. Los urbanistas hablan de un procedimiento que se prolonga «años». «Cinco» si se tiene en cuenta lo escrito en 2023 por los técnicos forales que redactaron las alegaciones del Departamento de Promoción Económica al planeamiento que sienta las bases de desarrollo de la Vitoria de la próxima década. En resumen. El VIAP (Vitoria International Air Park), un proyecto del que las instituciones llevan hablando desde 2011 no será posible en el mejor de los escenarios antes de 2030. La razón estriba en la necesidad del Ayuntamiento de Vitoria, que gobierna la coalición PSE-PNV desde hace una década, de dar prioridad a la expansión de Mercedes, Michelin y Basquevolt, lo que ha dejado casi intacto el resto de suelo industrial con el apoyo de Elkarrekin, contrario además a la construcción de un dique en el río Zaia, como contempla el proyecto del parque aeronáutico.

La Formación Profesional vasca abarca un sinfín de sectores en su oferta formativa. En los últimos años la evolución de esta red educativa ha sido exponencial y ha dado el salto también a familias profesionales mucho más disruptivas e innovadoras, como la biotecnología. Fruto de esa ambición, en 2019 diseñaron un curso de especialización junto a la empresa Viralgen destinado a la fabricación industrial y control de calidad de medicamentos de terapia génica, mediante el cual más de 90 estudiantes guipuzcoanos han hecho prácticas en esta compañía, una de las más potentes del sector. Dos de ellos son Sergio López (Donostia, 1989) y Lea Etxebarrieta (Hondarribia, 1991), exalumnos de la FP vasca y que ahora tienen un contrato fijo en esta empresa. López recuerda que «yo soy de la primera promoción, la del curso 19/20». En su caso, se matriculó en Don Bosco para hacer este curso de especialización «porque no encontraba en el mercado laboral nada que me atrajese de verdad» tras haberse licenciado en Biología y haber hecho un máster. Su apuesta fue un completo éxito, al igual que en el caso de Etxebarrieta, que obtuvo una licenciatura en Ciencias del Mar y un máster en Biotecnología Industrial, pero quien admite que «las cosas no salieron como yo esperaba. Sin yo quererlo, me encontré de nuevo en el punto de partida». Encontrar a la empresa idónea y que te dé tu primera oportunidad «es complicado», reconocen ambos, cuyo horizonte se despejó cuando decidieron inscribirse en la FP. Al fin y al cabo, que una empresa «tan potente» como Viralgen, apuntan los dos, diseñe un itinerario formativo junto al Gobierno Vasco «es una gran oportunidad para los jóvenes, porque luego es la propia compañía la principal interesada en tenerte cerca, ¡porque te han formado ellos!», reflexionan.

12.962. Son los bebés que nacieron el pasado año en Euskadi, medio millar menos que en los doce meses anteriores. 2024 fue el primer ejercicio de la serie histórica del INE, que arranca en 1975, en el que el País Vasco se situó por debajo de 13.000 alumbramientos. La comunidad se anotó un descenso del 3,72% en un contexto en el que, a nivel estatal, por primera vez en la última década, los bebés aumentaron ligeramente, un 0,43%; y en un momento también en el que las defunciones crecieron un 1,2%, hasta alcanzar las 22.593. Solo Galicia, con 13.383 partos y una disminución del 4,43%, registró una caída mayor que la de Euskadi, que está lejos de las tasas de autonomías cercanas como Cantabria, donde aumentaron un 13,31%, Castilla y León (+5,75%), Navarra (+1,44%) y La Rioja (+0,97%). Los datos proceden de las estimaciones de natalidad y mortalidad publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística. También aporta el organismo información que puede ayudar a comprender esta menor natalidad vasca, como la edad de las mujeres que dieron a luz el año pasado. En Euskadi, se presentaron tasas más bajas que a nivel estatal en las franjas más jóvenes y más elevadas entre los grupos con más años. Por ejemplo, mientras que, de media nacional, el 17,49% de las madres tenían entre 25 y 29 años, en la comunidad autónoma ese porcentaje se reducía hasta el 13,86%. Y si el 29,42% de las progenitoras contaban con entre 35 y 39 en España, en el País Vasco ese colectivo ascendía al 33,21%. El balance deja además una de las mayores brechas entre nacimientos y defunciones, un saldo negativo de 9.631 vascos. Esos serían, si no creciera la población a causa de la migración, los ciudadanos que hubiera perdido la comunidad el pasado año. 

