20250628

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La Confederación Empresarial Vasca, Confebask, ha apoyado los 24 documentos propuestos en la reunión de la Mesa del Pacto de Salud, de forma que se adherirá al acuerdo y continuará en la fase de seguimiento. La Mesa de Salud se ha reunido desde las diez de la mañana de este viernes en Bilbao, en la jornada de la tercera fase de los trabajos, la de las líneas estratégicas, tras una primera fase de diagnóstico y una segunda de principios y valores. En la primera parte de la sesión se ha procedido a la votación de los 24 documentos de líneas estratégicas en distintas materias, mientras que la segunda parte se ha dado a conocer la voluntad de cada agente de la Mesa para continuar en la cuarta fase, la de seguimiento. Según han informado a Europa Press fuentes de la patronal vasca, la representación de Confebask ha votado a favor de los 24 documentos planteados en el encuentro. Además, ha precisado que firmará el Pacto de Salud y continuará en la siguiente fase, la de seguimiento del acuerdo.

La colaboración con el sector privado y la política lingüística provocan el mayor rechazo. Una treintena de agentes —partidos políticos, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, representantes empresariales, universidades...— votaron ayer las 24 ponencias elaboradas por otros tantos grupos de trabajo. Como era de esperar, los dos documentos con mayor número de rechazos fueron el que desarrolla la colaboración entre la sanidad pública y la privada y el de la política lingüística. El primero salió adelante con 20 votos a favor y seis en contra; el segundo, con 18 y cinco. Entre otras cosas, se ha rechazado la propuesta de la UPV/EHU de elevar los requisitos lingüísticos al personal médico de un B2 a un C1. En cualquier caso, se da una paradoja: mientras todas las líneas de trabajo han salido adelante con mayoría abrumadora, se ha resquebrajado el respaldo al Pacto de Salud en su conjunto. Sólo lo apoyan de forma explícita PNV (que, en una nota del EBB, lo calificó de «histórico»), PSE, PP, los colegios profesionales, las tres universidades vascas y Confebask. Sin embargo, Satse, el Sindicato Médico, LAB, CC OO, UGT y Sumar rechazaron firmar el documento final, por lo que no estarán presentes en la comisión de seguimiento que, a partir de abril del próximo año, evaluará las medidas que se vayan implementando. ELA tampoco, ya que renunció desde el principio a participar en el foro. Y luego está EH Bildu, que ha firmado el documento pero mantiene una actitud crítica. Según explicó su representante en la mesa, Rebeka Ubera, han suscrito el acuerdo por «compromiso con la ciudadanía» y para fiscalizar la acción del Gobierno vasco. Sin embargo, fuentes de la coalición aseguran que rechazan el acuerdo global porque no se ha abordado en profundidad la relación de Osakidetza con la sanidad privada. Se trata de un elemento nuclear que influye en todas las líneas estratégicas.

El Gobierno insiste en que los contratos con la red privada ascienden a 300 millones de euros, el 5,6% de su presupuesto, lo que, dice, convierte al vasco en uno de los sistemas sanitarios menos privatizados de Europa. El proceso que puso ayer punto y final a la fase de diagnóstico y elaboración de las propuestas para mejorar Osakidetza dejó fuertes contrastes. Por un lado, todas las líneas estratégicas fueron aprobadas por amplia mayoría. Pero, al mismo tiempo, el Departamento de Salud no logró concitar un gran acuerdo social y político que respalde su hoja de ruta, pese a que hubo unanimidad en el diagnóstico elaborado hace diez meses. Todos los sindicatos salvo SAE (la octava fuerza en las últimas elecciones), además de Sumar, rechazaron el pacto. Por tanto, no participarán en la mesa de seguimiento que fiscalizará la implementación de las medidas acordadas. EH Bildu, por su parte, se mueve en un complejo equilibrio: estará en ese foro pero también se opone al acuerdo. La razón principal de esta falta de consenso es la relación de Osakidetza con la sanidad privada. La ponencia que ha analizado esta materia aboga por realizar un inventario y una evaluación de todos los contratos, conciertos, convenios, subvenciones... con operadoras privados. Aquellos servicios que sean clasificados como críticos o estratégicos deberán ser provistos «directamente» por el sistema público. La filosofía es «reforzar y modernizar» el sistema «priorizando la prestación del servicio mediante medios públicos y propios». Se concertarán servicios «siempre dentro de unos límites máximos que no superen el porcentaje actual destinado a la colaboración público-privada» y «cuando pueda suponer un valor añadido».

