20250616

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Una bonanza económica y un abaratamiento del despido que se han traducido en un mayor número de contrataciones, una lucha abierta contra los falsos autónomos y un envejecimiento demográfico que ha empujado a muchos negocios a echar la persiana vienen a justificar una caída progresiva de autónomos en el País Vasco. Sin embargo, lo cierto es que la trayectoria del territorio contradice al fenómeno que se viene produciendo en el resto de España. En los últimos 15 años Euskadi ha vivido una merma del 7,5% en sus trabajadores por cuenta propia. Según los últimos datos de afiliación, relativos a mayo, actualmente este colectivo suma 166.707 personas, 13.500 menos que en el mismo mes de 2010. Sin embargo, la estadística para toda España camina en dirección contraria. Allí su peso en el mercado laboral supera ya los 3,4 millones, una cifra que supone un incremento del 8,7%. Para la portavoz y secretaria general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA de Euskadi, Silvia Martínez, la fiscalidad vasca tiene mucho que decir. «El comercio y los servicios siguen de capa caída y uno de los principales problemas que vemos últimamente en este sector es la entrada de la factura electrónica ‘Ticket Bai’», apunta. Esta reforma foral, que ha desembarcado por provincias, podría estar precipitando la jubilación de muchos autónomos. «Pensamos que hay gente que podría haber mantenido su actividad durante unos años más porque era rentable, pero que ha decidido ponerle fin antes para evitarse todo este lío administrativo que no terminan de entender», valora Martínez. El tema les preocupa tanto que piden una interlocución con las administraciones vascas para alcanzar acuerdos en esta materia. «Esto es algo que todavía no ha afectado en España, pero en Euskadi lo ha hecho mucho», sostiene. Aunque esta transformación es reciente, lo cierto es que el comercio absorbe prácticamente la mitad de los autónomos perdidos en los últimos 15 años. Su cifra se ha reducido en casi 8.000 personas, hasta quedarse el pasado mes en 36.500.

El cero energético del pasado 28 de abril se ha cobrado más de 100 millones de euros de pérdidas en las refinerías de Repsol y Moeve (antigua Cepsa), según informan fuentes jurídicas consultadas. El del refino ha sido el sector más afectado en materia de daños por el blackout que dejó a oscuras a la península ibérica durante más de diez horas. Las dos mayores petroleras de España ya han hecho cuentas de cara a plantear las que, con toda probabilidad, serán las dos mayores reclamaciones por parte de empresas privadas. Las refinerías son engranajes altamente automatizados donde tienen lugar procesos químicos muy complejos. Aquel lunes, el apagón obligó a frenar de golpe sus sistemas y procesos, alterando e inutilizando para la venta grandes cantidades de producto y elementos de alto valor, como los catalizadores que se emplean para acelerar las reacciones químicas. Recuperar la actividad llevó entre tres y diez días. En algunos casos, la crisis eléctrica provocó incidentes durante el arranque; en otros, a lo largo de todo el mes siguiente. «La caída del sistema eléctrico afectó a los sistemas de seguridad, derivando en una parada no programada, que es lo peor que puede ocurrir en una refinería», exponen fuentes del ámbito industrial. El apagón impactó de forma desigual en cada complejo, en función de la situación de cada planta en ese momento. «No fue lo mismo para aquellas que, por ejemplo, tenían asfaltos en transformación cuando estalló el cero energético, que para otras donde ese proceso estaba vacío», explican fuentes técnicas. El apagón cortó la luz, pero también los ciclos de calor de las plantas, lo que forzó que algunos materiales se enfriasen de forma repentina. «Una condensación tan rápida causa daños en la maquinaria y estropea producto». La mayor damnificada ha sido Repsol, con cinco refinerías (La Coruña, Bilbao, Tarragona, Puertollano y Cartagena) que suman una capacidad de procesado de crudo de más de 40 millones de toneladas anuales. Inicialmente, la multinacional cifró el impacto en 50 millones de euros, pero con el paso de los días la factura ha crecido hasta rondar los 70 millones. 

