20250409

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

En un artículo publicado por Estrategia Empresarial para su anuario, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, asegura que “2024 que termina con muchísima incertidumbre, una variable que convierte a 2025 en un año francamente complicado de predecir. De momento, y a la espera de posibles medidas que insistan en lastrar el comercio internacional, en Confebask estimamos que la economía vasca podría mantener un crecimiento similar al del año pasado, en torno al 1,8%. Pero insisto: dada la volatilidad económica global, también manejamos una horquilla de crecimiento algo menor. ¿Qué nos dicen hoy en día las empresas vascas? Las últimas encuestas de nuestras organizaciones empresariales, - Adegi, Cebek y Sea-, revelan inquietud, sobre todo, por el devenir de nuestra industria, la guerra arancelaria y la falta de una respuesta unitaria y contundente en Europa. Asimismo, nos muestran su preocupación por una serie de factores ‘internos’, propios de Euskadi, en donde sí podemos actuar, pero que, aun así, persisten desde hace años: elevado absentismo laboral - se ha convertido en una de las principales preocupaciones empresariales, afectando la productividad-, aumento de los costes laborales, falta de personal cualificado- sigue siendo una preocupación central para muchas empresas-, y la baja rentabilidad junto con la creciente fiscalidad”. Ver más en Confebask. 

Laboral Kutxa ha dado un paso más en su implicación con el tejido empresarial alavés y ya forma parte de las empresas asociadas a SEA, una vinculación que llega después de que ambas entidades hayan colaborado estrechamente en los últimos años en el apoyo mutuo a las empresas del territorio alavés. SEA es la organización empresarial de Álava cuya misión es potenciar y coordinar la actividad de sus empresas asociadas creando y fomentando cauces de información entre ellas y definiendo criterios de actuación en su beneficio en diferentes ámbitos (formación, I+D+i, negociación colectiva, comunicación, eventos, etc.) impulsando la unidad empresarial en su ámbito de actividad. Además, representa los intereses de toda la organización sectorial ante instituciones, organizaciones y otros colectivos e integra a más de 4.000 empresas. Por su parte, LABORAL Kutxa es una cooperativa de crédito con más de 60 años de historia que desempeña su actividad financiera facilitando productos y servicios a más de 1.150.000 familias y empresas. Su red de oficinas suma 285 puntos de venta ubicados en los principales núcleos de población de la mitad norte del Estado. Ver nota SEA Empresas Alavesas 

La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha anunciado este martes que la reforma fiscal será aprobada hoy durante el pleno de las Juntas Generales. Una reforma, según ha asegurado, centrada en «reforzar la competitividad de las empresas» y que «no busca castigar ni recaudar». «En ningún caso las medidas van a penalizar a las empresas que muestren su compromiso social y medioambiental», ha matizado. La responsable foral ha afirmado durante la apertura del decimocuarto Encuentro Bizkaia Enpresa celebrado en el BEC y organizado por la sociedad foral Baez, que las medidas tienen como eje central reforzar «las necesidades recogidas por el tejido empresarial». En este sentido, el texto apoyará «la inversión, la I+D, la creación de empleo y la conciliación de la vida familiar y laboral». «Sin empresas no hay empleo, no hay riqueza y no hay bienestar», ha sostenido. Frente a la «incertidumbre» y la guerra comercial que ha desplomado las bolsas mundiales, Etxanobe ha hecho un llamamiento a la «unidad» porque si la «empresa sufre, sufrirá toda la sociedad». «Desconocemos cómo va a evolucionar esta guerra, pero las primeras consecuencias ya las estamos sufriendo. Europa debe manejar el timón con decisión y en Bizkaia no podemos quedarnos a la espera. La Diputación va a tener las antenas puestas para recoger las propuestas que puedan ayudarnos a salir reforzados de esta situación», ha sostenido.

En el último trimestre del pasado 2024 la inversión exterior en Euskadi repuntó gracias a la logística. Así, octubre, noviembre y diciembre vieron llegar 900 millones para comprar, en gran parte, activos como suelos y naves logísticas. En la mayoría de los casos, los inversores fueron fondos de inversión de Estados Unidos y Países Bajos. Aun así, la cifra total de 1.068 millones supuso un retroceso en la llegada de capital extranjero del 31,6% respecto al año pasado. Es el segundo ejercicio consecutivo en que este fenómeno se reproduce y, además, es el importe más bajo desde la pandemia, en 2020. Otro de los datos más destacados de la estadística que publica la secretaría de Estado de Comercio es que la gran mayoría de este capital, el 77% –810 millones– no es para desarrollar nuevas inversiones, lo que en el argot financiero se conoce como ‘greenfield’. Sino para comprar empresas y activos, con lo que se agrava una evolución de la que vienen alertando diferentes agentes empresariales, como la patronal vasca. Se trata de la compra de compañías por parte de fondos que aprovechan problemas en el relevo generacional de muchas pymes en Euskadi. La otra de claves es que la logística sigue representando una de las áreas más importantes de inversión. Así, de los 1.068 millones que han llegado a Euskadi, más de 590 han sido para la adquisición de activos relacionados con el almacenamiento y actividades de transporte. Entre las operaciones más destacadas en este campo se cuenta la venta a Amazon en la plataforma logística de Álava, Arasur, de una superficie de 200.000 metros cuadrados. El origen del capital sigue teniendo en Alemania el principal exponente, junto a Estados Unidos y Países Bajos. 

