20250225

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

ELA y LAB y otros sindicatos nacionalistas –esta vez sin coordinarse con CC OO y UGT– han vuelto a convocar a Confebask para constituir una mesa de negociación pese a que la patronal rechazó de forma tajante la primera petición realizada por las cuatro centrales al unísono. Con objeto de hacerle cambiar de opinión, exigen al Gobierno vasco que presione a la organización empresarial para abrirse al diálogo. La fecha elegida para esta segunda convocatoria es el 20 de marzo. ELA y LAB explicaron que esta vez han acordado «una propuesta conjunta viable y realizable» que pondrán sobre la mesa ese día. En la anterior ocasión acudieron a la cita con cifras diferentes porque LAB se adelantó al reclamar 1.600 euros, una cantidad que posteriormente ELA elevó hasta los 1.795 euros. Otro factor diferente es que en la primera petición se coordinaron con CC OO y UGT para solicitar a Confebask que se siente a negociar, a pesar de tener diferencias sobre el ámbito de aplicación de un eventual SMI vasco. Pero esta vez no van de la mano, si bien tanto CC OO como UGT avanzaron ayer su disposición a acudir a la reunión en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL). «El Gobierno vasco no puede limitarse a decir que la actitud de Confebask agravará el conflicto; debe utilizar todos los medios a su alcance para que levante el veto a la mesa de negociación», señalaron ayer el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, y la secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa. Concretaron lo que, en su opinión, esto significa: «El Gobierno vasco realiza actos con Confebask habitualmente, le ofrece apoyo político, mediático, logístico y económico; pues bien, le pedimos que condicione ese apoyo y exija a Confebask que constituya la mesa e inicie la negociación». Confebask no dijo nada ayer pero su respuesta a la primera reunión fue contundente.  «En la mochila empresarial no caben más piedras», señaló recientemente a El Correo la presidenta de la patronal, Tamara Yagüe, que se mostró muy crítica con los reproches del vicelehendakari Mikel Torres por esta negativa a negociar. Ver más en Confebask. 

A la parálisis en la potente industria alemana, las tensiones geopolíticas por los conflictos en Ucrania y Gaza y el menor crecimiento en China se unen ahora las políticas arancelarias de la nueva administración Trump en Estados Unidos. El efecto de esta última variable está por comprobar -aunque lógicamente no será positivo-, pero las otras tres ya están actuando de forma muy dañina para el mercado exportador vasco, que retrocedió un 5,1% el pasado año. En cualquier caso, la industria vasca trata de adaptarse a un entorno cambiante, exhibiendo resiliencia y aprovechando las oportunidades allá donde se presentan. La diversificación geográfica y, más lentamente, la productiva, aparecen como dos vías de trabajo interesantes. “Es una caída preocupante. Si a Europa le va mal, a nosotros también, porque exportamos a la UE dos de cada tres euros en ventas exteriores”, admite Pablo Martín, el responsable de Economía de Confebask, que destaca, no obstante, que ese retroceso se produce después de dos años -2022 y 2023- en los que se alcanzaron récords en la exportación por parte de las empresas. En una línea similar se expresa Ricardo Bustillo, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU y especializado en comercio internacional. Toda esta situación repercute en la industria. De hecho, las exportaciones de productos no energéticos cayeron un 5,4%, mucho más que los energética (-1,4%). “Nuestra perspectiva es de un crecimiento moderado este año. La gran duda es saber cuándo van a acabar estos problemas en Alemania. Se está dando una crisis en la automoción que está frenando también a la inversión”, indica Martín. Este último punto es relevante porque para la mejora -ahora bloqueada- de las fábricas se necesitan comprar bienes de equipo, el punto fuerte de la industria vasca. Por otra parte, “los aranceles al acero y a los automóviles van a perjudicar a Euskadi más que a otras regiones. Tenemos que proteger nuestra industria”, remarca el responsable económico de la patronal vasca, que no obstante apuesta por ver como se desarrollan las previsibles negociación entre Washington y Bruselas para encontrar un término medio que permita, al menos, paliar daños.