Un gigante con los pies de barro. Así ha quedado expuesto el poderío español en energías renovables tras el gran apagón. El carácter intermitente de las tecnologías verdes y, en concreto de la fotovoltaica –que no desestabilizan la red, pero tampoco ayudan a estabilizarla–, ha puesto en la picota tras el cero energético a un sector que lleva reivindicando, desde mucho antes del 28 de abril, la necesidad de acelerar el almacenamiento con regulación, flexibilidad administrativa e incentivos que permitan a este tipo de plantas operar con mayor agilidad técnica y viabilidad financiera. Con 28.691 megavatios (MW) a cierre de 2024, la solar fotovoltaica es la primera tecnología en potencia instalada del país –generó el 22% de la electricidad el año pasado– y la segunda por detrás de Alemania entre los países de Entso-E (la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad). Sin embargo, el entusiasmo sobre estas cifras se enfría si se pone la lupa sobre la capacidad de almacenamiento de España, que se ha revelado como una de las grandes asignaturas pendientes de la hoja de ruta energética del Gobierno. A los argumentos económicos que ya venía aduciendo la industria –guardar electricidad renovable en las horas de mayor producción para inyectarla a la red en las de menos luz y viento con mayor demanda, lo que bajaría los precios–, se suma ahora el de la seguridad de suministro. El apagón ha puesto de manifiesto algunas de las debilidades estructurales del sistema eléctrico español, especialmente en lo que se refiere a su capacidad para integrar grandes volúmenes de generación renovable sin poner en riesgo la estabilidad de la red. La implementación de elementos de respaldo como baterías convertiría en firmes a tecnologías como la eólica y la solar fotovoltaica, que hoy por hoy son intermitentes. Pero el retraso español es palmario en comparación con otros países vecinos.

La Unión Europea (UE) puso en marcha hace cinco años los Next Generation. Cerca de 750.000 millones de euros para que la economía de los estados miembros pudiese resistir frente a la crisis derivada por la pandemia. Se ha hablado en numerosas ocasiones durante estos cinco años sobre los fondos, aunque hasta la fecha no se contaba con una cifra oficial de cuánto ha llegado a la provincia. Según los datos, este plan comunitario ha supuesto un impacto económico de 855,5 millones de euros para Araba en el último lustro. Dinero que sobre todo se ha aportado a las empresas. El 90,4% de esa cantidad (773,7 millones) se repartió entre 4.391 compañías de todos los sectores y así pudieron tomar aire, pese a las duras consecuencias del coronavirus. Sólo Mercedes-Benz ha recibido 267,4 millones para impulsar la construcción de la plataforma en donde se producirá el futuro modelo de furgoneta eléctrica (VAN.EA). JEZ Sistemas Ferroviarios, que tiene su sede en Llodio, ha obtenido 94,8 millones a través del mecanismo de recuperación y resilencia y EBA (Eraikuntza Birgaikuntza Artapena), por su parte, otros 30,5 para dedicarlos a la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. 27,6 millones han llegado a la fábrica de baterías Basquevolt, 20,2 a Amurrio Ferrocarril, otros 19,3 a Soluciones Tubulares, 14,6 a Yárritu, 9,7 para alegria-activity y ocho millones para la sociedad municipal de aguas de Vitoria, Amvisa. De lo que resta de fondos, hay 81,7 millones que han logrado las instituciones para sufragar proyectos propios. En la mayoría de los casos, las aportaciones comunitarias han servido para acelerar aspectos sobre los que se venía trabajando antes de que el coronavirus irrumpiese en Occidente y pusiese patas arriba nuestro entorno. Ahí se incluye el avance en el cuidado de las personas, la digitalización social y la transición ecológica que son los ejes sobre los que pivotaban los proyectos de Álava. «Toda crisis es una oportunidad para aprender, crecer, cambiar y reinventarnos», repitió el diputado general, Ramiro González, durante el confinamiento y apostó por afrontar un «cambio económico» que necesitaba avanzar en la digitalización de la provincia.