Jainaga no aterrizará en la propiedad de Talgo antes del mes de octubre de este año. Así lo señalan diversos agentes que participan en las negociaciones. Y no es un problema de voluntad política. Todo lo contrario. La determinación de los gobiernos central y vasco se ha convertido en garantía para asegurar que el consorcio vasco –formado por el industrial, el Ejecutivo autonómico y las fundaciones BBK y Vital– acabe adquiriendo al fondo Trilantic su participación dominante en la empresa, tal y como firmaron en el preacuerdo del 14 de febrero. Pero esa operación por la que Trilantic percibirá 156 millones –ampliables a 183– está condicionada a resolver la situación financiera de Talgo, con más de 400 millones de deuda, agravada por la multa de Renfe de 116 millones por los retrasos en las entregas de los trenes Avril. Eso es condición imprescindible. El pasivo del fabricante y la multa –a pagar en siete años desde 2031– pesan en la refinanciación global y los bancos piden más. Ahí entra la Sepi, con la que se negocia un préstamo participativo convertible. Es decir, con unos intereses que fluctuarán en función de los beneficios de Talgo y cuya garantía se pueda ejecutar con la entrada del organismo estatal en la empresa a través de la adquisición de acciones. La operación es compleja y fuentes cercanas a los asesores explican que debe esquivar un trato de favor del Gobierno que pueda entenderse como ayuda de Estado. 

Se mantiene la incertidumbre sobre ‘el contrato del siglo’ de CAF con Belgica. El consejo de administración de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Bélgica (SNCB/NMBS) debía adoptar ayer una decisión sobre si mantenía a la empresa constructora de trenes guipuzcoana como socio preferente para adjudicar, por un valor de 1.695 millones, un contrato para renovar la flota nacional de trenes eléctricos que podría oscilar entre cien y doscientos vehículos. Pero pospuso la decisión. Lo bueno para el fabricante beasaindarra es que SNCB sigue considerando que es la mejor oferta. En el lado negativo, la decisión de posponer la decisión evidencia que pesan las presiones políticas en Bélgica tras el recurso de la firma francesa Almstom, con dos importantes plantas en el país (Charleroi y Brujas). El Consejo de Estado de Bélgica falló a mediados de abril que la sociedad pública del país debía justificar mejor la elección de CAF como socio preferente, por encima de la gala Alstom, y hablaba de falta de transparencia. Pese a que las conclusiones técnico-jurídicas de la SNCB siguen respaldando a la firma guipuzcoana, la sociedad belga señaló ayer en un comunicado que su consejo de administración ha revisado «los documentos presentados y las respuestas de la dirección a las observaciones del Consejo de Estado». Pero de momento, no hay la deseada fumata blanca para CAF. La nota del SNCB reza que «el consejo de administración tomó nota de los elementos de motivación adicional del expediente sobre los que tomará decisión en su próxima reunión», en lo que parece una alusión a las presiones políticas y sindicales que esta sufriendo. El contrato supone la construcción de entorno a 180 trenes que pueden terminar siendo el triple, casi 600 unidades a cambio de 3.400 millones. Un pastel muy goloso que las plantas belgas no quieren que se escape hacia la firma guipuzcoana y en el que entran ya factores ajenos a los meramente técnicos.

