20250326

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

El Gobierno vasco quiere imprimirle velocidad a las negociaciones para evitar el cierre de Guardian. Con el proceso para acometer los despidos ya en su fase final, el Ejecutivo ratificó ayer su apuesta por acompañar a los inversores privados e invertir dinero público en la ‘operación Guardian’ si se encuentra un proyecto con mimbres para mantener la actividad en Llodio. Mikel Jauregi se abrió a esta opción durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Parlamento vasco. Sin embargo, fijó como condición para aportar capital que haya un proyecto industrial «sólido, de futuro y con arraigo» y que genere empleo «de calidad». Si todo eso se cumple, «como Gobierno, estaríamos dispuestos a participar en ese nuevo y ambicioso proyecto industrial, invirtiendo en él para hacerlo posible». ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir Lakua? No hay una cifra cerrada, aunque el Ejecutivo indicó que su inversión «superaría el compromiso inicial con el plan de acción inmediata de Aiaraldea que se tomó hace cuatro años». Entonces Industria comprometió 9,5 millones de euros para revitalizar la comarca. Tampoco está cerrado el cómo, aunque todo apunta a que el Gobierno volvería a acompañar esa hipotética operación a través del fondo Finkatuz. El consejero no quiso detallar con qué posibles inversores están dialogando a pesar de que Álvaro Gotxi, parlamentario del PP, pidió nombres concretos. Jauregi apeló, como en otras ocasiones, a la «discreción», aunque apuntó que mantendrá encuentros con esos posibles inversores esta misma semana para analizar posibles implantaciones sobre los terrenos de la antigua Villosa. En los últimos días, Industria ha especulado con la posibilidad de que las inversiones para Guardian se agrupen en proyectos «modulares» que sean «compatibles» entre sí y que permitan dar una mayor capacidad industrial, más carga de trabajo y, en consecuencia, generen más puestos de trabajo. Mientras, Guardian acumula casi tres semanas sin pronunciarse. 

Los dos inversores que han mostrado un interés serio por hacerse con los activos de Astilleros Balenciaga de Zumaia, en concurso de acreedores desde mediados de diciembre pasado, tendrán más tiempo para poder presentar sus ofertas de cara a hacerse con los activos de la compañía. Y es que el ERE de extinción de la plantilla, que se iba a activar el 31 de marzo, se amplía un mes y medio más, lo que deja más margen a los posibles compradores para que afinen sus propuestas. Según ha podido saber este periódico, hay un acuerdo entre las partes para que las negociaciones sobre el expediente de rescisión de los 71 empleos directos del astillero que están en marcha se prolongue más allá del 31 de marzo, que era la fecha inicial fijada para activarlo si para entonces no había una propuesta en firme para hacerse con los activos y la plantilla. En concreto, se amplía el periodo en treinta días hábiles, lo que hará que se extienda hasta mediados de mayo. Eso sí, falta que el juzgado encargado del concurso de acreedores y que la autoridad laboral den el visto bueno a este acuerdo, una cuestión que prácticamente se da por hecha, aunque debe pasar dicho trámite. A nadie se le escapa que esta ampliación del plazo del ERE de extinción supone un balón de oxígeno para que los dos inversores puedan presentar una oferta en firme, toda vez que los plazos se estrechaban y tan solo quedaban cuatro días hábiles para que mostraran sus cartas y habían dispuesto de poco tiempo para hacerlo en un proceso muy complejo. Cabe recordar que el futuro del astillero se empezó a despejar el pasado seis de marzo cuando el financiador estatal Cofides acordó una quita con la compañía para reducir la deuda que tenía la empresa con el organismo estatal de 15 millones a 8,5. 

