20250221

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

La actual presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, confirmó ayer ante la junta directiva que no se presentará a la reelección para un segundo mandato. La reunión del órgano de gobierno de la patronal vizcaína estuvo marcada por la tensión después de que se haya postulado para sucederle Nuria Lekue, miembro de la junta directiva y presente en la cita. La empresaria de estaciones de servicio, empujada por varias asociaciones sectoriales, ha dado el paso sin que se haya consensuado el relevo como es tradición y cuando suenan otros posibles candidatos como Guillermo Buces, lo que daría pie a la primera pugna electoral de la historia en la organización empresarial. Ante la junta, compuesta por una treintena de representantes empresariales de firmas grandes y pequeñas, Pérez Toledo explicó que daba por cumplida su misión tras estar cuatro años en el cargo. Según personas presentes en la reunión, también manifestó su malestar por el hecho de que se hubiese filtrado su marcha cuando aún no había comunicado oficialmente su intención de retirarse. Era algo que quería hacer ella misma. Se refería a la noticia de este diario publicada este jueves, en la que además se informaba de la intención de Lekue de concurrir como candidata, después de que hubiese sido instada a ello por varias asociaciones sectoriales con peso en la organización. Ella ha manifestado su disposición a dar el paso una vez se abra el plazo oficial para la presentación de las candidaturas y fuentes de su entorno aseguran, en este sentido, que no busca ningún tipo de confrontación. Ayer no quiso hacer ninguna declaración. Pero hay asociaciones que están tratando de presentar otra alternativa, lo que daría pie a unas elecciones, cosa totalmente inaudita para la organización, que siempre ha llegado a su asamblea de renovación con un único nombre sobre la mesa. Ver nota de Cebek. 

El efecto dominó de la crisis de la automoción alemana y la pérdida de competitividad de la industria europea ya se dejan notar en la cartera de pedidos de las compañías que integran el sector de la fabricación avanzada y la máquina-herramienta, un órgano vital del tejido económico vasco y guipuzcoana. Los encargos registrados durante 2024 se desplomaron un alarmante 23% respecto a los de un año antes debido al fuerte descenso del mercado interior, que dejó un saldo negativo del 45% –aunque su peso relativo es bajo–, mientras que el de la exportación se apuntó una disminución del 20%, lo que lleva al sector a prever una «significativa, pero no dramática», caída de ingresos en 2025. Unos datos que se explican, en parte, por el bajón del subsector de la deformación –muy ligado a la industria automotriz–, con un balance anual negativo que se fue hasta el 40%, mientras que el del arranque descendió un 8%. Un menú llenó de números rojos que llevó ayer al clúster de máquina-herramienta (AFM) –que aglutina a más de 800 empresas en toda España, en torno al 70% vascas, la mayoría guipuzcoanas– a lanzar un mensaje severo y sin paños calientes sobre el estado del tejido productivo europeo, y el papel que deben jugar las instituciones ante la feroz competencia asiática y norteamericana. «Nos encontramos en una encrucijada, y necesitamos un giro de timón para recuperar competitividad. Éste es un momento crítico para el futuro de la economía europea», aseveró José Pérez Berdud, presidente de la entidad, que también subrayó que «la necesaria apuesta por la sostenibilidad nos ha llevado a tomar algunas decisiones que se han revelado como precipitadas, y en las que no se han calculado bien las consecuencias». Sin embargo, no todo es de color negro. La notable cartera de pedidos acumulada por las compañías durante 2022 y 2023, a remolque de países como EE UU, Alemania, México e Italia –que este año registra un significativo descenso merced del fin de los planes de incentivos a la industria lanzados por el Gobierno italiano–, ha llevado a la máquina herramienta a registrar un nuevo récord de facturación en 2024, hasta alcanzar los 2.193 millones de euros. Este balance positivo deja a las firmas con buen margen para afrontar el descenso de pedidos, y la incertidumbre internacional agravada por los aranceles de Trump.

