20230307

La semana laboral de cuatro días en Euskadi, una propuesta que la vicelehendakari Idoia Mendia ha trasladado a la mesa de diálogo social y que ya ha sido rechazada de plano por la patronal vasca, Confebask, ha puesto en guardia al Gobierno de coalición PNV-PSE, al que se le van viendo cada vez más las costuras ideológicas conforme se acercan las elecciones del 28-M. De hecho, el lehendakari Urkullu aprovechó ayer su participación en un acto sobre autoabastecimiento energético para enviar un mensaje tranquilizador a los empresarios y dejar claro que «no se trata de imponer nada» sino de abrir la puerta a «experimentar» con una jornada más reducida, siempre que haya acuerdo, eso sí, entre la empresa y los trabajadores y que la adopción de esta medida sea totalmente «voluntaria». Las palabras de Urkullu pretendían, según fuentes de Lehendakaritza, aplacar cualquier posible «tensión» en los consejos de dirección y entre patronal y sindicatos en un momento de abultados beneficios para algunas empresas pero de grandes dificultades para otras, tras la propuesta que lanzó la también consejera de Trabajo y Empleo en este sentido en el pleno de control del pasado viernes. Una cuestión que, para el ala jeltzale del Gobierno, puede resultar resbaladiza y generar «expectativas» imposibles de cumplir, teniendo en cuenta, sobre todo que gran parte de los trabajadores vascos, principalmente en el sector servicios, en comercio y hostelería, trabajan «seis días» a la semana. «Es una cuestión muy delicada de gestionar», admitió el lehendakari, que recomendó «mucho tiento» a la hora de ponerla en práctica, tomando como referencia «experiencias internacionales» y siempre que sea posible «mantener la productividad y los salarios» con menos días de trabajo.

Nueva discrepancia entre los dos socios del Gobierno Vasco, en esta ocasión a cuenta de la semana laboral de cuatro días. En este caso, las diferencias han surgido a raíz de la propuesta lanzada el jueves de la semana pasada por la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, acerca de la semana laboral de cuatro días, una medida que se ha situado en el centro del debate en Europa y que algunas empresas del Estado ya han implantado de forma experimental, entre ellas Telefónica, aunque con escaso éxito al conllevar una disminución del salario. La iniciativa de la consejera fue cuestionada ayer tanto por el lehendakari como por el consejero de Economía y Hacienda. En realidad, Mendia solo anunció que propondrá a la Mesa de Diálogo Social la creación de un grupo de trabajo sobre esta medida, pero ya desde este estadio previo se ha encontrado con el aviso de Iñigo Urkullu y de Pedro Azpiazu de que a día de hoy no ven con buenos ojos que esta medida fuera llevada a efecto. La propuesta de Mendia, a falta de mayores precisiones, incluye que esta reducción de los días laborables se debería llevar a efecto «sin disminución de salario y sin incremento de horas, estudiando sus efectos en productividad y conciliación». Y es que aquí radica el ‘quid’ de la cuestión, en la productividad. Urkullu lanzó un claro mensaje de tranquilidad dirigido al mundo empresarial, escamado con este anuncio, subrayando que desde el Ejecutivo autónomo no se trata de «imponer nada», sino de comprobar antes el resultado de este tipo de experiencias «en otros lugares». Además, indicó que de llevarse a efecto sería una medida voluntaria y que debería contar con el acuerdo previo entre empresarios y trabajadores. En términos casi calcados se refirió a la cuestión el consejero de Economía y Hacienda. En una entrevista radiofónica, Pedro Azpiazu señaló, no sin ironía, que «a todos nos gustaría trabajar menos e incluso cobrar más pero, ¿es posible? Lo será si el avance de la productividad lo permite». En caso contrario, alertó de que Euskadi podría enfrentarse a un grave problema de competitividad. Azpiazu señaló que desconocía cuál ha sido la intención de Mendia al plantear la medida y, preguntado si se ha tratado de un anuncio electoralista, respondió que lo desconoce «aunque puede sonarlo».

