20220929

El Comité Ejecutivo de Confebask, reunido en el día de hoy, ha decidido por unanimidad apoyar la candidatura de Antonio Garamendi para que renueve durante los próximos cuatro años su cargo como presidente de CEOE. La Confederación Empresarial ha anunciado la celebración de su Asamblea General para la elección de presidente el próximo 23 de noviembre. Confebask recuerda que Antonio Garamendi ya recibió hace cuatro años el mismo apoyo unánime de su Comité Ejecutivo para acceder al cargo de presidente. Como entonces, Confebask valora su trayectoria y reconocida capacidad profesional y empresarial, así como su especial conocimiento y sensibilidad respecto al tejido empresarial vasco. Por ambas razones, Confebask confía en que, finalmente, Antonio Garamendi salga elegido de nuevo para presidir la CEOE durante los próximos años. Ver más en Confebask.

El avance de un anuncio esperado, que se lanza en un amplio círculo de confianza. Y que termina atravesando los muros de la fábrica. De este modo ha trascendido que Mercedes-Vitoria tiene asegurada la producción de la futura furgoneta eléctrica; el modelo que allana el camino a esa inversión de 1.200 millones de euros que la matriz de la multinacional alemana realizará en la factoría alavesa los próximos años. Era un secreto a voces desde hace meses. Pero necesitaba una suerte de confirmación que, de momento, la compañía no etiqueta como «oficial». Pero que la gerencia ya ha compartido con sus mandos en una reunión interna celebrada esta misma semana. Fuentes consultadas por este periódico relataban ayer que Emilio Titos, CEO de la compañía, pedía el lunes la «máxima implicación» a su equipo ante el nuevo horizonte que se dibuja para una planta que está a punto de cumplir 70 años, responsable de 5.000 empleos directos, y de la que dependen además otras 600 empresas y 30.000 trabajadores indirectos. El director general trasladaba a esos cargos de alto perfil técnico (doscientas personas estuvieron en aquel encuentro) que Mercedes-Benz en Stuttgart ya tiene decidido que el nuevo modelo de monovolumen –soportado en la plataforma VAN.EA (VAN Electric Architecture)– se incorporará a las líneas de producción de la factoría de Avenida de los Huetos. Las primeras unidades se lanzarían en 2025 y durante al menos una década el vehículo ‘full electric’ convivirá con las Vito y Clase V de combustión e híbridas.

Haizea Wind, la empresa fundada en 2017 en el Puerto de Bilbao para suministrar torres eólicas, acaba de firmar el contrato más importante de su historia. La danesa Ørsted le ha encargado el suministro de los monopilotes XXL para el parque marino de Hornsea 3, el más grande del mundo. El pedido se atenderá desde la nueva fábrica que la compañía está construyendo junto a su planta, con una inversión de 125 millones de euros. De hecho, este proyecto nació con el impulso de un acuerdo de colaboración con Ørsted firmado en enero. El nuevo contrato está sujeto a la decisión final de inversión de la firma danesa. «Un contrato como este aporta solidez y estabilidad a nuestro plan de negocio. Estamos encantados de trabajar para uno de los líderes en el sector de la eólica marina», señaló Borja Zarraga, consejero delegado de Haizea Wind. La ampliación realizada en Bilbao es la que permite acceder a este contrato porque, según apuntaron sus responsables, «es una fábrica de última generación en la que podemos producir diseños más complejos». El parque eólico Hornsea 3, el más grande del mundo, fue adjudicado a Ørsted en julio, Con una capacidad de 2.852 MW, producirá electricidad para 3,2 millones de hogares de Reino Unido.

