20230705

Euskadi continúa en cifras récord de empleo con más de un millón de cotizantes, según el último registro de afiliados a la Seguridad Social en Euskadi dado a conocer hoy. En concreto, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en el pasado mes de junio en 1.002.954, 368 más que en el mes anterior. En comparación con el mismo mes del año pasado, el número de ocupados vascos se ha incrementado en 15.773 (+1,60%). En cuanto al registro de parados en las oficinas de Lanbide, junio ha dejado en Euskadi casi 1.900 personas menos desempleadas, lo que supone un descenso interanual del -5,61%. Así las cosas, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha asegurado en declaraciones a diferentes medios de comunicación, que “con los últimos datos conocidos, podemos decir que el balance de estos primeros seis meses de la evolución del empleo y del paro en Euskadi, es positivo.  Y más, si tenemos en cuenta que el nivel de crecimiento económico ha ido desacelerándose". “De hecho, - continúa - los datos del paro registrados en Euskadi en junio, nos permiten situarnos en el nivel más bajo desde diciembre de 2008. Un descenso que se ha dado, además, en todos los sectores de actividad. Hoy hay casi 6.300 parados menos que hace un año”.  Respecto al segundo semestre, Pablo Martín ha considerado que “habrá que esperar a comprobar si en Europa se sigue en proceso de desaceleración y, de ocurrir, ver cómo eso nos irá afectando. Ver más en Confebask. 

Después de unos primeros meses del año en los que el mercado laboral ha batido récords, la creación de empleo sufrió un brusco frenazo en junio tanto en Euskadi como en el conjunto de España, justo en las puertas del verano y de las elecciones. En la comunidad autónoma solo se incorporaron 368 nuevos cotizantes, el aumento más modesto desde 2013, el peor momento de la crisis financiera. Aun así, este pequeño empujón fue suficiente para mantener la cota histórica de un millón de cotizantes que se logró el pasado mes de mayo. En concreto, la cifra total de afiliados a la Seguridad Social terminó en 1.002.954. El nuevo récord del mercado laboral es lo más positivo de un mes en el que se puede observar claramente una ralentización del empleo, que hasta ahora estaba sirviendo de sostén de la economía. El contraste con ejercicios anteriores es muy llamativo. El año pasado se incorporaron 735 nuevos cotizantes y esa cifra ya era muy baja en comparación con los 3.100 de 2021 y los 4.000 de antes de la pandemia. El frenazo es evidente. La creación de empleo en Euskadi fue de apenas un 0,04% en el mes, inferior al 0,26% nacional, donde el balance tampoco es mucho mejor. Por territorios, solo Gipuzkoa incorporó cotizantes, algo más de mil, mientras que Bizkaia y Álava destruyeron empleo. En el primer caso se perdieron 166 cotizantes y en el segundo 639. Confebask destacó como positivo «el aguante» del mercado laboral «pese a la desaceleración del crecimiento económico». En los sindicatos se repitió la habitual división entre ELA y LAB frente a CC OO y UGT. Los primeros ven negro el panorama laboral. 

El empleo sigue tirando del carro de la economía guipuzcoana. Otro mes más, y van cuatro de forma consecutiva, en el que Gipuzkoa rompe su récord histórico de afiliados. Según los datos aportados ayer por la Seguridad Social, el territorio creó 1.173 empleos en junio y alcanza ya los 335.576 cotizantes medios, cota nunca antes vista. Además, es el único territorio vasco que incorporó cotizantes en junio, y ya tiene 5.295 empleos más que hace un año, un 1,6% más. Parece escapar de los síntomas de ralentización que ofrece Euskadi, y el conjunto de España, que en junio crearon empleo pero a menor ritmo que en los últimos años en estas fechas. En Gipuzkoa, sin embargo, este junio se ha creado más empleo que en el mismo mes del año pasado, un 48% más. En la otra estadística relacionada con el empleo, 447 guipuzcoanos salieron de la cola del paro en junio, donde permanecen todavía 27.590, la tasa más baja desde la crisis financiera de 2008. En Euskadi, las personas registradas en la Seguridad Social vuelven a superar el millón. En concreto, ya son 1.002.954 cotizantes medios, 368 más que en mayo. El nuevo récord del mercado laboral es lo más positivo de un mes en el que se puede observar cierta ralentización del empleo, que hasta ahora estaba sirviendo de sostén de la economía. Hay que recordar que el pasado año se incorporaron 735 nuevos cotizantes y esa cifra ya era muy baja en comparación con los 3.100 de 2021 y los 4.000 de antes de la pandemia. Las cifras de desempleados en junio en Euskadi, respecto al mes anterior, han arrojado tasa negativa tanto en Industria (-3,66%); Agricultura (-3,15%); Construcción (-2,08%), y Servicios (-1,61%).