Lascaray, la empresa que fabrica los productos LEA, ya tiene una nueva nave desde donde afrontará su reconstrucción tras el «gravísimo» incendio que hace justo una semana dejó «irrecuperable» su planta del número 78 de la calle Portal de Arriaga, en Vitoria. La firma alavesa, la más longeva de Euskadi con 202 años de historia, ha informado este viernes de que ya ha «localizado» un nuevo pabellón de 13.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Gamarra. Desde la calle Eskalmendi, «a finales del tercer trimestre, aproximadamente, podría reiniciarse la producción de manera temporal y a falta de que se construya la nueva fábrica; cuya ubicación todavía está por determinar», avanza la compañía. Sobre la mesa tiene la oferta que hace unos días le llegó desde el Ayuntamiento de Vitoria. En un encuentro mantenido con la alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE), el Consistorio ofreció a la gerencia de la compañía, célebre por sus productos cosméticos y de higiene personal, una parcela de grandes dimensiones en Júndiz, el mismo polígono desde el que distribuyen sus artículos.  En concreto, este terreno estaría ubicado en el oeste del sector 21, situado en la zona más cercana al pueblo de Margarita. Allí, recientemente, el Ayuntamiento decidió reagrupar parcelas a fin de obtener cuatro grandes solares con capacidad de 70.000 metros cuadrados para atraer a compañías grandes.

Un «proyecto estratégico promovido por Mercedes» ocupará la planta baja del edificio de Azucarera, gestionado por Sprilur. El centro dedicado a acoger empresas en régimen de alquiler –muchas de ellas 'startups'– abrirá así el nivel más inferior de este edificio, que es parte del patrimonio industrial de Euskadi, a la multinacional alemana. Los planes de la compañía todavía son una incógnita, pero lo cierto es que Sprilur ha notificado por escrito a los inquilinos que se encuentran en esa zona del bloque que deben abandonarlo de forma paulatina. En esa planta baja se ubican compañías como Ayesa (la antigua Ibermática), la vitoriana Stansol y los incipientes proyectos de Hazigune, el semillero de empresas de Ajebask, que ya ha decidido en asamblea mudarse al barrio de San Martín. Hay, además, otros locales vacíos.

Iberdrola, la mayor energética española por clientes de electricidad y por tamaño en Bolsa, anunció ayer el lanzamiento de la comercializadora Niba. Nacida como start up totalmente digital, online y basada en la inteligencia artificial (IA), Niba (niba, sin mayúsculas, según su logotipo), es una revolución comercial para Iberdrola y para el sector eléctrico. Es la primera vez en sus más de cien años de historia que Iberdrola utiliza una marca distinta en España para comercializar servicios energéticos. Y es la primera vez que Iberdrola ataca de lleno el segmento de las comercializadoras de bajo coste, o low cost. Aunque los nuevos entrantes han conseguido arañar apenas unos puntos porcentuales de cuota de mercado a las grandes eléctricas, permanentemente están haciendo campañas que marcan la pauta comercial del sector. Es el caso de grupos como Octopus, Visalia, Nufri, HSC, MIW, Clearview, VM, Imagina y Estabanell, por citar algunas de las decenas de nuevas empresas que han aparecido en los últimos años. A esta riada de nuevos entrantes se une la cada vez más agresiva estrategia de otros grandes grupos energéticos en el sector eléctrico. Repsol se hizo con la low cost Gana Energía, compañía que en sus orígenes fue similar a lo que ahora pretende ser Niba. Naturgy (rival del Iberdrola) se ha aliado a Moeve (gran rival de Repsol) para comercializar ofertas conjuntas de luz, gas e hidrocarburos.