La plataforma «por el decrecimiento turístico» Bizilagunekin organizó la manifestación que ayer por la mañana recorrió el Centro de San Sebastián para protestar por el modelo turístico de la capital guipuzcoana. Tras una pancarta que pedía ‘¡Stop turistificación! Bertan bizi nahi dugu! (Aquí queremos vivir)’, medio millar de personas mostraron su rechazo por lo que consideran que es una industria turística «fuera de control». Los manifestantes portaron pancartas en las que también reclamaban viviendas más accesibles o pidiendo la ‘okupación’ de las que permanecen vacías. «Menos pisos turísticos y más viviendas para vivir» fueron otra de las reclamaciones de los participantes. La marcha partió desde el Paseo de la Concha con proclamas contra la «turistificación» y en favor de «viviendas dignas». La iniciativa contó con el respaldo de Stop Desahucios, Áncora, Eguzki, Ernai y LAB, entre otras organizaciones, colectivos ciudadanos y sindicatos que quisieron apoyar las consignas de los manifestantes, que denunciaron a lo largo del recorrido el impacto de la turistificación sobre la vida cotidiana en la ciudad. «Este modelo es insostenible. Necesitamos decrecimiento turístico. El turismo no puede seguir creciendo. Hay que cambiar las prioridades: poner en el centro las condiciones de vida de las personas. A las donostiarras: organicémonos y luchemos por poder vivir en nuestra ciudad», denunció esta agrupación a través de su cuenta de X. Según reivindica la plataforma Bizilagunekin, «la ciudad necesita un modelo habitable, centrado en las necesidades de quienes vivimos aquí, no en las del turismo descontrolado».  Asimismo, critican que «la turistificación de la ciudad se ha acelerado a un ritmo alarmante en los últimos años y los efectos nocivos de este modelo urbano específico sobre los residentes son cada vez más graves y notorios».

Los visitantes extranjeros volvieron ayer a ser la diana de las protestas contra el turismo de masas en varias ciudades españolas. Convocadas por la Red del Sur de Europa contra la Turistificación (SET) y respaldadas por algunos partidos de izquierdas, las manifestaciones, al igual que ocurrió el año pasado, estuvieron marcadas por la polémica de las pistolas de agua. Para evitar imágenes como las vividas el año pasado, los Mossos d’Esquadra frenaron la movilización de Barcelona antes de llegar a la Sagrada Familia, una zona especialmente concurrida por los visitantes de la ciudad condal, y donde en julio de 2024 los manifestantes decidieron disparar sus pistolas de agua contra los autobuses turísticos. Además de en Barcelona, las manifestaciones se celebraron en Palma, Ibiza, Mahón, San Sebastián, Granada, Santa Cruz de Tenerife y Málaga. Fuera de las fronteras de España, también hubo protestas en varios de los destinos más turísticos de Italia y Portugal. Las asociaciones convocantes consideran que las medidas puestas en marcha para frenar el turismo de masas no han sido suficientes. A su juicio, el modelo turístico es la consecuencia, y que el sur de Europa se ha convertido en “el parque de vacaciones del mundo”, lo que incide de forma directa en el encarecimiento de la vivienda en las ciudades más visitadas por los turistas internacionales.