 El Gobierno vasco estimó en su momento que Euskadi iba a crecer este 2022 un 6,7%, pero la crisis lo dejará finalmente en un 4,3%, lo que supone haber dejado de producir unos 2.000 millones de euros. Y para el año que viene, unos ajustes aún más llamativos: el Ejecutivo Urkullu redujo ayer a la mitad sus previsiones de crecimiento. Los analistas de la dirección de Economía y Planificación del gabinete habían fijado en marzo un 4,1% el aumento del PIB para el próximo ejercicio, pero ahora lo han rebajado hasta el 2,1%. Dos puntos que, traducidos al valor del Producto Interior Bruto, son 1.666 millones que dejarán de empujar a la economía vasca. Eso en el mejor de los casos, siempre y cuando los precios presenten un comportamiento más favorable tras alcanzar el 10,5% este agosto. En caso contrario, las previsiones deberían revisarse de nuevo. Son las consecuencias de la «desaceleración económica», que reconoció ayer el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y que se debe a la suma de la crisis energética reforzada por la guerra en Ucrania, el problema en los suministros de materias primas y el enfriamiento de la economía china. La economía vasca, que creció en el primer semestre de este año con solidez y con tasas por encima del 5%, ha dejado de carburar y frena su actividad. Se está evidenciando en algunas relevantes empresas como Michelin, con paros en este próximo octubre, o la acería de Arcelor de Sestao, sin actividad hasta al menos diciembre y no por el precio de la luz, al menos no solo por eso, sino porque la demanda se enfría y sus carteras de pedidos disminuyen. Esta tendencia, según explicó el viceconsejero de Economía, Iñaki Barredo, se va a mantener este invierno y se hará especialmente aguda el próximo año en la industria, para la que se prevé un decrecimiento del 0,3% y del 0,5% en los dos últimos trimestres de 2023, aunque en el global del año quedará con un saldo casi neutro –una subida del 0,2%–. Serán la construcción, con un incremento de la producción del 2,7%, y los servicios, con un 2,9%, los sectores que permitirán mantener un crecimiento anual del 2,1%.

El Gobierno entregó ayer a los funcionarios la propuesta de incremento de los salarios públicos que aspira a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que está ultimando. Concretamente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública planteó al colectivo una senda plurianual de incrementos de sueldo que arrojaría un aumento acumulado del 8% en tres ejercicios. Su objetivo es compensar parcialmente el impacto de la inflación sin contribuir a seguir alimentándola. La propuesta fue considerada “insuficiente” por CSIF, el sindicato mayoritario, y las partes seguirán negociando hoy. La propuesta que el Ministerio presentó a la mesa de la Función Pública supone en primer lugar la aprobación de un incremento adicional de sus salarios de 1,5 puntos frente al 2% de alza contemplada en los Presupuestos de 2022. Como resultado, la subida final del año sería del 3,5%. A partir de ahí, el Gobierno ofrece una senda de incrementos salariales para los dos próximos ejercicios que se situaría en el 2,5% en el próximo año y se moderaría al 2% de cara a 2024, sumando en total un aumento de las retribuciones públicas del 8%. En Euskadi, mientras, los sindicatos vascos piden un incremento superior al planteado por Madrid y el Ejecutivo vasco insiste en que está obligado a cumplir por ser normativa básica. 

Coincidiendo con las negociaciones que está manteniendo el Gobierno para cerrar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y al tiempo una nueva reforma de impuestos, los sindicatos han aparecido en escena para arremeter contra la patronal CEOE, a la que han instado a retomar las negociaciones en materia salarial. Otra arista abierta en este mismo campo es el compromiso de agentes sociales y Gobierno para llegar a un pacto de rentas, como una manera activa de luchar contra la inflación y evitar que el descontrol de precios se interiorice en el seno de la economía española. De momento, los sindicatos CC OO y UGT anunciaron ayer un primer calendario de movilizaciones para “desatascar” la negociación salarial. El 7 de octubre se dará el banderazo de salida con concentraciones ante las sedes de las patronal y concluirá el 3 de noviembre con una manifestación en Madrid. Los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, subrayaron que la movilización es la vía para que la patronal CEOE vuelva a sentarse con actitud de negociar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). “Los únicos que no se han movido son los de CEOE (...) que solo piensa en ganar cada día un poco más”, ha criticado el líder de UGT, Pepe Álvarez. “No se puede salir de otra crisis vía devaluación salarial”, ha advertido el líder de CC OO, Unai Sordo. 