El incipiente debate sobre la jornada laboral de cuatro días lanzado en Euskadi la semana pasada por el PSE a través de la vicelehendakari, Idoia Mendia, perdió ayer fuerza con una advertencia desde el propio Gobierno Vasco. Tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, pidieron que la medida nazca en todo caso de un acuerdo entre agentes sociales y que no suponga que las empresas pierden competitividad. Mensaje entre líneas: si los empresarios no lo ven muy claro, no se dará el paso. Y a tenor de la primera reacción de Confebask la iniciativa tiene un recorrido muy limitado. De modo que la experiencia piloto que quiere poner en marcha el próximo año Idoia Mendia para evaluar la puesta en marcha de cuatro días laborales a la semana sin reducción de salario y sin incremento de horas pierde impulso en el Ejecutivo vasco. Lo cierto es que la iniciativa tiene las líneas rojas de la negociación en el marco del diálogo social y del autogobierno. Euskadi no puede legislar en la materia, si bien tiene capacidad de propiciar acuerdos generales entre sindicatos y empresarios.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo, Idoia Mendia, está determinada a convencer a los empresarios de las bondades de la semana laboral del cuatro días. Fuentes de su consejería explican a este periódico que precisamente el proyecto piloto de semana laboral de cuatro días pretende dar respuesta a una de las principales preocupaciones de las empresas, la fuga de talento, sobre todo entre los jóvenes, que buscan en otros países mejores condiciones. El departamento de la consejera socialista quiere seguir adelante con su ensayo en la Mesa de Diálogo Social, en la que se sientan Confebask y los sindicatos, convencida de que es bueno «ensayar nuevas fórmulas» y con la vista puesta, sobre todo, en las pymes vascas. El anunciado voto en contra de Confebask no frenaría el programa en la Mesa de Diálogo aunque supone un obstáculo evidente. La consejería de Trabajo cree que opciones como una semana laboral de cuatro días busca responder a los problemas que las empresas reportan, entre ellos la dificultad para enrolar talento en sus compañías. «Esta iniciativa busca precisamente hacer más atractivas las empresas vascas a nuestros jóvenes, evitar que se vayan al extranjero», señalan los medios consultados, que ven contradictorio que Confebask no apoye un plan que, sostienen, va en su beneficio. 

Euskadi recuperará este año el nivel de PIB previo a la pandemia al crecer un 1,4% –por encima de la media nacional–, según las previsiones presentadas ayer por la fundación de las cajas de ahorro, Funcas, para las comunidades autónomas. Una previsión sensiblemente menor al crecimiento estimado por el Gobierno Vasco, del 2,1%, si bien el consejero Azpiazu ya ha avanzado que probablemente deba de ser revisado a la baja. Respecto al empleo, Funcas prevé que la tasa de desempleo se reduzca este año hasta el 7,9%, lo que supondrá el mejor registro del país. La institución señala en su informe que todas las comunidades autónomas se desacelerarán en 2023 como consecuencia del impacto de la inflación en la capacidad de compra de las familias, en un contexto de incertidumbre global y de subida de los tipos de interés. Pese a ello, y tras la «intensa» recuperación de 2022, diez comunidades cerrarán ya este año con su nivel de PIB previo a la pandemia. En el caso de Euskadi, Funcas señala que el «favorable» posicionamiento estructural de la industria y de los servicios convertirán al País Vasco en una de las comunidades «más beneficiadas por los fondos europeos, impulsando su PIB significativamente». Por contra, la aportación de la actividad turística, pese a su «normalización» será escasa debido a su reducido peso en el PIB vasco. 