Euskarak baditu hiztunak eta komunitate baten bizi nahia. Bihotza, alegia. Gorputza jarri behar orain. Corpusa. Garai hauetan, digitala noski. Horretarako sortu da Euskorpora elkartea. Gero eta gehiago erabiltzen ditugun tresna teknologikoetan gure hizkuntza ere erabili ahal izateko. Lan asko dago helburu hori lortzeko, beste hizkuntzekiko arrakala ez baita nolanahikoa, baina nonbaitetik hasi behar eta Euskorpus proiektua jarri du abian lankidetza publiko-pribatuaren bidez eratu berri den talde honek. Azken batean, Euskorpusi esker, euskarazko datu-paketeak garatuko dira, fabrikatzaileek internetera konektatutako gailuetan inportatu ahal izan ditzaten, euskaraz funtzionatzeko gaitasuna emanez. Horrela, smartphoneek, tabletek, smartwatchek, aplikazioek edo laguntzaile digitalek –hala nola Sirik eta Alexak– erabiltzaileekin euskaraz elkarreragiteko gaitasuna izango dute, adimen artifiziala euskalduntzeko prozesu batekin, Adimen Artifizialeko tresnen erabiltzaileek hizkuntza horretan erabili ahal izan ditzaten. Etxe askotan arruntak dira halako galderak, gero eta gehiagotan umeen edota aitona-amonen artean gainera. «Alexa, esadazu zein eguraldi egingo duen gaur». Eta makinaren erantzuna, gaur-gaurkoz, beti bera: «Lo siento, no entiendo lo que dices». Bada, hori aldatzera dator, besteak beste, proiektu hau. Lehendakariak ere goizetan familia agurtzeko WhatsApp taldea erabiltzen du eta hitzorduetara garaiz iristeko baita nabigatzailea ere. Hala onartu zuen atzo. Zergatik ez euskaraz? Argi dauka berak: «Euskarak tren honetan presente egon behar du, bai ala bai». 

El País Vasco ha logrado cons­tituirse en los últimos años co­rno un polo de referencia de la Industria de la Ciencia en Espa­ña. A día de hoy, un 40% de los alrededor de 1.000 millones de euros que factura el sector al año a nivel nacional correspon­de a compañías vascas o con implantación en la CAPV. Se trata, fundamentalmente, de pymes ton un fuerte compo­nente tecnológico que ofrecen productos y servicios de alto valor añadido y que están pre­sentes en toda la cadena de valor. Según explica el director de Ineus­tar, la Asociación Española de la In­dustria de la Cien­cia (representa a firmas que concen­tran alrededor del 70% de los ingresos del sector), Erik Fernández, este ni­cho de negocio está formado por las empresas que tra­bajan en el diseño, construcción, ope­ración y/o mante­nimiento de gran­des instalaciones científicas por todo el mundo. "Tradicionalmente nos cen­tramos en tres grandes ámbi­tos: instalaciones científicas ba­sadas en aceleradores de partí­culas, instalaciones relaciona­das con el desarrollo de la fu­sión corno fuente de energía eléctrica y en proyectos relacio­nados con astronomía y cien­cias del espacio". Sin embargo, este experto precisa que, corno la ciencia está en constante evolución, "las capacidades de nuestras empresas están apli­cándose a nuevos ámbitos como las tecnologías cuánticas, la Inteligencia Artificial o al uso de tecnologías propias de ace­leradores para el ámbito salud, tanto en diagnóstico corno en tratamiento". 

