20250217

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

Artículo del responsable de negociación colectiva de ELA. "A mediados de los 90, un dirigente de Confebask nos espetó, ante nuestra insistencia en reclamar mejoras en las condiciones de trabajo, que «la vaca debe engordar antes de dar leche». Y vaya si engordó. Las rentas de trabajo en aquel momento no paraban de menguar, y las rentas de capital crecían imparablemente. La glotonería pantagruélica de Confebask no tenía límite; sin embargo, no dio ni gota de leche. Los puestos de trabajo en el sector servicios aumentaron basados en malas condiciones de trabajo. En estos sectores, negociar convenios colectivos equiparables con las de sectores masculinizados e industriales era prácticamente imposible, por el bloqueo de la patronal. Tres décadas más tarde la brecha entre las capas más favorecidas de la sociedad y las más precarias se ha agudizado. En los 90, se extendió la explotación laboral a través de las mujeres y las personas jóvenes; ahora, el empresariado ha decidido añadir a las personas migradas a su menú de precariedad. Y, cuando hemos tratado de negociar un salario mínimo acorde a la riqueza que genera nuestra sociedad, nuevamente Confebask ha dado un portazo épico a la negociación. El argumento principal que ha utilizado no puede ser más decimonónico: el supuesto perjuicio que el aumento de los salarios más bajos causaría a la competitividad empresarial. Traducido: la competitividad empresarial depende de pagar sueldos miserables... El empresariado representado por Confebask no quiere esforzarse por aumentar los beneficios empresariales si para ello debe hacer inversiones productivas...Confebask quien se niega a cumplir con la función a la que la ley la ha obligado: negociar convenios colectivos de buena fe. Cabría plantearse (permítaseme la ironía) la ilegalización de una patronal que monopoliza la representación empresarial y, sin embargo, se niega a cumplir con su función representativa. La actitud autoritaria y retrógrada de Confebask confirma el análisis estratégico de ELA. El nivel de acuerdos con la patronal es directamente proporcional al número de huelgas convocadas. El portazo al salario mínimo únicamente ratifica nuestra opción estratégica...La imposición de la agenda neoliberal por parte de nuestra patronal exige una respuesta institucional contundente. ¿Permitirán que Confebask se apropie de un instrumento fundamental como el salario mínimo? Hemos puesto en marcha una iniciativa legislativa popular que posibilita que la política salarial se adopte de forma democrática, sin opción al veto de Confebask. Poner a Gargantúa a dieta es una necesidad social y económica, y es también un imperativo moral. Esperamos encontrar una clase política a la altura"

En sus primeras declaraciones públicas desde que el consorcio vasco tomara el control de Talgo el viernes pasado –una operación que llegó a buen puerto después de meses de negociaciones a varias bandas y en la que tuvo que intervenir hasta el Gobierno central–, el lehendakari Imanol Pradales se refirió ayer en Gernika a la importancia simbólica, política y estratégica que tiene que la empresa mantenga su «arraigo» vasco. Pradales precisó que se espera que en las próximas tres semanas se materialice ante la CNMV la compra del 49,7% de las acciones al fondo Trilantic por parte de Sidenor, Finkatuz, BBK y Vital. Será entonces cuando se renueve el Consejo de Administración y empiece a diseñar «un gran plan industrial para la compañía». La intención del Gobierno vasco, que se ha asegurado capacidad de influencia en Talgo gracias a la participación del fondo Finkatuz en la operación, es relanzar el proyecto de la compañía en Euskadi «para que tenga un impacto económico, industrial y de empleo todavía más grande». En la actualidad, la planta de Rivabellosa –la más grande que tiene el fabricante de trenes en España– genera un impacto de 700 empleos directos, cuenta con 600 proveedores y genera 7.000 empleos indirectos. La intención del Ejecutivo, una vez asegurado que Talgo no cae en manos extranjeras, es consolidar y aumentar esta actividad. Será el nuevo Consejo de Administración el que, dentro de la elaboración del plan industrial de la compañía que ayer anunció Pradales, deba abordar el regreso de la sede social y fiscal a Álava. Una posibilidad que el lehendakari confía en que vaya a ocurrir.