La actividad industrial cayó el 2% el pasado mes de enero en relación al mismo mes de 2022, según reflejan los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Respecto a diciembre, el índice de producción del sector cayó un 3%. El mayor descenso interanual se dio en la energía, que engloba también al refino de petróleo, cuya caída fue de del 17,9%. En el último año la producción de bienes de equipo, que incluyen la fabricación de vehículos de motor, locomotoras y material ferroviario, además de construcción aeronáutica y naval, subió el 1,6%. Los bienes de consumo aumentaron el 4,2% debido al incremento de los duraderos, que llegó al 8,6% e incluye muebles y aparatos domésticos. Los bienes no duraderos, relativos al procesado y conservación de alimentos, materiales de limpieza e higiene, productos farmacéuticos o confección de prendas de vestir aumentaron el 3,2%. El descenso se aprecia en la producción de bienes intermedios, que bajaron el 0,9%, mostrando una caída en el conjunto de la metalurgia, fabricación de productos metálicos, industria química y fabricación de caucho y plástico. Sectores de la industria vasca como la maquinaria y equipo tuvieron un crecimiento interanual del 7,1%; del 4,2% en la alimentaria, bebidas y tabaco; y del 3,9% en material de transporte. La energía eléctrica, gas y vapor cayó un 22,9%, y la madera, papel y artes gráficas retrocedió el 7,6%.

El sector vasco de la automoción agrupado en el clúster Acicae factura nada más y nada menos que 20.000 millones de euros. Así que cualquier paso en falso en la transición al coche eléctrico genera un vértigo que preocupa al Gobierno vasco y es que, como señaló ayer la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, «de aquí a 2035 queda poco tiempo». De este modo, Euskadi se suma a las dudas que expresaron con contundencia el pasado viernes Alemania e Italia –dos de los países más importantes en la fabricación de coches– a la hora de prohibir su venta cuando sean de gasolina o diésel a partir de 2035, como aprobó el pasado mes la Eurocámara. El mensaje de Tapia fue claro: apuesta por el vehículo eléctrico, sí, pero con más «flexibilidad». Este ser más elásticos con las fechas que planteó la responsable de la cartera de Industria del Ejecutivo autonómico sirve para acomodar los ritmos al desarrollo de la industria de la automoción y para dar respuesta a la necesidad de la instalación de puntos de recarga para los vehículos, todavía muy retrasada. En Euskadi hace falta todavía multiplicar por 20 los 735 puntos de recarga con acceso público actuales para llegar a los 15.000 que Anfac (la asociación de fabricantes de vehículos) ha fijado que se necesitarán en 2030. Un largo camino que, al ritmo actual –188 nuevos cargadores instalados en 2022–, requeriría una espera de hasta 75 años. Las ayudas activadas con los fondos europeos han dado un impulso a este capítulo y, según confirman fuentes del Gobierno vasco, se han resuelto 1.865 solicitudes para la instalación de estos puntos de recarga con un presupuesto total de 7,2 millones de euros.

Las empresas vascas cotizadas no están mal posicionadas en esta materia si se toma como referencia el 33% que establece la UE para 2026. De las trece firmas que hay en Bolsa, solo cinco están por debajo de ese umbral. Se trata de Neinor (11%), Dominion (27,3%), Iberpapel (30%), CAF (30%) y Gestamp (30,7%). Las otras ocho superan la cota del 33%, con Iberdrola a la cabeza, que roza el 43%. En conjunto, las trece cotizadas vascas suman 51 mujeres en sus consejos de administración sobre un total de 150 sillones, es decir, un 34%. Las empresas llevan tiempo haciendo un gran esfuerzo por elevar la presencia femenina en sus consejos, no solo por las recomendaciones de la CNMV, que fijaba el 40% como meta para finales de 2022, sino por una cuestión de imagen en un mundo cada vez más sensible con esta materia. No querían salir mal en la foto y para ello han recurrido incluso a ‘headhunters’ (cazatalentos) especializados en fichar mujeres preparadas para esos puestos, ya que se exigen currículos excelentes. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva hoy al Consejo de Ministros, un día antes de celebración del 8 de marzo, una nueva norma para impulsar la paridad en los centros de decisión de la esfera pública y privada. Con esta regulación quiere evidenciar su liderazgo en la materia, ya que pretende ir más lejos de lo que establece la directiva europea aprobada el pasado noviembre. El Ejecutivo no ha consultado el texto ni con la patronal CEOE ni con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que desde hace años establece las recomendaciones –no obligaciones– en este ámbito. La directiva europea impone objetivos para la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas, que se deben cumplir antes del 30 de junio de 2026. Ofrece dos alternativas a los Estados que deben transponerla a su legislación: una es que el 40% de miembros no ejecutivos del consejo sea «del sexo menos representado», y la otra es que se llegue al 33% de la suma total de sillones de ese órgano de gobierno, con independencia de que sean ejecutivos o no.