La creación de empleo y el descenso del paro son siempre una buena noticia. Sin embargo, en junio ha habido una cierta desaceleración de ambas variables. Sobre todo del crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social. En efecto, el registro de trabajadores ocupados creció el mes pasado en 54.541 trabajadores. Es el crecimiento más moderado en dicho mes desde 2015, cuando la afiliación creció en 35.085 trabajadores. Además, la cifra de altas en junio es la más moderada en lo que va de año. Incluso, como recalcó ayer la patronal CEOE: “Se hace patente una subida de la afiliación menor que la producida de media en los meses de junio del periodo prepandemia –2014 a 2019–, cifrada en 74.123 personas”. Incluso sin ponderar la temporada estival en el mercado de trabajo, el empleo cayó en junio en 20.119 personas en comparación con mayo. Según informó ayer el Gobierno, los afiliados en la Seguridad Social aumentaron en junio en los siguientes sectores: 32.260 trabajadores, en la hostelería, y 30.084, en el comercio. Todo ello se debe al comienzo de la temporada turística de verano. El empleo también subió en junio en 21.508 trabajadores en las actividades administrativas y servicios auxiliares. Principalmente por el crecimiento de los trabajos temporales en los centros de atención al cliente. Las sustituciones de las vacaciones de verano aumentaron el empleo en la sanidad en 25.775 trabajadores. Sin embargo, en el lado contrario, el sector de la educación perdió en junio 51.722 empleos. Todos los períodos de vacaciones pasa la mismo. La enseñanza destruye decenas de miles de empleos porque las empresas no quieren pagar los salarios ni las cotizaciones de los trabajadores temporales en períodos no lectivos. Y no son sólo profesores. También son empleados de todas las actividades relacionadas con los colegios. Por ejemplo, conductores de autobuses, servicios de limpieza, cocineros o cuidadores de comedores. El sector agrario ha destruido 33.605 empleos en junio. La sequía empieza a pasar factura a la ocupación en el campo.

Escrivá lleva meses intentando cambiar la forma en que se cuentan los afiliados en España. El ministro reniega de los datos originales, los reales, que ofrecen el número exacto de nuevos afiliados y que eran los que, hasta ahora, daban, mes tras mes, todos los ministros anteriores a él. Elaboró una nueva serie estadística con cifras desestacionalizadas (sin incluir las oscilaciones propias de la época) e hizo una férrea defensa de que es la mejor forma de saber cómo va el mercado laboral. Por ello, en las notas de afiliación que difundía el ministerio en los últimos meses solo se citaba en un párrafo final los originales. Hasta ahora, que van mejor que los desestacionalizados y vuelve a hacer hincapié en ellos e incluso esconde el recorte de afiliación de la serie desestacionalizada. En concreto, según estos datos desestacionalizados en junio no solo se ralentizó la creación de empleo sino que se destruyó. Se perdieron más de 20.000 cotizantes a la Seguridad Social, algo que no había sucedido en ningún junio de la última década. Pese a este revés, tanto el ministro como el resto del Gobierno se niegan a hablar de la desaceleración que apuntan los expertos y siguen sosteniendo que el empleo en junio mantuvo un «extraordinario dinamismo». En la presentación de los datos, los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey y Borja Suárez, respectivamente, hicieron hincapié en el «grandísimo» primer semestre que ha tenido el mercado laboral, cuyos datos «dan confianza» para afrontar la segunda mitad del año, en la que esperan que se mantenga la actual «dinámica positiva», aunque el segundo semestre suele ser algo peor que el primero.

