20250701

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Euskadi, donde nació la tecnología eólica y se dio pie a su fabricación industrial, ha confirmado el arranque de las obras del primer parque de molinos en 19 años. Gobierno vasco e Iberdrola confirmaron ayer ese inicio en Labraza (Álava) con una inversión de 59 millones, que servirá para instalar ocho aerogeneradores y una potencia total de 40 MW. Será la primera instalación que se ponga en funcionamiento desde que en 2006 se levantarán los molinos del Puerto de Bilbao. La noticia tiene, además, una elevada carga simbólica ya que la instalación está impulsada por Aixeindar, la sociedad constituida por Gobierno vasco e Iberdrola, pero había diseñado el proyecto con el aerogenerador de Siemens Gamesa 5.0. Una unidad capaz de generar una potencia de 5 MW y que se monta sobre la plataforma 4.X. Precisamente una de las dos que la empresa se vio obligada a suspender en ventas a finales de 2023 por problemas de diseño, junto a la 5.X. Comenzó entonces un severo análisis para subsanar los errores, pero el parón agravó las pérdidas de la compañía, cuyos problemas financieros conllevaron la absorción por parte de la matriz germana, Siemens. La plataforma 4.X volvió a ponerse a la venta hace diez meses y este contrato del parque de Labraza es el primero tras la suspensión. El hecho de firmarlo con un referente del mundo energético, como Iberdrola, y un socio institucional, como el Gobierno vasco, es un espaldarazo a la credibilidad del fabricante. Sobre la otra plataforma, la 5.X, ya están identificados también sus problemas y se ha puesto también a la venta en este segundo semestre de 2025. Siemens Gamesa fue uno de los pioneros de la eólica y fue el fabricante para Eólicas de Euskadi –creada por Iberdrola y el Ejecutivo vasco–, para levantar los primeros molinos en País Vasco hace más de 20 años. De ahí que la eléctrica y el Gobierno autonómico hayan esperado a que Gamesa pudiera resolver esos inconvenientes que habían puesto en riesgo el desarrollo del proyecto. Para inmortalizar el momento ayer se dieron cita en el monte Oiz, el primer parque eólico vasco, los representantes del Gobierno vasco junto a los de Iberdrola y Siemens Gamesa.

De la industria tradicional a modernas plataformas logísticas, producciones audiovisuales, nuevas empresas biotecnológicas y un sector aeroespacial pujante. La economía alavesa renueva su cara y, con ella, suma nuevos buques insignias. A los tradicionales e imprescindibles motores de Mercedes Vitoria, Michelin, Tubacex o Tubos Reunidos, el territorio histórico lleva años incorporando nuevos actores para diversificar su economía. Los desembarcos de Merlin Properties, las plataformas logísticas de las distintas cadenas de supermercados, el refuerzo de DHL en Foronda o la inversión de Amazon en Arasur están renovando el panorama de la provincia. Un cambio que, sobre todo, se detecta en Miñano. Según datos de la Diputación y del Gobierno vasco, el parque tecnológico ha pasado de 109 a 175 empresas en diez años, de 3.000 a 4.260 trabajadores y su facturación prácticamente se ha duplicado, al pasar de 608 a 1.515 millones durante este periodo. Un salto importantísimo. Además, en estos últimos años se ha avanzado en la especialización en aeronáutica, ciberseguridad, energías limpias, movilidad eléctrica, robótica y datos. A la llegada de Ghenova, Mobility Lab, Petronor, Robotekin y Woza Labs se han sumado más recientemente Basquevolt o i+med. En este último caso, se nota el cambio de forma más evidente. Ha pasado de ocupar unos pocos módulos en 2014 a disponer ahora mismo de una planta farmacéutica de nueva construcción con 4.000 metros cuadrados y una inversión de 30 millones de euros, en la que se da empleo a 500 científicos. No sólo eso. AVS Next ha puesto a Miñano –donde tiene su sede desde 2020– en el mapa aeroespacial con sus recientes misiones a los confines del espacio. «La diversificación es una buena estrategia y más ahora viendo que la industria está en crisis por toda la situación geopolítica», explica la presidenta del Colegio de Economistas de Álava, Itziar Paunero. Esto hace que, según su opinión, el territorio no necesite ninguna «transformación radical», sino buscar que esas empresas que ya existen reorienten su actividad. 

