20250425

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales está a punto de encarar un arduo camino parlamentario. Yolanda Díaz anunció ayer, durante un acto de CC OO en Toledo, que la medida se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes para ser enviada al Congreso. La norma saldrá con tres meses de retraso sobre el calendario que la vicepresidenta tenía previsto, tras una negociación de la que se descabalgó la patronal y en la que Sumar y PSOE mantuvieron diferencias. El Ministerio de Economía trató de modificar la norma para adaptarla por sectores, pero finalmente se impuso la vicepresidenta segunda. Además el Gobierno no tiene aún la mayoría asegurada para sacar adelante el proyecto de ley por las reticencias de Junts. Su ‘no’, sumado al del Partido Popular y al de Vox dejaría a la medida varada en el Congreso, donde no conseguiría alcanzar una mayoría suficiente para su aprobación. En Euskadi, beneficiará a cerca de 350.000 trabajadores vascos, según las estimaciones del Consejo de Relaciones Laborales. El PNV, por su parte, se ha mostrado a favor de esta reducción, aunque asume que es «difícil» para la pequeña empresa. Es por ello que el partido liderado por Aitor Esteban reclama «flexibilidad» para las pymes. La patronal también reaccionó ayer en contra de la reducción de jornada. En un comunicado enviado a los medios, la CEOE mostró «su más profundo rechazo» al anuncio de la vicepresidenta y censuró el momento elegido para llevarlo al Consejo de Ministros. «Con evidente oportunismo político», denunciaron. Ver nota de CEOE. 

La industria vasca, asfixiada por la falta de conexión eléctrica, ha recibido un espaldarazo notable con la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de lanzar los concursos para adjudicar dos nudos de gran importancia: uno de 993 megavatios (MW) en Arrigorriaga al que aspiran cinco solicitantes, entre ellos la cementera Heidelberg Materials; y otro de 387 MW por el que puja Mercedes para desarrollar su inversión de mil millones para la plataforma de modelos eléctricos. El Gobierno vasco valoró de forma positiva este movimiento, pero quiso dejar claro que ahora se está negociando la nueva planificación de redes eléctricas para los próximos años (2025-2030) y que Euskadi necesita aumentar considerablemente su acceso, como ya ha advertido el lehendakari recientemente. «Necesitamos más capacidad», señalaron fuentes del departamento de Mikel Jauregi en referencia al nuevo programa, que el Ejecutivo central aprobará antes de verano. Los dos puntos que ahora se abren a concurso fueron recogidos en el anterior plan (20212026) mediante una modificación aprobada en abril de 2024 con la que se quería dar respuesta a la enorme necesidad de electricidad de proyectos estratégicos surgidos al calor de los fondos europeos. Estas inversiones, relacionadas con la descarbonización de la industria y la transición energética, deben cumplir unos plazos de puesta en marcha para no tener que devolver las subvenciones.

El mercado hipotecario vasco sigue en plena ebullición durante el inicio de este 2025, siguiendo la tónica de los últimos meses del año pasado. En febrero se constituyeron 2.402 hipotecas, lo que supone un aumento del 39,7% respecto al mismo mes del año anterior. Euskadi encadena así seis meses consecutivos de subidas, lo que evidencia que las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y la gran demanda actual están activando el mercado. En total, en febrero se prestaron 371,96 millones, de manera que el capital medio de una hipoteca fue de 154.856 euros. En el conjunto nacional, la tasa de interés medio bajó del 3% por primera vez en casi dos años.