La Diputación de Gipuzkoa envió ayer un mensaje de tranquilidad al tejido empresarial del territorio. Lo hizo a través de su diputada de Hacienda, que afirmó que las empresas pueden estar «tranquilas» con la nueva reforma fiscal. Una reflexión que responde a la dura crítica vertida por Confebask, que aseguró que las nuevas medidas acordadas en el Impuesto de Sociedades no contribuían a la competitividad de las compañías. «La sensación es de desánimo total», añadió su presidenta, Tamara Yagüe. La reforma fiscal se someterá a votación en el pleno que las Juntas Generales celebrarán el 7 de mayo. Antes, el 9 de abril, tendrá lugar otro en el que EH Bildu enmendará a la totalidad la revisión tributaria, tal y como anunció el pasado 26 de febrero y confirmó ayer su portavoz, Maddalen Iriarte. «EH Bildu no participará en operaciones de blanqueo. Su propuesta no contempla acercar las rentas de trabajo y de capital; ni avances en Sociedades; ni una mayor progresividad en el IRPF, sobre todo en los tramos altos», dijo.

Países como Irlanda y el Reino Unido les ofrecen salarios de hasta 11.000 euros netos al mes y más reconocimiento. El perfil de los facultativos que deciden hacer las maletas es el de una persona joven –menor de 40 años–, y preferentemente mujer. El 54% de quienes solicitaron este certificado eran féminas. Los destinos predilectos para quienes emigran fuera de Euskadi están en Europa. Francia, Reino Unido e Irlanda son los países de destino más comunes, según la OMC. Fuera del Viejo Continente lugares como Emiratos Árabes Unidos ganan cada vez más peso entre quienes deciden marcharse al extranjero. Y también países como Camerún y otros territorios africanos siguen siendo lugares que reciben a facultativos formados en Osakidetza, aunque en este caso para llevar a cabo diferentes proyectos de colaboración. Los motivos por los que estos médicos deciden dejar atrás su casa son diversos. Uno de ellos es la posibilidad de vivir una experiencia profesional en el extranjero. Otro, las atractivas ofertas laborales a las que pueden acceder y que llegan a los colegios de médicos españoles. Sin ir más lejos Irlanda ofrece a aquellos especialistas formados en España que se desplacen a trabajar a este país salarios que superan ampliamente lo que perciben en el Sistema Nacional de Salud. A un oncólogo que se anime a trabajar en Cork le pagará un salario de 11.000 euros netos al mes, mientras que a un pediatra que ocupe una de las plazas que se ofrecen en Dublín puede llegar a cobrar 12.000 euros netos mensuales. «Los que se van no vuelven». 

Las empresas y los inventores de Euskadi presentaron el año pasado 326 solicitudes a la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés), un 24,4% más que en 2023. La maquinaria eléctrica fue el sector más pujante, con 36 peticiones, seguido por el transporte, con 28, y la ingeniería civil, con 23. Las solicitudes que más crecieron se produjeron en la maquinaria-herramienta, que pasaron del noveno al quinto puesto, y la ingeniería civil, que escalaron desde el octavo al tercero, según detalló el director de comunicación de la EPO, Luis Berenguer. Los datos, que se pueden consultar en la web EPO.org, destacan también que España es el país donde más han crecido las peticiones de registro en toda Europa durante la última década. En estos diez años se han disparado un 44%. Sólo en el último ejercicio se contabilizaron 2.192, un 3% interanual más. Euskadi ocupa el tercer lugar en el listado de peticiones a nivel nacional, con Gipuzkoa situado en cabeza con 163 –Donostia es la tercera ciudad, tras Madrid y Barcelona, con más solicitudes, 81–, mientras que en Bizkaia se produjeron 130 y en Álava 33. Destaca la fundación Tecnalia, con sede en Derio, que además de ser el mayor solicitante de patentes en la región se posiciona en tercer lugar para toda España. En la oficina europea pusieron en valor los campos de tecnología médica y farmacéutica, cada uno de los cuáles representan un 4% de todos los proyectos presentados. Seis de cada diez solicitudes de patentes a nivel europeo concluyen en una concesión. «El resto terminan retirándose o son rechazadas por no merecer la protección que se otorga». 