BBVA seguirá adelante. La apuesta por adquirir el banco Sabadell es más fuerte que las duras e inéditas exigencias que impuso en su autorización el Gobierno de España. Según confirmó EL CORREO en fuentes conocedoras del proceso, el consejo de administración del banco vasco se reunió ayer y por unanimidad mantuvo la decisión de avanzar. Una posición que fue comunicada al regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al cierre de la cotización, y que oficializó el propio presidente de la entidad, Carlos Torres. Este aseguró que, «a pesar de la condición impuesta por el Consejo de Ministros, el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades» y «en las próximas semanas los accionistas de Banco Sabadell podrán sumarse a este gran proyecto». Hace apenas siete días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hizo públicas las condiciones de Moncloa para la operación. Un endurecimiento sin precedentes de los compromisos con los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la opa por unanimidad. Básicamente se trata de mantener la gestión de ambas entidades por separado con sus respectivas estructuras y la prohibición de cerrar oficinas, así como de hacer recortes en la plantilla por la opa. Y estos requisitos estarán en vigor durante tres años, ampliables hasta cinco. Aunque el presidente de BBVA ya había señalado que un funcionamiento por separado no sería un obstáculo a la rentabilidad, las exigencias del Gobierno impactan de lleno en los 850 millones de sinergias anuales calculados por la entidad vasca y que atribuían a la opa una rentabilidad del 20%. De esa cantidad, 100 millones de ahorros financieros y 300 de ajustes en red de oficinas y personal quedan descartados, por lo que el grueso se centraría en los 450 millones de ahorro en administración, principalmente por la integración del Sabadell en la plataforma digital de BBVA. Un punto cuya viabilidad tampoco dejó clara el Gobierno, ya que no resolvió las dudas sobre si en su marco de condiciones era posible destruir el activo del sistema informático y de datos de la entidad vallesana.

La opa del BBVA sobre el Banco Sabadell se topó ayer con el penúltimo obstáculo en un momento clave. Pocas horas antes de que la entidad presidida por Carlos Torres confirmara que sigue adelante con su intención de adquirir el banco catalán a pesar de las condiciones impuestas por el Gobierno, la oferta de Santander y Barclays por TSB, la filial británica del Sabadell, saltaba a la luz y ponía aún más en una encrucijada al banco vasco. Por un lado, el Banco Santander ha lanzado una propuesta de compra por la británica valorada en 2.300 millones de libras (unos 2.686 millones de euros al cambio actual), según adelantó Reuters, mientras que Barclays puja también por encima de los 2.000 millones de libras y, de acuerdo a fuentes financieras, por un importe muy cercano al de su competidor. La venta del TSB implica que el BBVA deberá ajustar al milímetro la planificación financiera de la opa para buscar una solución rentable tanto para sus accionistas, como para los del Sabadell. El escollo para el banco vasco surge apenas una semana después de que sus planes económicos ya se vieran alterados con las condiciones impuestas por el Gobierno, que recortan de forma significativa los ahorros de la operación en sus primeros años. El Ejecutivo impide la fusión durante los tres primeros años con opción de extender la moratoria dos años más. La oferta en torno a 2.700 millones tiene un efecto doble; tanto porque complica los plazos de la opa como por sus repercusiones financieras. De entrada, la venta precisa de la aprobación de una junta extraordinaria de accionistas, pues el deber de pasividad en empresas sujetas a una opa impide que el consejo decida una venta de activos de esta categoría.