Los constructores vitorianos no ven con buenos ojos el Plan General de Ordenación Urbana, sobre todo por la decisión de desclasificar 25 sectores, entre ellos los del sur de la capital alavesa, lo que supone que quedan vetados a la edificación de nuevas viviendas, al menos a corto plazo. En su lectura crítica de este documento, que marcará cómo y por dónde va a crecer la Vitoria de la próxima década, echan de menos fórmulas nuevas para combatir las necesidades habitacionales de buena parte de la población. Entre ellos, ponen el foco en las personas que llegan desde otros municipios y países con un contrato de trabajo debajo del brazo. Portavoces de la patronal de la construcción Uneca se suman a SEA Empresas Alavesas, que ya ha iniciado contactos con las instituciones, y Fundación Vital para tratar de retener ese talento. En su caso, los constructores recuerdan que si las cosas no se tuercen y no llega otra crisis mundial, la industria alavesa va a necesitar más mano de obra al igual que el sector servicios. «Y siendo en muchos casos inmigrantes, puede ser necesario atenderles con el alquiler, al menos en un primer periodo y hasta que se produce el arraigo, acorde con unas rentas asequibles». ¿Cómo? Por ejemplo, plantean reducir los costes de edificación de las viviendas bien con ayudas específicas mediante una rebaja del precio del suelo siempre que el fin último sea dar respuesta a los trabajadores o que se les permita levantar bloques en suelos no residenciales (los hoteles se permiten en polígonos industriales). Y añaden a la lista «soluciones constructivas más eficientes», en alusión al desarrollo de los módulos prefabricados, y bonificaciones en impuestos, por el de construcciones. SEA también estudia la promoción de fórmulas como el «cohousing» (viviendas colaborativas), casas del talento o «talent house» –formato adoptado ya en Donostia–, residencias ligadas a empresas, habilitar apartamentos en espacios sin uso o levantar bloques residenciales dignos en áreas próximas a los polígonos.

Han pasado ya más de tres meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su terapia de choque para “fortalecer el derecho a la vivienda asequible”, compuesta por una docena de nuevas medidas “contundentes y muchas de ellas sin precedentes”, como señaló el propio jefe del Ejecutivo el pasado 13 de enero, destinadas a reducir el enorme gap entre demanda y oferta de vivienda que existe en nuestro país y que está tensionando al alza los precios. Sin embargo, durante ese lapso se habían producido pocos avances y novedades, hasta ayer, cuando Sánchez aprovechó su presencia en un acto en la feria Rebuild, en Ifema, acompañado por los ministros de Vivienda, Isabel Rodríguez, e Industria y Turismo, Jordi Hereu, y rodeado de promotores y constructores, para avanzar las líneas generales del nuevo Perte de Vivienda industrializada que anunció a mediados de enero. Se trata de un proyecto estratégico “destinado a impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular, para que en España se puedan construir casas en menos tiempo y con menos costes”, tal como señaló entonces y reiteró ayer, que, según el presidente, va a contar “con una inversión pública muy relevante, de 1.300 millones en diez años a través de distintos instrumentos financieros que tiene el Estado, capaces de movilizar también inversión privada”, presumiblemente fondos europeos y líneas ICO. Una iniciativa que, según Sánchez, será fundamental para situar a España a la vanguardia de la industrialización de la edificación”, práctica que consiste en la construcción de casas en cadena en una fábrica o un entorno industrial, donde se construye alrededor del 80% y el resto se culmina sobre el terreno, lo que permite reducir sensiblemente tiempos y costes, pero en la que, sin embargo, nos encontramos todavía en pañales, como reconoció el propio presidente.

La actividad en el Puerto de Bilbao vuelve a ejercer como termómetro de la economía vasca. En el primer trimestre del año la actual situación de volatilidad se ha reflejado en una caída del tráfico de mercancías del 3,6% –pasaron por las instalaciones 8,15 millones de toneladas, casi 305.000 toneladas menos que entre enero y marzo de 2024–, con su mayor impacto en los graneles líquidos, lo que representa una caída en el comercio de hidrocarburos que están ligados en buena parte a la actividad de Petronor. Estos se han reducido en un 11,7%, hasta los cinco millones, con cerca de 670.000 toneladas menos que hace un año. También se mantiene la reducción en el transporte de contenedores, que se reduce un 8,2% con 1,1 millones de toneladas en total. Por su parte, El Puerto de Pasaia ha cumplido su primer trimestre con buena nota en medio de las turbulencias de la economía mundial. La dársena guipuzcoana acumula a finales de marzo una subida del tráfico total portuario del 3,8% en relación al año pasado con 869.939 toneladas, pese a que sigue el descenso del tráfico ro-ro (vehículos) debido a que se consolida el frenazo de la automoción en Europa. La caída en este apartado, en la línea de febrero, es del 21,8. Sin embargo, los graneles sólidos (cereales, cemento y otros materiales en grandes cantidades sin embalar) sostienen los datos con un apreciable alza del 44%.