El tráfico portuario de Bilbao se recuperó el pasado mes de la caída sufrida en enero, cuando el movimiento de mercancías se redujo un 20% respecto a 2024. La mejora vivida en febrero le ha permitido igualar las toneladas en el balance acumulado desde principios de año –superan los 5,27 millones–, frente a una estadística española que mantiene una bajada del 1,6%. Los datos publicados esta semana por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recogen una caída de casi un 7% en el transporte de los graneles líquidos que incluye los combustibles de Petronor y el gas. Son las mercancías que más toneladas mueve el puerto de Bilbao –seis de cada diez de todas operadas en las instalaciones el año pasado fueron de este tipo– y que protagonizó las mayores bajadas en el arranque del año. En enero descendieron un 30%. Ahora suponen 3,35 millones de toneladas, unas 250.000 menos que hace un año. El otro tráfico en rojo es el de los contenedores. Registra casi un 5% de toneladas menos que el año pasado, en total 740.000 (casi 40.000 por debajo), fruto de la competencia creciente en el puerto de Santander y del impulso que experimenta el eje Mediterráneo frente al Atlántico, que demanda más infraestructuras ferroviarias. Están en verde, en cambio, los graneles sólidos. Suben un 13,4% –suponen ya 617.000 toneladas– y la mercancía general, esto es, las cargas especiales con gran peso en el tráfico vasco fruto de una industria adaptada a los encargos especiales y a las piezas realizadas sobre plano.

Pese al mal inicio de año y la fuerte marejada internacional por la crisis de la automoción alemana y el proteccionismo trumpista, el Puerto de Pasaia recuperó en el mes de febrero de este nuevo ejercicio los niveles de 2024, e incluso registró un simbólico aumento del 0,1% en el flujo comercial del conjunto de las mercancías. El significativo incremento en el movimiento de los graneles sólidos (+29%) sostuvo el descenso del mercado ‘ro-ro’ en la dársena pasaitarra, un capítulo que se fue hasta una caída del 25%, la misma cifra de enero. Así las cosas, hasta el segundo mes de 2025 se movilizaron 543.011 toneladas, mientras que el curso pasado ese registro se quedó en 542.297 toneladas, lo que deja un balance simbólico, pero positivo, del 0,1%. Buena parte de la razón de esta recuperación recae sobre el capítulo de los graneles sólidos, que se anotaron un incremento de 38.781 toneladas, mientras que el tráfico ‘ro-ro’ se dejó cerca de 25.000 toneladas. Por su parte, la lonja pesquera –la tercera más importante del Estado– cayó un 1,2%. Los últimos datos, pese a que no sorprendan, reflejan que el descenso del tráfico de vehículos se mantendrá durante todo el ejercicio, toda vez que la producción de las principales fábricas alemanas y francesas continúe al ralentí, aunque el buen comportamiento de los graneles sólidos podría servir para sostener los citados números rojos.

Sidenor comunicó ayer a los sindicatos su intención de convocar a los comités de empresa de las plantas de Azkoitia y Reinosa con el propósito de iniciar el periodo de consultas para la prórroga del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) actualmente en vigor. Esta medida responde a la continuidad de las «dificultades productivas» que afectan a la compañía y que han impedido la recuperación esperada en sus sectores de referencia, como explicó ayer la empresa a través de un comunicado. El ERTE vigente fue acordado en abril de 2024 con la representación sindical mayoritaria y tenía una duración inicial de un año, afectando a la totalidad de la plantilla en ambas fábricas. Su implementación se justificó por una significativa caída en la cartera de pedidos, derivada de la ralentización de sectores estratégicos «como el eólico, oil & gas, los vehículos pesados y la construcción de maquinaria». Pese a las previsiones de recuperación, estos mercados no han experimentado la reactivación esperada, lo que obliga a la empresa a plantear una extensión de la medida con el fin de «garantizar la estabilidad operativa y la viabilidad de sus centros de producción». Ante esta situación, Sidenor ha decidido abrir la próxima semana un nuevo periodo de consultas con la representación sindical, con el objetivo de negociar las condiciones del ERTE. La empresa aseguró que espera alcanzar un acuerdo que permita mitigar el impacto sobre los trabajadores.