En pleno ‘boom’ de la industria armamentística después de que la Unión Europea anunciara el plan de rearme a finales de marzo y después de que los países pertenecientes a la OTAN acordaran hace días su compromiso para invertir el 5% de su PIB en defensa, la compañía vasca Sener anunció ayer un acuerdo de colaboración con la empresa armamentística alemana Diehl Defence para desarrollar sistemas futuros para el FCAS, tecnologías de remote carriers (drones de combate que se lanzan desde aviones), vehículos terrestres no tripulados y misiles hipersónicos. Ambas empresas familiares suscribieron el acuerdo mediante un memorando de entendimiento durante la 55ª edición del Salón Aeronáutico Internacional de París-Le Bourge –celebrado del 16 al 22 de junio– para la colaboración estratégica en tecnologías clave que forman parte de las carteras de productos de ambas compañías. Durante la firma del memorando de entendimiento, Rafael Orbe, director general de Defensa en Sener, declaró que se trata de «un paso adelante en nuestra larga historia de colaboración y confianza mutua, abriendo nuevas oportunidades de cooperación que fortalecerán la relación entre Diehl Defence y Sener».

Astilleros Murueta botó ayer en sus instalaciones de Erandio un nuevo buque de suministro construido para el armador vasco Mureloil y destinado al transporte de nuevos combustibles. El grupo industrial comenzó a construir el Bahía Candela, nombre que recibe esta embarcación, en junio de 2024 y será entregado el próximo año. El quimiquero dispondrá de 12 tanques con una capacidad cercana a los 8.000 metros cúbicos para el abastecimiento de combustibles como metanol, etanol y otros biocombustibles, y llevará a cabo su actividad en Algeciras. Se trata de la construcción número 333 de Astilleros Murueta, donde destacan que este nuevo buque afianza su apuesta por «por los diseños tecnológicamente avanzados».

La factura eléctrica puede suponer entre un 15 y un 40% de los costes de producción que deben afrontar las empresas, un gasto clave que hace imprescindible la firma de los contratos PPA (Power Purchase Agreement) que garantizan un precio fijo a largo plazo en el acceso a la potencia energética. «El precio de la energía te puede dejar fuera del mercado», manifestó el director general del Ente Vasco de Energía EVE, Mikel Amundarain, en el último encuentro del ciclo Mundo Futuro organizado esta semana por El Correo con el apoyo del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia, la Fundación BBK e Iberdrola. Mikel Amundarain EVE «Los retos actuales necesitan una mayor capacidad y una mayor cobertura». David Martínez, de Iberdrola «Quienes firmaron estos acuerdos no sufrieron igual la crisis por la guerra de Ucrania». Jagoba Hernández, de Tubos Reunidos «Los contratos PPA nos dan estabilidad y nos permiten lanzar productos sostenibles». Javier España, de Eroski «Para ser más competitivo hay dos claves: comprar energía de forma barata y consumir menos». Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola Energía España destacó la necesidad de unas redes capaces de distribuir toda la energía que se está generando. Se trata de un aspecto en el que, como reivindicó Martínez, «nos lo estamos jugando todo». «Nos jugamos la competitividad y la seguridad nacional», advirtió, apuntando que en el contexto geopolítico actual esto se vuelve cada vez más evidente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) anunció ayer que otorgará 7,48 millones a seis proyectos vascos de fabricación de equipos y componentes esenciales para el desarrollo tecnológico e industrial de las renovables. Los seis seleccionados son los vizcaínos Hydrogen Onsite y Haizea Bilbao, los guipuzcoanos Arizaga, Bastarrica y Compañía, Haizea Wec Mecanizado, Fihi Forging Industry y Bihar Batteries y el alavés Haizea Wec Fundicion.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el de Álava, Ramiro González, y la de Gipuzkoa, Eider Mendoza, celebraron ayer una reunión de trabajo con la cúpula directiva del Círculo de Empresarios para analizar, entre otros asuntos, la letra pequeña de la reforma fiscal que el PNV y el PSE aprobaron recientemente en las Juntas Generales con el apoyo de Podemos y que busca, en opinión de las diputaciones, dar un alivio a las rentas bajas y medias sin perjudicar el exceso a la empresa. En el encuentro también participaron las diputadas de Hacienda de los tres territorios.