Elkargi, la sociedad de garantía recíproca que actúa como avalista para reforzar la posición financiera de las empresas, apoyó a casi 1.400 sociedades en 2024, que se suman a las cerca de 11.300 para las que mantiene financiamiento en vigor. Asimismo, formalizó avales por un valor de 415,8 millones de euros. Se trata de un ligero decrecimiento respecto al ejercicio precedente, donde la cifra alcanzó los 422,5. Pero, sin duda, la caída de la inversión tiene un protagonista claro y no es otro que el sector industrial. Es donde se ha producido el mayor descenso, donde las formalizaciones se han reducido de los 179,5 de 2023 hasta los 112,2 que se alcanzaron en 2024, es decir, un decrecimiento del 37,5%. La crisis que sufre la economía europea, principalmente debilitada por potencias como Alemania o Francia, se ha hecho notar en los niveles inversores de la industria vasca, especialmente en sectores como el de la automoción. Así lo constataron ayer Lander Arteche y Zenón Vázquez, presidente y director general de la organización, respectivamente, al dar cuenta del balance anual, que es un termómetro idóneo para medir el ritmo inversor de las empresas vascas. Arteche advirtió de que «la coyuntura actual es muy compleja y existe una cierta intranquilidad» entre las compañías debido, entre otras cuestiones, a la política arancelaria del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por lo tanto, y pese a la bajada de los tipos que ha aplicado el Banco Central Europeo hasta el 2,75% –los economistas apuntan a que se seguirán reduciendo–, es difícil hacer un pronóstico sobre si la inversión empresarial aumentará o disminuirá. Eso sí, Vázquez confirmó que por lo que han observado durante el inicio de este nuevo ejercicio, «la inversión general e industrial está aumentando».

Una apuesta más clara por la combustión. Y sin fecha de caducidad. Mercedes-Benz seguirá lanzando vehículos con motores más tradicionales (gasolina, diésel e híbridos) ante la evidencia de que las reservas de sus furgonetas ‘full-electric’ no terminan de despegar. No es una estrategia improvisada. Vitoria ya barajaba esa producción simultánea antes de que Stuttgart confirmase la inversión de mil millones para la nueva era eléctrica en la Avenida de Los Huetos. Pero se ponía un año tope, 2030. Ahora es ‘sine die’ y con una nueva tecnología en la que se viene trabajando desde hace meses. El grupo alemán no quiere perder mercado, en un contexto de caída de ventas, reajustes de plantilla y cierres en la automoción, con la sombra de la carga arancelaria anunciada por Donald Trump (del 25% para vehículos ‘Made in Europe’), y en Vitoria con la incertidumbre añadida de que la caída de los pedidos obliga desde mediados del pasado año a reajustes continuos en la planificación del trabajo para esquivar un ERTE que ahora mismo nadie descarta. «Para satisfacer de forma flexible las necesidades de los clientes, Mercedes-Benz Vans ofrecerá en el futuro furgonetas con motores de combustión con la última tecnología y vehículos 100% eléctricos en una misma plataforma». Es la comunicación lanzada ayer por la dirección a todas las plantas del grupo. Y con ella un anuncio muy concreto: la plataforma modular VAN.EA, creada para vehículos completamente eléctricos, convivirá el tiempo que sea necesario con una nueva, denominada VAN.CA, que se usará exclusivamente para producir furgonetas con motor de combustión. Ambas compartirán muchos componentes (hasta un 70%) y se moverán por las líneas de montaje de la fábrica de la Avenida de Los Huetos y otras plantas del grupo alemán.

El fabricante alemán de vehículos Mercedes-Benz se ha propuesto parar la sangría que está experimentando su rentabilidad como consecuencia de las ventas con menor margen y de la caída de sus matriculaciones, especialmente en el mercado chino. El grupo de Stuttgart, que presentó ayer sus resultados financieros anuales, ha puesto en marcha un ambicioso plan de reducción de costes, denominado Next Level Performance, que contempla medidas para hacer más eficiente su actividad industrial, con ahorros de producción estimados del 10% hasta 2027, mientras que los costes materiales y los fijos seguirán rebajándose en los próximos años. Mercedes-Benz Group se aferra a esta estrategia de mejora de su eficiencia operativa en un entorno complicado para el sector, con unas ventas de coches eléctricos que no acaban de arrancar y con grandes mercados, como Europa o China, con una demanda en desaceleración. El lento despegue de los coches eléctricos ha llevado a la empresa a volver a impulsar los modelos con motor de combustión. La multinacional finalizó el año pasado con un beneficio neto de casi 13.600 millones, un 28% menos, mientras que su cifra de negocio se contrajo un 4,5%, hasta 145.594 millones. Para 2025, el consorcio estima empeorar sus resultados tanto de facturación como de beneficio operativo y matriculaciones.

