20230616

En una industria netamente exportadora como la de Euskadi el dato de las ventas al exterior es un termómetro más que relevante, y los datos de abril no fueron buenos. Las exportaciones cayeron un 9,1% respecto al mismo mes del año pasado, la primera vez que este dato se tiñe de rojo desde enero de 2021, cuando todavía pesaban las restricciones por la pandemia. La economía de la Eurozona, que ha confirmado esta semana su entrada en recesión técnica tras dos trimestres de crecimiento negativo, ha enfriado las compras que países como Alemania, Francia o Italia realizan a las empresas vascas. Según publicó ayer el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) , desde Euskadi se exportaron en abril 2.419 millones de euros en bienes y servicios, un 9,1% menos que un año antes. Un retroceso que también se dio en las compras al exterior con una caída interanual del 9,7% (2.238 millones). Es una foto puntual referida al mes de abril, que contó la Semana Santa, y en la comparativa pesa también que el mismo mes de 2022 fue un momento de especial vigor económico con un crecimiento del PIB del 5%, frente al 2,2% interanual de este 2023. Pero también es cierto que el frenazo no tiene precedentes en más de dos años. Entre las causas del descenso están las ventas energéticas, que se hundieron un 46,4% lastradas, entre otras cosas, por la caída del precio que acumulan los combustibles y por un enfriamiento de la demanda. Solamente en Bizkaia, donde el peso de Petronor (el principal contribuyente de la Hacienda foral) es determinante en este capítulo, las ventas de aceite refinado de petróleo se hundieron un 59%. Los datos tampoco fueron buenos en las exportaciones de los productos manufacturados derivados del metal. El hierro y el acero cayeron un 34%, mientras que las manufacturas del metal propiamente dichas lo hicieron el 23,2% y los tubos, que recogen la actividad de Tubacex o Tubos Reunidos, un 28,5%.

El diseño de las ayudas que con fondos europeos impulsarán el desarrollo de fábricas de baterías en España, y que ha realizado el Ministerio de Industria, no deja casi opciones al proyecto de la gigafactoría de BasqueVolt. Así lo explicaron a este periódico fuentes conocedoras del proceso. Y es que la redacción de las bases para repartir 837 millones de euros se centra en tecnologías actuales y en proyectos concretos, como el planteado por la china Envision en Cáceres con una potencia de 30 GWh, el de Inobat en Valladolid o el de la india Tata en Zaragoza. El documento que fue aprobado por al Comisión Europea plantea, además, primar las plantas en zonas con poco desarrollo industrial. Así las cosas, el empuje a nuevas tecnologías, ámbito en el que se encuentra BasqueVolt, queda muy orillado y sin opciones apenas. La iniciativa impulsada por el Gobierno vasco, que cuenta con la participación de Iberdrola, CIE Automotive y Enagás, trabaja en el desarrollo de baterías con celdas en estado sólido para dar respuesta a los retos de la duración, rapidez de carga y durabilidad. Tiene previsto tener una línea de prototipado a finales de este año para iniciar la acción comercial, y en 2025 un nuevo edificio que plasme a modo de piloto el desarrollo industrial de los componentes de las baterías. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, lamentó esta situación y «que se mantengan apuestas por tecnologías chinas frente al desarrollo de soluciones propias». Desde el departamento del Gobierno vasco aprovechan el caso para recordar la demanda de una mayor participación del Ejecutivo autonómico en el reparto de los recursos que vienen de la Unión Europea y que están dirigidos especialmente a la transformación de la industria a través de los denominados PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Precisamente, este lunes BasqueVolt celebra la inauguración de su edificio en el Parque Tecnológico de Álava. Unas instalaciones en las que hasta 2025 invertirá 200 millones de euros, aunque el hito más destacado arrancará en 2027 con el desarrollo pleno de la gigafactoría que contempla una inversión de 800 millones.