Las negociaciones entre sindicatos y patronal para un acuerdo salarial en 2022 naufragaron meses atrás por la exigencia de las organizaciones sindicales de incluir en el pacto las cláusulas de revisión de los sueldos en función del IPC, una línea roja que CEOE se negó a cruzar. El fracaso de las conversaciones, desde entonces en el dique seco, no ha sido óbice para que las cláusulas de salvaguarda salarial hayan comenzado a proliferar en los convenios colectivos registrados hasta la fecha. “Hasta agosto, el 25% de los trabajadores con convenio ya firmado para 2022 estarían afectados por dichas cláusulas”, avisó el Banco de España en un artículo analítico publicado ayer. Esto es, uno de cada cuatro empleados cuenta con esta suerte de escudo salarial frente a la inflación, un porcentaje claramente superior al promedio del 16,6% registrado entre 2014 y 2021, aunque todavía lejos de las tasas de cobertura de principios de los 2000, cuando la presencia de cláusulas de revisión en los convenios superó algunos años el 70%. Claro que entonces la desviación entre inflación y salarios pactados era muy acotada (poco más de un punto entre 1994 y 2011), a diferencia de la situación actual, en la que el IPC cuadruplica la mejora media de los sueldos (inflación del 10,5% en agosto frente a un alza salarial del 2,6%). Pero si los datos de 2022 evidencian ya un salto cuantitativo importante en las cláusulas de revisión, de las que casi la mitad tendría efectos retroactivos, aún más significativas son las cifras de los convenios sellados para el año que viene. “La información parcial disponible para 2023 apunta a un aumento adicional de esta incidencia: hasta algo más del 45% de los trabajadores con convenio ya firmado para dicho ejercicio”. Esto es, casi el doble que en la actualidad, lo que evidencia que, aun sin acuerdo global entre sindicatos y patronal, los blindajes salariales se abren paso con fuerza en la negociación de los convenios.

Los más de 50.000 trabajadores de las trece fábricas de coches en España tendrán subidas salariales el año que viene de entre el 6% y cerca del 10%, salvo los de Ford en Almussafes, cuyo sueldo quedará congelado como parte del acuerdo de competitividad para recibir nuevos modelos eléctricos. Los incrementos son fruto de los convenios ya en vigor y se deben a la fuerte inflación. Supondrán un esfuerzo extra de costes para las empresas, que en algunos casos disponen de fórmulas de descuelgue del convenio. Ninguna de ellas las ha activado por ahora, según fuentes del sector. Prefieren ceñirse a lo pactado porque las relaciones con la plantilla se han visto muy condicionadas por los ERTE y cualquier conflicto puede resultar contraproducente en pleno reajuste del sector. Las revisiones llegan además en un momento delicado para la automoción. A los parones de producción de la pandemia se sumaron primero la escasez de chips y, más recientemente, los problemas de piezas y logísticos derivados de la guerra de Ucrania. El alza de la energía y el riesgo de recesión añaden incertidumbre este invierno. Sin embargo, los grandes fabricantes mundiales están obteniendo beneficios récord al centrar las ventas en vehículos prémium. Las plantas españolas no destacan en ese segmento y su producción sigue, hasta agosto, un 1% por debajo de los niveles de 2021. A este cóctel se suman los esfuerzos de transición al coche eléctrico.

Madrid, Cataluña y el País Vasco, tres de las comunidades autónomas más ricas, concentran el 54% de todo el dinero que hay acumulado en España en fondos de inversión. Eso, a pesar de solo sumar el 35% de la población. La explicación es que son regiones con una mayor renta per cápita que la media nacional y una mayor querencia por este tipo de productos. Los datos, facilitados por Inverco –la asociación de gestoras de fondos–, corresponden a finales de 2021, pero la radiografía no ha cambiado a pesar de las correcciones bursátiles que ha habido este año. En Madrid había a finales del año pasado 79.700 millones de euros en fondos de inversión. Por 55.700 millones en Cataluña y 35.600 millones en el País Vasco. Curiosamente, si se compara el peso de los fondos en relación a la economía regional, la comunidad que destaca es La Rioja, donde el peso de los fondos representa casi el 50% del PIB autonómico. En el País Vasco también es muy alto el peso, un 49,8% del PIB. En cambio, en Madrid es solo del 34% y en Cataluña del 24%. José Luis Manrique, director de estudios del Observatorio Inverco, explica que “el favorable entorno de recuperación económica, tras la crisis sanitaria, permitió que los partícipes incrementaran la confianza en los fondos, con un volumen de captaciones netas no vistas desde hacía siete años”. Ahora, con una crisis financiera en ciernes por la escalada de la inflación, las gestoras han seguido captando dinero, al menos hasta agosto.

