20231217

Durante este año, a punto de acabar, solo ha gestionado 24.698 contratos de los 675.731 firmados en Euskadi, lo que representa un 3,6% del total. Por mucho que estos bajos porcentajes sean frecuentes en los servicios públicos de empleo de todas partes, Lanbide es consciente de que tiene mucho que mejorar y, de hecho, está inmersa en un proceso de transformación que se verá apuntalado en la primera Ley vasca de Empleo que este jueves se aprobará en el Parlamento vasco. Esta iniciativa, que constituye uno de los grandes proyectos de la vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, garantiza de manera pionera el derecho subjetivo de los ciudadanos a recibir un tratamiento personalizado para ayudarle a encontrar empleo. En concreto, la ley prevé que todos los parados vascos tengan un profesional de referencia para llevar su caso, que en dos meses le realizará su diagnóstico de su situación y en un mes le preparará un plan con formación adecuada para conseguir un trabajo. Uno de los problemas con los que parte Lanbide para mejorar su nivel de intermediación es que las empresas no le comunican sus ofertas de trabajo y buscan profesionales por otras vías. El Gobierno vasco aspiraba a que el central, competente en esta materia, impusiera esta obligación en la legislación estatal, pero al final no ha sido así. Por tanto, solo se podrá instar a las compañías a que lo hagan de forma voluntaria. «Se ha perdido una oportunidad muy importante porque si fuese obligatorio se dispondría de una información clave sobre los perfiles que demandan las empresas y las condiciones que ofrecen», se lamenta Arantza Martínez, secretaria general de Empleo en CC OO Euskadi. A su juicio, lo que se debería hacer es que «en las convocatorias en las que se concedan ayudas para la contratación a las empresas se exija que utilicen Lanbide para cubrir los puestos». Pese a esta falta de obligatoriedad, la idea del departamento de Empleo es crear una base de datos centralizada con las ofertas y reforzar la conexión con las empresas.

Entrevista con Ane Insausti, diputada de Promoción Económica, de la Diputación de Gipuzkoa. "Las empresas de Gipuzkoa están bien. Los últimos datos sobre ventas son muy positivos. Claro que me preocupa que países que son fuertes para nosotros estén con catarro, por decirlo de alguna manera. Ese es el ‘pero’ en un diagnóstico claramente positivo. La incertidumbre ha venido para quedarse, así que no podemos caer en la complacencia...Las inversiones estratégicas no se paran, y tenemos unas empresas sanas, con lo que no hay morosidad, pero las otras inversiones se estudian mucho. Antes se decidía más fácil. Hay que estar atentos, pero vamos a poder soportar la situación...El empleo resiste porque el reto demográfico pesa más que la coyuntura que pueda tener la empresa. La necesidad de gente es tal que prefieren no perder capital humano...Sí pienso que durante generaciones se ha hecho una labor vital para ser capaces de tener la sociedad del bienestar que tenemos hoy y que eso no es gratis, es algo que se ha de seguir trabajando. No podemos dormirnos en los laureles. Debemos seguir siendo emprendedores, apostando por el I+D...–Las empresas vascas se quejan mucho de la conflictividad, las huelgas y el absentismo...–No voy a entrar en quejas o no. Lo que sí entiendo es que el absentismo, alto o bajo, es un problema que hay que mitigar. Prefiero ser constructiva, y lo que nos toca es poner herramientas para que esto no se vea como ‘el trabajador y el empresario’, sino como la sociedad. Todos vamos en el mismo barco y hemos de remar igual y en la misma dirección...–Adegi lamenta los ataques y el desprestigio al empresario...–Lo que creemos firmemente es que las empresas somos todos y todas, y sin ellas y sin una economía fuerte no generamos riqueza, y sin eso no hay bienestar social. Con eso lo digo todo. Sus retos son los de la sociedad guipuzcoana. Son parte importante de nuestro bienestar social..."