El alcalde de Orozko, Aitor Iza (PNV), expresó ayer su rechazo a la instalación del parque eólico de Larragorri en su municipio y mostró su disposición a seguir luchando para frenar esta iniciativa. La central, la primera que se autoriza en Bizkaia en 19 años, recibió el pasado lunes el visto bueno ambiental por parte del Gobierno vasco, pese al fuerte impacto previsto en la fauna de aves y, en particular, en varias especies de necrófagas que están en peligro en Euskadi, como el alimoche. Iza quiso dejar claro que no está en contra de las energías renovables, pero afirmó que su municipio es una «zona montañera», con «un paisaje y fauna protegida» y que se están impulsando parques de este tipo en el territorio sin tener en cuenta «la realidad» de los emplazamientos. En esta línea, el regidor jeltzale lamentó que haya faltado diálogo con los ayuntamientos afectados. El alcalde oroztarra también desveló que ha mantenido contactos con las otras dos localidades involucradas: Llodio (uno de los cinco aerogeneradores se instalará en su término municipal), donde gobierna Bildu, y Amurrio (por allí discurrirá la línea eléctrica que evacuará la energía producida), donde el regidor es del PNV. La hoja de ruta que se han planteado los tres pueblos, dijo, pasa por recurrir los próximos trámites administrativos. La Diputación vizcaína, por su parte, se reafirmó ayer en los informes previos que había elaborado y que alertaban del impacto del parque. 

La manifestación que recorrió ayer las calles de Bilbao se convirtió en una demostración de fuerza de los sindicatos, que lograron congregar a 10.000 de los 27.000 docentes de los colegios públicos sólo unas horas después de que descarrilara de madrugada un acuerdo con el Departamento de Educación para cerrar la renovación del convenio. Miles de docentes de la red pública se manifestaron ayer en las calles de Bilbao en la quinta jornada de huelga, tras los paros de enero y febrero. La convocatoria fue única, lo que permitió a los sindicatos exhibir músculo y reunir a 10.000 docentes, según cálculos de la Policía Municipal, de una plantilla de 27.000. La manifestación fue la más grande de los últimos tiempos. El malestar de los trabajadores era evidente. Además de corear distintas consignas, se produjo una fuerte pitada frente a la delegación del Gobierno vasco, algo que no había sucedido en las anteriores convocatorias. A medida que la columna avanzaba por Gran Vía, se unieron profesores al grito de ‘Ez sinatu, ez sinatu!’ –‘no firméis, no firméis’ (el nuevo convenio)–. El Gobierno vasco, a través de su servicio de Inspección, cifró en un 44% del profesorado el seguimiento de la huelga. Los sindicatos elevaron la cifra al 75%. La noche del lunes tuvo lugar el último intento de solucionar un conflicto que, a diferencia de las haurreskolak, educación especial y el personal de cocina y limpieza, donde se han renovado los convenios, parece enquistado. Educación denuncia que la huelga persigue «objetivos políticos» e «intereses económicos desmedidos». Los sindicatos aseguran estar «ante una escenificación y una hipocresía» del departamento. 

El gasto en las pensiones de Euskadi se acerca ya a los mil millones de euros. Este mes, las 526.368 personas que reciben estas prestaciones –en total se reparten 582.550 rentas ya que algunos beneficiarios pueden obtener más de una–, han ingresado de media 1.612 euros, lo que eleva la nómina hasta los 940,7 millones. Un aumento del 5,3% respecto al mismo mes del año pasado, casi 48 millones más. La prestación media de los 390.405 jubilados vascos, la más alta del país, se fija para este marzo en 1.831 euros, tras ganar 72 en los últimos doce meses. Los ingresos medios crecen pero al Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) les siguen preocupando las prestaciones más bajas. El colectivo ha recogido 95.000 firmas en los últimos meses para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que garantice, a través de un complemento, unos retiros que en los casos más bajos igualen, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El movimiento participará en una movilización organizada para este próximo 5 de abril en Bilbao (saldrá a las 17.30 horas del Sagrado Corazón), así como en Vitoria, San Sebastián y Pamplona. El encuentro, que suma el apoyo de diferentes sindicatos, servirá para reclamar tanto una pensión como un salario mínimo «justo y suficiente». «Para las personas pensionistas los salarios y las pensiones son caras de la misma moneda y son inseparables. Salarios dignos de hoy son la mejor garantía para las pensiones del futuro y el sostenimiento del Sistema Público de Pensiones», alegan en el MPEH.

