20250322

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

El elevado absentismo de Euskadi es una de las principales preocupaciones de las empresas vascas por su incidencia en la competitividad del tejido productivo. Un problema que sigue al alza, ya que las bajas por incapacidad temporal (IT) continuaron incrementándose el año pasado en el País Vasco, hasta alcanzar una incidencia media mensual de 44,39 trabajadores por cada mil. Esto supone un aumento de un punto respecto a cierre de 2023, cuando el dato era de 43,34 empleados por mil, según constatan los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se trata de un aumento que hace que Euskadi siga en el podio de las comunidades con una mayor tasa, ya que se mantiene como la tercera, solo por detrás de Navarra, que arroja una incidencia de 54, y de Cataluña, cuya incidencia es de 48,67 . El aumento de la incidencia de las bajas por IT en Euskadi, que hay que recordar que las otorgan los médicos, contrasta con el ligero descenso que se produjo el año pasado en el conjunto del Estado, donde se limitó a 34,64 trabajadores de media al mes por cada mil empleados frente a los 34,74 del ejercicio anterior. Álava es el territorio con la tasa más elevada, ya que el año pasado tenía de media a casi cincuenta trabajadores (49,9) al mes de baja por cada mil. Le sigue Gipuzkoa, con 47,24 empleados y cierra la lista Bizkaia, con 40,17. En las dos primeras crece 2,2 puntos respecto al año anterior, mientras que en Bizkaia desciende casi tres décimas. Sin embargo, la duración media de las bajas por IT en Euskadi es de las más reducidas del conjunto del Estado, con 42,53 días de los procesos finalizados. La media estatal se sitúa en 42,86 días. Los datos también recogen que el gasto que les supuso a las mutuas se elevó hasta los 695,91 millones. 

Las altas tasas de bajas por incapacidad temporal de Gipuzkoa y Euskadi son percibidas como un grave problema no solo por las asociaciones empresariales vascas y el tejido productivo en general, sino también por el propio Gobierno Vasco e incluso algunos sindicatos, hasta el punto de que la Mesa de Diálogo Social vasca, donde está Confebask, el Ejecutivo vasco y las centrales CC OO y UGT, llevan abordando esta cuestión casi dos años con el objetivo de intentar consensuar un diagnóstico y tratar de reducir ese índice. El objetivo era identificar las causas y adoptar medidas sin buscar culpables, sino tratando de encontrar una solución. Y es que a nadie se le escapa que esas bajas son legales, las dan los médicos y no se trata por lo tanto de ausencias sin justificar. Hasta el momento no ha sido posible alcanzar un mínimo consenso para realizar ese diagnóstico, aunque diferentes expertos apuntan a que el mayor envejecimiento de la población trabajadora, los atascos a la hora de realizar pruebas por parte de los servicios de salud y la mayor cobertura de los convenios en Euskadi, que en su mayoría complementan las bajas por IT hasta el 100%, están detrás de esos altos índices. Los sindicatos apuntan también a los mayores ritmos de trabajo y al mayor peso de la industria en Euskadi como posibles razones que justificarían esas cifras más elevadas. En cualquier caso, las patronales han pasado a la acción y más en concreto Adegi, que la semana pasada anunció la puesta en marcha de un Plan de Absentismo para las empresas «a fin de afrontar ese reto» siendo consciente de que se produce «en un contexto multifactorial». Un plan que contempla la elaboración de una guía, un diagnóstico de la realidad de cada compañía, concienciación del liderazgo de los responsables de equipo y entrenamiento de éstos.

El PNV sigue tratando de acotar el giro a la izquierda que ha supuesto el acuerdo con Podemos para salvar la reforma fiscal en los tres territorios de Euskadi. El lehendakari, Imanol Pradales, se sumó ayer a esta operación al asegurar que el pacto con la formación morada «no modifica los fundamentos» del anterior cambio tributario, acordado a finales de 2017 con un partido tan antagónico como el PP, y al defender que esta nueva «revisión», lejos de lastrar la competitividad, es «más favorable para la empresa vasca». El jefe del Ejecutivo autonómico respondía así en el pleno de control al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, quien criticó que la reforma fiscal va a obstaculizar la llegada de nuevas inversiones a Euskadi. Aseguró que las políticas «populistas» están llevando al «empobrecimiento» de la comunidad autónoma y denunció que el gasto «está creciendo por encima de la creación de riqueza». Pradales le replicó que sus afirmaciones no eran ciertas y que las empresas «no perderán competitividad». «El resultado es que su interés partidista les ha llevado a decir ‘no’ a una fiscalidad más favorable para la empresa vasca», lamentó.