Aritz Otxandiano, el hermano de Pello Otxandiano –portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco y, por ende, líder de la oposición– ha denunciado públicamente un ataque contra su vivienda en la localidad vizcaína de Otxandio. El responsable de Sostenibilidad del Grupo Fagor aseguró que no se sabe quiénes han sido los autores de esta acción y que habrá que esperar a las conclusiones de la investigaciones policiales. «No entiendo que ataquen mi casa por defender las energías renovables», dice. A pesar de la notable conmoción que el ataque ha generado a Otxandiano y a su familia, agradeció las numerosas muestras de solidaridad, tanto desde el ámbito político como desde otros sectores de la sociedad vasca. A través de su cuenta de Bluesky, Otxandiano aseguró que el pasado martes por la noche su domicilio fue atacado con el lanzamiento de dos bengalas. «Según los testigos fueron 7-10 personas que huyeron en dos coches diferentes», lamentó al actual responsable de Sostenibilidad del Grupo Fagor. Tras registrarse la denuncia, la Ertzaintza abrió una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido. Según su relato, y al hilo del debate sobre las energías renovables, Otxandiano aseguró haber «sufrido anteriormente amenazas y pintadas».«No ha ocurrido nada grave, pero podría haber ocurrido», censuró. 

Cuarto día de huelga para los trabajadores de la planta de Bridgestone en Basauri, de nuevo con un seguimiento pleno, y también cuarta mesa de negociación con la dirección que se cerró ayer sin acuerdos. El presidente del comité de empresa, Roberto Corral, denunció que «se mantiene el bloqueo» con una compañía que sigue al dedillo el calendario del ERE anunciado el pasado 1 de abril y que afectaría al 40% de la plantilla, con una reducción de cinco a tres turnos de trabajo. «No ha habido avances sobre su propuesta inicial. No se han movido ni un ápice. Lo único que nos prometen es que no tienen intención de cerrar ni esta planta, ni la de Cantabria, aunque dicen que no saben cómo lo pueden plasmar en un documento», criticó Corral. Tampoco los trabajadores, que hoy celebrarán una asamblea general, dieron su brazo a torcer, y siguen reclamando un plan industrial sin entrar a negociar el ERE.

 El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha advertido, en el marco de la Cumbre de la Agencia Internacional de Energía (AIE) sobre el Futuro de la Seguridad Energética organizada por el Gobierno del Reino Unido en Londres, de que un enfoque continuado en la electrificación es fundamental para lograr la seguridad energética a nivel mundial. "Mi mensaje es muy claro: la electrificación es imparable y significa seguridad. Con una estimación de que la demanda mundial de electricidad se duplique para 2050, la inversión en redes, tanto de transporte como de distribución, generación y almacenamiento es más urgente que nunca para atender la creciente demanda", aseguró Galán. En su intervención, el directivo subrayó que para lograr una fuente de energía limpia, segura y competitiva, "los países requieren políticas energéticas sólidas, retornos atractivos, procesos de permisos más rápidos y la racionalización de la tributación energética". Ver nota Iberdrola.  