Un total de 6.173 jóvenes de entre 25 y 29 años se beneficiaron el pasado año de la primera edición de Emantzipa, programa del Gobierno vasco por el que se conceden ayudas de 300 euros al mes durante dos años para apoyar a este colectivo en su proceso para abandonar el hogar familiar. La cifra se quedó lejos de la previsión inicial de 15.000 beneficiarios. «Llegar a más jóvenes que el pasado año» es la meta que se plantea el Ejecutivo, que en la segunda convocatoria, que arranca en abril, elevará los ingresos máximos que podrán tener los solicitantes y que pretende, en una fecha todavía sin concretar, incrementar hasta los 36 años la edad de los potenciales perceptores. La edad media de emancipación en Euskadi es de 29,8 años. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, dijo ayer que por esta vía de aumentar el umbral de ingresos se incorporarán unas 7.000 personas más a estas ayudas. Para recibirla, ahora se deberá tener unos ingresos de entre 3.000 euros y 30.000 euros (el año pasado el máximo eran 28.000). Para aquellas parejas que hagan declaración conjunta, el tope crecerá de 34.000 a 36.500. Respecto a la edad, la ampliación no se toca todavía para «no retrasar» su puesta en marcha, aunque la titular del departamento quiere que sea «lo antes posible». Para poder acceder a esta ayuda, los solicitantes deben estar «empadronados» en algún municipio de Euskadi y «acreditar» su emancipación con «un contrato de arrendamiento o de compraventa de vivienda libre». Es, además, «compatible con otras ayudas como Gaztelagun, la Renta de Garantía de Ingresos, el Ingreso Mínimo Vital y diferentes prestaciones de vivienda».

La Inspección Provincial de Trabajo ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa que gestiona la planta de tratamiento mecánico biológico (TMB) situada en el monte Arraiz. Los especialistas consideran que «ha puesto en riesgo la seguridad y la salud» de los trabajadores al instarles a realizar labores «no contempladas» entre las funciones de la empresa y, por tanto, para las que no existía un protocolo de prevención de riesgos. La TMB fue inaugurada hace una década tras una inversión pública de 43 millones. Aunque en la financiación también participó el Ayuntamiento de Bilbao, la infraestructura está adscrita a la sociedad pública Garbiker, responsable del tratamiento de los residuos que se generan en el territorio, que depende de la Diputación. Desde su puesta en funcionamiento, la planta está gestionada por el conglomerado de empresas que forman la UTE TMB Arraiz. La adjudicación fue para diez años, pero el Gobierno foral decidió el año pasado prorrogar unilateralmente el contrato dos años más para realizar las mejoras tras la denuncia de los empleados sobre la situación insalubre de las instalaciones. «Nos comen las ratas», decían los operarios en enero de 2024 tras solicitar a la Inspección que actuara. No hubo sanciones, pero la Diputación anunció al cabo de los meses una inversión de 6,8 millones este ejercicio para realizar mejoras. Mientras, siguen ocurriendo contratiempos graves. El origen de la investigación que va a culminar en la imposición de una multa a la adjudicataria es la intoxicación que sufrió un trabajador en octubre tras participar durante varios días en las labores de limpieza de un túnel de maduración. 

Iberdrola sigue firmando un marzo histórico en la Bolsa que confirma las previsiones que los analistas del mercado hacían de la eléctrica vasca para este año. Al cierre de la sesión de ayer su título repitió el récord del pasado viernes alcanzando los 14,42 euros tras un aumento del 1,26% y acumulando un 26,7% en el último año. El total del valor cotizado de la empresa superó los 92.873 millones de euros que, al cambio del dólar, rebasan la simbólica cifra de 100.000 millones en la divisa norteamericana. Analistas como el banco suizo USB señalan que el recorrido del título para este año puede llega hasta los 15,90 euros. Supondría elevar la capitalización bursátil de la eléctrica por encima de los 103.000 millones de euros. La apuesta por la electrificación de la industria, de los hogares y de la movilidad genera un aumento de la demanda en todos los países elevando la cantidad de electricidad distribuida por Iberdrola en 2024 a un récord de 238.164 GWh. Aunque la caída de los precios de la luz redujo ligeramente sus ingresos, sus márgenes de negocio se incrementaron hasta unos beneficios de 5.612 millones, un 17% más y tras unas inversiones que ascendieron a 17.000 millones. De esa cantidad, 12.000 se destinaron a Estados Unidos, donde se están mejorando las redes de distribución.