Artículo de Estitxu Garai, Vicerrectora de Comunicación y del campus de Bizkaia de la EHU. "...Hasta ahora, el imagotipo institucional combinaba el icono de Chillida con la denominación completa Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea o, en ocasiones, con las siglas UPV/EHU. Sin embargo, esta estructura tan extensa no se adapta a las exigencias del entorno digital actual ni ofrece la versatilidad requerida para una aplicación efectiva en diversos canales. Contar con una identidad visual moderna, coherente y funcional no es solo deseable, sino imprescindible para garantizar la visibilidad y eficacia de la marca institucional en todos los formatos. Además de ello, la marca ‘UPV/EHU’ transmitía confusión. Es una marca dividida, ambigua y, en muchos casos, impráctica. La convivencia forzada de dos siglas generaba problemas de aplicación gráfica, dificultaba la comunicación en redes sociales y medios digitales, y no lograba crear una identidad compacta ni emocionalmente poderosa. A esto se sumaba un problema recurrente: en numerosas ocasiones, se referían a nuestra Universidad simplemente como ‘UPV’, lo que provocaba confusiones con la Universidad Politécnica de Valencia. Todos los indicadores señalaban que había llegado el momento de dar un salto adelante. Con la adopción exclusiva de ‘EHU’ como nombre de marca, la Universidad apuesta por una identidad breve, moderna y coherente, con gran capacidad de proyección... La decisión de actualizar la identidad de marca responde exclusivamente a criterios técnicos en materia de ‘branding’. En cualquier caso, si esta acción contribuye asimismo al cumplimiento de los objetivos recogidos en nuestros estatutos en relación con el fomento del euskera y la normalización lingüística, constituye, sin duda, una consecuencia positiva y coherente con nuestra misión institucional..."

Cerca del 40% de las empresas constituidas en España, 1,3 millones, no obtienen ingresos ni asumen ningún tipo de gasto. O, lo que es lo mismo, no presentan actividad. Así lo muestran los datos de la Agencia Tributaria, que ha detectado esta cifra después de una intensa campaña de cribado desde 2022. Sólo en ese año, el Fisco afloró más de 800.000 sociedades inactivas, a las que revocó el número de identificación fiscal (NIF) por no cumplir siquiera con sus obligaciones fiscales durante tres ejercicios consecutivos. Después de este intenso filtro, Hacienda retiró el número a unas 110.000 sociedades más entre 2023 y 2024. “Hay otras causas de revocación, pero esa es la principal”, reconocen fuentes de la propia AEAT. A estas más de 900.000 sociedades sin actividad a las que se retiró el NIF entre 2022 y 2024, se suman las 403.023 empresas que el año pasado presentaron tanto sus cuentas como la declaración del impuesto sobre sociedades, a pesar de no haber obtenido ningún tipo de ingresos. Esta cifra, destacan desde el Consejo General de Economistas (CGE), constituye casi un cuarto, el 23,61%, de los 1,7 millones de autoliquidaciones presentadas 2024, donde se declararon los resultados del ejercicio anterior. La cifra total de empresas inactivas podría ser incluso superior, teniendo en cuenta que, “a pesar de ser muchas menos que antes por la primera limpieza grande”, la Agencia Tributaria sigue retirando el NIF a decenas de miles de sociedades cada año. Por su radar sólo pasan aquellas que, “estando inactivas, ni siquiera presentan sus cuentas ni la declaración durante tres años seguidos”, explican. Por tanto, si se tratara de una cifra similar al promedio de los últimos años, el número de sociedades sin actividad podría ascender a 1,4 millones, el 43% del censo. Otros estudios estiman que el número podría ascender hasta los 1,6 millones, de los cuales 1,2 corresponderían a sociedades sin actividad que no presentan sus cuentas anuales ante el Registro Mercantil. En tal caso, se trataría de más de la mitad del total de empresas constituidas en España.

