20221004

Más de 142.000 funcionarios vascos se beneficiarán de la subida salarial acordada ayer en Madrid entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las centrales UGT y CC OO, y que no suscribió el sindicato de la función pública CSIF. El pacto recoge una subida salarial del 9,5% para tres años; es decir, este y los dos siguientes. El Gobierno Vasco ha reiterado estos días que aplicará la subida acordada en Madrid, ya que se trata de una normativa básica al incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que no tiene ningún margen de maniobra para elevar ese incremento tal y como solicitan los sindicatos vascos. Eso sí, también ha recalcado que no la recortará. La negativa de CSIF, uno de los sindicatos mayoritarios de la Administración Pública, imposibilita que el Ejecutivo logre un acuerdo unánime al mostrar su «absoluto rechazo» a la oferta que el Ministerio de Hacienda se negó ayer a mejorar y que llevará a los próximos Presupuestos Generales: un incremento de hasta el 9,5% para los más de tres millones de empleados públicos en el Estado durante el periodo 20222024. UGT y CC OO, sin embargo, sí ratificaron ayer este acuerdo aunque la organización liderada por Unai Sordo la condiciona a que en las próximas semanas se plasmen en el texto otra serie de mejoras pactadas como son la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o el pago del 100% de la baja por incapacidad temporal.

El anuncio ayer por parte de ELA de que convocará movilizaciones y huelgas en el sector público vasco para defender que las subidas salariales sean del IPC y en contra de la elevada eventualidad cosechó las críticas de la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, quien acusó a la central liderada por Mitxel Lakuntza de «priorizar, una vez más sus intereses corporativos por encima del interés general». Aranburu, que respondió a preguntas de los periodistas, reconoció que los sindicatos están hablando sobre el tema salarial, por lo que se mostró dolida por el anuncio de ELA. «Una vez más ha optado por la vía unilateral a la hora de dar una respuesta». Respecto a si se sumarán a las movilizaciones, la coordinadora general de LAB declinó dar una respuesta por ahora, aunque reconoció que es un aspecto que van a analizar como sindicato, porque sí contemplan esa posibilidad. Aranburu realizaba estas declaraciones durante la rueda de prensa ofrecida para informar sobre las iniciativas a llevar a cabo en lo que respecta a los rider en Euskadi. Lo hacía poco después de que el responsable de ELA del sector público, Igor Eizagirre, anunciara huelgas para garantizar la subida de la inflación, en un sector, dijo, que «cuyas condiciones laborales no paran de empeorara». Recordó que el empleo público supone tan solo el 12% del total en Euskadi y Navarra, frente al 20% en la Unión Europea, que el personal subcontratado supera los 120.000 y el eventual asciende en Osakidetza a 24.000 –9.000 con más de ocho años de antigüedad–; en educación son 15.000 (7.000 superan los ocho años) y 12.000 en ayuntamientos. A todo ello se une, según Eizagirre, un proceso de «empobrecimiento constante".

La planta de Siemens Gamesa en Asteasu respira tranquila. LAB, sindicato mayoritario en la factoría guipuzcoana, anunció ayer que ha alcanzado un acuerdo con la dirección para garantizar el futuro de los 250 trabajadores de la fábrica situada en la comarca de Tolosaldea. Además de renovar el convenio de empresa, también han acordado la garantía de carga de trabajo, puestos de trabajo y condiciones laborales. El sindicato incidió en la importancia de este acuerdo porque «garantiza el futuro de los trabajadores en un futuro incierto». Además, exigió a las instituciones que «se comprometan ante las posibilidades de venta de la empresa a buscar un comprador local que apueste por un sector estratégico en Euskadi». La noticia llega después de que este pasado jueves el consejero delegado de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, confirmase a los sindicatos un duro ajuste de plantilla, poniendo cifras a una medida que anunció en julio durante la presentación de resultados del tercer trimestre. La compañía alemana acumula unas pérdidas de 1.226 millones, ahondando los números rojos que arrastraba en los últimos años. Y aunque en pleno verano se barajó la salida en dos años de unas 2.500 personas en todo el mundo, finalmente el recorte anunciado la semana pasada afectará a 2.900 empleados, el 11% del total de su plantilla. De ellos, 475 se producirán en España. La medida afectará fundamentalmente a Dinamarca, donde se eliminarán 800 puestos; Alemania, con 300 y Reino Unido, con 50, según precisó la compañía.