La caída de los tipos de interés, el ahorro que muchas familias han generado desde la pandemia y la fortaleza del empleo han disparado la compra de viviendas en otoño en Euskadi. El crecimiento en diciembre, según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) fue de un 14% con 1.428 hipotecas. Se suman al aumento del 27% en noviembre y al del 70% de octubre. En total, 2024 se cerró con la concesión de 21.007 préstamos hipotecarios y un importe total de crédito de 3.339 millones. Un crecimiento de compraventas del 10,26%. El dato demuestra una recuperación del sector, sí. Pero es de los más bajos de toda España. Es el cuarto por la cola de las 17 comunidades autónomas. Lideran Galicia, con un 26%, seguida de Navarra con un 21% y La Rioja con un 19%. Y es que la barrera del precio hace mella. Euskadi es la tercera comunidad en la que más dinero hay que pedir prestado al banco para comprar una casa. Con una media en 2024 de 158.968 euros, la hipoteca vasca solo es superada por la de Madrid con 206.000 euros y por la de Baleares, impactada por el turismo de lujo, que asciende a 249.000 euros. La estadística evidencia el problema de acceso a la vivienda que sufre el País Vasco. Los precios el pasado año de la vivienda usada subieron cerca de un 10% y la falta de suelo y de oferta complica la adquisición de este recurso que, además, encarece los alquileres.

El número de personas en paro que cobra la RGI durante más de diez años roza los 4.000 en Euskadi. Y no solo eso. En apenas un año, desde enero hasta diciembre del pasado ejercicio, los trabajadores pobres, esto es, aquellos que no pueden cubrir las necesidades del día a día con su sueldo, han seguido al alza, hasta ser 1.226 las personas en esta situación que también perciben esta prestación durante más de una década, según se desprende de una respuesta parlamentaria del consejero de Economía, Trabajo y Empleo y vicelehendakari segundo Mikel Torres a una pregunta realizada por Álvaro Gotxi (Grupo Popular vasco). El año terminó con 26.487 personas en paro que tuvieron que recurrir a esta ayuda social en Euskadi. Aunque esta cifra descendió un 8,5% si se compara con enero (28.971), todavía son 20.713 quienes perciben la RGI durante más de un año en el País Vasco sin tener trabajo. Solo 5.774 llevan menos de doce meses cobrando la ayuda mensual. El grupo más abundante lo forman los 7.497 que llevan entre uno y tres años percibiendo esta ayuda. Otros 5.042 llevan entre cinco y diez años; 4.238 entre tres y cinco y 3.936, más de una década. Si a esto se le suma que hay 12.110 trabajadores pobres que tienen problemas para llegar a fin de mes y también cobrar la RGI, la preocupación crece. Como en el caso de las personas en paro, la mayoría, 4.075, lo hace entre uno y tres años; 2.601 durante menos de un año; 2.224 entre tres y cinco años; 1.984 entre cinco y diez y 1.226, durante más de una década. Según las estadísticas, los perceptores con trabajo precario durante el pasado año 2024, de enero a diciembre, se han incrementado un 27,63%.

La demanda de energía por parte de la industria no para de aumentar en España. Sin embargo, la red tiene un límite de capacidad que cada vez queda más escaso para la cantidad de nuevos proyectos industriales en los que invierten las empresas. En concreto, en 2024 se solicitaron un total de 67 gigavatios (GW) de acceso y conexión a la red eléctrica, de los que casi la mitad (49%) se rechazaron por falta de capacidad. La cuestión es que la industria tiene un ansia por electrificarse que no está siendo correspondido en peticiones aceptadas. Su demanda ascendió a 18,6 GW en 2024, pero solo se concedió 1,9 GW, lo que podría haber echado para atrás más de 60.000 millones de inversión industrial, por lo que la Asociación de Empresa de Energía Eléctrica (Aelec) pide «no desaprovechar esta oportunidad para el crecimiento y la competitividad del país». El sector que registró una mayor demanda eléctrica fue el de los CPD (centro de procesamiento de datos), un sector muy en auge por la mayor capacidad tecnológica que exigen todas la empresas. En 2024 pidió un total de 19,3 GW de los que cerca de 8 GW fueron rechazados y solo se concedieron 461 megavatios (MW) –los 10,8 GW restantes están en tramitación–.

