20220901

El borrador definitivo del Plan de Contingencia Energética que el Gobierno vasco ha enviado ya a Madrid plantea compensar a las empresas si se producen cortes en el suministro de energía. Aunque el objetivo del documento es proponer las medidas para ahorrar el 7% en el consumo exigido por la Comisión Europea, el departamento de Desarrollo Económico ha incorporado un sexto anexo –hasta ahora eran cinco–, en el que se recogen medidas destinadas a aliviar a la industria por la subida de los costes energéticos ante el «duro otoño e invierno» pronosticado por el propio lehendakari Urkullu. Las propuestas de este añadido inciden en competencias exclusivas del Gobierno central, por lo que no pasan de ser recomendaciones que el Ejecutivo de Vitoria espera ver reflejadas en el texto definitivo que el Ministerio de Transición Ecológica debe enviar a Bruselas este septiembre. Una de las medidas consiste en la recuperación del conocido como ‘Régimen de Interrumpibilidad’. Se trata de un elemento recogido en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos –aquellos con más de 40 GWh/año– que establece una ayuda a las compañías en caso de suspensión en el suministro. La otra gran medida que Euskadi pedirá a Madrid beneficiaría sobre todo a la industria papelera e incide en la cogeneración, una tecnología que permite producir electricidad y calor a partir del gas, muy castigada por el precio de este combustible y por el trato «discriminatorio» que, según denuncian los sectores afectados, le ha dado el Gobierno central respecto a los ciclos combinados a los que compensa de forma ventajosa. La medida resultaría vital para las papeleras, que hicieron grandes inversiones para autoabastecerse de electricidad y del vapor necesario para secar la pasta de papel. El borrador definitivo contempla también un «acompañamiento» específico a las pymes para ayudarles a realizar las inversiones y mejoras que garanticen al máximo la eficiencia energética. 

El encarecimiento histórico de la energía provocado por el descontrol del precio del gas está pasando una alta factura a la industria española, que ha comenzado a adoptar medidas drásticas sobre producción y empleo para contener la sangría de pérdidas causada por el aumento de los costes. Los productores industriales como ArcelorMittal y Ferroglobe; de materiales de construcción como Pamesa y Ceranor; alimentación (San Miguel Arcángel), papeleras (Saica) y motor (Stellantis, VW), entre otras actividades, han decidido reprogramar la producción prevista este año con paros parciales que podrían ir a más este invierno si prosigue la escalada de precios de la luz. La industria cerámica, con empresas emblemáticas como Pamesa, Azuliber y Ceranor ya han adoptado durante el verano ajustes por el alto coste de producción de sus plantas de cogeneración, que han dejado de ser competitivas por el precio desorbitado del gas y por ser excluidos de la última intervención del mercado que excluyó esta tecnología del sistema de ayudas. “Dos de cada tres plantas de cogeneración en España están paradas porque el sector se encuentra en pérdidas debido al encarecimiento del gas”, señala Javier Rodríguez, director general de Acogen, la patronal que representa a las más de 600 plantas de cogeneración españolas, aproximadamente el 7% de la producción energética del país. En su opinión, la situación se está traduciendo en una fuerte pérdida de competitividad frente a otros países como Portugal, que sí protegen la cogeneración, empleada en la industria cerámica, pero también en otros sectores como, por ejemplo, los productores de papel.

Los fabricantes alemanes están parando la producción en respuesta al aumento de los precios de la energía provocado por la restricción del suministro de gas aplicada por Rusia, una tendencia que el Gobierno ha calificado de “alarmante”. Robert Habeck, el ministro de Economía, afirmó que la industria se ha esforzado por reducir su consumo de gas en los últimos meses, en parte cambiando a combustibles alternativos como el petróleo, haciendo sus procesos más eficientes y reduciendo la producción. Pero señaló que algunas empresas también habían “detenido la producción por completo”, un hecho que calificó de “alarmante”. “No son buenas noticias”, reconoció, “porque puede significar que las industrias en cuestión no sólo se están reestructurando, sino que están experimentando una ruptura, una ruptura estructural, que se está produciendo bajo una enorme presión”. Habeck explicó que el aumento de los precios del gas está afectando a todos, desde las grandes empresas industriales hasta las pequeñas empresas comerciales y las medianas empresas que conforman el Mittelstand. “Allí donde la energía es una parte importante del modelo de negocio, las empresas están experimentando una auténtica angustia”, aseguró.