La multinacional de ciberseguridad WhatchGuard Technologies tiene intención de implantar en Euskadi, en concreto en Bilbao, su centro mundial de I+D, para el que contará con un equipo de 200 personas altamente cualificadas. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se reunió ayer en Vitoria con el equipo directivo de la multinacional, que le trasladó su intención de impulsar ese centro en el País Vasco. En la reunión, WatchGuard Technologies explicó la estrategia de la empresa y los planes de impulso de la I+D en Euskadi, con una instalación en Bilbao que sirva como centro de desarrollo de la compañía para nuevas e innovadoras capacidades de servicios gestionados y soluciones de detección y respuesta extendida. Para sustentar esta expansión, la firma planea añadir al menos un 25% de personal nuevo anualmente. Tapia valoró positivamente la propuesta, que convertirá a Euskadi en el «centro de desarrollo más importante de la I+D de la multinacional» y reforzará todo el ecosistema de ciberseguridad del territorio, «creando nuevas oportunidades». Según se subrayó desde el Gobierno vasco, la iniciativa, alineada con los planes y estrategias de ciencia, tecnología y transformación digital de Euskadi, puede ser un «importante elemento» para la atracción de talento y crecimiento del sector en el territorio.

Orange y MásMóvil han notificado a la Comisión Europea el acuerdo definitivo para crear una joint venture en el mercado español al 50%. La notificación, que se produjo el pasado viernes, abre, por tanto, el procedimiento para aprobar la integración de ambos grupos, que creará al líder del mercado por volumen de clientes, tanto en telefonía móvil (con 24,8 millones) como en el mercado de banda ancha fija (7,1 millones) en una operación con un valor conjunto de 18.617 millones de euros, mil millones menos que los 19.600 millones que se anunciaron inicialmente. La sociedad conjunta alcanzará una facturación de 7.300 millones de euros, en su estimación para el conjunto del año 2022, en términos proforma (contando como si la fusión se hubiera cerrado a 1 de enero), con un ebitda estimado para el ejercicio de 2.200 millones. Para esta operación se ha otorgado un valor de 7.754 millones a Orange, es decir de 7,2 veces el ebitda previsto para 2022, así como un valor de 10.863 millones para MásMóvil, que corresponde a 8,7 veces el ebitda previsto para 2022. Las dos compañías han anunciado que la fusión generará unos ahorros y sinergias de 450 millones de euros anuales a partir del cuarto año de la integración que procederán, sobre todo, de los costes de operar y mantener las redes. Esta partida supondrá 230 millones de 450 millones totales.

No es la primera vez que ocurre en Euskadi, pero esta vez ha sido mucho más contundente. Las ventas de coches híbridos y eléctricos se impusieron en septiembre a las de motores gasolina, que ven amenazado su liderazgo. En concreto, se vendieron 842 alternativos, tras crecer un 4,5%, frente a 684 de combustible tradicional, un 10% menos. En marzo también se produjo el ‘sorpasso’, aunque de forma más modesta. En el balance anual aún gana la gasolina, pero por muy poco. Es cuestión de tiempo que ceda el primer puesto. Este es uno de los datos más reseñables de la estadística de septiembre, que por lo demás vuelve a mostrar un peor comportamiento del mercado de coches vasco frente al nacional. Así, las ventas de automóviles en Euskadi se estancaron respecto al mismo mes del año anterior, con 1.826 matriculaciones, mientras que la media de España registró una recuperación de casi el 13%, hasta los 67.240. Según explica el presidente de la Asociación de Concesionarios de Bizkaia, Jon Lekue, en la actualidad está fallando más la demanda, por toda la incertidumbre económica, que la falta de stock por el problema de los chips. «El periodo medio de entrega de las fábricas se está reduciendo desde mayo», apunta. El balance de los nueve primeros meses refleja la gravísima crisis en la que sigue inmerso el mercado automovilístico, que ha encadenado la pandemia con la escasez de chips y ahora con el alza de costes por la guerra y la subida de los tipos de interés; sin olvidar las dudas sobre la tecnología a adquirir. En Euskadi se han vendido 15.868 turismos y todoterrenos hasta septiembre, una cifra que supone una caída del 14% respecto al año anterior, el doble que la registrada a escala nacional, donde se han matriculado 600.281 vehículos.