El Gobierno lanzará programas para renovar buques, helicópteros o carros de combate. La carrera por aumentar el gasto en Defensa ha comenzado y no hay tiempo que perder. Los gobiernos se han lanzado a incrementar su porcentaje del PIB destinado a Defensa y España anunció a finales de abril una inyección adicional para este año de 10.471 millones de euros, que permitiría cerrar 2025 con el ansiado 2% del PIB dedicado a gasto en materia de Defensa. El tiempo apremia y por eso el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el primer paso para poder ejecutar este presupuesto extra de casi 10.500 millones antes de que finalice el año. Se autorizó aumentar el techo de gasto del Ministerio de Defensa para lanzar los primeros doce de los 31 programas especiales de modernización (PEM) que se desplegarán en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. De estos fondos, alrededor de 6.000 millones irán a parar al sector de la Defensa, ya que se dedicarán a apoyar iniciativas en los ámbitos de las telecomunicaciones y la ciberseguridad, los equipos de Defensa y disuasión y también capacidades duales o de gestión de catástrofes naturales. Como una primera fase, el Consejo de Ministros dio luz verde al Ministerio de Defensa para aumentar su techo de gasto para el período 2026-2037 con el fin de financiar doce de los 31 programas recogidos en el plan. La intención es iniciar doce programas cuyo presupuesto total asciende a 15.635 millones de euros entre 2026 y 2037. Estas iniciativas, a su vez, contarán con una prefinanciación por importe de 6.237 millones de euros por parte del Ministerio de Industria y Turismo.

Después de cinco años al frente del grupo Renault, Luca de Meo anunció ayer que deja el cargo de consejero delegado y abandona el sector de la automoción. La propia compañía confirmó la inesperada noticia a través de un comunicado después de que el periódico francés ‘Le Figaro’ adelantara que el empresario italiano, que acaba de cumplir 58 años, se unirá como director ejecutivo al emporio del lujo Kering, propietario entre otras marcas de Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga. Este último extremo no fue sin embargo confirmado por De Meo, quien sí admitió que su futuro está lejos del mundo del motor. La marcha de Luca de Meo se hará efectiva a partir del 15 de julio, cuando se cumplirán cinco años exactos del desembarco del directivo en Renault procedente de Seat. Hasta entonces seguirá desempeñando sus funciones en la firma automovilística gala, según explicó la compañía. «Luca de Meo ha expresado su decisión de dimitir para asumir nuevos retos fuera del sector automotriz», confirmó el grupo. El Consejo de Administración, presidido por Jean-Dominique Senard, agradeció al ejecutivo «el giro y la transformación» que ha imprimido a lo largo de este lustro a Renault y anunció que ya se ha puesto en marcha el proceso para designar a un nuevo director general «sobre la base del plan de sucesión ya definido». «Bajo su dirección, nuestra empresa ha vuelto a tener unos cimientos sanos, cuenta con una impresionante gama de productos y ha reanudado su crecimiento», destacó Senard.

Telefónica, la empresa de telecomunicaciones que preside Marc Murtra continúa con el proceso acelerado de desinversión de activos en Hispanoamérica. En la madrugada del pasado viernes, la operadora española comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la venta de la totalidad de las acciones que ostentaba en Otecel (Telefónica Ecuador), representativas del 100% de su capital social. El comprador ha sido Millicom Spain, una filial del grupo Millicom, que está controlado desde hace agosto del año pasado por el magnate francés Xavier Niel, dueño del operador de telecomunicaciones Iliad, que tiene presencia, a su vez, en diferentes mercados europeos, especialmente Francia, Suiza y Polonia. La venta de la filial de Ecuador está valorada en 380 millones de dólares (unos 330 millones de euros al cambio actual), y el precio correspondiente está sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones. La operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de Telefónica, y su cierre está sujeto a condiciones como la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias. Telefónica Ecuador opera bajo la marca comercial Movistar y es el segundo operador móvil del país, con una participación de mercado cercana al 28% y una base de aproximadamente 5 millones de clientes al cierre de marzo de 2025. El gran dominador del mercado ecuatoriano es Claro, la filial del grupo mexicano América Móvil, que controla el 54% del mercado, mientras que el tercer operador es el grupo CNT que dispone de un 18%. ,