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa con su ronda de contactos para recabar propuestas para elaborar el plan de contingencia nacional que permita reducir el consumo de gas. La ministra de Industria, Reyes Maroto, confirmó ayer antes de inaugurar el congreso de Ametic –patronal del sector de la tecnología digital– en Santander que el próximo lunes se reunirá con la industria para configurar este plan. La ministra afirmó que el diálogo con todos los actores está «mejorando» el plan de contingencia, después de que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lleve días reuniéndose con las energéticas para esto mismo. Lo importante es «garantizar el suministro energético» pero reduciendo los precios a través de estas medidas, señaló la ministra. Aseguró que el plan de contingencia incluirá «medidas específicas de acompañamiento» para la industria electrointensiva, siendo conscientes de que el sector industrial consume el 50% de toda la energía del país. Estas ayudas se sumarán a los 480 millones que se han destinado en el último año para «acompañar y minimizar» el impacto de los precios energéticos en la industria. Asimismo, anunció que este mes sacarán las convocatorias de los PERTE de apoyo a la industria naval y agroalimentaria, que en conjunto van a movilizar «más de 700 millones de euros».

El Gobierno descarta que la amenaza de que Vladímir Putin cierre por completo el grifo del gas ponga en riesgo el suministro del país y obligue a racionarlo. Sin embargo, incluirá ese riesgo en el plan que remitirá a Bruselas este septiembre, según explican fuentes diplomáticas. El documento en el que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez aboga por actuar en tres frentes para recortar el consumo y asegurar el suministro energético: multiplicando las interconexiones de la península Ibérica con el resto de la UE, intensificando el ahorro de energía y desplegando programas para reducir la incidencia social de esas medidas. El Gobierno planea invertir entre 350 y 400 millones de euros mediante ayudas y créditos europeos para desarrollar la última milla del Corredor Ibérico del Hidrógeno, como se ha rebautizado al MidCat con el fin de que esté operativo en invierno de 2024, según las mismas fuentes. La inversión, no obstante, estará condicionada a que Francia se comprometa a construir su tramo, a lo que hasta ahora ha sido reacia. El ministerio que dirige Teresa Ribera estudia también desde la sustitución masiva del alumbrado de carreteras por luces LED hasta ayudas a supermercados para cerrar los frigoríficos. Europa busca alternativas urgentes al suministro de gas procedente de Rusia, que ayer cerró durante tres días el gasoducto Nord Stream. 

Nueve de los diecinueve países de la moneda única superan tasas anuales de doble dígito, entre ellos España (10,3% en tasa armonizada), metiendo cada vez más presión al BCE para embridar la bacanal inflacionista. No será fácil ni indoloro, porque la principal receta es un drástico endurecimiento de la política monetaria. La institución que preside Christine Lagarde elevó en 0,5 puntos los tipos de interés en julio y anticipa un alza similar en septiembre, aunque el propio BCE ha admitido que una subida mayor, de 0,75 puntos, está también sobre la mesa. Tras una década de borracheras de liquidez y de tipos en mínimos, el BCE no oculta ahora que controlar el incendio inflacionista exigirá un alto “sacrificio” por el impacto que el volantazo en su política monetaria puede tener sobre el crecimiento y el empleo. En EEUU, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha admitido que el giro monetario causará “dolor a familias y negocios”, pero ha advertido de que no combatir la inflación provocaría “un dolor mucho mayor”. En la zona euro, el problema no es solo el avance imparable del IPCA general, fruto del latigazo de los precios energéticos (+38,3% en agosto), y del encarecimiento de los alimentos (+10,9%), sino también, y sobre todo, de la inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos), que en agosto escaló hasta el 5,5%, cuatro décimas más que en julio y su séptima subida consecutiva. Un dato que evidencia que el alza de los precios se ha enquistado en la cesta de la compra de los europeos, propagándose por todo tipo de bienes y servicios y torpedeando la actividad y el crecimiento económicos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, emplazó ayer reiteradamente a la patronal a que se vuelva a sentar con los sindicatos para reanudar las negociaciones del acuerdo de negociación colectiva que incluya recomendaciones salariales para empresas y sectores. Este insistente llamamiento de Díaz está claramente causado por la presión social que ha empezado a surgir en torno a la elevada inflación persistente por encima del 10%. Asimismo, la petición de la ministra llega precedida de sus propias y polémicas declaraciones de apoyo expreso a las protestas sindicales ante un supuesto bloqueo de la patronal de la negociación colectiva y la negativa de los empresarios a elevar los salarios en una mayor cuantía de lo que lo están haciendo. De estas dos acusaciones –el bloqueo de las negociaciones y los bajos incrementos salariales–, los datos solo respaldan la última de ellas, ya que el incremento salarial pactado para casi siete millones de asalariados hasta julio es del 2,56% frente a una inflación que multiplica este dato por cinco y que hace que estos trabajadores estén perdiendo ocho puntos de poder de compra, salvo alrededor de 1,7 millones de estos ocupados que tienen cláusulas de revisión salarial, que compensan los desvíos de IPC respecto al aumento salarial pactado. De hecho, la exigencia de los sindicatos de generalizar estas cláusulas –que ahora solo protegen a uno de cada cuatro asalariados con su convenio colectivo pactado y con efectos este año– fue la causa principal de que las conversaciones entre las organizaciones patronales y sindicales saltaran por los aires en la primavera pasada.