Konfekoop aspira a participar en el consejo de administración de Lanbide ahora que se va a impulsar la formación para el empleo. "Hace escasos días tuvo lugar el debate sobre política general en el Parlamento vasco, que supone el arranque formal del curso político. En el discurso del lehendakari quedaron meridianamente claros los objetivos y las medidas que el Gobierno va a acometer en los próximos meses. Me gustaría subrayar de entre todas las iniciativas anunciadas una que nos afecta más directamente, me refiero a la renovación de Lanbide y al conjunto del sistema vasco de empleo. El lehendakari situó esta renovación de Lanbide en el contexto de un amplio plan que dé impulso al conjunto de la formación para el empleo y la inserción laboral. En este sentido, nos gustaría aprovechar este espacio para reiterar una ya antigua reivindicación del cooperativismo vasco, como es la participación de Konfekoop en el consejo de administración de Lanbide. En los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de explicar y dar a conocer a numerosas organizaciones políticas, sociales y económicas de Euskadi las razones y los argumentos que sustentan nuestra solicitud. El Gobierno vasco y el conjunto de los grupos parlamentarios las conocen, y también el lehendakari, a quien hemos expuesto personalmente esta cuestión que consideramos trascendental para las empresas cooperativas y nuestro tejido, pero también para el conjunto del país..."

El 52% espera un estancamiento o reducción de sus ventas y solo una minoría cree que podrá aumentar el número de empleados. Los resultados del sondeo realizado ayer –participaron en el mismo casi medio millar de directivos y empresarios de compañías familiares de toda España– dejan claro el grado de preocupación por el cambio de ciclo de la economía y el menor crecimiento del PIB que se intuye para el próximo año. Un 98% de los encuestados considera que el crecimiento será frágil o moderado, frente a tan solo el 2% que estima que habrá creación neta de empleo. El 52% espera un estancamiento o reducción de la cifra de ventas el próximo año y solo el 35% cree que tendrá opciones de incrementar la plantilla, frente al 56% que piensa en mantenerla y el 9% que tiene ya en sus cabezas una inevitable destrucción de empleo. La comparación con los resultados de años anteriores es clara. La encuesta también refleja el déficit de reconocimiento que sienten este tipo de empresarios. Solo el 33% piensa que la valoración social es la deseada, mientras que el 67% restante percibe que hay un déficit en la estima que siente hacia ellos la sociedad.

Sí asistió Núñez Feijóo. Si a alguien le cabía alguna duda sobre la sintonía del líder popular con el empresariado, el largo y caluroso aplauso que le dedicaron ayer los representantes de la empresa familiar española despejó cualquier incertidumbre. A esta institución pertenecen en torno a un centenar de grandes compañías de propiedad familiar, si bien el congreso anual lo comparten con las organizaciones territoriales que agrupan a este tipo de sociedades. En total representan en torno al 25% del PIB español. El plante del presidente del Gobierno no causó sorpresa entre los empresarios, aunque mantenían la esperanza de que se normalizase la relación. El distanciamiento entre Sánchez y la empresa familiar no es nuevo, arrancó hace ahora cuatro años, en el congreso que el IEF celebró en Valencia. En aquella ocasión el responsable del instituto era Francisco Riberas, presidente de Gestamp, que lanzó un duro alegato contra la posibilidad de que el Ejecutivo iniciase una política que definió como «cortoplacista», con medidas dirigidas a contentar a los ciudadanos y no reformas profundas como, a su entender, necesitaba España. En aquel congreso Sánchez pudo notar con claridad que los principales empresarios del país no se lo iban a poner fácil e incluso su discurso fue castigado con un sonoro silencio por parte de los asistentes al evento. «Esto no es una reforma fiscal sino un incremento de impuestos –dijo ayer Feijóo a los congresistas en relación a las últimas decisiones del Gobierno en materia fiscal–, porque no se le bajan a nadie los impuestos este año y deberíamos por lo menos actualizar la tarifa del IRPF. De los 22.000 millones de incremento de ingresos, se deberían haber dejado 5.000 en manos de los ciudadanos. Parece que por encima de los 21.000 euros todos son ricos, porque por debajo de esa cantidad es el tramo que se va a bajar la presión fiscal. ¿El objetivo es acabar con los pobres o terminar con los ricos?», se preguntó el líder del PP. «Estamos empujando las inversiones hacia otro lado», agregó. «Hay muy poca distancia a Portugal y muchas empresas españolas se han instalado en ese país por sus salarios más bajos y por una presión fiscal mejor adaptada a las necesidades», advirtió sobre el riesgo de deslocalización. En opinión del dirigente popular, es un error decirles a los inversores españoles que «aquí no son bien recibidos y que van a ser mejor tratados en Portugal, donde por cierto gobiernan los socialistas».