La recaudación de impuestos en Euskadi sigue por las nubes, con niveles de crecimiento muy superiores a lo esperado. Al menos muy por encima de las previsiones que habían hecho el Gobierno vasco y las diputaciones forales al elaborar sus presupuestos para 2023. Los ingresos por impuestos de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa han alcanzado los 6.429 millones de euros hasta finales de mayo, cifra que supone casi 543 millones más que en los cinco primeros meses del pasado año. Las razones básicas para este tirón de ingresos en las arcas de Hacienda hay que buscarlas en tres frentes bien distintos. De un lado, se registra un importante aumento de las retenciones del trabajo en los asalariados, por encima del 10%, como consecuencia del progresivo aumento del empleo y también de los incrementos aplicados en las remuneraciones desde principios de año. Por otra parte, el IVA, que es el mejor termómetro del consumo, también arroja incrementos importantes de ingreso en Álava y Gipuzkoa –26,6% y 13,3%–, mientras que en Bizkaia se ha anotado un descenso del 0,4%. Las diferencias tan importantes entre los territorios no revelan un comportamiento diferente en el consumo sino que están vinculadas a los diferentes periodos de devolución que aplica cada una de las diputaciones en la gestión de este impuesto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en Bizkaia se contabilizó en abril un ingreso extraordinario de 56 millones de euros procedente de la liquidación de un contencioso que existía con el Estado sobre la tributación de clases pasivas, al tiempo que actas de inspección ligadas al IVA también permitieron ingresar 110 millones de euros adicionales. Mientras tanto, también registra un buen comportamiento la recaudación del Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios empresariales y que en el caso de Bizkaia ha mejorado un 35%. Por el momento tan solo es un indicador del ingreso por este tributo que realizan las grandes empresas, ya que las pymes efectuarán su liquidación a finales del mes de julio.

El grupo siderúrgico Sidenor cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto de 62 millones de euros, exactamente el doble que en el año anterior, de la mano de una considerable mejoría en las ventas de aceros especiales. Una parte importante de la actividad de la compañía, en torno al 70% , está dirigida al sector del automóvil. La empresa cerró el año con unas ventas de 1.067 millones de euros, que supusieron un incremento del 43,4% en comparación con el ejercicio de 2021. Sin lugar a dudas el aumento en los ingresos estuvo centrado en la subida de los precios del acero, ya que según los datos publicados por Sidenor el aumento en toneladas tan solo fue del 2,2%. El ebitda del pasado año, 103 millones de euros, también duplicó la cifra al del ejercicio anterior. Las inversiones ascendieron a 20 millones de euros. El propietario de la compañía, José Antonio Jainaga, anunció recientemente la creación de una corporación, bautizada con el nombre de Mirai, con el objetivo de realizar inversiones que estarán dirigidas principalmente a la adquisición de empresas industriales. Jainaga ha anticipado su deseo de invertir en torno a 400 millones de euros hasta 2026. Esa corporación ha adquirido ya varias empresas en los sectores de transformación metálica, electrónica e industria agroalimentaria.

La votación avanza en Michelin Vitoria. 21 horas después de que abriesen las urnas anoche a las 22:00 horas, la participación en el referéndum se acerca a las 2.500 personas a las 19:00 horas, después de tres turnos para votar. A las 22:00 horas comenzará la penúltima oportunidad para pronunciarse en el referéndum en el que se decide si aceptar o no la última oferta de la empresa. Sin embargo, la participación en una fábrica que cuenta con alrededor de 3.500 trabajadores -es la segunda más importante de Euskadi- ya supera el 70% de participación, con 2.458 sufragios emitidos a las 18:30 horas según han confirmado a este periódico distintas fuentes sindicales. A lo largo de la mañana el voto lo han acaparado los trabajadores del turno matinal, pero, sobre todo, los empleados mensuales, que justo hoy comienzan el horario de verano, por el que sólo trabajan por las mañanas, momento que han aprovechado para depositar su sufragio. Tras las tres oportunidades de votar ya gastadas, quedan sólo dos momentos más: las tres horas nocturnas entre las 22:00 y las 01:00 horas y la mañana del viernes, en la que se podrá votar desde las 08:00 horas y hasta las 13:00. Tras eso se procederá al escrutinio del voto en Vitoria, que deberá ser computado con el del resto de centros de Michelin repartidos por la Península. Recuento que se antoja sencillo, ya que la papeleta es muy simple: se vota sí o no a la firma del convenio. Eso es lo que aparece en las papeletas que se pueden depositar en la Escuela de Seguridad de la factoría. Se espera que el resultado de la consulta, vinculante para la mayoría sindical, se conozca en no mucho más de una hora desde que se cierren las urnas. Lo votado en Vitoria deberá sumarse a los sufragios emitidos en plantas como las de Aranda de Duero, Valladolid o Almería para dar con el resultado.