Los últimos cambios normativos introducidos en el contrato de relevo han hecho que esta modalidad que permite, entre otras cosas, el rejuvenecimiento de las plantillas, vuelva a ser más atractiva para las empresas y también para los trabajadores afectados. De hecho, el año pasado se incrementó la cifra de empleados que se beneficiaron de ella en Euskadi tras el descenso registrado en 2023, y se situó de nuevo por encima de los 600. La cifra total rondará los 615, según indica Juanjo López Díez, miembro del gabinete del área de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CC OO de Euskadi. Explica que aún falta el dato de diciembre, pero que hasta noviembre ya había llegado a los 600, cuando en el ejercicio anterior los trabajadores contratados fueron 560. El año pasado el Gobierno central firmó un acuerdo con los sindicatos y la patronal para modificar varios aspectos de la jubilación, como fueron la activa, flexible y demorada, y también el contrato de relevo, con una serie de ventajas respecto a la normativa anterior, aunque no se modificó el apartado de las cotizaciones. Así, se adelantaba un año y podría aplicarse tres antes de la edad legal de jubilación frente a los dos anteriores. Contemplaba tres condiciones nuevas: al relevista se le hacía un contrato indefinido a jornada completa, con el compromiso de mantenimiento del empleo de 24 meses; se podía aplicar al personal fijo discontinuo y se permitía concentrar la jornada laboral del relevado el primer año.

Euskadi ha logrado captar 3.474 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation, el instrumento financiero que puso en marcha en 2020 la Unión Europea con el fin de apoyar la recuperación económica tras la histórica pandemia. Así lo aseguró ayer el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en el Parlamento vasco. De la cuantía total, 1.301 han sido gestionados por la Administración autonómica, mientras que otros 1.922 han sido adjudicados de forma directa por el Gobierno central. Los datos presentados por el vicelehendakari corresponden al cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2024. Una de las conclusiones que quiso destacar el dirigente del PSE es que el País Vasco tiene una tasa de resolución del 76%, una cifra «muy elevada» que en estos momentos se sitúa 12 puntos por encima de la media del resto de España. Este indicador mide la rapidez con la que se gestionan y se resuelven los fondos. Solo Galicia está por delante en este apartado, con un índice del 76,7%. Torres subrayó, en este sentido, la importancia de tramitar las ayudas con celeridad, ya que permite a la comunidad «acudir a nuevas adendas». El consejero se mostró «orgulloso» de la capacidad de la comunidad autónoma para ejecutar estos fondos, aunque quiso recalcar que se trata de una «carrera de fondo». En su intervención, recordó que todavía quedan dos años para que concluya el programa Next Generation, y uno de los objetivos del Gobierno vasco, aseguró Torres, es «ayudar al tejido empresarial vasco». Y destacó que, de esos 3.474 millones recibidos, las microempresas y pymes han captado casi la mitad –47%–, mientras que otro 28% se ha destinado a las grandes compañías.

La actividad en el sector de la construcción en Euskadi registró en el conjunto de 2024 un crecimiento del 2,3 % respecto del ejercicio 2023, según datos de Eustat. El informe ‘Índice coyuntural de la construcción’ refleja en los subsectores Edificación e Ingeniería civil aumentos acumulados del 0,1 % y del 7,3 %, respectivamente. Si se excluye la actividad de Promoción inmobiliaria, el crecimiento medio anual de la construcción se sitúa en el 0,1 % debido a que la Edificación, sin considerar dicha actividad, descendió a lo largo del ejercicio un 3,1 %. Por territorios históricos, el mayor crecimiento lo registró Bizkaia con un 2,8 %, seguido de Araba (2,3 %) y Gipuzkoa (1,5 %). El índice de personal ocupado en el sector sufrió, en el conjunto anual, una caída del 5 %. 