MasOrange alerta del riesgo que puede tener para el sector de las telecomunicaciones en España la competencia futura procedente de la nueva generación de satélites, liderada por los grandes magnates de Estados Unidos, Elon Musk y Jeff Bezos. Concretamente, la compañía con más clientes de telefonía e internet en España (casi 40 millones de líneas de banda ancha y móvil) señala en documentación remitida a sus inversores que “existe el riesgo de que las nuevas tecnologías mermen la demanda de los servicios”. “Los nuevos servicios de internet inalámbrico que están desarrollando Amazon, SpaceX u otros proveedores podrían reducir la demanda de banda ancha fija y telefonía en el futuro”, añade la compañía participada por el Estado francés y varios de los principales fondos de capital riesgo del mundo como KKR, Cinven o Providence. “Es posible que nuevos proveedores de servicios de datos y telefonía móvil entren en el mercado y se beneficien de tecnologías más eficaces o de menor coste que les otorguen una ventaja competitiva en estos mercados”, explica esta empresa, cuyos auditores obligan a reflejar los principales riesgos a los que está sometida la firma en la documentación que envía a los inversores de deuda de la empresa. Aunque por ahora se trata de una competencia remota, MasOrange ha querido dejar patente en documentación oficial el potencial riesgo para los servicios del sector de las telecomunicaciones que ejercen las empresas de satélites en manos de las dos mayores fortunas del mundo, Elon Musk y Jeff Bezos.

Una de las grandes incógnitas en la decisión de Bruselas era conocer si los yacimientos de uranio, localizados en Salamanca, y vetados por el Gobierno español, estarían incluidos en el plan. Finalmente, no ha sido así. Bruselas anunció ayer los 47 proyectos europeos considerados estratégicos y que permitirán aumentar la producción de materias primas clave para el Viejo Continente. Siete de ellos están en España y se localizan en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia. Seis corresponden a yacimientos para extraer metales y otro, el que se localiza en Huelva, es una planta de reciclaje. El objetivo de la iniciativa es identificar localizaciones que aseguren la extracción de materias primas consideradas clave para el futuro industrial europeo y de las que existe una fuerte dependencia de otros países, principalmente de China. Los seis enclaves mineros españoles son: Aguablanca, en Badajoz, que es propiedad de Río Narcea Recursos; Las Navas, en Cáceres, de Lithium Iberia; P6 Metals, en Badajoz, de Iberian Resources Spain; El Moto, en Ciudad Real, de Abenójar Tungsten; Cobre Las Cruces, en Sevilla, de First Quantum Minerals; y Mina Doade, en Galicia, de Recursos Minerales de Galicia. En cuanto a los materiales, Aguablanca contiene reservas de cobalto, platino y cobre; El Moto y P6 Metals, de wolframio; Las Cruces, de cobre y platino; y Las Navas y Doade, de litio, uno de los materiales más preciados en el mundo en estos momentos. Además, el plan europeo incluye una planta de reciclaje de metales de Atlantic Cooper (filial de Freeport McMoran) situada en Huelva. Los 47 proyectos se encuentran en 13 países europeos, entre ellos Bélgica, Francia, Alemania, Portugal y Rumanía. La inversión total ascenderá a 22.500 millones de euros.