«Pedimos que se nos paguen esas variables como si la multa de Renfe no hubiese existido». Con esa frase resume Rafael Tomé, delegado de UGT en la planta alavesa de Rivabellosa, las reclamaciones de la plantilla de Talgo. Los trabajadores de la compañía ferroviaria se concentraron ayer para pedir que la plantilla perciba en sus nóminas la parte del sueldo que depende de los resultados de la empresa. La movilización de los operarios, respaldada por CC OO, UGT y CSIF, congregó a buena parte de las 700 personas que trabajan en la factoría alavesa, que aspira a ser la sede de la cotizada tras la salida de Trilantic y la entrada del consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga. Todo el problema con esa parte del salario de la plantilla reside en la sanción de 116 millones de euros de Renfe por los retrasos en la entrega de los trenes Avril. Un golpe que hará que Talgo cierre el ejercicio 2024 con numerosas pérdidas –presentarán los resultados el próximo martes– que complican el pago de esos emolumentos, que dependen de los beneficios, a los empleados. En algunos casos, esas cantidades pueden alcanzar hasta el 12% de lo que cobran y que, en global, supone unos 10 millones de euros para la empresa, según fuentes sindicales. Tomé habló de una participación «masiva» en la concentración de una plantilla que es sabedora de que «el resultado va a ser negativo, pero no ha sido culpa de los trabajadores», apostilló. «La plantilla ha sudado la camiseta», añadió Kepa Alkaine desde CC OO. «En pandemia sólo cerramos durante Semana Santa. Hemos trabajado a destajo y nos lo merecemos». Alkaine no responsabilizó sólo a Talgo de estos resultados; también apeló a Renfe.

Tras varias semanas sin movimientos desde la parte social, los sindicatos vuelven a la ofensiva en Guardian Llodio. ELA y LAB han convocado para este próximo viernes 28 una concentración frente a la sede de la SPRI en Bilbao para protestar contra el cierre de la factoría. Los 171 empleados de la factoría alavesa se decantan así por la cercana capital vizcaína y pedirán frenar la clausura de la empresa. El movimiento llega a escasas semanas de que la empresa presente el ERE para extinguir los contratos de la plantilla. Se espera que ese proceso dé comienzo a lo largo de marzo, según apuntan fuentes sindicales. A partir de ahí se abrirá un proceso que podría llevar unos cuarenta días, aproximadamente. La intención de los sindicatos es que la concentración de Bilbao, que será a las 10.00 horas, abra un calendario de movilizaciones que tenga continuidad con una manifestación en marzo que sí sería en Vitoria. Esta segunda protesta englobaría a otras empresas del valle de Ayala y tendría un cariz similar a la que tuvo lugar en Llodio hace tres semanas. Durante las negociaciones del ERE se plantean concentraciones a las puertas de la fábrica en cada reunión y asambleas con los trabajadores al término de esos encuentros de negociación con la empresa. En paralelo, el Gobierno vasco sigue conversando con inversores. Según apuntó el consejero de Industria, Mikel Jauregi, hace una semana, Lakua trabaja con «cuatro» potenciales compradores para la antigua Villosa.

El Gobierno central rechazó ayer frontalmente la posibilidad de que haya salarios mínimos diferentes en las comunidades autónomas. «No hay discusión», zanjó con contundencia el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, después de que Junts defendiera el miércoles en el Congreso de los Diputados que Cataluña debería tener un SMI mayor acorde a su coste de vida. Es un debate que está en plena efervescencia en Euskadi. Todos los sindicatos, por una vez unidos, plantearon a la patronal que se pacte un salario mínimo propio, una vía que el Gobierno vasco apoyó siempre que se limite a poner un suelo pactado entre ambas partes a los convenios colectivos. Pero Confebask rechazó esa mesa de diálogo. A la vez, ELA y LAB, junto con otras centrales nacionalistas, están presionando para un cambio legislativo en las Cortes con el objetivo de que el País Vasco pueda tener competencias en esta materia, que ahora es exclusiva del Estado. Para ello están impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento vasco. EH Bildu ya ha mostrado su apoyo. Pero la discusión, que se suma a la que ha habido sobre la tributación, ha empezado por Junts. El miércoles, su portavoz, Míriam Nogueras defendió en el Congreso que debe haber un SMI diferente para Cataluña. «¿Por qué tiene que ser igual si el coste de la vida es distinto?», dijo. EH Bildu recordó en el mismo foro que es una idea por la que aboga desde 2016 y no es la primera vez que surge el debate. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya puso sobre la mesa esta discusión en diciembre y el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también ha hecho referencia en el pasado a esta posibilidad. Para los partidos nacionalistas es una cuestión ligada al soberanismo y buscan exhibir que en sus territorios hay margen para un SMI mayor que el del conjunto de España. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comienza a labrar una nueva polémica medida laboral en el horizonte cercano aun cuando las últimas que ha abordado desde su gabinete o bien han contado con una notable contestación de parte del diálogo social, como la reciente subida del salario mínimo interprofesional, o directamente están por dilucidarse en el incierto trámite parlamentario como la reducción de la jornada laboral –después de haber recibido también el rechazo de las organizaciones empresariales–. En este caso, Díaz ha puesto en el centro de su mira la posibilidad de obligar a incluir por ley a los sindicatos en los consejos de administración de las compañías. Una medida que ya ha resonado con anterioridad entre las paredes del ministerio que capitanea la vicepresidenta y que ya fue repelida hace ahora casi un año cuando fue rechaza una proposición no de ley de Sumar en la Comisión de Trabajo del Congreso. Ahora, pese al momento de debilidad parlamentaria que atraviesa el Ejecutivo y pese a ser una medida que previsiblemente volverá a encontrarse con un rechazo de la patronal en la mesa de diálogo social, Díaz ha pulsado el botón de arranque para armar una ley que se lleve al Congreso después de verano, una vez concluyan los trabajos de una comisión de expertos que ya ha sido convocada para elaborar un informe preceptivo. Cabe recordar, eso sí, que esta medida –como la reducción de jornada– aparece recogida en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar. La idea que recogía el texto presentado en abril de 2024 y sobre el que redunda el plan de Díaz para la denominada Ley de Democracia en la Empresa es extender y reforzar los procedimientos de información y consulta sobre otras decisiones que puedan tener efecto, a corto o a medio plazo, en las condiciones de trabajo, contando con los representantes de los trabajadores –por ejemplo, contar con la plantilla cuando las empresas afrontan procesos de internacionalización–.