Hosteleros de Bizkaia y sindicatos siguen trabajando de cara a la aprobación de un convenio que lleva sin actualizarse hace casi cinco años. Sin embargo, las negociaciones en absoluto apuntan, al menos a corto plazo, a un principio de acuerdo. Al contrario, ambas partes coinciden en subrayar las profundas diferencias que les separan y en reconocer que estos encuentros se encuentran en un momento «bastante complicado y tensionado», según diferentes empresarios que prefieren mantener el anonimato. Responsables de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB) han declinado realizar cualquier valoración a título colectivo. Las cerca de 26.000 personas que viven en el territorio de la hostelería llevan desde 2020 sin haber visto incrementados sus salarios, mientras que las centrales creen que no debería de haber ningún problema en pactar los aumentos previstos para los próximos cuatro años. No obstante, en medio de este tira y afloja, ha surgido un contratiempo de difícil resolución. Marije Fernández, portavoz de ELA –central mayoritaria–, ha mostrado su total desacuerdo con la inclusión en el convenio de la figura del fijo discontinuo a tiempo parcial al entender que únicamente ayudará a «precarizar aún más» el sector y «dar carta blanca» a las empresas para «empeorar» las condiciones de las personas empleadas en este sector. Las condiciones son peores para los trabajadores de bares y restaurantes, en su opinión, ya que al menos, los contratados en los hoteles han podido cobrar los retrasos que el gremio viene arrastrando y reclamando desde 2020. ELA reclama una subida salarial superior al 15%. Hasta 2024 el incremento efectivo sería de un 12,2%, mientras que en 2025 y 2026 los incrementos alcanzarían el IPC más 0,5%. Para 2027, han sugerido una subida del IPC acompañada de un 1,6%. El nuevo convenio contempla una jornada máxima anual de 1.746 horas.

Los premios anuales Euskadi Avanza que organiza El Correo con el patrocinio del Banco Sabadell y el Gobierno vasco pusieron ayer en valor el talento empresarial del territorio. Un talento que goza de salud y tradición, dos conceptos que definen con precisión a la compañía galardonada como ‘Empresa del año’, el Igualatorio Médico Quirúrgico, IMQ; pero que también casan con el perfil de la pyme laureada, la diseñadora, fabricante y distribuidora de productos sanitarios AJL Ophtalmic; con la trayectoria condecorada del empresario Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor y pieza clave del sector energético vasco; y hasta con la empresa novel Multiverse Computing, un proyecto que aunque nació hace solo cinco años, presume de una vitalidad que promete revolucionar el sector de la computación cuántica. La octava edición de Euskadi Avanza llevó el talento al escenario y también a las butacas del Museo Guggenheim, que recibieron a 300 asistentes de la vida política, cultural y económica vasca. 

Imanol Pradales quiere alinear la acción de su Gobierno con la de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, al tiempo que ambos advierten del ascenso de los populismos. En esta hoja de ruta se antojaba clave que la extrema derecha no accediera al poder tras las elecciones alemanas, por lo que el domingo por la noche ambos Ejecutivos respiraron tranquilos. Pradales, en una nota difundida a través de las redes sociales, destacó ayer que el resultado de los comicios posibilita la formación «de un Gobierno fuerte y estable», liderado por el conservador Friedrich Merz. En la misma línea que la Comisión Europea, enfatizó que «no hay tiempo que perder» para la constitución de un Ejecutivo alemán «que contribuya al fortalecimiento del proyecto europeo» en un momento en el que «las políticas de la Administración Trump amenazan con romper el orden internacional de los últimos 80 años». El Ejecutivo autonómico confía en que este nuevo Gobierno alemán aporte una «estabilidad política» que se traduzca «en una progresiva recuperación económica», después de que el país germano haya pasado dos años en recesión. Esta reactivación de la locomotora de la industria europea es fundamental, pues Euskadi tiene a Alemania como segundo destino de sus exportaciones, cifradas en 4.475 millones de euros el año pasado. El lehendakari recordó que «es un mercado clave para sectores tractores de nuestra economía como la automoción, la máquina-herramienta o la siderurgia». Ante el convulso panorama geopolítico, en el que Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable para los gobiernos comunitarios, Pradales hizo un llamamiento a que «Europa se ponga manos a la obra para garantizar su autonomía estratégica y resurgir en ámbitos clave como la industria, la energía, la tecnología, la defensa o la alimentación». «Euskadi está preparada para poner todas sus capacidades al servicio de este resurgir», zanjó.