La Fundación Urbegi celebró el jueves, en la Sala BBK, la cuarta edición de la Gala de entrega de los premios ‘Lo Imposible’, unos galardones que reconocen las trayectorias de personas que, perteneciendo a colectivos en situación de vulnerabilidad, han logrado la inserción laboral gracias a su espíritu de superación. El acto, conducido por la actriz y humorista Gurutze Beitia, contó con las intervenciones de Javier Larrañaga, presidente de la Fundación Urbegi; Mikel Pulgarín, portavoz del jurado e Ishaq Akond, líder del desafío del Karakórum. Los premios ‘Lo Imposible’ fueron concedidos a Lorena Cáceres Aldana, víctima de violencia de género durante más de 25 años; Mouhamadaou Mansor Fall, ciudadano senegalés que emprendió su viaje hacia el archipiélago canario en cayuco, atravesando la peligrosa ruta migratoria del Atlántico y Marian Andrés Acha, mujer con parálisis cerebral, una discapacidad que le ha limitado sus oportunidades laborales. Además, se hizo entrega del galardón ‘Memorial José Javier Arteche Saria’ a la empresa Haizea Wind Group, en reconocimiento a su compromiso con la contratación de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. El premio fue recogido por Rodrigo Martos y Asier Icaza. Los galardones fueron entregados por el ciclista Iban Mayo, la actriz y directora Itziar Lazkano, y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe. El premio ‘Memorial José Javier Arteche’ fue entregado por el CEO y presidente de Arteche, Álex Artetxe.

La administradora de la EPSV Gallarta, que gestionaba las aportaciones de 1.700 vecinos de Abanto para sufragar sus gastos de decesos, vacío prácticamente la cuentas de la entidad y ha dejado a los asociados, muchas familias de toda condición de la zona, en una intensa incertidumbre sobre qué ocurrirá cuando necesiten unos servicios que llevan años o décadas pagando. La gestora se habría apropiado presuntamente de 600.000 euros –de un patrimonio total de 650.000– que desvió fraudulentamente y mediante el uso de documentación falsa habría vaciado por completo las arcas de entidad de previsión social voluntaria. Los movimientos sospechosos fueron detectados por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, que depende del Banco de España, al rastrear transferencias sospechosas. Tras alertar a la Ertzaintza, la Policía vasca informó al Gobierno autonómico, que intervino la entidad, tal y como informó ayer el Departamento de Hacienda. Las EPSV de decesos son una tipología menor del entramado de previsión social de Euskadi, pero muy arraigadas en algunas comarcas como ocurre en esta zona minera. En total hay 29 mutuas que destinan las aportaciones de los socios, no a complementar la pensión, sino a hacer frente a los gastos de entierro y funeral tras el fallecimiento. La de Gallarta fue creada en 1993, era privada y acogía a familias del municipio de Abanto. Sus orígenes se incardinan en las hermandades y en el movimiento civil por el que los vecinos se asociaban para hacer frente a los gastos de deceso, que en la actualidad fácilmente pueden superar los 7.000 euros.

Las 250.000 familias vascas con una hipoteca variable y mixta miran de reojo a los diferentes conflictos que acontecen en el mundo ante el temor de que el euríbor –principal indicador al que están referenciados los créditos sobre vivienda a tipo variable o mixto– vuelva a subir como ya ocurriera tras la guerra de Ucrania y las distintas disrupciones que han azotado a la economía en los últimos lustros. No obstante, los más de 250.000 hipotecados vascos de momento respiran tranquilos. Y es que en un contexto marcado por la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas — como el reciente recorte de tipos del Banco Central Europeo, el conflicto entre Israel e Irán o el incremento del gasto militar pactado por la OTAN—, el euríbor se mantiene estable y cerrará junio prácticamente con el mismo guarismo de mayo (2,08%), cerca de bajar de la barrera del 2%. Esta contención del principal indicador hipotecario se traduce en un notable alivio para las familias vascas con préstamos a tipo variable, que verán reducidas sus cuotas mensuales en unos 130 euros y más de 1.550 euros al año. La caída interanual es de punto y medio punto porcentual –pasa del 3,650% al 2,08%– y representa uno de los mayores recorte desde diciembre de 2009. Si recurrimos al simulador de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el ahorro mensual de un guipuzcoano que deba revisar su préstamo, por ejemplo a 25 años, con este indicador que está a punto de cerrar junio, aplicando un diferencial de euríbor +1 –y por un importe promedio que ronda los 150.000 euros en el territorio–, la cuota mensual arrojará un descenso de 129 euros. Eso, llevado a todo un año, supone más de 1.548 euros, aunque la cuantía final siempre dependerá del calendario de revisión del crédito y del diferencial que tenga comprometido cada ciudadano con su banco.