El dato del euríbor ha vuelto a colarse en la vida de los hogares españoles con un alza que le ha llevado a cerrar agosto en el 1,249%. Se trata de la mayor referencia de este indicador desde mayo de 2012, hace ahora 10 años. El euríbor se ha dado completamente la vuelta en lo que va de año pasando de una media mensual del -0,5% de diciembre a rozar el 1,25% actual. Y las perspectivas para septiembre no son nada halagüeñas, ya que ayer registró una tasa diaria superior al 1,7%, por lo que el mercado no descarta que supere el 2% mensual en poco tiempo. Los hipotecados a los que les toque revisar su préstamo con la referencia de agosto, acostumbrados a pequeños cambios en sus cuotas durante los últimos años, sufrirán ahora un importante incremento. Así, una hipoteca de 150.000 euros (la media más habitual según los últimos datos del INE) a 25 años, a tipo variable con un diferencial del 1% más el euríbor y revisión anual, pasará de pagar una cuota de 550 euros a abonar 670. Es decir, 120 euros más al mes o 1.440 euros más al año. Para ese mismo tipo de hipoteca, pero con un capital prestado de 180.000 euros, la cuota pasaría de 640 euros a 785 euros al mes. En el cómputo del próximo año, 1.700 euros más. Conscientes de la subida que se venían observando desde principios de año, gran parte de quienes han financiado la compra de una vivienda en los últimos meses han optado por las hipotecas a tipo fijo (un 73% del total) frente a las variables (un 27%). El interés medio de las primeras sigue siendo mayor (2,6%) frente a las segundas (un 2%). 

El Ibex cerró ayer con una caída del 1,1% y por debajo de los 7.900 enteros, lo que supone encadenar 11 sesiones en ‘rojo’ y registrar así la peor racha de su historia. El selectivo español se situó en los 7.886 enteros. En el balance de agosto la caída es del 3,3%, mientras que en comparación con principios de 2022, el índice recorta un 9,5%. La evolución del Ibex-35 durante el mes de agosto ha estado condicionada por los datos macroeconómicos y las posibles decisiones de los bancos centrales. Si durante la primera parte del mes el selectivo registró un ‘rally’ alcista que le llevó a sumar 11 jornadas en positivo, durante las últimas dos semanas el rojo ha sido predominante, adelantándose a las subidas de tipo previstas por parte de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y del BCE. Además, la crisis energética ha vuelto a poner contra las cuerdas a los países, con Rusia anunciado varios cierres por mantenimiento del gasoducto Nord Stream, que lleva el gas hasta Alemania, muy dependiente de esta materia prima.