Ante una pregunta de EH Bildu sobre qué va a hacer el Gobierno ante el rechazo de Confebask a abrir una negociación, el vicelehendari Mikel Torres insistió en pedir a la patronal que se siente a la mesa y dio un nuevo argumento a favor de un SMI autonómico, acorde a la realidad socioeconómica vasca. «El reparto de la riqueza está siendo injusto. Las empresas tienen beneficios récord y no están acompañados del suficiente aumento de los salarios», criticó con dureza. Torres recordó que ya se pronunció sobre el rechazo de la patronal a abrir esta mesa de negociación, a pesar de que se lo habían pedido todos los sindicatos en una coordinación casi inédita. «Es un error mayúsculo que alimenta la confrontación», llegó a decir en ese momento. Ante esta posición, el consejero de Economía, Trabajo y Empleo respondió a EH Bildu que «no pueden obligar a nadie a sentarse en ninguna mesa, lo mismo que no puedo obligar a que en la mesa de diálogo social se sienten ELA y LAB». Según subrayó, «solo podemos insistir en el llamamiento a la negociación». El vicelehendakari segundo, que expresó su sintonía con EH Bildu en este debate, fue más allá en el Parlamento vasco y, además de reclamar la negociación de un SMI vasco, instó a avanzar en otras materias porque los sueldos no son el único elemento determinante de las condiciones de trabajo. «Me preocupa la falta de medidas de conciliación laboral, el incumplimiento sobre la jornada laboral y los horarios, el exceso de contratos a tiempo parcial y el exceso de bajas por incapacidad temporal que sufrimos en Euskadi», afirmó.

Con esta contundencia describió ayer Anton Arriola, presidente de Kutxabank, las posibilidades que ofrece el mercado laboral vasco a unos jóvenes cualificados que no encuentran ofertas en Euskadi para mantener los mismos salarios que en la capital. En una sociedad con una pirámide poblacional envejecida, Arriola reclamó políticas que impulsen una industria fuerte que atraiga y retenga talento. No es la primera vez que el presidente de Kutxabank alude a la fuga de talento que sufre Euskadi. En un foro el pasado mayo ya advirtió de que los salarios de los jóvenes «son extremadamente bajos». Esta situación, según su tesis, provoca que se trasladen a la capital de España en busca de mejores condiciones laborales. Sin embargo –sostiene Arriola–, una vez llevan «cuatro años en Madrid quieren volver», pero los sueldos que les ofrecen en Euskadi son más bajos. En un momento en el que la atracción de talento se antoja fundamental para que las empresas vascas puedan competir en un mercado cada vez más convulso, Arriola reparó en que el euskera es «un factor limitante» para la atracción de profesionales extranjeros. «Si un polaco viene a una empresa a trabajar cuatro años, no le cuadra que sus hijos estudien en este idioma», precisó para después reclamar más colegios internacionales. Ante este complejo ecosistema para la atracción de talento –al que hay que sumar «un absentismo bárbaro» en la industria y la conflictividad sindical–, Kutxabank quiere convertirse en un activo de valor. La junta de accionistas de la compañía bancaria lanzó el martes una sociedad para invertir 500 millones en acciones de empresas. Este nuevo grupo –Indar– se dedicará a tomar participaciones en compañías, principalmente en el País Vasco, que «estén consolidadas o en crecimiento». 