Muchas empresas de Gipuzkoa han mostrado su interés por ocupar el 60% del futuro parque de Galarreta, al que todavía le faltan dos años para abrir. La falta de suelo edificable industrial es una de las grandes carencias que tiene a día de hoy Gipuzkoa. Para dar solución al altísimo grado de peticiones de empresas que desean instalarse en el territorio, el Parque Tecnológico y Científico de Gipuzkoa, cuyo centro se ubica en Miramon, ya trabaja en la ampliación del campus de Galarreta, en Hernani, donde proyecta –las obras arrancaron en octubre del año pasado– una nueva superficie total edificable que asciende a los 108.000 metros cuadrados, un espacio similar a 15 campos de fútbol. Aunque aún restan un par de años para dar por terminada esta expansión, lo cierto es que numerosas empresas ya han mostrado su predisposición por hacerse con un espacio en el edificio central del nuevo campus de Galarreta, de unos 10.000 metros cuadrados. Hasta el punto de que el 60% de ese suelo industrial ya ha suscitado interés por compañías de todo tipo, según fuentes institucionales y empresariales. De los 108.000 metros cuadrados de edificabilidad que tuvo esta ampliación del Parque Tecnológico de Euskadi en el Campus Hernani, 40.000 ya han sido ocupados por la Fundación Ikasleku formada por la cooperativa Orona, Mondragón Unibertsitatea e Ikerlan, estas dos últimas integradas dentro la Corporación Mondragón. Asimismo, el Parque Tecnológico cuenta con 60.000 metros cuadrados de edificabilidad que se utilizarán para desarrollar iniciativas de alto contenido de investigación y desarrollo tecnológico en la filosofía llevada a cabo por el parque desde su creación.

Las Haciendas forales, que han obligado a pagar IRPF por el SMI estos últimos años, quieren cambiarlo pero los de Otegi rechazan acordar la reforma que sí exigen en Madrid. En Euskadi, PNV y PSE plantean elevar el mínimo exento del IRPF a 19.000 euros brutos al año en lugar de los 14.000 fijados en este momento, «beneficiando a unos 335.000 contribuyentes vascos». Pero hay letra pequeña, al menos en lo referido a Euskadi. Los mismos que quieren ‘salvar’ al segmento más vulnerable de la clase trabajadora son los mismos que ahora les están penalizando. Las continuas subidas del SMI aprobadas por el Gobierno desde la llegada de Sánchez –en Euskadi lo cobran unos 50.000 trabajadores– han hecho que la norma vasca haya quedado desfasada desde hace un par de años sin que las diputaciones hayan maniobrado para ajustarse a la situación argumentando que había una reforma fiscal en ciernes y que cuando se apruebe todo quedará resuelto. Sin embargo, esa reforma que elevaría el mínimo exento actual de 14.000 euros hasta los 19.000 no termina de llegar y es muy posible que vuelva a quedarse en nada porque la coalición PNV-PSE no tiene apoyos para sacarla en Álava y Gipuzkoa, donde dependen del apoyo de Bildu o del PP. En Bizkaia sí tienen mayoría absoluta pero se han conjurado para evitar la desarmonización fiscal al grito de ‘o lo hacemos en los tres territorios o en ninguno’. Y es aquí donde el PNV, gestor de las haciendas que han estado obligando a tributar el SMI en Euskadi, presiona a EH Bildu evidenciando sus contradicciones para pedirle que mantenga aquí el mismo discurso que en Madrid y apruebe la reforma para evitarlo. Y es que conocida la decisión de la vicepresidenta Montero de no elevar el mínimo exento del IRPF en territorio común, el portavoz de la coalición abertzale en el Congreso, Oskar Matute, tachó de «ridículo» que no se haga. ¿Entonces, por qué no lo van a hacer en Euskadi? Es la gran baza que va a usar el PNV para presionar a los de Arnaldo Otegi durante la tramitación de esta norma foral. «No tiene sentido que en Madrid vayan a votar a favor de que suba el mínimo exento y aquí en contra para siga en 14.000», resaltan fuentes jeltzales.  El problema para el PNV es que gobierna con el PSE y el PSE no quiere pactar con el PP.