Un año después de que Imanol Pradales fuera investido lehendakari y arrancase la legislatura, el Parlamento que surgiría ahora en el caso de que hubiera elecciones en Euskadi sería muy similar al que se configuró tras los comicios de 2024. Al menos, según los datos que ofrece el último Sociómetro del Gobierno vasco. Empate a escaños entre el PNV y EH Bildu y mayoría absoluta de los jeltzales con el PSE. Pero a partir de ese guion principal aparecen varios matices. La encuesta se realizó entre el martes y el viernes de la semana pasada y se entrevistó a 3.030 personas. El estudio se llevó a cabo en plena tormenta desatada por el ‘caso Cerdán’, que ha dejado muy tocado a Pedro Sánchez y que ha puesto en una situación muy complicada al conjunto del Partido Socialista. Los datos señalan que un año después de que Pradales llegase a Ajuria Enea se mantiene una dura batalla política entre el PNV y EH Bildu. De hecho, los dos refuerzan su hegemonía en un Parlamento donde las dos fuerzas nacionalistas tendrían casi el 75% de los asientos a repartir. La fotografía que ofrece el estudio realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno muestra a un PNV y a un Pradales que cogen aire y ven consolidarse su posición. No solo ganan los jeltzales un escaño al pasar de 27 a 28, sino que suben nueve décimas en intención de voto. Su crecimiento se sustenta en Álava, territorio en el que logra esa acta extra a costa de Sumar, que desaparece del mapa. No solo eso. También crece alrededor de tres puntos respecto a los comicios de 2024, cuando el cabeza de lista fue un desconocido Joseba Díez Antxustegi, ahora consolidado como portavoz en el Parlamento vasco. En Bizkaia sube un punto y en Gipuzkoa repite resultados.

Después de tres meses consecutivos de moderación, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha vuelto a repuntar en junio, hasta situarse en el 2,2% interanual, dos décimas más que en mayo, según el dato avanzado ayer por el INE. ¿Los culpables? A falta del desglose de los datos, que se publicará a mediados del mes que viene, el renovado encarecimiento de los carburantes y, en menor medida, de los alimentos y bebidas no alcohólicas. El acelerón de los precios es aún más palpable en términos intertrimestrales, con un alza del 0,6% en junio respecto a mayo. Tal como vaticinó el Banco de España, el componente energético ha tenido mucho que ver y, en concreto, los vaivenes y tensiones registradas en el mercado petrolero por la guerra relámpago librada entre Israel e Irán, a la que se sumó puntualmente EEUU. Aunque el inicio de las hostilidades disparó el precio del crudo por encima de los 80 dólares, su máximo en cinco meses, por el temor a que provocara problemas de suministro, la tregua alcanzada poco después en el conflicto hizo retroceder su cotización hasta el entorno de los 67-68 dólares actuales. Sin embargo, ese ascenso y caída, tan abrupto el uno como la otra, no ha impedido que los carburantes se encarecieran, pasando factura a la cesta de la compra. De hecho, el precio medio de la gasolina se ha aupado esta semana hasta los 1,488 euros por litro, un 1,7% más que la semana anterior, mientras que en el caso del gasoil el incremento ha sido aún mayor: un 2,7%, hasta los 1,40 euros por litro, de acuerdo con los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE.