Kutxabank estrena este año un plan estratégico hasta 2027 que apunta a la diversificación de ingresos, históricamente muy concentrados en las hipotecas; y a la reactivación de la inversión en el tejido empresarial. Su presidente, Antón Arriola, explicó ayer durante un acto en la Cámara de Comercio de Bilbao que el banco va a potenciar, sin olvidar las hipotecas, la financiación a empresas y a promotores inmobiliarios, así como los proyect finance y la financiación estructurada y al consumo. Junto a estas apuestas, Kutxabank va a impulsar el negocio de gestión de patrimonios y la banca de inversión. Recientemente creó la unidad Wealth Management que coordina banca privada, personal y prémium; y prevé dotar de más recursos a la antigua Norbolsa (hoy Kutxabank Investment, aunque está costando que se asimile este cambio de nombre, según admitió Arriola) para impulsar las operaciones de M&A y ofrecer nuevos servicios. Kutxabank quiere además jugar un papel relevante en el tejido productivo, sobre todo en Euskadi, como en su día hicieron BBK, Kutxa y Vital, las excajas vascas que hoy son sus tres únicos accionistas. El presidente se lamentó por la decisión de desinvertir que el banco adoptó nada más nacer, en 2012, en buena parte por las penalizaciones regulatorias. Entonces, su cartera rebasaba los 3.000 millones, y Kutxabank salió del capital de Euskaltel, Enagas, Natra, Ibermática, Deoleo, NH Hoteles, Sabadell, CLH, Itínere o Ibermática; redujo su presencia, aunque sigue, en CAF y en Iberdrola. Y se mantiene en Petronor e Ingeteam.

El traspaso permitía a Euskadi homologar títulos superiores obtenidos en el extranjero con similares carreras universitarias españolas. El interés del acuerdo radicaba en la necesidad de paliar el déficit de personal en Osakidetza. Ahora, el varapalo judicial deja en el limbo a unos 200 profesionales que estaban en trámites para ejercer en Euskadi. Los magistrados del Supremo argumentan que se trata de una materia de interés general y por tanto es competencia exclusiva del Estado. La transferencia ahora anulada se firmó hace un año, con Urkullu como lehendakari, pero estaba en suspenso desde julio. El Gobierno central y el PSE, ante la premura del PNV, venían advirtiendo de que las prisas no son buenas consejeras a la hora de formalizar el traspaso de las competencias pendientes para culminar el Estatuto de Gernika, que es necesario ser muy escrupulosos en lo jurídico para evitar, precisamente, lo que ocurrió ayer. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló en su totalidad el real decreto 366/2024, de 9 de abril, «por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español». 

La baja fiabilidad del Avril de Talgo y su limitada capacidad productiva han generado incertidumbre en el sector ferroviario español. Empresas como Iryo, Ouigo, Alsa y Eco Rail han comenzado a explorar alternativas para la segunda fase de liberalización ferroviaria, considerando a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) como un posible proveedor. El fabricante beasaindarra cuenta con tecnología de ancho variable, crucial para operar en los nuevos corredores abiertos a la competencia. Fuentes de la empresa consultadas ni confirman ni desmienten esta posibilidad. El Ministerio de Transportes ve oportunidades en la demanda de trenes de ancho variable en España, Portugal y otros países europeos como Polonia y Ucrania. La tecnología de CAF permitiría alcanzar velocidades de hasta 250 km/h, aunque Adif ha solicitado trenes de hasta 300 km/h. Mientras tanto, Talgo ha firmado acuerdos con fabricantes polacos para expandir su presencia en el mercado europeo. Renfe sigue siendo el único operador con trenes de ancho variable en España, pero ha experimentado retrasos en la entrega de su flota Avril. Adif ha diseñado un plan de nuevas rutas de alta velocidad, que incluye conexiones entre Madrid y varias regiones españolas como Vigo, A Coruña, Oviedo, Gijón, Huelva y Cádiz, lo que requiere material rodante adecuado para operar en diferentes tipos de vía. La beasaindarra es consciente de que la alta velocidad no es su principal línea estratégica, pero la constructora guipuzcoana está dispuesta también a dar la batalla de la alta velocidad ferroviaria en ancho variable. Así, CAF estudia adaptar su tren Oaris, actualmente en uso en Noruega, para cumplir con los nuevos requisitos. 