Casi 16 meses después de haber encauzado el apoyo de Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez con un acuerdo que comprometía al Estado a condonar un 20% –15.000 millones– de la deuda contraída por Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica (el FLA), desplegado en 2012 bajo mandato de Mariano Rajoy para hacer frente a la debacle financiera, el Gobierno y los de Oriol Junqueras sellaron ayer la ejecución de esa promesa. Lo hicieron en un momento delicado para el Ejecutivo. Este, de hecho, sembró el terreno con una reunión el sábado de Junqueras con el president Illa y dejó que ayer, mientras Junts resolvía qué hacer con el debate de la cuestión de confianza de Sánchez –la acabó retirando–, fuera el presidente de los republicanos el que anunciara el acuerdo. Un pacto que, en todo caso, se proyecta sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para mañana con las comunidades del régimen común –no estarán presentes ni Euskadi ni Navarra por su foralidad–. El trato ha elevado dos puntos más la cuantía firmada para la investidura de Sánchez –será el 22%, hasta alcanzar los 17.100 millones– y cuya gestación ha enervado al PP y a sus gobiernos autonómicos, con Andalucía y Madrid al frente, hasta el punto de negarse a «mutualizar» lo que solo es, a su juicio, otra contraprestación de Sánchez a los independentistas con «dinero de todos». El Gobierno central complementó el anuncio de Junqueras con una comparecencia sobre la marcha de la vicepresidenta, ministra de Hacienda y ahora nueva líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, para poner cifra al compromiso paralelo que adquirió el Ejecutivo en su momento cuando rubricó la alianza con Esquerra: que la quita se haría extensiva a todas las comunidades. Montero cuantificó la deuda que la Administración del Estado está dispuesta a hacer suya en 83.252 millones, incluidos los 17.000 de Cataluña. Así lo trasladará mañana al CPFF.

Euskadi analizará con el Gobierno en el seno de la Comisión Mixta del Concierto el impacto de la condonación de 83.500 millones de deuda que propone el Ministerio de Hacienda a las autonomías de régimen común. El Gobierno Vasco analizará los efectos en la fiscalidad vasca –modelo que incluye su aportación al Estado vía Cupo– de la condonación de la deuda con Cataluña acordado entre el Ejecutivo central y ERC, que asciende a 17.104 millones de euros. Este pacto va acompañado de una oferta de condonación al resto de comunidades autónomas de régimen común que asciende a 85.000 millones de euros, según un anuncio efectuado ayer por el Ministerio de Hacienda a la hora de trascender el acuerdo entre Pedro Sánchez y Esquerra. El anuncio beneficia, además de a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, a Andalucía y a Madrid. Las comunidades gobernadas por el PP expresaron ayer su rechazo a la medida. El pacto excluye a Euskadi y Navarra, que son comunidades de régimen foral con su propia fiscalidad. Desde el Gobierno Vasco se señaló ayer que Euskadi «tiene su propio sistema de financiación» que consiste en «un sistema de responsabilidad fiscal que solo nos permite gastar lo que recaudamos». Desde el Gobierno Vasco se expresó una posición de cautela. «Euskadi no va a opinar sobre otras propuestas de otros territorios siempre que no le afecte fiscalmente», apuntaron fuentes de Lehendakaritza. Según resaltaron, el modelo de préstamos del Estado a las comunidades autónomas no se corresponde con el del Concierto y con el riesgo unilateral que implica, «por lo que nunca hemos acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)». «No opinamos sobre lo que se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para las comunidades autónomas de régimen común pues nuestra relación con el Estado es bilateral y se da en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico».

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló ayer que la vivienda es “la principal fábrica de desigualdad en España” y un problema “gravísimo”, que requiere “intervenir” los precios, como se ha hecho con la energía, y “meter mano” a los fondos de inversión. En un coloquio organizado por el diario digital Artículo 14, Díaz defendió la necesidad de hacer “una gran reforma” en España para garantizar el acceso a la vivienda y lamentó que en España, a lo largo de la democracia, no haya habido una política ni de vivienda ni de familias. “Son dos graves agujeros que tenemos en España y ahora tenemos que corregir lo que no se ha hecho”. Por ello, “no queda otra” que “intervenir en el precio de la vivienda”, pues no se trata ya sólo de un problema de salarios, sino de que “no se puede vivir en prácticamente ninguna ciudad española” con los precios actuales de los pisos. Junto a la intervención en el precio, la “gran reforma” que propugna Díaz requiere “meter mano a los fondos de inversión”. “El problema de España no es el salario mínimo, son los fondos de inversión. Y hay que regularlos. Creo, además, que se puede alcanzar un acuerdo con los fondos de inversión cuando hay incentivos, porque cuando uno va a actuar, siempre se responde”, aseguró. Finalmente, el tercer pilar de esa reforma en vivienda sería revisar la fiscalidad, sobre todo de los pisos turísticos, que están haciendo “imposible vivir” en determinadas ciudades. “La presión turística es brutal. Ahí sí que tenemos que hacer pedagogía fiscal”, señaló Díaz, en clara alusión a las palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuando le pidió a Díaz que hiciera “pedagogía fiscal” por la tributación del salario mínimo en el IRPF. 