La presencia de la mujer al frente de las empresas vascas avanza, pero no al ritmo que sería deseable. Así se concluye de los datos ofrecidos ayer por la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED), que destacaron un aumento de su participación en los consejos de administración tras subir el año pasado del 19% al 22%. La presidencia de estos órganos está ocupada por mujeres en el 14% de las firmas de Euskadi, un punto más que en 2021, aunque sólo el 15% cumplen con la cuota fijada del 40%. El porcentaje de directivas sigue en el 24% y las directoras generales suben al 11%. «Creo que estos datos nos dan la razón de ser, de estar y de seguir trabajando en esta línea», celebró la presidenta de la AED Bizkaia, Isabel Iturbe, en un acto celebrado en la Torre Iberdrola, al que también asistió la presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo. En la jornada también participó la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, que defendió la igualdad en la empresa «como elemento de innovación, de calidad, de gestión avanzada y de mejora continua». Además, advirtió de que siguen asumiendo el 73% de las excedencias para cuidar de familiares dependientes. La diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, remarcó que el objetivo de la igualdad efectiva «sigue estando lejos» y las mujeres se encuentran «con que las condiciones para ellas no son las mismas cuando intentan alcanzar un puesto directivo». El encuentro finalizó con una mesa redonda en la que participaron el expresidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, la presidenta de la asociación de empresas consignatarias y estibadoras del Puerto de Bilbao, Virginia Navarro, y el director de Euskaltel y responsable territorial del Grupo Masmóvil, Jon Ander de las Fuentes.

El Consejo de Ministros aprobará hoy la tramitación de la ley de representación paritaria en los centros de decisión, que implicará la creación de listas cremallera en la ley electoral y la paridad, tanto en el Gobierno como en los consejos de administración de las grandes empresas, en los colegios profesionales y en los jurados de reconocimiento público. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó este fin de semana que “si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder empresarial”, tiene que visualizarse. Ayer mismo explicó en la clausura de la presentación del estudio El coste de la pobreza infantil en España que la importancia de esta nueva norma, “llamada a extender la paridad a todos los ámbitos” y que impulsa la presencia de las mujeres en puestos de dirección de las grandes empresas o de los colegios profesionales. El presidente valoró los pasos dados en las últimas décadas en esta línea por los Gobiernos progresistas que se ha traducido en que en cuatro décadas se haya multiplicado por 14 la presencia de la mujer en el Consejo de Ministros y por 7 el número de diputadas en el Congreso.

La Cámara de Comercio se une a la ofensiva de SEA Empresas Alavesas contra el Plan General. La institución que preside Gregorio Rojo constata también que el gran documento urbanístico no corregirá el déficit de suelo industrial y logístico que existe en Vitoria. Así que las dos instituciones irán de la mano y firmarán de forma conjunta la batería de alegaciones que van a arreciar hasta el 1 de junio. Ese día finaliza el periodo ‘de escucha’ habilitado por el Ejecutivo de Gorka Urtaran después de que PNV y PSE, con el apoyo de Elkarrekin Podemos, aprobasen inicialmente esta modificación del PGOU. Hace escasamente un mes. Con unas elecciones en ciernes y un largo periodo de espera (dos años) para que pueda ponerse sello definitivo a esta hora de ruta. El malestar empresarial lo desvelaba EL CORREO el pasado 17 de febrero. SEA avanzaba entonces su intención de contratar un servicio jurídico externo al que encargarle un informe técnico «pormenorizado» sobre este plan. El paso se formalizó el pasado martes. El mismo día que la concejala de Territorio, Ana Oregi, participaba en un acto informativo en la Cámara de Comercio. SEA se movía rápido. Mientras que la institución cameral (de la que forma parte) optó por dar un margen de cortesía. Esperó a conocer las explicaciones del equipo de Gobierno. Oregui ahondó en la regeneración de GamarraBetoño, en la previsión de recalificaciones en Miñano, en el impulso a los proyectos de Mercedes y Michelin... pero la imprevisión de más suelo público industrial y logístico en Júndiz (el foco de las críticas empresariales) se quedó sin respuestas convincentes. Así que pocas horas después el equipo de Rojo redactaba un informe para fijar la posición oficial de la institución. 