El Círculo de Empresarios tomó ayer posición contra la que considera que es una “injerencia” del Gobierno en numerosas instituciones, que abunda en un deterioro de la calidad democrática del país. Pero no sólo en las instituciones. También denunciaron que el Ejecutivo de coalición pone trabas a la “libertad empresarial” en España, que ejemplificó en dos casos: la renovación del consejo de Indra y el impuesto temporal a la banca y las energéticas. En resumen, una serie de “ataques procedentes de miembros del Gobierno sin que hayan sido desautorizados por su presidente” y que conllevan una “pérdida de credibilidad de la propia democracia”. “Esas intromisiones no son nada nuevo en nuestra democracia”, indicó la organización en un comunicado lanzado ayer y titulado En defensa de las instituciones y de la libre empresa. Sin embargo, “existe un amplio consenso de que en los últimos años se está produciendo una seria escalada, sobrepasándose todas las líneas rojas exigibles, no sólo desde la legalidad, sino también desde la ética y la estética”.

La economía española se encuentra ante un momento paradójico, ya que el enfriamento, por el momento, no es tan fuerte como se esperaba en un primer momento, pero las expectativas para los próximos meses son cada vez más desoladoras, debido a la caída del poder adquisitivo, de la competitividad empresarial y de las inversiones por la inflación y la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Por ello, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, avanzó ayer que el Ejecutivo revisará al alza, en una décima, sus pronósticos para este año, hasta el 4,4%, pero recortará seis décimas sus previsiones para el próximo ejercicio. “Este año, todos los indicadores apuntan incluso a un crecimiento más fuerte de lo que preveíamos, en el entorno del 4,4 %”, dijo Calviño a los medios en Luxemburgo antes de participar en la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona. Esta cifra está “en línea con la OCDE y otros organismos económicos y es incluso superior a lo que habíamos previsto a principios de año”, indicó, añadiendo que “se trata de una previsión prudente, puesto que los datos disponibles podrían incluso llevar a una revisión al alza”. Sin embargo, casi a renglón seguido admitió que la situación para los próximos meses no es nada halagüeña, ya que el borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que Calviño espera poder enviar “en breve” a las autoridades comunitarias también contempla una previsión de crecimiento para 2023 del 2,1%, seis décimas menos de lo previsto anteriormente. Dicho de otra forma, entre ambos años, el PIB español pierde casi 7.000 millones de euros. ¿Cuál es el motivo por el que si la economía va mejor de lo esperado este año no vaya a poder crecer con fuerza el próximo ejercicio? Aunque Calviño no profundizó en ello, el crecimiento este año ha mantenido su vigor debido al efecto rebote tras la pandemia. 

La actividad manufacturera española se mantuvo en el terreno de la contracción en septiembre ante la caída de la producción y de los nuevos pedidos por el deterioro de la demanda. Los fabricantes se enfrentaron a un mes difícil en un contexto de demanda indecisa e inflación desbocada. “Las empresas informan de que el consumo está disminuyendo, socavado por la alta inflación”, señala el informe del PMI. El índice PMI del sector manufacturero español de S&P Global disminuyó hasta 49 en septiembre desde la lectura de 49,9 registrada en agosto. Se trata del tercer mes consecutivo que el índice PMI se sitúa por debajo del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción. De nuevo se registraron pérdidas de puestos de trabajo debido a las persistentes brechas entre la capacidad y las necesidades de producción. Bajaron tanto la producción como los nuevos pedidos. La producción se redujo por segunda vez en los últimos tres meses, registrando esta vez la contracción más pronunciada desde junio de 2020. Y el descenso de los nuevos pedidos fue incluso mayor que el de la producción. Los últimos datos muestran una fuerte caída de las ventas en general, similar a la de la época de los confinamientos. Por otro lado, la confianza en el futuro cayó en territorio negativo en medio de una perspectiva económica cada vez más incierta. 

Con los primeros coletazos de la crisis de Ucrania, el Gobierno se apresuró en lanzar un nuevo paquete de ayudas. Sin embargo, los 10.000 millones de créditos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) siguen casi sin usarse a menos de dos meses de que se cumpla el plazo para poder solicitarlos. Esta era la medida del Ejecutivo con mayor dotación económica, pero la baja demanda y unos requisitos exigentes dejarán el fondo casi intacto, según fuentes del mercado. De hecho, parte de los grandes bancos ni siquiera tienen previsto activar estas líneas. En mayo, el Consejo de Ministros liberó el primer tramo de la línea de avales por 5.000 millones de euros, pero entre las seis entidades cotizadas solo Bankinter ya lo tiene disponible. CaixaBank está culminando el desarrollo de las líneas y se prevé que esté activo en las próximas semanas, mientras el BBVA podría sumarse a lo largo de este mes, aunque ya con muy poco tiempo para que las empresas lo soliciten. Fuera de los grandes del sector, que acumulan la mayor parte de cuota de mercado, lo tienen disponible para sus clientes Deutsche Bank y otras entidades de menor tamaño. La medida, al menos por el momento, está resultando un fiasco por el poco uso que se le está dando. 