La económica es una de las grandes cuestiones que rodean al proyecto del Guggenheim de Urdaibai. No solo el coste en sí, que ya es importante porque se trata de un proyecto que se sufragará en su totalidad con dinero público, también las instituciones dispuestas a aportar dinero. De momento hay dos: la Diputación y el Gobierno central. Se aguarda a que el Ejecutivo vasco haga pública su adhesión, decisión que no anunciará hasta después de las elecciones del año que viene. Según la cuantificación económica del proyecto realizada por Cooper Robertson, el nuevo museo tendrá un coste de 127,5 millones. Se trata de una cifra que ya hizo pública hace meses la Diputación, aunque en ningún caso puede darse por definitiva. Para empezar, porque el cálculo de costes se realizó a finales de 2022 y aún queda un tiempo para que se empiece a pensar en el proceso constructivo. Porque ese es uno de los grandes matices que aporta el estudio de necesidades. El presupuesto que se había anunciado hasta la fecha no incluye las labores previas que deben realizarse en los terrenos de Gernika y Murueta que acogerán las dos sedes de la pinacoteca. Entre ellas, el propio informe subraya las labores de derribo de los edificios actuales y el proceso de descontaminación al que deben someterse unos terrenos que han soportado durante décadas industrias pesadas. También la reforma de diques, de la franja costera y de la vía férrea. La Diputación anunció la semana pasada que ya ha iniciado las labores previas para conocer el estado ambiental de los terrenos y los posibles tratamientos de choque. 

Uno de los principales retos que tiene la economía vasca en lo referente a la transición energética es la descarbonización de la industria. No en vano, es un sector que supone más del 23% de la riqueza que genera la economía del territorio. Un camino hacia la eficiencia energética que requiere de profundos cambios que pasan por desarrollar tecnologías verdes y reducir la contaminación, y para los que es necesario el compromiso de empresas, tanto públicas como privadas, y de las administraciones públicas. De todo ello se departió en la segunda edición del Foro Eficiencia Energética y Sostenibilidad que, organizado por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) y El Correo, reunió en el Museo Guggenheim a líderes europeos y expertos del ámbito vasco, nacional e internacional. Una cita a la que asistieron alrededor de 300 personas que fueron testigos de los proyectos, tecnologías y marcos normativos que se están poniendo en marcha para conseguir avanzar en la transición energética. Porque la transformación haprocesos productivos más sostenibles es clave para lograr el objetivo de neutralidad climática que establece el Pacto Verde Europeo para 2050. Un reto que se antoja aún más importante si se ejemplifica con cifras: según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la industria representa el 24% del consumo final energético, del 22% del consumo final de combustibles fósiles (teniendo en cuenta solo los usos energéticos) y del 21% del total de las emisiones de GEI. A ello hay que sumarle los datos que arroja el Instituto de Recursos Mundiales, que cifra en cerca de 26 billones de dólares los beneficios económicos de pasar a una economía baja en carbono para el año 2030 y que estima una generación de 65 millones de empleos en todo el mundo. «El camino es largo, pero estamos en él», recogió José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País Vasco, en la presentación de la mesa redonda 'Solucia ciones y tecnologías para la descarbonización'. «Toda la industria está muy comprometida y llevamos años pisando el acelerador», aseguró Ibon García de Vicuña, director de Aprovisionamientos de Aceros Olarra.

La compañía vasca se ha visto obligada a revisar el plan estratégico que presentó en plena recuperación de mercados para el periodo 2021-2025 porque el negocio va como un tiro y se han cubierto los objetivos con dos años de anticipación. El plan se denomina NT2 y responde al acrónimo de Next Transition, New Tubacex. La idea: recalcar el papel fundamental que la compañía pretende desempeñar en la transición energética. Un proceso que inició en 2013 el equipo directivo encabezado por el consejero delegado Jesús Esmorís, formado en la industria vasca de automoción. La empresa constituida en Llodio (Álava) en 1963, con José María Aristrain como accionista principal —tiene un 11%—, fabrica y vende tubos sin soldadura en acero inoxidable y altas aleaciones de níquel. La demanda tradicional de los tubos viene de los sectores del gas, el petróleo, la petroquímica, la química y la energía. Pero Tubacex —2.263 empleados, de los que 750 trabajan en España— ha realizado un considerable esfuerzo de modernización en un sector tradicional como es el siderometalúrgico. Sabe adaptarse. La apuesta-objetivo es reducir el peso en el negocio de la industria del gas y petróleo del 60% al 30% para incrementar el de los sectores de automoción, aeroespacial, farmacéutica, hidrógeno, o aplicaciones de captura y almacenamiento de carbono. No se trata de vender sólo tubos, sino “soluciones”. Todo paso a paso y con puntos de apoyo. Uno de ellos, clave, es el contrato por valor de 1.000 millones de euros, el mayor de la historia de la compañía, adjudicado el pasado año por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (Adnoc) durante diez años. 