Laboral Kutxa e Ikerlan han creado la start up Innkia de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a las empresas, que contará con una inversión de seis millones en cuatro años y aspira a facturar diez millones al año y contar con 50 trabajadores para 2030. Ikerlan aportará a la nueva compañía, que cuenta con el apoyo de Mondragon y el Gobierno Vasco, la tecnología en la que se basa y Laboral Kutxa implementará las tecnologías de IA en sus procesos. En rueda de prensa en la sede de Ikerlan Arrasate, el director general de este centro, Ion Etxeberria; el director general de Laboral Kutxa, Xabier Egibar; el director general de Innkia, Gorka Artola; el presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, y la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Vasco, Jaione Ganzarain, dieron cuenta ayer cuenta de los detalles de este proyecto. Según indicaron, Ikerlan mantendrá los productos y servicios de Innkia «en la vanguardia tecnológica» y Laboral Kutxa, además de respaldar financieramente el proyecto, le ofrecerá diversos casos de uso en los que implementar sus soluciones tecnológicas. Por su parte, Mondragon, a través del convenio de colaboración firmado recientemente con Ikerlan, aspira a movilizar más de 10 millones de euros para la creación de las ‘start up’ cooperativas. El Gobierno Vasco, por su parte, respalda la iniciativa de Innkia a través del programa ‘Basque Tek Ventures’.

Por primera vez, el Foro Económico Mundial ha incorporado a España entre los países analizados en su informe anual sobre el futuro del trabajo (Future of Jobs Report 2025), que en su última edición aborda no solo la situación del mercado de trabajo nacional este año, sino también su posible evolución hasta 2030. Y la conclusión es clara: el avance de la automatización y el despliegue de la IA obligarán a los trabajadores a actualizar sus habilidades, pues si no lo hacen es muy posible que pierdan su empleo. De hecho, puede que no tengan la oportunidad de negarse, puesto que ocho de cada diez firmas están decididas a formarles en el uso de estas nuevas herramientas. Las conclusiones de este informe, presentado ayer en la sede de Esade, en Madrid, se han obtenido a partir de las respuestas de más de 1.000 empleadores a nivel mundial, que representan a más de 14 millones de trabajadores de 55 economías. El texto determina que el aumento de las inversiones en la reducción del carbono, la ampliación del acceso digital y el aumento del coste de la vida serán, principalmente, las tres palancas que configuren el mercado laboral en España entre 2025-2030. Pero, los empleadores españoles señalan obstáculos que podrían poner en riesgo esta transformación. Los principales: la falta de habilidades en el mercado laboral (66%), marcos regulatorios obsoletos (51%) y resistencia al cambio organizacional (44%). 