Las empresas –y también las familias– tendrán en este mes de febrero que subir la cuesta de enero –que se alarga– y pagar más de 150 euros extra por cada trabajador que tengan contratado por el salario mínimo (SMI). Su nuevo aumento de 50 euros al mes que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros tendrá consecuencias inmediatas en la próxima nómina de 2,4 millones de trabajadores, que recibirán una ‘paguilla’ adicional al sumarse también la compensación por el mes de enero, puesto que el SMI tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Pero esto supondrá un desembolso extra sobre todo para los pequeños comercios y negocios –que son los más afectados por la escalada del salario mínimo–, que tendrán que hacer frente no solo al aumento de las rentas de estos empleados, sino también al encarecimiento de las cotizaciones, puesto que la base mínima se eleva de forma automática con esta renta. Así, empresas y autónomos tendrán que pagar en la nómina de febrero la subida de 50 euros y abonar también otros 50 euros por la del mes de enero.

El mar de fondo de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales para 2025 arrastra la certeza de que el impacto del incremento acumulado del 61% en los últimos seis años está lejos de ser inocuo para las empresas, y ahora también para los trabajadores, que deberán tributar el IRPF por vez primera. Al coste aproximado de 2.200 millones de euros para el tejido productivo debido al aumento de la base mínima de cotización se suma el de las gestiones administrativas a las que se conmina a los empleadores con las retenciones, ingresos y declaraciones de estas que deberán acometer para los cerca de 2,4 millones de millones de asalariados que se ven afectados por la medida. Esto, en un contexto en el que la mediana y pequeña empresa, y autónomos con empleados a cargo, ya están sufriendo los efectos del aumento de costes laborales asociados a esta y otras medidas que por mor del refuerzo de ingresos y recaudación para el Estado están laminando los márgenes de los negocios más humildes y expuestos a la normativa. Cabe recordar que esta subida del salario mínimo, más la de la base máxima, el mecanismo de equidad intergeneracional y la nueva cuota de solidaridad añadirá en 2025 un coste al tejido empresarial de cerca de 8.000 millones de euros. Desde Cepyme, la principal patronal de la pequeña y mediana empresa en España, advierten de los efectos colaterales de la fuerte revalorización del suelo salarial en nuestro país y su escala a nivel macroeconómico. Ya que no solo se circunscribe al ámbito de los costes, donde la subida del salario mínimo, además, provoca un desplazamiento ascendente en las tablas salariales de muchas compañías –sobre todo en los niveles más próximos al SMI– con su consecuente efecto en las dificultades a la hora de negociar los convenios colectivos. Sino que también afecta a los márgenes y rentabilidad de las empresas, especialmente en las de menor tamaño.

Los pequeños empresarios vuelven a alzar la voz contra la subida del SMI. Y lo hacen con datos tan contundentes como que esta referencia salarial ya supone más del 70% del sueldo medio en las microempresas o que las fuertes subidas acumuladas en los últimos años han impedido la creación de hasta 350.000 puestos de trabajo. Son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por la patronal Cepyme sobre la repercusión de la subida del SMI en las pymes españolas. Los empresarios parten de la base de que el salario mínimo acumula un incremento del 60,9% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, y de hasta el 80,7% desde 2016, cuando era de 665,2 euros. Y a partir de ese repunte de los costes laborales analizan el impacto de manera detallada por empresas, según su tamaño, por sectores y por comunidades autónomas y provincias. El Gobierno ha elevado la cuantía hasta los 1.184 euros en 2025 con el argumento de garantizar la cobertura del 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea, sin embargo, esta proporción no es la misma en todas las empresas. Al contrario, en las de menor tamaño el SMI supone ya más del 70% del sueldo medio y ese es el principal argumento de los pequeños empresarios para rechazar la nueva subida. De hecho, según sus cálculos, el SMI a nivel nacional ya habría rebasado ese umbral del 60%. En concreto, los 1.184 euros representan el 61,8% del sueldo medio neto a jornada completa, situando a España como «el país de la UE con el salario mínimo más costoso en relación con la productividad». «La subida del SMI afecta más a las pymes, más intensivas en asalariados de remuneraciones bajas, situación acorde a la menor productividad de estas compañías», indica el informe, que recuerda que «las micro y pequeñas empresas suponen el 99% del tejido productivo español» y acusa al Gobierno de «desconsideración» con estas compañías.