La reforma de la Ley del Suelo vuelve hoy al Congreso y como ya sucediera el pasado mes de mayo, su vuelta está abocada al fracaso. El PSOE ha utilizado al PNV como muleta para presentar el texto y tratar de reunir los apoyos necesarios para sacar adelante una norma que resulta crucial para desatascar decenas de proyectos urbanísticos en todo el país en un momento de crisis habitacional urgente en España. Sin embargo, ni sus propios socios de legislatura respaldan la propuesta, lo que hace prever que acabe de nuevo estrellada en el trámite parlamentario porque el PP, que podría votar a favor o, al menos, abstenerse, no parece tener intención de hacerlo. En Génova no están por la labor de conceder esta victoria a Ferraz, por más que los socialistas hayan retirado su firma del documento para intentar el acercamiento de otras fuerzas políticas. Los populares alegan que su posicionamiento técnico es muy diferente, que la proposición del PNV es una «versión mutilada» de otra norma redactada por el PP en 2018 a la que han quitado «partes fundamentales» y que se trata, en definitiva, «de una mala copia para solucionar problemas que han cambiado sustancialmente» en el mercado de la vivienda. Además, en el Partido Popular defienden su propia propuesta de reforma de la Ley del Suelo, que presentaron hace unas semanas en el Senado y que prevén llevar en los próximos días a la Cámara baja, así que salvo sorpresa mayúscula de última hora, es de esperar que los de Feijóo no respalden el texto del PNV. La propuesta llega este martes de nuevo al Congreso de los Diputados tras el fracaso de mayo. Entonces, apenas unas horas antes de la votación, el Partido Socialista retiró la ley para evitar un fiasco en la votación que dejase en evidencia –otra vez– su debilidad parlamentaria. Ni siquiera sus aliados de Sumar, Podemos o ERC respaldaron entonces el texto. Los socialistas guardaron el proyecto en un cajón y ahí ha permanecido dormido hasta ahora, ante la desesperación y el enfado del sector inmobiliario.

El cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España ha vuelto a desatar, por enésima vez, una guerra empresarial y política. Aunque la batalla es un clásico en el sector y se produce cada ciertos años, esta vez alcanza más intensidad. A diferencia de otras ocasiones, en las que la guerra era bipolar, entre grandes eléctricas propietarias de centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y el Gobierno de turno, ahora se ha bifurcado: PP contra el Gobierno del PSOE, de éste contra las eléctricas, de las eléctricas entre sí y contra el Gobierno, o de las administraciones locales y regionales, y la industria nuclear española frente a todos. ¿Por qué resucita de nuevo un asunto que quedó zanjado en 2019? Ese año, y tras intensas negociaciones, las eléctricas pactaron con el primer Gobierno socialista de Pedro Sánchez un cierre escalonado de los siete reactores que quedaban operativos, entre 2027 y 2035. El calendario empezará con las dos centrales de Extremadura (Almaraz I, en 2027, y Almaraz II, en 2028). Seguirá con Ascó I, en Cataluña, y Cofrentes, en Valencia, en 2030; Ascó II y Vandellós II, ambas en Cataluña, se apagarán en 2032 y 2035; y Trillo, en Guadalajara, en 2035. Tras unos años de relativa paz, la trifulca nuclear resucita ahora porque, aunque aparentemente aún quede tiempo (2027) para empezar a clausurar centrales, la cuenta atrás empieza ya. Almaraz I tiene licencia para operar hasta noviembre de 2027. Según la normativa, tres años antes de que se agote la licencia –es decir, ya– la empresa propietaria debe empezar a pedir la renovación, justificándola económica y operativamente. Además, debe contratar con antelación el uranio para su futuro funcionamiento. A partir de aquí empieza el fuego cruzado a varias bandas. Iberdrola es, con el 52%, la empresa con más participación en Almaraz, seguida de Endesa (36%) y Naturgy (11%). Iberdrola es la más interesada en la continuidad y la que empuja para reabrir el debate. El problema es que esta vez hay más aristas. Endesa, por ahora, permanece callada. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, por su parte aseguró la pasada semana que se atiene al cierre pactado.