El Gobierno no piensa mover ficha para repensar el cierre progresivo de las nucleares hasta que las empresas propietarias de las instalaciones le presenten formalmente un plan, empezando por la central de Almaraz sentenciada para 2027. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, instó ayer a Iberdrola, Endesa y Naturgy, dueñas de la central cacereña, a que le entreguen una propuesta en relación a la posible ampliación de su vida antes de tomar una decisión. “No hay ninguna propuesta por parte de las empresas [sobre una ampliación del funcionamiento de Almaraz I]. Estamos en un mercado liberalizado y no hay avances porque no hay ninguna propuesta firme por parte de ninguna de las empresas propietarias”, expuso ayer en Londres la también vicepresidenta tercera del Gobierno. Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), la sociedad que gestiona las centrales de Almaraz y Trillo (Guadalajara), ha convocado una junta de accionistas para el 20 de mayo. En el caso de Almaraz I, la propiedad se reparte entre Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%). La cita debería servir para que los dueños se pongan de acuerdo sobre si hay que solicitar una prórroga y, en caso de que sí, por cuánto tiempo: si deben ser dos o tres años, o por una década, escenarios en los que las inversiones necesarias serían muy diferentes.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado la tramitación de los primeros concursos para lograr licencias de enganche a la red eléctrica por parte de aquellos proyectos que prevén un gran consumo de luz, como los centros de datos (data center) o grandes instalaciones industriales que están en proceso de electrificación de sus cadenas de producción. En concreto, el ministerio habilitará ocho nudos de conexión a la red en seis comunidades autónomas. Contempla una primera fase de 5.390 megavatios (MW). Esta cifra es una enorme cantidad. Supone aproximadamente el 10% de la potencia máxima de consumo registrada en España hasta ahora en un momento puntual, en diciembre de 2017. Los nudos se encuentran en Andalucía, en las comarcas de Cristóbal Colón y Palos, en Huelva), con 503 megavatios (MW) y 514 MW de capacidad disponible, respectivamente. País Vasco tiene dos nudos, denominados Arrigorriaga, en Vizcaya (sic), y Mercedes Benz, en Vitoria, con 993 MW y 387 MW de capacidad disponible. También figuran en Aragón el nudo de Terrer (Zaragoza), con 410 MW; en Castilla-La Mancha, el nudo de Brazatortas, en Ciudad Real, con 2.163 MW; en Cataluña está Francoli, en Tarragona, con 238 MW; y en Galicia está Nuevo Vigo, en Vigo, con 182 MW. Madrid, que viene reclamando más red desde hace meses, no entra en el plan. El Gobierno intenta poner solución, al menos parcial, a uno de los grandes problemas eléctricos en estos momentos en España, donde el aluvión de peticiones de enganche de luz excede con creces la capacidad de la red. El exceso de peticiones viene por el boom que hay de proyectos de data center y también por los proyect

Ángel Escribano, presidente de Indra, tiene claros sus planes para la compañía española, y los ha reiterado en múltiples ocasiones desde que asumió el cargo en enero: «Hacer de Indra un referente europeo en el sector de la defensa». Y está decidido a lograrlo a toda costa. Sus intenciones son bien conocidas tanto por la competencia como por los inversores. No es ningún secreto que contempla la adquisición de Santa Bárbara, la empresa controlada por General Dynamics. «No ha crecido; ha destruido el gran tejido industrial que tenía», afirmó Escribano en sede parlamentaria el pasado marzo. A esta operación se suma también la posible compra de una planta de Duro Felguera y, más recientemente, de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), su antigua empresa familiar, de la que fue presidente hasta enero. Fuentes de la compañía no han desmentido esta información. Actualmente, la empresa con sede en Alcalá de Henares posee el 14% del capital de Indra, donde un tercio del accionariado está controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por su parte, EM&E ya cuenta con dos representantes en el consejo de administración de la compañía cotizada: el propio Ángel y su hermano Javier, quien asumió la gestión de la empresa familiar tras la propuesta de la SEPI para que Ángel liderara Indra, luego de la salida de Marc Murtra hacia Telefónica.