Apenas unos minutos después de su nombramiento como nuevo diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de Gipuzkoa, Unai Andueza anunció ayer su primera medida como responsable de este área: una herramienta para seguir en tiempo real el impacto de los aranceles de la administración de Donald Trump en las empresas del territorio. «Existe una incertidumbre diaria en torno a todos los aranceles estadounidenses. Hace poco una empresa de Gipuzkoa nos comentaba que todos los días visitaban la página web de la Casa Blanca en relación a las nuevas noticias que podían salir, ya que los aranceles son diarios y van cambiando. Tenemos un convenio firmado con la Cámara de Comercio para incentivar la internacionalización de las empresas y, en este caso, vamos a incluir una línea específica para informar cuál es el estado arancelario y cómo afectan a nuestras empresas. Así, el tejido empresarial de Gipuzkoa podrá recurrir a esta herramienta para ver si realmente les afecta algún arancel y tener un estado del arte inicial para luego tomar las medidas que cada empresa considere», aseguró el Andueza en su primera comparecencia como nuevo diputado. Fuentes forales informaron que la herramienta estará en funcionamiento «próximamente». Momentos antes de comparecer ante los medios, el salón principal de la Diputación de Gipuzkoa fue el lugar escogido para el acto de imposición de venera de Andueza por parte de la diputada general Eider Mendoza, en la que estuvieron todos los responsables del Gobierno foral. También la ya exdiputada de Economía, Ane Insausti, que pone rumbo al extranjero para regresar al sector privado.

Gaur egun, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak zerga erreforma bateratu batean murgilduta daude, zerga sistema eguneratzera bideratuta, XXI. mendeko erronka ekonomiko eta sozialetara egokitzeko, justizia fiskalaren eta lehiakortasun ekonomikoaren arteko orekari eutsiz. 2011tik, Gipuzkoak aldaketa garrantzitsuak izan ditu bere zerga sisteman, azken hamarkadan izan diren aldaketa politiko eta ekonomikoen isla. EH Bilduren eta EAJren gobernuek bultzatutako zerga erreformek lurraldearen ekonomia moldatzeaz gain, eztabaida politiko eta sozial biziak sortu dituzte. Artikulu honek EH Bildu aldundira iritsi zenetik Gipuzkoan zerga politikek izan duten bilakaera aztertzen du, erreforma horien onarpenean gehiengo politikoek izan duten papera eta ekonomian eta gizartean izandako eragina azpimarratuz. Gehiago irakurri hemen. 

El presidente de BBVA, Carlos Torres, dejó ayer claro su convencimiento de que la opa sobre el Sabadell tendrá éxito al llegar al Palacio Euskalduna de Bilbao, donde se celebró la junta general. Y los accionistas dieron masivamente su apoyo a esta operación, al votar la renovación de facultades al consejo de administración para realizar el aumento de capital que exigirá la opa. Este punto del orden del día contó con el 97,6% de los votos, por encima del 96% que BBVA consiguió en su junta extraordinaria del pasado julio. Ayer, además, el quórum fue casi 2 puntos mayor que hace 8 meses, y alcanzó el máximo histórico del 72,9%. Aunque esta renovación de poderes para ampliar capital era la única alusión formal a la opa lanzada el pasado mayo, la operación sobre Sabadell fue el tema protagonista en la cita de la capital vizcaína. En su discurso, Torres destacó que la unión de BBVA y Sabadell resultará en “un banco mejor para todos”, gracias a la mayor escala y los mayores resultados”, y apuntó a que lo importante es que sean los accionistas de la entidad catalana quienes decidan. Ante los accionistas de BBVA convocados en Bilbao, lanzó guiños a los inversores de Sabadell y les recordó el compromiso de mantener el centro corporativo de San Cugat (Barcelona) como “centro de decisión relevante”, así como su voluntad de apoyar al tejido científico, empresarial y cultural de Cataluña.

La Seguridad Social llega tarde en una de las promesas que más expectación genera en varios sectores de la economía española. El departamento que dirige Elma Saiz pactó en verano del año pasado con sindicatos y patronales un nuevo reglamento de coeficientes reductores, el vehículo para que algunos trabajadores puedan acceder antes a la jubilación. Es algo que ya beneficia a mineros o marineros: cada año trabajado cuenta como un periodo más largo, así que el empleado se puede retirar antes. El Gobierno quiere ampliarlo a más ocupaciones penosas de más sectores, pero quiere hacerlo de forma quirúrgica, por criterios objetivos como el número de bajas laborales, su duración y siniestralidad. Saiz anticipó que los sectores podrían empezar a pedir ese análisis en febrero, pero aún no está disponible. El texto ya pasó el trámite de audiencia pública, donde recibió “muchas aportaciones” —de ahí la demora— y aún debe transitar por el Consejo de Estado. El ministerio espera que esté en funcionamiento en “las próximas semanas”. La secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, señala que se producirá una “avalancha de peticiones, mucho trabajo”. La cautela del ministerio tiene el telón de fondo de un sistema de pensiones bajo enorme presión, con prestaciones cada vez más altas y más numerosas. De ahí que el reglamento establezca que el impacto de los coeficientes debe ser neutro, es decir, que se dé una sobrecotización suficiente como para compensar el alza del coste que supone que estas personas se jubilen antes. Es un aumento de los costes laborales que espanta a varias de las patronales consultadas. La mayor parte recaerá en el empresario.