El Gobierno vasco celebró ayer su reunión semanal dedicando una especial atención al desafío arancelario y al impacto que puede provocar en las empresas vascas. Según ha explicado la portavoz, Maria Ubarretxena, las estimaciones del Ejecutivo calculan un impacto de hasta 1.200 millones sobre la economía tras un análisis más detallado. Supone una cifra superior a la que el lehendakari, Imanol Pradales, ofreció la semana pasada cuando cifró en 400 millones el efecto directo sobre los 2.000 millones que representaron las ventas de Euskadi a Estados Unidos el pasado año. En cualquier caso, el Gobierno anunciará este miércoles a las empresas líneas de ayudas concretas después de haber centrado la tarea estos días en un «proceso de escucha». Un trabajo, que según ha explicado Ubarretxena, ha contado con 75 reuniones con compañías muy expuestas al mercado norteamericano y con la recogida de cuestionarios enviados a mil firmas. La del miércoles será una reunión extraordinaria que el grupo de defensa de la industria celebrará en el parque tecnológico de Miñano. Una cita a la que, además de las patronales y los clústeres sectoriales, acudirán las principales compañías afectadas y también los «principales sindicatos». Además, el Gobierno vasco ha aprobado aumentar su endeudamiento en mil millones. Se trata de la dotación que ya anunció el lehendakari cuando firmó el mes pasado la 'Alianza Financiera Vasca'. Entonces, junto a Kutxabank y sus fundaciones (BBK, Vital y Kutxa), Laboral Kutxa, BBVA, la federación vasca de EPSV y Elkargi, fijó el objetivo de movilizar una inversión de 4.000 millones en la industria vasca. Una cantidad a la que el Gobierno aportaría 1.000 millones con la intención de que el sector financiero vasco movilizara otros 3.000. Con ese recurso de mil millones, además, se creará un nuevo fondo en el Instituto Vasco de Finanzas. Se trata de Indartuz, que se sumará al ya existente de Finkatuz, y donde el Ejecutivo residencia sus participaciones en CAF, ITP Aero y Kaiku.

El Gobierno central aprobó ayer su primer plan de respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump, que hoy entran en vigor con un 20% para toda la Unión Europea y el 25% para la automoción. Sin esperar a que Bruselas presente su propia batería de ayudas, el Consejo de Ministros dio luz verde al paquete de medidas de apoyo a los sectores afectados ya adelantado por el presidente Pedro Sánchez, poco después de que el mandatario estadounidense desencadenara el caos en su ‘Día de la Liberación’, cuando anunció gravámanes para todo el mundo. El programa está recogido en un real decreto-ley que tendrá que ser ratificado en el Congreso y que ya ha desatado una tormenta política por cómo se realizará el reparto entre las comunidades autónomas. El plan contempla recursos por importe de 14.100 millones y una de las principales medidas es la activación inmediata de una línea de avales de 5.000 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La sorpresa estuvo en que el Gobierno central pactó con Junts una disposición adicional incorporada a última hora en la que fija el criterio de distribución, que se hará en función de las exportaciones a Estados Unidos. Esa regla convierte a Cataluña en la comunidad más beneficiada, con un 25%, y sitúa a Euskadi en la quinta posición, con cerca del 10%, que en el caso de los créditos ICO supondrían unos 500 millones de euros. Ese porcentaje para el País Vasco es superior al 6,24% que se toma de referencia para el pago del Cupo. El Ejecutivo matiza, no obstante, que no se puede hablar de cifras concretas territorializadas porque dependerán de la «demanda» de las propias empresas. El criterio de reparto lo explicó el portavoz de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, que desgranó el acuerdo sellado con el Gobierno «tras intensas negociaciones con el Ministerio de Economía». Según sus propios cálculos, esta regla hará que Cataluña reciba el 25% porque es la comunidad que más exporta a Estados Unidos, con unas ventas de 4.351 millones. Le seguirían la Comunidad Valenciana, con 2.850 millones de exportaciones; Baleares, con 2.641 millones y Madrid, con 2.149. Euskadi, que vende 1.992 millones allí, quedaría en quinta posición.