El contexto vasco, caracterizado por un relevante apoyo institucional, es el más propicio de España para el emprendimiento. Sin embargo, diferentes motivos impiden que desarrolle todo su potencial y, sobre todo, que los proyectos de los emprendedores se consoliden y sobrevivan. Esa es la principal conclusión a la que llega el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) publicado ayer por el Observatorio del Emprendimiento Vasco (OVE), que destaca la máxima valoración del entorno vasco a nivel estatal pero dibuja un escenario de claroscuros dominado por dos variables: la tasa de actividad emprendedora (TEA), que mide el porcentaje de personas entre 18 y 65 años involucradas en la fase central del proceso emprendedor y que en Euskadi es del 4,9% –seis décimas inferior a la media española, pero tres décimas superior al promedio de los últimos 18 años en la comunidad autónoma–. Y el índice de consolidación de los proyectos, que en el País Vasco es del 5,2% –dos puntos inferior al de España–. María Saiz, directora del OVE, explica el diferencial en la TEA por el mayor peso de la industria en Euskadi. «En el ecosistema hay más empresas de gran tamaño que ponen barreras al emprendimiento», argumenta. A cambio, los proyectos suelen ser de más calidad. Por ejemplo, en el último año han crecido los que cuentan con un capital superior a 150.000 euros, y que suponen más del 23%. Por eso, a ella le preocupa más el hecho de que muchas propuestas no sobrevivan.

Las empresas CAF, BTI Biotechnology y Ternua, el Hospital San Juan de Dios, y los empresarios Emiliano López Atxurra, Iñaki López Gandásegui y Ainhoa Lete recibieron anoche en el palacio de la Diputación Foral de Bizkaia los premios anuales a la excelencia empresarial que concede la Federación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, como anticipo al congreso de directivos que celebra hoy en el Bilbao Exhibition Center con la presencia del rey Felipe VI.

Tras el crudo y polémico diagnóstico que había hecho Zedarriak sobre la situación económica y social de Euskadi, que en abril abrió una vía de agua entre el empresariado y el Gobierno vasco, se esperaba con mucho interés el nuevo documento de este colectivo formado, esencialmente, por grandes empresarios. Versa sobre la juventud vasca, bien escaso. Pues ha salido este miércoles a primera hora, pero a medias. El colectivo ha publicado una nota en la que reclama que «la generación Z, la juventud vasca, participe de forma decisiva en los debates que afectan a nuestro futuro, y en la gobernanza y la gestión de empresas, instituciones y entidades del tercer sector». Además, apuntan que «Euskadi tiene la oportunidad de ser referente en el pacto intergeneracional en los aspectos claves de las grandes transformaciones que debemos abordar». Sin embargo, el texto no va mucho más allá. Se remite a un informe que de momento se mantiene oculto a la espera de que en próximas semanas se contraste, precisamente, con los jóvenes y otras instituciones. Sólo tras este proceso participativo se publicará el texto definitivo, y será antes de fin de año. Zedarriak es un foro formado por doce personalidades del mundo de la empresa que buscan aportar una visión independiente y seria de la situación de Euskadi que, en último término, ayude a avanzar hacia el futuro. De hecho, esa independencia les ha metido en algún lío. El pasado mes de abril este colectivo publicó su primer informe, un diagnóstico económico y social demoledor que alertaba de que la comunidad autónoma había perdido liderazgo y punch económico. Nada desconocido, pero que sonaba estridente en boca de personalidades de extenso reconocimiento profesional e intelectual: Pedro Luis Uriarte (el 'padre' del Concierto económico), Javier Ormazabal (presidente del grupo Velatia), Iñaki López Gandásegui (presidente de Aernnova), Cristina Garmendia (consejera en varias empresas y exministra), Antón Pradera (presidente de CIE Automotive)... Así hasta una docena de voces autorizadas. El diagnóstico disgustó a Iñigo Urkullu y al Ejecutivo de Lakua en general y las relaciones se tensaron con los empresarios. Este informe, el de la juventud, es el segundo de Zedarriak y lo que se ha conocido ahora va poco más allá de ser un anuncio. Ver más en Zedarriak. 

La competición entre comunidades autónomas para rebajar impuestos, en un contexto preelectoral en la mayoría de esas regiones, avanza día a día, con Cantabria y Navarra como últimos en sumarse a la batalla. Pese a ello, Euskadi se resiste y sigue alejándose de este «festival fiscal», en palabras del consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, respaldadas minutos después por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Y el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, precisó que la reunión que ha pedido su líder, Eneko Andueza, a la dirección jeltzale para abordar la cuestión fiscal se limita a estudiar cómo aplicar la «deflactación» anunciada por Iñigo Urkullu en el reciente pleno de política general, y en ningún caso busca plantear una «revisión del modelo fiscal vasco». Urkullu, Azpiazu y Andueza coincidieron en que la política fiscal de Euskadi debe seguir orientada a «garantizar los servicios públicos y generar empleo» y siempre sobre la base de la «progresividad», rechazando así la eliminación de facto del Impuesto de Patrimonio promovida por el PP en Madrid y Andalucía. «Debemos ser muy responsables y medir muy bien las consecuencias de las decisiones». Azpiazu, por su parte, recordó que cualquier medida en Euskadi debe regirse por los «acuerdos bilaterales» que marca el Concierto Económico Vasco. El consejero de Hacienda no ocultó su «malestar» por la catarata de propuestas de las autonomías propuestas hasta ahora.