Siemens Gamesa (SG) mantiene abierta la investigación sobre los fallos a futuro que pudieran tener entre el 15% y el 30% de sus aerogeneradores en operación, aunque teme que las mayores incidencias se produzcan en las turbinas terrestres. La filial al 100% de Siemens Energy (SE) no descarta ningún escenario, entre ellos la implicación directa de sus propios proveedores en estos problemas. La luz roja se ha encendido, precisamente, entre los 3.000 suministradores de SG, aunque también en esta industria, clientes y proveedores trabajan de la mano para solucionar los imprevistos, según fuentes del mercado. Muchos de ellos reconocen que están en una situación delicada, a la espera de las conclusiones de la investigación. De momento, todos los equipos están funcionando sin incidencias, pero los miles de sensores que incorporan alertan de la posibilidad de averías en la parte del rotor, lo que alcanzaría al funcionamiento del propio eje, de las palas y de la caja multiplicadora. Son equipos sometidos a una tensión muy alta. En funcionamiento, las palas trazan un arco aéreo de 155 a 170 metros. Los ingenieros de SG buscan sobre el terreno la parte de la cadena industrial en la que se producen los errores. Para reparar de forma preventiva las turbinas que están operativas o para someter a una transformación integral, con componentes nuevos, a las que todavía no han sido entregadas, pero están bajo pedido. SG ha calculado un primer impacto en su balance de 1.000 millones para cubrir el pago de garantías a los clientes. No solo por el arreglo de los fallos futuros. También por las compensaciones por los retrasos en las entregas y las horas que dejarán de generar energía y que están pautadas en las hojas de trabajo de sus clientes. Una cascada de reclamaciones que afectaría a sus proveedores, también sujetos a la cobertura de las garantías, en este caso con la propia SG.

Iberdrola está a punto de sellar una gran alianza estratégica con Abu Dabi para el desarrollo de energía eólica en aguas alemanas del mar Báltico. La energética que preside Ignacio Sánchez Galán acaba de firmar un acuerdo de exclusividad con Masdar –grupo de energías renovables propiedad del fondo soberano del país emiratí– para negociar los detalles de la venta de una participación minoritaria, de hasta el 49%, en el parque eólico marino (offshore) de Baltic Eagle, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas. La operación supondrá una contraprestación aproximada para Iberdrola de 700 millones de euros una vez entre en operación el parque, pues la construcción de los activos lleva a aparejada una inversión de 1.200 millones de euros, a los que se debe sumar la prima que pagará Masdar a la energética española por la asociación. Así, la valoración del activo sería de unos 1.400 millones. De concretarse el acuerdo, se tratará del tercero que pacta Iberdrola con un gran fondo soberano desde que se presentó su plan estratégico. En enero, firmó el traspaso del 49% de una cartera de renovables española a Norges Bank Investment Management (Nbim), el mayor fondo soberano de Europa y uno de los principales del mundo. En abril, se alió a GIC, el fondo soberano de Singapur (el mayor de Asia) para operar juntos en el negocio de redes eléctricas en Brasil.

Artículo de Cosme Carral, socio responsable de KPMG en el País Vasco: "La proposición de ley (que se tramita en el parlamento vasco) sobre medidas para combatir la deslocalización empresarial plantea la obligación a todas las empresas que incurran en deslocalizaciones de devolver las ayudas públicas recibidas. Esta iniciativa está suscitando un gran interés, ya que la deslocalización empresarial, junto con la atracción de talento, son dos de los grandes retos que afrontamos a medio plazo en Euskadi...Desde nuestra experiencia, las ayudas públicas e incentivos fiscales son un complemento y potencial catalizador para lograr decisiones de inversión en países que mantengan entornos favorables. El apoyo público es una condición necesaria, pero no suficiente ante un escenario de fuerte competencia entre países por atraer proyectos industriales. Respecto a las deslocalizaciones, es importante señalar que estas decisiones no son fáciles de tomar, son el resultado de múltiples factores empresariales y de mercado. Y cualquier medida restrictiva del clima de negocios que introduzca un potencial riesgo o reduzca el margen de libertad en la toma de decisiones empresariales podría suponer una pérdida de competitividad para Euskadi y la reducción de su atractivo para la captación de nuevas inversiones productivas o en centros de trabajo ya implantados...La normativa propuesta podría provocar, además, una anulación indiscriminada del efecto buscado con las ayudas e incentivos públicos, cuyo objetivo primordial es cubrir fallos de mercado e incentivar el desarrollo de actividades de interés común para el País Vasco, tales como la promoción de la I+D+i, la modernización de factores de producción, el apoyo a la contratación de colectivos especialmente vulnerables o la integración social de personas con diversidad funcional a través de centros especiales de empleo, al obligar a su destinatario a asumir un potencial riesgo que anula el beneficio...Como medidas de mitigación (ante deslocalizaciones), destacaría la recolocación de trabajadores, que son obligatorias en diferentes condiciones y modalidades según la normativa laboral en países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Bélgica, la creación de mesas de reindustrialización, implicando a la Administración, empresa y representantes de los trabajadores (como el caso de Nissan en Barcelona), e impulsar por parte del Gobierno procesos de búsqueda y evaluación de inversores para empresas en situación de crisis...En resumen, la mejor forma de combatir la deslocalización empresarial no es amenazar a los que pueden invertir, sino todo lo contrario: trabajar en la atracción de talento y nuevas inversiones a Euskadi". 