Avanza la gran y controvertida operación bancaria del momento en España por valor de más de 13.000 millones de euros. La dirección competente de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) condiciona la fusión a que BBVA extienda sus compromisos con las pymes durante tres años y allana así la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre Sabadell. Fuentes conocedoras del documento remitido por la Dirección General de Competencia de la CNMC a ambos bancos señalan a EL MUNDO que el gran condicionante que avanza este organismo es que BBVA no debe dejar en 18 meses las limitaciones que ofreció con el negocio de pymes, sino extenderlas a tres años. Se trata de un llamado «remedio» exigido por los técnicos de la CNMC para aceptar la fusión, pero puede ser asequible para el presidente del banco, Carlos Torres. El informe no es definitivo, pero sí es un paso adelante para BBVA y un revés para el Banco Sabadell. Su consejero delegado, César González Bueno, ya declaró a este diario el pasado domingo que presentará alegaciones a la CNMC y tiene previsto explicarlas este jueves al consejo de administración del banco. El máximo órgano del Sabadell decidirá plantar cara al informe de Competencia e intentar corregirlo para que no sea tan laxo con BBVA. Según González-Bueno, el organismo que preside Cani Fernández debe cambiar de metodología y reclamar a Torres compromisos estructurales y no temporales. Es decir, no aplazar el problema unos años, sino forzarle ya a que, si quiere la OPA, tenga que ceder a otros bancos competidores parte del negocio de pymes.

La política monetaria restrictiva que lleva acometiendo el Banco Central Europeo (BCE) desde el pasado año para contener la inflación podría estar llegando a su fin. Así lo aseguró ayer Isabel Schnabel, representante alemana en la Ejecutiva del BCE, que considera que la entidad está cada vez más cerca del momento en el que tendrá que «hacer una pausa o detener» las bajadas de los tipos de interés. La economista alemana sostiene que el grado de restricción de la política monetaria ha disminuido significativamente, «hasta un punto en el que ya no podemos decir con certeza que sigue siendo restrictiva». En este sentido, recuerda que en la última encuesta de préstamos bancarios del BCE la inmensa mayoría de entidades indicó que el nivel de tipos no afecta a la demanda de préstamos corporativos y casi la mitad consideró que está respaldando la demanda de hipotecas, mientras que también se aprecia un repunte del consumo mayor del esperado y una disminución en la tasa de ahorro. «No estoy diciendo que nuestra política monetaria ya no sea restrictiva. Lo que estoy diciendo es que ya no estoy segura de si sigue siendo restrictiva», trató de explicar Schnabel en una entrevista a un medio especializado. Fue a finales del pasado mes de enero cuando el supervisor europeo decidió seguir la senda marcada y reducir por cuarta vez consecutiva los tipos de interés hasta el 2,75%. 