El plan de ayudas alemán de 200.000 millones para familias y empresas para combatir la crisis energética ha suscitado muchos recelos en varias capitales y en Bruselas. Su gran volumen ha atraído críticas, aunque Alemania siempre ha destacado como el país que más ayudas de Estado reparte entre sus empresas, en épocas de crisis y en tiempos de bonanza. A primera vista es lógico: es la mayor economía de la UE, representa un 25% del PIB comunitario. Sin embargo, las ayudas que reparte Berlín superan con creces ese porcentaje: el 36% de todas las repartidas en la Unión Europea en 2020, según los datos del departamento de Competencia de la Comisión Europea. Y si a eso se le suma el gran margen presupuestario que tiene por su holgada situación fiscal, el resto de capitales desconfían ante el riesgo de fragmentación del mercado único del que advertía el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una carta remitida a los ministros de Industria. La catarata de datos de ese informe no deja lugar a dudas: Alemania es el país de los Veintisiete que más ayudas dio, el 36% del total, y el 35% si solo se tienen en cuenta las de la covid-19. Si en lugar de usar los datos absolutos, se compara el volumen de ayudas con el PIB del país correspondiente, otros estados como Malta o Polonia, que rozaron el 5% del PIB, superan a Alemania, que estuvo en torno al 3,5%. Polonia, de hecho, también destaca entre los socios que más dinero suelen repartir en ayudas de Estado. Frente a estos países, España apenas representó ese año el 5% de todas las ayudas de Estado repartidas en la UE y solo el 3% de las extraordinarias a las que empujó la covid-19.

El ministro británico de Hacienda, Kwasi Kwarteng, no implementará la reducción –del 45 al 40%– del tipo fiscal para las rentas que superan los 170.000 euros que había anunciado hace diez días. «¡Menuda jornada!», exclamó después, cuando subió al escenario de la conferencia del Partido Conservador para pronunciar su discurso. «¡Ha sido dura!». Con evidentes carencias en el sentido de la proporción, calificó después como «pequeña perturbación» que el minipresupuesto que incluía esa reducción fiscal provocase un descenso histórico de la libra, la caída de los precios de bonos del Estado y la retirada de ofertas de préstamos hipotecarios por los bancos. La intervención del banco central evitó quiebras de fondos de pensiones. Hay calma en los mercados de capitales, pero no tiene nada que ver con el abandono de la reducción fiscal. La recaudación que perdía el Tesoro era de unos 2.000 millones. La perturbación se debió a que el Gobierno recurría al préstamo para financiar reducciones fiscales que sumaban unos 45.000 millones. Otros 65.000 se destinarán en los próximos seis meses a congelar los precios de la energía. El Reino Unido tiene la segunda deuda más baja entre los países del G7. Si se acepta el pronóstico de que el programa protector de los precios de la energía costará finalmente unos 170.000 millones, supondría en torno al 6% del PIB anual. Kwarteng no midió bien el estado de ánimo de los financieros, que ya esperaban una caída de la libra ante la fortaleza del dólar y la lentitud en la subida del tipo de interés de la libra.

España es uno de los países de la OCDE con mayor proporción de adultos jóvenes con bajo logro educativo. El 28% de los españoles de entre 25 y 34 años no han llegado a titularse en Bachillerato o en Formación Profesional de Grado Medio. El organismo internacional nos sacó ayer los colores, al advertirnos de que la segunda etapa de Secundaria es la «cualificación mínima» que se debe adquirir para tener «una participación exitosa en el mercado laboral». Sin embargo, el porcentaje de los que apenas consiguen unos estudios básicos duplica la media de los países desarrollados (el 14%). Sólo están peor Turquía (36%), México (44%) y Costa Rica (45%), pero se encuentran en mejor situación países como Colombia (25%). Además, vamos muy mal –los peores de la lista– si nos comparamos con los estados europeos que forman parte de la OCDE, cuya media es el 12%. Los indicadores de nuestros vecinos de la UE-22 son más aceptables en cualquier parte: desde Italia (23%) hasta Eslovenia (4%), pasando por Hungría (13%) o Grecia (8%). El macroinforme educativo anual de la OCDE, que ayer se presentó en varios continentes, también nos avisa de las «grandes diferencias en el logro educativo» entre las comunidades autónomas. La proporción de jóvenes poco cualificados es altísima en Extremadura (37%), Murcia (36%), Castilla-La Mancha (34%), Andalucía (34%) y, sobre todo, las ciudades autónomas de Ceuta (38%) y Melilla (41%), gestionadas por el Ministerio de Educación. Otras regiones, por el contrario, están en sintonía con los estándares. Es el caso de Navarra (14%) y el País Vasco (15%).