Arabia Saudí intensifica su presencia en el tejido empresarial español. Aramco, el gigante petrolero estatal de país árabe, ha obtenido la autorización del Consejo de Ministros para su desembarco en Horse, la compañía española de motores formada por Renault y la china Geely (Link & Co, Volvo Cars, Lotus, etc.) valorada en 7.400 millones de euros. El Ejecutivo aprobó la compra del 10% de Horse por parte de Aramco el pasado 29 de octubre, según revela ahora en documentación oficial. Riad ha articulado dicha operación a través de la filial de Aramco ubicada en Singapur. Concretamente, Arabia Saudí ha obtenido permiso para comprar el 10% de Horse Powetrain Solutions SLU y Horse Powertrain Spain SL por 740 millones de euros. La autorización gubernamental llegó casi un mes antes de que el grupo saudí STC obtuviera el plácet del Ejecutivo para la toma del 10% de Telefónica por 2.100 millones. Horse es una joint venture formada por Renault y el gigante chino Geely para el desarrollo de sus motorizaciones térmicas e híbridas. La firma participada por el Estado francés decidió ubicar su sede en Madrid hace menos de dos años, después de una pugna con Rumanía, lugar de origen de su marca Dacia que también aspiraba a ostentar dicha sede. En esta compañía se han aglutinado parte de los activos que Renault tiene en España. Horse cuenta con la planta de motores de Valladolid, la fábrica de cajas de cambios de Sevilla y parte del centro de I+D de Valladolid. Ya en 2023, la firma valoró los activos en España en 1.273 millones. Dichas instalaciones emplean aproximadamente a 3.400 trabajadores, lo que supone un 28% de la plantilla de Renault en España. Pero Horse en su conjunto abarca a 19.000 empleados y 17 factorías en todo el mundo.

Los efectos de la sorpresiva caída del decreto omnibus impulsado por el Gobierno a final del pasado año se siguen palpando en varias capas de la economía. Entre las más afectadas está la de las empresas en problemas financieros o que siguen arrastrando las pérdidas sufridas durante el coronavirus. Una de las medidas sorpresa del texto legislativo fue la extensión de hasta 2027 de la moratoria contable, una modificación en la ley que evita que las empresas tengan que tener en cuenta las pérdidas que sufrieron por el coronavirus en 2020 y 2021 de cara a calcular si entran o no en caso de disolución. Aunque hayan pasado casi cinco años, no es una cuestión que afecte a apenas un puñado de empresas, ya que en muchos casos los aumentos de costes por la inflación han rebajado los márgenes de estas empresas o, en sectores como el turismo y el transporte, las pérdidas a compensar son enormes. Las compañías entran en causa de de disolución cuando el patrimonio neto de una empresa se rebaja a una cantidad inferior a la mitad del capital social. En ese momento, se activa un plazo de dos meses en que los gestores tienen que ampliar o reducir el capital de la sociedad para evitar la disolución o disolver la compañía. Eese plazo empezó a correr para muchas entidades el pasado 23 de enero, después de que el decreto cayera el día anterior en el Congreso de los Diputados. La intención inicial del Gobierno es retomar la aprobación de este decreto junto a otras medidas económicas incluidas en el texto anterior, pero desde el Ejecutivo no se aclara cuando, si bien los acuerdos alcanzados ayer con Junts y ERC invitan a pensar que los trámites podrían acelerarse en las próximas semanas.

El mayor asesor de voto del mundo, Institutional Shareholder Services (ISS), alerta sobre las incertidumbres regulatorias que entraña la opa hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. La transacción se encuentra pendiente del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en noviembre decidió prolongar el análisis a una segunda fase y su dictamen final está próximo a conocerse. También deberá pronunciarse el Gobierno, que puede ampliar los compromisos y condiciones (lo que en la jerga se conoce como remedies) que imponga Competencia, y finalmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Igualmente, esta firma alerta de la “reiterada falta de apoyo del consejo de administración de Sabadell” a la oferta. El informe de ISS se refiere específicamente a que la oferta aún no ha obtenido ni el sí de la CNMC ni el de la CNMV, si bien sí ha recibido luz verde de otros muchos reguladores, como el Banco Central Europeo. Igualmente, refleja que algunos miembros del Gobierno “han expresado sus inquietudes” sobre la operación. El asesor de voto se reunió con la cúpula del banco el pasado 4 de diciembre, unas semanas después de que la CNMC decidiese prolongar el análisis de la opa a una segunda fase. El comentario sobre la opa se circunscribe en la necesidad del banco de someter de nuevo al voto de sus accionistas la ampliación de capital para afrontar el canje en acciones propuesto a los dueños de Sabadell. 