Las administraciones vascas destinan el 18,4% de sus presupuestos a financiar los servicios sociales, ocho puntos más que la media estatal. Con ese porcentaje no es de extrañar que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reconozca a Euskadi como la autonomía líder en esta materia, en la que invierte de media 1.203 euros por habitante, más del doble que a nivel nacional (548,1 euros). La importante diferencia radica en la «singularidad» vasca ante estos gastos. El informe presentado este lunes en Madrid destaca que en Euskadi «el 62,5%» de las cuantías dirigidas a servicios sociales proviene de las entidades locales, «en contraposición al modelo estatal, donde la media local apenas representa el 25,7%». Esto, prosigue el análisis, «evidencia el protagonismo de las diputaciones forales en la articulación del sistema» en una comunidad en la que este esfuerzo representa el 3,04% de su PIB, frente al 1,76% de la media nacional. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha celebrado los resultados de la evolución al recoger uno de los reconocimientos entregados por la asociación a las regiones con mejor valoración. «El informe DEC 2024 vuelve a confirmar que Euskadi somos un referente en servicios sociales, gracias a una inversión sostenida, un sistema ordenado y una cobertura muy superior a la media», ha subrayado. Los gerentes y directores han puntuado los servicios sociales vascos con un 7,67 sobre 10, seis centésimas por detrás de Castilla y León (7,73), que encabeza el ránking.

Euskadi comenzará a gestionar desde hoy los permisos de trabajo para personas extranjeras, una nueva competencia transferida por el Gobierno central que, aunque bien recibida, se reconoce como «parcial» y «compleja» en su puesta en marcha. La comunidad autónoma solo podrá resolver las solicitudes que se presenten a partir del 1 de julio, mientras que los expedientes ya iniciados seguirán en manos del Estado al menos hasta octubre. Fuentes del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo explican que las tramitaciones se realizarán exclusivamente por vía telemática –como hasta ahora– y deberán ser solicitadas por las propias empresas, lo que permitirá agilizar el proceso. Aun así, no se prevé una avalancha de peticiones precisamente por el alcance limitado de la competencia, que no incluye la autorización de residencia ni los permisos de ámbito estatal. Se trata, de hecho, de una transferencia parcial. Euskadi tendrá competencia sobre las autorizaciones iniciales de trabajo para empleos en el propio territorio y durante un tiempo acotado. Es decir, solo podrá tramitar permisos de trabajo que se soliciten exclusivamente para trabajar en Euskadi. En cambio, si el permiso solicitado es para toda España o está ligado a un proceso de regularización general, el expediente seguirá siendo tramitado por la Administración General del Estado. Euskadí sí podrá gestionar las autorizaciones colectivas en origen y los permisos para trabajos de temporada. Sectores como la construcción y la hostelería, pero también otros con dificultades para cubrir vacantes, venían reclamando esta transferencia ante la posibilidad de agilizar procesos en actividades con fuerte demanda de mano de obra. 

Las diputaciones forales vascas publicaron ayer el listado de morosos con Hacienda, en el que aparecen un total de 489 contribuyentes –18 más que el año pasado– con una deuda total que llega a 966 millones de euros. Es una cifra muy similar a la del año pasado (972 millones) y que, de cualquier forma, mantiene la deuda total en una cifra cercana a los 1.000 millones englobando las personas físicas y jurídicas de los tres territorios. Con todo, no hay grandes variaciones en el registro al compararlo con el del año pasado, ya que la normativa hace que año a año se repitan los nombres y que en muchos casos sean deudas sumamente difíciles de cobrar. Una gran parte de las empresas incluidas están en quiebra y figuran en la lista porque sus procesos de liquidación no han concluido aún en su vertiente judicial, de ahí que la suma de las deudas se mantenga estable, pero con una suma de intereses de demora. Una gran cantidad de las entidades que aparecen en las listas de las diputaciones provienen del sector inmobiliario. Muchas de ellas se vieron obligadas a cesar su actividad a raíz de la gran crisis inmobiliaria que estalló en 2008. El fisco solamente incluye en la lista a quienes superen los 600.000 euros de deuda a finales de diciembre. Además, en muchas ocasiones pueden existir duplicidades porque se registra no solo al deudor principal, sino también a los ‘solidarios’, algo que afecta de una forma muy especial a los miembros de los consejos de administración, que también son considerados responsables de ese impago.