España no es de los países más expuestos directamente a la descarga arancelaria de Donald Trump, pero aun así el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos se verá comprometido por la guerra comercial que la Casa Blanca ha declarado al resto del mundo, salvo contadas excepciones como Rusia, con el pretexto de que apenas tienen intercambios comerciales. Un argumento que suena a excusa cuando España es uno de los pocos países de la UE con los que Washington sale ganando en la balanza bilateral de mercancías con Madrid: Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 9.319 millones de euros en 2023 y de 10.013 millones en 2024 en el intercambio de bienes, según datos de la Cámara de Comercio de España. Una condición que Trump no ha tenido en cuenta y que supone que unos 15.000 millones de los 18.600 millones anuales de exportaciones españolas a su principal socio comercial fuera de la UE se encuentren bajo la amenaza de los aranceles, tanto los que ya han entrado en vigor como los que anunció la semana pasada. Por mucho que las Bolsas continentales se hayan dado un respiro tras el terremoto bursátil. “Dentro de los más de 18.600 millones de exportaciones que tenemos con Estados Unidos, más o menos el 80% se vería afectado por esa subida de aranceles”, aseveró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la presentación del real decreto tras el Consejo de Ministros, y con el que España pretende mitigar el primer zarpazo de Trump, que se ha interpretado como el inicio de un nuevo orden mundial y que pone en barbecho casi un siglo de atlantismo. “Vamos a ver ahora cuál va siendo, día a día, la capacidad de competir de nuestras empresas en este entorno de incertidumbre y, en función de eso, iremos redirigiendo la respuesta e iremos valorando si son necesarias o no medidas de apoyo directo”, abundó Cuerpo.

Hoy, 9 de abril de 2025, será conocido como el día en el que estalló una guerra comercial inédita en 80 años y cuyas consecuencias son imprevisibles. Lo único que se sabe es que no habrá vencedores y vencedores. Todos saldrán perdiendo. La única duda es saber quién saldrá peor parado. La partida geopolítica se juega a varias bandas, pero todo el protagonismo lo acapara el choque de trenes de las dos grandes potencias mundiales: Estados Unidos y China. Ayer, cuando las bolsas se teñían de verde después de varias jornadas fundidas en negro, Donald Trump cumplió su amenaza y confirmó que aplicará desde hoy aranceles del 104% al gigante asiático por negarse a retirar las contramedidas aprobadas. No es que nadie recule, es que ambas partes redoblan su ofensiva ante cada paso del otro con el resto del mundo observando en vilo. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, ratificó a la tarde la entrada en vigor de esta tasa del 104% para China. «Cuando Estados Unidos recibe un puñetazo, devuelve el golpe con más fuerza. Por eso los aranceles se volverán efectivos a partir de medianoche», aseveró. Además de los gravámenes al gigante asiático, que sin duda es el país que se lleva la peor parte, también han entrado en vigor el 20% para toda la UE y el 25% para la automoción. Ningún país queda exento.

La Comisión Europea envió el lunes de madrugada la tan esperada lista con más de 1.500 referencias de productos estadounidenses a los que propone aplicar unos aranceles que, en términos generales, se sitúan en el 25%. Se trata de la primera respuesta por las tarifas –también del 25%– con las que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, castigó las importaciones de acero y aluminio comunitario hace algo menos de un mes. Este documento, todavía en formato borrador, fue enviado a los diferentes Estados miembros, que votarán hoy sobre su aplicación después de la reunión que los ministros de Comercio mantuvieron el lunes en Luxemburgo para acercar posturas. El borrador de Bruselas contempla gravar productos tan dispares como arroz, tomates, prendas de vestir, mantas eléctricas, calzado, artículos de vidrio, cerámica y porcelana, joyas y metales preciosos, acero y aluminio, productos de alumbrado, las embarcaciones, el tabaco o el calzado deportivo (ver página 4). Dentro de la extensa lista, sin embargo, existen algunos productos a los que se ha optado por imponer una tasa menor, del 10%, como a los videojuegos, las pilas y baterías o algunos cosméticos y algunos aceites esenciales concretos. “Las medidas afectan a productos originados en Estados Unidos sobre los que la Unión Europea no es sustancialmente dependiente. Ese enfoque busca evitar tanto como sea posible un impacto negativo sobre los distintos agentes del mercado europeo y los consumidores”, señala el documento de la Comisión. En total, la Comisión Europea buscaba cercar alrededor de 26.000 millones de euros en productos norteamericanos como represalia a los primeros aranceles estadounidenses, una cifra que finalmente ha quedado algo por debajo como consecuencia de los ajustes sobre el documento propuestos por los diferentes Estados miembros implicados en el debate. La lista del ejecutivo comunitario incluye partidas que generan un impacto negativo de alguna forma a todos los países del bloque, que se han visto obligados a hacer algunas concesiones para sacar a otros artículos del disparadero en un tira y afloja constante.