El Gobierno aspira a convertir a España en un país capaz de pescar ganancias en medio de las revueltas aguas del comercio internacional. Mientras las compañías de medio planeta recalibran sus estrategias ante el impacto de la batalla arancelaria iniciada por Donald Trump sobre sus flujos de comercio e inversión global, el Ejecutivo levantará este lunes la mano ante el mundo para presentarse como un destino fiable, estable y con uno de los crecimientos económicos más robustos del mundo desarrollado. Lo hará en el Invest in Spain Summit, un nuevo foro internacional que reunirá al equipo económico del Gobierno con los directivos de 75 multinacionales procedentes de 25 países con el objetivo de mostrar los atractivos de España y captar inversión extranjera. Invest in Spain Summit, que se celebrará durante el próximo lunes en el Real Casino de Madrid, contará con el empuje de la jefatura del Estado, pues será inaugurado por el Rey Felipe VI. La cita busca ensalzar las oportunidades de negocio que presenta el mercado español para los sectores económicos estratégicos de alto valor añadido, ofreciendo a sus multinacionales acceso directo, y al más alto nivel, al Gobierno central, incluyendo al presidente, Pedro Sánchez, que clausurará la jornada y mantendrá encuentros bilaterales con algunos directivos.

Lo que 24 horas antes no podía ser, fue. Por el bien de las relaciones entre los dos socios del Gobierno, pero también por no dañar su propia imagen en relación a un asunto del que, claramente, ha querido hacer bandera –el compromiso con el cumplimiento del derecho internacional y humanitario en Gaza–, Pedro Sánchez ordenó ayer la cancelación unilateral del contrato de compra de balas suscrito por el Ministerio del Interior con la empresa israelí Guardian Homeland Security en representación del fabricante de armamento IMI Systems. La rectificación sirvió para que Sumar, pero sobre todo Izquierda Unida, que había llegado a amagar con la salida de su única ministra, Sira Rego, del Ejecutivo, den por zanjada una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado la coalición gubernamental desde que comenzó la legislatura, a costa de la desautorización del ministro Fernando Grande-Marlaska. En Moncloa rebajan el tirón de orejas al responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y defienden que el presidente del Gobierno es perfectamente consciente de que en ningún momento obró de «mala fe». «Una cuestión de pura inercia burocrática», justifican en su entorno. Lo cierto es que cuando en el pasado 24 de octubre trascendió que su departamento, en concreto, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, había encargado a la citada empresa el suministro de más de 15 millones de balas por valor de 6,6 millones de euros, ya estaba en vigor el compromiso del Ejecutivo de suspender todas las operaciones de compra-venta de material militar con Israel.

Los trabajadores seguirán retrasando poco a poco su jubilación, pero cobrarán pensiones mucho más generosas. Este es uno de los grandes efectos que se derivan de la última reforma del sistema que lideró el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, según se extrae de los nuevos documentos sobre este tema publicados ayer por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Las medidas que puso en marcha el actual gobernador del Banco de España –principalmente las que derogó– han beneficiado en términos generales a los más de diez millones de pensionistas, que gracias a ella cobran ahora nóminas bastante más elevadas y seguirán aumentando con fuerza en las próximas décadas. Es más, la pensión media, que se sitúa en la actualidad en 1.308 euros al mes, crecerá más de un 25% hasta 2050 gracias, fundamentalmente, a la derogación de dos elementos que introdujo el Gobierno del PP: el factor de sostenibilidad (que reducía la pensión inicial de los nuevos jubilados en función de la esperanza de vida) y el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que abocaba a los jubilados a una subida mínima del 0,25% durante décadas y cuya supresión les permitió disfrutar de la mayor revalorización de la historia en 2023: un 8,5%, en línea con la inflación.

La sequía que sufre desde 2022 la comarca catalana del Penedès, la principal zona de producción de cava, vuelve a pasar factura a Freixenet, la empresa líder del sector. Ante la caída de la producción provocada por la escasez de uva, la compañía participada al 50% por la familia Ferrer –fundadora de la firma– y el grupo alemán Henkell aplicó entre mayo y diciembre de 2024 un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) para el 79% de su plantilla, mediante una reducción de la jornada de entre el 20% y el 50%. Ahora, Freixenet da un paso más con un duro plan de ajuste. La empresa anunció ayer un “proceso de reestructuración” que supondrá la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 180 empleados, el 24% de la plantilla del grupo en España, que forman 738 personas. Freixenet enmarca esta medida en “una crisis sin precedentes” en el sector del cava, que obliga a la compañía a “reestructurar sus operaciones para abordar los desafíos provocados por las condiciones climáticas adversas”, señaló en un comunicado. La empresa argumenta el ERE por la necesidad de afrontar “los niveles reducidos de producción y alinear las operaciones con la realidad del mercado”. La firma, con marcas como Carta Nevada o Cordón Negro, alega además que cuenta con un bajo nivel de reservas de vino base para la elaboración de cava y que, en paralelo, los costes de las materias primas han subido, factores que “han agravado el desajuste entre la demanda del mercado y la sostenibilidad operativa”.