La evolución de los ingresos tributarios desde que gobierna el PSOE demuestra que son los trabajadores con ingresos medios, y no “los ricos”, los que pagan el fuerte aumento de la carga fiscal. La batalla entre las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno por la decisión inédita de que la subida del salario mínimo para este año deba tributar en el IRPF no sólo ha creado la mayor crisis en el seno de la coalición entre PSOE y Sumar desde que se inició la legislatura, sino que también ha dejado expuesta la estrategia de Hacienda para disparar la recaudación tributaria. Pedro Sánchez, María Jesús Montero y, por supuesto, Yolanda Díaz, han defendido en público la necesidad de incrementar la presión fiscal en nuestro país para equipararla con la media de la Unión Europea y por lo que denominan como “justicia fiscal”. Esto es, que paguen más quienes tienen mayores ingresos o patrimonios: “los ricos” en la jerga populista que manejan ambos partidos. Pero las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda demuestran que la mayor recaudación en estos años proviene principalmente del impuesto que grava las rentas del trabajo, que es el IRPF. Los ingresos fiscales acumulados logrados por esta vía desde finales de 2018 han pasado de situarse ligeramente por encima de 80.000 millones de euros a alcanzar los 128.759 millones en el mes de noviembre de 2024. La explicación a tan rápido crecimiento está en la reiterada negativa de Montero a deflactar las tarifas del IRPF. Es decir, a elevarlas al mismo ritmo que la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo que se produce cuando un contribuyente cambia de tramo del tributo por una subida salarial. Una decisión que, debido a la escalada inflacionista que vivió la economía española entre principios de 2022 y mediados de 2024, ha tenido pingües beneficios para las arcas del Estado. Las subidas de salarios aplicadas por muchas empresas para paliar la pérdida de poder adquisitivo de sus asalariados han sido el principal motor de los ingresos por IRPF. La otra gran fuente de mejora de la recaudación ha sido el IVA, que grava directamente el consumo. 

Un estudio de la Fundación Mapfre analiza los intereses y la situación financiera de una economía plateada –la que recoge la actividad de una población a partir de los 55 años, pero con un peso mayoritario entre los mayores de 65– sin apenas deudas y que cuida económicamente de su linaje. Lo hacen la mitad de los vascos. Un 40% presta ayuda financiera a sus hijos y otro 12% a diferentes miembros de su familia. «Es una generación con poder adquisitivo, porque nunca antes tantos mayores de 55 años habían llegado a esta edad con dos sueldos, la casa pagada y tanta capacidad de ahorro, pero también muy solidaria ya que hasta ahora nunca antes habían tenido que hacer frente a tantas transferencias a sus descendientes, por la falta de ingresos de estos», destaca Iñaki Ortega, profesor y doctor en economía que ha dirigido el barómetro. La empresa vasca Ikerfel se ha encargado de traducirlo en números, nutriéndose de 400 encuestas a mayores ajustadas a la sociodemografía de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Y es que la población objetivo es clave. En Euskadi los mayores no son únicamente un sostén financiero. También son una mayoría social que sigue en aumento. Basta con mirar los últimos datos del censo recogidos por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Entre 2004 y 2024 la población total de Euskadi creció un 5%, hasta los 2,2 millones, gracias al fujo migratorio que viene a compensar el desplome de los nacimientos. Sin embargo, la cifra de los mayores de 65 ha aumentado siete veces más. En total se ha elevado un 37% y el colectivo supone casi una cuarta parte de toda la población vasca, con 529.000 integrantes. Son una generación que ha sabido mirar al futuro. Lo dicen sus cuentas corrientes. Casi nueve de cada diez mayores de 65 tiene vivienda en propiedad, sin hipoteca ni préstamos, y aunque reconocen preocuparse por cómo está subiendo el precio de la cesta de la compra, admiten en la misma proporción que «su situación económica se mantendrá igual o mejorará».