La transición energética marcada por Europa para ser neutros en la emisión de carbono en 2050 implica combinar un mix de energías renovables para sustituir las de origen fósil. Andalucía, segunda comunidad en potencial para producir gases renovables por sus residuos agrícolas y ganaderos, ha incorporado al biogás y al biometano en esta estrategia de descarbonización. Ambos se obtienen de la transformación de desechos biológicos, lodos de aguas residuales o residuos orgánicos y son una alternativa madura, que favorece el desarrollo rural y contribuye a la gestión de residuos, según se ha defendido en el foro Biometano, vector estratégico en la transición energética. A esa necesaria combinación de soluciones tecnológicas para conseguir energía limpia, segura y asequible y a unos ritmos adecuados, se refirió en la bienvenida Oliverio Álvarez, socio responsable de Regulación de Energía de Deloitte Legal. Biogás y biometano son una realidad, tecnologías maduras, competitivas y eficientes, tanto en la producción, como en la logística y el almacenamiento, dijo. “El biometano es un vector que se integra fácilmente en la demanda, no requiere inversiones adicionales, y es especialmente útil cuando hablamos de demandas estacionales”, resumió. En Andalucía, con 21 plantas de biogás que generan casi 34 MW, “el biogás y biometano van a ser dos vectores cada vez más importantes en nuestra estrategia”, aseguraba Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

La Comisión Europea ha abierto la mano para que los países gasten la mayor parte de los fondos europeos aprobados por la pandemia. En el caso de España, son 80.000 millones de euros en ayudas no reembolsables y otros 83.000 en créditos blandos. El Gobierno ha gastado el 40% del primero, pero apenas ha usado el segundo. Una salida que ofrece Bruselas es mover parte de ese dinero a defensa. También abre la puerta a pedir más subvenciones en lugar de préstamos. La Comisión Europea ha flexibilizado las reglas para lograr que se gaste la mayor parte de los fondos europeos aprobados por la pandemia. Son los recursos conocidos como Next Generation, que se articulan a través del plan de recuperación y que solo se desembolsan a cambio de conseguir unos objetivos de inversiones y reformas. Bruselas permitirá diversas fórmulas para agilizar y desatascar la ejecución de estos fondos, de los que España tiene asignados casi 80.000 millones de euros en ayudas no reembolsables y otros 83.000 millones en créditos. Una solución es moverlos a gasto en defensa, algo que ya ha hecho Polonia creando un vehículo de inversión con 5.000 millones. Al inyectarse el dinero en este instrumento financiero ya se considera que los recursos están ejecutados. También se podrán destinar a la unión espacial europea o a programas de conectividad segura por satélite.

Un análisis del ránking de las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil refleja el problema de escala que tiene el sector corporativo europeo. Hasta el puesto vigésimoquinto no se encuentra a la primera firma del continente, la compañía danesa farmacéutica Novo Nordisk. Y entre los 50 valores principales solo aparecen 6 nombres europeos más: La empresa de software SAP, la farmacéutica Roche, el fabricante de semiconductores ASML, la compañía de alimentación Nestlé y las firmas de lujo Hermès y LVHM. Los expertos apuntan a varias razones para justificar el escaso tamaño de las grandes corporaciones europeas, al menos comparado con el de los gigantes que dominan esa clasificación, en su mayor parte estadounidenses aunque también hay compañías asiáticas. Por un lado, los observadores hablan de la falta de un gran mercado europeo de capitales para financiar el crecimiento de las empresas consolidadas y el desarrollo de nuevas firmas. Por otro, apuntan al celo regulatorio de Bruselas, con una Comisión Europea a la que se achaca el dar prioridad a la competencia entre empresas y las bajadas de precio, más que a la obtención de escala global, vetando algunas grandes fusiones y adquisiciones (M&A, por su acrónimo inglés). Pero la pandemia del Covid y, más recientemente, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca han puesto sobre la mesa el riesgo que implica esa estrategia, ya que las interrupciones de las cadenas de suministro o las guerras comerciales pueden exigir a Europa depender de sus propias empresas para suministros esenciales.