La guerra comercial desatada por el presidente de EE UU, Donald Trump, ha congelado la actividad de operaciones corporativas en España. Fuentes financieras indican que los potentes fondos de capital riesgo han paralizado su actividad en las últimas jornadas, desde que la semana pasada Trump anunciase aranceles generalizados de al menos el 10%. Una situación de parálisis que se extiende a los mercados corporativos en todo el mundo y que afecta ya la marcha de salidas a Bolsa como el estreno de Cirsa en el parqué, la capacidad de captar financiación para las operaciones de fusiones y adquisiciones o el frenazo en los procesos en fases más iniciales. “Los fondos de capital riesgo están actualmente volcados en realizar planes de contingencia y estudiar los efectos sobre sus participadas de los distintos escenarios que se manejan”, asegura un banquero de inversión de una de las principales firmas que operan en España. La situación ha provocado un viraje completo sobre la sensibilidad de estos vehículos –muchos de ellos de origen precisamente estadounidense y dueños de una abultada lista de empresas españolas–, que han pasado de otear el mercado en busca de dónde invertir la abundante liquidez que ostentan a adoptar una posición más defensiva. El primer lugar donde se está mostrando esta situación es la Bolsa. 

Artículo del Asesor principal de Comercio y Manufactura del presidente Trump. "El sistema de comercio internacional está roto y la doctrina de aranceles recíprocos de Donald Trump lo reparará. Esta reestructuración hará que tanto la economía estadounidense como la mundial sean más resilientes y prósperas, al recuperar la equidad y el equilibrio en un sistema que había sido manipulado en contra de EEUU. Durante décadas, según la normativa sesgada de la Organización Mundial del Comercio (OMC), EEUU se enfrentó sistemáticamente a aranceles más altos por parte de sus principales socios comerciales y a barreras no arancelarias mucho más punitivas. Como resultado, nos enfrentábamos a una emergencia nacional que amenazaba tanto a nuestra prosperidad económica como a nuestra seguridad nacional. En el centro de esta crisis se encuentra un déficit comercial de bienes que se ha disparado a más de un billón de dólares anuales. Los modelos económicos de libre comercio según los cuales los desequilibrios comerciales crónicos acabarán eliminándose mediante ajustes de precios y tipos de cambio son completamente erráticos...Esto no es una negociación. Para Estados Unidos, es una emergencia nacional provocada por los déficits comerciales provocados por un sistema amañado. El presidente Donald Trump siempre está dispuesto a escuchar. Pero los líderes mundiales que, después de décadas de engaños, de repente se ofrecen a reducir los aranceles, deben saber que esto es solo el principio. Queremos que países como Camboya, México y Vietnam nos digan que dejarán de permitir que China evada los aranceles de EEUU canalizando sus exportaciones a través de estos países. La amenaza mucho mayor reside en la red de barreras no arancelarias que sigue asfixiando a las industrias estadounidenses. Y eso también debe terminar. Todo lo que Estados Unidos quiere es justicia. El presidente Trump se está limitando a cobrar a estos países lo mismo que ellos nos cobran. ¿Hay algo más justo que esto?". 