La Generalitat catalana quiere echar a rodar un plan para ponerle las pilas al sector del coche eléctrico y situar a Cataluña al frente de la transición para reducir la cuota de motores de combustión en España. Para hacerlo posible, se apuesta por un programa de impulso que prevé multiplicar por cinco la red de puntos de recarga en cinco años, de 9.000 a 45.000, electrificar el 90% de la flota de vehículos de la Administración catalana y dar facilidades para que particulares y empresas se pasen al eléctrico. El plan desvelado por el president Salvador Illa cuenta con poder movilizar 1.400 millones de euros de inversión público-privada y avanza por un doble carril: persigue darle un acelerón a un mercado que se considera “estancado”, a la vez que actúa como palanca para salvar al sector catalán de la automoción, que fabrica 480.000 unidades anuales y ocupa a 35.000 personas en más de 10.300 empresas. El de los coches es, por volumen de facturación, el tercer sector industrial más importante en Cataluña y de las plantas de Seat en Barcelona sale el 20% de los vehículos que se fabrican en España. Pese a que enero arrancó con brío en las ventas, los coches eléctricos e híbridos enchufables representan una cuota de menos del 15% en el mercado español. El precio, los recelos con la autonomía de las baterías y las lagunas en la red de puntos de recarga aparecen como los tres motivos que frenan la electrificación del parque automovilístico. La vida útil de un vehículo está estimada en torno a los 14 años, lo que hace vaticinar que la transición será lenta y que por delante aún queda mucho tiempo de dominio del coche de humos en la carretera.

La industria automotriz, en tiempos la joya de la corona de la economía alemana, el mejor testigo de la milagrosa recuperación de la posguerra, se enfrenta hoy a tiempos difíciles. La crisis económica que azota a Alemania duele especialmente en este sector, clave para un país enfocado a las exportaciones. La primera economía de Europa encara su tercer año en recesión, acosada por las crecientes barreras al libre comercio y la feroz competencia de países como China. ¿Tiene futuro Alemania como Autoland (país de coches)?, se preguntan muchos. En ese contexto de incertidumbre y pesimismo votan los alemanes el próximo domingo. Una mole blanquecina de la que sobresalen dos chimeneas asoma desde la autopista cuando uno se aproxima a la factoría de Volkswagen en Mosel, 10 minutos en coche al norte de Zwickau. El orgullo industrial del Estado de Sajonia es también la planta de vehículos eléctricos más grande y más eficiente del grupo en Europa. También la primera, inaugurada en 2020. “Estamos muy orgullosos porque hicimos la transformación del motor de combustión al eléctrico en dos años y medio y sin retrasos, pese a que coincidió con la pandemia y la crisis de los semiconductores”, asegura Marc Stephan, jefe de producción, mientras muestra los distintos pasos del ensamblaje de un vehículo. Zwickau encarna el empeño del sector automotriz alemán por ponerse al día y competir para encarar al futuro, que es el coche eléctrico. En la planta convive lo más tradicional y lo más puntero.

Masdar, el grupo de renovables del emirato árabe de Abu Dabi, negocia acuerdos a varias bandas para dar otro salto en su estrategia de convertir a España como la gran plataforma para gestionar instalaciones de energía verde en Europa occidental. El pasado año, Masdar dio un primer gran paso en España al aliarse con Endesa (controlada por la italiana Enel) para explotar una gran cartera de fotovoltaicas en el país. Después, adquirió a Brook-field el grupo Saeta, con sede en Madrid, y activos en España y Portugal. Ahora, Masdar está negociando otras grandes operaciones de compra para hacer crecer Saeta y convertir este grupo en su gran plataforma de expansión en Europa occidental, indican fuentes del sector energético. Masdar y Saeta declinaron hacer comentarios. En concreto, Abu Dabi mantiene conversaciones, en distinto grado de desarrollo, con el gigante luso EDP, con el grupo español Acciona y con el francés Totalenergies para comprar diversos activos en España, Portugal y Francia, sobre todo en eólica. Además, ultima un nuevo acuerdo con Endesa, adicional al firmado el pasado año, para sumar más fotovoltaicas en España. En 2024, Abu Dabi fue líder en operaciones corporativas en España, con transacciones valoradas en 3.000 millones en su conjunto, que le dieron acceso a casi 3.000 megavatios (MW) operativos. Fuentes del sector indican que las operaciones ahora en negociación podrían sumar otros 1.000 megavatios operativos, que a precio de mercado rondarían los 1.000 millones.