El conglomerado empresarial alemán Siemens anunció ayer una inversión de 2.000 millones de euros para aumentar su capacidad en varias líneas de producción y mejorar los procesos de innovación y desarrollo de nuevos productos. Esta oleada inversora llega en un momento boyante para la firma con sede en Múnich, que triplicó sus ganancias en el primer trimestre del año —hasta los 3.600 millones— y mejoró sus previsiones para el resto de 2023. Con una plantilla de algo más de 310.000 empleados e intereses en un sinfín de sectores (toda clase de ingeniería, industria, energía, transporte...), el desempeño financiero de Siemens es un buen indicador de la salud de la economía mundial. En 2022, sus ventas crecieron un 16%, hasta los 72.000 millones. Y sus previsiones dependen de que los mercados en los que opera crezcan a un ritmo del 7% anual hasta 2027, impulsados en parte por la inversión pública a ambas orillas del Atlántico. En el marco de esta nueva estrategia, Siemens ha confirmado la inversión de unos 200 millones de euros en la construcción de una nueva fábrica de alta tecnología en Singapur para servir al mercado asiático. La otra gran línea de esta remesa inversora es la innovación y muy particularmente, la inteligencia artificial. Siemens destinará 500 millones más a este propósito este año fiscal y acaba de anunciar una asociación con Microsoft para acelerar la generación de código para la automatización de la industria mediante el uso de ChatGPT.

Nueva subida del precio del dinero. El Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer un nuevo incremento de los tipos de interés de 25 puntos básicos, lo que supone elevar las tasas hasta el 4%, un nivel desconocido desde octubre de 2008. Tal y como se esperaba, la autoridad monetaria optó por acometer su octavo incremento consecutivo a pesar de que el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) había decidido mantener sus tasas. La batalla de la inflación prosigue en la zona euro, pese a la mejoría de los datos recientes, y los tipos de interés todavía no han alcanzado su techo. “La inflación ha disminuido, pero se prevé que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo”, advirtió el banco central en el comunicado de su decisión. La lucha prosigue y Christine Lagarde, presidenta del BCE, anticipó que “salvo que el escenario base cambie, los tipos de interés subirán de nuevo en julio”. Se trata del mayor grado de compromiso que puede ofrecer un banco central sobre su siguiente movimiento en estos tiempos de pocas guías al mercado y refleja una fuerte determinación por seguir apretando las tuercas de la economía incluso más allá de julio. “No hemos llegado al destino. Tenemos camino por recorrer aún”, aseguró Lagarde, que prefirió no concretar el nivel objetivo para los tipos.

CC OO, UGT y el departamento que dirige Yolanda Díaz han firmado el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, más conocido como estatuto del becario. Lo han hecho en un acto sin preguntas. Las principales novedades que introduce son la limitación a un máximo de 480 horas de las prácticas extracurriculares (figura en la que se concentra el fraude, al no estar directamente vinculadas con la formación), la obligación de las empresas de cubrir los gastos del estudiante y un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.018 euros. Esta norma llega con muchos detractores, de los rectores universitarios a la patronal, que participó en la negociación pero no ha suscrito el acuerdo. También hay recelos en la parte socialista del Gobierno. Moncloa cree que la norma “está muy verde” como para ir al Consejo de Ministros, por lo que retrasará su aprobación, una valoración parecida a la del Ministerio de Economía. Fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño creen que el acuerdo con los sindicatos es “un punto de partida”, pero que al texto le falta “trabajo técnico” para ser más “equilibrado”. Además, creen que falta escuchar más las posiciones de universidades y empresarios. También señalan que, aunque la negociación la haya protagonizado Trabajo, es una regulación con muchas ramificaciones, que afecta a más ministerios. En definitiva, el sector socialista ve difícil que se pueda aprobar antes de las elecciones, ya que no ha pasado aún ninguna tramitación interna en el Gobierno.

El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT firmaron ayer el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, también conocido como el estatuto del becario. Después de catorce meses de negociaciones, las patronales CEOE y Cepyme decidieron no participar en el acuerdo porque, en su opinión, la futura norma introduce mucha rigidez en la gestión de este tipo de empleados y, además, no es el momento adecuado para hacer un acuerdo que supone una nueva norma, como un Real Decreto Ley. Es decir, con las Cortes disueltas y a la espera de las elecciones generales del 23 de julio que, según las encuestas, pueden cambiar el Gobierno. La norma limita los horarios de los becarios en las empresas. También obliga a los empleadores a compensar todos los gastos de los estudiantes por su labor y a pagar la Seguridad Social.