“En el entorno de caída de costes energéticos y materias primas en el que estamos, es muy importante la moderación de los márgenes empresariales para consolidar la bajada de la inflación y prolongar la ganancia de poder adquisitivo de los salarios”, defiende Gonzalo García Andrés (Madrid, 1973), secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al valorar los datos del recién estrenado Observatorio de Márgenes Empresariales. Técnico Comercial del Estado, el número dos de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defiende en esta entrevista que la gestión del Gobierno está permitiendo contener el alza de precios y sanear las cuentas públicas, e insta a la banca a acompasar la remuneración de los depósitos con el alza de tipos. "En los últimos tres años los márgenes empresariales han estado sometidos a una serie de shocks anómalos, experimentando una mayor volatilidad y heterogeneidad por sectores. Durante la pandemia, algunos han estado muy expuestos a la caída de demanda y han visto caer sus márgenes, como la hostelería, y otros no, porque han retenido la demanda, como la industria o el sector agroalimentario. Luego vino la guerra y el impacto ha sido también distinto, con sectores que han absorbido el aumento de costes reduciendo márgenes y otros que no. En términos agregados y quitando al sector energético que claramente se separa del resto, los márgenes han vuelto a los niveles previos a la pandemia y ahora el comportamiento tiene que ser de mantenimiento y estabilidad. Es fundamental que con esos niveles normales de márgenes empresariales continúen las ganancias de poder adquisitivo de los salarios y una baja inflación. Es posible, pero para eso los márgenes empresariales tienen que mantenerse a partir de ahora...Tenemos una situación anómala en la que la traslación de la subida de tipos de interés a la remuneración de los depósitos de las familias sigue siendo más lenta y más incompleta no solo que en el resto de Europa sino también que en ocasiones anteriores. La traslación tiene que ser completa. No puede pasar que cuando bajan los tipos de interés se baje la remuneración de los depósitos de las familias, y cuando suben, no..."

VidaCaixa, la mayor aseguradora en España y filial de CaixaBank, ha alcanzado un acuerdo para gestionar el plan de pensiones simplificado del sector de la construcción. Se trata de un producto que beneficiará de forma directa a más de un millón de trabajadores y puede llegar también a 400.000 autónomos. Se calcula que en un plazo de 10 años alcanzará un volumen de 3.000 millones de euros. Con esta iniciativa, el sector se pone a la cabeza de la reforma de ahorro previsional impulsada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La compañía de seguros, que es líder en los planes de pensiones colectivos, ha cerrado la alianza con la patronal de las empresas constructoras –la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)–, así como con los sindicatos CC OO y UGT. VidaCaixa ha sido la entidad elegida entre las 14 que optaron a gestionar este plan de pensiones, tras realizar un pormenorizado proceso de selección. Las primeras aportaciones a este plan empezarán a realizarse este mismo verano, en cuanto la gestora pueda tener todo su sistema adaptado. En el último convenio sectorial se pactaron unas aportaciones a estos planes de pensiones ligados al incremento salarial acordado: un 10% entre 2022 y 2024. En concreto, de la subida del 4% para 2022, un 1% irá destinado al plan de pensiones; mientras que el incremento salarial en 2023 será del 3% y mantendrá la misma aportación al plan de pensiones. Finalmente, en 2024 los salarios subirán un 2,75% y se realizará una aportación de un 0,25% adicional, añadida a la misma de los años anteriores. Así que al plan tendrá el 2,25% acumulado. Con este plan, el sector de la construcción se convierte en pionero en la previsión social complementaria, un aspecto que el Gobierno ha querido promover con una profunda reforma del ahorro para la jubilación.