¿Aviones propulsados con baterías eléctricas? A corto y medio plazo, muy pesadas y no viables. El Pipistrel Velis Electro, destinado a la formación de pilotos, es el primer avión eléctrico totalmente certificado del mundo, pero apenas puede cargar 170 kg y tiene una autonomía de 50 minutos, frente a un Boeing 747, con capacidad de carga de 150 toneladas a un radio de 7.800 kilómetros. ¿Hidrógeno verde? Es otra de las alternativas de la aviación para alcanzar el net zero. Pero Airbus acaba de anunciar que posterga su “objetivo de llevar al mercado un avión comercialmente viable propulsado por hidrógeno”, previsto para 2035, debido a que “la disponibilidad de hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovables a gran escala va más lenta de lo previsto”. Los expertos creen que llegará, pero no mañana. ¿La alternativa? Tres letras pretenden ser la respuesta más viable en un plazo razonable para descarbonizar el transporte aéreo: SAF (Sustainable Aviation Fuel, combustible de aviación sostenible). “La nueva industria del SAF presenta un gran potencial económico para España. Podría generar 56.000 millones de euros de impacto en el PIB de cara a 2050”, se dice en el informe Cómo hacer de España el líder europeo de SAF, de Moeve, Iberia, Iberia Express, Vueling, Biocirc y PwC. En ello coincide la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que pide una transición “con incentivos y apoyo público”. Si no, dicen, “existe el riesgo de que la aviación deje de ser un modo de transporte asequible”. Porque las aerolíneas que operan en España estiman en 234 millones de euros el sobrecoste que implicará la obligación, a partir del pasado 1 de enero, de que el 2% del combustible usado sea sostenible, según las directrices europeas. En 2030, la cifra sube al 6%, y en 2050, al 70%. 

Las ventas de Tesla se han desplomado a la mitad en Europa en los dos primeros meses de 2025 pese a que la comercialización total de vehículos eléctricos se mantiene al alza en el viejo continente. El hundimiento de Tesla se debe a una combinación de factores que incluye las polémicas intervenciones e injerencias políticas de su CEO, y asesor de Donald Trump, Elon Musk; el esperado lanzamiento de la nueva versión de su modelo superventas Y; y la pujanza del grupo chino BYD y otras enseñas asiáticas, que están ganando terreno por sus precios más económicos y altas prestaciones. En el mes de febrero, Tesla matriculó 11.743 vehículos en la Unión Europea, lo que supone un descenso del 47% respecto al mismo mes de 2023, según cifras de la patronal europea del sector Acea. El descenso del fabricante estadounidense contrasta con el aumento del 24% en la venta total de eléctricos en la UE en dicho mes, con fuertes repuntes en países como Alemania, donde Tesla posee una planta y se ha visto muy penalizada tras el apoyo de Musk al partido de ultraderecha AfD antes de las elecciones que se celebraron el mes pasado. Las ventas de Tesla en Alemania bajaron en febrero un 76% –está preparando su planta germana para fabricar la nueva versión del Model Y, un factor que también perjudica a sus ventas–; mientras en Noruega bajaron un 48% y en Francia cayeron un 26%. Sumando Reino Unido, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, las ventas europeas de Tesla en el segundo mes del año cayeron un 40%, hasta 16.888 vehículos, frente al incremento del 26% del conjunto de eléctricos. El analista de Jato Dynamics, Felipe Muñoz, explica el desplome –en declaraciones a Financial Times– por el “creciente papel de Elon Musk en política y la mayor competencia en el mercado de eléctricos”, así como porque “Tesla está retirando gradualmente la versión actual del Model Y, su vehículo más vendido”.

El nivel de confianza en la economía germana encadena tres meses consecutivos al alza y que en marzo se ha aupado hasta los 86,7 puntos, 1,4 puntos más que en febrero y su cota más alta desde julio de 2024, según el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo). ¿Las causas? Primero, el escenario electoral vivido en el arranque del año, que abrió la puerta a un nuevo Gobierno y, por tanto, a una nueva etapa política. Y, después, el histórico plan de estímulos y de inversiones en infraestructuras, Defensa y clima por importe de 500.000 millones de euros impulsado por el nuevo canciller electo, Friedrich Merz, y aprobado por el Bundestag. Una ingente inyección de vitaminas para la economía germana que ha alimentado las expectativas positivas del empresariado tras dos años de recesión. Ahora, “las empresas alemanas esperan una recuperación”, señaló ayer el presidente del Ifo, Clemens Fuest. Ni siquiera la guerra arancelaria declarada por Donald Trump ha logrado enfriar los ánimos ante la magnitud del bazuca fiscal desplegado por el Estado germano, que, en una decisión sin precedentes, ha roto con el tradicional dogma del déficit cero. Gracias a este plan, los principales organismos económicos internacionales han comenzado a revisar al alza sus pronósticos para la economía alemana, aunque sus frutos no serán palpables a corto plazo.