17 startups, empresas de reciente creación que utilizan alta tecnología, trasladaron su sede fiscal a Bizkaia el año pasado, y otras 8 lo han hecho en lo que llevamos de 2023. Se trata en su mayoría de pequeñas firmas, aunque se estima que sus posibilidades de crecimiento –y de facturación– son muy considerables, con todo lo que eso puede suponer para la creación de empleo y el pago de impuestos. La principal razón de la mudanza de todas ellas es la misma, según la Diputación: las «ventajas» fiscales que ofrece el territorio. El Gobierno foral tiene puesto el foco desde hace unos años en la necesidad de atraer talento, profesionales de renombre, y especialmente firmas tecnológicas. Se trata de un sector al alza sobre el que, cree la Diputación, debe pivotar el tejido empresarial del futuro. El plan es ambicioso porque aspira emular el ‘efecto Guggenheim’, que tornó Bilbao de una urbe industrial a una de servicios. Además de atraer turistas, ahora se trata de que Bizkaia sea también una meca de las startups, el Sillicon Valley europeo. ¿Y cómo se consigue eso? Aprovechando las ventajas del Concierto Económico y ofreciendo deducciones, entre otras, en el Impuesto de Sociedades. Un cambio fiscal aprobado por las Juntas Generales la década pasada. Esta es la razón, junto a la simplificación de los trámites y la «relación con el ecosistema empresarial que se fomenta», que está detrás de la llegada de las 25 startups. Otro argumento de peso es el cultural. La mayor parte de las firmas provienen de Argentina, Chile y Colombia, y utilizarán Bizkaia como «puerta de acceso al mercado europeo». Buena parte del resto son escandinavas, y aspiran a hacer el camino inverso para ‘saltar’ el Atlántico. «Nos hemos convertido en un puente», resumió ayer Olatz Goitia, directora de Beaz, la sociedad foral de apoyo al emprendimiento dependiente del Departamento de Promoción Económica.

La Comisión de Diálogo Social de la patronal CEOE presentó ayer una enmienda a la totalidad de la propuesta sindical para la negociación colectiva de 2022, 2023 y 2024, que CCOO y UGT publicaron la semana pasada. Los empresarios rechazaron el planteamiento de los sindicatos de una subida de los salarios en un 5%, en 2022; un 4,5%, en 2023, y un 3,75%, en 2024. Según las distintas fuentes empresariales, para empezar, la CEOE da por amortizado 2022. Esto quiere decir que no va a negociar un incremento del 5% con efectos retroactivos. Y, menos, cuando la negociación colectiva cerró 2022 con una subida salarial pactada del 2,8%. Por el contrario, en función de cómo vayan las cosas, los empresarios podrían abrirse a negociar el aumento salarial de 2025. Los empresarios tampoco aceptan la propuesta de CCOO y de UGT de subir los salarios un 4,5% este año, y un 3,75%, en 2024. Más bien contemplan con preocupación que el Índice General de Inflación está en el 6,1%, y en el 7,7%, el indicador subyacente, con el descuento de los alimentos frescos y de los carburantes. Esto quiere decir que los empresarios piensan que los sindicatos pueden plantear cláusulas de revisión salarial muy elevadas para cubrir la diferencia entre el incremento retributivo pactado y la inflación real. Negativa rotunda pues a aceptar la propuesta de los sindicatos de restaurar una cláusula de garantía del poder adquisitivo para los trabajadores.