Sapa, la empresa que dirige la familia Aperribay, ha logrado 5,84 millones de la segunda parte del Perte del Vehículo Eléctrico Conectado (Perte VEC) que acaba de adjudicar de forma provisional el Gobierno estatal. Según informó ayer la delegación del Gobierno en Euskadi, la también guipuzcoana Spool Sistemas recibirá 434.475 euros y la vizcaína Kautenik, otros 218.631 euros. De este modo, Euskadi se llevará 6,5 millones de este segundo Perte del Vehículo Eléctrico de un total de 72 millones que destinará el Gobierno central a 29 proyectos en todo el Estado. La participación de las empresas vascas en las dos fases del Perte VEC asciende a cerca de 400 millones. La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, destaca «el gran impacto positivo que tienen estas ayudas para impulsar y dinamizar la industria y la creación de empleo de calidad en la economía vasca». Añade que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno de España está «contribuyendo a la buena marcha de nuestra economía y, en concreto el Perte del Vehículo Eléctrico Conectado, a la transformación de la industria hacia un modelo comprometido con la descarbonización y sostenible con el planeta». El objetivo de esta línea es impulsar planes de inversión para la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, además de ciertos sistemas de infraestructuras auxiliares necesarios para su despliegue.

El río está revuelto en el sector del automóvil. El año ha comenzado con mucha dificultad para las marcas a la hora de vender coches eléctricos, ya que en España no hay en vigor ningún plan de ayudas públicas estatales, tras el fin del Plan Moves. El bloqueo al Moves en el país y la falta de un plan estructural para el automóvil en Europa suponen que cumplir con la nueva normativa de emisiones CAFE sea “misión imposible”. Esta fue la definición que hizo ayer en Madrid Josep María Recasens, presidente de la patronal de los fabricantes de coches Anfac, que aseguró que el automóvil jamás se había enfrentado a tantos retos a la vez y explicó que la nueva norma CAFE, que amenaza con multas millonarias, abre diferentes escenarios para el sector. El primero son multas por encima de 10.000 millones de euros. El segundo es el pago a competidores no europeos para comprarles derechos de emisión. El directivo también contempla la reducción de la producción de vehículos de combustión en Europa o el lanzamiento de un plan de impulso al sector que contemple incentivos europeos a la compra de eléctricos. Recasens, en el marco del Foro Anfac 2025, aseguró que los fabricantes de automóviles “han hecho los deberes”, con más de 200.000 millones de inversión en el desarrollo de tecnología eléctrica y en el lanzamiento de nuevos modelos cero emisiones al mercado. Ahora, señaló, las marcas están trabajando en introducir coches eléctricos más baratos, aunque añadió que con eso no es suficiente.

El grupo automovilístico francés Renault tiene en España su segundo hogar, tal y como señala habitualmente su CEO, Luca de Meo. La empresa tiene en sus plantas de Palencia y Valladolid su hub de modelos híbridos, que ahora es la tecnología más demandada en el mercado. Además, según aseguró ayer De Meo tras la presentación de los resultados financieros de 2024, el papel de las factorías españolas es cada vez más relevante, ya que el grupo está empujando las ventas de sus modelos made in Spain (Rafale, Captur, Symbioz, Austral y Espace) para acercarse a los objetivos de emisiones de la nueva norma europea CAFE, que obliga a que la media de emisiones de los coches vendidos por las marcas sea de 93,6 gramos de dióxido de carbono por kilómetro a cierre de este año. De Meo indicó que los híbridos tienen emisiones ligeramente por encima de los límites de la norma CAFE, aunque sirven para compensar las emisiones de otros modelos con motor de combustión. Pese a que las plantas españolas tienen grandes volúmenes de pedidos, el directivo alertó de que si las metas medioambientales no cambian o se flexibilizan los plazos algunas fábricas “tendrán un impacto” en su producción. El primer ejecutivo del consorcio francés apuntó que la caída de la producción de vehículos en los últimos años ha supuesto la pérdida de 20 millones de coches y que los gobiernos dejen de ingresar 90.000 millones solo en IVA. “Una de las mejores formas de elevar la recaudación es llevar más coches a las carreteras y reactivar el mercado”.

El mercado de la vivienda se encuentra disparado, al calor de unas rebajas de tipos que han aligerado enormemente la carga hipotecaria de la compra de un inmueble, lo que a su vez ha llevado a un fuerte incremento de operaciones en toda España, presionando sobre los precios. El año pasado se registraron 641.919 operaciones de compraventa de vivienda, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 10% más que en 2023. Esto es, la segunda mayor cifra desde el pico de la burbuja inmobiliaria en 2007, si bien hay que tener en cuenta que en 2022, (650.265 compras) se materializaron numerosas operaciones que habían sido pospuestas durante los años más intensos del coronavirus por la dificultad para realizar visitas a los inmuebles desde otras provincias o desde el extranjero. El año 2024 fue uno de los ejercicios más intensos que se recuerdan en el mercado inmobiliario, especialmente en el segundo semestre. Por un lado, las rebajas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo a partir de junio espolearon fuertes descuentos en el euribor, el índice hipotecario de referencia, que pasó del 4% a finales de 2023 al 2,5% a finales de 2024, algo que implica una rebaja de las cuotas para los nuevos préstamos a treinta años en torno al 17%, lo que ha estimulado el apetito comprador. Por otro, esta pujanza de la demanda ha llevado a los propietarios a subir los precios –unas subidas que, con todo, son inferiores al efecto propiciado por la rebaja de tipos–, lo que a su vez ha hecho que muchos compradores aceleren las operaciones por miedo a encontrarse en un mercado con precios todavía más elevados. Un verdadero círculo vicioso –o virtuoso, según el punto de vista–. El grueso de las operaciones el año pasado se concentró en Madrid (77.229 compraventas), seguida de Barcelona (64.568), Alicante (52.867), Valencia (39.085) y Málaga (35.385). 