La iniciativa puesta en marcha y concluida por patronal y sindicatos en el sector de la construcción no solo ha atraído a gestoras interesadas en fondos que acumularán patrimonios de miles de millones en unos años, sino también a otros sectores que estudian incluir esta fórmula de remuneración en sus convenios colectivos. Entre ellos están, según confirman distintas fuentes, sectores como los Grandes Almacenes, la Hostelería o el Metal. Todos ellos, especialmente los dos últimos, están compuestos por un gran número de afiliados y en casos como la hostelería, además, captan perfiles de trabajadores similares a los de la construcción. De hecho, tanto la construcción como la hostelería han indicado en distintas ocasiones que tienen un problema de vacantes que necesitan resolver o bien trayendo empleados desde otros países o bien fidelizándolos con mejores condiciones de trabajo. La construcción lleva en este sentido la delantera al haber concluido ayer un proceso que comenzó hace un año pactando una una subida salarial del 10% para el trienio 2022-2024 y con aportaciones a un plan de pensiones complementario por parte de las empresas desde 2022.

La herencia universal propuesta por Sumar, una ayuda pública por la que cada joven recibiría 20.000 euros a partir de los 23 años, supondría un gasto extraordinario anual del entorno de los 10.000 millones de euros. Este gran desembolso adicional se sufragaría mediante una amplia cesta de impuestos compuesta por figuras que ya existen, pero que se rediseñarían, y por nuevos gravámenes a ciertas empresas. Entre estos últimos se encontraría un impuesto especial sobre las grandes constructoras y las inmobiliarias, según trasladan fuentes de la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La idea de Sumar, que aún tiene que cerrar algunos flecos técnicos antes de hacerse pública, pasa por elevar de manera generalizada la fiscalidad de los patrimonios más elevados y de los grandes grupos empresariales, tal y como se ha hecho recientemente desde el Gobierno con los gravámenes especiales a banca y energéticas o con el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. Entre los elegidos estarían las principales constructoras e inmobiliarias, “que a día de hoy pagan únicamente un 4% de sus beneficios”, explican las mismas fuentes. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes al año 2020, los 669 grupos del sector de la construcción y las actividades inmobiliarias que ese ejercicio registraron resultado contable positivo tributaron a un tipo del 4,58% sobre sus beneficios. 

El Gobierno confía en que en la primera quincena de julio se abra la ventanilla para la presentación de proyectos al Perte II del vehículo eléctrico y conectado (Perte VEC). Así lo anunció ayer el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde señaló que el Ejecutivo lanzará las dos líneas de las que estará compuesto el programa. Estas son una para baterías y otra para proyectos relacionados con la cadena de valor del coche eléctrico. La primera de ellas contará con 550 millones en subvenciones y 287 millones en préstamos blandos, lo que hacen un total de 837 millones de euros para la industria del automóvil. De la segunda línea, el ministro no especificó con cuantos fondos contará, aunque en una reunión celebrada en junio entre Industria y el sector se explicó que pondrá a disposición del motor unos 559,6 millones. Esta línea ha podido destrabarse gracias a que la Comisión Europea publicó en los últimos días el reglamento de excepción por categorías. De esta forma, el Ejecutivo pone por fin en marcha uno de sus Perte estrella (fue el primero que lanzó, aunque el que más fondos tiene es el denominado Perte chip), el cual dejó un 75% de los fondos sin asignar el año pasado. En aquel entonces se quedaron sin cubrir 2.182 millones de euros, los cuales se esperaba que se usaran en el Perte VEC II. Finalmente, esta convocatoria contará con unos 772 millones menos (serían unos 1.409,6 millones), a falta de confirmar la línea de proyectos de la cadena de valor. Para compensarlo, Gómez recordó que el Ejecutivo ya anunció un Perte VEC III, el cual contará con 1.200 millones en préstamos y unos 250 millones en subvenciones, con cargo a la adenda a los fondos europeos.

El EEMS Traveller partió ayer del puerto de Bilbao con dos ‘alas’ verticales de 17 metros clavadas, como banderillas, en su popa. Son las velas de succión más grandes montadas en un buque de carga, diseñadas para reducir su consumo de combustible entre un 15% y un 40%. La firma Bound4blue las instaló este lunes cuando la embarcación permanecía en el puerto de Bilbao, dentro de un proyecto con financiación del Fondo Puertos 4.0 y la colaboración de la Autoridad Portuaria y de Bilbao PortLab. La empresa Toro y Betolaza facilitó la logística con dos grúas autopropulsadas, mientras que Haizea Wind Group se encargó de la construcción. Esta es la tercera embarcación a la que la empresa Bound4blue dota de esta tecnología. «Las dos anteriores –un pesquero y un buque de carga más pequeño– las montamos en un astillero. Ensayar en un puerto nos permitirá aprovechar cuando la embarcación haga una escala para instalar las velas», detalló el gestor de proyectos de la compañía, Sabino J. Chapero Baranda. La cuarta será un ‘car carrier’ al que dotarán de tres velas de hasta 22 metros. «Queremos cubrir todo el espectro: buques mercantes, petroleros...», enumeró. Ahora, el EEMS Traveller comenzará a recoger datos del desempeño de la embarcación, durante los próximos doce meses. Unos ventiladores en lo alto de las velas absorberán parte del viento y facilitarán la adhesión del flujo del aire para generar sustentación. «Funciona de forma similar al ala de un avión», resumió el responsable del proyecto.