La resistencia del mercado laboral y el inicio de las bajadas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) han servido a la banca para reducir la morosidad en los últimos meses, pese a las voces que apuntaban al elevado riesgo de un aumento de los impagos tras un duro periodo inflacionista que, aunque ya ha logrado controlarse, ha golpeado duramente el bolsillo de los consumidores. En un momento en el que el sector empieza a abrir el grifo del crédito, 2024 cerró con una tasa de mora del 3,32%. Hace justo un año, la cifra rondaba el 3,54%. Y hay que remontarse a finales de 2008 para ver un dato inferior. Por aquel entonces, la burbuja inmobiliaria ya había estallado y los impagos comenzaron a crecer de forma exponencial entre particulares y empresas, con el pico de la morosidad rozando el 14% ya en 2014, tras la crisis de deuda soberana en la zona euro. Hay que tener en cuenta que el saldo total crediticio a cierre de diciembre también había disminuido ligeramente (en unos 7.400 millones de euros en términos mensuales), hasta los 1,18 billones de euros. Pero en comparación con diciembre de 2023, el volumen de crédito de la banca sí ha aumentado en más de 4.000 millones.

Telefónica ha cerrado la venta de la filial de Argentina al grupo mediático Clarín, a través de Telecom, la otra gran operadora de telecos del país, que está controlada por el grupo de medios, con el que Telefónica previsiblemente se integrará, generando sinergias multimillonarias. La operación deberá superar el control de los organismos de defensa de la competencia, puesto que, tras la transacción, se va a conformar un grupo con una participación muy importante en el mercado argentino de telecos. Sin embargo, la operación está cerrada y cobrada por parte de Telefónica, lo que significa que cualquier problema regulatorio tendrá que resolverlo el comprador. De todas formas, la regulación en Argentina es diferente a la española, en el sentido de que la revisión es ex post, a posteriori, por lo que la operación se cierra y más adelante la Administración puede imponerle condiciones o remedios. Por tanto la transacción es definitiva e irrevocable. Telefónica había acelerado el proceso de negociación para encontrar un comprador para la filial argentina. El precio total por el 100% de las acciones transmitidas asciende a 1.245 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente, 1.189 millones de euros al tipo de cambio actual. Desde el punto de vista estratégico, la operadora logra una ventana de oportunidad para avanzar en su intención de reducir la exposición a Latinoamérica, como había pretendido desde 2019, cuando constató que la zona era una rémora para la cotización del grupo.

La Comisión Europea va concretando qué es la “simplificación” administrativa que ha prometido para el comienzo de su mandato. La idea principal es descargar a las empresas de burocracia, entre el 25% y el 35%, sin por eso diluir la ambición de los objetivos climáticos y sociales de la UE. Los detalles que se van conociendo, no obstante, apuntan hacia una exigencia medioambiental menor sobre las compañías como la aplicación de la norma un año más tarde de lo previsto (de 2027 a 2028), sanciones máximas menos cuantiosas de lo decidido inicialmente o la eliminación de la capacidad de litigar por la vía civil para sindicatos y ONG cuando crean que se incumple la ley. Eso es lo que recoge un borrador parcial al que ha tenido acceso este diario de la llamada ley ómnibus, que prepara Bruselas y que en principio aprobará el Colegio de Comisarios mañana. El abanico de medidas que la Comisión estudia poner sobre la mesa se circunscribe a cambios en la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés). Esta busca que las empresas cumplan los estándares medioambientales y luchen contra la explotación infantil, tanto dentro de la propia corporación como en su cadena de suministro, y fue aprobada hace menos de un año. Pero no es la única norma sobre la que se prevén cambios. También los hay, entre otros, en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que tiene el objetivo de cobrar por los productos industriales que llegan a la UE producidos con estándares medioambientales menos exigentes. En este caso, la idea es eximir a los pequeños importadores, aquellos que traen a la UE productos cuya fabricación ha causado unas emisiones de dióxido de carbono de menos de 50 toneladas. Con la redacción actual, este grupo de empresarios sí que tenía que realizar las correspondientes declaraciones aduaneras.