Una de las medidas estrella del segundo plan anticrisis del Gobierno central aprobado este verano ha tenido mucho menor recorrido del esperado en Gipuzkoa. Se trata del llamado bono social de 200 euros para familias vulnerables con rentas bajas. De hecho, tras finalizar el pasado viernes el plazo para solicitar dicha ayuda, en nuestro territorio apenas 2.634 personas la han solicitado. Se trata de una cifra muy inferior a la esperada, ya que se estimaba que fueran unos cuantos miles los beneficiados por el bono social, a pesar de que la Hacienda guipuzcoana no ofreció en ningún momento una previsión por las dificultades que entrañaba cruzar los datos. La ayuda estaba dirigida a personas asalariadas, autónomas o en desempleo, pero quedaban excluidas quienes percibían el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como pensiones del régimen general, de los especiales de la Seguridad Social y clases pasivas. Además, los requisitos para solicitar la ayuda eran estar domiciliado en el territorio y que la renta de la unidad convivencial en 2021 fuera inferior a 14.000 euros y su patrimonio, inferior a los 43.196,4 euros, descontada la vivienda habitual. Por otra parte, la demanda de la RGI cae cerca de un 7% el último año en Gipuzkoa

Desde insultos y agresiones físicas hasta casos de discriminación encubierta, «la violencia cotidiana sigue ocurriendo hoy en día» en Euskadi hacia diferentes colectivos, según evidencian las denuncias relacionadas con delitos de odio: 264 el pasado año, de las que 65 fueron por orientación sexual. Los datos corroboran la percepción de diferentes asociaciones en Euskadi que trabajan por las libertades sexuales como Aldarte, que han notado un aumento de las denuncias por delitos de odio hacia personas gays, lesbianas y trans, colectivo al que atienden a través del acompañamiento individual, la atención psicológica o el asesoramiento jurídico. «Han aumentado las denuncias» de situaciones que tienen que ver con delitos de odio por orientación sexual y «también observamos que, tras la pandemia, ha habido bastantes situaciones de agresiones físicas. El verano de 2021 fueron muy altas, una situación que no suele ser habitual. Se dieron sobre todo en entornos festivos y contextos de ocio», señala desde Aldarte Joseba Martínez, que recuerda la agresión homófoba de Basauri ocurrida el pasado junio en la que un grupo de 13 personas propinó una paliza a un chico hasta dejarle inconsciente. En la asociación Loratuz Lotu han observado igualmente un incremento de las denuncias «durante las fiestas y ahora que comienza un nuevo curso también, luego se irán relajando».

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la primera vuelta de las presidenciales de Brasil, pero Jair Bolsonaro exhibió fuerza y avanzó en el Congreso y en los Estados. Para el duelo final, el día 30, ambos buscan captar a los abstencionistas. Esa mitad de Brasil que pensaba que la era de Jair Bolsonaro al frente de Brasil era una pesadilla pasajera se llevó el domingo una buena bofetada. La primera vuelta electoral culminó con una notable exhibición de fuerza de la otra mitad del país, encarnada por el presidente ultraderechista. Este se medirá con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años, en el duelo final el próximo día 30. El mandatario, de 67 años, que aspira a lograr un segundo mandato, llega en una posición mucho más vigorosa de lo que cualquier encuesta había pronosticado. El núcleo duro del bolsonarismo se ha fortalecido, depurado y despliega un discurso más homogéneo, explica la politóloga Camila Rocha. “No se puede descartar que sea reelegido”, advierte esta investigadora del fenómeno bolsonarista. El presidente emerge de estos comicios con un enorme poder en el Congreso —su Partido Liberal logró el mayor grupo parlamentario— y territorial: nueve de los candidatos a gobernador apadrinados por Bolsonaro se anotaron una victoria, frente a cinco afines a Lula.