Los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, negociaban anoche un paquete de medidas fiscales y sociales que se incluirán en los Presupuestos para 2023, y que pretenden anunciar en breve. Fuentes gubernamentales aseguran que el plan contendrá rebajas selectivas de impuestos para ayudar a las rentas bajas y medias, mientras que se endurecerá la tributación para las altas. La Moncloa descarta una rebaja del IRPF como la anunciada por Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, que implica un recorte para las rentas por debajo de 60.000 euros anuales, por su impacto en la recaudación y el déficit. PSOE y Unidas Podemos están negociando el paquete fiscal que se va a incluir en los Presupuestos y que va a presentar el Gobierno en estos días, incluso hoy, si logran cerrarlo. Según fuentes del Ejecutivo, contendrá algunas rebajas selectivas que puedan ayudar a las rentas medias y bajas, y subidas a las más altas. Sin embargo, en La Moncloa destacan que no habrá una rebaja en el IRPF a todas las rentas por debajo de 60.000 euros como la anunciada por la Comunidad Valenciana ni nada similar. Según estas fuentes, esta decisión implicaría una caída muy importante de la recaudación que España no puede permitirse en un momento en el que necesita muchos recursos para ayudar a los colectivos que más sufren la crisis y también para evitar que la deuda se descontrole. 

La ofensiva de rebajas fiscales impulsada por las comunidades autónomas del PP, a las que se sumó sorpresivamente el martes el socialista Ximo Puig, ha terminado calando en la ya compleja negociación interna que los socios del Gobierno de coalición venían manteniendo para dar forma al paquete de medidas tributarias que marcará su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Como resultado de este pulso cruzado, la batería que ultima el Ejecutivo pasa por crear nuevos impuestos a grandes fortunas, firmas energéticas y entidades bancarias, como defendía el ala socialista, atiende las exigencias de incrementos de gravamen sobre rendimientos del capital y grandes compañías que ha presentado Unidas Podemos y, abre finalmente la puerta a introducir medidas de alivio tributario para las rentas bajas más allá de alguna rebaja quirúrgica sobre el IVA. Estos son los principales temas fiscales que se debatieron ayer en torno a la mesa de negociación interna que los socios del Gobierno de coalición han conformado para diseñar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Alrededor de la misma se sentaron ayer durante horas la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales en el Ministerio que dirige la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, y secretario de economía del partido; y Josep Vendrell, director de gabinete de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La negociación se centró en cuatro ámbitos concretos: el nuevo impuesto a la riqueza, la tributación del ahorro, el gravamen societario y la revisión de IVA de productos de higiene femenina, campos en los que Díaz anticipó que Unidas Podemos iba a marcar líneas rojas irrenunciables para sellar el Presupuesto con el que la coalición aspira a agotar la legislatura.

El mercado hipotecario se enfría en Euskadi ante la subida de los tipos de interés, que ha llevado al euríbor a superar el 2,6% en tasa diaria, su nivel más alto desde 2009, en una carrera vertiginosa. La firma de préstamos cayó un 5,3% en julio, justo el mes en el que Banco Central Europeo (BCE) subió por primera vez el precio del dinero, un movimiento que ha repetido en septiembre. En concreto, en julio se formalizaron 1.654 operaciones, una cifra que supone un 5% menos que en el mismo mes del año anterior y un desplome del 26% respecto a junio, cuando el mercado crecía más del 19%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Euskadi es la quinta comunidad con peor comportamiento del conjunto de España, donde se registró un moderado incremento del 2,3%, si bien el número de préstamos se mantuvo en máximos en doce años. La caída se produce en un contexto marcado por la subida más veloz de la historia en los tipos de interés, consecuencia de los intentos de los bancos centrales por combatir la inflación. El eurobanco ya ha aplicado dos subidas de 50 y 75 puntos, en julio y en septiembre, y su presidenta, Christine Lagarde, ha advertido de que se avecinan nuevos incrementos. «Debemos encarecer el dinero si queremos que la inflación se estabilice en el 2% a medio plazo», apuntó esta misma semana.