"...El Estatuto de las Personas en Formación en el Ámbito de la Empresa, más conocido como el Estatuto del Becario, que el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz ha preparado para aprobarlo en los últimos minutos de esta legislatura, no camina en esa dirección. Lejos de promover la flexibilidad, amenaza con convertirse en un obstáculo más para la ya difícil realización de las prácticas en España. Con el argumento de luchar contra el fraude y desoyendo a las patronales empresariales y a la Universidad, Yolanda Díaz ha elaborado un marco restrictivo que en realidad bloquearía la realización de prácticas. Hasta ahora la regulación de las mismas había estado diseñada desde el ámbito de la formación, pero ha sido la presión de los sindicatos, que ven en la actual configuración del sistema una vía para que las empresas utilicen becarios para cubrir labores que corresponderían a trabajadores, la que ha llevado a Trabajo a tomar cartas en el asunto con esta nueva norma, que prevé medidas restrictivas y limitación en el número de horas. Un horario que estaría muy por debajo del que se aplica en países de nuestro entorno, que tienen un mercado laboral más dinámico. La formación dual o los grados duales, un modelo exitoso en muchos países de Europa, también contempla ese mayor número de horas sin que suponga un problema real. Aunque pueda existir algún fraude, la solución al mismo no puede ser de ningún modo bloquear la mejor vía de entrada de los jóvenes al mercado laboral. Está en juego el futuro profesional de las próximas generaciones. Por responsabilidad, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos debieran ser parte de la solución y no el problema. La nueva regulación obstaculizaría la inserción de los jóvenes en el mercado laboral". 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se reunió ayer con la Junta Directiva de Cebek, presidida por Carolina Pérez Toledo, para analizar la coyuntura económica actual y compartir sus proyectos. La patronal vizcaína, que recibió por primera vez a Garamendi desde que fue reelegido en noviembre, aprovechó para trasladarle sus perspectivas futuras. Ver nota Cebek. 

La crisis de 2008 mostró a las pequeñas y medianas empresas lo peligroso que es depender de una única fuente de financiación. Casi de un día para otro, los bancos cerraron el grifo del crédito y muchas tuvieron que acudir a fórmulas y mercados inéditos para ellas en busca de los fondos que necesitaban. A veces, y para más ‘inri’, para lograr así refinanciar su deuda bancaria y evitar el concurso. Acababan de aprender por las malas qué era la llamada financiación alternativa, que engloba soluciones como la emisión de bonos y pagarés o aceptar préstamos directos de fondos de inversión para que las compañías pudieran diversificar sus fuentes de financiación y reducir su dependencia de la banca tradicional. «Financiación hay siempre. Hoy lo que sigue sobrando es precisamente financiación, pero hace falta saber dónde está; quién está dispuesto a aportarla», aseguró tajante José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, al más de un centenar de gestores de pymes que acudió ayer al foro ‘Financiación alternativa para la empresa y asesoramiento patrimonial para el empresario’, organizado en la Sociedad Bilbaína por Banca March junto a El Correo. En una mesa redonda, los asistentes tuvieron la ocasión de conocer de primera mano los casos de éxito de cuatro firmas vascas que ya han recurrido a alguna de estas fórmulas: CIE Automotive, Tubacex, Elecnor y Sidenor.