"Ahora sabemos qué economía representa la mayor amenaza para Estados Unidos después de China: Lesoto. China tiene actualmente un arancel combinado del 54% bajo el nuevo plan de Donald Trump. Pero Lesoto aparentemente merece un arancel “recíproco” del 50% sobre sus exportaciones a Estados Unidos, justo por delante del 49% para Camboya y el 46% para Vietnam, seguido del 32% para Indonesia y Taiwán, el 26% para India y el 20% para la UE. Reino Unido escapa con un 10%. Quizás lo más extraordinario del derribo de una política comercial con casi un siglo de historia es que, aparentemente, nadie le dijese al presidente que un procedimiento que coloca a Lesoto en el peor escalón haría que Estados Unidos pareciera ridículo. Pero así ocurrió, y ocurrió porque ese procedimiento era ridículo. No hubo un análisis sutil de todas esas supuestas barreras arancelarias y no arancelarias que, dice Peter Navarro, haciéndose eco de su jefe, el explotado Estados Unidos ha sufrido terriblemente. No, era mucho más simple y absurdo. Los aranceles propuestos son proporcionales al déficit comercial bilateral dividido entre las importaciones bilaterales. La suposición implícita es que, en un mundo justo, el comercio se equilibraría con cada socio. Esto es una locura absoluta. Sin embargo, ahora se ha convertido en la base intelectual de la política comercial del país más poderoso del mundo –ay, pobrecito, aparentemente víctima de una conspiración comercial global–. No es sólo una locura. Es perverso... Los aranceles no cerrarán los déficits comerciales. En la década de 1970, trabajé en la economía india, que entonces se encontraba entre las más protegidas del mundo. ¿Acaso registraba enormes superávits comerciales? No. Es cierto que tenía una proporción minúscula de importaciones respecto al PIB. Pero sus ingresos por exportaciones eran aún menores. Esto se debía al impacto adverso de la protección en la competitividad exportadora. Es lo que le ocurrirá ahora a Estados Unidos: las importaciones se reducirán, pero también las exportaciones. Los déficits, determinados por los ingresos y el gasto, se mantendrán prácticamente sin cambios. El mundo simplemente acabará siendo más pobre. Como expone el Instituto Kiel de Alemania, es probable que los mayores efectos negativos recaigan sobre Estados Unidos: la protección suele ser un gol en propia puerta..."

Wall Street no logró aferrarse al rebote de los mercados europeos y asiáticos. La confirmación por parte de la Casa Blanca de que aplicará aranceles del 104% a China volvió a hacer saltar las alarmas en los mercados estadounidenses, evaporando cualquier amago de subida. El S&P 500 finalizó la jornada con una caída del 1,6%, tras llegar a subir más de un 4%. También sucumbieron a los recortes el Dow Jones, que cedió un 0,8%, y el tecnológico Nasdaq, que perdió un 2,2%, en una sesión cargada de volatilidad. Reflejo de las consecuencias del enrocamiento de Trump con China es Apple. La tecnológica se dejó un 5% pese a llegar a subir un 4% durante la jornada. Su fuerte exposición al gigante asiático está detrás de una pérdida de cerca del 22% en Bolsa en las últimas cuatro jornadas, su peor racha desde 2008. Mejor evolución lograron las Bolsas de Europa y Asia, que sí consiguieron el rebote tras tres jornadas de fuertes pérdidas, aunque la tensión y volatilidad sigue siendo palpable en los parqués. El Ibex cerró la sesión con una subida del 2,37%, su mayor avance desde marzo de 2023, recuperando los 12.000 puntos impulsado por el sector bancario. Aun así, el rebote resulta insuficiente: el índice español sigue un 9,6% por debajo de los 13.350 puntos que marcaba el 2 de abril, justo antes del anuncio arancelario del Ejecutivo estadounidense. En otras plazas europeas, las ganancias fueron del mismo orden, o algo superiores. Alemania sumó un 2,9%, Francia, un 2,5%, y el Reino Unido, el 2,8%. Más allá de las Bolsas, otros activos también vivieron una jornada más sosegada, después del caos de los últimos días: el petróleo subió levemente, el dólar cotizó al alza frente a la moneda europea —cada euro cuesta en torno a 1,09 dólares—, mientras la rentabilidad de los bonos avanzó. Pero los inversores no se fían y están nerviosos. El índice de volatilidad del S&P 500, el Vix, cerró en 52 puntos, un nivel elevado.

Los ecos de la inseguridad y el nerviosismo que se han instaurado entre los científicos e investigadores que viven y trabajan en Estados Unidos han llegado hasta el País Vasco. La censura que están sufriendo en investigaciones relacionadas con la perspectiva de género o la lucha climática, o los notorios recortes que ha ejecutado la administración de Donald Trump en numerosos proyectos científicos, han provocado una sensación de ansiedad y desamparo entre la comunidad investigadora. Tal es el desasosiego que muchos de ellos valoran la posibilidad de salir de Norteamérica para continuar sus carreras en otros lugares. Euskadi, según ha podido comprobar este periódico, es uno de los destinos por el que han preguntado en las últimas semanas científicos afincados en los Estados Unidos. Varios investigadores vascos afirman haber recibido llamadas de colegas norteamericanos «interesándose por las condiciones en las que se trabaja en Euskadi». Entre ellos, el director del Instituto de Biofísica de la UPV-CSIC, Iban Ubarretxena, que confirma que «me han contactado algunos compañeros que están barajando salir del país y continuar su carrera en otro lugar». Fernando Cossío, el director de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia y una eminencia en el ámbito de la investigación, considera por su parte que las políticas de la administración Trump son «una calamidad para la ciencia». «El retroceso que está sufriendo la investigación en Estados Unidos en términos de libertad, de espíritu crítico... Es una muy mala noticia. Las condiciones que se están dando allí impiden que la ciencia pueda progresar», remarca.