El revés del Covid ha dejado en España cicatrices mucho más profundas que en el resto de países de la eurozona. Es el único en el que la actividad todavía no se ha recuperado y un vistazo a la evolución económica por regiones da el porqué: según Funcas, la recuperación de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Extremadura llegará más tarde de 2023, mientras que el resto de regiones lo hicieron el pasado año o lo harán este. “Todas las comunidades se desacelerarán en 2023 como consecuencia del impacto de la inflación en la capacidad de compra de las familias”, subraya el informe de la entidad de estudios, que también señala que “el principal motor de crecimiento procederá del estímulo de los fondos europeos y de la normalización de la actividad turística”. España, por su parte, cerrará el año con un crecimiento del PIB del 1,3% y una tasa de paro del 12,3%.

Era la cifra más buscada, la equis oculta del paro no registrado. Y era también la principal incertidumbre que pendía sobre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien ha ido esquivando este dato como ha podido durante los últimos meses. Hasta hoy. En España hay 443.078 trabajadores fijos discontinuos que están inactivos. O sea, que no trabajan, pero que tampoco computan como parados en la estadística oficial. La cifra es una sacudida para el Gobierno en un momento de fuerte crisis interna y es también un torpedo en la línea de flotación tancredista de Díaz, la única ministra del ala morada que estaba quedando más o menos al margen de las polémicas del Ejecutivo. Y que ahora tiene sobre su mesa una cifra bomba casi imposible de desactivar: 443.078. Ésa era la cantidad total de fijos discontinuos inactivos al cierre de 2022, según ha reconocido el Gobierno en una respuesta parlamentaria a las senadoras populares Teresa Ruiz-Sillero y Ana Alós. La mayoría, 268.402, son personas que, además de no trabajar, estaban cobrando la prestación por desempleo. Precisamente, como cualquier parado «registrado», pero pasando bajo el radar de la estadística sin ser detectados. Otros 174.676 fijos discontinuos ni trabajaban ni percibían la prestación por desempleo. El paro ascendió a 2.837.653 personas al cierre de diciembre, último mes que abarcan los datos estadísticos aportados por el Ministerio de Trabajo a las representantes parlamentarias del PP. Si se les sumasen los 443.078 fijos discontinuos, el número de parados escalaría hasta los 3,28 millones. Es decir, un 15,6% más. Si sólo se incluyesen los que cobraban prestación, la cifra se quedaría en 3,16 millones. Un 11% por encima de lo publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Y, en ambos casos, por encima de la barrera psicológica –y electoral– de los tres millones.

El consejo de gobierno del BCE y el Banco de Pagos Internacionales son las privilegiadas atalayas desde las que Agustín Carstens (Ciudad de México, 1958) y Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971) han analizado los cambios económicos recientes. Antes de que el mexicano recoja en Madrid el Premio Rey Juan Carlos de Economía, dos de los banqueros centrales con más peso conversan, de forma telemática con CincoDías, dejando ver las horas de trabajo compartidas (Cos es presidente del Comité de Supervisión Bancaria del BIS) y su indisimulada inquietud ante la terca subida de la inflación. "Hay que descartar que nos vayamos a enfrentar a un periodo de elevada inflación. Esto es así por la determinación de los bancos centrales de hacer lo que sea necesario para evitar que se enquiste en tasas superiores al objetivo. Si podemos acabar otra vez en el periodo de baja inflación que teníamos antes, yo coincido con Agustín en que probablemente no. Hay elementos estructurales sobre los que existe incertidumbre, pero que pueden estar aquí para quedarse y que podrían generar de mayor inflación. No está claro que vivamos un proceso de desglobalización pero sí una cierta regionalización, acortamiento de las cadenas de suministro. Y en segundo lugar, tenemos la lucha contra el cambio climático; si se realizan, como debe ser el caso, incrementos de impuestos que generen cambios en los precios relativos para que esa lucha contra el cambio climático sea real, también pueden generar más inflación. [...] En todos los informes, los policy makers, por un lado, y el mercado, por otro, están comprando esa idea de que no volveremos a ese periodo de muy baja inflación ni tampoco a uno de alta, sino en torno a los objetivos..."