Las ventas de coches eléctricos no paran de crecer. Si en enero y febrero subieron un 48,4% y un 60,6%, respectivamente, en marzo lo hicieron un 94,1% (3.517 unidades) hasta el día 18, según datos proporcionados por Faconauto, la patronal de concesionarios. El espectacular crecimiento se produce en un contexto sin ayudas a la compra, ya que el plan Moves III cayó junto al resto del decreto ómnibus el pasado 22 de enero, al igual que las deducciones de hasta 3.000 euros en el IRPF. “Los pedidos están un 50% por debajo con respecto a hace un año. Debería de empezar a notarse en abril”, explica Faconauto a este periódico. Lo cierto es que automovilísticas como Volkswagen, Hyundai o BYD llevan semanas alertando de la paralización del mercado, pero sus malos augurios no terminan de verse reflejados en los datos de matriculaciones. Hay varias causas que pueden explicar este primer trimestre del motor en España, aunque ninguna razón fehaciente que se imponga con claridad sobre otras. La primera es que muchas marcas retrasaron ventas de noviembre y diciembre a enero y febrero para que contasen en 2025 de cara a la normativa europea de emisiones CAFE, que este año ha endurecido el límite medio de emisiones desde los 115,1 gramos de CO2 por kilómetro hasta los 93,6. El motor se esmeró en conseguir una prórroga de esta norma, algo que Bruselas le ha terminado otorgando al posibilitar que las marcas que no cumplan en 2025 no paguen multas, a cambio de que sobrecumplan objetivos en 2026 y 2027 –que es el mismo que el de 2025–.

El sector del automóvil es uno de los más avanzados tecnológicamente y de los que más invierte en I+D. La mayor parte de esas inversiones se destina a desarrollar nuevos modelos, aunque en los últimos años cada vez hay partidas mayores para mejorar los procesos de desarrollo, producción y para aumentar la eficiencia tanto económica como medioambiental en toda la cadena de valor. La inteligencia artificial (IA) es uno de los avances que han venido para quedarse en la automoción, que ve en esta innovación tecnológica una oportunidad para elevar la eficiencia en aspectos como la producción, el consumo energético, procesos administrativos o al hacer previsiones sobre la evolución del negocio. Son varias las empresas automovilísticas que se han lanzado a la IA, con el objetivo de mejorar la calidad industrial y también de reducir las ineficiencias. Por ejemplo, las marcas del grupo Volkswagen han apostado por la IA. En el caso de Audi, la firma está decidida a digitalizar su actividad productiva y para ello ha implantado un sistema de control de calidad de las soldaduras por puntos en la fabricación de carrocerías, mientras que la española Seat se ha aliado con Indra para optimizar la fiabilidad de la producción, aplicando visión artificial que permite prevenir los tiempos de inactividad. El CIO de Seat y Cupra, Miguel Ángel Iglesias, indica que la empresa está integrando la IA en toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la posventa, pasando por la I+D o la calidad. Afirma, además, que la IA generativa aumenta la productividad, reduciendo o evitando tareas administrativas o repetitivas. “El objetivo es que cualquier persona de la organización pueda identificar en qué procesos se puede aplicar esta tecnología para hacerlos más eficientes y detectar nuevas oportunidades en su entorno de trabajo”, explica Iglesias.

El Gobierno de Javier Milei suspendió de manera “preventiva” ayer a última hora la operación de venta de la filial argentina de Telefónica a la empresa Telecom Argentina, propiedad en un 80% del poderoso Grupo Clarín, de capitales locales. En un comunicado que lleva la firma de la Oficina del Presidente, la Casa Rosada advierte que responde a una recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, “atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”. Según los cálculos del Gobierno argentino, en caso de que Telecom sume los activos de Telefónica concentrará “el 61% para el mercado de telefonía móvil, el 69% para la telefonía fija” y hasta “el 80% del servicio de internet residencial en algunas zonas del país”. “El proceso de evaluación de los efectos de la adquisición notificada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia exige el máximo rigor, respetando la normativa aplicable y los estándares internacionales, en atención a la relevancia que tienen las telecomunicaciones en el mundo actual. Es por ello que se ha tomado la decisión de resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada”, dice el comunicado. Telefónica aprobó el 24 de febrero pasado la venta de su negocio en Argentina por 1.245 millones de dólares estadounidenses (unos 1.189 millones de euros al tipo de cambio actual) a Telecom Argentina. Se trató de la primera operación corporativa que rubrica el gigante español de las telecomunicaciones desde que en enero Marc Murtra asumiese la presidencia de la compañía, en sustitución de José María Álvarez-Pallete.