La nómina de pensiones del mes de junio es siempre un buen termómetro para pulsar el reto de la contributividad del sistema público y de la necesidad creciente de recursos para hacer frente al pago de los 10,3 millones de prestaciones que perciben los 9,3 millones de beneficiarios. La factura del sexto mes del año ascendió a casi 27.000 millones de euros, duplicada por el abono de la paga extraordinaria –13.563 millones la nómina ordinaria y 13.213 millones la extra–. Una cifra nada desdeñable: el desembolso efectuado solo para este mes equivale al 46,5% de los ingresos por cotizaciones registrados hasta el mes de abril, 57.959 millones de euros (último dato disponible) y al 25% de toda la recaudación tributaria de los primeros cuatro meses del año, 107.177 millones. Para aproximar el desembolso respecto a la recaudación estimada acumulada en junio, teniendo en cuenta que los ingresos por aportaciones de empresarios y trabajadores avanzan a un ritmo del 7% interanual y que en el acumulado de los seis primeros meses del pasado año se habían ingresado 62.389 millones de euros, la tendencia sería compatible con una recaudación de 66.756 millones. Por lo que el desembolso de la paga extra equivaldría, aproximadamente, al 40% de todo lo recaudado por la Seguridad Social en la primera mitad del presente ejercicio.

BBVA tiene dinero en sus arcas para endulzar la opa sobre Sabadell pese a las medidas impuestas por el Gobierno. El cómputo ha cambiado por el impacto de las medidas impuestas por el Gobierno, pero su colchón de exceso de capital supera los 2.000 millones, porque algunos costes se han diferido. La entidad no podrá fusionar Sabadell y se limita su capacidad para realizar ajustes de empleo tras la compra. La primera medida resta al colchón, pero la segunda, tal y como está planteada, suma. BBVA estimó un impacto negativo en su capital de 51 puntos básicos si acude el 100% de los accionistas y hay una fusión posterior, con unos costes de reestructuración incluidos de 1.450 millones de euros. Ese escenario reduciría el capital de máxima calidad (CET1) de BBVA desde el 13,09% al que cerró el primer trimestre hasta el 12,58%, todavía por encima del 12% que considera necesario para operar. Ese exceso de capital de 58 puntos, que Torres se ha comprometido a devolverlo a los accionistas, equivale a casi 2.300 millones. Los analistas lo consideran dinero excedentario que puede usarse para mejorar la opa.

Mercadona inauguró formalmente este viernes su segundo centro logístico en Portugal, ubicado en la localidad de Almeirim, a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa, y que es el más grande que la compañía ha construido hasta la fecha, contando también los situados en España. En total, Mercadona tiene 17 bloques logísticos. La compañía que preside Juan Roig ha invertido 290 millones de euros en su nuevo almacén, que sirve a las 63 tiendas que Mercadona tiene en la actualidad en Portugal. “Con la puesta en marcha de este bloque, se refuerza la apuesta de la compañía en el país luso, permitiendo dar continuidad a su proyecto de expansión y que complementa al otro centro logístico ubicado en Póvoa de Varzim (Porto)“, dijo la empresa en un comunicado. El bloque logístico se asienta en una parcela de 440.000 metros cuadrados de superficie, con un área construida de 120.000 metros cuadrados. En su interior se ha instalado una nave de frío de 49.000 metros cuadrados, otra de secos de 50.000, un edificio de servicios generales y oficinas, y una nave de mantenimiento de materiales. En él trabajan 630 personas. Al mismo acudió el ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida. 