Ayer tuvo lugar el enésimo encontronazo entre PSOE y Sumar. En esta ocasión, a cuenta de la vivienda. El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, no solo rechazó de plano la propuesta de la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, de bonificar en el IRPF a aquellos propietarios que bajen el precio del alquiler en zonas no tensionadas, sino que urgió al Gobierno a acometer una reforma fiscal “que achicharre a impuestos a los rentistas”. Ibáñez fue aún más allá y arremetió directa y frontalmente contra la titular de Vivienda: “La ministra Isabel Rodríguez propone, una vez más, premiar a los rentistas”, escribió en su cuenta de X, reprochándole que quiera “perdonar impuestos a quienes se forran con el derecho a la vivienda pero subirlos a quienes curran por el SMI. Una estafa”. No deja de ser paradójico que la formación que ha provocado un cisma en sus relaciones con el PSOE por la decisión de éste de hacer pagar IRPF al salario mínimo por primera vez abogue al mismo tiempo por freír a impuestos a los dueños de inmuebles en alquiler. La reacción del diputado de Sumar, que evidencia que la fractura entre PSOE y Sumar en materia de vivienda (y en otros ámbitos) es cada vez más profunda, se produjo poco después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aludiera a que está ultimando la medida que permitirá aplicar una bonificación del 100% en el Impuesto sobre la Renta a aquellos arrendadores que abaraten su renta mensual. 

Bacalao Giraldo se dirige hacia el concurso de acreedores. La firma alavesa declarará en los próximos días –tiene de margen hasta el martes 25 de febrero– esta situación provocada por la deuda y la pérdida de clientes que ha sufrido en los últimos años, afectada según sus portavoces por una «tormenta perfecta». En las últimas semanas varios compradores se han acercado al entorno de la empresa para plantearles una posible adquisición. La aproximación más concreta ha sido la de Angulas Aguinaga. El grupo guipuzcoano ya ha optado por la vía del crecimiento inorgánico recientemente con compras como la de Aperitivos Iñaki y se dirigió a la propiedad de Giraldo para plantear una operación similar. Las conversaciones con Giraldo, que cuenta con un centenar de trabajadores, llegaron a estar bien perfiladas, pero hace unos días se rompieron sin acuerdo. No es descartable que puedan retomarse, pero por lo pronto la firma alavesa pasará a negociar su futuro en una situación concursal, algo que no tiene por qué significar un mal agüero. «Giraldo está muy bien valorada en el mercado», defendían sus portavoces en este periódico. A esa buena fama se agarran sus propietarios para buscar nuevos socios que permitan seguir funcionando.

Repsol, una de las mayores energéticas españolas, se disparó ayer en Bolsa un 7,84%, hasta los 13,13 euros por acción. Es la mayor subida intradía del grupo desde agosto de 2012. Es decir, récord de más de una década. El mercado responde así al nuevo plan de Repsol en cuanto a dividendos, que se encaminan a tasas históricas este año. Repsol, la mayor petrolera en España y una de las cuatro mayores eléctricas, va a disparar este año su dividendo a pesar de sufrir un batacazo en los resultados el pasado año. La energética, que tiene 600.000 accionistas, mantendrá el esquema de retribución al inversor por una doble vía: a través de dinero en efectivo y a través de recompra y amortización de acciones. La recompra y amortización de acciones, que no tiene efecto fiscal, supone reducir el número de títulos en el mercado, lo que implica dar un mayor valor implícito a los títulos en manos de los accionistas. El consejo de la energética ha aprobado pagar a lo largo de 2025, con cargo al ejercicio 2024, un total de 0,975 euros por acción en efectivo. Es un 8,3% más que lo pagado en 2024. De estos 0,975 euros, 0,475 euros ya se pagaron en enero. Lo que queda, es decir, 0,5 euros, será el dividendo complementario, que liquidará tras la junta, que se celebrará previsiblemente en mayo. Los 0,975 euros por acción en total a liquidar este año supone el mayor dividendo en efectivo de Repsol desde el año 2014, cuando el grupo aprobó pagar un dividendo extra de un euro por título tras la venta de bonos argentinos obtenidos como compensación por la expropiación de YPF.