El Gobierno y el PSOE, socios y oposición, contienen la respiración ante la incierta semana política que se avecina tras el seísmo provocado por el caso Cerdán. Una semana que pende, hoy, de que el dimitido secretario general de los socialistas cumpla su compromiso de entregar el acta de diputado que le privará del aforamiento –mientras no lo haga, sorteará un eventual registro de su domicilio– y de lo que resuelva la Ejecutiva del partido que presidirá Pedro Sánchez, con el foco puesto en si se activará la suspensión de militancia a la manera de lo que se hizo, con indicios más livianos en su contra, con el exministro José Luis Ábalos. No cabe esperar, sostienen fuentes de Moncloa, «grandes revoluciones» por parte de un presidente que medirá hasta dónde conserva el pulso la legislatura en la digestión interna de la crisis, en su compracencia en el Congreso de este miércoles que el PP pretende convertir en un infierno y en una ronda de conversaciones con sus socios de investidura, cada uno con sus propios intereses. Presidencia se adelantó ayer a la exigencia que iba a centrar el mitin previsto de Alberto Núñez Feijóo en Málaga y trasladó a los grupos de la Cámara baja que sí asistirá a la sesión de control del miércoles una vez que Emmanuel Macron ha suspendido la cumbre para la solución de los dos estados, Israel y Palestina, patrocina por Francia y Arabia Saudí en la sede de la ONU en Nueva York. Si no lo hace antes, será el hemiciclo donde el jefe del Ejecutivo reaparezca tras haberse recluido a coger aire en la finca que el Estado tiene en la localidad toledana de Quintos de Mora y después de la comparecencia en Ferraz del jueves aciago en el que el informe de la UCO destapó la presunta doble vida de su hombre de confianza –el segundo, antecedido por Ábalos– como comisionista de obras públicas amañadas.

Es el último de los audios de los grabados en secreto por Koldo García que la Guardia Civil ha incluido en el informe que ha acabado con Santos Cerdán. Son casi 40 minutos grabados de tapadillo por el asesor con su Iphone 12 Plus a las 13:22 horas del 23 de noviembre de 2023. El chófer y su todavía ‘jefe’, José Luis Ábalos, están en un bar, muy probablemente el del Congreso de los Diputados, haciendo balance de su trama criminal que parece acorralada, pero que ninguno de los dos da por muerta del todo. En esa fotografía fija –tres meses antes de que la operación Delorme en febrero de 2024 acabe detonando el ‘caso Koldo’- Ábalos y su escudero todavía no ha n tirado la toalla. Saben que es probable que sus mejores tiempos, con el Ministerio de Transportes convertido en una oficina 24/7 de mordidas, han pasado, pero el hecho de que Pedro Sánchez haya ‘rehabilitado’ al exministro tras su sorpresivo cese en julio de 2021, colocándole en un puesto de salida en la lista por Valencia, les da esperanza. En ese aperitivo de jueves previo a las vacaciones de Navidad en el bar de las Cortes, ambos se enfrentan con guasa a las preguntas mordaces de un camarero sobre cómo van las negociaciones con los «siete diputados» de Puigdemont para la investidura, para luego entrar en materia seria: preparan su venganza contra Santos Cerdán, al que acusan de haberle robado cientos de miles de euros, y ultiman su vendetta contra Víctor de Aldama, al que culpan de haberlos entregado a la UCO. Y todo ello, mientras fantasean con que Ábalos llegue a Bruselas, cobrando una pasta por no hacer nada. «Yo tengo dos móviles (con supuestos archivos comprometedores) de Santos… de todas las barbaridades… lo tengo ahí», le confiesa el exportero de prostíbulo al entonces todavía diputado del PSOE. «Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él… y te garantizo, y te garantizo que no… te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él», le dice Koldo a Ábalos. El ayudante y el exministro muestran su enfado porque, explica el exdirigente del PSOE, Cerdán se habría quedado «cuatrociento y pico» (mil) euros de una mordida que los dos comensales consideran que debería estar ya en sus bolsillos.