El nuevo consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, y el exministro de Agricultura y expresidente de Red Eléctrica, Luis Atienza, se han incorporado al consejo asesor de la compañía vasca Sidenor, presidida por el empresario José Antonio Jainaga. Ambos se unen a Carmen Gómez Barreda, con una dilatada experiencia en el sector energético, que ya pertenecía a este órgano. La empresa ha señalado que la decisión de reforzar el consejo está justificada para apoyar «la estrategia de crecimiento y diversificación». Sidenor anunció recientemente la compra de varios parques fotovoltaicos para buscar el autoabastecimiento eléctrico. Ver nota Sidenor. 

El Ayuntamiento de Vitoria ha recibido cerca de 270 alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento urbanístico de mayor rango. Las principales propuestas pertenecen a los empresarios del sector industrial, la construcción, los arquitectos y los vecinos de los diferentes barrios, pero sobre todo del centro. Las reivindicaciones obligan a revisar el documento recién aprobado de forma inicial, lo que podría dilatar los plazos para el visto bueno definitivo, previsto para febrero de 2025. Algunos expertos, de hecho, consideran esa meta un tanto ambiciosa. Los colectivos, que en algunos casos han unido sus fuerzas para diseñar sus propuestas (es el caso de la Cámara de Comercio y el SEA-Uneca), cuestionan algunos puntos del nuevo ordenamiento, en especial en lo referente a los suelos disponibles para construir viviendas y la expansión industrial para atraer nuevos proyectos a la capital alavesa. A pesar de que el equipo de gobierno de Maider Etxebarria contactó con los grupos de la oposición para sopesar la ampliación del plazo de alegaciones hasta después del verano (ya lo hizo la pasada primavera), optó por pasar a la siguiente fase tras contactar con diferentes colectivos y ante las reticencias del resto de los grupos. Y es que más allá de los empresarios y constructores, el Colegio de Arquitectos (COAVN), propietarios de suelo de Salburua y Zabalgana y asociaciones vecinales como Ensanche XIX entregaron sus aportaciones en las últimas fechas. También figuran propuestas de la plataforma Dikerik Ez, que pide que los terrenos cercanos a Foronda dejen de ser urbanizables. El nuevo Ejecutivo local ya había avanzado que «atenderá y escuchará» las alegaciones de estos expertos y agentes económicos. 

El Gobierno vasco destinará a las tres universidades vascas 235 millones de euros en los próximos cuatro años, 35 más que en el cuatrienio precedente. La mayor cuantía será para la Universidad del País Vasco (UPVEHU), que recibirá 162 millones. La de Deusto obtendrá 40 millones y Mondragón, 32. Las cuantías irán incrementándose progresivamente año a año desde este ejercicio hasta 2026. Según detalla el documento aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, el Departamento de Educación suscribirá tres contratos-programa con cada uno de los centros, donde se recogen los objetivos consensuados por las partes. El primero está centrado en la ciencia, donde se marcan como objetivos fundamentales posicionar a las universidades como motor de innovación y avanzar en la creación de infraestructuras de investigación. La UPV/EHU tendrá a su disposición 77, 4 millones, Deusto contará con 15,8 y Mondragón, 10,9. El segundo de estos campos se centra en la relación entre la universidad, la empresa y la sociedad. El objetivo fundamental aquí es la transferencia de conocimientos desde el mundo académico hacia la sociedad vasca, favorecer la inserción laboral del alumnado, impulsar el emprendimiento, así como desarrollar acciones para la igualdad de género y la normalización del euskera. 44,5 millones serán para la UPV/EHU, 13,1 para Mondragón y 11,5 para Deusto. El último se denomina ‘Internacionalización+Docencia innovadora’. Se busca hacer de la internacionalización un eje prioritario con medidas como impulsar la movilidad de estudiantes, profesores y personal investigador y la colaboración con otras regiones y universidades extranjeras.