El precio del petróleo reaccionó a la reciente comunicación entre Donald Trump y Vladímir Putin con una fuerte bajada. La llamada entre ambos se leía por muchos como el principio del fin de la invasión rusa de Ucrania, y se trasladó rápidamente al mercado gasista, que cayó incluso más. Una semana después, aquel movimiento incipiente ha quedado en una mera expectativa: el crudo cotiza prácticamente al mismo nivel que antes de que el presidente estadounidense descolgase el teléfono, dejando de lado a la Unión Europea y a la propia Ucrania. Y el gas, aunque algo más bajo, no contempla —ni mucho menos— el fin del conflicto: de creer en ese escenario de paz inminente, su cotización se habría hundido por la expectativa de que la energía rusa volviera al mercado. “Los mercados energéticos no se están creyendo ni una paz ni un regreso al punto de partida en 2021, al de dependencia del petróleo y el gas ruso”, apunta Gonzalo Escribano, investigador principal del Real Instituto Elcano. “Si se lo creyeran, el gas estaría cayendo a plomo y el petróleo también estaría bajando bastante. Pero no es así: aún no conocemos el plan de Trump, al margen de las vaguedades, así que no hay nada que esté cambiando los parámetros fundamentales”. Si los mercados realmente creyesen que la paz es inminente, completa por teléfono Jorge León, vicepresidente de la consultora energética noruega Rystad Energy, “el movimiento a la baja habría sido mucho más brusco”.

Los mayores números rojos de su historia. Así son las cuentas de 2024 presentadas ayer por el Banco Central Europeo (BCE) en las que reconoció unas pérdidas de prácticamente 8.000 millones de euros en el pasado ejercicio. Se trata de 6.678 millones más que en 2023, un año en el que la autoridad monetaria contuvo el varapalo gracias a liberar 6.620 millones de euros de provisiones. En 2024, con el colchón de cobertura ya a cero, esto no ha sido posible y las pérdidas se han recogido en toda su extensión. El mayor desajuste en las cuentas procede de la diferencia entre lo que el BCE ha logrado ingresar por su cartera de deuda y lo que ha pagado en intereses por el dinero que las entidades financieras mantienen depositado en sus respectivos bancos centrales nacionales, a los que la autoridad central luego compensa. Mientras que el pago de intereses por este pasivo aumentó al ritmo de las subidas de los tipos de interés que el BCE desplegó para combatir la inflación, el cobro del cupón del enorme volumen de bonos se mantuvo estable por ser a tipo fijo. Como el grueso de la deuda procedente de los programas de adquisición de activos se compró en un momento en el que la política monetaria era ultra expansiva y los tipos de interés eran negativos, el desfase entre la partida de gastos e ingresos es muy elevado. Ahora que los tipos de interés se encuentran a 125 puntos básicos del nivel máximo alcanzado, se espera que la factura del banco central se rebaje. Pese a las cuantiosas pérdidas anunciadas ayer, el BCE no se encuentra preocupado por esta situación. La autoridad monetaria considera que los números rojos han tocado techo este año y que en el futuro, de haber nuevas pérdidas, serán significativamente menores a las registradas en 2024.

La guerra comercial y fiscal abierta por Donald Trump nada más desembarcar de vuelta en la Casa Blanca no tardará en pasar una relevante factura a la economía europea. Así lo admitía ya esta semana la Comisión Europea tras las reuniones mantenidas con los ministros comunitarios de Economía y Finanzas, pronosticando un daño inminente en forma de menor crecimiento y repunte de precios. Los analistas van ahora un paso más allá y comienzan a perfilar la magnitud del impacto: la batalla arancelaria restará un punto de PIB anual al crecimiento de la Unión Europea hasta 2029, periodo en el que también provocará un incremento de un punto de inflación al año. Estas son algunas de las principales conclusiones del Pulso Económico Trimestral de EY Insights en su edición de invierno de 2025, en el que se recogen las valoraciones de los responsables de una quincena de los principales servicios de estudios del país, incluyendo los de Funcas, Fedea, el Círculo de Empresarios, la Empresa Familiar, CEOE, la banca (BBVA Research, Santander, CaixaBank o Singular Bank), firmas como Arcano, escuelas de negocio (Esade o el IE Business School), e instituciones como Orfin, CEPS o el Real Instituto Elcano.