Batalla monumental con giro de guion, cambio en las posiciones de los primeros espadas y un complejo embrollo jurídico que tendrá que resolverse a nivel interno y cuyo resultado marcará el futuro de la patronal española en los próximos años. Ese es el resumen de lo acontecido en las últimas horas en los órganos de gobierno de CEOE y Cepyme, escenario del enfrentamiento más duro en la historia de la relación de sus presidentes, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. Cuerva llevó el martes a la reunión de su comité ejecutivo una propuesta para modificar el reglamento y eliminar la delegación de voto ilimitada a través de la cual, según el presidente de Cepyme, Garamendi estaría intentando desbancarle ejerciendo presión sobre los socios para conseguir sus votos a una candidatura alternativa de cara a las próximas elecciones en la patronal de las pymes. Con un informe jurídico bajo el brazo, Cuerva hizo su planteamiento al Comité como paso previo a la deliberación de la Junta Directiva. Pero en esa reunión inicial no consiguió los apoyos necesarios. Perdió la votación por 11 votos a favor y 15 en contra. Aun así, decidió elevar ese punto del orden del día a la Junta, pese a que el artículo 57 del Reglamento de Régimen Interior establece que sus modificaciones deben ser aprobadas por la Junta a propuesta del Comité. En cualquier caso, desde Cepyme aseguran, en base al criterio de su asesoría jurídica, que el Comité no votaba el hecho de llevar o no la propuesta a la junta, sino el contenido de la misma. Con todo, la Junta Directiva votó a favor de limitar la delegación de voto para «promover la libre participación de las asociaciones miembro en los procesos decisorios de Cepyme, garantizando que el voto sea libre y secreto, tal y como establecen los Estatutos», comunicó la organización empresarial en la noche del martes. Cuerva sacó adelante su propuesta por apenas 9 votos de un total de 122 emitidos: con 64 a favor, 55 en contra y tres en blanco. Y ello a pesar de aglutinar él mismo 30 apoyos a través de la delegación del voto que estaba planteando eliminar en esa misma votación. Este dato, en todo caso, lo niegan desde Cepyme, aunque tampoco aportan la cantidad de votos que sumó Cuerva.

El grupo parlamentario socialista registró ayer en el Congreso una batería de 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública que, entre otras cosas, incluye la posibilidad de que los funcionarios trabajen hasta los 72 años, si lo desean, además de regular su jubilación parcial. Una medida que tendría por objetivo aliviar en cierta medida la carga financiera de las pensiones, en un momento en el que el desfase del sistema de la Seguridad Social está bajo la lupa y exige un creciente volumen de transferencias por parte del Gobierno (ver información superior). Además, esta prórroga es clave para algunas actividades donde hay dificultades para encontrar trabajadores, como es el caso de los médicos. En concreto, las enmiendas planteadas por el PSOE incluyen muchas medidas “esperadas por los empleados públicos y acordadas con sus representantes”, como “la mejora de los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral” e iniciativas “para promover la inclusión de las personas con discapacidad”, según señala el grupo socialista en un comunicado. Por su parte, el portavoz socialista de Función Pública, José Luis Aceves, hizo hincapié en que su grupo “tiende la mano a los grupos parlamentarios que quieran contribuir a ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía y mejores condiciones laborales a los trabajadores públicos”.

Durante ocho ediciones, la ciudad china de Guangzhou acogió el Foro Internacional Imperial Springs (ISIF), un evento promocionado por China que nació para conectar a la superpotencia asiática con el resto del mundo, compartir la visión de Pekín sobre la necesidad de apostar por un nuevo orden mundial multipolar y discutir sobre cooperación internacional. En diciembre, por primera vez, este foro se celebró en Madrid. Más de un centenar de líderes políticos, diplomáticos de 40 países, empresarios y analistas internacionales pasaron durante dos días por el Hotel Eurostars Madrid Tower. El evento, organizado por Club de Madrid, un influyente grupo de ex jefes de Estado y académicos que mantienen estrechas relaciones con China, contó incluso con una recepción del rey Felipe VI. El soft power (poder blando) de Pekín, que vive su mejor momento en medio de todos los huecos que está dejando la política aislacionista y de confrontación de Donald Trump en Estados Unidos, se manifiesta en actos como el foro celebrado en Madrid. Se trata de una calculada ofensiva de encanto que está funcionando especialmente bien en España gracias, en parte, a las grandes inversiones que llegan de empresas del país asiático, sobre todo en proyectos de energía limpia. «España está intentando posicionarse como un puente entre China y Europa. Tras la visita oficial del presidente Pedro Sánchez, en septiembre del año pasado, España se abstuvo en la votación sobre los aranceles a los coches eléctricos chinos en la UE, y ahora China está invirtiendo fuertemente en el objetivo de España de convertirse en un líder en energía verde», señala un análisis publicado en la web del canal de noticias en inglés CGTN, que forma parte de una organización de medios bajo el control del Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino (PCCh). En aquel viaje a China, Sánchez regresó con un acuerdo del gigante Envision Energy para invertir en España 1.000 millones de euros en un parque industrial de hidrógeno verde. Hygreen Energy, otro fabricante chino de electrolizadores, dijo que también invertiría 2.000 millones de euros en proyectos en Andalucía de hidrógeno verde, una fuente de energía limpia que se obtiene descomponiendo el agua mediante el proceso de electrolisis.