El pasado mes de diciembre, Monbake Grupo Empresarial anunció el traslado de su sede social de Navarra a Madrid, mudanza que justificó como consecuencia del “desarrollo natural y la estrategia de crecimiento” de esta empresa de fabricación y distribución de pan tras la entrada de CVC en su accionariado. En realidad, Madrid no era un territorio desconocido dentro de la estructura corporativa de Monbake. El fondo CVC, que compró este grupo el año pasado, había domiciliado en la capital de España la sociedad a través de la que realizó la adquisición (Peralta Inversiones Globales). De hecho, el traslado de sede se realiza mediante la absorción de la empresa radicada en Navarra por parte de este vehículo. La reorganización societaria del panadero de CVC sigue una estrategia financiera típica en el sector del capital riesgo (integrar la entidad inversora con los activos adquiridos para utilizar sus ingresos en el repago de la deuda generada en la compra); pero de generalizarse provocaría un aluvión de traslados a Madrid, ya que el private equity tiene decenas de sociedades domiciliadas en esta ciudad que han hecho operaciones por toda España...Fuentes del sector achacan la elección de Madrid como sede de sus vehículos compradores a simple “comodidad”: la mayor parte de las gestoras tiene oficina en esa ciudad, donde también se ubican sus abogados, bancos, administradores y notarios. Esto facilita los trámites habituales en la vida empresarial. Desde el punto de vista fiscal, las firmas de private equity indican que estas estructuras de Madrid no tienen ventajas a la hora de tributar por dividendos o plusvalías respecto a estar en otras comunidades. Solo en casos personales (si hay traslado de ejecutivos) puede haber algún beneficio en los impuestos particulares. En todo caso, esta tendencia refuerza el movimiento centrípeto hacia Madrid del mundo empresarial español. Esa comunidad lidera en los últimos años el número de nuevas sociedades creadas y también el número de firmas que cambian de autonomía. También hay excepciones a este tipo de organización. Brookfield tiene en Orense el vehículo al través del que compró Cupa, y Bain Capital fijó en Bizkaia el hólding para hacerse con ITP Aero.

El dinamismo de la economía española y del mercado laboral habrían acusado el invierno demográfico si no fuera por el efecto de la inmigración. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística, desde enero de 2019 ha caído en 930.000 el número de personas nacidas en España en edad de trabajar (entre 20 y 64 años). Una pérdida de capital humano que se compensó por la llegada de extranjeros de las mismas edades, unos 2,1 millones. El invierno demográfico ya está aquí. Llama a la puerta con aldabonazos inapelables: según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero de 2019 se han perdido unas 930.000 personas nacidas en España en edad de trabajar, entendido como el grupo con edades entre 20 y 64 años. No obstante, esa pérdida de capital humano se ha visto más que compensada en números por la llegada de foráneos: en esas mismas edades el colectivo de los nacidos en el extranjero creció durante el mismo periodo en unos 2,1 millones. Sin ellos no se podría haber mantenido el dinamismo del mercado laboral y la actividad económica se habría resentido. El envejecimiento de la población española avanza lento pero inexorable, como un gran transatlántico. Y está redibujando con una fuerza demoledora el funcionamiento de la economía. Ya nada será igual: en 2024, según la Encuesta de Población Activa, de los 468.000 puestos de trabajo que se crearon, solo 59.000 fueron ocupados por nacionales. El 88% del empleo generado el año pasado se debió a trabajadores extranjeros o de doble nacionalidad.