Cada vez más personas trabajan a tiempo parcial en Euskadi. Concretamente, en el último año se han creado 11.600 puestos en esta modalidad, lo que supone un 7,9% más que en 2021 y 2.400 empleos más que los creados a tiempo completo, que han aumentado solo un 1,2%. Así, según los datos ofrecidos ayer por el Monitor Adecco, la proporción en el conjunto de ocupados de quienes trabajan a jornada parcial ha crecido cuatro décimas en el último año y alcanza ya el 15,9%. Se trata del porcentaje más elevado de toda España, con la Comunidad Valenciana en segunda posición a cierta distancia, con un 15,2%. Curiosamente, tanto en Valencia como en el conjunto del país el trabajo a tiempo parcial se va reduciendo: en el último año su número ha caído en 17.000 ocupados a nivel nacional, mientras que se han creado 813.000 puestos a tiempo completo. De esta forma, la proporción de ocupados a tiempo parcial en España se reduce al 13,7% del total, cinco décimas menos que el año pasado, la tasa más baja en diez años, y 2,2 puntos por debajo de la vasca. En el caso de Euskadi, Adecco también subraya el relevante papel que juegan en estas estadísticas los empleados que continúan estudiando. Según los datos de la consultora, su número ha aumentado en los últimos seis trimestres y alcanza ya los 200.000. Nada menos que el 19,1% de todos los trabajadores vascos. Es la tercera mayor proporción a nivel autonómico y refleja la creciente importancia que se le da a la formación.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se refirió ayer a Mercedes y a esa inversión mil millonaria que garantizará el futuro de la planta automovilística vitoriana. Confía en que la firma se pronuncie este septiembre sobre el desembolso de 1.200 millones de euros previsto para la mayor industria vasca y espera poder asistir a «un anuncio que va a suponer la garantía de perdurabilidad de la planta por unos 20 años». La multinacional alemana condicionó esta inversión a la firma del convenio por parte de los trabajadores. Estos lo aprobaron el 12 de julio, con vigencia hasta 2026, después de varias jornadas de huelgas y manifestaciones. La planta de Vitoria retomó este lunes su actividad industrial tras el parón vacacional. Urkullu espera que este mes «podamos vivir la conclusión» del tema «por parte de lo que es el grupo Mercedes-Benz y, sobre todo, lo que es el sector del segmento de las furgonetas, que es lo que afecta a Vitoria», dijo en una entrevista a Radio Euskadi. Urkullu recordó que, en junio, la Diputación de Álava y Lakua adquirieron el compromiso de «coparticipar con Mercedes en el Centro de Fabricación Avanzada». «Lo vamos a cumplir como un elemento de compromiso institucional para lo que pueda ser el futuro de Mercedes-Benz en Vitoria», reforzó. 

El sector de la alta y media-alta tecnología generó en Euskadi en 2020 el 8,9% del valor añadido bruto (VAB) de la economía vasca y el 9,3% del personal ocupado. Además, ejecutó el 73,6% del total del gasto interno empresarial en I+D y concentró el 44,7% de las empresas que realizaron I+D durante ese año, según los datos elaborados por el Instituto vasco de Estadística, Eustat, y hechos públicos ayer. Este sector, que abarca aquellas actividades con una base tecnológica sólida y una rápida renovación de conocimientos, generó en su conjunto 93.732 puestos de trabajo, el 9,3% del total. El número de empresas donde se desarrollaron estas actividades fue de 4.946, que facturaron un total de 19.836 millones de euros. En el conjunto de España, el País Vasco supone el 5,3% de las empresas que operan en este sector y genera el 7,9% de su valor añadido bruto. Ahora bien, segú n aclaró el instituto estadístico vasco en su comunicación, es en la industria manufacturera donde el peso del sector de la alta y media-tecnología es mayor, llegando a suponer el 7% de las empresas y el 10,5% del valor añadido bruto.

MásMóvil, el dueño de las marcas vascas de telecomunicaciones Euskatel y Guuk, no plantea revisar las tarifas de sus clientes en función del IPC. Fuentes de la compañía confirmaron ayer que en las compañías dirigidas por Meinrad Spenger «no hay cambios a día de hoy». La confirmación llega después de la decisión del tercer operador nacional de telecomunicaciones, el británico Vodafone, de subir sus tarifas con el IPC a partir del próximo año. Un movimiento sin precedentes en el sector que venía canibalizándose entre los competidores con bajadas de precio para lograr abonados. Movistar ya inició un desmarque, pero solo consistió en dejar de aplicar bajadas de precios. Una dinámica que ha venido centrando el crecimiento de clientes en marcas ‘low cost’ como Digi, que lideró el pasado mes de julio el número de portabilidades. La subida de la inflación ha cambiado una práctica casi intocable y según confirmó este periódico, Vodafone adaptará las tarifas al IPC interanual calculado entre octubre del año pasado y septiembre de este mismo. A modo de ejemplo, si la inflación media rondara el 9%, la subida de un servicio contratado por 60 euros mensuales sería de aproximadamente 5,50 euros a partir del próximo mes de enero.