Más de tres mil personas se manifestaron ayer en Basauri para mostrar su rechazo al ERE anunciado hace unos días por Bridgestone. La decisión de la empresa afectará al 40% de la plantilla de la planta del municipio, lo que se traduce en el despido de 335 trabajadores, además de cobrarse otros 211 puestos de la planta de Puente San Miguel, en Cantabria. Operarios, familiares y vecinos tomaron las calles en respuesta a la medida y con la intención de mostrar «unidad» ante la decisión de la empresa en la primera jornada de huelga, que contó con un seguimiento del cien por cien. La marcha partió de las inmediaciones de la fábrica basauritarra, en el barrio de Urbi, y recorrió las principales calles de la localidad para terminar en la plaza de Arizgoiti. «La planta de Bridgestone, la Firestone de toda la vida, está atravesando por el que posiblemente sea el peor momento de su historia de casi un siglo, al comenzar un proceso de deslocalización», apuntaron los trabajadores en la lectura de un manifiesto al término de la manifestación. La empresa ha optado por mantener su producción en una planta polaca levantada hace 15 años y que cuenta con 950 empleados. Por contra, la fábrica de Basauri –centrada en la fabricación de neumáticos para camiones y autobuses– ha recibido un golpe en forma de ERE que afectará a cuatro de cada diez miembros de su plantilla, compuesta por 831 trabajadores. Bridgestone alega que la decisión se ha tomado porque las instalaciones de Polonia tienen «unos costes de producción menores que Bilbao».

El Concierto Económico vasco logró ayer lo que muy pocas cuestiones consiguen hoy en el panorama político español, inmerso en un momento de especial convulsión. La crispación es palpable en los duros enfrentamientos diarios entre PSOE y PP; en la actitud de Sumar marcando perfil propio frente a los socialistas; con Podemos haciendo la competencia a Yolanda Díaz... Toda esa hostilidad quedó ayer al margen y una abrumadora mayoría de grupos parlamentarios unieron sus votos para aprobar la tramitación en lectura única de una actualización del régimen fiscal vasco, la sexta desde 2002. Era el de ayer un trámite más de forma que de fondo –la votación definitiva será mañana–, pero de indudable relevancia para calibrar el respaldo político que tiene el régimen fiscal vasco en las Cortes Generales. Se debatía tramitar por la vía rápida en vez de por procedimiento ordinario, es decir, sin opción a enmiendas, el proyecto de ley que recopila los acuerdos alcanzados en las tres últimas Comisiones Mixtas del Concierto celebradas desde noviembre. En la práctica, incluye la concertación de nuevos impuestos, el diferimiento del pago del IVA para las importadoras en Euskadi y mayor autonomía normativa para las tres Haciendas vascas. Todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que participaron en el debate apoyaron la propuesta, lo que supone la ratificación del aval que mantiene el régimen fiscal vasco en el Congreso. Había especial interés con la postura que fuera a adoptar el PP, que en los últimos meses ha sido especialmente crítico con los acuerdos sobre transferencias firmados entre los gobiernos central y vasco.

La interminable espera en torno al soterramiento del tren en Vitoria junto a la llegada de la alta velocidad impacienta a la Diputación alavesa. Una inquietud que dejó patente ayer Ramiro González. El diputado general elevó el tono con el Gobierno de España, al que urgió a sacar a contratación «cuanto antes», a través del Ministerio de Transportes y Adif, el proyecto para la estación de la capital alavesa, y con ello «despejar cualquier tentación» de que sea en superficie. El mandatario jeltzale manifestó su preocupación por la larga espera para la construcción de la infraestructura en la capital alavesa. Y es que el último hito destacable en este inacabable proceso fue el visto bueno ambiental que otorgó hace un año el Ministerio que dirige el socialista Óscar Puente. La inquietud en Álava va a más, especialmente a la vista de los últimos avances con las respectivas terminales de Bilbao y San Sebastián, donde progresan «más rápido». «Vemos que las otras avanzan» pero la de Dato no lo hace «al mismo ritmo», recriminó González. «Eso me preocupa». En la capital vizcaína ya cuentan con el diseño de la remodelación para la estación de Abando, y en la guipuzcoana los trabajos marchan a buen ritmo y estrenarán la renovada estación de Atotxa en 2026. Pero aquí no se avanza «con la celeridad que debiera» en un proyecto «fundamental» para la provincia. Va «muy lento», censuró el jefe del Ejecutivo foral.