Pese al aumento de los precios, los turistas extranjeros se han multiplicado tras la pandemia. Cada vez son más los visitantes que llegan a Euskadi procedentes de otros países y el desembolso que hacen en Gipuzkoa y alrededores es también mayor. 118 euros gastan cada día de media estos viajeros procedentes de países como China, Francia o Estados Unidos durante su estancia en el País Vasco, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que corresponden al primer trimestre del año. Esto supone 26 euros más que en 2019 por jornada, un incremento cercano al 30%. Los chinos son los que hacen un mayor desembolso, con 201 euros por día, seguidos de los andorranos (184), los suizos (163) y los franceses (139). La inflación y el encarecimiento de las habitaciones en ciudades como Donostia son algunas de las causas que explican este aumento en el gasto, así como el mayor número de turistas que llegan a Euskadi tras finalizar las restricciones por la crisis sanitaria, que hizo que de 2020 a 2022 el turismo se redujera. Así, en la actualidad, el gasto por visitante durante el tiempo que pasan en tierras vascas es de 214 euros, lo que hace pensar que apenas se quedan una noche o dos en Euskadi. Los turistas que vienen de China son, otra vez, los que más gastan en su estancia en Euskadi –364 euros–, mientras que en el otro lado de la balanza se encuentran los finlandeses, que dejan 70 euros al día en sus viajes al País Vasco y un total de 128 por estancia. Los visitantes extranjeros, según el INE, se dejaron algo más de 440 millones de euros en la Comunidad Autónoma Vasca entre enero y marzo, casi el doble que hace un año (237) y muy por encima de las mismas fechas de 2019 (281 millones). Aquí destacan los franceses, con casi 258 millones, debido a la cercanía geográfica de Euskadi con el país galo, sobre todo por Gipuzkoa. San Sebastián es un destino habitual en las escapadas de día y fin de semana de los franceses. Son quienes más visitan Donostia y alrededores. Les siguen los turistas procedentes de Estados Unidos, que en el primer trimestre del año se dejaron más de 25 millones en Euskadi.

De los 130 millones que costaría el Guggenheim de Urdaibai 80 ya están asegurados a partes iguales entre la Diputación y el Gobierno central. El Consejo de Ministros aprobó ayer su aportación, que relanza el proyecto y obliga al Ejecutivo de Urkullu a aclarar sus dudas sobre el proyecto. El Consejo de Ministros aprobó ayer, en su última sesión antes del inicio de la campaña electoral, una subvención de 40 millones que lanza definitivamente el proyecto del Guggenheim de Urdaibai. «Se va a hacer sí o sí», había garantizado en mayo, en su campaña electoral, la próxima diputada general, Elixabete Etxanobe. A ese plan se suma ahora el Gobierno central inyectando una partida que permite cubrir casi un tercio del coste de los trabajos –130 millones–. Se destinará a preparar los entornos naturales en los que se levantarán las dos sedes de la futura pinacoteca, en Gernika y Murueta, y a mejorar las conexiones. Concretamente, la partida está dirigida a descontaminar 63.000 metros cuadrados de terreno, los 21.000 que ocupa la antigua fábrica Dalia en Gernika y los 42.000 sobre los que se asientan los Astilleros de Murueta. Ambas construcciones serán derruidas antes de la revisión de las parcelas y su restauración como zonas verdes. Se procederá además a la restauración del cauce natural de la ría mediante el «retranqueo de los muelles», y también se instalarán estacionamientos para bicicletas y se ampliara la red de bidegorris.

El paso de los meses ha ido incrementando el interés de la deuda pública hasta alcanzar ayer el 3,8% a un año vista. Se trata del mayor interés ofrecido por las letras a 12 meses de las subastas de hace una década. Por entonces, el Estado tenía que asumir un coste elevado para vender sus productos (letras, obligaciones, etc.) ante la crisis financiera en la que se encontraba España. Ahora lo hace al seguir las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) de incrementar de forma vertiginosa los tipos de interés desde el 0% de hace un año hasta el 4% actual. Esas decisiones de Fráncfort son las que han llevado a que la deuda pública a corto plazo ofrezcan al inversor la única gran oportunidad para conseguir más dinero por sus ahorros del que les ofrecen sus respectivas entidades financieras. En la subasta de ayer, el Tesoro adjudicó más de 5.200 millones de euros en dos subastas de letras. El organismo, dependiente del Ministerio de Economía, destaca «el fuerte interés de los inversores minoristas, si bien se ha estabilizado en las últimas subastas de letras». Las pujas no competitivas, que en su mayoría vienen de inversores particulares, han representado un 18% de la emisión, concentradas en la letra a un año (324 millones de euros a seis meses y 621 millones a 12 meses). Ese interés deriva de los tipos ofrecidos en ambos productos. En las letras a seis meses, el Estado se compromete a pagar a los inversores más de un 3,6%. Y en las de 12 meses, un 3,804%. Se trata del mayor interés ofrecido por el Estado en su deuda desde mediados del año 2012.