Iberdrola ha visto reactivado su proyecto de redes entre EE UU y Canadá para el suministro de energía limpia al Estado de Massachussets, cuya inversión total estimada ascendía a unos 950 millones de dólares (unos 951,5 millones de euros), después de que la Corte Suprema de Justicia del Estado de Maine haya declarado inconstitucional el referéndum que el año pasado paralizó esta interconexión eléctrica. Ahora, el grupo energético vasco ve como se desbloquea uno de sus grandes proyectos en EE UU, el denominado New England Clean Energy Connect. En el proyecto, que había recibido todas las autorizaciones a principios de 2021, se habían invertido ya 450 millones de dólares para su desarrollo, pero los ciudadanos del Estado de Maine votaron en referéndum el pasado mes de noviembre en contra de su construcción, que desarrollaban conjuntamente Central Maine Power, filial de Avangrid que a su vez lo es de Iberdrola, y la canadiense HydroQuebec. Dicha consulta popular ha sido ahora declarada inconstitucional por la Corte Suprema de ese Estado. Con una distancia de 145 millas, la línea de transmisión eléctrica proveerá de 1.200 megavatios (MW) de energía hidroeléctrica renovable a la red de energía de Nueva Inglaterra en Lewiston (Maine). El proyecto creará más de 1.600 empleos cualificados durante el período de construcción de dos años y medio. 

El encarecimiento generalizado de los precios a nivel mundial, y que tiene su réplica en los materiales utilizados en la construcción inmobiliaria, ha provocado que en España ya se terminen más viviendas de las que empiezan a levantarse. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el número de certificaciones de fin de obra se situó en 8.308 en mayo, último mes con datos disponibles. Por contra, los visados de obra nueva ascendieron a los 7.647, provocando una diferencia de 661 notificaciones. Algo así no sucedía, según la serie histórica, desde diciembre de 2020, cuando el saldo negativo fue de 92 certificaciones. Previamente, durante los meses de confinamiento y restricciones vinculadas a la pandemia, España llegó a anotar diferencias mucho más notables, de hasta el entorno de los 3.000 visados. Desde que terminaron los efectos de la crisis financiera de 2008, y hasta la irrupción del Covid-19, el país había registrado siempre más visados de obra nueva que certificaciones de fin de la actividad. El cambio de tendencia registrado en el mes de mayo, a la espera de ver si se prolonga durante más tiempo, es una muestra más de los efectos que la inflación está dejando en el mercado. Los expertos, por ahora, creen que la situación podría prolongarse en el corto plazo debido a la fuerte incertidumbre que rodea a la economía.

La posición mostrada en las últimas semanas por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respecto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está provocando inquietud entre los empresarios, que no creen que el momento actual, con la inflación en el 10,4%, los costes de la energía disparados, y el riesgo de una posible recesión económica según lo que suceda el próximo invierno con el gas ruso, sea el ideal para aumentar la presión sobre las empresas. En esta línea se expresó ayer el vicepresidente de la patronal CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, que indicó que “ahora no es el momento” de hablar del SMI y advirtió al Ejecutivo que los anuncios sobre su subida “entorpecen” la negociación colectiva, al provocar aplazamientos de muchas negociaciones de convenios que quedan a la expectativa. Para la patronal, en la que no ha sentado nada bien el apoyo expreso de Díaz a que los sindicatos presionen con movilizaciones, la discusión sobre el SMI debe hacerse en diciembre, “tras un análisis riguroso”, y con la única línea roja por parte de su organización de que los salarios no deben indexarse con la inflación. Además, desde la patronal apuntan que, ya que una mayor inflación conlleva menor poder adquisitivo, menores beneficios empresariales y mayores ingresos fiscales, la mejor forma de aliviar el bolsillo de los ciudadanos es rebajando impuestos como el IRPF, en lugar de “meter presión a las empresas”.

Desde el pasado mes de marzo todas las empresas de más de 50 trabajadores deben contar con un plan de igualdad en el que incluir un registro retributivo. Su negociación pone sobre la mesa un tema que ya ha sido tratado por los tribunales en numerosas ocasiones: los límites del deber de información de las empresas con los representantes de los trabajadores sobre los salarios pactados con los empleados por encima de los mínimos de convenio. Ante la colisión entre los derechos de información de la representación sindical y el de protección de datos de los trabajadores, según indica Agustín Benavent, counsel del área laboral de Ceca Magán, los tribunales se inclinan por obligar a las empresas a dar toda la información sobre los distintos conceptos que generan esa mejora del sueldo sobre los mínimos legales. Por tanto, además del salario base, deben incluirse todos los complementos y percepciones extrasalariales –identificados con su denominación, naturaleza e importe– percibidos por los trabajadores de cada grupo profesional o puesto de trabajo. En este sentido, recientemente la Audiencia Nacional ha determinado que los boletines de cotización a la Seguridad Social deben entregarse a los representantes de los trabajadores sin omitir ningún dato y sin necesidad de consentimiento de los empleados. En la sentencia se establece que se deberán aportar incluso datos de carácter personal de los trabajadores, siempre que resulten esenciales para que el delegado sindical vigile y controle que la empresa cumple las normas, en este caso, relativas a la Seguridad Social.