Tras dos años en recesión, la economía alemana seguirá sin crecer. Así lo anunció ayer el ministro de Economía germano, Robert Habeck, durante la presentación de las previsiones económicas de primavera. Como era de esperar tras la guerra comercial iniciada por Donald Trump, el Gobierno alemán rebajó su anterior pronóstico del 0,3% al 0,0% para el año en curso. “Esto se debe principalmente a la política comercial de Trump y a las repercusiones de dicha política en Alemania, aunque también hay otras razones”, explicó el ministro saliente, al tiempo que recordó el efecto que tiene el hecho de que Alemania haya estado tantos meses sin un Gobierno operativo que pueda tomar decisiones para incentivar la economía. Si todo sale como está previsto, el líder conservador, Friedrich Merz, será investido presidente el 6 de mayo, en un Gobierno de coalición con los socialdemócratas. De momento, el Parlamento alemán ha aprobado un fondo especial de 500.000 millones de euros para infraestructuras, de los cuales, 100.000 millones irán para la protección del medio ambiente, así como una reforma del freno de deuda fijado en la Constitución para excluir el gasto en defensa.

Las empresas estadounidenses han empezado a hacer el cálculo del precio a pagar por la guerra comercial de Donald Trump, y los ejecutivos advierten sobre el aumento del gasto, las consecuencias en las cadenas de suministro y el impacto en la mayor economía del mundo. Aunque los líderes empresariales han evitado las críticas en público al presidente estadounidense, se han visto obligados a confrontar sus aranceles –que incluyen gravámenes del 145% contra China, la potencia exportadora– al presentar resultados este mes. Entre las que debatieron sobre los aranceles se encuentran empresas de sectores como el transporte, la energía, las telecomunicaciones y las constructoras. En sus declaraciones, los ejecutivos alertaron sobre las consecuencias de los aranceles de Trump, haciéndose eco de las advertencias de los economistas sobre la recesión. “Los consejeros delegados están muy descontentos en este momento”, declaró Steven Purdy, responsable de análisis crediticio de la gestora de fondos TCW. El lunes, los consejeros delegados de Walmart y Target advirtieron a Trump del impacto de sus aranceles en el comercio en una reunión en la Casa Blanca. Aunque menos de un 20% de las empresas del índice S&P 500 habían presentado resultados hasta el martes, más del 90% de las compañías mencionaron los aranceles, según FactSet. El término “recesión” apareció en el 44% de las presentaciones, lo que contrasta con menos del 3% del cuarto trimestre de 2024. Norfolk Southern, la empresa ferroviaria de EEUU especializada en el transporte de carga, declaró el miércoles que los aranceles podrían ralentizar los envíos de automóviles y contenedores, mientras que la producción de carbón podría frenarse “ante la incertidumbre en torno al comercio de exportación”.