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó que el acuerdo está “firmado y sellado” desde hace dos días y China anunció ayer que a partir de ahora desbloquea las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos, uno de los puntos más importantes para Washington durante las negociaciones. China tampoco ofreció ayer más detalles del convenio, salvo un breve comunicado del Ministerio de Comercio reconociendo que el Gobierno ha dado orden de dar luz verde a las peticiones de exportaciones de tierras raras que están pendientes desde hace semanas. Las tierras raras –17 elementos químicos esenciales para productos de alta tecnología como coches eléctricos, aviones de combate, teléfonos móviles o semiconductores– se han convertido en un recurso geopolítico crítico, del que China controla aproximadamente el 90% del suministro global y que ha utilizado como arma de presión durante la guerra comercial con EEUU, obligando a Trump a rebajar las tensiones en varias ocasiones desde el inicio del conflicto en febrero de este año. Las tensiones llegaron a tal punto que, en abril, Trump llegó a imponer aranceles a China del 145%, mientras que Pekín respondió con tarifas de hasta el 125%. Entonces, ambos países decidieron sentarse a la mesa de negociación en Ginebra, donde se pactó una primera tregua en busca de un acuerdo definitivo.

Alemania –o mejor dicho, su industria fuertemente orientada a las exportaciones– no puede permitirse el lujo de dilatar las negociaciones para llegar a un acuerdo arancelario con Estados Unidos. El canciller alemán, Friedrich Merz, dejó clara su posición en Bruselas al término del Consejo Europeo en la noche del jueves: mejor un acuerdo “sencillo y rápido” que caer en unas negociaciones “demasiado complicadas”. Pero en otra demostración de la imprevisibilidad de la agenda de Donald Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el viernes en una entrevista con Fox Bussiness que no descarta que el plazo del 9 de julio puesto hace semanas por el presidente de EE UU para alcanzar decenas de acuerdos comerciales con sus socios, en mitad de la ofensiva arancelaria que lanzó a su regreso a la Casa Blanca, se retrase. Bessent insinuó que algunos de esos pactos tendrán que esperar más: hasta el Día del Trabajo, que en Estados Unidos se celebra el 1 de septiembre, fecha que marca oficiosamente el final del verano. “Hay países que se acercan a nosotros con muy buenas propuestas”, declaró Bessent, con lo que pareció dar por buenos los comentarios del secretario de Comercio, Howard Lutnick, que el jueves habló de los planes inminentes de la Casa Blanca para alcanzar acuerdos con 10 socios comerciales importantes. El secretario del Tesoro también recordó que EE UU ya ha cerrado un acuerdo con el Reino Unido y un limitado compromiso con China, por lo que esos dos países “ya están superados por ahora”. “Así que si logramos cerrar 10 o 12 de los 18 importantes (hay otras 20 relaciones importantes), creo que podríamos tener el comercio cerrado para el Día del Trabajo”, afirmó Bessent.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha limitado el poder de los jueces federales para frenar la agenda del presidente Donald Trump. La decisión permite la entrada en vigor del decreto que promulgó el primer día de su segundo mandato para acabar con la nacionalidad automática para cualquier persona nacida en EE UU, lo que afecta fundamentalmente a los hijos de los inmigrantes sin papeles. El tribunal no entra en la constitucionalidad del decreto, pero sí establece que cuando un juez federal (unos 700) contradiga una orden ejecutiva del presidente, los efectos se limitarán a quienes presentaron la demanda y no se aplicará en todo el país. Trump celebró el fallo como una “gran victoria”. El Tribunal Supremo de EE UU concedió ayer una victoria, otra, al presidente Donald Trump en un caso en el que se estudiaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Era tal vez el más importante del curso judicial, que concluyó en una jornada frenética en la que se publicaron seis fallos. Sus nueve jueces no entraron a decidir sobre la constitucionalidad del decreto que Trump promulgó en su primer día de vuelta en el Despacho Oval para acabar con el derecho a la nacionalidad de cualquier persona nacida en EE UU, sobre todo para los hijos de los inmigrantes que estén en el país en situación irregular, pero sí limitaron el poder de esos jueces para oponerse a su agenda.