En sintonía con su estrategia de sostenibilidad, la compañía también está implementando medidas para reducir su propia huella de carbono, impulsar nuevas líneas de negocio sostenibles y reducir los consumos y residuos generados. Algunos de los proyectos sostenibles que desarrolla Sener son redes ferroviarias de alta velocidad y transporte urbano, planes urbanísticos y de movilidad, plantas de energía eólica marina, hidrógeno verde o solares termoeléctricas, además de otros desarrollos para reducir la basura espacial, capturar CO2 en el mar a través de buques específicamente diseñados para ello o contribuir a la economía circular. Sener fortalece su apuesta por la sostenibilidad desarrollando un 80 % de sus proyectos alienados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los 6 objetivos de taxonomía verde europea. Así, la compañía impulsa la transición de las empresas hacia modelos de negocio más respetuosos con el medioambiente y dirigidos al progreso social a través de la tecnología y de la innovación.

Ingeteam destina una inversión recurrente de alrededor de un 5% de su cifra de negocio a la I+D+i, garantizando de esta manera que sus bancos de pruebas y laboratorios propios cuenten con la tecnología más puntera. Cuando los fundadores de Ingeteam pusieron en marcha su proyecto hace más de 50 años, tenían clara su visión: trabajar para la electrificación de un futuro sostenible (“Electrifying a sustainable future”), reto que se ha mantenido a lo largo de los años y que hoy en día sigue siendo el eje transversal de su actividad. La compañía afirma con orgullo que “la apuesta por la tecnología propia que marcó los inicios de TEAM en 1972, nos ha convertido en un referente mundial en diferentes sectores”. Su propósito es consolidarse como líderes en la generación renovable (eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica), en el almacenamiento, en la red de transporte inteligente y en los consumos eficientes y limpios de energía eléctrica a través de sus cargadores de vehículo eléctrico y convertidores, generadores y motores para tracción, marina, siderurgia y minería, así como para la producción de hidrógeno verde y bombas y motores sumergibles para agua. 

Año nuevo, reglas diferentes para la jubilación. Así lleva sucediendo desde hace ya más de una década. Desde el próximo enero entrarán en vigor unas condiciones para convertirse en pensionista que serán un poco más exigentes que las que rigen ahora y obligarán a los trabajadores a retrasar el retiro hasta los 66 años y medio. Dos reformas están detrás de esta vuelta de tuerca: la de 2011, que va retrasando gradualmente la edad de jubilación y endurece su acceso, y la aprobada entre 2021 y 2023, que vuelve a revalorizar las pensiones con los precios, penaliza más a los trabajadores que se jubilan antes y premia a los que lo hacen más tarde. A partir de enero para poder jubilarse con el 100% de la pensión serán necesarios 66 años y seis meses, dos meses más que ahora, para aquellos trabajadores que no tengan largas carreras laborales. También el periodo cotizado exigido aumenta tres meses y para poder retirarse con los 65 años de antaño habrá que haber estado pagando las cuotas a la Seguridad Social durante al menos 38 años, frente a los 35 años que se exigían antes de la reforma de 2011. El objetivo es que a partir de 2027 la edad legal quede establecida en 67 años si no se ha trabajado como mínimo 38 años y medio. También se retrasa dos meses, hasta los 64 años y seis meses, la edad para acceder a la jubilación anticipada voluntaria (quienes hayan cotizado al menos 38 años pueden hacerlo a los 63) o a los 62 años y medio para los que se retiren antes debido a un despido (61 años si han cotizado un mínimo de 38 años), pero tendrán un recorte en su pensión que puede llegar hasta el 30%.