Ayer, el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir de urgencia para detener la huida de inversores de la deuda pública de Reino Unido, una estampida desatada por el agresivo plan fiscal que la semana pasada anunció el Gobierno de Liz Truss. “Esta disfuncionalidad del mercado podría ser un riesgo material para la estabilidad financiera de Reino Unido. Esto llevaría a un endurecimiento inmerecido de las condiciones financieras y una reducción del flujo de crédito a la economía real”, explicó el Banco de Inglaterra en un comunicado. “En línea con su objetivo de estabilidad financiera, el Banco de Inglaterra está preparado para restaurar el funcionamiento del mercado y reducir cualquier riesgo de contagio a las condiciones de crédito para familias y empresas”. Para dar cobertura a Downing Street, que deberá financiar el mayor déficit con nuevas emisiones, el organismo que dirige Andrew Bailey va a comprar bonos hasta el 14 de octubre “en la escala que sea necesaria para restaurar la calma al mercado” y evitar que los costes de la deuda se filtren a hogares y empresas. Su plan es invertir hasta 65.000 millones de libras en la compra de títulos a más de 20 años, 5.000 millones por día. Además, el regulador suspende su plan para iniciar la semana que viene las ventas de la deuda adquirida durante los últimos años en sus programas de estímulos (la denominada expansión cuantitativa del banco central). El anuncio permitió que el coste de los títulos con vencimiento a diez años bajara del 4,6% al 4,1%, pero no ha vuelto al 3,3% de la semana pasada, y mucho menos al 1,6% de hace dos meses.

La Unión Europea (UE) no tiene dudas de que las fugas registradas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 son producto de «actos deliberados». En una declaración conjunta, los Veintisiete mostraron ayer su preocupación por el sabotaje de estas dos infraestructuras en el mar Báltico y advirtieron de que darán una respuesta «conjunta y sólida» si se demuestra que los escapes han sido provocados. Por el momento, toda la información disponible «indica que las fugas son resultado de un acto deliberado», insiste el documento. Y añade que «cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea es absolutamente inaceptable y tendrá una respuesta y unida». Dinamarca, Noruega, Polonia y Estados Unidos también defienden la teoría del sabotaje y sismólogos suecos fueron más allá al confirmar varias explosiones en la zona horas antes de que se registraran las fugas de los dos conductos. Los escapes de gas se registraron en la madrugada del martes, cuando las autoridades marítimas danesas informaron de una fuga en el Nord Stream 2. Horas después, se confirmaban otros dos escapes en el gasoducto Nord Stream 1, en la misma zona, a veinte kilómetros de la isla danesa de Bornhoml. Tres oficiales de la CIA aseguraron el martes que ya advirtieron en junio a los países europeos que los dos gasoductos iban a ser el objetivo de próximos ataques, aunque no especificaron quién podría estar detrás de estos actos.

Pocos países han progresado tan rápido y en tan poco tiempo. China es ya la segunda potencia del mundo, pero su auge también ha multiplicado la desconfianza global hacia el gigante asiático. En una década, la opinión pública occidental se ha vuelto drásticamente en contra de Pekín. Y en ningún lugar el giro ha sido tan marcado como en Estados Unidos, el gran rival. Hace 20 años no era así, según recuerda un informe del Pew Research Center, publicado ayer, que analiza las encuestas sobre China elaboradas por la institución en las últimas dos décadas. En 2005 un 43% de los habitantes de la principal potencia declaraba una percepción favorable sobre China, mientras que un 35% admitía una mala opinión. En 2014, un año después de la llegada del presidente Xi Jinping al poder, esos números se habían dado la vuelta, para llegar a un 55% en contra y un 35% a favor. En la actualidad, un 82% se declara desfavorable. La tendencia se ha acentuado a raíz del estallido de la pandemia de covid en 2020. Pero ya existía. “En EE UU, la sensación de que China gestionó mal la covid y tiene la culpa de la propagación del virus se relaciona con las opiniones negativas de la superpotencia, pero no es el único factor que genera esas actitudes. Más bien, las opiniones negativas sobre China ya crecían antes de la pandemia, motivadas por elementos como la construcción y militarización de islotes artificiales en el mar del Sur de China o desacuerdos comerciales”, apunta Pew.