Aunque la siniestralidad laboral ha caído durante las dos últimas décadas, esta tendencia «desde 2021 se ha estancado y no somos capaces de hacerla bajar como nos gustaría». Así lo reconoció ayer el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en una comparecencia en el Parlamento vasco para rendir cuentas sobre los datos de accidentes y enfermedades profesionales. El año pasado se produjo un ligero repunte en el número total de accidentes con baja hasta alcanzar los 36.154, es decir, 263 más que en 2023. Eso sí, este crecimiento coincide con el aumento de afiliados vascos, por lo que la incidencia real –el número de casos por cada mil trabajadores– se redujo del 32,8 al 32,3. La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la directora del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan, Lourdes Íscar, atribuyeron parte del crecimiento a los accidentes ‘in itinere’, que aumentaron entre 2023 y 2024 hasta los 4.227, 187 más. El año pasado Osalan abrió 477 actas de infracción por los casos totales, con un importe de 2,54 millones de euros y cerca de 1.950 requerimientos por insuficiencia de medidas. Íscar avanzó que se intensificarán las actuaciones en planes de choque dirigidos a sectores con una elevada tasa de siniestralidad, como el forestal. La parlamentaria de EH Bildu, Pazis García, llamó la atención sobre la diferencia entre los datos oficiales y los que recogen los sindicatos. 

La junta de accionistas de Kutxabank aprovechó ayer la salida de su consejo de administración de Josu Ortuondo y de José Miguel Martín Herrera –agotaron su mandato tras doce años– para arreglar una asignatura pendiente de la entidad. Se trata del peso de consejeros independientes en su órgano de gobierno que hasta ahora solo alcanzaba al 37,5% de los 16 miembros que lo componen. La ratio más baja de la banca española. Las salidas han sido cubiertas por dos mujeres que elevan la cuota femenina al 40%. Son María José Armendáriz y Elena Nabal. Con su incorporación, los dominicales –representantes directos de los accionistas– reducen su peso a seis personas: tres de BBK por dos de Kutxa y uno de Vital. En cambio, los independientes ascienden ya al 50%. Un movimiento que se alinea con las reclamaciones del Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), que en aplicación de criterios de buen gobierno venían reclamando a los bancos una mayor representación de consejeros no externos. María José Armendáriz (Bilbao, 1971) es la directora corporativa de planificación estratégica de Gestamp desde 2018, cuenta con 25 años de experiencia internacional y ha ejercido los cargos de directora general de la división de chasis, responsable de internacionalización y directora de desarrollo de negocio afta. Elena Nabal (San Sebastián, 1964) es una directiva de más de 30 años de trayectoria profesional en los mercados financieros e inmobiliarios, en empresas como Grupo Catalana Occidente (2005-2023), Grupo Seguros Bilbao (Fortis) (1993-2005) y Arthur Andersen (1989-1993).

En el marco de las celebraciones por el 50º aniversario del centro de Formación Profesional Usurbil Lanbide Eskola, ayer tuvo lugar un acto conmemorativo en el que estuvo como invitada la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa. La máxima responsable del sistema educativo vasco felicitó a toda la comunidad del centro usurbildarra por su «exitosa trayectoria». «Profundamente arraigado en su entorno desde 1975, el centro ha contribuido al desarrollo de la comarca desde sus empresas», destacó Pedrosa. La consejera de Educación valoró que en aquel contexto –años 70– el centro supo dar respuesta a las necesidades de las empresas y de la industria guipuzcoana, que requería jóvenes preparados. «Y aunque hayan pasado muchos años, esa es la clave del éxito de la Formación Profesional en Euskadi: escuchar a nuestro entorno y responder a las necesidades», subrayó. Más allá de adaptarse para satisfacer las necesidades del tejido económico vasco, la consejera de Educación valoró que el centro de Usurbil haya tomado el rol de «motor de cambio». Un hecho que Pedrosa aprovechó para recordar «el alto nivel de empleabilidad del alumnado de Formación Profesional, que alcanza el 90%». Actualmente 20.000 empresas colaboran con el Departamento de Educación en el ámbito de la Formación Dual y el 100% de los estudiantes terminan su formación habiendo estado en estrecha relación con el ámbito laboral.