Casi cuatro meses después de anunciar su polémico traslado a Países Bajos, el grupo Ferrovial va a hacer hoy efectiva su domiciliación en Ámsterdam y el comienzo de su contratación bursátil en esta plaza, dentro de un proyecto con el que espera rebajar sus costes financieros pero que acarrea riesgos fiscales y reputacionales en España, según admite la propia compañía. En el folleto informativo con el que la empresa presidida por Rafael del Pino se presenta ante los inversores de la Bolsa de Ámsterdam, se identifican tres motivos principales para el traslado de la sede, realizado mediante una fusión inversa de Ferrovial con su filial internacional, que desde 2019 ya estaba ubicada en Países Bajos. Aunque la compañía retira el comentario sobre la seguridad jurídica de su nuevo domicilio como una de las razones –algo que sentó muy mal al Gobierno español de Pedro Sánchez cuando se anunció el cambio de sede–, en el folleto se insiste en la fuerte mejora de condiciones financieras que va a permitir la localización del grupo en Países Bajos, gracias a la prudencia fiscal de este país. Los otros dos factores esgrimidos para la mudanza son la posibilidad de obtener un mayor reconocimiento internacional de marca y facilitar el salto al parqué de Nueva York. “Los Países Bajos tienen, y han tenido durante décadas, los mayores ráting de crédito gracias a su baja deuda sobre PIB y una históricamente prudente política fiscal”, explica Ferrovial a los inversores, quien destaca la calificación de Triple A de ese país. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) está teniendo problemas para llegar a los hogares que lo necesitan. Esta prestación no contributiva dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y garantizar una renta mínima solo llega al 35% de los potenciales beneficiarios, según advirtió ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En concreto, el organismo dirigido por Cristina Herrero calcula que la ayuda gestionada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social llegaba a 31 de diciembre de 2022 solo a 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 que podrían per- cibirlo. El porcentaje es ligeramente mejor en el caso de los hogares monoparentales, ya que en este caso el IMV llega al 48% de los potenciales beneficiarios. Estos datos distan mucho de los ofrecidos por el Gobierno. El ministerio de José Luis Escrivá publicó hace unas semanas el último dato sobre los perceptores del IMV, anunciando que la prestación había alcanzado los 628.000 hogares, más del doble de la cifra que anuncia la AIReF. El motivo, que los datos del ministerio son acumulados y los de la Autoridad fiscal, de una fecha concreta. Herrero defendió que la cifra mensual es más acertada porque cuando se ofrece la de las pensiones se contabilizan cuántos beneficiarios hay ese mes concreto, «no se dice cuántos millones de personas han cobrado una pensión a lo largo de la historia». 

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, estalló ayer contra la que fuera su casa hasta 2020, al señalar que la críticas del análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre su gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son de “escasa calidad” y hay “falta de fundamentación” de los datos, “lo que pone en entredicho sus conclusiones”. Unas conclusiones que señalan que el IMV apenas alcanza al 35% de quienes tendrían derecho a recibirlo, la mitad de personas de las que dice Escrivá, y que para la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, son “incuestionables”. Con ello, la institución que presidió Escrivá entre 2014 y 2020 se convierte en una más de las víctimas de los ataques del ministro, que ya había cargado duramente contra el Banco de España, BBVA Research o Fedea por sus críticas a la reforma de las pensiones pero que, hasta ahora, no había cargado tanto las tintas en sus críticas a la Airef. En plena rueda de prensa de la Autoridad Fiscal para la presentación del informe Segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital, el departamento que dirige José Luis Escrivá lanzó una carga de profundidad en forma de comunicado contra la “escasa calidad” del documento. El texto de la Airef constata “escasos avances” en el despliegue del IMV. En concreto, detalla que la ayuda al cierre de 2022 solo alcanzaba a 284.000 hogares, frente a los 627.000 que calcula Escrivá, solo el 35,1% de los 808.000 hogares que tendrían derecho a recibirlo y todavía menos respecto a los 850.000 que preveía el Gobierno.

Euskadi es una de las siete comunidades autónomas con menor población extranjera, un 8,3% frente a la media nacional del 11,68%, y junto a Navarra recibe a los más jóvenes: 33,9 años de media. Así figura en el informe que UGT dio a conocer ayer dentro de su campaña ‘Trabajo libre de bulos’. Su objetivo es combatir las creencias negativas extendidas en la sociedad. Los representantes de UGT destacaron que la población inmigrante representa una comunidad fundamentalmente trabajadora, que supone el 9% de la afiliación laboral. Su juventud compensa, además, el envejecimiento y la falta de nacimientos. Los 184.617 residentes de nacionalidad extranjera en Euskadi desarrollan su trabajo en los sectores con salarios brutos más bajos, como hostelero o empleada de hogar, lo que les mantiene en tasas de exclusión social que superan el 60%. Un 38% tiene problemas para llegar a fin de mes. De todas formas, solo un 11% de las consultas médicas realizadas en España partieron de este colectivo, que representó un 5,3% de los usuarios de los Servicios Sociales. Marruecos, Rumanía, Colombia, Nicaragua, Honduras y Venezuela son los principales países de origen en el caso vasco.