La UE quiere evitar a toda costa una guerra comercial con EEUU. Asegura que «si es golpeada injustamente responderá con firmeza y proporcionalidad», pero insiste en que hay que evitar por cualquier medio una escalada que sólo perjudicaría a ambos bloques, a 800 millones de personas y a la «principal arteria comercial del planeta». Para eso, el vicepresidente comunitario Maros Sefcovic, el mismo que la pasada legislatura estuvo encargado de negociar con Reino Unido el marco comercial post Brexit, o buscar acuerdos favorables energéticos en los mercados para el bloque europeo en su conjunto, ha viajado esta semana a Washington para reunirse con los principales responsables de la nueva administración estadounidense. La delegación europea se ha visto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. En la reunión estaban también el representante Comercial, Jameson Greer, y del Director del Consejo Económico del presidente, Kevin Hasset. «Pasamos unas cuatro horas juntos, incluso en la impresionante Sala Roosevelt de la Casa Blanca. Al venir aquí, subrayé que, si bien protegeremos los intereses europeos, buscamos un diálogo constructivo para evitar el dolor innecesario de las medidas y contramedidas», dijo Sefcovic ayer. La amenaza de Trump es de aranceles muy pronto, pero Europa confía en poder ganar tiempo mientras se negocia un marco general, ya que considera más lógico hablar por las buenas que en medio de castigos recíprocos. Bruselas, que tiene la responsabilidad de hablar en nombre de los 27 en materia comercial, ha llegada cargada de números a Washington. «Movemos 1,7 billones de dólares entre ambas. Cada día cruzan el Atlántico 400 millones en bienes. Hay cientos de miles de millones de inversiones cruzadas. Los europeos somos los primeros inversores en EEUU y hay tresmillones de puestos de trabajo que depende de ello. Juntos suponemos el 30% del global trade, somos la arteria principal del comercio mundial», insistió Sefcovic.

La Administración de EE UU acelera su cambio de rumbo desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. A raíz de la nueva regulación antidiscriminación aprobada por Washington que pone un cerco a las políticas de diversidad, igualdad e inclusión, las embajadas estadounidenses están pidiendo a sus proveedores locales que aseguren que cumplen con el nuevo marco y no aplican ninguno de estos programas. “La Embajada de EE UU en España, como todas nuestras embajadas en el mundo, está comunicando a nuestros proveedores locales de productos y servicios el nuevo marco de trabajo basado en las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump”, detalla un portavoz de la oficina diplomática estadounidense en España. “Queremos asegurarnos que nuestros contratos cumplan con todas las leyes federales antidiscriminación y que los proveedores no operen programas que promuevan la diversidad, equidad e inclusión, que violen las leyes federales existentes”, añade. Las delegaciones estadounidenses en el exterior deben preguntar a sus proveedores que certifiquen que no aplican ninguna política interna “de diversidad e inclusión que viole las leyes antidiscriminación” federales. Este requisito deberá probarse a través de la firma un documento en el que se certifica el “cumplimiento de la conformidad sobre las leyes federales antidiscriminación”, según adelantó El Confidencial, y afecta a las empresas sujetas a la ley estadounidense que colaboran con los organismos federales, en el que se incluyen las oficinas diplomáticas. De no remitir la información requerida, las empresas enfrentan a una congelación de los pagos. 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intentó ayer rebajar la tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el miércoles le tildó de dictador. Zelenski se reunió ayer con el enviado de Trump, Keith Kellogg, al que transmitió que está dispuesto a hacer cesiones y a cambio cerrar un acuerdo sobre “seguridad e inversiones”. EE UU no oculta que su intención es buscar concesiones mineras de Ucrania por la ayuda que ha prestado al país desde la invasión de Rusia. La Unión Europea se volcó con Zelenski y reafirmó la legitimidad del dirigente ucranio frente a las críticas de Trump. Agradecimientos y visos de acuerdo. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó ayer tras su reunión en Kiev con el enviado de Estados Unidos al país, Keith Kellogg, que está dispuesto a “alcanzar un acuerdo sólido y verdaderamente beneficioso” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en materia de “seguridad e inversiones”. El mensaje del mandatario ucranio, el único que ha trascendido por el momento al exigir Washington que no hubiera rueda de prensa conjunta, rebaja, aunque solo sea ligeramente, la escalada verbal desatada en las últimas 24 horas, durante las que Trump llegó a tildar a su homólogo ucranio de “dictador sin elecciones”. “Agradezco a EE UU toda la asistencia y el apoyo bipartidista que ha brindado a Ucrania y al pueblo ucranio”, añadió Zelenski en su comunicado. Abogó por buscar acuerdos de la forma “más rápida y constructiva” posible y apostilló que su equipo está listo para trabajar 24 horas los siete días de la semana.