Las espadas siguen en alto en la patronal española. Va a cumplirse un mes desde la tensa reunión entre Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva en la que el presidente de CEOE le comunicó al líder de Cepyme que ha perdido su confianza y que promoverá a un candidato alternativo porque no le quiere al frente de la patronal de las pymes. Y aunque públicamente no ha trascendido la escalada del conflicto, distintas fuentes de la cúpula de la organización empresarial constatan que el hacha de guerra no sólo no se ha enterrado, sino que se sigue empuñado con fuerza en ambos bandos. «El aparato de CEOE se está empleando a fondo», arrancan las fuentes consultadas. En las últimas semanas, Garamendi ha redoblado la presión sobre las organizaciones –algunas grandes sectoriales y territoriales y también patronales de menor tamaño– para que le entreguen su voto. Con varios nombres aún en las quinielas, pero ningún candidato oficial, el empresario vasco ha activado toda la maquinaria de la organización para desbancar a Cuerva. Después de ofrecerle una salida con un cargo internacional, que el presidente de Cepyme rechazó, ahora la estrategia pasa por garantizarse los apoyos para vencerle en las elecciones a través de la fórmula de la delegación de voto. En este tiempo, la comunicación entre ambos ha sido prácticamente nula, según confirman fuentes al tanto del estado de la relación. Garamendi se mantiene firme en su decisión. El líder de la patronal nacional confirmó públicamente que cree que ha llegado el momento de «darle un empujón» a Cepyme. Y en sus planes para relanzar la organización no entra Cuerva. Este, por su parte, ha buscado entablar una nueva conversación sobre su futuro con su presidente, sin éxito hasta la fecha. Le ha enviado incluso varias cartas, según informan fuentes empresariales, pero no ha obtenido respuesta. Mantiene, en todo caso, que se va a presentar a la reelección y no tiene intención de abandonar la carrera por el cargo, especialmente cuando ha constatado que cuenta con el apoyo mayoritario de la organización.

“Los aranceles están en la mente de todos”. La frase es de Jochen Zeitz, presidente de Harley-Davidson. La dijo en la última presentación de resultados. Como el fabricante de motos, cientos de grandes compañías cotizadas de Estados Unidos y todo el mundo están advirtiendo a los inversores del potencial impacto sobre su negocio de la guerra comercial declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las advertencias son variadas. Algunas se centran en el impacto de los aranceles ya anunciados por Trump, mientras que otras avisan de las potenciales represalias y algunas hablan literalmente de una posible “guerra comercial”. Los riesgos son múltiples. De forma general, está la incertidumbre y el potencial impacto sobre el crecimiento económico mundial. Hay advertencias específicas sobre la posibilidad de subidas de precios o de erosión de los márgenes. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. Las multinacionales son las más afectadas. El impacto se extiende también a compañías que operan en el mercado local, pero reciben suministros del exterior. Hay firmas de todos los sectores preocupadas: industriales, de bienes de consumo, financieras, tecnológicas... Hay cientos de advertencias en los informes de resultados, memorias anuales y presentaciones a los analistas. Los aranceles han pasado a ser un apartado estrella de los capítulos de riesgos. Entre las que han dado explicaciones o advertido sobre los aranceles están las estadounidenses Ford, General Motors, Coca Cola, Pepsico, Mondelez, Levi Strauss, Chipotle, Costco, Alphabet, Pfizer, Estée Lauder, Jetblue, Avis, Boeing, GoPro, Illumina, Caterpillar, Colgate, Crocs, Mattel, American Express y muchas otras. Se trata de un fenómeno global.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere levantar la moral de sus homólogos europeos. Y, sobre todo, coordinar una respuesta de la UE ante la ofensiva de Estados Unidos con Donald Trump al frente. El Palacio del Elíseo acogerá hoy una reunión de urgencia entre los principales mandatarios del Viejo Continente. El encuentro tiene lugar tras el terremoto diplomático provocado por la voluntad del presidente estadounidense de negociar el final de la guerra de Ucrania con representantes de Moscú y Kiev, pero sin la presencia de Europa. A eso se le sumó el discurso incendiario del vicepresidente norteamericano, JD Vance, que el viernes comparó los gobiernos europeos con regímenes autoritarios en la Conferencia de Seguridad de Múnich. «El presidente de la República reunirá a los principales países europeos» para «debatir sobre la seguridad» continental, informó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien precisó que se tratará de una sesión «de trabajo». Según el responsable de la diplomacia gala, Europa «formará parte de una manera u otra de las discusiones» sobre un eventual acuerdo de paz tras casi tres años de conflicto en Ucrania. «No vamos a dejar intimidarnos», sostuvo Barrot en una entrevista para France Inter en la que pidió que «no se dramatice» la situación. Pese a sus palabras, el escenario actual tiene un componente dramático. Europa no solo afronta el riesgo de quedar fuera de las negociaciones de un conflicto en su mismo suelo, sino que en esa mesa de diálogo se certifique la pérdida de cerca del 20% del territorio ucraniano y se evapore la posible adhesión de Kiev a la OTAN.