La Comisión Europea ultima la presentación de los primeros proyectos estratégicos para impulsar la minería de materiales críticos en la UE. En un escenario geopolítico volátil, la monumental dependencia europea de países como China para obtener materias primas fundamentales supone un alto riesgo que Bruselas quiere controlar. El Ejecutivo comunitario trata, así, de aumentar la autonomía a largo plazo en la obtención y procesamiento de unos minerales fundamentales para sectores como el automovilístico, las energías renovables o la defensa. A corto y medio plazo, espera almacenar reservas para aguantar en caso de necesidad. La Unión Europea quiere garantizarse el acceso a esos recursos clave. “Hemos identificado 17 materias primas estratégicas para nuestra transición verde, digital, de defensa y de espacio. Para una mayoría de ellas tenemos una enorme dependencia del suministro exterior”, explicó Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, el martes en Bruselas. “Nuestro objetivo es tener reservas que puedan cubrir, al menos, las necesidades de la industria europea para un periodo de un año”.

Mientras intenta acabar con la guerra en Ucrania, se enfrenta a jueces y remodela el gobierno federal, Donald Trump se dejó caer por el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington esta semana, en su primera visita desde que fue nombrado presidente. Trump ha prometido eliminar del centro las influencias woke, los “drag shows” y “el resto de propaganda antiamericana para inaugurar una “Edad Dorada del Arte y la Cultura”. “Tenemos que ponerlo en orden”, dijo a los periodistas desde el Air Force One. Esa misión es parte de un asalto múltiple a algunas de las instituciones de la elite estadounidense, una ofensiva cuya escala e intensidad ha dejado estupefacto al establishment liberal del país. Para Hollywood y el Upper East Side de Nueva York, la vuelta de Trump equivale a un terremoto, el hombre de Queens que prefiere la compañía de los luchadores de la UFC que de los intelectuales liberales. En las últimas semanas, su administración ha fijado su objetivo en la Universidad de Columbia, ha desmantelado USAID y ha cerrado Voice of America, algo que muchos consideran como una campaña calculada contra los bastiones de la opinión liberal. “La gente de Trump cree que hacerse con el estado no es suficiente”, afirma John Ganz, historiador y escritor. “También tienen que ejercer presión sobre otras posiciones defensivas del liberalismo, que es donde está su verdadero poder: en los medios y en la universidad”.

Estados Unidos mantendrá el formato de «diplomacia de ida y vuelta» en la reunión que el próximo lunes le sienta con Rusia y Ucrania en la mesa de negociaciones para la paz en Arabia Saudí. Lo del asiento es un eufemismo porque las delegaciones de Kiev y Moscú permanecerán reunidas en salas vecinas. Nadie se cruzará con nadie. Tampoco habrá ocasión de un enfrentamiento verbal que dinamite el encuentro. Los enviados norteamericanos irán de sala a sala para transmitir las propuestas e impresiones del contrario, además de darse la oportunidad de establecer negociaciones paralelas con cada grupo. El modelo revela que existen enormes heridas abiertas. Duelen los miles de muertos que abonan el campo de batalla y molestan las muestras de soberbia en medio de la tragedia. Un portal oficial de Moscú inició ayer mismo una operación de guerra psicológica con su rival y publicó una lista de 900 poblaciones en el Donbás donde los rusos podrán comprar una vivienda a partir del 1 de abril con una hipoteca del Gobierno. Las dificultades lastran el proceso e impiden un cara a cara, pero eso no importuna al presidente Donald Trump, que publicó ayer un mensaje donde predijo que el alto el fuego definitivo llegará «muy pronto». Añadió que también está a punto de firmar con Ucrania el acuerdo sobre las tierras raras.