Las cuotas a la Seguridad Social que pagan cada mes los más de 20,8 millones de trabajadores por contingencias comunes se incrementarán el próximo año hasta un 5%, lo que supondrá un desembolso extra de casi 70 euros al mes para aquellos que tienen unos sueldos más altos. Los más de 1,5 millones de trabajadores que cotizan por el máximo son los grandes perjudicados por la reforma de las pensiones, que estableció por ley que sus bases aumentarán cada año lo que se eleve la inflación más un 1,2% extra, lo que supondrá una subida del 5%. Así, la base máxima pasará de los actuales 4.495,5 euros a 4.719,75 euros en 2024, lo que supondrá un alza en sus cuotas de más de 63 euros al mes. Lo que se desconoce por el momento es cuánto se elevará en 2024 la base mínima, situada en 1.272,2 euros, puesto que su subida está ligada de forma automática a la del salario mínimo y el Gobierno sigue negociando con sindicatos y patronal cuánto puede aumentar en enero. No obstante, previsiblemente oscilará entre el 4% que propone la vicepresidenta Yolanda Díaz y el 5% que demandan los sindicatos. Pero, además, 2024 traerá otro extra para todos los trabajadores por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) creado para llenar la ‘hucha’ para pagar las pensiones de la generación del ‘baby boom’. Este impuesto se eleva una décima hasta suponer el 0,7% de las cotizaciones a la Seguridad Social. De esta forma, se restará de las nóminas entre más de 9 euros al mes (para aquellos que coticen por la mínima) y 37,7 euros para los salarios altos, lo que supondrá un recorte de hasta 450 euros el próximo ejercicio. El Gobierno espera recaudar con esta cotización finalista 3.702 millones de euros para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

El nuevo año vuelve a traer cambios para los más de 3,3 millones de autónomos que hay en España. El pasado enero entró en vigor un nuevo sistema de cotización que se basa ya en sus ingresos reales, a semejanza del que rige también para el resto de trabajadores. Este modelo ha supuesto una importante modificación en lo que pagan a la Seguridad Social, hasta el punto de que, según las previsiones que maneja el ministerio, rebajará las cotizaciones a casi la mitad del colectivo, se las elevará a una cuarta parte (750.000 personas) y se las mantendrá al 25% restante. Como su implantación se hace de forma gradual hasta estar plenamente operativo en 2032, este próximo año variarán ligeramente las cuotas y habrá autónomos, los que ganan menos de 1.125,9 euros al mes, que tengan que pagar menos, entre 5 y 10 euros menos cada mes; otros que se quedarán como estaban, y, por el contrario, los que ingresan más de 1.700 euros tendrán que abonar unas cuotas hasta 30 euros más caras. El sistema determina las cuotas que tienen que pagar los trabajadores por cuenta propia en función de 15 tramos que se basan en los rendimientos netos que obtienen. Estos se calculan restando a sus ingresos todos los gastos producidos en el ejercicio de su actividad, pero los autónomos personas físicas pueden deducirse sin necesidad de justificarlos un 7% de los gastos y los societarios, un 3%.

Nunca había logrado emplear a tantos trabajadores como ahora, 21,3 millones según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Este hito tan positivo, que ayuda a fomentar el consumo, a dotar de fondos a los servicios públicos o a rebajar la presión en prestaciones sociales, es cada vez menos atribuible a la fuerza laboral nacida en España. Nunca antes había sido tan alta la proporción de trabajadores extranjeros (14,1%, tres millones) o con doble nacionalidad (4,7%, un millón). Hace un año sumaban el 17,1%; hace diez, el 12,8% y hace dos décadas, el 8,6%. Ellos son los empleados que impulsan la ocupación a niveles desconocidos. La principal razón de este fenómeno, explican las expertas consultadas, es que la economía española necesita mano de obra y la estructura poblacional de los nacionales no satisface esas necesidades. Lo que la bajísima natalidad y el intenso envejecimiento restan lo compensan los flujos migratorios. Sin ellos, el sistema productivo griparía. Una de las cifras que mejor ilustra esta tendencia está en la porción del empleo generado atribuible a cada colectivo. En el último año (del tercer trimestre de 2022 al de 2023), según la EPA, se crearon 720.200 puestos de trabajo. Entre extranjeros y empleados con doble nacionalidad aportaron 482.300 trabajadores, más que nunca. Del total, solo un tercio (237.900) corresponde a trabajadores españoles, la segunda proporción más baja en el siglo. Solo fue inferior en el periodo 2018-2019. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hacen una interpretación positiva de estos datos: “Reflejan el gran dinamismo del mercado de trabajo en los últimos dos años como resultado conjunto de políticas en el ámbito económico, laboral y migratorio”. 