El Gobierno quiere pasar de las palabras a los hechos, y ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del Estado para que estudien todas las fórmulas normativas a su alcance para impedir el traslado de la sede fiscal de Ferrovial a Países Bajos. Una de las principales vías jurídicas que se barajan es vetar la absorción de la matriz española por la filial neerlandesa de Ferrovial, necesaria como paso previo al traslado de la sede, acogiéndose a la normativa antiopas extranjeras aprobada durante la pandemia. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio este fin de semana una pista sobre los planes del Ejecutivo al admitir que se estaba analizando si se puede actuar dentro del "marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos" establecido por la crisis de la pandemia del coronavirus. La ministra se refería a la normativa del blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo 'antiopas', que el Gobierno aprobó en 2020 para evitar que el desplome de la cotización de esas compañías fuera aprovechado por inversores extranjeros para tomar el control de las mismas a precio de saldo. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre la prórroga durante dos años más de esa normativa, hasta finales de 2024. Se trata de analizar si “se requiere una autorización explícita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario”, según explicó Ribera.

Los supermercados franceses han llegado a un acuerdo con el Gobierno de Emmanuel Macron para comprometerse a reducir sus márgenes con una lista de productos ‘antiinflación’ de primera necesidad, que tendrán el precio «más bajo posible», como explicó ayer el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, que aseguró que esta medida costará a las distribuidoras «varios centenares de millones de euros» en este trimestre. La iniciativa se queda a medio camino de lo que había propuesto el Gobierno galo, ya que finalmente serán los supermercados quienes tengan la libertad para definir sus propias cestas contra la inflación y no les vendrá impuesta. La primera idea de Macron era una lista completa de productos de primera necesidad y única para todas las grandes distribuidoras, pero después de semanas de intensas negociaciones se ha decidido darles más flexibilidad a las empresas. Eso sí, los productos elegidos por todos los supermercados llevarán una etiqueta común con los colores de la bandera francesa. Estos precios comenzarán a aplicarse en los próximos días y tendrán vigencia hasta el próximo mes de junio. «Será un dispositivo masivo, eficaz y protector», subrayó Le Maire en su comparecencia, en la que explicó que esta medida trata de «compartir» el coste que está teniendo la inflación para los franceses. Algunas cadenas como Carrefour o Intermarché ya lo han puesto en marcha con paquetes de 200 y 500 artículos a precios bajos. Serán los órganos antifraude los que controlarán que las empresas fijen el precio «más bajo posible» para los artículos seleccionados mediante la reducción de sus márgenes. Para ello, el Gobierno publicará las cifras de los márgenes de los agricultores, productores y distribuidores y así garantizar la «transparencia».

El primer ministro y su responsable de Interior, Suella Braverman, anunciarán este martes medidas más duras para aquellos que intentan poner un pie en el Reino Unido de manera irregular (“ilegal”, insiste en llamarlo el Gobierno británico, a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas). Todas las personas que lleguen a las costas de Inglaterra a bordo de las embarcaciones que cruzan clandestinamente el canal de la Mancha verán rechazadas por inadmisibles sus solicitudes de asilo. Y a diferencia de la legislación actual, que impone una prohibición de volver a entrar de entre cinco y diez años a aquellos que fueran expulsados del país por intentar acceder de modo irregular, el Gobierno de Sunak pretende que la prohibición sea de por vida. La nueva Ley de Inmigración Ilegal impondrá sobre quien ocupe el cargo de ministro del Interior la obligación de deportar a terceros países a todos los irregulares, “tan pronto como sea factible”, según las filtraciones y avances del texto que Downing Street ha proporcionado a distintos medios británicos a lo largo del fin de semana. “La inmigración ilegal no es justa para el contribuyente británico, como no lo es respecto a aquellos que llegan al país de modo legal. Y no está bien que permitamos que las bandas criminales sigan practicando este tipo de comercio inmoral [viajes clandestinos para inmigrantes]. Estoy decidido a cumplir con mi promesa de poner freno al flujo de pateras. Que no se equivoque nadie: si entran aquí de un modo ilegal, no podrán quedarse”.