El sector de las renovables se enfrenta, en apenas un par de meses, a lo que se considera que será la mayor criba de proyectos hasta ahora en España, con la cancelación masiva de miles de planes de desarrollo de instalaciones. El día 25 de junio empieza a computar la fecha tope que dio el Gobierno para que los miles de proyectos de renovables que pidieron permiso en pleno boom se conecten a la red y empiecen a producir electricidad. Si los proyectos no están disponibles a partir de este hito, perderán las licencias y se verán condenados al cierre. Sobre todo porque perderán la licencia más importante de todas: la de acceso y conexión a la red eléctrica, que concede Red Eléctrica, el gestor de la alta tensión, dependiente de Redeia. Se calcula que en España puede haber afectados más de 10.000 megavatios. Es una décima parte de todas las renovables que ahora tienen permiso de acceso a la red pero que aún no están completamente terminadas. Además de ser un problema para el sector, también lo es a nivel financiero, porque esos proyectos dejarán colgados créditos y líneas de financiación por valor de más de 4.000 millones. El problema afecta sobre todo a proyectos fotovoltaicos. Todas las empresas de renovables, grandes y pequeñas, están alarmadas. En mayor o menor medida, todas tienen algún proyecto atascado. Ante la inminencia de la fecha, las empresas explican que el Gobierno no reacciona y no muestra signos de querer evitar la criba. Al contrario, parece decidido a que se cumpla. Los expertos consideran que será una forma de proceder a la limpieza masiva de proyectos fallidos y de dar una vuelta de tuerca a la eliminación de proyectos que lo único que perseguían era hacer negocio con el tráfico de licencias, sin una vocación clara de llevar a cabo la construcción de la instalación y su entrada en operación.

Aparentemente, el debate sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz ha llegado a un punto muerto, con todos los implicados enrocados en las mismas posiciones que llevan meses defendiendo. Aparentemente. Lo cierto es que estos días se están produciendo entre bambalinas movimientos tan discretos como relevantes, dirigidos a apuntalar una negociación –de las eléctricas entre ellas y de estas con el Gobierno–, que arrancará con fuerza después del parón de Semana Santa. Desde el flanco gubernamental, el movimiento es, precisamente, la falta de avance. El Ejecutivo mantiene congelada la Fase 1 del cierre de la central extremeña, que consiste en la adjudicación de los trabajos de diseño e ingeniería del proceso de desmantelamiento. La empresa pública Enresa, responsable de la gestión de las centrales y sus residuos cuando pasan a manos estatales tras su cierre, difundió en junio de 2024 el anuncio previo de licitación de esos trabajos. Se trata de un trámite administrativo habitual en contratos de gran envergadura para favorecer la concurrencia. La ingeniería del cierre de Almaraz, por un importe de 28 millones de euros, lo exigía. Si bien, fuentes técnicas indican que no es habitual que pasen tantos meses desde el anuncio previo hasta la apertura formal del concurso, especialmente, cuando el calendario aprieta tanto como en el caso del reactor extremeño, que entrará en el punto de no retorno en junio. Ni, en general, en un proceso escalonado como el apagón atómico que, en los términos acordados en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas, implicará el desmantelamiento simultáneo de hasta cuatro reactores, lo que empuja a Enresa a un desafío logístico sin precedentes, casi imposible si se acumulan retrasos.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres eléctricas propietarias de la central de Almaraz, ultiman un pacto sobre la prórroga de esta instalación, para que siga operando hasta 2030. Al ser propiedad de las tres eléctricas, se necesita unanimidad entre las tres para plantear al Ministerio de Transición Ecológica una propuesta. Fuentes del sector energético indican que el primer consejo de la sociedad propietaria de Almaraz, en la que Iberdrola tiene el 52%, Endesa el 36% y Naturgy el resto, se reunirá tras la Semana Santa para consensuar una propuesta que elevar a Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica. La propuesta pasa por pedir una “miniprórroga” de tres años para el reactor Almaraz I (que tiene que cerrar en 2027) y de dos años para Almaraz II (que tiene que cerrar en 2028). De esa forma, ambos se cerrarían en 2030. La idea de estas miniprórrogas se ha ido barajando entre las eléctricas desde hace semanas, en lugar de pedir la extensión de la vida útil ordinaria, de diez años. El problema es que al trastocar el calendario de Almaraz, también habría que trastocar el cierre de otras centrales, como Ascó. Si hay consenso para un plan sobre Almaraz, en el sector se da por hecho que Endesa, Iberdrola y Naturgy también han acordado ya planes para el resto de centrales en España. Por otra parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, insistió ayer en que España debería “replantear” el calendario de cierre de las centrales nucleares, tras destacar que el cierre de estas centrales es uno de los grandes problemas de la política energética alemana.