"La economía se despide del año en mejor forma de lo que se había anticipado. Las turbulencias globales, exacerbadas por el conflicto en Oriente Próximo, y el ciclo de subidas de tipos de interés han frenado el crecimiento, pero sin provocar la tan temida recesión, al menos en España. La economía parece seguir resistiendo, según se desprende del puñado de indicadores que toman el pulso de la coyuntura en tiempo cuasi real (encuestas PMI de gestores de compra, ventas de grandes empresas, afiliación). Y a ello se añade la desescalada del IPC. Conviene, sin embargo, contextualizar estas dinámicas antes de extraer conclusiones con vistas al próximo año. Uno de los principales factores atenuantes del endurecimiento monetario y del estancamiento del comercio mundial estriba en el descenso de los costes importados. Los bienes y servicios que compramos en el exterior se han abaratado casi un 9%, en términos agregados (con datos de contabilidad nacional del tercer trimestre), borrando prácticamente todo el shock que se desató tras el estallido de la guerra en Ucrania. La desescalada ha tenido dos consecuencias providenciales. La más obvia es que ha facilitado la desinflación, como evidencia la rápida desaceleración del IPC total, que incluye los precios importados, en contraposición con la relativa persistencia del IPC subyacente, un indicador que aproxima las trayectorias internas. Así es como, poco a poco, las remuneraciones han ido recuperando algo de capacidad de compra: desde el segundo trimestre, los salarios pactados se incrementan a un ritmo superior a la inflación, sosteniendo el consumo de los hogares. En segundo lugar, el descenso de los costes de los suministros importados supone una inyección de poder adquisitivo de una magnitud inesperada. Esto es así porque, al tiempo que los costes de importación se han desplomado, el precio de nuestras exportaciones se ha mantenido, de modo que generamos más ingresos por cada unidad de producto intercambiada con el exterior. Es decir, la llamada “relación de intercambio” ha mejorado drásticamente, compensando por completo el deterioro consecutivo a la contienda en Europa del Este. Ahora bien, el beneficio es transitorio, ya que los precios internacionales se van estabilizando, de modo que el viento de cola aportado por la mejora de la relación de intercambio irá amainando..."

Actualmente, 240 gigafactorías (o conocidas también como megafactorías) están en funcionamiento en todo el mundo, y se proyecta que esta cifra se eleve a más de 400 para 2030, según Benchmark Mineral Intelligence, proveedor de información especializado en la cadena de suministro de baterías de iones de litio a vehículos eléctricos. El 82% de la capacidad de estas fábricas ahora se concentra en China, debido a una expansión brutal del vehículo eléctrico, que se ha beneficiado de un plan de subsidios de 11 años, que ha terminado en 2022, pero que algunas localidades han conseguido mantener en forma de devoluciones de impuestos. Allí (donde el auto enchufable más comercializado vale unos 5.000 dólares) se han vendido más de 3,4 millones de unidades en la primera mitad del año, superando con creces el total combinado de Europa (1,5 millones) y Estados Unidos (815.000), según con los datos de Canalys, proveedor de tecnología. Las ayudas, sin embargo, no han sido lo único que ha tirado del carro en el gigante asiático, que alberga a siete de los diez mayores fabricantes, con la empresa CATL (Contemporary Amperex Technology) a la cabeza. “El mercado automotor chino ha podido aprovechar su gran industria manufacturera y minera existente en cuanto al uso de materias primas, así como al desarrollo de una mano de obra especializada en baterías”, dice Anya Sidhu, analista de precios en Benchmark Mineral Intelligence. “La iniciativa china de la Ruta de la Seda también permitió al país expandir su acceso a depósitos de materiales extranjeros. Mientras, Europa y Estados Unidos se rezagaron”, añade la experta. Y en el futuro seguirán en desventaja. Para 2030 se espera que estén en funcionamiento unas 291 gigafactorías en China (150 de ellas en solo cinco de sus 23 provincias). Estados Unidos —gracias a Ley para la Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), que incluye reembolsos y créditos fiscales para la adquisición de vehículos enchufables— tendrá 38 fábricas en operación en los próximos seis años. En el Viejo Continente estarán en funcionamiento 36, con un importante despliegue en Polonia, Hungría, Alemania y Francia. En España, hasta el momento solo hay dos proyectos en el horizonte. 