España es uno de los países de la OCDE y de la Unión Europea que más dependen de la recaudación fiscal a las empresas, quienes aportan, entre los impuestos que pagan directamente y los que retienen en nombre de terceros para su posterior transferencia, nueve de cada diez euros obtenidos por Hacienda y la Seguridad Social. En concreto, el 48,8% de la recaudación fiscal pasa por el tejido empresarial español, según el informe Competitividad fiscal empresarial 2025. El nuevo indicador de la contribución global de las empresas en la recaudación, presentado ayer por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la CEOE, en colaboración con Tax Foundation. Comparado con el PIB, la contribución de las empresas españolas suma un 17,8%, tres puntos porcentuales más que en la media de la UE, donde la proporción llega al 14,8%. Esta dependencia de las empresas es, para los autores del informe, “una desventaja estructural en un contexto internacional marcado por la competencia fiscal entre jurisdicciones por atraer capital, talento y actividad productiva”. Además, la presión fiscal sobre el Excedente Bruto de Explotación asciende en España al 41,6%, muy por encima del 31% registrado en la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estos datos sitúan a España como el cuarto país de la UE y de la propia OCDE que más dependencia fiscal tienen de sus empresas. Junto a Países Bajos, es el segundo país donde más ha subido la presión fiscal empresarial entre 2013 y 2023.

Las cifras que arroja el absentismo mes a mes parecen cargar de razón a quienes, como las organizaciones empresariales, reclaman al Gobierno medidas contundentes para aplacar este “mal endémico” del mercado laboral, como lo califica el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Solo unos días después de que desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) estimasen que el coste global del absentismo superará en 2025 los 32.000 millones de euros, la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social hasta el mes de mayo, publicada ayer, abona estas previsiones. En los cinco primeros meses del año, el organismo encargado de abonar las más de diez millones de pensiones en vigor en nuestro país destinó la nada desdeñable cifra de 7.162 millones de euros a la cobertura de la incapacidad temporal, es decir, las bajas laborales. Supone un 12,1% más que el desembolso efectuado en los primeros cinco meses del pasado ejercicio y, más allá, supone el 60% del presupuesto inicial consignado para esta partida para todo el año, 11.764 millones. La cifra se desprende del último balance de cuentas del departamento de la ministra Elma Saiz, que también refleja una evolución ciertamente positiva de la recaudación de la Seguridad Social, reforzada por la creación de empleo pero también por las subidas de cotizaciones de la base mínima (salario mínimo interprofesional), base máxima y mecanismo de equidad intergeneracional. Concretamente, hasta mayo, los ingresos por cotizaciones alcanzaron los 72.687 millones de euros, una cifra que es 4.798 millones superior a la de hace un año (7,1%).

La subida del IVA de los alimentos básicos, la electricidad y el gas le ha reportado a la Agencia Tributaria un extra de recaudación de 1.100 millones de euros desde enero a mayo, según el último informe de recaudación publicado ayer. Fue el día de Año Nuevo cuando los tipos impositivos de estos productos volvieron a la normalidad: alimentos como el pan, la leche, los huevos, las frutas, verduras, legumbres y cereales, que habían estado tributando con un IVA del 0% hasta octubre y del 2% desde ese mes, recuperaron su tipo habitual superreducido del 4%; mientras que la carne y el pescado, que tributaron al 5% hasta octubre y en el 7,5% desde ese mes, recuperaron su tipo reducido del 10%. La electricidad y el gas, por su parte, volvieron a ser gravados con un tipo normal de IVA del 21%. Esta vuelta a la normalidad supone una subida fiscal para este tipo de productos, que impacta especialmente en las familias con menor nivel de renta y que menos consume, ya que son las que destinan una proporción más elevada de su gasto a estas partidas. El Gobierno justificó la reversión de esta bajada fiscal en que la inflación ya estaba contenida, pero el problema está en que aunque el IPC esté subiendo ya a tasas interanuales en torno al 2% –nivel que el Banco Central Europeo considera saludable–, esto no impide que las familias encuentren en el supermercado precios cada día más altos. Los alimentos son, sin ir más lejos, un 37% más caros que antes de la pandemia: si antes pagábamos 30 euros por llenar una bolsa del supermercado, ahora se han convertido en 41 euros con los mismos productos.