EEUU sigue haciendo gestos de acercamiento a China, pero insuficientes a ojos de Pekín, que exige una retirada total de los aranceles antes de sentarse a negociar. El presidente de EEUU, Donald Trump, descartó esta semana “llevarlos a cero”, pero no descarta rebajarlos hasta el 65%; y ayer la Casa Blanca confirmó que también está sobre la mesa una exención parcial de la tarifa del 25% que se aplica a la industria del motor china, en concreto, al sector auxiliar de los componentes y piezas de vehículos, tal como adelantó Financial Times. Ahora bien, todavía no hay una decisión en firme y no está claro el alcance de la medida, que si bien se enmarca dentro de la desescalada en las tensiones comerciales que EEUU pretende articular con China en los próximos días, la realidad es que los grandes fabricantes de coches estadounidenses están teniendo problemas para importar piezas y las plantas amenazan con tener que parar la producción. La exención solo se aplicaría a la industria auxiliar del automóvil china, pero no pondría fin a los aranceles del 25% que EEUU aplica desde principios de este mes a todos los coches importados de cualquier parte del mundo. Es más, el anuncio se produjo tan solo diez horas después de que Trump amenazara con aumentar aún más las tarifas en el caso de los coches canadienses: “Lo único que digo con el máximo respeto es: No queremos vuestros coches; de verdad, lo que queremos es fabricar nuestros propios coches”. Además, tampoco está claro el futuro de otra tanda de aranceles a los componentes de vehículos cuya entrada en vigor se espera para el 3 de mayo. “Los proveedores ya están en situación crítica. Este nuevo impuesto agravaría su fragilidad y podría provocar problemas generalizados en toda la cadena de suministro automotriz”, según se quejan los grandes fabricantes en una carta conjunta remitida a la Casa Blanca.

Bruselas presentará dentro de dos semanas un plan para dejar de importar gas y petróleo de Rusia. Una «hoja de ruta», según aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con medidas concretas «para eliminar todas las importaciones de combustibles fósiles rusos». «Para dejar de depender de una potencia hostil de cara a nuestras necesidades energéticas», según subrayó la alta funcionaria alemana desde Londres, donde ayer participó en una cumbre sobre el futuro de la seguridad energética. Von der Leyen acelera así un plan que prometió acometer en los 100 primeros días de su segundo mandato, esto es, que llega con retraso. Y esto no supone que se vaya a abandonar el gas y el petróleo de Rusia de manera inmediata. De hecho, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, señaló que el objetivo es lograr esta independencia en 2027. Jorgensen apuntó este horizonte temporal el pasado mes de marzo, momento en el que también reconoció que las compras europeas están «ayudando indirectamente a llenar el cofre de guerra de Vladimir Putin». Según sus estimaciones, sólo las importaciones en gas ruso equivalen al precio de compra de 2.400 nuevos cazas F-35. «Hemos gastado más dinero en Europa comprando fósiles y energía rusos de lo que hemos dado a Ucrania en ayudas y subvenciones», añadió el político danés, que reconoció que «no es un asunto sencillo». 

El de ayer fue uno de los mayores ataques contra la capital ucraniana desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, puso en marcha su ‘operación militar especial’: 70 misiles de diferente tipo –incluidos balísticos– y 145 drones abrumaron a los sistemas antiaéreos de la ciudad y provocaron al menos 12 muertos y 90 heridos, entre ellos al menos seis niños. Según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, 31 estaban hospitalizados, algunos en estado muy grave, y los equipos de rescate buscaron víctimas entre las ruinas de varios edificios durante todo el día. Vídeos y fotografías publicados en redes sociales recogieron el impacto de diferentes misiles en barrios residenciales, el trabajo contrarreloj de los rescatistas a los pies de montañas de escombros en plena noche y los rostros de dolor y de miedo de una población que volvió a refugiarse en los túneles del metro. La ferocidad del bombardeo provocó el regreso anticipado a Ucrania de su presidente, Volodímir Zelenski, que se encontraba de viaje oficial en Sudáfrica y que calificó la agresión como «una de las más difíciles y desmesuradas». Incluso el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se mostró públicamente airado. «No estoy contento con los ataques rusos a Kiev. Innecesarios y en mal momento. Vladímir, ¡basta! Mueren 5.000 soldados a la semana. ¡Consigamos el acuerdo de paz!», escribió en su cuenta de la red social Truth, reflejando su creciente frustración con una guerra que había prometido solucionar en 24 horas. Antes de encontrarse con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, añadió que tiene su propia «fecha límite» para lograr la paz y que sigue confiando en que el jefe del Kremlin le escuche.