El del 23 de noviembre de 2023, tres meses antes de la operación en la que fue detenido Koldo García y por la que acabó imputado José Luis Ábalos ante el Supremo meses después, el exasesor aseguró a su jefe que había alcanzado un «trato» según el cual «Fiscalía» se «suponía» que iba a «archivar» en un plazo de «mes y medio o así» las actuaciones contra la trama que integraban Ábalos, García y el propio Santos Cerdán. «España es España, colega», le espetó el exportero al diputado, a quien garantizó que el carpetazo de la investigación, que obviamente nunca llegó a materializarse, incluía «informes favorables» sobre las actividades del propio Ábalos y miembros de su familia investigados, como su primogénito Víctor o su ya exmujer Carolina Perles. Según Koldo, el archivo de las actuaciones de Anticorrupción se iba a producir a pesar de que la UCO había hecho «informes» sobre «todo Dios». «Tiene guasa la cosa… muy bien lo he hecho para que encima Santos y tú (por Ábalos) estéis fuera y yo me quede en ésta», se vanaglorió el exasesor solo tres meses antes de ser detenido en la 'operación Delorme'.

El 26 de junio de 2015, el entonces exconcejal socialista en Huarte (Navarra) Koldo García y su amigo el empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso formalizaban ante notario la creación de Noran Sociedad Cooperativa Pequeña, con sede en San Sebastián, para la “gestión y administración de la propiedad inmobiliaria”. Menos de tres meses después, el 4 de septiembre, Alonso, que ha llegado a acumular cargos en una quincena de sociedades, constituía con el capital mínimo, 3.000 euros, una pequeña empresa, Servinabar 2000 SL, de la que era único accionista y administrador. El objeto social de la misma era más amplio que el de la cooperativa y abarcaba desde “la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos” hasta la “lectura de contadores” o la “organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”. Años después lo cambiaría por el de “elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”. Hoy, una década después de su creación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa ambas sociedades como supuestas tapaderas en sus primeros pasos de la trama en la que están presuntamente implicados tanto Koldo García como los que fueran secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El informe de la UCO sobre la red de corrupción que anidó durante años en el Ministerio de Transportes, las vincula con el presunto amaño de, al menos, dos obras en aquellos primeros años en la Comunidad Foral de las que resultó beneficiada Acciona Construcciones. El primero de los contratos fue el llamado proyecto Mina Muga para la apertura de una explotación de potasa en Sangüesa (Navarra), a finales de 2015, tan solo dos meses y medio después de que el socio de Koldo García constituyese la segunda empresa.

Pese a que Donald Trump aseguró ayer que llegarán «pronto a un acuerdo», Israel intensificó sus ataques sobre Irán y, como anunció el ministro de Defensa, Israel Katz, se centró en la capital para cumplir la amenaza de que «Teherán será Beirut». Tras una noche marcada por el lanzamiento de 80 misiles iraníes, la muerte de al menos 11 civiles israelíes y una gran destrucción en Bat Yam, al sur de Tel Aviv, la venganza llegó en forma de ataques aéreos que fueron mucho más allá del programa nuclear y con coches bomba que sembraron el terror en una Teherán en estado de pánico y donde asesinaron a más científicos. Hongos y más hongos de humo salieron desde los puntos atacados en la ciudad, que incluyeron ministerios como el de Interior y el de Telecomunicaciones, cuarteles de la Guardia Revolucionaria, el aeropuerto de Mehrabad y comisarías de Policía, todos ellos situados en una urbe donde viven quince millones de personas. Los israelíes atacaron también Tabriz, Isfahán, Kermanshah o Mashad, en plena frontera con Afganistán, demostrando una enorme superioridad aérea. Ante la brutalidad de los ataques, que en 72 horas dejan ya más de 400 muertos y 600 heridos, según datos no oficiales, las autoridades iraníes se plantearon cerrar el estrecho de Ormuz –punto clave para el tráfico de petroleros– y pidieron a la población que buscara refugio en escuelas, mezquitas y estaciones de metro. En Teherán no hay refugios en las casas.