La mayor incertidumbre en torno a los próximos movimientos del Banco Central Europeo (BCE) –por las dudas sobre cómo impactará en la economía las renovadas tensiones geopolíticas y comerciales– empieza a reflejarse en el euríbor, que se resiste a abandonar la barrera del 2%. El indicador cerró junio en el 2,08%, el mismo dato del mes anterior que rompe con una racha de cuatro meses consecutivos de descensos, tras el momentáneo repunte de enero, cuando subió del 2,43% al 2,52%. Es evidente que, en todo caso, la tendencia del indicador es a la baja, acompañando el ciclo de ajustes de tipos acometida desde hace un año por el organismo monetario. Pero la posibilidad de que la institución presidida por Christine Lagarde decida ‘esperar y ver’ en su próxima reunión de julio, se está dejando notar en el mercado interbancario, aplazando el esperado asalto del euríbor al 2%. Pese a ello, se mantienen las buenas noticias para los hipotecados a los que ahora les toque la revisión anual, pues el valor de referencia compara con el euríbor de hace un año (3,65%). Y lo mismo ocurre con las revisiones semestrales, que comparan con el 2,43%, también por encima de la media de este junio.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, el hólding del que depende Red Eléctrica, ha revalidado su cargo al frente de la compañía, que ayer celebró su junta general de accionistas. Corredor fue nombrada en el año 2020 y luego reelegida en 2024 por otros cuatro años. En el orden del día confeccionado por el consejo para la junta de ayer no estaba previsto nada con respecto a su cargo. Sin embargo, un accionista ha conseguido incluir como punto adicional del orden del día (el número 13), que se votara sobre su continuidad, para provocar la destitución. Según los datos que luego hizo públicos Redeia, ese punto apenas consiguió el respaldo de 7.504 acciones, lo que supone el 0,0023% del capital. Más de un 98% del capital se consideró que votó en contra de ese punto y un 1,98% se abstuvo, con lo que no tuvo ningún recorrido. En la práctica, supone revalidar a Corredor en su cargo. Por pura aritmética, se deduce que los principales accionistas de la compañía votaron en contra del punto 13 que se colocó de forma extraordinaria. Entre ellos, el Estado, que tiene el 20% a través del hólding de la Sepi. También votaron en contra del punto 13 fondos privados de inversión como los gigantes financieros norteamericanos BlackRock y The Vanguard Group. BlackRock ha acudido a esta junta con un porcentaje del entorno del 4,7%. The Vanguard Group posee el 2,9%. Otros fondos que con toda probabilidad también votaron en contra del relevo de Corredor, y que poseen el 1% o más, son Norges, ClearBridge Investments, Deka Investment, Amundi Asset Management, Geode Capital Management y Schroder Investment Management.

La Bolsa española cierra un primer semestre para la historia. El Ibex se anota un 20,67% su mejor registro desde 1998, cuando entre enero y junio se apuntó un 39,85%, según los registros de Blooomberg. El índice español se lleva también la medalla del mejor entre los principales índices del mundo, por delante del Dax alemán, que suma el 20,09%, y el Hang Seng de Hong Kong, que avanza el 20%. Y eso que el Ibex ha perdido terreno y en junio cede un 1,13%. El índice se ha visto lastrado el último mes por Inditex (por la debilidad de sus ventas) y por la pausa en el camino alcista de los bancos, que aún así viven un semestre de vértigo. En el semestre han tirado con fuerza las acciones de Defensa en toda Europa. Indra suma un 115,81%, su mayor subida semestral desde 1998. Es su quinto año al alza y cotiza en niveles nunca vistos. La Bolsa española se ha beneficiado de su menor exposición a los aranceles de Trump en unos meses en los que las cotizaciones de muchas empresas y bolsas se han visto zarandeadas a golpe de los distintos anuncios. También ha entrado dinero en el sector financiero gracias a la solidez de sus resultados y la atractiva remuneración al accionista. En 2024 el beneficio neto de los seis bancos españoles alcanzó un récord de 31.768 millones, un 21% más que un año antes. Y en el primer trimestre la mejora fue del 27%, hasta los 8.489 millones, con altos niveles de solvencia. Estas cifras han llevado a los bancos a subir en Bolsa entre el 38% de BBVA y el 57,46% de Unicaja, pese a tomarse un respiro el último mes desde cotas históricas en muchos casos (ver gráfico). Los inversores son cautos con BBVA a la espera de los avances respecto a la opa lanzada sobre Sabadell, que ha recibido luz verde del Gobierno pero sin posibilidad de fusión hasta dentro de tres años, como mínimo. BBVA dijo ayer que sigue adelante con la opa.