La banca española trata de incentivar la demanda de crédito ante el parón por la incertidumbre económica. Y lo hace con ofertas a sus clientes premium, los más vinculados, de los que ya conoce su solvencia. Una estrategia que se produce mientras se endurece el crédito en general por la subida de tipos del Banco Central Europeo. Así, coinciden préstamos más baratos para los clientes estrella, mientras que cada vez más vulnerables se quedan fuera. El giro en la política monetaria del BCE del pasado julio ha supuesto un antes y un después, tanto para el negocio bancario como para las familias. Las entidades han ido endureciendo las condiciones para acceder a la financiación, como constata un informe publicado ayer del organismo que preside Christine Lagarde con datos a nivel europeo de los cinco primeros meses del año. Esto provoca a su vez que los niveles de nueva producción crediticia caigan de forma progresiva. Según el Banco de España, entre enero y abril hubo algo menos de 140.000 millones en nuevas operaciones (en hipotecas, crédito al consumo y préstamos a empresas no financieras), casi un 9% menos que en el mismo periodo de 2022.

Tras 1.207 días España da ya por terminada la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. José Manuel Miñones, ministro de Sanidad, anunció ayer la decisión tomada en el Consejo de Ministros de hoy. «Tres años después ponemos fin a la crisis sanitaria y decaerán todas las medidas sanitarias extraordinarias puestas en marcha». Entre ellas, destaca la más esperada por la población: las mascarillas ya no serán obligatorias en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, según el acuerdo aprobado, que declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. «Cerramos hoy un episodio provocado por la pandemia que ha causado estragos en todo el mundo. Salimos más fuertes de la crisis sanitaria y más de tres años después decimos, sin bajar la guardia, adiós a la pandemia que ha marcado nuestras vidas». Las mascarillas suponían el último vestigio de la pandemia en España. Nuestro país ha sido de los últimos en la retirada del tapabocas, cuyo anuncio coincide con el actual periodo preelectoral convulso. Además, Miñones expuso un análisis de la situación epidemiológica actual y señaló que desde noviembre de 2022 muestra de «una tendencia decreciente» en lo que respecta a fallecimientos y hospitalizaciones, inferiores al 1%. Cabe recordar que en nuestro país los casos registrados en estos tres años ascienden a 13.914.811 y que se ha de lamentar la pérdida de 121.760 vidas. 

Japón podrá verter al mar en las próximas semanas las aguas residuales de la central de Fukushima tras recibir ayer el visto bueno del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). En el informe, de vital importancia y que fue presentado por el presidente de la organización, Rafael Mariano Grossi, los expertos internacionales aseguran que este vertido supone un «impacto radiológico bajo» para la población y el medio ambiente. Tras dos años de explicaciones, reuniones y trabajos, Tokio saca adelante un proyecto que le ha enfrentado en los últimos ejercicios con sus vecinos chinos y surcoreanos. «No existe ningún riesgo», explicó ayer Grossi. «El sistema cumple con importantes estándares de seguridad a nivel internacional», añadió. El plan ha sido elaborado por las autoridades niponas en colaboración con el OIEA y la energética Tokyo Electric Power (TEPCO), propietaria de la central nuclear de Fukushima, que quedó gravemente dañada por el terremoto y posterior tsunami de 2011. El proyecto consiste en verter al océano Pacífico de forma gradual más de 1,32 millones de toneladas de líquido contaminado de radioisótopos, que ha sido tratado para retirarle la mayoría de materiales altamente radiactivos y diluido en agua marina. Este proceso, denominado Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS), es capaz de retirar más de medio centenar de materiales radiactivos, salvo el tritio y el carbono-14, según los documentos de las autoridades japonesas. «El tratamiento se repite tantas veces como sea necesario para garantizar que la concentración de materiales está por debajo de los límites de Japón a partir de estándares internacionales», aseguran.