La Comisión Europea relanza la energía nuclear para los países que quieran utilizarla en el nuevo entorno geopolítico internacional, mientras el Gobierno español mantiene por ahora oficialmente el calendario de cierre. El comisario europeo de Energía, el socialista danés Dan Jørgensen, confirma en una respuesta parlamentaria escrita que este año prevé presentar dos informes de apoyo a esta fuente de energía, cuya relevancia reconoce para llevar a buen término la transición hacia las renovables. En respuesta al eurodiputado socialista finlandés, Eero Heinäluoma, el responsable de Energía en la Comisión Europea confirma que presentará este año el llamado Programa Nuclear Ilustrativo, después de casi una década sin actualizarlo en Bruselas, destinado a «analizar el entorno de la energía nuclear en la Unión Europea y sus necesidades de inversión». Además, asegura que apoyará con otro informe el despliegue de nuevos reactores nucleares de menor tamaño y última generación. «La Comisión también presentará una Comunicación sobre pequeños reactores modulares (SMR) para apoyar el desarrollo y despliegue de SMR en Europa durante la década de 2030, basándose en la Alianza Industrial SMR». Así responde al eurodiputado finlandés, que le había formulado una pregunta por escrito sobre la volatilidad de las energías renovables –hasta ahora intermitentes– y cómo puede afrontarse con energía nuclear. «Una solución es disponer de más energía de base limpia basada, por ejemplo, en la energía nuclear". 

Donald Trump continúa su viaje al pasado. Tras imponer los aranceles más altos en más de un siglo, ahora ha decidido hacer retroceder el reloj del progreso para abandonar las energías verdes y recurrir de forma masiva al uso no solo de petróleo sino también de carbón. El presidente de Estados Unidos firmó ayer varios decretos en la Casa Blanca en una ceremonia, rodeado de mineros, en la que quiso dar un relieve especial a su decisión. Trump se refirió una y otra vez al “bello carbón limpio”, como si con eso bastase para conjurar su carácter contaminante. “Este es un día muy importante porque estamos recuperando una industria que fue abandonada a pesar de que era casi la mejor, sin duda la mejor en términos de potencia, potencia real”, dijo. El presidente declaró una emergencia energética nacional nada más regresar a la Casa Blanca, a pesar de que con su antecesor, Joe Biden, se batieron récords de generación de energía y Estados Unidos elevó sus exportaciones, dado el excedente que tiene. El precio de la gasolina, mientras, es uno de los más bajos de las últimas décadas en términos reales. Nada de eso le importó a Trump, que prefirió presentar la situación como un problema acuciante que él venía a resolver. Con su decreto sobre el carbón, Trump utiliza su autoridad de emergencia para permitir que algunas centrales eléctricas de carbón más antiguas, cuyo cierre estaba previsto por obsolescencia y por la contaminación que generan, sigan quemando carbón y produciendo electricidad. También ordena a las agencias federales que identifiquen los yacimientos de carbón en terrenos federales, eliminar las barreras a la minería del carbón y dar prioridad a los arrendamientos de tierras para extraer carbón.

Conservadores y socialdemócratas se quedaron ayer a un paso de alcanzar un acuerdo de coalición para el Gobierno de Alemania, acuciados, sobre todo, por los acontecimientos internacionales. En este proceso hasta llegar al pacto han influido desde la guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el consiguiente descalabro bursátil, a los esfuerzos para conseguir un alto el fuego en Ucrania. A falta de la confirmación oficial, varios medios germanos como NTV y Focus daban por hecho anoche el compromiso. Conscientes de que Alemania, y también Europa, necesita cuanto antes un ejecutivo capaz de asumir responsabilidades internacionales, los partidos de la Unión, cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/ CSU) negociaron contrarreloj y bajo presión los últimos flecos para sellar una alianza que propondrá al líder conservador, Friedrich Merz, como próximo canciller federal. Los observadores políticos y los medios de comunicación germanos auguraban ya durante el mediodía de ayer el anuncio de un pacto inminente. Se basaban en las declaraciones realizadas por los 19 dirigentes de ambas formaciones responsables de rematar los acuerdos previos negociados anteriormente por los 16 grupos de trabajo. «Estamos en los últimos metros», había declarado por la mañana la socialdemócrata Anke Rehlinger, primera ministra del estado federado del Sarre, antes de sumarse a las conversaciones en la Konrad Adenauer Haus, sede de la CDU. El cristianodemócrata Jens Spahn, vicepresidente del grupo parlamentario conservador, aseguró a su vez que «ahora debe ir todo muy rápido».