 El caso de corrupción que atenaza la legislatura española alcanza un nuevo escalón. El que hasta hace apenas tres semanas era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha pasado su primera noche en la prisión de Soto del Real, donde ingresó ayer por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. El instructor del ‘caso Koldo’ elevó la presión sobre los otros ocho investigados al privar de libertad al exdiputado socialista. Una encarcelación que había pedido la Fiscalía tras modificar de manera sorprendente el criterio que había seguido hasta la fecha con los otros dos principales imputados: el exministro José Luis Ábalos y su asesor en Transportes entre 2018 y 2021, Koldo García. El magistrado justificó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Cerdán –quien ayer proclamó su inocencia, aseguró no haberse llevado «un solo euro» y se presentó como víctima de una «persecución política»– por el riesgo de destrucción, ocultación o alteración de pruebas. Puente consideró que el peligro «está fundado» porque no se ha llevado a cabo un registro de su domicilio y porque «se desconoce todavía su verdadera situación económica y los posibles contactos y/o recursos de los que pudiera disponer en el extranjero». Un botín «superior a los 5 millones de euros» controlado por el político navarro. 

El terremoto provocado por el caso Cerdán sacudió ayer a las direcciones del PNV y de EH Bildu. El exsecretario de Organización del PSOE declaró ante el juez en el Tribunal Supremo y aseguró que el empresario de Elgoibar Antxon Alonso Egurrola, administrador único de Servinabar, la empresa bajo sospecha por los amaños en adjudicaciones de obra pública en Navarra, fue «la puerta» que facilitó las conversaciones entre socialistas y abertzales para que después tanto PNV como EH Bildu apoyasen la moción de censura de 2018 contra el presidente del gobierno del PP, Mariano Rajoy. Unas afirmaciones que los jeltzales corrieron a desmentir con rotundidad arremetiendo contra el excargo socialista: «La estrategia de Cerdán se basa en la mentira». La figura de Antxon Alonso salta ahora a un primer plano político porque, según contó Cerdán pocas horas antes de ser encarcelado, acudió al empresario por su «conocimiento y relación con los nacionalistas». Es más, añadió que la interlocución con EH Bildu se logró porque Antxon y Arnaldo Otegi, ambos elgoibartarras, tienen «conocidos» en común. Así, Cerdán recordó que es sabido el sitio en el que se reúne por primera vez con el líder de la izquierda independentista, aunque no da más detalles.

El Gobierno y el PSOE entraron de nuevo ayer en shock y acusaron el golpe de una imagen demoledora: por primera vez, un secretario de Organización socialista entraba en la cárcel por un caso de corrupción. Se trata de Santos Cerdán, que hace menos de tres semanas era un hombre clave en el equipo de Pedro Sánchez y viajaba a Suiza para negociar con Carles Puigdemont el devenir de la legislatura. Nadie en el Gobierno ni en el PSOE trabajaba con que ese escenario llegara tan rápido. La casualidad quiso que Sánchez recibiera la noticia en directo, en una rueda de prensa con António Guterres, secretario general de la ONU, y justo en el mismo sitio, el Fibes, el palacio de congresos de Sevilla, en el que hace solo seis meses él renovó a Cerdán como secretario de Organización cuando ya había presión en algunos sectores para que se apartara. “No basta con remitir a que la justicia haga su trabajo, nos estamos jugando la credibilidad”, asegura un histórico socialista que ha estado al lado de Sánchez a las duras y las maduras. Varios miembros del Gobierno reflejaban el impacto de una noticia impensable hace solo un mes, nada menos que los dos últimos secretarios de Organización implicados en un escándalo grave de corrupción y el último durmiendo en Soto del Real, una cárcel por la que pasaron los presos más relevantes del PP, incluido Luis Bárcenas o Rodrigo Rato. “Es muy duro, es sorprendente que no mandara a la cárcel a Ábalos ni a Koldo pero sí a Santos, es una imagen difícil de borrar”, señalaba uno.