En poco más de dos meses de mandato, la errática y vehemente segunda Administración de Donald Trump ha sembrado la semilla del caos y la incertidumbre en la economía mundial, haciendo que las previsiones de crecimiento formuladas a principios de año se hayan convertido rápidamente en papel mojado ante una guerra comercial en ciernes de consecuencias todavía impredecibles. De momento, lo que sí ha provocado es una cascada de revisiones a la baja en Europa, sometida además al estrés añadido de tener que rearmarse a contrarreloj ante la intención de EEUU de replegarse y dejar la seguridad del continente en manos de la UE. Con este telón de fondo, S&P Global recortó ayer en tres décimas su previsión de crecimiento para la zona euro en 2025, que ahora sitúa en el 0,9%. La agencia de ráting parte de la premisa de que el tsunami arancelario de Trump y la incertidumbre que se deriva de ello “reducirá el PIB de la eurozona en un 0,4% acumulado durante 2025-2026”, aunque sus efectos reales dependerán “del nivel de intensidad de los aranceles comerciales que Estados Unidos acabe imponiendo finalmente a las exportaciones europeas”, señala el informe de S&P Global publicado ayer, en el que revisa y actualiza sus proyecciones macro para el bloque. De hecho, advierte de que en un “escenario arancelario severo, el crecimiento del PIB en la eurozona podría limitarse al 0,5 % en 2025”. La firma de calificación financiera se alinea así con los pronósticos del BCE, que el pasado 6 de marzo también rebajó al 0,9% su previsión de PIB de la eurozona este año, dos décimas menos que en el informe anterior, citando expresamente “la elevada incertidumbre sobre las políticas comerciales” que ha introducido la Administración Trump y que golpearán las ventas europeas al exterior. “Las revisiones a la baja para 2025 y 2026 reflejan menores exportaciones y una debilidad persistente en la inversión, en parte originadas por la alta incertidumbre de la política comercial, así como por una incertidumbre política más amplia”, señaló la autoridad monetaria en su informe.

Rusia y Ucrania aceptaron ayer, con mediación de Estados Unidos, suspender los ataques a las infraestructuras energéticas de los dos países, después de tres días de negociaciones en Riad, la capital de Arabia Saudí. Es el primer pacto que alcanzan las partes desde julio de 2022, y la primera señal que apunta a una salida negociada en tres años de guerra. También se acordó un cese de las hostilidades en el mar Negro, la principal novedad de este proceso, pero el Kremlin lo condiciona al levantamiento de las sanciones occidentales al sector agrícola ruso. A través de dos comunicados pactados con ambas partes, Washington se compromete a vigilar el cumplimiento del acuerdo. Y, en respuesta a la exigencia de Moscú, anuncia que le ayudará a restablecer sus exportaciones agrícolas y de fertilizantes. El Kremlin reclama extender el fin de sanciones al suministro de maquinaria y a los bancos que operan con la industria. “EE UU y Rusia han acordado garantizar la navegación segura, eliminar el uso de la fuerza e impedir el uso de buques comerciales con fines militares en el mar Negro”, asegura el comunicado suscrito con Moscú. Ucrania ha mostrado su oposición a restablecer las exportaciones rusas. Lo más significativo de estos documentos es que no se indica que el alto el fuego se limite a 30 días, como se había planteado inicialmente. Según el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, la tregua ha entrado en vigor desde el momento en que la Casa Blanca ha publicado el contenido de los documentos. “El alto el fuego en el mar y sobre la energía deberían comenzar”, dijo.