Cuando casi se cumplen tres años de la invasión rusa de Ucrania y cuando Washington y Moscú tratan de llegar a un acuerdo para la rendición de Kiev y el reparto del país, a espaldas de los países europeos y de la propia Ucrania, la Unión Europea se moviliza para seguir metiendo presión a Moscú, con el objetivo de evitar la derrota de Ucrania y, además, ganarse un asiento en la mesa de negociaciones para poner fin al conflicto. Y lo hace con la imposición de un nuevo paquete de sanciones a la economía rusa que carga principalmente contra el petróleo, el aluminio y el gas, tres de sus principales fuentes de ingresos que utiliza para financiar la maquinaria bélica. Los países de la UE acordaron ayer imponer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que será aprobado formalmente el lunes con ocasión del tercer aniversario de la invasión de Ucrania. Las nuevas sanciones incluyen más medidas contra los buques de la llamada “flota fantasma” rusa que ayudan a que Moscú esquive las sanciones a su petróleo, así como la prohibición de importar aluminio de Rusia y de exportar servicios de refinería de crudo y gas, según informaron fuentes diplomáticas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo en un mensaje en redes sociales y aseguró que la UE “está tomando medidas aún más drásticas contra la elusión de las normas, apuntando a más buques de la flota fantasma de Putin e imponiendo nuevas prohibiciones de importación y exportación”. “Nos comprometemos a mantener la presión sobre el Kremlin”, enfatizó. Por su parte, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, indicó que al imponer “medidas más estrictas contra la elusión estamos cerrando puertas traseras para que opere la maquinaria bélica de Rusia”.

El presidente de EE UU, Donald Trump, cambia el relato de la invasión rusa de Ucrania en pleno acercamiento a la Rusia de Putin. Trump y el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, vivieron ayer un cruce de acusaciones que amenaza el diálogo entre las partes sobre un posible proceso de paz. Trump llamó “dictador” a Zelenski después de haberle señalado como si fuera el que inició las hostilidades: “Nunca debiste haberlo comenzado”. El ucranio respondió: “Desafortunadamente, el presidente Trump (...) vive en una burbuja de desinformación”. El líder republicano le devolvió el golpe a través de su red, Truth Social: “Dictador sin elecciones”. Emmanuel Macron, presidente francés, y Keir Starmer, primer ministro británico, viajarán a Washington “a comienzos de la semana que viene” para reunirse con Trump. La invitación se conoció al término de la segunda minicumbre europea convocada por Macron, con invitados como Canadá y Noruega. El revés ha desatado un intercambio dialéctico entre Washington y Kiev que amenaza con dinamitar el diálogo entre las partes hacia unas posibles negociaciones para la paz. Ayer el mandatario ucranio respondió: “Desafortunadamente, el presidente Trump, con todos mis respetos (...), vive en una burbuja de desinformación”. Zelenski insistió en que Moscú, la “parte culpable”, tiene la responsabilidad de la guerra. No es un “conflicto”, dijo, sino una invasión que no se puede “lavar como el dinero”.