Las erráticas políticas arancelarias de Donald Trump, combinadas con el bajo nivel de los ríos, están provocando la peor congestión de la cadena de suministro en Europa desde la pandemia del coronavirus, según las advertencias de las empresas de transporte y logística. Los barcos han tenido que esperar días para recoger mercancías y los portacontenedores se han enfrentado a largas esperas, y se estima que los problemas, más severos en los puertos de Rotterdam, Amberes y Hamburgo, persistan durante al menos varios meses. “Todos los grandes núcleos se encuentran desbordados”, afirma Caesar Luikenaar, director general de WEC Lines, una naviera con sede en Países Bajos. De acuerdo con Luikenaar, varios puertos importantes de Europa están funcionando al máximo de su capacidad. Albert van Ommen, consejero delegado de la empresa de logística de Países Bajos Euro-Rijn Group, cree que la congestión es la peor desde la pandemia, cuando los flujos de carga se mantuvieron inesperadamente resistentes y desbordaron algunos puertos con problemas de personal.

La industria manufacturera del país acumula tres meses consecutivos de contracción, según constata el índice de gestores de C¡compras (PMI) que publica la Oficina Nacional de Estadística China. Con un PMI manufacturero por debajo de los cincuenta puntos, umbral que separa la expansión de la contracción, el gigante asiático a pesar de que ha aumentando varios puntos porcentuales respecto a los dos meses anteriores (49% en abril, 49,5% en mayo, y 49,7% en junio), se mantiene en el terreno negativo. Para evaluar la salud del sector manufacturero, se analizan cinco subíndices: producción, nuevos pedidos, empleo, plazo de entrega de proveedores y stocks de compras. En concreto, el índice de producción se situó en el 51%, frente al 50,7% de mayo. También incrementó el dato de nuevos pedidos, con una subida de cuatro décimas, hasta el 50,2%. En cuanto al índice de empleo, sufrió una disminución respecto a mayo, situándose en un 47,9%, concretamente 0,2 puntos porcentuales menos. Con respecto a los plazos de entrega se alargaron de forma moderada con un 50,2% frente al 50,0%. Y, por último, el dato de precios de venta subió a 48,8%, frente al 47,3% que se registró durante el mes de mayo. Los subíndices de producción y nuevos pedidos resultan claves para medir la demanda mientras que los de inventarios de materias primas y empleo se mantuvieron en la zona de contracción.

El estilo intimidatorio, casi tabernario, de Donald Trump volvió a dar sus frutos el pasado domingo a última hora, cuando el recién elegido primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció pasadas las 22.00 (hora de Washington y Ottawa; 4.00 en la España peninsular) que retiraba el impuesto que estaba previsto que entrara en vigor para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. La perspectiva de que esa tasa pasara a aplicarse ayer lunes hizo que el viernes pasado el presidente estadounidense anunciara por sorpresa y en un mensaje en su red social, Truth, que Estados Unidos daba por terminadas las conversaciones para alcanzar un acuerdo económico con Canadá, uno de sus principales socios comerciales. Trump detalló el motivo de su enfado a continuación: “Nos acaban de informar de que [Ottawa] impondrá un impuesto a los servicios digitales y a las empresas tecnológicas estadounidenses, lo cual constituye un ataque directo y flagrante a nuestro país”, escribió. “Obviamente”, añadió el republicano, “[con el plan de imponer ese impuesto digital] están imitando a la Unión Europea, que ha hecho lo mismo y que actualmente también está en conversaciones con nosotros”. Los planes eran gravar con un 3% los beneficios obtenidos en ese país por compañías como Amazon, Apple o Google, lo cual bastó para que Trump diera “por terminadas todas las negociaciones comerciales con efecto inmediato”.