La imposición generalizada de tarifas del 25% reduciría casi una cuarta parte las ventas al mercado estadounidense, lo que representaría unas pérdidas de hasta 4.300 millones de euros. Pero este escenario, que se sitúa como el más desfavorable, supondría un impacto de apenas el 0,27% sobre el producto interior bruto (PIB) español. Las cifras hacen concluir a los expertos que sería muy limitado el efecto directo que tendría en la economía nacional el nuevo capítulo de hostilidades, que se enmarca en la guerra comercial desplegada por el mandatario republicano, aunque el golpe sería desigual por sectores. El estudio, basado en un modelo econométrico que analiza las barreras comerciales y su impacto sectorial, destaca que incluso en el peor de los escenarios, el impacto quedaría limitado al 5% de las exportaciones totales de bienes de la economía española, que es el peso que representan las ventas a Estados Unidos sobre el total de envíos al extranjero que hace España de sus productos. El efecto es tan residual gracias a que el grueso de lo que se vende fuera tiene como destino la Unión Europea y el resto de Europa (en torno al 74% del total). Y lo más probable es que el impacto sea incluso menor. Así lo consideran los analistas de la Cámara de Comercio, en línea con otro informe sobre la materia que elaboró el propio Banco de España, que coge como escenario central una subida arancelaria del 10% para todas las importaciones hacia Estados Unidos.

Coincidiendo con el tercer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Unión Europea (UE) anunció ayer el decimosexto paquete de sanciones contra el régimen de Vladímir Putin. Las nuevas sanciones ponen bajo los focos a 48 personas y a 35 organismos y se concentran en varios sectores de la economía rusa: la industria militar, los activos en criptomonedas y el sector del transporte marítimo, sobre todo, la denominada flota fantasma de Rusia, que ayuda al Kremlin a evitar las sanciones sobre la venta de petróleo. También ha vetado la compra de aluminio ruso por parte de la UE. Mientras tanto, ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca e insistió en la necesidad de una “paz sólida y duradera” para Ucrania. “Y esto es precisamente lo que vamos a debatir, porque tengo un gran respeto por el valor y la resistencia del pueblo ucraniano. Compartimos el objetivo de la paz, pero somos muy conscientes de la necesidad de contar con garantías para lograr una paz estable que permita estabilizar la situación”, dijo. En nombre de Europa, Macron afirmó que el continente está dispuesto a “dar un paso adelante para ser un socio más fuerte” en materia de defensa y seguridad, en línea con la petición de Trump. El presidente de Estados Unidos afirmó por su parte que el mandatario ruso, Vladímir Putin, aceptaría la presencia de fuerzas europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva anunciando una gran inversión de Apple desde que tomó posesión el pasado 20 de enero. La compañía ya asumió compromisos multimillonarios durante su primer mandato y también durante la presidencia de Joe Biden. Ahora eleva la apuesta con un anuncio algo inconcreto según el cual pretende “gastar e invertir” más de 500.000 millones de dólares (unos 478.000 millones de euros, al tipo de cambio actual) en Estados Unidos en los próximos cuatro años. La compañía no desglosa qué parte será gasto corriente, por ejemplo, con proveedores o de personal, y qué parte inversión. El anuncio es similar, aunque de mayor cuantía, a otros que ha hecho en anteriores presidencias. Apple también promete contratar 20.000 personas, aunque esas no precisa que sean en Estados Unidos ni qué aumento neto de plantilla implican. “Somos optimistas sobre el futuro de la innovación estadounidense y estamos orgullosos de aprovechar nuestras inversiones de larga data en Estados Unidos con este compromiso de 500.000 millones de dólares con el futuro de nuestro país”, dijo en un comunicado Tim Cook, consejero delegado de Apple, que la semana pasada estuvo en la Casa Blanca, reunido con Trump. “Desde duplicar nuestro Fondo de Fabricación Avanzada hasta desarrollar tecnología avanzada en Texas, estamos encantados de ampliar nuestro apoyo a la fabricación estadounidense. Y seguiremos trabajando con personas y empresas de todo el país para ayudar a escribir un nuevo capítulo extraordinario en la historia de la innovación estadounidense”, añadió.