Meta —la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— parece haber dejado atrás las dudas sobre su liderazgo. Twitter sigue inmersa en su transformación en X, un proceso durante el que ha perdido la mitad de su valor, y TikTok alarga cada vez más la sombra de su influencia sobre la competencia y el tablero geopolítico, no sin polémica. Los interrogantes sobre la hegemonía de Meta se extendieron como ondas circulares con las caídas de la compañía en el parqué el año pasado. “El primer mes que Facebook no fue capaz de mostrar crecimiento, se dio el mayor leñazo en Bolsa [Nasdaq] que hemos visto”, dice Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School. Tras mostrar un ligero descenso en los usuarios diarios activos de la plataforma, desaceleración de los resultados y previsiones más conservadoras, Meta protagonizó su primer descalabro en febrero de 2022, borrando 230.000 millones de dólares de su valoración. La consultora Moffett Nathanson, especializada en valores del sector, publicó una nota que tituló Facebook: ¿el inicio del fin? En Menlo Park, la localidad californiana donde está su sede, echaron mano de su viraje hacia diferentes formatos, la competencia, el contexto macroeconómico y los cambios de privacidad de Apple para explicar los números. Pero si los datos de 2022 tocaban a muerto, 2023 está siendo su año de resurrección. Después de fulminar a 11.000 trabajadores hace aproximadamente un año, Meta se levantó y comenzó a andar. Como Lázaro. “Cerramos el año pasado con algunos despidos difíciles y reestructurando algunos equipos. Cuando lo hicimos, dije claramente que sería el inicio de nuestro enfoque en eficiencia y no el final”, dijo Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado, el pasado febrero.

Atreju, la fiesta anual que celebran en Roma las juventudes de Hermanos de Italia (HdI), el partido derechista de Giorgia Meloni, vivió ayer su día grande con la presencia de los jefes de Gobierno de Reino Unido y de Albania, Rishi Sunak y Edi Rama, respectivamente, con los que antes se había reunido la primera ministra italiana. El conferenciante estrella, no obstante, fue el controvertido multimillonario Elon Musk, que se presentó en el escenario con uno de sus 11 hijos sobre los hombros como mejor preludio de sus proclamas a favor de la natalidad. El fundador de Tesla y Starlink animó a los presentes a «tener hijos», pues a su juicio la inmigración no resuelve el problema del envejecimiento poblacional que afrontan muchas naciones occidentales, como Italia y España. «Hay que interrumpir la inmigración ilegal, no la legal», dijo un Musk embebido en su función de gran gurú internacional mientras Meloni le escuchaba ensimismada desde la primera fila. A su lado, la jefa de Gobierno italiano tenía a su estrecho aliado Santiago Abascal, líder de Vox, que también se encandiló con las palabras del dueño de la red social X (antigua Twitter). Mostrando una gran sintonía con los partidos de la ultraderecha europea, Musk criticó la «demonización del petróleo y el gas» para arremeter luego contra la ideología ‘woke’ de Estados Unidos (asimilable al progresismo europeo), porque, a su juicio, «aumenta las divisiones, en lugar de reducirlas, y elimina el mérito». Meloni no sólo se llevó de la fiesta de Atreju (bautizado así en recuerdo del personaje de ‘La historia interminable’) el apoyo de Musk a sus políticas migratorias. Tras celebrar la «amistad sólida y fuerte» con la primera ministra italiana, una «conservadora y atlantista» como él, Sunak echó mano de la figura de la exjefa de Gobierno británica Margaret Thatcher, toda una «referencia para Giorgia», para cargar contra la inmigración ilegal. «Hoy debemos aplicar el radicalismo de Thatcher», dijo Sunak, que considera «insostenible e inmoral» la situación en la isla italiana de Lampedusa, situada en el centro de las rutas migratorias.